http://www.eluniversal.com.mx/nacion/158149.html
El pesado expediente Mouriño
Juan Arvizu, reportero.
Formaron un muro los fotógrafos en espera de que el senador Carlos Navarrete Ruiz (PRD) mostrara papeles, un legajo de pruebas acusatorias contra Juan Camilo Mouriño, el secretario de Gobernación incómodo.
Esa era la foto del día, a juicio de los hombres y mujeres de la lente: Navarrete, el líder de los perredistas en el Senado, se dejaría ver con las pruebas en la mano. Pero faltaba más de media hora para esa escena.
—¿Qué esperan? —preguntó, al pasar, el senador Pablo Gómez.
—A Navarrete, señor. Las pruebas.
—¡Ah! Hay tanto en ese asunto. Nada más métanse a la página de la SCT, a ver los contratos del suegro de Mouriño... No tenía licencia de operación, antes del 2001.
Una segunda línea la ocuparon reporteros, con grabadora a la mano, para registrar las palabras del coordinador de los legisladores perredistas.
A los periodistas con quienes charlaba, sin motivarlos a consultar la página electrónica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Pablo Gómez les dijo su sentir:
—Con ustedes no hubiera habido Watergate. No investigan.
Minutos después, la expectación subió a su punto alto. En la Cámara de Diputados el caso Mouriño ya acaparaba la atención. El PRD marcaba el tiempo del Congreso a su gusto, a costa del responsable de la buena marcha de los asuntos del Ejecutivo.
Entonces, Navarrete apareció con una carga pesada: copias de engargolados de una pulgada de grosor, para entregarlas a sus colegas integrantes de la Junta de Coordinación Política, el club de líderes de Xicoténcatl.
No era el primero en aparecer en las coordenadas mediáticas con pesadas pruebas llevadas por él mismo, sin ayuda de colaborador alguno.
Esa suerte la practicaron en las discusiones de fraude electoral en el 2006, con premio de primera plana al día siguiente, Gerardo Fernández Noroña y Claudia Sheinbaum, en el arrastre de cajas con papeles, en un diablo.
En la casona de Xicoténcatl, ayer Navarrete se bastó con sus brazos. Y con sus engargolados se abrió paso entre la luz de la fotografía periodística. Entró a la sala de reuniones de la Junta de Coordinación Política y abrumó a sus colegas.
—¿Vamos a leer eso?
La sorpresa amainó. Eran las copias para todos. El expediente quedó de una pulgada. Cada líder encargará a sus colaboradores que lean por él. El fuero incluye ayudas.
Entraron en materia. Conocieron detalles relevantes de Mouriño empresario y servidor público; los negocios de las familias paterna, del suegro y, como en las telenovelas, apareció un personaje nuevo. Se llama Karim Elías Bobadilla.
Se trata del hombre de las confianzas de Mouriño, a su vez es el más cercano al presidente Felipe Calderón. Saltó del equipo de trabajo en Los Pinos a la chamba de contralor de las licitaciones en Pemex.
El expediente incluye siete declaraciones patrimoniales de Mouriño.
—Esas no se encuentran en cualquier parte —diría el priísta Manlio Fabio Beltrones.
—¿Hay “fuego amigo”, senador Beltrones?
—Pues si no lo hay, se le parece mucho —contestó con tranquilidad.
—¿Para cuándo se resuelve?
—Nunca las decisiones apresuradas han sido las más adecuadas.
Y varias veces dijo:
—En este delicado asunto, ni impunidad ni linchamiento.
El pesado expediente Mouriño
Juan Arvizu, reportero.
Formaron un muro los fotógrafos en espera de que el senador Carlos Navarrete Ruiz (PRD) mostrara papeles, un legajo de pruebas acusatorias contra Juan Camilo Mouriño, el secretario de Gobernación incómodo.
Esa era la foto del día, a juicio de los hombres y mujeres de la lente: Navarrete, el líder de los perredistas en el Senado, se dejaría ver con las pruebas en la mano. Pero faltaba más de media hora para esa escena.
—¿Qué esperan? —preguntó, al pasar, el senador Pablo Gómez.
—A Navarrete, señor. Las pruebas.
—¡Ah! Hay tanto en ese asunto. Nada más métanse a la página de la SCT, a ver los contratos del suegro de Mouriño... No tenía licencia de operación, antes del 2001.
