De antros, tiras y normas incumplidas/Humberto Musacchio
Publicado en Excelsior, 26-Jun-2008;
Con mi pésame para los hermanos Aguirre Gómez.
Lo ocurrido en la discoteca News Divine es una inmensa desgracia y por supuesto hay culpables directos que deben responder ante la justicia por los muertos, pero abundan quienes quieren politizar el asunto y llevar agua a su molino.
Debe irse a la cárcel el administrador del tugurio que funcionaba sin las indispensables medidas de seguridad y que permitía la entrada de menores de edad —niños incluso— a los que vendía bebidas embriagantes y ofrecía espectáculos nudistas. Es él quien admitió a 500 o 600 personas en un lugar donde el cupo era para 100 o 120, local que además carecía de salidas de emergencia y, si las tenía, como señalan ciertas versiones, éstas se hallaban cerradas o eran insuficientes.
De acuerdo con la información publicada por Excélsior el pasado martes, “en el Distrito Federal existen sólo 210 inspectores para revisar las condiciones en que funcionan los 35 mil establecimientos mercantiles” que van “desde las fondas hasta centros de diversión como bares, discotecas y antros”.
Resulta obvio que es insuficiente el número de inspectores, pero más cierto es que son una partida de asaltantes que se presentan con sus amigotes donde se les pega la gana, a comer en forma pantagruélica, a beber como perdidos en el desierto y, si es el caso, a exigir los servicios gratuitos de prostitutas, con la “amenaza” de aplicar los reglamentos si no les cumplen todos sus caprichos y además les sueltan una mordida. Dicho de otra manera, amenazan con aplicar la normatividad, pero se olvidan de la ley si consuman el cohecho en efectivo y en especie. Eso lo sabemos los ciudadanos y no pueden ignorarlo las autoridades. Forma parte del comportamiento de esos chacales que, a cambio de dinero, permiten cualquier barbaridad, como ocurrió en el caso de News Divine.
Más grave es que el hoy diputado local Andrés Lozano Lozano, quien en 2002, como director Jurídico y de Gobierno de la Gustavo A. Madero, renovó la licencia de News Divine, declare que hizo lo anterior sin verificación de por medio porque “la ley no lo exigía”. Tal vez, pero como seguramente tampoco lo prohibía, el suyo es un caso de irresponsabilidad punible, pues su indolencia costó vidas. Igualmente, esperamos que esté sujeto a investigación Guillermo González Martínez El Pantera, señalado como codueño del antro y asesor del delegado Francisco Chíguil.
Otro personaje al que espera una larga estancia en la cárcel es el comandante que encabezó la desproporcionada, absurda y estúpida operación policiaca contra el News Divine. De acuerdo con algunas versiones periodísticas, en el local se hallaban policías vestidos de civil, quienes debían investigar si se vendía licor a menores de edad e identificar a quienes comerciaban con droga. Si esto es cierto, lo esperable es que se aprehendiera a los vendedores de sustancias tóxicas afuera del local y que una vez vacío se procediera a clausurarlo después de detener al administrador y a otros responsables.
Pero se optó por un despliegue de fuerza innecesario y brutal. La policía procedió así porque parte del supuesto de que los jóvenes, sólo por serlo, han de ser tratados como delincuentes. Se penaliza la muy natural tendencia de los muchachos a divertirse o se considera que son consumidores de drogas y por lo tanto merecedores de castigo.
Un número indeterminado de jóvenes fueron detenidos y no pocos resultaron maltratados por la policía. Ciertas versiones mencionan que decenas de chicas fueron vejadas al momento de ser detenidas e incluso en la delegación, donde las habrían desnudado y obligado a bailar en presencia de los empleados. Sin que demos por cierta esta versión, sabemos del poco respeto que le merecen los detenidos a nuestros cuerpos policiacos, pero habrá de ser la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal la que aporte la información definitiva.
Pedir la cabeza de Joel Ortega por esta tragedia nos llevaría a exigir la renuncia de Marcelo Ebrard y, en la misma lógica, la de Felipe Calderón Hinojosa, responsable, por ejemplo, del altísimo costo en vidas que tiene la batida del Ejército contra el crimen organizado, o la del secretario de la Defensa Nacional, por los abusos que han cometido algunos militares en esa campaña. En fin, que ya en ese camino nos quedaríamos sin algo parecido a un gobierno.
Las actuales autoridades, locales y federales, han heredado muchos problemas, entre otros la corrupción e ineficiencia de los cuerpos policiacos, lo que determinó en buena medida que Calderón sacara al Ejército de sus cuarteles.
Cesar a Joel Ortega no resolvería esos problemas, pero sí privaría a la capital y al país de un funcionario que, no sin errores, se ha tomado en serio su trabajo y ha pugnado por revertir las condiciones en que recibió el mando. Quitarlo sería desperdiciar su duro e intenso aprendizaje y su probada aptitud para ése y otros cargos. Pero hay quienes no buscan quién la hizo, sino quién la pague. No quieren justicia, sino ajustes de cuentas con interés político.
hum_mus@hotmail.com
Lo ocurrido en la discoteca News Divine es una inmensa desgracia y por supuesto hay culpables directos que deben responder ante la justicia por los muertos, pero abundan quienes quieren politizar el asunto y llevar agua a su molino.
