¡Buena editorial de La Jornada!
Rayuela (La Jornada)
Una decisión difícil exige reflexión:
Una decisión difícil exige reflexión:
hacer un encabezado periodístico con descabezados.
Violencia, información, escándalo/Editorial
Para este diario convertir en su nota principal la información sobre el hallazgo, en Mérida, de más de una decena de decapitados constituye una decisión editorial difícil, que obliga a un examen minucioso de la frontera entre información socialmente útil y escándalo mercantilista. La consideración concluyente para hacerlo así es que la masacre y la manera particularmente atroz de presentar sus vestigios constituyen un mensaje inequívoco para las autoridades federales, estatales y municipales: los mutilados de Yucatán, sumados al ataque perpetrado antier en Guanajuato contra una instalación militar, por no hablar de las imparables y ya habituales ejecuciones diarias en diversos puntos del territorio nacional, subrayan la irrealidad del publicitado cónclave de alto nivel efectuado hace unos días en Palacio Nacional con el propósito de acordar medidas para frenar a la criminalidad y restablecer la seguridad pública en el país.
Esta violencia alarmante, mal definida como “guerra” en el discurso gubernamental, no es sólo una disputa de poder, sino también un intercambio de gestos de fuerza entre las autoridades formales y las organizaciones delictivas, por más que las fronteras entre unas y otras se han difuminado por efecto de la descomposición que experimentan las instituciones de procuración e impartición de justicia y las corporaciones de seguridad, por los viejos lazos entre policías y secuestradores, así como por la infiltración del narcotráfico en las esferas política, empresarial y mediática.
Aunque los mensajes bárbaros de los delincuentes resulten crípticos para el común de los ciudadanos y de los informadores, es claro que son, en muchos casos, algo más que ajustes de cuentas, venganzas o advertencias: buscan, además, crear impactos en la opinión pública; van cargados, por así decirlo, con una intención mediática.
En este contexto, el desempeño del oficio periodístico exige sensatez, mesura y responsabilidad para informar sin contribuir a la zozobra y para ceñirse a la verdad sin buscar el escándalo, por más que la verdad resulte escandalosa. El desafío consiste, por otra parte, en no volverse tribuna de los grupos de infractores que buscan publicidad, y en contar los hechos sin agravar la inseguridad o la tragedia de víctimas de la delincuencia y sus familiares. Las respuestas a estos difíciles equilibrios pueden encontrarse en el tratamiento editorial que se da a la información, en la prudencia para no divulgar datos que pudieran poner en peligro o someter a escarnio a inocentes, y en el discernimiento requerido para no ser caja de resonancia de los criminales.
Por desgracia, las dificultades para informar en forma equilibrada se multiplican por la irresponsabilidad de funcionarios y políticos que, en afán de notoriedad o por mera insensatez, agitan a la opinión pública con declaraciones desmesuradas, indiscretas o falsas. Tal es el caso del procurador general de Justicia de Baja California, Rommel Moreno Manjarrez, quien hace unos días aseguró que la joven secuestrada Silvia Vargas “podría estar en el norte del país” y que su plagio “tiene que ver con la trata de blancas”; si eso fuera cierto, el empleado público pone en riesgo la investigación correspondiente; si es falso, constituye un deplorable manoseo del sufrimiento de la familia. En otro contexto, la diputada Ruth Zavaleta declaró ayer que sus compañeros de bancada habían introducido bombas molotov al recinto legislativo de San Lázaro en ocasión de la conflictiva y cuestionada toma de posesión del actual titular del Ejecutivo federal. Aunque horas después la legisladora se retractó y pidió disculpas por el disparate, el daño ya estaba hecho y sus palabras iniciales eran citadas en cadenas de correo electrónico como “prueba” del “salvajismo perredista”.
