Violencia en Juárez

Sesión en San Lázario 24 de febrero de 2011:

Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es comentarios relativo a los derechos humanos en el estado de Chihuahua, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Tiene la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras, hasta por 10 minutos.
La diputada Leticia Quezada Contreras: Gracias, diputado presidente. Acudo a esta tribuna a nombre de Josefina Reyes Salazar, a nombre de Rubén Reyes Salazar y de Maricela Escobedo, activistas asesinados injustamente. Ellos quisieran estar en este momento protestando.

A nombre de ellos, aquí en la máxima tribuna del país exigimos justicia, justicia para quienes desgraciadamente sus voces fueron apagadas, eliminadas o borradas por atreverse a levantar la voz.
Desgraciadamente sus protestas no serán escuchadas más, nunca, nunca más. Agradezco al Grupo Parlamentario del PRD, a mis compañeras y compañeros diputados, la sensibilidad para con el tema y también agradezco a mi coordinador por el apoyo a esta causa y también por ser coherente con los principios del PRD.
La mal llamada estrategia “Todos somos Juárez” es el sufrimiento de una familia, es lo que ahorita está reflejando la equivocada estrategia “Todos somos Juárez”.
La familia Reyes Salazar lo demuestra. El programa Todos somos Juárez está reprobado, está siendo operado sin sentido, sin visión, a modo de un secretario de Seguridad Pública federal.
El programa fue concebido sin sensibilidad y con arrogancia por parte de la federación. El plan ha sido ineficaz y sus resultados son magros. No se puede hablar de avances cuando el número de homicidios aumentó 25 por ciento en 2010, a pesar de una inversión federal extraordinaria de 3 mil 200 millones de pesos.
Desgraciadamente este plan ha fallado; así da cuenta esta familia. Esta familia a la que le asesinaron a Josefina Reyes Salazar, en enero de 2010; Rubén Reyes Salazar asesinado en agosto de 2010; el 7 de febrero de este año, hace unos días fueron levantados, secuestrados Elías Reyes Salazar, Malena Reyes Salazar, Luisa Ornelas Soto, quien es nuera y parte integrante de esta familia.
¿Por qué tanta saña y odio hacia esta familia? Pregunto, ¿por qué estas injusticias? Sigo preguntando, ¿por qué la familia Reyes Salazar? Esa familia es conocida en el valle de Juárez por sus aportaciones a la vida cultural y social. Colaboraron ampliamente en las gestiones que derivaron en la fundación del Colegio de Bachilleres; han participado en la defensa de los derechos de las mujeres que trabajan en las maquiladoras, y encabezaron la exitosa lucha en contra del tiradero nuclear de Sierra Blanca.
Ellos han denunciado los feminicidios en Ciudad Juárez, son activistas, son defensores de derechos humanos. En los  últimos años han denunciado los abusos de militares en Chihuahua y se han manifestado contra la desaparición forzada de personas, ocurridas en el estado a raíz de la guerra contra el narcotráfico.
La denuncia de estos casos que les menciono de los asesinatos y los levantones de los miembros de esta familia fueron desestimados tanto por la Procuraduría General de la República como por la Fiscalía local. Ni siquiera el subprocurador de Justicia del estado de Chihuahua les ha hecho caso. Apenas el martes, el gobernador César Duarte ha recibido a la familia Reyes Salazar; pero todavía ellos no saben el seguimiento de las investigaciones de sus familiares. Lo que piden y lo que exigen es que sean regresados con vida.
Esas agresiones ponen en riesgo la vida y la integridad de toda la familia. Lo que pedimos y exigimos es que se investigue a fondo, que se dé el paradero de las personas desaparecidas y que se encuentre a los responsables.
Es una familia defensora de derechos humanos. Es un ejemplo de lo que está pasando en Ciudad Juárez, que si no los vemos y si no los protegemos es una familia que terminará siendo eliminada.
Esta familia quisiera tocar los corazones de los diputados y de las diputadas. Iniciaron una huelga de hambre desesperados, desolados, con la finalidad de exigir que se devuelvan con vida a Malena, a Elías y a Luisa.
El martes 8 de febrero comenzaron esta huelga de hambre a pesar de las duras condiciones en el estado de Chihuahua, de las condiciones climáticas; sin embargo, le quemaron la casa a la señora Sara Salazar. Su casa fue quemada. Ella es la madre de los jóvenes asesinados y de la familia secuestrada. También quemaron la casa de Malú García Andrade, presidenta del grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, A.C. igual también, defensora de derechos humanos, defensora y activista en Ciudad Juárez.
Ante tantos atropellos, el 15 y el 16 de febrero de este mismo año, la familia Reyes Salazar decidió llegar al Distrito Federal. Desde el 15 y 16, diputadas y diputados están en huelga de hambre y en un plantón permanente a las afueras del Senado de la República, a un costado del Senado. Un plantón, quién sabe, tal vez indefinido, porque ellos dicen que tienen la convicción que seguirán luchando por la vida de sus familiares, y por supuesto que nosotros les estaremos ayudando.
Hemos dicho una y otra vez, la estrategia contra el narcotráfico es un error, es una guerra que está equivocada y que está siendo perdida. Yo le pregunto a Felipe Calderón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué espera para actuar, para despertar del sueño aletargado en el que se encuentra? ¿Qué espera si Ciudad Juárez es considerada la urbe más violenta de México? Durante el primer mes de este año, fueron asesinadas 210 personas. Esto, aunado a los feminicidios; primer lugar en feminicidios.
Basta, compañeros, compañeras. Levantemos la voz, 3 mil 100 homicidios en Ciudad Juárez. ¿Esto no nos hace despertar acaso? ¿Qué pasa Felipe Calderón para cambiar a Genaro? ¿Qué espera para cambiar a Genaro García Luna? Que sólo ha demostrado indiferencia o visión e incompetencia. Sus disque operativos en contra del narcotráfico, más bien cuando salen a las calles siembra terror. La gente vive en este país con terror. Lejos de que ayudan a la gente, se siente más insegura. Se les han otorgado millones y millones de pesos y hay nulos resultados. Es el sexenio más sangriento que hemos tenido.
¿Qué espera Calderón para correr a Genaro García Luna? Cuando es el responsable de que nuestro país esté hundido en baños de sangre. Cuando no da resultados que es más claro esta familia que está siendo y que llegó a la Ciudad de México.
Varios estados ya han cambiado a sus secretarios de seguridad. Por tanto, exigimos la renuncia de Genaro García Luna. ¿Por qué? ¿Por qué Felipe Calderón? ¿Por qué? ¿Por qué Genaro García Luna es intocable para este gobierno? Es una respuesta que tiene que dar de frente a la sociedad.
