Ley antisecuestro, hoy

El Presidente Calderón en el Mensaje sobre la publicación de la Ley General para prevenir los delitos en materia de secuestro

2010-11-30 | Discurso

Ciudad de México

Muy buenos días, señoras y señores.

Líderes sociales.

Especialistas vinculados al tema de seguridad.

Muy buenos días.

Hoy nos congrega un tema de la mayor relevancia, que es, precisamente, la lucha por la seguridad de las familias mexicanas.

La expedición de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, cuya iniciativa presentamos ante el Congreso de la Unión en febrero de este año.

Expreso mi reconocimiento a los legisladores, que analizaron, debatieron y finalmente aprobaron esta trascendental Ley, en especial a los que se encuentran hoy presentes aquí, porque es una ley producto del consenso de las distintas fuerzas políticas.

Ésta es una prueba de que, poniendo por encima el interés de México y de los ciudadanos, es posible llegar a los acuerdos que nos exige la sociedad.

El secuestro es uno de los delitos que más nos indignan, porque ofenden y lastiman profundamente a la ciudadanía. No sólo se trata de la privación ilegal de la libertad de una persona, sino también de un dramático episodio que deja un dolor permanente en la víctima, en todos sus familiares, en todos sus amigos y en el núcleo de la sociedad.

Se trata de un delito perpetrado por criminales sin escrúpulos, quienes con el propósito de obtener dinero no les importa mantener a su víctima en una situación humillante, quitarle la vida, sino que mantienen, además, en un grado máximo de angustia a los familiares.

La bestialidad, la cobardía con la que actúan estos criminales, no debe ser tolerada. Por eso, es urgente poner un alto a quienes han hecho del secuestro su modus vivendi.

El secuestro ha representado un enorme desafío para las autoridades de las entidades federativas. Es también un reto para el Gobierno Federal. Por eso, en estrecha colaboración con líderes sociales, con la sociedad, con los poderes públicos, con las autoridades estatales y municipales, hemos reforzado la ofensiva en contra de este delito.

Precisamente, gracias a la suma de esfuerzos, las autoridades locales y Federales hemos detenido a cerca de tres mil 300 secuestradores y desarticulado más de 600 bandas en estos últimos cuatro años.

De 2007 a la fecha, se han liberado más de cuatro mil 100 víctimas de secuestro en el país. Sin embargo, este delito sigue siendo tema medular de preocupación ciudadana y un reto fundamental y prioritario para todas las autoridades.

Por ello, hoy, que el Congreso ha aprobado esta Ley, y que procedemos a promulgarla con esta fecha, podremos potenciar con ella y articular las capacidades del Estado en el combate al secuestro.

Quiero destacar algunas de las características de la Ley:

Primero. Se endurecen las sanciones. La Ley que se expide establece penas de 25 a 45 años cuando el secuestro se realice con violencia, en grupo o, peor aún, por quienes hayan pertenecido o pertenezcan a instituciones de seguridad pública.

Si la víctima de secuestro fuese privada de la vida, la pena será de 40 a 70 años. Además, la pena de prisión por este delito, algo muy importante, va a ser una pena de prisión definitiva; es decir, no habrá libertad preparatoria, no habrá conmutación de la condena. No habrá ninguna forma de reducir la pena al secuestrador. Los secuestradores purgarán su condena en la cárcel sin beneficios.

Segundo. Se prevé que el delito de secuestro no prescriba; es decir, el secuestro será sancionable sin importar cuánto tiempo haya pasado entre la comisión del delito y la presentación del inculpado ante la justicia.

Tercero. La Ley mejora la coordinación entre las autoridades Federales y las estatales. Se establece con toda claridad los casos en los que los secuestros son de competencia Federal y los que competen únicamente a las entidades estatales.

Además, se establecen mecanismos para una mejor coordinación entre la Federación y las entidades federativas en diversos temas, relacionados con el secuestro, como puede ser la prevención, los criterios para la organización, operación y modernización tecnológica para combatirlo, etcétera.

Los tres órdenes de Gobierno estaremos estrechamente vinculados, a través del Centro Nacional de Prevención y Participación Ciudadana, para conocer las zonas de riesgo, para intercambiar información, para realizar campañas tendientes a prevenir el delito, para establecer relaciones de colaboración con las autoridades competentes y con las organizaciones sociales.

Cuarto. Se fortalece el marco legal de las Unidades Antisecuestro. El establecimiento de estas unidades había sido un compromiso por parte de los gobiernos de los estados, en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

El Gobierno Federal ha ofrecido y ha brindado todo su apoyo para capacitación, que es una clave para la consolidación de estas unidades.

Esta Ley da aún más solidez a la creación de las Unidades Antisecuestro, que ya se están estableciendo en el país, ya que prevé que las Procuradurías estatales cuenten con estas unidades, en las que habrá Ministerios Públicos, policías, peritos, técnicos especializados, y que contarán con requisitos muy estrictos para el ingreso y para la permanencia de todos estos elementos.

De esta manera, se subraya la responsabilidad de los gobiernos locales para que todas las entidades, sin excepción, cuenten con este tipo de unidades funcionando a plenitud.