En la circunstancia presente, debiera ser tarea de los medios consignar los hechos sin sensacionalismos y acompañados de reflexión y de elementos de contexto. La Jornada optó por destacar la información de la más reciente masacre criminal porque, a su juicio, constituye, además de un reflejo de la barbarie desatada en el país, una señal espeluznante de la descomposición que impera en los aparatos estatales, reducidos a la impotencia por la falta de claridad y de previsión de quienes los encabezan e insisten, para encubrir su ineptitud o con un propósito peor, en que los hechos de violencia que padece el país son una “guerra”. No la hay. No está en juego la sobrevivencia nacional ni hay un enemigo a exterminar. Se padece, sí, una persistencia gravísima de la impunidad y de un consiguiente deterioro del estado de derecho y de la seguridad pública, pero no se trata de un conflicto bélico sino de descomposición de las instituciones nacionales.
Esta violencia alarmante, mal definida como “guerra” en el discurso gubernamental, no es sólo una disputa de poder, sino también un intercambio de gestos de fuerza entre las autoridades formales y las organizaciones delictivas, por más que las fronteras entre unas y otras se han difuminado por efecto de la descomposición que experimentan las instituciones de procuración e impartición de justicia y las corporaciones de seguridad, por los viejos lazos entre policías y secuestradores, así como por la infiltración del narcotráfico en las esferas política, empresarial y mediática.
Aunque los mensajes bárbaros de los delincuentes resulten crípticos para el común de los ciudadanos y de los informadores, es claro que son, en muchos casos, algo más que ajustes de cuentas, venganzas o advertencias: buscan, además, crear impactos en la opinión pública; van cargados, por así decirlo, con una intención mediática.
En este contexto, el desempeño del oficio periodístico exige sensatez, mesura y responsabilidad para informar sin contribuir a la zozobra y para ceñirse a la verdad sin buscar el escándalo, por más que la verdad resulte escandalosa. El desafío consiste, por otra parte, en no volverse tribuna de los grupos de infractores que buscan publicidad, y en contar los hechos sin agravar la inseguridad o la tragedia de víctimas de la delincuencia y sus familiares. Las respuestas a estos difíciles equilibrios pueden encontrarse en el tratamiento editorial que se da a la información, en la prudencia para no divulgar datos que pudieran poner en peligro o someter a escarnio a inocentes, y en el discernimiento requerido para no ser caja de resonancia de los criminales.
Por desgracia, las dificultades para informar en forma equilibrada se multiplican por la irresponsabilidad de funcionarios y políticos que, en afán de notoriedad o por mera insensatez, agitan a la opinión pública con declaraciones desmesuradas, indiscretas o falsas. Tal es el caso del procurador general de Justicia de Baja California, Rommel Moreno Manjarrez, quien hace unos días aseguró que la joven secuestrada Silvia Vargas “podría estar en el norte del país” y que su plagio “tiene que ver con la trata de blancas”; si eso fuera cierto, el empleado público pone en riesgo la investigación correspondiente; si es falso, constituye un deplorable manoseo del sufrimiento de la familia. En otro contexto, la diputada Ruth Zavaleta declaró ayer que sus compañeros de bancada habían introducido bombas molotov al recinto legislativo de San Lázaro en ocasión de la conflictiva y cuestionada toma de posesión del actual titular del Ejecutivo federal. Aunque horas después la legisladora se retractó y pidió disculpas por el disparate, el daño ya estaba hecho y sus palabras iniciales eran citadas en cadenas de correo electrónico como “prueba” del “salvajismo perredista”.
En la circunstancia presente, debiera ser tarea de los medios consignar los hechos sin sensacionalismos y acompañados de reflexión y de elementos de contexto. La Jornada optó por destacar la información de la más reciente masacre criminal porque, a su juicio, constituye, además de un reflejo de la barbarie desatada en el país, una señal espeluznante de la descomposición que impera en los aparatos estatales, reducidos a la impotencia por la falta de claridad y de previsión de quienes los encabezan e insisten, para encubrir su ineptitud o con un propósito peor, en que los hechos de violencia que padece el país son una “guerra”. No la hay. No está en juego la sobrevivencia nacional ni hay un enemigo a exterminar. Se padece, sí, una persistencia gravísima de la impunidad y de un consiguiente deterioro del estado de derecho y de la seguridad pública, pero no se trata de un conflicto bélico sino de descomposición de las instituciones nacionales.