Una segunda línea la ocuparon reporteros, con grabadora a la mano, para registrar las palabras del coordinador de los legisladores perredistas.
A los periodistas con quienes charlaba, sin motivarlos a consultar la página electrónica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Pablo Gómez les dijo su sentir:
—Con ustedes no hubiera habido Watergate. No investigan.
Minutos después, la expectación subió a su punto alto. En la Cámara de Diputados el caso Mouriño ya acaparaba la atención. El PRD marcaba el tiempo del Congreso a su gusto, a costa del responsable de la buena marcha de los asuntos del Ejecutivo.
Entonces, Navarrete apareció con una carga pesada: copias de engargolados de una pulgada de grosor, para entregarlas a sus colegas integrantes de la Junta de Coordinación Política, el club de líderes de Xicoténcatl.
No era el primero en aparecer en las coordenadas mediáticas con pesadas pruebas llevadas por él mismo, sin ayuda de colaborador alguno.
Esa suerte la practicaron en las discusiones de fraude electoral en el 2006, con premio de primera plana al día siguiente, Gerardo Fernández Noroña y Claudia Sheinbaum, en el arrastre de cajas con papeles, en un diablo.
En la casona de Xicoténcatl, ayer Navarrete se bastó con sus brazos. Y con sus engargolados se abrió paso entre la luz de la fotografía periodística. Entró a la sala de reuniones de la Junta de Coordinación Política y abrumó a sus colegas.
—¿Vamos a leer eso?
La sorpresa amainó. Eran las copias para todos. El expediente quedó de una pulgada. Cada líder encargará a sus colaboradores que lean por él. El fuero incluye ayudas.
Entraron en materia. Conocieron detalles relevantes de Mouriño empresario y servidor público; los negocios de las familias paterna, del suegro y, como en las telenovelas, apareció un personaje nuevo. Se llama Karim Elías Bobadilla.
Se trata del hombre de las confianzas de Mouriño, a su vez es el más cercano al presidente Felipe Calderón. Saltó del equipo de trabajo en Los Pinos a la chamba de contralor de las licitaciones en Pemex.
El expediente incluye siete declaraciones patrimoniales de Mouriño.
—Esas no se encuentran en cualquier parte —diría el priísta Manlio Fabio Beltrones.
—¿Hay “fuego amigo”, senador Beltrones?
—Pues si no lo hay, se le parece mucho —contestó con tranquilidad.
—¿Para cuándo se resuelve?
—Nunca las decisiones apresuradas han sido las más adecuadas.
Y varias veces dijo:
—En este delicado asunto, ni impunidad ni linchamiento.
Columna BAJO RESERVA
Los reflectores se mudaron en unas cuantas horas
Los reflectores se mudaron en unas cuantas horas. Salieron de la escena en Bucareli para colocarlos en las oficinas del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora. Hay una sofisticada estrategia política: quitar las luces y los micrófonos a los perredistas y ponerlos en la autoridad que investigará al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, nos comentan.
Al principio, don Iván reaccionó con poco músculo a cada golpe mediático lanzado por el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y los legisladores del Frente Amplio Progresista. Evidentemente, no había un plan de comunicación política. Ahora, el gobierno toma la ofensiva para salvar al campechano y los reflectores quedaron colocados frente a la Procuraduría General de la República, que indagará el supuesto tráfico de influencias de Mouriño para favorecer las empresas familiares, nos explican. ¿Después de esto, habrá comisión legislativa para indagar a la cabeza del palacio de Covián?, se preguntará usted.
Los reflectores se mudaron en unas cuantas horas. Salieron de la escena en Bucareli para colocarlos en las oficinas del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora. Hay una sofisticada estrategia política: quitar las luces y los micrófonos a los perredistas y ponerlos en la autoridad que investigará al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, nos comentan.
Al principio, don Iván reaccionó con poco músculo a cada golpe mediático lanzado por el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y los legisladores del Frente Amplio Progresista. Evidentemente, no había un plan de comunicación política. Ahora, el gobierno toma la ofensiva para salvar al campechano y los reflectores quedaron colocados frente a la Procuraduría General de la República, que indagará el supuesto tráfico de influencias de Mouriño para favorecer las empresas familiares, nos explican. ¿Después de esto, habrá comisión legislativa para indagar a la cabeza del palacio de Covián?, se preguntará usted.
http://www.eluniversal.com.mx/primera/30606.html
Sigo en Segob, dice el secretario
Silvia Otero y Jorge Ramos
Sigo en Segob, dice el secretario
Silvia Otero y Jorge Ramos
El Universal
La Procuraduría General de la República (PGR) inició una averiguación para determinar si el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, cometió algún ilícito al firmar contratos con Pemex, como apoderado de la empresa Ivancar, cuando laboraba en el gobierno federal.
