Propuesta de Punto de Acuerdo sobre el informe de Human Rights

CARLOS SOTELO GARCÍA Y  RENÉ ARCE CÍRIGO PRESENTAN AL PLENO DEL SENADO PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL INFORME DE HUMAN RIGHTS WATCH TITULADO: “NI SEGURIDAD, NI DERECHOS: EJECUCIONES, DESAPARICIONES Y TORTURA EN LA ‘GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO’ DE MÉXICO”

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO. El Senado de la República solicita respetuosamente a la titular de la Procuraduría General de la República, Lic. Marisela Morales Ibáñez, que remita un informe detallado sobre el número de indagatorias que se han abierto ante el Ministerio Público federal por denuncias de la comisión de los delitos de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales cometidas por personal de las instancias de seguridad y de las fuerzas armadas, así como de las consignaciones ante autoridad judicial que han resultado de estas indagatorias.

SEGUNDO.  El Senado de la República solicita respetuosamente a la Titular de la Procuraduría General de la República, Lic. Marisela Morales, que remita un informe detallado de los avances en la conformación de la “Base de Datos de Personas no Localizadas”, cuya creación detalló el Ejecutivo Federal en la Respuesta Parlamentaria No. 2 enviada al Senado de la República para atender una Pregunta Parlamentaria, derivada del V Informe de Gobierno, en relación con la desaparición forzada de personas.
TERCERO. El Senado de la República solicita respetuosamente a los titulares de la Secretaria de Marina, Almirante Francisco Saynez Mendoza, y de la Secretaria de la Defensa Nacional, General Guillermo Galván Galván, para que envíen a esta soberanía un informe detallado,  sobre el número de elementos adscritos a sus corporaciones que se encuentren sujetos a proceso por tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes; desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales o que hayan sido sancionados o sentenciados, incluyendo información sobre las penas impuestas, por estos delitos, en el sistema de procuración e impartición de justicia militar.
CUARTO. El Senado de la República solicita respetuosamente a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, General Guillermo Galván Galván, y la Secretaria de Marina, Almirante Francisco Saynez Mendoza, para que informen a esta soberanía sobre el número de civiles detenidos en instalaciones militares de 2006 a la fecha, los remitidos a la autoridad competente y los que se encuentran retenidos actualmente.
seguramente será turnada a comisiones para su dictamen.

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CONSIDERACIONES

1.   El pasado 09 de noviembre de 2011,  la organización Human Rights Watch publicó un informe titulado “Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”.
2.  En este Informe, se señala que desde que el Presidente Felipe Calderón declaró la “guerra” contra la delincuencia organizada, nuestro país ha sufrido un aumento dramático de la violencia, que son militares y policías partícipes de violaciones de derechos humanos generalizadas sin que ninguno de estos casos esté siendo investigado.
3.  El Informe se sustenta en investigaciones llevadas a cabo en cinco de las entidades federativas más afectadas por la violencia vinculada al narcotráfico: Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco.
4.  A través del análisis de los datos recabados en más de 200 entrevistas realizadas a funcionarios gubernamentales, miembros de las fuerzas de seguridad, víctimas, testigos, defensores de derechos humanos y otros actores; pedidos de información pública, revisión de expedientes, procedimientos legales y denuncias de violaciones de derechos humanos realizado por el equipo de investigadores de Human Right Watch, quedó evidenciado que las fuerzas de seguridad sistemáticamente aplican torturas para conseguir que los detenidos confiesen y que proporcionen información sobre los carteles mediante la coerción. 
5.  En su investigación, HRW presenta información sobre evidencias que, según señalan, sugieren que soldados y policías han perpetrado “desapariciones” y ejecuciones extrajudiciales, y que en muchos casos han adoptado medidas para ocultar estos delitos.
6.  En cuanto a la práctica de tortura, el Informe refiere que obtuvo pruebas de este delito en más de 170 casos en los cinco estados estudiados en el presente informe.
Las tácticas documentadas, señalan, incluyen golpizas, asfixia con bolsas de plástico, asfixia por ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte, las cuales son empleadas por miembros de todas las fuerzas de seguridad.
7.   Asimismo, Human Rights Watch documenta 39 “desapariciones” en las cuales existen, según lo exponen, pruebas contundentes de que habrían participado las fuerzas de seguridad.
Cabe mencionar que la prevalencia de este delito, señala el Informe, no se aprecia adecuadamente debido a que, incluso antes de investigar los casos, funcionarios del gobierno clasifican casi todas las desapariciones como levantones, es decir manifiesta HRW, secuestros perpetrados por la delincuencia organizada.  Y los intentos por determinar que estos delitos se cometen, dice ele estudio, se vieron también obstaculizados porque 24 de los 32 estados de México no penalizan las desapariciones forzadas.
8.   En 24 casos, informa Human Rights Watch, obtuvo pruebas de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron ejecuciones extrajudiciales, y en la mayoría de los casos, intentaron encubrir los delitos.
El texto del Informe manifiesta que estas muertes se clasifican en dos categorías: civiles ejecutados por autoridades o que murieron como resultado de torturas y civiles que murieron en retenes militares o durante enfrentamientos armados donde hubo un uso injustificado de la fuerza letal en su contra.
9.   Por otra parte, el informe menciona que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha registrado un aumento en la cantidad de denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad federales durante el gobierno de Calderón y, por ello, también hay más recomendaciones emitidas. 
Por ejemplo, documenta el estudio, entre 2003 y 2006, la CNDH recibió 691 denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por soldados contra civiles; esta cantidad aumentó a 4.803 en el período entre 2007 y 2010.   Mientras que entre 2003 y 2006, la CNDH emitió 5 recomendaciones pues en sus investigaciones concluía que autoridades federales habían cometido torturas; en el período de 2007 a 2010 formuló 25 recomendaciones de este tipo.
10. El informe indica que la incidencia de las violaciones graves de derechos humanos ha aumentado drásticamente en el contexto de las medidas adoptadas por México contra el narcotráfico, sin embargo no ha sucedido lo mismo con la investigación y el juzgamiento de estos abusos.
Esto obedece, según la organización, a que los soldados que cometen violaciones a derechos humanos y delitos contra civiles continúan siendo investigados y juzgados en la jurisdicción militar, aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de México han sentenciado y resuelto, respectivamente, que estos abusos deben ser investigados en la jurisdicción penal ordinaria.
El Informe presenta datos preocupantes en el sentido de que hay, según señala, una impunidad casi total, lo que documentan con la información de que en los cinco estados evaluados, entre 2007 y abril de 2011, los agentes del Ministerio Público militar iniciaron 1. 615 investigaciones sobre delitos presuntamente cometidos por soldados contra civiles.  Pero, ningún soldado ha sido condenado por la comisión de estos delitos.
HRW reporta que una historia similar sucede con el Ministerio Público civil, pues señalan que tampoco se han adoptado medidas básicas para investigar denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por policías y otros funcionarios civiles.  Por ejemplo, dice el Informe de la organización de derechos humanos, según información solicitada al Ministerio Público estatal en los cinco estados de la muestra, se presentaron cientos de denuncias de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes ante las comisiones de derechos humanos de los estados, sin embargo, ningún funcionario ha sido acusado en estos estados por hechos de tortura.
11. En suma, el Informe asevera: “que en vez de fortalecer la seguridad pública en México, la “guerra” desplegada por Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia, descontrol y temor en muchas partes del país”.
Por lo anterior, sometemos a la consideración de este Pleno, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: