Cambio de ruta/Ana Laura Magaloni Kerpel

Cambio de ruta/Ana Laura Magaloni Kerpel

Reforma, 7 de mayo 20 11

Calderón está ajustando la ruta, está ampliando su visión sobre la estrategia de seguridad y, en algún punto, está intentando tejer cercanía con la ciudadanía. Yo no puedo más que festejarlo

Fue una grata sorpresa constatar que el presidente Felipe Calderón ha cambiado de opinión. Desde la aprobación de la reforma constitucional en materia de justicia penal en 2008, el Presidente había sostenido que no era el momento de implementar dicha reforma, que primero había que controlar la criminalidad y restablecer la autoridad del Estado en todo el territorio con la fuerza coactiva del Estado. Todo indicaba que la reforma penal iba a ser una asignatura pendiente para el siguiente presidente de México.

Esto lo dijo muchas veces y de muchas maneras. Por poner una cita textual. En septiembre del año pasado, en una reunión que tuvo con un selecto grupo de líderes de organizaciones intermedias en Monterrey, a pregunta expresa de uno de los participantes sobre la implementación de la reforma penal, el Presidente afirmó: "Sí necesitamos un sistema de justicia mucho mejor articulado, pero en este momento la acción de la criminalidad y la acción de la violencia está mucho más allá de los ámbitos propios de lo que es el problema de justicia penal (...)". "Tenemos que jerarquizar la importancia de contener la violencia y la criminalidad desde un planteamiento preventivo tanto del área social, como preventivo desde el área policiaca y de acción de la fuerza pública". En ese mismo evento destacó: "El día que los enfrentemos (a los delincuentes) y los hagamos retroceder con fuerza, ese día les estaríamos dando la vuelta. Y si algún día llegan con 10, con 15 camionetas y armados hasta los dientes y ese mismo día hay una fuerza (policial) que pueda no sólo enfrentar, replegar, sino dominar y vencer claramente". En pocas palabras la tesis central de Calderón era que al crimen se le enfrenta con la fuerza y es la fuerza coactiva del Estado lo que lo hace retroceder.

Poco más de seis meses después de haber dado el discurso de Monterrey, el Presidente cambió diametralmente su posición respecto a la reforma de justicia penal y, en alguna forma, respecto a la estrategia de seguridad centrada en la fuerza pública.

Esta semana, en la inauguración del Tercer Foro de Seguridad y Justicia, convocado por la Red a favor de los juicios orales y el debido proceso, Calderón dijo: "Compartimos un objetivo común, un objetivo que es la seguridad, sí, pero la seguridad con justicia, en un régimen democrático, en un régimen de libertades y en un régimen de derechos". Y también dijo: "la Reforma al Sistema de Justicia Penal, pienso, es uno de los pasos más importantes que hemos dado como sociedad y como nación... Responsabildad y visión es lo que necesitamos para que la implementación de la Reforma tenga éxito". Incluso, al final de su discurso, el Presidente ya no sólo se compromete con la implementación de la reforma, además sugiere que es importan- te "acortar el plazo de transición (ocho años) que establece la Constitución" para que la reforma sea realidad en todo el país.

El contraste entre el discurso del Presidente en Monterrey y el de esta semana es tajante. Calderón está ajustando la ruta, está ampliando su visión sobre la estrategia de seguridad y, en algún punto, está intentando tejer cercanía con la ciudadanía. Yo no puedo más que festejarlo.

Como lo he sostenido desde el inicio del sexenio de Calderón: la única forma de que el Estado pueda reconstruir su autoridad frente a los ciudadanos y los delincuentes en forma permanente es con la ley, la razón, las pruebas, los argumentos y no sólo con la fuerza pública. Policías y militares sin ministerios públicos y jueces tienden a volverse autoritarios y represivos. Los ciudadanos estamos hartos de la violencia en cualquiera de sus formas: sea de los criminales o de las fuerzas del orden que, para efectos prácticos, es igual.

Pero además, inclusive visto el asunto en forma más pragmática, si uno de los legados de la administración de Calderón va a ser la Policía Federal, es indispensable que existan jueces y ministerios públicos con autoridad de controlar y sancionar la arbitrariedad en la que puedan incurrir algunos de los miembros de la nueva corporación. El aparato de justicia forma parte del sistema de frenos y contrapesos básicos que hacen que la policía funcione de forma disciplinada y dentro de la legalidad. En este sentido, la Policía Federal sin una Procuraduría fuerte y profesional va a tender a deteriorarse.

Por todo ello me parece que hay que congratularnos de que el Presidente tenga la determinación de asumir el liderazgo político en la implementación de la reforma penal. El problema más importante que enfrenta ahora es la falta de tiempo. Me parece ingenuo pensar que el plazo de implementación se puede acortar. Si a Chile le tomó siete años implementar la reforma en todo su territorio, pensar en ocho años para el caso de México es bastante optimista. Además, en este momento, sólo nos quedan seis años.

El Ejecutivo federal, en los dos años siguientes, se debería centrar en establecer las bases para un proceso de implementación ordenado y exitoso. Ello, me parece, pasa por establecer una ruta crítica y un plan de implementación sólido y aterrizado y ponerlo a prueba con mucho éxito en dos o tres entidades federativas. Si estas dos cosas se logran en esta administración, Calderón habrá dejado un legado muy importante en esta materia. Tratándose de reformas de gran calado como ésta, más vale poco y profundo que mucho y superficial.