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Hallan en Yucatán 12 decapitados; 11 de ellos muy cerca de Mérida
La Jornada, 29 de agosto de 2008;
■ La mayoría de los cadáveres estaban desnudos y algunos tenían un tatuaje en forma de dragón
Hallan en Yucatán 12 decapitados; 11 de ellos muy cerca de Mérida
■ Las cabezas no han sido encontradas
■ No presentaban heridas de bala
■ Circula la versión de que eran miembros de cuerpos policiacos de la entidad, de Quintana Roo u otros estados
Luis A. Boffil Gómez (Corresponsal)
Elementos del Ejército recorren la zona donde fueron encontradas 11 de las 12 personas ejecutadas
Mérida, Yuc., 28 de agosto. Los cuerpos decapitados de 12 hombres fueron localizados hoy en Yucatán; 11 en la comunidad rural de Chichí Suárez, en Mérida, y uno en el municipio de Buctzotz, ubicado al oriente de la entidad. Las cabezas no han sido encontradas.
El subprocurador de Justicia del estado, Rafael Acosta, informó que 11 de los cadáveres fueron encontrados por dos jóvenes al mediodía de este jueves en montes del poblado de Chichí Suárez, situado al nororiente de esta capital. Ambos adolescentes dieron aviso a la policía.
Tendrían entre 25 y 35 años
Los 11 cuerpos estaban apilados, 10 de ellos totalmente desnudos y sólo uno con ropa. La mayoría tenía tatuajes en forma de dragón. Las autoridades estimaron que estos sujetos tendrían entre 25 y 35 años de edad. No presentaban heridas de bala.
Fuentes extraoficiales de corporaciones policiacas locales revelaron que algunos de los occisos eran elementos de cuerpos de seguridad de Cancún, Quintana Roo, Yucatán y posiblemente de otros estados.
Acosta afirmó que estas personas habrían sido asesinadas y decapitadas en otros sitios y después abandonadas en los montes de Chichí Suárez. Elementos del Ejército arribaron al lugar y acordonaron la zona. Además, aplicaron operativos de vigilancia en la ciudad de Mérida.
Otro cuerpo decapitado fue hallado en el municipio de Buctzotz, ubicado a 180 kilómetros de Mérida. Trascendió que este hallazgo tendría relación con el primero.
Altos mandos de seguridad y policiacos de Yucatán se reunieron de emergencia en el palacio de gobierno de la capital del estado. El procurador de Justicia, José Guzmán Pacheco, declaró que es un hecho lamentable, pero llamó a la ciudadanía a no perder la calma y dijo que se redoblará la vigilancia.
–En esta ocasión no se trata de un “hecho aislado”, como suelen decir las autoridades cuando hay crímenes vinculados al narcotráfico en la entidad –se le hizo notar al funcionario.
–No, no se trata de un hecho aislado, pero esperamos que no se repita –respondió.
Durante una gira de trabajo por municipios indígenas, la gobernadora priísta Ivonne Ortega Pacheco externó su preocupación por el suceso. “No permitiremos que algo así vuelva a suceder”, subrayó.
Mientras tanto, agentes judiciales y centenares de policías custodiaron los palacios de gobierno estatal y municipal de Mérida, televisoras, periódicos, estaciones de radio y sitios de interés público.
En enero pasado fue localizado el cuerpo decapitado de Juan Carlos Alvarado Naal, El Calochas, conocido narcomenudista de Puerto Progreso. La cabeza fue arrojada al día siguiente del crimen en la repetidora local de TvAzteca.
Por la noche, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió un comunicado para informar que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) “ejercitó su facultad de atracción para conocer e investigar la muerte de 11 personas cuyos cadáveres fueron localizados cerca de la ciudad de Mérida, Yucatán, con señales de haber sido victimados con violencia inusitada”.
La dependencia federal sostuvo que “todo acto de violencia se repudia, aun cuando tengan lugar entre miembros de organizaciones criminales”.