¿Qué pasa cuando tenemos un secretario que organiza shows mediáticos? ¿No recordamos el caso de la francesa? Es el centro de los reflectores por su incompetencia y corrupción, que genera impunidad y que nos tiene hundidos en una violencia diaria. ¿Qué pasa Calderón? ¿Qué le has hecho al país? ¿Qué le ha pasado a los activistas defensores de derechos humanos que han sido asesinados, levantados y callados? Si los han callado y la difusión del miedo, eso sí es lo que saben hacer, pero no saben defender a activistas humanos.
¿Qué pasa con Genaro y con el dinero que se le ha otorgado en contra del narcotráfico? Él lo reconoce. Cito: “hoy Chihuahua para México representa casi el 30 por ciento de los homicidios de todo el país”. Lo reconoce, compañeras y compañeros, ¿qué ha hecho? Solamente ha dejado muerte; muerte y más muerte en este país.
Soy la voz de una madre desesperada que pide ayuda, doña Sara Salazar. Está desesperada. Cito textualmente: “Hace pensar en una complicidad de los criminales y los agentes de seguridad del gobierno. ¿Qué nadie puede hacer algo? ¿Qué nadie me puede ayudar? ¿Qué más puede decir una madre desesperada que le han acabado a su familia? ¿Qué acaso no tenemos sensibilidad en este país, y en este grupo, y aquí en los diputados?”.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.
La diputada Leticia Quezada Contreras: Por la familia Reyes Salazar, exigimos y pedimos justicia, justicia en este país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Cora Pineda Alonso, por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Gracias, diputado presidente. Con su permiso. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores.
En 2008 el presidente Calderón manifestó que la prioridad del gobierno era la seguridad de los ciudadanos, y declaró en una de sus primeras visitas a ciudad Juárez, que los juarenses y sus autoridades no estaban solos en la batalla para lograr que esta localidad se convierta en la ciudad segura que todos anhelamos.
Por ello, el gobierno federal ha estado y seguirá estando con todo el apoyo. A tres años de ello, y tras la implementación de estrategias como: “todos somos Juárez”, que incluyó 160 acciones en los temas de economía, empleo, salud, educación y desarrollo social, dirigidas a atacar la violencia y reconstruir el tejido social y del reciente plan de seguridad que la Secretaría de Gobernación anunció que para depurar a la policía local y mejorar la coordinación entre corporaciones, la realidad está muy lejos de que se cumplan las promesas y compromisos hechos.
Hoy ciudad Juárez ese el ícono de la violencia y la crisis de inseguridad que golpea al país como resultado de la lucha contra el crimen organizado. La presencia de más policías y militares no ha logrado abatir la inestabilidad social.
Los más de 3 mil asesinatos y lo que llama el gobierno “efectos colaterales de esta batalla, son verdaderamente alarmantes”.
Los habitantes de ciudad Juárez se encuentran entre la violencia relacionada con el tráfico de drogas y violaciones a las garantías fundamentales cometidas por las Fuerzas Armadas, la mayoría de ellas impunes.
Señala el informe elaborado en 2010 por la Oficina en Washington para los Asuntos Latinoamericanos: la situación de inseguridad en la región es tan alta que paradójicamente, alrededor de 230 mil personas abandonaron la ciudad desde que el gobierno federal implementó el Operativo Conjunto Chihuahua.
De la misma manera, las cifras tampoco logran describir a plenitud otras muertes que recorren las calles de la ciudad: femenicidios, ejecuciones de jóvenes a manos de la delincuencia organizada y también de las fuerzas del orden llamadas a garantizar la seguridad en el territorio; miles de asesinatos de migrantes anónimos en su recorrido final a Estados Unidos.
Y es en este crudo escenario que casos como el que hoy nos trae a esta tribuna acontecen sin ninguna respuesta: el asesinato de Josefina Reyes en enero de 2010, activista y defensora de derechos humanos y la posterior persecución de la que ha sido protagonista su familia, que incluye entre otras cosas la ejecución de uno de sus hermanos, siete meses después de su muerte; el secuestro en febrero pasado de su cuñada y otros dos hermanos y el acoso que ha sufrido Sara Salazar, su madre. Están también el brutal asesinato de Susan Chávez, la ejecución de Maricela Escobedo Ortiz, por mencionar algunos más.
Todos ellos, muestras claras de que ser periodista o defensor de derechos humanos en México es igual a ser víctima de abuso, tortura, homicidio, levantones, actos de acoso y detenciones arbitrarias.
Compañeras y compañeros legislaciones: ¿Cuántos defensores más tendrán que ser amenazados, secuestrados o asesinados para que el gobierno adopte las medidas necesarias para garantizar su seguridad y conceda de una vez la importancia que merecen las recomendaciones de organismos internacionales?
Quienes integramos el Grupo Parlamentario Nueva Alianza coincidimos en que resulta decisiva la creación de un mecanismo de protección efectivo que incluya funciones de prevención, protección e investigación, que sea de jurisdicción federal y que cuente con suficientes recursos e independencia.
Si el gobierno tiene la intención de diseñar un mecanismo de protección que realmente funcione, las organizaciones de derechos humanos deberán participar en todos los aspectos de su diseño, implementación y seguimiento.
¿Cómo no hacerlos partícipes si son ellos quienes están sufriendo junto con la sociedad en su conjunto las consecuencias de Estado de violencia agravado? Es indispensable recuperar la confianza de la población. Las estrategias están ahí, sin embargo, si no se implantan acciones claras que se materialicen en la vida diaria de las personas, no avanzaremos.
Combatir los abusos y proteger los derechos de quienes dedican su vida a alzar la voz y visibilizar los abusos, los crímenes y los actos de corrupción e impunidad es condición necesaria de una política de seguridad firme. Sólo así empezaremos por hacer que la premisa Todos somos Juárez sea parte de una realidad y no de un discurso más.
Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputada. Tiene la palabra la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Partido del Trabajo.
La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún: Buenas tardes. Efectivamente, el programa Todos Somos Juárez, se instrumentó aproximadamente hace un año, en esta ciudad del norte de nuestra patria.
Se constituyó de 160 acciones o compromisos, dentro de los cuales sólo cinco son de empleo, 11 de economía, 12 de seguridad y un sinnúmero de educación, cultura y deportes, que tienen más que ver con arreglas una cancha, varias veces la misma cancha y hacer una página web y desarrollar caravanas y comprar 24 o 30 camas para un hospital, contratar a 10 psicólogos. De eso está constituido el programa Todos Somos Juárez.
Lo importante de este programa es que costó en un año 3 mil 383 millones de pesos. Es uno de los programas más costosos que hay en este país; sin embargo, sería importante hacer una evaluación de qué ha pasado con el programa Todos Somos Juárez.
Sara Salazar, Josefina Salazar, Rubén Salazar, Malena Salazar, Elías Salazar, Luisa Ornelas, ellos son Juárez, ellos y ellas son verdaderamente Juárez y los miles y miles de muertos en Ciudad Juárez, más de 3 mil muertos en Ciudad Juárez en un promedio de uno por cada millón de pesos que se gasta el gobierno federal en Ciudad Juárez.