Debe irse a la cárcel el administrador del tugurio que funcionaba sin las indispensables medidas de seguridad y que permitía la entrada de menores de edad —niños incluso— a los que vendía bebidas embriagantes y ofrecía espectáculos nudistas. Es él quien admitió a 500 o 600 personas en un lugar donde el cupo era para 100 o 120, local que además carecía de salidas de emergencia y, si las tenía, como señalan ciertas versiones, éstas se hallaban cerradas o eran insuficientes.
De acuerdo con la información publicada por Excélsior el pasado martes, “en el Distrito Federal existen sólo 210 inspectores para revisar las condiciones en que funcionan los 35 mil establecimientos mercantiles” que van “desde las fondas hasta centros de diversión como bares, discotecas y antros”.
Resulta obvio que es insuficiente el número de inspectores, pero más cierto es que son una partida de asaltantes que se presentan con sus amigotes donde se les pega la gana, a comer en forma pantagruélica, a beber como perdidos en el desierto y, si es el caso, a exigir los servicios gratuitos de prostitutas, con la “amenaza” de aplicar los reglamentos si no les cumplen todos sus caprichos y además les sueltan una mordida. Dicho de otra manera, amenazan con aplicar la normatividad, pero se olvidan de la ley si consuman el cohecho en efectivo y en especie. Eso lo sabemos los ciudadanos y no pueden ignorarlo las autoridades. Forma parte del comportamiento de esos chacales que, a cambio de dinero, permiten cualquier barbaridad, como ocurrió en el caso de News Divine.
Más grave es que el hoy diputado local Andrés Lozano Lozano, quien en 2002, como director Jurídico y de Gobierno de la Gustavo A. Madero, renovó la licencia de News Divine, declare que hizo lo anterior sin verificación de por medio porque “la ley no lo exigía”. Tal vez, pero como seguramente tampoco lo prohibía, el suyo es un caso de irresponsabilidad punible, pues su indolencia costó vidas. Igualmente, esperamos que esté sujeto a investigación Guillermo González Martínez El Pantera, señalado como codueño del antro y asesor del delegado Francisco Chíguil.
Otro personaje al que espera una larga estancia en la cárcel es el comandante que encabezó la desproporcionada, absurda y estúpida operación policiaca contra el News Divine. De acuerdo con algunas versiones periodísticas, en el local se hallaban policías vestidos de civil, quienes debían investigar si se vendía licor a menores de edad e identificar a quienes comerciaban con droga. Si esto es cierto, lo esperable es que se aprehendiera a los vendedores de sustancias tóxicas afuera del local y que una vez vacío se procediera a clausurarlo después de detener al administrador y a otros responsables.
Pero se optó por un despliegue de fuerza innecesario y brutal. La policía procedió así porque parte del supuesto de que los jóvenes, sólo por serlo, han de ser tratados como delincuentes. Se penaliza la muy natural tendencia de los muchachos a divertirse o se considera que son consumidores de drogas y por lo tanto merecedores de castigo.
Un número indeterminado de jóvenes fueron detenidos y no pocos resultaron maltratados por la policía. Ciertas versiones mencionan que decenas de chicas fueron vejadas al momento de ser detenidas e incluso en la delegación, donde las habrían desnudado y obligado a bailar en presencia de los empleados. Sin que demos por cierta esta versión, sabemos del poco respeto que le merecen los detenidos a nuestros cuerpos policiacos, pero habrá de ser la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal la que aporte la información definitiva.
Pedir la cabeza de Joel Ortega por esta tragedia nos llevaría a exigir la renuncia de Marcelo Ebrard y, en la misma lógica, la de Felipe Calderón Hinojosa, responsable, por ejemplo, del altísimo costo en vidas que tiene la batida del Ejército contra el crimen organizado, o la del secretario de la Defensa Nacional, por los abusos que han cometido algunos militares en esa campaña. En fin, que ya en ese camino nos quedaríamos sin algo parecido a un gobierno.
Las actuales autoridades, locales y federales, han heredado muchos problemas, entre otros la corrupción e ineficiencia de los cuerpos policiacos, lo que determinó en buena medida que Calderón sacara al Ejército de sus cuarteles.
Cesar a Joel Ortega no resolvería esos problemas, pero sí privaría a la capital y al país de un funcionario que, no sin errores, se ha tomado en serio su trabajo y ha pugnado por revertir las condiciones en que recibió el mando. Quitarlo sería desperdiciar su duro e intenso aprendizaje y su probada aptitud para ése y otros cargos. Pero hay quienes no buscan quién la hizo, sino quién la pague. No quieren justicia, sino ajustes de cuentas con interés político.
hum_mus@hotmail.com
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