Columna Fuerzas Armadas/Javier Ibarrola,
Cuando el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, en una de sus primeras apariciones públicas en este gobierno (9 de febrero de 2007) aseguró que las fuerzas armadas robustecen al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en suma, a los tres poderes de la unión, los legisladores en torrente pusieron el grito en el cielo y le exigieron “prudencia” al alto mando miliar.
Un año después, tiempo suficiente para que el Poder Legislativo, sobre todo, se abocara a estudiar a fondo el papel de las fuerzas armadas dentro del sistema político nacional, lo único que se escuchó, sobre todo en la Cámara de Diputados, fue una serie de iniciativas —aún pendientes de resolver— encaminadas no sólo a cambiar las leyes fundamentales militares, sino a reducir las misiones que cumple el Ejército para impulsar la identidad nacional en la juventud, en especial aquellas que inciden en el Servicio Militar Nacional.
Por ejemplo, el diputado del PRD Armando Barreiro Pérez insistió en su iniciativa para que un civil estuviera a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, “el anteponer el concepto de ‘ciudadanía’ por encima del concepto ‘militar’, de tal manera que los integrantes del Ejército se conciban como ciudadanos que ejercen una actividad determinada para la cual han desarrollado habilidades específicas y no como parte de una corporación cerrada, endógena, con privilegios, como ocurre en la actualidad”.
De ahí que haya propuesto reformar el artículo 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea para introducir la posibilidad de que sea un civil, hombre o mujer, quien dirija la política de defensa nacional.
También por esas fechas arremetería el diputado del Partido Nueva Alianza Miguel Ángel Jiménez Godínez, proponiendo que se abrogara la Ley del Servicio Militar Nacional, porque actualmente “no es productivo ni cumple con los fines para los que fue creado (…) no debemos caer en el exceso y obligar a nuestros jóvenes que presten tareas para las que no están preparados y no forman parte de la instrucción militar”.
El desconocimiento del tema es supino, aunque hay que recordar que fue el primer secretario de Relaciones Exteriores del foxismo, Jorge Castañeda, quien retiró la cartilla del SMN como documento indispensable para tramitar el pasaporte. Otro ignorante del tema.
Estos aparentes dislates legislativos, jamás respondidos por la Comisión de Defensa de las dos cámaras y en las que figuran algunos militares retirados, demuestran que sigue privando un cierto temor al instituto armado, al que consideran incapaz de participar más activamente en la vida política del país.
De ahí que los legisladores deberían entender la verdadera función de los militares y, más aún, lo evidente que resulta para todo el mundo que cada vez cumplen más funciones que no tienen que ver con defensa nacional, que es su razón de ser, es la misión primordial que les marca la ley orgánica. Deberían recordar también que la propia Constitución, en su artículo 73 fracción XIV, obliga al Congreso a “levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio”.
En el segundo informe anual emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional, el alto mando militar advierte que “las relaciones cívico-militares viven tiempos de cambios sustanciales”. Su aseveración queda ahí para la interpretación.
Si se exigiera una respuesta a la pregunta que encabeza este texto, había que decir que se teme a los militares porque no los conocen… o porque saben de lo que son capaces.
De Imaginaria
Se acumulan las misivas enviadas por militares retirados sobre el tema de la seguridad pública. He aquí un ejemplo: “La seguridad pública, como responsabilidad de las autoridades no existe, debido a que se incrementó la delincuencia, a las condiciones económicas en que se encuentran millones de mexicanos, a la falta de inversión en fuerzas de seguridad y en las fuerzas armadas, ahora, cuando la situación es insoportable y también los ricos están sufriendo las consecuencias, se promueve una marcha manipulada por una señora que está de acuerdo con el más alto responsable de esa seguridad pública, la reacción del gobierno es una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, lectura de una lista de 75 compromisos y como consecuencia de ello, mayor inversión para las fuerzas de seguridad, pero lo más grave es que esa mayor inversión la vamos a pagar todos con medidas que nos llevan a engrosar las filas de la pobreza extrema”. General de División (ret) Carmelo Terán.