No se ha resuelto el problema de seguridad en esa ciudad; no se ha resuelto el problema de seguridad en el estado de Chihuahua y no se ha resuelto el problema de seguridad en el país.
Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo exigimos el alto a la militarización del país; exigimos la construcción de una verdadera estrategia de seguridad, que contenga como elementos fundamentales una política de desarrollo social integral, el respeto irrestricto a los derechos humanos, que se termine con el fuero militar, cuando éste es sólo un instrumento para proteger a asesinos, a violadores y a secuestradores, que se amparan en un uniforme.
Exigimos, igualmente, la presentación con vida de la familia Reyes Salazar; exigimos el fin de la impunidad y el castigo a los responsables de quienes han ensangrentado a Ciudad Juárez y al estado de Chihuahua.
El día de hoy, Día de la Bandera, día en que todos nos ponemos patrióticos y que hay incluso quienes se ofenden cuando se le pone un moño negro a la Bandera de México. Sería importante que recordáramos que esa bandera, esa tela que representa, representa a la patria y en ese sentido, tendríamos que recordar dónde está la patria, en qué reside la patria.
¿Por qué nos ofendemos con esto y no nos ofendemos con el baño de sangre que está llenando a todo nuestro país? ¿Cómo no se ofenden por 35 mil muertos? ¿Cómo no se ofenden por las mujeres y los niños violados, lastimados, asesinados? ¿Cómo no se ofenden por las familias desechas? ¿Cómo no se ofenden por la destrucción del territorio nacional, cómo no se ofenden porque el narco controla el país? ¿Cómo se ofrenden porque controla gran parte de los gobiernos, desde el federal hasta algunos de los estados? ¿Cómo no se ofenden por eso y sí se ofenden por un moño negro en una bandera, un 24 de febrero?
Realmente quienes representamos al pueblo tenemos deberes superiores, tenemos que exigir desde esta tribuna no más sangre, no más muerte. Sí queremos la seguridad, pero no por encima de los derechos humanos y no por encima de la destrucción de la patria.
Exigimos desde aquí la presentación con vida de las familias Reyes Salazar y de todos los secuestrados. Que el crimen no pase, que el crimen sea detenido. No más sangre.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el señor diputado Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Pablo Escudero Morales: Gracias, señor presidente.
Sin duda alguna, cada vez son más las violaciones a los derechos humanos. Sin duda alguna, se manifiesta y se registra un ataque y una persecución a los activistas en derechos humanos, a los defensores de la ciudadanía; a las ONG, a los que luchan sin interés alguno y su única misión es velar por los derechos humanos.
Casos son muchos, todos igual de importantes, pero las oportunidades de intervenir de manera ágil, eficiente y eficaz son pocas. Estamos a tiempo de levantar la voz y exigir que se le dé atención inmediata a la activista Maricela Reyes Salazar. Es necesario conocer a detalle qué fue lo que sucedió con esas medidas cautelares que fueron solicitadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Maricela denunció una red que opera en el estado y que se dedica a la trata de personas. La historia de Maricela todos la conocen; viene de una familia luchadora por los derechos humanos. Su hermana Josefina fue asesinada el 3 de enero de 2010, al poco tiempo también lo fue su hermano Rubén. Hace algunos días la casa de su madre, Sara, fue incendiada.
Maricela exige la presentación de sus familiares; de su hermano; de su hermana, de su cuñado. Ella, de manera valiente nos dice que a pesar de todo esto no piensa abandonar este país.
Maricela ha emprendido  un ayuno en el Senado de la República, una huelga de hambre para exigir la libertad de su familia, pero no sólo eso; Maricela en momentos difíciles también piensa en el país, también piensa que es necesario detener la violencia.
Estamos a tiempo de encontrarlos, estamos a tiempo de actuar con la rapidez que se actuó en el caso del servidor público estadounidense que fue asesinado. Ahí sí actuamos de manera rápida. Estamos a tiempo de hacer lo mismo.
Maricela dice que el gobierno federal es quien ha creado este monstruo –así lo llama ella- y la verdad de las cosas es que todos tenemos una responsabilidad en este tema. La falta de educación, la falta de trabajo y la falta de seguridad social, son sin duda los reactivos que llevan a esta violencia.
No podemos dejar de hacer la reflexión porque así lo pide Maricela. La primera reflexión es Juárez. El Ejecutivo, acompañado de gran parte de su gabinete, se instaló en Juárez para presentar el plan: Todos somos Juárez; reconstruyamos la ciudad. Buscaba revertir el fracaso de los proyectos anteriores. ¿Cuáles fueron los resultados? Las jornadas más violentas de la historia en Juárez.
El presidente se trasladó a Juárez, dejó ahí a un integrante importante de su gabinete, al señor Vivanco a resolver este problema y ¿cuáles son los resultados? Jornadas que en el 2010 arrojan un balance de más de cuatro mil 500 asesinatos en Juárez. Ahora nos vuelven a decir que buscan revertir una vez más la estrategia que ya vimos que no funciona. Estrategia fallida a la cual nos hemos referido en múltiples ocasiones.
Otra reflexión obligada, sin duda alguna son aquellos diálogos por la seguridad a la que acudimos casi todos los grupos parlamentarios. La pregunta es ¿qué se obtuvo de esos diálogos? ¿Qué se obtuvo de esa buena voluntad de acudir a expresar en qué sí estábamos de acuerdo y en qué no? Lamentablemente no se ha obtenido nada. Lamentablemente ha sido un monólogo sin sentido.
Pareciera, pareciera que la única estrategia dentro de estos diálogos fue la mediática. Fue la de obtener tiempo y legitimación. ¿Qué nos ha dado el gobierno a cambio? Según los datos oficiales, mas de 35 mil muertos de los cuales 15 mil 273 se presentaron en el 2010. Es decir, más de mil 200 asesinatos mensuales. ¿Cómo puede hablar el gobierno de una mejoría?
Nosotros hemos insistido y lo seguiremos haciendo en nuestras propuestas. Es necesario la implementación del mando único estatal urgente y sin demora alguna. Es necesario también un sistema de evaluación real, certero y consensuado que sirva para la medición y la toma de decisiones. Y es necesario también atender el informe del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura, así como la Recomendación número 18 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Florentina Rosario Morales, del PRD, hasta por cinco minutos.
La diputada Florentina Rosario Morales: Buenas tardes, compañeros diputados. Basta ya de represión a la familia Reyes Salazar. En éstos últimos días integrantes de una familia que está viviendo en permanente angustia y temor, viajaron a más de dos mil kilómetros desde su natal Valle de Juárez En Chihuahua a la capital del país.
El objetivo de tal viaje no es otro que exigir justicia y frenar la ola de asesinatos y desapariciones forzadas que en estos meses se han intensificado en torno a la familia de activistas y defensores de los derechos humanos.