El funcionario reconoció que entre 2000 y 2004 signó siete convenios con Pemex-Refinación como representante de Transportes Especializados Ivancar. De acuerdo con informes oficiales, su separación de la empresa ocurrió en noviembre de 2003.
En conferencia de prensa, informó que entregó a la PGR y a la Secretaría de la Función Pública una copia de los documentos para que investiguen si existió alguna irregularidad. Dijo que se mantendrá “trabajando firme en el gobierno”.
En el Senado, el PRD presentó nuevos documentos; entre ellos, un contrato multianual entre Ivancar y Pemex por un monto que va de los 23 millones a los 39 millones de pesos.
Además, ofreció datos que muestran cómo aumentaron los contratos entre Constructora Escalante, propiedad del suegro de Mouriño, y el gobierno federal. Según el informe, los convenios en 2007 fueron por 163 millones de pesos cuando en años previos no rebasaron los 10 millones.
Respecto a la creación de una comisión para indagar el caso, las negociaciones se estancaron en la Cámara y en el Senado la medida se analizará después de Semana Santa.
La Procuraduría General de la República (PGR) inició una averiguación para determinar si el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, cometió algún ilícito al firmar contratos con Pemex, como apoderado de la empresa Ivancar, cuando laboraba en el gobierno federal.
El funcionario reconoció que entre 2000 y 2004 signó siete convenios con Pemex-Refinación como representante de Transportes Especializados Ivancar. De acuerdo con informes oficiales, su separación de la empresa ocurrió en noviembre de 2003.
En conferencia de prensa, informó que entregó a la PGR y a la Secretaría de la Función Pública una copia de los documentos para que investiguen si existió alguna irregularidad. Dijo que se mantendrá “trabajando firme en el gobierno”.
En el Senado, el PRD presentó nuevos documentos; entre ellos, un contrato multianual entre Ivancar y Pemex por un monto que va de los 23 millones a los 39 millones de pesos.
Además, ofreció datos que muestran cómo aumentaron los contratos entre Constructora Escalante, propiedad del suegro de Mouriño, y el gobierno federal. Según el informe, los convenios en 2007 fueron por 163 millones de pesos cuando en años previos no rebasaron los 10 millones.
Respecto a la creación de una comisión para indagar el caso, las negociaciones se estancaron en la Cámara y en el Senado la medida se analizará después de Semana Santa.
Ética pública/José Fernández Santillán
El escándalo en torno a los contratos que firmó el actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, cuando fungía como apoderado legal y accionista de la empresa Ivancar, propiedad de su familia, y al mismo tiempo se desempeñaba como diputado federal y funcionario de la Secretaría de Energía durante el sexenio pasado, ha sido el centro de argumentos y contraargumentos de diversa índole.
Sus partidarios han afirmado que se trata de un hecho completamente legal y que, por tanto, no es contrario a la ética pública. Sus simpatizantes también han sostenido que la difusión del hecho ha sido provocada para dañar a México. Deseo en este espacio comentar qué tan atendibles son estos argumentos.
Por principio de cuentas, vincular la legalidad con la ética pública para decir que no existen irregularidades entraña una equivocación porque un acto de corrupción puede cubrir perfectamente el expediente jurídico y, sin embargo, ser contrario a los principios esenciales del interés general.
Los mexicanos tenemos una larga y dolorosa experiencia en estos menesteres; venimos de un periodo en el que muchas veces se abusó del poder para fines privados sin que por ello se hubiese caído en la ilegalidad. Es más, aunque la norma jurídica fuera pisoteada y las corruptelas salieran a flote, no había consecuencias para los infractores.
Debemos reconocer que, desafortunadamente y pese a la alternancia en el mando, no hemos podido superar el patrimonialismo: un sistema arcaico en el cual se confunden los bienes privados con los bienes públicos. Nuestros gobernantes, al llegar al poder, lo asumen como si fuera un objeto propio que se debe agregar, naturalmente, a su capital personal. Les incomoda que se quiera alterar el manejo discrecional de los puestos gubernamentales.