www.geocities.com/fuerzasarmadas_mexico
Un año después, tiempo suficiente para que el Poder Legislativo, sobre todo, se abocara a estudiar a fondo el papel de las fuerzas armadas dentro del sistema político nacional, lo único que se escuchó, sobre todo en la Cámara de Diputados, fue una serie de iniciativas —aún pendientes de resolver— encaminadas no sólo a cambiar las leyes fundamentales militares, sino a reducir las misiones que cumple el Ejército para impulsar la identidad nacional en la juventud, en especial aquellas que inciden en el Servicio Militar Nacional.
Por ejemplo, el diputado del PRD Armando Barreiro Pérez insistió en su iniciativa para que un civil estuviera a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, “el anteponer el concepto de ‘ciudadanía’ por encima del concepto ‘militar’, de tal manera que los integrantes del Ejército se conciban como ciudadanos que ejercen una actividad determinada para la cual han desarrollado habilidades específicas y no como parte de una corporación cerrada, endógena, con privilegios, como ocurre en la actualidad”.
De ahí que haya propuesto reformar el artículo 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea para introducir la posibilidad de que sea un civil, hombre o mujer, quien dirija la política de defensa nacional.
También por esas fechas arremetería el diputado del Partido Nueva Alianza Miguel Ángel Jiménez Godínez, proponiendo que se abrogara la Ley del Servicio Militar Nacional, porque actualmente “no es productivo ni cumple con los fines para los que fue creado (…) no debemos caer en el exceso y obligar a nuestros jóvenes que presten tareas para las que no están preparados y no forman parte de la instrucción militar”.
El desconocimiento del tema es supino, aunque hay que recordar que fue el primer secretario de Relaciones Exteriores del foxismo, Jorge Castañeda, quien retiró la cartilla del SMN como documento indispensable para tramitar el pasaporte. Otro ignorante del tema.
Estos aparentes dislates legislativos, jamás respondidos por la Comisión de Defensa de las dos cámaras y en las que figuran algunos militares retirados, demuestran que sigue privando un cierto temor al instituto armado, al que consideran incapaz de participar más activamente en la vida política del país.
De ahí que los legisladores deberían entender la verdadera función de los militares y, más aún, lo evidente que resulta para todo el mundo que cada vez cumplen más funciones que no tienen que ver con defensa nacional, que es su razón de ser, es la misión primordial que les marca la ley orgánica. Deberían recordar también que la propia Constitución, en su artículo 73 fracción XIV, obliga al Congreso a “levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio”.
En el segundo informe anual emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional, el alto mando militar advierte que “las relaciones cívico-militares viven tiempos de cambios sustanciales”. Su aseveración queda ahí para la interpretación.
Si se exigiera una respuesta a la pregunta que encabeza este texto, había que decir que se teme a los militares porque no los conocen… o porque saben de lo que son capaces.
De Imaginaria
Se acumulan las misivas enviadas por militares retirados sobre el tema de la seguridad pública. He aquí un ejemplo: “La seguridad pública, como responsabilidad de las autoridades no existe, debido a que se incrementó la delincuencia, a las condiciones económicas en que se encuentran millones de mexicanos, a la falta de inversión en fuerzas de seguridad y en las fuerzas armadas, ahora, cuando la situación es insoportable y también los ricos están sufriendo las consecuencias, se promueve una marcha manipulada por una señora que está de acuerdo con el más alto responsable de esa seguridad pública, la reacción del gobierno es una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, lectura de una lista de 75 compromisos y como consecuencia de ello, mayor inversión para las fuerzas de seguridad, pero lo más grave es que esa mayor inversión la vamos a pagar todos con medidas que nos llevan a engrosar las filas de la pobreza extrema”. General de División (ret) Carmelo Terán.
www.geocities.com/fuerzasarmadas_mexico
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