A la cabeza de la comitiva se encuentra la señora Sara Salazar, de 76 años, la cual es madre de los hermanos Reyes Salazar, quien ante la insensibilidad del gobierno estatal de Chihuahua y del gobierno federal, ha resuelto trasladar una huelga de hambre a las afueras del Senado de la República, que junto con sus hijos Maricela y Saúl mantenían a las afueras de la fiscalía estatal de Chihuahua.
Con esta nueva determinación, la familia busca llamar la atención para que el Poder Legislativo se sume a la exigencia de la presentación, con vida, de Elías y Magdalena, además de Luis Ornelas, hijos y nuera, respectivamente, de doña Sara, detenidos y desaparecidos el pasado 7 de febrero.
¿Por qué tanta saña contra la familia Reyes Salazar? En México, defender los derechos humanos, manifestar la inconformidad ante las políticas públicas o intentar si quiera la más mínima democratización de las instituciones, repercute en graves consecuencias para los opositores al régimen y para sus círculos más allegados como colegas de las organizaciones, amigos y familiares, inmediatamente se vuelve presa de la vigilancia y del acoso gubernamental.
La familia Reyes Salazar, además de atender una panadería, la cual es el negocio familiar, son un referente de la lucha social en el Valle de Juárez y en la entidad norteña de Chihuahua, son pioneros en exigencia en el esclarecimiento de los feminicidios, sobre todo Josefina, hija de doña Sara, y quien fuera asesinada a principio del 2010.
Los Reyes también tuvieron una participación fundamental en contra del tiradero nuclear de Sierra Blanca, y ni se diga del apoyo humanitario que brindan a los migrantes en su paso al país vecino, y aún más de resaltar, son las movilizaciones que organizan para la elevar la calidad de vida de las colonias marginales y municipios aledaños a la Ciudad Juárez, a través de las cuales exigían agua entubada, la electrificación, la regularización de los predios, entre otros tantos reclamos. Ésos fueron los delitos que ahora están pagando los Reyes Salazar.
La osadía de contrariar a los gobernantes se ha traducido para esta familia activista en una ola de violaciones a sus derechos más elementales como el derecho a la vida, a la seguridad y, claro está, acompañada de tales violaciones, el de la ya acostumbrada impunidad.
La violación en contra de la familia Reyes Salazar ante un recuento de los hechos, podemos deducir que lo que se busca es ir acabando uno a uno de los miembros de esta familia activista.
En el 2009, Juan Manuel, hijo de Josefina Reyes, es asesinado. En este mismo año apresan a Miguel Ángel, otro hijo de la señora Josefina, lo acusan de pertenecer a una banda delictiva. El 3 de enero de 2010 asesinan a Josefina Reyes, quien fue durante una década un símbolo de lucha en contra de los asesinatos ocurridos en el valle de Juárez.
El 16 de agosto de 2010, es igualmente asesinado Rubén Reyes, hermano de Josefina; el 7 de febrero de 2011, son detenidos y desaparecidos Elías y María Magdalena Reyes Salazar, además de Julisa Ornelas, esposa de Elías.
El 16 de febrero de 2011, es incendiada la casa de la madre de los activistas Salazar, al igual que la casa de Malú García, quien es presidenta de la Organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que lucha por castigar y poner fin  a los feminicidios en Ciudad Juárez.
La familia Reyes Salazar está en la capital de la república y vienen a exigir justicia y la presentación con vida de sus otros integrantes desaparecidos contra su voluntad. Vienen a exigir que se cumpla con el pedido que hace la Comisión de los Derechos Humanos.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Concluya, ciudadana diputada.
La diputada Florentina Rosario Morales: Que para que se esclarezcan toda esa serie de violaciones a sus derechos, ahora después de una larga travesía están tocando las puertas de este Congreso de la Unión.
Es menester intervenir ante las mayores muestras de ausencia del Estado. En aquella región del país es prioridad garantizar el derecho fundamental de la vida, a la integridad física, mental, no solamente a la familia Reyes Salazar, sino a todos y cada uno de los ciudadanos, principalmente a sus derechos humanos. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
La diputada María Antonieta Pérez Reyes: Con su venia, señor presidente. Algunas voces actualmente intentan de manera sistemática, devaluar el combate al narcotráfico, argumentando principalmente la violación de los derechos humanos. Nada más alejado de la realidad.
El flagelo del narcotráfico y el crimen organizado representa para la sociedad una de las más terribles amenazas jamás vistas en la historia de nuestro país. Resulta indispensable contrarrestar y apagar su tremenda capacidad de violencia con la fuerza del Estado mexicano.
Hay quienes en lugar de buscar de manera urgente un esquema jurídico que facilite la colaboración del Ejército con los gobiernos estatales, proponen que éstos con su experiencia, formación y disciplina, en lugar de estar al servicio de los mexicanos, se mantengan ajenos a la problemática.
Al crimen organizado no se le puede combatir con los cuerpos policiacos municipales o estatales, porque esas estructuras débiles, improvisadas y corrompidas, no están en posibilidades de apoyo a la comunidad.
No obstante el gran esfuerzo del Estado mexicano para combatir la delincuencia, no se ve el mismo trabajo en los estados.
Tal vez esa falta de colaboración y eficiencia de los gobernantes, sobre todo priistas, se debe a lo que ayer el ex presidente de Nuevo León,  Sócrates Rizo, confesó con imperdonable cinismo, que los pasados presidentes de la república emanados del priismo controlaban y repartían el país a los grupos poderosos de narcotráfico, con el pretexto de no perturbar la paz. Qué terrible declaración, qué cinismo de hombre y qué vergüenza de político.
Señor Sócrates Rizo, la paz social incluye, entre otras muchas cosas, proteger a nuestros jóvenes y nuestros niños del peligro de las drogas, incluye también cuidar la salud pública. Eso es parte de la paz social, señor.
Lo que dijo Sócrates Rizo no es novedad. A todos nos ha quedado claro que los presidentes priistas controlaban el crimen organizado. De esto da clara información el reporte emitido por la procuraduría suiza en el caso de los hermanos Salinas de Gortari.
Pero algo que no dijo Sócrates Rizo es cuánto, cuánto cobraron esos presidentes por ceder el control del país al narcotráfico. Algo que no ha dicho es cuántos millones de dólares cobraron todos y cada uno de los gobernantes priistas que, bajo el cinismo del mismo criterio, por 70 años concesionaron los estados a los cárteles del crimen organizado.
Como diputada le exijo al señor Sócrates Rizo que nos diga cuánto cobró él por concesionar su estado al crimen organizado. Hoy entiendo por qué Monterrey es uno de los estados más ensangrentados por el crimen organizado y el crimen del delito común.
El estado de Chihuahua desde hace más de 40 años ha visto entre su comunidad empresarios que lavan dinero y narcotraficantes poderosos. Nada sucedió. El estado de México, arropando a los principales capos mexicanos.