Decía justamente Elías Canetti en su libro Masa y poder: “El secreto ocupa la misma médula del poder”. Por su parte, el cardenal Mazzario en su texto Breviario de los políticos escribió: “Todo lo que es secreto, tras de lo cual el político pueda protegerse, y sorprender a los demás, le proporciona al mismo tiempo una especie de calma y exaltación”. No debe publicitarse lo que hacen allá arriba los dueños del poder.
Lo que está afectando seriamente al país es la persistencia del secreto y de esa mentalidad patrimonialista. Es decir, no puede haber avance político si no se soluciona el tema de la corrupción. Quedaría en entredicho la credibilidad de un gobierno que proviene de un partido que ha hecho de la lucha a favor de la democracia y en contra de la corrupción su programa de acción.
Cómo olvidar que desde su fundación una de las demandas fundamentales del PAN fue, precisamente, el combate contra el manejo tras bambalinas del poder como un paso necesario para conquistar la democracia. Don Manuel Gómez Morín y los líderes históricos de Acción Nacional, sin olvidar, claro está, a Carlos Castillo Peraza, actuaron siempre a favor de la honestidad para sanear nuestra vida pública.
Hoy, el reto que tienen frente a sí los panistas no es respaldar incondicionalmente a un individuo, por importante que sea, sino defender los principios de ética pública que dieron vida al instituto político al cual pertenecen.
jfsantillan@itesm.mx
Académico del ITESM-CCM
El escándalo en torno a los contratos que firmó el actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, cuando fungía como apoderado legal y accionista de la empresa Ivancar, propiedad de su familia, y al mismo tiempo se desempeñaba como diputado federal y funcionario de la Secretaría de Energía durante el sexenio pasado, ha sido el centro de argumentos y contraargumentos de diversa índole.
Sus partidarios han afirmado que se trata de un hecho completamente legal y que, por tanto, no es contrario a la ética pública. Sus simpatizantes también han sostenido que la difusión del hecho ha sido provocada para dañar a México. Deseo en este espacio comentar qué tan atendibles son estos argumentos.
Por principio de cuentas, vincular la legalidad con la ética pública para decir que no existen irregularidades entraña una equivocación porque un acto de corrupción puede cubrir perfectamente el expediente jurídico y, sin embargo, ser contrario a los principios esenciales del interés general.
Los mexicanos tenemos una larga y dolorosa experiencia en estos menesteres; venimos de un periodo en el que muchas veces se abusó del poder para fines privados sin que por ello se hubiese caído en la ilegalidad. Es más, aunque la norma jurídica fuera pisoteada y las corruptelas salieran a flote, no había consecuencias para los infractores.
Debemos reconocer que, desafortunadamente y pese a la alternancia en el mando, no hemos podido superar el patrimonialismo: un sistema arcaico en el cual se confunden los bienes privados con los bienes públicos. Nuestros gobernantes, al llegar al poder, lo asumen como si fuera un objeto propio que se debe agregar, naturalmente, a su capital personal. Les incomoda que se quiera alterar el manejo discrecional de los puestos gubernamentales.
Decía justamente Elías Canetti en su libro Masa y poder: “El secreto ocupa la misma médula del poder”. Por su parte, el cardenal Mazzario en su texto Breviario de los políticos escribió: “Todo lo que es secreto, tras de lo cual el político pueda protegerse, y sorprender a los demás, le proporciona al mismo tiempo una especie de calma y exaltación”. No debe publicitarse lo que hacen allá arriba los dueños del poder.
Lo que está afectando seriamente al país es la persistencia del secreto y de esa mentalidad patrimonialista. Es decir, no puede haber avance político si no se soluciona el tema de la corrupción. Quedaría en entredicho la credibilidad de un gobierno que proviene de un partido que ha hecho de la lucha a favor de la democracia y en contra de la corrupción su programa de acción.
Cómo olvidar que desde su fundación una de las demandas fundamentales del PAN fue, precisamente, el combate contra el manejo tras bambalinas del poder como un paso necesario para conquistar la democracia. Don Manuel Gómez Morín y los líderes históricos de Acción Nacional, sin olvidar, claro está, a Carlos Castillo Peraza, actuaron siempre a favor de la honestidad para sanear nuestra vida pública.