Quinto. Se apoya a las víctimas y a los testigos de cargo. Aquí permítanme hacer un alto para hacer un reconocimiento a las organizaciones civiles, aquí presentes, porque participaron muy, muy activamente en el enriquecimiento de la iniciativa. Estuvieron muy cerca de los legisladores, compartieron puntos de vista, actuaron en la opinión pública, previnieron muchas insuficiencias que podrían venir de los dictámenes y las iniciativas, y particularmente enriquecieron el tema de apoyo a las víctimas.

Ello es muestra de que podemos avanzar juntos en la construcción de un mejor andamiaje jurídico, que nos permita hacer frente, con mayor eficacia, a la criminalidad.

En este rubro, la Ley que también se expide hoy, contempla la creación de un fondo de apoyo para las víctimas y para los ofendidos por los delitos previstos en la Ley.

Este fondo va a servir, entre otras cosas, para proporcionarles atención médica y psicológica; y también se establecen diversas garantías a las víctimas y a los testigos durante las investigaciones y los procesos judiciales.

Por ejemplo, se prevé que rindan declaraciones sin ser identificados dentro de la audiencia y que participen en careos a través de medios electrónicos.

Sexto. Se incluyen mecanismos específicos para la reparación del daño a las víctimas. Por ejemplo, si ha desaparecido el dinero del rescate, el juez podrá ordenar que se repare el daño con los recursos que provengan del patrimonio de los bienes del propio delincuente y que sean, además, que puedan ser embargados y garantizados en favor de dicha reparación.

México gana con la Ley para Prevenir y Sancionar el Secuestro, que aprobó el Congreso de la Unión y que hoy promulgamos, porque esta Ley permitirá atacar con mayor eficacia y contundencia el secuestro y dotará a los gobiernos estatales de mayores herramientas para hacerle frente a este terrible flagelo.

Señoras y señores.

La falta de acción, la irresponsabilidad, la pasividad, convirtieron a la delincuencia en el desafío más grande que enfrentamos los mexicanos.

El país fue quedándose poco a poco sin instituciones de seguridad y justicia confiables y eficaces para combatir éste y otros delitos. Y por ello, la falta de depuración y reconstrucción continua de estas instituciones, la falta de acción a tiempo, propició que el problema de la criminalidad alcanzara niveles intolerables e inadmisibles para los mexicanos.

Las autoridades encargadas de combatir el crimen no podemos darle la espalda al ciudadano. Nada puede justificar que se abandone a la sociedad a su suerte y, peor aún, que incluso, en algunos casos, las propias autoridades o las propias policías se unan a los delincuentes para extorsionar o para secuestrar. Eso no podía ni puede seguir ocurriendo.

Y por ello, desde el Gobierno Federal nos hemos empeñado en, por una parte, usar toda la fuerza del Estado para proteger a los ciudadanos y, por otra, para reconstruir y fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia.

Hemos encarado con decisión el desafío de la criminalidad, y nos hemos propuesto recuperar la paz y la seguridad ciudadana. Hay quienes afirman que lo mejor hubiera sido no meterse con los criminales; por el contrario, estimo que ese ha sido, precisamente, el error. El error, que proviene de la inacción, de la pasividad y, en ciertos casos, de la complicidad.

La violencia no se terminará ni se reducirá si el Estado se retrotrae, si las autoridades cierran los ojos a esta realidad. Por eso, tenemos un compromiso indeclinable, un compromiso irrenunciable con la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos.

Particularmente, en delitos como el secuestro o la extorsión, seguiremos combatiendo sin tregua ni cuartel a la delincuencia. Seguiremos revisando y depurando nuestros cuerpos policiacos y ministeriales.

Seguiremos mejorando con la tecnología más avanzada del mundo las capacidades de investigación y de persecución de los delitos. Seguiremos trabajando, ahora más que nunca, mano a mano con la sociedad, para poder generar no sólo una cultura de legalidad, sino el entramado, el tejido social que hace falta, precisamente, para prevenir la criminalidad.

Enfrentaremos con firmeza y con decisión a los enemigos de México, a quienes ponen en riesgo la integridad física y patrimonial de los mexicanos y de sus familias. Lucharemos en contra de los que agreden a los ciudadanos más indefensos.

Y estoy convencido, claramente, de una cosa: de que sí se puede vencer a la criminalidad, de que sí se puede someter a los secuestradores, de que sí se puede lograr el México sin violencia al que aspiramos, y sí podemos transformar a México en la Nación próspera, segura, justa y con un mejor futuro, que todos anhelamos.

Con la Ley para Prevenir y Sancionar el Delito de Secuestro, que hoy promulgamos, hemos dado un gran paso en ese sentido, y seguiremos avanzando en la misma dirección.

Nuevamente, agradezco a las señoras y señores legisladores, que esforzadamente llevaron este tema en el Congreso, y a los representantes de la sociedad civil, por su enorme contribución en el proceso legislativo de una ley medular que ayudará, sin duda alguna, a nuestro propósito común de tener, finalmente, un país seguro, a la altura de la dignidad de los mexicanos.

Muchas gracias.