Nos queda claro, señor Sócrates Rizo, que parte de la herencia de su gobierno que recibieron los mexicanos de ese estado de Nuevo León fueron los pactos que usted hizo con los criminales que hoy azotan esa noble entidad.
Los mexicanos no hemos luchado solamente para tener elecciones democráticas; hemos luchado también y seguiremos luchando para sacar de las calles a los criminales, pero también seguiremos luchando para sacar a los criminales de la política, a los criminales de los puestos de representación popular, a los criminales que, bajo el cobijo de la voluntad ciudadana, se atribuyen de manera inmoral el pacto y la comercialización de la paz social de los mexicanos. Ése es el verdadero cambio que México necesita: hombres y mujeres valientes que hoy se jueguen hasta el capital político por hacer lo correcto, lo que México necesita, lo que México debió haber hecho desde hace 70 años: combatir a los criminales y a los enemigos de esta nación. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Jaime Flores Castañeda, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
El diputado Jaime Flores Castañeda: Compañeras y compañeros diputados, un elemento más de la violencia que envuelve al país y que agobia a las familias mexicanas lo constituye la persecución y los ataques a defensores de los derechos sociales y humanos en distintas partes del país.
Nuevamente el norte de nuestra nación es sede principal de estos reprobables actos. En las últimas semanas hemos atestiguado la muerte y la agresión a diversos actores ciudadanos que han tenido el valor de levantar la voz para hacer valer sus derechos y los de todos nosotros.
Es evidente que hemos fallado como estado y como autoridades en proteger su vida, su patrimonio y su dignidad; incluso fallamos como conciudadanos en acompañarlos en esta cruzada.
El caso de la señora Marisela Escobedo y su hija Marisol Frayre Escobedo, y más recientemente el caso de la familia Reyes, que acumula un catálogo de agravios por todos conocidos. Aquí me detengo para decirles que el martes pasado acudió personalmente mi gobernador, César Duarte Jáquez, con la familia Reyes. Estuvo dialogando, platicando y atendiendo el asunto de manera personal.
Los defensores de derechos humanos no han hecho más que mostrarnos un camino donde ellos buscan y sacan adelante la dignidad, el valor y su entereza. Ciudadanos que toman la responsabilidad en sus manos y rebasan, incluso a las autoridades, mostrando que sí es factible hacer un frente común contra la delincuencia en todas sus formas.
Vivimos tiempos y procesos de violencia que rebasan, en mucho, nuestra capacidad de asombro, pero aún más grave, que rebasan nuestra capacidad de protección, con la oportunidad, la eficiencia y la responsabilidad que nos demandan por las amenazas y persecución de que son objeto.
Sumo por igual a los periodistas, que enfrentan situaciones similares, que tardíamente reciben el acompañamiento que las autoridades están obligadas a proporcionarles, en ocasiones, con resultados lamentables.
Señoras y señores diputados, la violencia en todas sus formas nos desborda. La capacidad de delinquir, de transgredir los marcos sociales y las reglas más elementales de vida y convivencia civil no son frontera para quienes atentan contra la seguridad de los mexicanos y de nuestras instituciones.
Es urgente aplicarnos a fondo; el avanzar más rápido que los delincuentes y agresores. Es urgente que exijamos instituciones policiacas más efectivas y con mayor capacidad de respuesta en éstos y en todos los casos. Ahí están los recursos autorizados por esta soberanía para fortalecer la seguridad pública local, en todo el país.
Sin una acción preventiva que resulte efectiva, sin la procuración de justicia, el abatimiento de la brutal tasa de impunidad en que vivimos los ciudadanos no será posible. Deberemos seguir enfrentándonos, en la indefensión, contra quienes atentan contra nuestra seguridad y paz.
No habrá acción de gobierno que alcance los mínimos resultados si carece del apoyo y participación de la ciudadanía; pero tampoco ésta se hará a cabalidad mientras no logremos construir un escudo efectivo de protección para quienes asumen la avanzada en esta guerra frontal contra la delincuencia.
Quiero también manifestar a la diputada que me antecedió que aquí se asuman las responsabilidades, si las hay; pero también quiero señalar que si hay pruebas, que acuda al Ministerio Público y ella las señale. Asimismo, negamos ser parte de una tolerancia en esta materia. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. En la segunda ronda tiene en primer lugar la palabra, la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, de Convergencia, hasta por 5 minutos.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, señoras y señores diputados, la situación actual que vive el país de violencia, persecución, pero lo más grave también, de impunidad, de una violación constante a los derechos humanos.
Pero, ¿cuántas veces más Ciudad Juárez será el lugar donde se presenten los hechos más violentos, acciones en contra de los ciudadanos, acciones que violentan los derechos fundamentales de los juarenses?
De las mujeres: ¿cuántos feminicidios más? De los niños: ¿cuántos niños sin tener a sus padres? De los jóvenes: ¿cuántos jóvenes se les va a asociar, una vez más, que pertenecen al crimen organizado o que están vinculados con el narcotráfico? Simplemente por ser señalados o simplemente para justificar un hecho que viene a señalarnos y decirnos que no se debe atentar más contra la vida de los ciudadanos de Ciudad Juárez. Asimismo, ¿cuántos migrantes? Más de 35 mil asesinatos.
Y aquí se han señalado y se han dado cifras. Pero, ¿qué se hace? ¿Cuál es la respuesta y la atención del gobierno federal? ¿Cuál es la respuesta y la atención de un gobierno estatal? ¿Y cuál es la respuesta y la atención de un gobierno municipal?
Aquí, todos, si no son unos, son otros los que se echan la bolita, pero no hay una atención a un problema serio, a un problema grave. ¿Cuántas veces más se van a callar las voces de activistas que han señalado que se violan las garantías constitucionales, sus derechos humanos? ¿Cuántas veces más tenemos que escuchar nombres como el de Maricela Reyes Salazar? ¿Cuántas veces más haremos uso de la voz en esta tribuna para señalar que no se debe violentar más los derechos humanos de los mexicanos? ¿Y cuántas recomendaciones más de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Pero más allá de las fronteras de la Corte Interamericana  de los Derechos Humanos, ¿cuántas veces más?
Señoras y señores diputados, tenemos un gran compromiso con la nación. Tenemos que no quedarnos callados, pero no nada más haciendo exhortos y haciendo llamados. Esto va más allá de simple ocasiones de subir a tribuna y señalar lo que está sucediendo en Ciudad Juárez. Nuestro país no merece estar en esa situación ni en esa condición.
No podemos permitir más, que todas las fuerzas del narcotráfico y de la delincuencia organizada, sean simplemente lo que sea parte de nuestro discurso.
Y que tampoco, que todas las acciones y presupuestos mayoritariamente sean destinados para ése problema. ¿Por qué no preocuparnos por la educación? ¿Por qué no preocuparnos por fomentar el desarrollo económico de este país? ¿Por qué tiene que ser siempre la violencia? ¿Por qué tiene que ser siempre la violación a los derechos humanos?