Hoy, el reto que tienen frente a sí los panistas no es respaldar incondicionalmente a un individuo, por importante que sea, sino defender los principios de ética pública que dieron vida al instituto político al cual pertenecen.
jfsantillan@itesm.mx
Académico del ITESM-CCM
http://www.jornada.unam.mx/2008/03/12/index.php?section=opinion&article=021a1pol
La mafia del poder cupular/ Luis Linares Zapata
Con apenas dos meses al frente de la Secretaría de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, el brazo fuerte de Calderón, soporta abultado fardo de problemas que le han doblado su débil espalda. Las ambiciones del joven preferido de Los Pinos han ido más allá de sus capacidades para encauzarlas por la debida ruta de la ley y los valores éticos que tendrían que servirle de guía y marco general. Mouriño pretendió jugar el triple papel de contratista, impulsor de negocios trasnacionales y conjugarlo con el de encargado de las relaciones políticas del Ejecutivo federal con los demás poderes de la Unión. Una encomienda claramente incompatible con su defectuoso accionar. Un verdadero enredo de cometidos que lo tienen al borde del abismo. Y con él se asoma, con el pánico inherente a estos peligros y penas en la historia de la cosa pública, su mismo patrocinador.
A los contratos signados por Mouriño como apoderado de la empresa familiar, Ivancar –suficientes para designar una comisión investigadora especial y defenestrarlo–, se suman otras andanzas de mucho más calado y consecuencias. Quizá la más relevante por sus repercusiones jurídicas es el abierto tejido de una red de funcionarios, presta para sustentar sus pretensiones de poder y riquezas (reporte Índigo). El más torpe estilo Ahumada se repite y Mouriño lo imita sin escrúpulo. Otra más cuando, por iniciativa propia o por encargo de su jefe directo, se presenta como pivote de acuerdos comerciales con armadores navales gallegos, en la mismísima región de donde procede su estirpe (Faro de Vigo). El intríngulis formado de esta mafiosa manera no requiere mayores explicaciones: se presenta solo y dibuja al grupo de cómplices incrustado en la cúspide del oficialismo.
Pero Mouriño tiene y cuenta con una malla de protección mayor de la que le puede extender su amigo Calderón. Rebasa el apoyo mediático de un programa estelar de noticias (Televisa) o de las plumas y conciencias que tratan de disculparlo con sofismas varios. Va más allá del respaldo incondicional que le han ofrecido los panistas, con el niño Tarsicio al frente (Germán Martínez, que por ahora funge como su designado presidente del PAN por dedazo directo) para instalarse en la cúpula del priísmo tardío. Es aquí, en este ámbito que presume de habilidades y la experiencia suficiente donde Mouriño ha encontrado algo de paz para su atribulada alma de novel funcionario bajo brutal cuestión. Son los priístas de elite los que le han extendido esa mano convenenciera y apuntan salidas que se van gastando con las horas. Para asfixia de sí mismo y de su grupo íntimo, Mouriño ha resbalado hasta enredarse en la trampa de una alianza dañina, tanto para él como para los taimados autores. Tanto Gamboa como Beltrones, en el solícito papel de protectores áulicos, lo dejarán caer sin contemplación alguna ante lo que se avecina si su jefe superior no responde a sus mensajes y cumple lo exigido.
Pero la reacción de la prensa ante el apoyo de los coordinadores priístas ha sido implacable para con sus imágenes de conductores y políticos. El manto aventado a Mouriño, en lugar de acrecentar su celebrada capacidad de maniobra, los ha metido en un tobogán de complicidades de donde no saldrán ilesos. “Una raya más al tigre”, dirán algunos cínicos, pero no será tan fácil la tarea de salvamento. Además, muchos de sus correligionarios partidistas, que no son pocos ni desprovistos de instrumentos, se muestran irritados por tan grotesco manipuleo en espera de saldar cuentas pendientes. Tan pronto se den cuenta del daño recibido, por grandes o fructíferas que sean las prebendas ofrecidas a cambio, tratarán se neutralizar los efectos del inminente naufragio.
A pesar de las críticas a la labor de denuncia llevada a cabo por López Obrador, a quien acusan, como siempre, de varias perversidades, la lucha por evitar la privatización del sector energético sigue adelante. Por lo pronto, la batalla por la atención ciudadana ha sido ganada. Los mexicanos están atentos a lo que se fragua desde esas oficinas de negociantes sin escrúpulos y desbocada ambición. Se extiende y solidifica la idea de que la reforma energética anunciada no es más que la pretensión de un grupúsculo de mandones (nativos y del exterior) por meterle grotesca mano a las riquezas colectivas que todavía se mantienen intocadas. Desean apoderarse de la parte sustantiva de la renta petrolera y de las plantas de generación eléctrica. Desean, con furia incontinente, apropiarse también del ancho campo de las energías renovables. La mal llamada reforma energética no es más que un eufemismo a modo que inventan y difunden los negociantes coaligados en perjuicio de los tesoros de la nación. Lo que Mouriño en verdad representa es esa camada de panistas de cuño descarado que pretenden, y han logrado, incrementar sus ya desmedidas riquezas a costa de los bienes de todos. Una camada de la peor especie: ésa que combina, en secreto, la función pública con los negocios privados.
El gobierno legítimo que preside López Obrador no pretende enfocar su esfuerzo en denostar a Mouriño. Sería una tarea de lo más fácil, simple y expedita. Tampoco se opone a todo lo que el gobierno plantea y hace, como tantas veces le predican. Mucho menos desea que el país fracase y se afecte el bienestar del pueblo. Se opone, sí, a que se continúe depredando al país, que se siga abusando de la buena voluntad de los mexicanos, en especial de los que menos tienen. A eso sí que se opone, no sólo él, su gobierno y los partidos del FAP que lo respaldan, sino un creciente y cada vez más consciente grupo de ciudadanos de variada composición. Grupo humano que se cuenta por millones de activos agentes del cambio.
El programa que AMLO ha venido ofreciendo a México pretende integrar el sector energético para que sea un sólido motor de impulso al progreso. Se apuesta a crear la propia tecnología para utilizar las riquezas petroleras que aún tiene el país y cimentar así un desarrollo independiente y no salir, compulsivamente, en busca de interesado auxilio, alegando que los mexicanos no pueden solos. Se propone que el sector de la energía quede tal como lo mandata, con envidiable precisión, la ley suprema: bajo el estricto pero amplio control del Estado. No se acepta que ésta pueda violentarse modificando leyes secundarias (tal como ya hizo Salinas con la ley del 92 del servicio público) a que tan efectos han resultado los panistas dirigidos por los beneficiarios de siempre.
La mafia del poder cupular/ Luis Linares Zapata
Con apenas dos meses al frente de la Secretaría de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, el brazo fuerte de Calderón, soporta abultado fardo de problemas que le han doblado su débil espalda. Las ambiciones del joven preferido de Los Pinos han ido más allá de sus capacidades para encauzarlas por la debida ruta de la ley y los valores éticos que tendrían que servirle de guía y marco general. Mouriño pretendió jugar el triple papel de contratista, impulsor de negocios trasnacionales y conjugarlo con el de encargado de las relaciones políticas del Ejecutivo federal con los demás poderes de la Unión. Una encomienda claramente incompatible con su defectuoso accionar. Un verdadero enredo de cometidos que lo tienen al borde del abismo. Y con él se asoma, con el pánico inherente a estos peligros y penas en la historia de la cosa pública, su mismo patrocinador.
A los contratos signados por Mouriño como apoderado de la empresa familiar, Ivancar –suficientes para designar una comisión investigadora especial y defenestrarlo–, se suman otras andanzas de mucho más calado y consecuencias. Quizá la más relevante por sus repercusiones jurídicas es el abierto tejido de una red de funcionarios, presta para sustentar sus pretensiones de poder y riquezas (reporte Índigo). El más torpe estilo Ahumada se repite y Mouriño lo imita sin escrúpulo. Otra más cuando, por iniciativa propia o por encargo de su jefe directo, se presenta como pivote de acuerdos comerciales con armadores navales gallegos, en la mismísima región de donde procede su estirpe (Faro de Vigo). El intríngulis formado de esta mafiosa manera no requiere mayores explicaciones: se presenta solo y dibuja al grupo de cómplices incrustado en la cúspide del oficialismo.