Hallan en Yucatán 12 decapitados; 11 de ellos muy cerca de Mérida
■ Las cabezas no han sido encontradas
■ No presentaban heridas de bala
■ Circula la versión de que eran miembros de cuerpos policiacos de la entidad, de Quintana Roo u otros estados
Luis A. Boffil Gómez (Corresponsal)
Elementos del Ejército recorren la zona donde fueron encontradas 11 de las 12 personas ejecutadas
Mérida, Yuc., 28 de agosto. Los cuerpos decapitados de 12 hombres fueron localizados hoy en Yucatán; 11 en la comunidad rural de Chichí Suárez, en Mérida, y uno en el municipio de Buctzotz, ubicado al oriente de la entidad. Las cabezas no han sido encontradas.
El subprocurador de Justicia del estado, Rafael Acosta, informó que 11 de los cadáveres fueron encontrados por dos jóvenes al mediodía de este jueves en montes del poblado de Chichí Suárez, situado al nororiente de esta capital. Ambos adolescentes dieron aviso a la policía.
Tendrían entre 25 y 35 años
Los 11 cuerpos estaban apilados, 10 de ellos totalmente desnudos y sólo uno con ropa. La mayoría tenía tatuajes en forma de dragón. Las autoridades estimaron que estos sujetos tendrían entre 25 y 35 años de edad. No presentaban heridas de bala.
Fuentes extraoficiales de corporaciones policiacas locales revelaron que algunos de los occisos eran elementos de cuerpos de seguridad de Cancún, Quintana Roo, Yucatán y posiblemente de otros estados.
Acosta afirmó que estas personas habrían sido asesinadas y decapitadas en otros sitios y después abandonadas en los montes de Chichí Suárez. Elementos del Ejército arribaron al lugar y acordonaron la zona. Además, aplicaron operativos de vigilancia en la ciudad de Mérida.
Otro cuerpo decapitado fue hallado en el municipio de Buctzotz, ubicado a 180 kilómetros de Mérida. Trascendió que este hallazgo tendría relación con el primero.
Altos mandos de seguridad y policiacos de Yucatán se reunieron de emergencia en el palacio de gobierno de la capital del estado. El procurador de Justicia, José Guzmán Pacheco, declaró que es un hecho lamentable, pero llamó a la ciudadanía a no perder la calma y dijo que se redoblará la vigilancia.
–En esta ocasión no se trata de un “hecho aislado”, como suelen decir las autoridades cuando hay crímenes vinculados al narcotráfico en la entidad –se le hizo notar al funcionario.
–No, no se trata de un hecho aislado, pero esperamos que no se repita –respondió.
Durante una gira de trabajo por municipios indígenas, la gobernadora priísta Ivonne Ortega Pacheco externó su preocupación por el suceso. “No permitiremos que algo así vuelva a suceder”, subrayó.
Mientras tanto, agentes judiciales y centenares de policías custodiaron los palacios de gobierno estatal y municipal de Mérida, televisoras, periódicos, estaciones de radio y sitios de interés público.
En enero pasado fue localizado el cuerpo decapitado de Juan Carlos Alvarado Naal, El Calochas, conocido narcomenudista de Puerto Progreso. La cabeza fue arrojada al día siguiente del crimen en la repetidora local de TvAzteca.
Por la noche, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió un comunicado para informar que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) “ejercitó su facultad de atracción para conocer e investigar la muerte de 11 personas cuyos cadáveres fueron localizados cerca de la ciudad de Mérida, Yucatán, con señales de haber sido victimados con violencia inusitada”.
La dependencia federal sostuvo que “todo acto de violencia se repudia, aun cuando tengan lugar entre miembros de organizaciones criminales”.
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Sustituirá el gobierno a militares que realizan funciones de seguridad pública
Estaba integrado por más de 40 hombres; balean la casa de Rubén Granados y matan a su familia
Comando armado asesina a dos mujeres, dos niñas y tres policías en Guerrero
■ Heridos, cinco uniformados
■ Seis ejecutados en Chihuahua
■ Identifican sicarios muertos en Guanajuato
De los corresponsales
Un comando integrado por más de 40 hombres atacó la madrugada de este jueves una vivienda de la comunidad San Luis La Loma, municipio de Tecpan de Galeana, en la región de la Costa Grande de Guerrero, y dio muerte a cuatro miembros de una familia, dos mujeres y dos niñas. En la huida, el grupo armado se enfrentó con policías estatales y federales, y asesinó a tres de ellos. Cinco agentes más resultaron heridos.