Todos unidos debemos de estar en contra de este flagelo, en contra de esta violación constante a los derechos humanos. Todos aquí somos promotores de su defensa. Todos aquí somos promotores de respetar esas garantías individuales.
Hagamos, pues, un seguimiento puntual de todos estos señalamientos. Vamos, todos juntos, con nuestra buena voluntad, con nuestro querer a México, a exhortar al gobierno federal a que vea, a que garantice la seguridad que todos los mexicanos necesitamos y tenemos derecho a ello.
No más violencia en Ciudad Juárez. Es mentira que todos hoy digamos que somos Juárez cuando vemos que en Juárez es donde se dan las violaciones más grandes y la violencia más grande contra la sociedad.
Sí, todos tenemos que ver porque Ciudad Juárez aparezca en el escenario de este país, pero aparezca, siempre, con una mejor calidad de vida y garantía y respeto de todos los ciudadanos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT. Me permito enviar un saludo muy afectuoso a un grupo de estudiantes de bachillerato del Instituto, La Paz, de Puebla, A.C., quienes fueron invitados por la diputada Blanca Estela Jiménez Hernández. Sean ustedes bienvenidos a este recinto. Adelante, diputado Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeros diputados, compañeras diputadas, escuché con mucha atención todas las intervenciones, particularmente el posicionamiento de Acción Nacional.
A quien de Acción Nacional no le quede el saco, que no se lo ponga, pero me llamó la atención que no hubo un solo señalamiento al asesinato de Josefina Reyes Salazar. Una sola mención. Es el tema, y se fue a hablar del narco y de la mal llamada guerra contra el narco, que Calderón dice que no dijo porque tiene lagunas mentales por un problema que trae arrastrando.
Me parece muy grave, además que no leen el libro que les regalé, sí Anabel Hernández lo documenta que los presidentes del PRI tenían el asunto del control y de los acuerdos con los narcotraficantes, se documenta desde los cincuentas y que con Fox y con Calderón llegaron directo a la Presidencia y que Calderón está vinculado al grupo de El Chapo Guzmán.
Dice Acción Nacional que va a ir contra los delincuentes que estén en el gobierno. Tienen dos grandes candidatos: Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa y Genero García Luna que deberían de estar en la cárcel. Vinculados a grupos de secuestradores García Luna y, los dos, vinculados al grupo de El Chapo Guzmán.
Pero no les creo lo que dijeron en tribuna, porque dijeron que se iban a bajar el 10 por ciento del sueldo y no han promovido ninguna iniciativa, cuando nosotros propusimos que era 50 por ciento.
Pero volviendo al tema. No sólo al PAN sino tampoco a la cúpula del PRI se les mueve una pestaña con lo que se está denunciando de la tragedia en torno a la familia Reyes Salazar. Es gravísimo lo que se está diciendo y no pasa absolutamente nada.
Les voy a decir cómo se tendría que apellidar la familia Reyes Salazar, o más bien, qué nacionalidad tendrían que tener para ser atendidos. El 15 de febrero fue asesinado un agente especial de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos en San Luis Potosí.
Este agente que fue asesinado, de apellido Zapata, en ocho días, ayer ya tienen supuestamente a los responsables. No sé si sean los responsables o no porque ya ven cómo se las gasta García Luna, quien inventa todo; pero en tan sólo ocho días ya están detenidos los presuntos responsables del homicidio de este agente de Migración, que seguro es de la CIA, no entiendo qué hace un agente de migración en San Luis Potosí si era de Aduanas de los Estados Unidos, porque se han metido hasta la cocina.
Esto sí lo resuelven, pero hace un año que fue asesinada Josefina Reyes Salazar y nada, y todo lo que aquí se ha dicho: familiares secuestrados, quemada su casa, amenazada la familia, viven un verdadero infierno en vida y no hay ni un solo compromiso de detener todo este acoso, toda esta represión, toda esta violencia criminal que viene desde los más altos círculos del ejercicio del gobierno.
Vuelvo a insistir, compañeros diputados y compañeras diputadas, que de lo que deberíamos de estar hartos es de la simulación. Cómo se viene aquí a hablar de justicia cuando los principales delincuentes gobiernan este país. Cómo se viene aquí a hablar de honorabilidad cuando están sumiendo a la nación en un baño de sangre brutal y cuando familias como la de Reyes Salazar se tienen que desplazar hasta la Ciudad de México, hacer un sacrificio enorme no sólo del desplazamiento sino una huelga de hambre sólo para exigir justicia.
¿Tienen que matarlas a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua para que sean atendidas o a las puertas de Palacio Nacional? ¿Qué tiene que suceder para que ya detengamos esta situación brutal, de barbarie en la que ha sumido al país Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa?
Y aquí el PAN y el PRI, sus cúpulas son responsables, juntos, de esta tragedia nacional. El PAN por ejercer el gobierno de manera irresponsable y de manera canalla, y el PRI por sostenerlo, el PRI por apoyarlo de manera permanente en todas sus políticas criminales, por haberle asignado a García Luna los presupuestos que se les ha dado en vez de dárselos a Educación; por haber tolerado todas las corrupciones, corruptelas, tropelías que hay desde el partido del gobierno de facto y que con toda tranquilidad aquí esta Cámara ha venido validando por las cúpulas de ambos partidos.
Sé –y termino– que tanto en el PAN como en el PRI hay hombres y mujeres honestos, comprometidos y consecuentes preocupados por la situación, pero las cúpulas de ambos partidos han sumido al país en esta situación trágica en que se encuentra y la responsabilidad central, sin duda, es de quien usurpa la Presidencia de la República.
Así es que le pido a Acción Nacional que sea consecuente con lo que dijo y si va contra los criminales, vamos contra Calderón y García Luna. Muchas gracias, compañeros diputados, compañeras diputadas.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el señor diputado Juan Carlos Natale López, del Partido Verde Ecologista de México.
No encontrándose el diputado Natale en el salón, tiene la palabra la diputada Teresa Incháustegui Romero, del PRD, hasta por 5 minutos.
La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero: Gracias, presidente. Me tocó el turno de subir a este muro de lamentaciones, porque francamente no es otra cosa esta tribuna: vacía y además también sorda ante reclamos de justicia, que son elementales.
Se ha dicho hasta el cansancio en este lugar, lo hemos dicho muchos de distintos partidos, que la estrategia con la cual se está combatiendo al crimen organizado en el país está resultando contraproducente.
Hay estudios que demuestran que violencia e ilegalidad no son correlativos; se nos dice en el discurso oficial que la violencia que hay, la violencia criminal corresponde justamente al crimen organizado y no se da cuenta que con la estrategia se ha creado un escenario de violencia de todos contra todos, sobre todo en Ciudad Juárez.
Por desgracia, no estamos considerados todavía como un área de conflicto. Por los muertos, por la cantidad de muertos solamente que hay en Ciudad Juárez ya debiera ser considerada una ciudad mártir como si existiera una guerra.