Pero Mouriño tiene y cuenta con una malla de protección mayor de la que le puede extender su amigo Calderón. Rebasa el apoyo mediático de un programa estelar de noticias (Televisa) o de las plumas y conciencias que tratan de disculparlo con sofismas varios. Va más allá del respaldo incondicional que le han ofrecido los panistas, con el niño Tarsicio al frente (Germán Martínez, que por ahora funge como su designado presidente del PAN por dedazo directo) para instalarse en la cúpula del priísmo tardío. Es aquí, en este ámbito que presume de habilidades y la experiencia suficiente donde Mouriño ha encontrado algo de paz para su atribulada alma de novel funcionario bajo brutal cuestión. Son los priístas de elite los que le han extendido esa mano convenenciera y apuntan salidas que se van gastando con las horas. Para asfixia de sí mismo y de su grupo íntimo, Mouriño ha resbalado hasta enredarse en la trampa de una alianza dañina, tanto para él como para los taimados autores. Tanto Gamboa como Beltrones, en el solícito papel de protectores áulicos, lo dejarán caer sin contemplación alguna ante lo que se avecina si su jefe superior no responde a sus mensajes y cumple lo exigido.
Pero la reacción de la prensa ante el apoyo de los coordinadores priístas ha sido implacable para con sus imágenes de conductores y políticos. El manto aventado a Mouriño, en lugar de acrecentar su celebrada capacidad de maniobra, los ha metido en un tobogán de complicidades de donde no saldrán ilesos. “Una raya más al tigre”, dirán algunos cínicos, pero no será tan fácil la tarea de salvamento. Además, muchos de sus correligionarios partidistas, que no son pocos ni desprovistos de instrumentos, se muestran irritados por tan grotesco manipuleo en espera de saldar cuentas pendientes. Tan pronto se den cuenta del daño recibido, por grandes o fructíferas que sean las prebendas ofrecidas a cambio, tratarán se neutralizar los efectos del inminente naufragio.
A pesar de las críticas a la labor de denuncia llevada a cabo por López Obrador, a quien acusan, como siempre, de varias perversidades, la lucha por evitar la privatización del sector energético sigue adelante. Por lo pronto, la batalla por la atención ciudadana ha sido ganada. Los mexicanos están atentos a lo que se fragua desde esas oficinas de negociantes sin escrúpulos y desbocada ambición. Se extiende y solidifica la idea de que la reforma energética anunciada no es más que la pretensión de un grupúsculo de mandones (nativos y del exterior) por meterle grotesca mano a las riquezas colectivas que todavía se mantienen intocadas. Desean apoderarse de la parte sustantiva de la renta petrolera y de las plantas de generación eléctrica. Desean, con furia incontinente, apropiarse también del ancho campo de las energías renovables. La mal llamada reforma energética no es más que un eufemismo a modo que inventan y difunden los negociantes coaligados en perjuicio de los tesoros de la nación. Lo que Mouriño en verdad representa es esa camada de panistas de cuño descarado que pretenden, y han logrado, incrementar sus ya desmedidas riquezas a costa de los bienes de todos. Una camada de la peor especie: ésa que combina, en secreto, la función pública con los negocios privados.
El gobierno legítimo que preside López Obrador no pretende enfocar su esfuerzo en denostar a Mouriño. Sería una tarea de lo más fácil, simple y expedita. Tampoco se opone a todo lo que el gobierno plantea y hace, como tantas veces le predican. Mucho menos desea que el país fracase y se afecte el bienestar del pueblo. Se opone, sí, a que se continúe depredando al país, que se siga abusando de la buena voluntad de los mexicanos, en especial de los que menos tienen. A eso sí que se opone, no sólo él, su gobierno y los partidos del FAP que lo respaldan, sino un creciente y cada vez más consciente grupo de ciudadanos de variada composición. Grupo humano que se cuenta por millones de activos agentes del cambio.
El programa que AMLO ha venido ofreciendo a México pretende integrar el sector energético para que sea un sólido motor de impulso al progreso. Se apuesta a crear la propia tecnología para utilizar las riquezas petroleras que aún tiene el país y cimentar así un desarrollo independiente y no salir, compulsivamente, en busca de interesado auxilio, alegando que los mexicanos no pueden solos. Se propone que el sector de la energía quede tal como lo mandata, con envidiable precisión, la ley suprema: bajo el estricto pero amplio control del Estado. No se acepta que ésta pueda violentarse modificando leyes secundarias (tal como ya hizo Salinas con la ley del 92 del servicio público) a que tan efectos han resultado los panistas dirigidos por los beneficiarios de siempre.
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