Los pistoleros balearon durante media hora la casa de Rubén Granados, conocido como El Nene, militante del PRI, quien según fuentes extraoficiales es adversario político del ex alcalde priísta de Petatlán Rogaciano Alba Álvarez. Según los informantes, el objetivo del ataque era Granados.
El 3 y 4 de mayo pasados, en Iguala y Petatlán, 17 personas fueron asesinadas; la mayoría eran miembros de la Asociación Ganadera del Estado de Guerrero, en ese entonces presidida por Alba Álvarez. Dos hijos de éste murieron en esos hechos y una de sus hijas fue secuestrada y hasta ahora se desconoce su paradero.
Después del ataque a la vivienda, ocurrido al filo de las cinco de la mañana de este jueves, los pistoleros emprendieron la huida rumbo a Zihuatanejo, y en el trayecto abrieron fuego contra varias casas del poblado y de la vecina localidad de San Luis San Pedro.
Posteriormente, en la comunidad Alcholoa, municipio de Petatlán, los agresores se toparon con elementos del Operativo Conjunto Guerrero, y se desató un tiroteo en el que murieron los policías Óscar César Martínez de Paz, de la Federal Preventiva (PFP), Néstor Rodríguez Tinoco y Pedro Mayo Vázquez, de la Estatal Preventiva (PEP).
Cinco uniformados más resultaron heridos, informó Erit Montúfar Mendoza, director de la policía investigadora ministerial (PIM), quien precisó que los más de 40 integrantes del comando se desplazaban en al menos ocho vehículos de lujo.
Informó que las víctimas fueron identificadas como Judith Ávila Ureña, de 37 años de edad; Sonia Ávila Ureña, de 20, y las menores Yameli y Odalis Granados Ávila, de 8 y 12 años. Las asesinadas son esposa, cuñada e hijas de Rubén Granados, El Nene.
Explicó que elementos de PFP, PEP, PIM y otras corporaciones aplicaron un operativo de búsqueda de los agresores, sin embargo, cuando éstos se trasladaban por el punto conocido como Loma del Toro, en territorio de Petatlán, se toparon de frente con los elementos policiacos. En ese momento dio inicio el fuego cruzado en el que tres agentes murieron y cinco más resultaron lesionados. El enfrentamiento provocó pánico entre los habitantes de decenas de pueblos ubicados entre Tecpan de Galeana y Petatlán, y se suspendieron las clases en la mayoría de las escuelas
Además, cientos de ciudadanos no pudieron llegar a sus trabajos en Acapulco y Zihuatanejo, debido a que por varias horas fue cerrado el tráfico vehicular en la carretera federal que une a ambos puertos.
Por otra parte, en Chihuahua, seis personas fueron asesinadas a balazos por sicarios. Además, en Morelia, Michoacán, el Ejército aseguró una casa de seguridad donde presuntamente operaban miembros de la agrupación delictiva La Familia Michoacana, en cuyo interior había un arsenal que incluía granadas y rifles de asalto.
Mientras tanto, la procuraduría de Guanajuato identificó a los cuatro pistoleros que murieron en un enfrentamiento con miembros del Ejército, luego de atacar con una granada de fragmentación una base militar provisional instalada en la feria del municipio de San Francisco del Rincón.
El titular de la dependencia, Daniel Federico Chowell, dijo que se trata de Francisco Vivanco, ex policía de Acapulco; Víctor Contreras Reyes, Miguel Rodríguez y Gerardo Ortiz Reyna.