Escuchamos a los gobernantes decir que lo que está pasando en Libia es una masacre y que hay que detener el baño de sangre. Con perdón, pero las imágenes que hicieron circular sobre Libia, sobre la matanza de Gadafi a la población son pálida sombra frente a las imágenes de la sangre y de los asesinatos que suceden diario, sobre todo en esa entidad.
Por eso ya puede suceder lo que sea y hay sicarios que matan a cuenta, incluso hasta de asesinos individuales, como fue el caso de Maricela, que la mató un sicario justamente enfrente del Palacio de Gobierno y hay policías y militares que aparecen ligados en asesinatos y en levantones y en secuestros, y es la guerra de todos contra todos y sigue la mata dando, y ahora se nos dice que eso que se está haciendo en Juárez se va a aplicar también en otras entidades del norte del país; que el programa Todos Somos Juárez es exitoso y ahora lo van  a clonar en otras entidades.
Seguimos aquí señalando los errores de esa estrategia, los costos de esa estrategia, pero no veo que en esta soberanía tengamos capacidad para detener este baño de sangre, nada más venimos a quejarnos, venimos a decir que eso no puede seguir ocurriendo, pero todo sigue ocurriendo y todo sigue pasando, y hay personas, familias desplazadas en Ciudad Juárez, como en cualquier zona de conflicto, miles, cientos de miles de familias desplazadas y cientos de familias que han sido aniquiladas, sobre todo aquellas en las que sus miembros han enfrentado  pidiendo justicia, pidiendo esclarecimiento de los hechos, como es el caso de la familia Reyes Salazar y también como es el caso de Malú, que viene también desde allá en las mismas circunstancias, pidiendo asilo en esta ciudad porque allá no hay ninguna garantía.
Es importante entonces, compañeros, que actuemos, que pidamos efectivamente que el Ejecutivo local y  Ejecutivo nacional garanticen la vida y la seguridad de estas familias y lleven a una revisión de esta estrategia. Es importante que nosotros nos involucremos en esto.
Yo la verdad me desanima mucho ver que no tomamos con energía estos problemas y que no actuamos para ponerles remedio. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada Yolanda del Carmen Montalvo López, del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos.
La diputada Yolanda del Carmen Montalvo López: Con su permiso, diputado presidente.
Conscientes de los retos que México enfrenta en materia de seguridad, el gobierno del presidente Felipe Calderón asumió desde el inicio desde su administración la responsabilidad constitucional y ética para combatir a la delincuencia organizada con firmeza, a fin de fortalecer la autoridad del Estado en todo el territorio nacional.
Es cierto que existen voces en el país que no están de acuerdo con que el Ejército se encargue de estas tareas, pero también existe la opinión de expertos en el tema, que coinciden con la decisión tomada por nuestro presidente.
¿Por qué creer que el problema se puede resolver con pura mera buena voluntad? Siguiendo la carencia de estrategia del pasado, resulta no sólo ingenuo sino irresponsable. La presencia del Ejército es necesaria, como mencioné anteriormente. Muchos expertos han coincidido en su importancia.
Por otro lado, la atención a los derechos humanos es y seguirá siendo una prioridad, ya que la persona humana ha sido siempre para Acción Nacional el fin de toda política.
En días recientes, el ex gobernador Sócrates Rizo, en la Universidad Autónoma de Coahuila, declaró que durante los regímenes priistas el presidente tenía un fuerte control sobre las rutas del narcotráfico, lo que impedía, según su curiosa lógica, que hubiera ataques a la población y la violencia que vive hoy México.
Si bien la confesión en derecho no constituye una prueba plena, sí constituye un indicio y presupone que aunque no haya una prueba contundente, nos permite inferir –al menos- que hay un antecedente importante, algo sobre lo que hay que poner atención y que, vinculándose a otras evidencias, puede acreditarse como prueba plena. La lógica es simple. “Cuando el río suena, agua lleva”, reza la sabiduría popular.
El señor ex gobernador también afirmó que el presidente tenía amplias potestades que los mandatarios estatales tenían que obedecer. Y ¿qué es esto, compañeras y compañeros legisladores, sino una abierta confesión de que los gobiernos priistas pactaban con el crimen organizado?
En Acción Nacional siempre hemos señalado y coincidido en la obligación primaria del Estado para brindar seguridad a los ciudadanos y a la población en general. La tranquilidad de las personas es fundamental para nuestra sociedad.
Conscientes que las organizaciones criminales necesitan ser contenidas, el gobierno del Presidente Calderón ha emprendido una lucha decidida en contra del crimen organizado, del narcotráfico; en contra de aquéllos que vulneran la tranquilidad de los mexicanos y la estabilidad del Estado.
Es una lucha frontal que ha emprendido con las herramientas e instrumentos que se tienen al alcance y con la entera voluntad de combatir un problema que por muchos años se dejó crecer, tanto a nivel federal como a nivel local. En ese sentido, el Ejército es clave para hacer frente a las organizaciones criminales.
La seguridad pública es una de las más altas prioridades, ya que una sociedad segura, alejada del crimen y de sus consecuencias, es sin duda una sociedad más libre en las que personas ejercen sin amenazas ni riesgos sus derechos y obligaciones democráticas.
En cumplimiento de este objetivo, destaca la firma del plan de trabajo entre la Secretaría de Defensa Nacional y la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, para la formación de sus elementos en esta materia.
La seguridad pública en todos los niveles de gobierno debe ser una prioridad. No podemos dejar que el estado de México ocupe los primeros lugares de todo el país en feminicidios, en robos de autos, entre otros.
Tan solo los feminicidios aumentaron en un 106 por ciento de entre 2005 a 2010 en el estado de México, sin dejar de lado el hecho de que la población femenina tan solo creció un 8 por ciento en el mismo periodo.
Compañeras y compañeros legisladores, ¿qué hacer ante una confesión tan clara? No podemos comprar el argumento que se dio hace tiempo cuando el ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado reveló a la periodista Carmen Aristegui verdades que apuntaban en la misma línea. Claro que entonces se pensó borrar la verdad, ocultarla, aludiendo a las facultades mentales del expresidentes De la Madrid. Sin embargo ahora podemos descartar dicho argumento y saber con plena certeza que el ex gobernador Rizzo está en pleno uso de sus facultades mentales y que así ha confesado la verdad que todo México siempre ha sabido, la verdad de que los gobiernos priistas pactaban con el narcotráfico y el crimen organizado.
El Estado de derecho no debe hacer excepción en ningún rincón del país, el crimen organizado no puede tener zonas de tolerancia ni de ductos infranqueables a la acción del estado.
Acción Nacional estamos dispuestos a trabajar, para que así sea, velando por el castigo de los culpables y por la promoción del bien y de la salvaguarda de las instituciones democráticas.