(Sergio Ocampo, Misael Habana, Rubén Villalpando, Javier Valdez, Carlos Camacho, Carlos García y Notimex)
Estaba integrado por más de 40 hombres; balean la casa de Rubén Granados y matan a su familia
Comando armado asesina a dos mujeres, dos niñas y tres policías en Guerrero
■ Heridos, cinco uniformados
■ Seis ejecutados en Chihuahua
■ Identifican sicarios muertos en Guanajuato
De los corresponsales
Un comando integrado por más de 40 hombres atacó la madrugada de este jueves una vivienda de la comunidad San Luis La Loma, municipio de Tecpan de Galeana, en la región de la Costa Grande de Guerrero, y dio muerte a cuatro miembros de una familia, dos mujeres y dos niñas. En la huida, el grupo armado se enfrentó con policías estatales y federales, y asesinó a tres de ellos. Cinco agentes más resultaron heridos.
Los pistoleros balearon durante media hora la casa de Rubén Granados, conocido como El Nene, militante del PRI, quien según fuentes extraoficiales es adversario político del ex alcalde priísta de Petatlán Rogaciano Alba Álvarez. Según los informantes, el objetivo del ataque era Granados.
El 3 y 4 de mayo pasados, en Iguala y Petatlán, 17 personas fueron asesinadas; la mayoría eran miembros de la Asociación Ganadera del Estado de Guerrero, en ese entonces presidida por Alba Álvarez. Dos hijos de éste murieron en esos hechos y una de sus hijas fue secuestrada y hasta ahora se desconoce su paradero.
Después del ataque a la vivienda, ocurrido al filo de las cinco de la mañana de este jueves, los pistoleros emprendieron la huida rumbo a Zihuatanejo, y en el trayecto abrieron fuego contra varias casas del poblado y de la vecina localidad de San Luis San Pedro.
Posteriormente, en la comunidad Alcholoa, municipio de Petatlán, los agresores se toparon con elementos del Operativo Conjunto Guerrero, y se desató un tiroteo en el que murieron los policías Óscar César Martínez de Paz, de la Federal Preventiva (PFP), Néstor Rodríguez Tinoco y Pedro Mayo Vázquez, de la Estatal Preventiva (PEP).
Cinco uniformados más resultaron heridos, informó Erit Montúfar Mendoza, director de la policía investigadora ministerial (PIM), quien precisó que los más de 40 integrantes del comando se desplazaban en al menos ocho vehículos de lujo.
Informó que las víctimas fueron identificadas como Judith Ávila Ureña, de 37 años de edad; Sonia Ávila Ureña, de 20, y las menores Yameli y Odalis Granados Ávila, de 8 y 12 años. Las asesinadas son esposa, cuñada e hijas de Rubén Granados, El Nene.
Explicó que elementos de PFP, PEP, PIM y otras corporaciones aplicaron un operativo de búsqueda de los agresores, sin embargo, cuando éstos se trasladaban por el punto conocido como Loma del Toro, en territorio de Petatlán, se toparon de frente con los elementos policiacos. En ese momento dio inicio el fuego cruzado en el que tres agentes murieron y cinco más resultaron lesionados. El enfrentamiento provocó pánico entre los habitantes de decenas de pueblos ubicados entre Tecpan de Galeana y Petatlán, y se suspendieron las clases en la mayoría de las escuelas
Además, cientos de ciudadanos no pudieron llegar a sus trabajos en Acapulco y Zihuatanejo, debido a que por varias horas fue cerrado el tráfico vehicular en la carretera federal que une a ambos puertos.
Por otra parte, en Chihuahua, seis personas fueron asesinadas a balazos por sicarios. Además, en Morelia, Michoacán, el Ejército aseguró una casa de seguridad donde presuntamente operaban miembros de la agrupación delictiva La Familia Michoacana, en cuyo interior había un arsenal que incluía granadas y rifles de asalto.
Mientras tanto, la procuraduría de Guanajuato identificó a los cuatro pistoleros que murieron en un enfrentamiento con miembros del Ejército, luego de atacar con una granada de fragmentación una base militar provisional instalada en la feria del municipio de San Francisco del Rincón.
El titular de la dependencia, Daniel Federico Chowell, dijo que se trata de Francisco Vivanco, ex policía de Acapulco; Víctor Contreras Reyes, Miguel Rodríguez y Gerardo Ortiz Reyna.
(Sergio Ocampo, Misael Habana, Rubén Villalpando, Javier Valdez, Carlos Camacho, Carlos García y Notimex)
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