En Acción Nacional estamos por la generación de sinergias y la suma efectiva de esfuerzos para avanzar por la lucha contra el crimen organizado...
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Concluya, diputada.
La diputada Yolanda del Carmen Montalvo López: Concluyo, señor presidente. Debemos empezar por hacer un frente común y dejar de lado los ataques en aras del desprestigio y que sólo atentan contra la eficacia del combate al narcotráfico y el crimen organizado. El país necesita de nuestra unión para hacer frente al terrible enemigo que representa. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada Adriana Terrazas Porras, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos. Adelante, diputada.
La diputada Adriana Terrazas Porras: Con su permiso, señor presidente. Compañeros y compañeras diputadas, que los ingenuos y quienes tienen otros intereses caigan en la tentación de seguir declaraciones que a título personal no tienen otro sentido que el de turbar el ambiente y distraer las verdaderas causas y los temas de fondo que deben discutirse en el país.
Rechazamos, compañeros diputada, categóricamente que gobiernos priistas tengan que ver con el narcotráfico, tolerando si tiene pruebas. Le solicito, diputada, si tiene pruebas presentarlas y no utilice esta tribuna sin probar lo dicho.
Compañeros diputado, avancemos en la discusión y en la formulación de medidas de fondo, para atender y resolver el clima de violencia de esta guerra, que no es guerra, pero huele a pólvora y sangre de miles de muertos, de los cientos de ciudadanos asesinados desde el poder de la delincuencia y desde la ineficiencia de los gobiernos, que prometió defenderlos y los usa mediáticamente para su lucimiento. Eso es lo realmente grave y es lo que importa y es importante.
Señoras diputadas y señores diputados, la violencia en Chihuahua y en particular en Ciudad Juárez, no es un fenómeno de geografía política o de discusiones partidistas, es un tema de gravedad que no admite posicionamientos combativos en tribuna, sino de enfrentar los datos duros, los hechos significativos, con plena entereza y autocrítica.
Ciudad Juárez fue elegida por el crimen organizado como el laboratorio que da paso a la multiplicación en todo el territorio nacional de métodos de violencia, perfeccionados en su dimensión y en su crueldad.
Lo que hoy se registra en mi ciudad, en Ciudad Juárez, mañana se aplica en otras regiones y localidades. Sede de feminicidios sistemáticos, de decapitaciones, de bombas que alcanzan a la sociedad civil, atentados diversos y masacres repetidas. No hay una sola forma de violencia que no se haya registrado sistemáticamente en mi ciudad.
No es por otras razones que el presidente Felipe Calderón inició su lucha contra el crimen organizado en Ciudad Juárez, y digo lucha, batalla o guerra, porque eso ha sido hasta el día de hoy.
Movilizaciones policiales, presencia del Ejército, uso y abuso de la capacidad del fuego en una medida que supera a la aplicación de los servicios de inteligencia y al ordenamiento de las capacidades institucionales.
Reitero con firmeza, Ciudad Juárez no es tema de debate partidista, compañeros diputados llevarnos a este terreno es ofender a la población que resiste y enfrenta día a día a las bandas criminales, a las personas que han sido sacrificadas y lastimadas en los últimos años.
Lo hemos dicho y lo reitero, demasiada sangre y demasiadas balas y muy pero muy pocos resultados. Es tiempo de mover las fichas y establecer nuevas estrategias. Ciudad Juárez merece respeto, pleno respeto, pues sólo quienes ahí vivimos el día a día, sabemos cuánto miedo, dolor y sangre se ha acumulado en sus calles, en cientos de hogares de familias que están a la espera de mejores decisiones que los protejan efectivamente y recuperen su tranquilidad.
Sí, compañeras y compañeros diputados, sabemos que tenemos la razón, el derecho, la fuerza pública, pero ese no es motivo suficiente para que las bandas de criminales organizadas o no se retiren de la ciudad.
Lo que  Ciudad Juárez reclama, es una acción integral de los tres niveles de gobierno, del apoyo irrestricto del país entero, de la suma de esfuerzos y voluntades de todos, de una efectiva coordinación de los instrumentos de que dispone el gobierno federal en apoyo a las órdenes del gobierno local.
Y no es una demanda menor. Toca reconocer que Ciudad Juárez es el espejo en el cual la nación se mira a sí misma, en sus resultados y es el termómetro de la irracionalidad y la violencia generalizada que vive todo el país.
Seamos entonces, Ciudad Juárez, el motivo para que desde esta soberanía no sólo se exija al presidente de la república y a su gabinete, una acción más efectiva, sino también para proponer las medidas que coadyuven a dicho propósito.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.
La diputada Adriana Terrazas Porras: No basta el uso de la fuerza... Termino, señor presidente, se necesita de programas en serio que aporten a los jóvenes y les den las oportunidades de proyectos culturales para recuperar plazas y calles, de empleos y más empleos, de garantizar los servicios de salud.
Hoy no hay médicos ante los permanentes secuestros, sacrificios y ampliar la educación media y superior. Me parece que Ciudad Juárez merece más tiempo, señores diputados.
Una acción integral...
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.
La diputada Adriana Terrazas Porras: ...que ponga a los juarenses. Termino, señor presidente. Una acción integral como el centro de la acción pública que como detectores de una destrucción que no tiene fronteras.
Dejemos de lado las descalificaciones y los ataques, no abonan a las respuestas pero sí a las divisiones.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.
La diputada Adriana terrazas Porras: Recuperar Juárez es iniciar la reconstrucción de la armonía y de la vida pacífica del país. Tengamos esa altura de madurez que estamos obligados a mostrar ante la nación y los ciudadanos, señores diputados. Muchas gracias.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Con qué objeto, diputado Fernández? Sonido en la curul del diputado Fernández.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Diputado presidente, para pedirle que quede asentado en el acta, yo no interrumpí a los oradores a pesar de que en el caso de Acción Nacional nunca tocaron el tema. Quisiera que quedara aclarado que nunca tocaron el tema, que no hubo ni el mínimo de solidaridad, que no hubo nada de condena ni de exigencia para que se resuelva el caso de la familia Reyes, por favor.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se registra su intervención, señor diputado. Diputada Pérez Reyes.
La diputada María Antonieta Pérez Reyes (desde la curul): Gracias, señor presidente. Solamente por alusiones de la oradora anterior.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No hay alusiones en la agenda política, diputada.
La diputada María Antonieta Pérez Reyes (desde la curul): Me limito a decir que las pruebas que la diputada Terrazas exige sobre mi discurso, me someto a la máxima del derecho que dice que a confesión de partes relevo de pruebas.
La confesión de Sócrates Rizo está publicada hoy en Reforma. Las declaraciones de Miguel de la Madrid fueron ampliamente difundidas y me someto a las declaraciones de ellos mismos.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda registrada su intervención, señora diputada.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe la Secretaría. Vamos a pasar al capítulo de acuerdo de los órganos de gobierno.