Cinco años de guerra, 60 mil muertos

Cinco años de guerra, 60 mil muertos

Enrique Mendoza Hernández/Zeta

Publicado en la revista Proceso # 1832, 11 de diciembre de 2011

Con la información de las instancias de seguridad pública y de procuración de justicia de los estados, se puede afirmar que en México el número de muertos en los cinco años de guerra calderonista contra el narcotráfico ya superó los 60 mil, cifra escalofriante en la que figuran presuntos delincuentes, sicarios,

policías, soldados, marinos y civiles –“daños colaterales”, según el gobierno federal– y más recientemente defensores de los derechos humanos. El impresionante cómputo fue elaborado por Zeta. Proceso reproduce un fragmento del trabajo de investigación que aparece en la edición del semanario tijuanense que circula desde el viernes 9.

En medio de la impunidad en el sexenio del presidente Felipe Calderón los muertos en México ya no se cuentan de uno en uno. Se cuentan por montones, como los 26 cadáveres arrojados en plena Guadalajara o los 35 en Boca del Río.

Por cientos se registran los desenterrados de narcofosas en Durango, Tamaulipas, Nuevo León, Guerrero, hasta el momento.

Con el Operativo Michoacán, Felipe Calderón inauguró lo que llamó su guerra contra el crimen organizado el 11 de diciembre de 2006.

A cinco años de gobierno y a uno de que concluya su administración, niños, mujeres, estudiantes, activistas sociales, empresarios, periodistas, adolescentes y otros mexicanos han perdido la vida.

Recurriendo como metodología a la comparación de las tarjetas informativas de las secretarías de Seguridad Pública tanto municipales como estatales y las estadísticas de las fiscalías y procuradurías generales de justicia de los estados con la información del Sistema Nacional de Información, Zeta llegó a la conclusión de que durante los cinco años de gobierno del presidente Felipe Calderón la cantidad de muertos llegó a 60 mil 420, escalofriante cifra que incluye lo que el gobierno federal clasifica como “ejecuciones”, “enfrentamientos” y “homicidios-agresiones”.

La alarmante suma se obtiene del siguiente desglose anual:

En diciembre de 2006, Zeta registró 62 muertes relacionadas con el crimen organizado. En 2007, 2 mil 826. 2008, 6 mil 837. 2009, 11 mil 753. 2010, 19 mil 546. Y en 2011, del 1 de enero al 31 de octubre, la cifra llegó a 19 mil 396.

La validez de las estadísticas de Zeta está sustentada también en el discurso del gobierno federal: Cuando Alejandro Poiré informó el 12 de enero de 2011 que durante 2010 sucedieron 15 mil 273 asesinatos vinculados con el crimen organizado de un total de 20 mil 127 homicidios dolosos reportados por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en realidad el funcionario federal reconoció tácitamente que 75.88% correspondía a crímenes relacionados con el narcotráfico.

Ahora que, del 1 de diciembre de 2006 al 31 de octubre de 2011, el Sistema Nacional de Información da cuenta de 80 mil 107 homicidios dolosos, los 60 mil 420 relacionados con el crimen organizado registrados por Zeta corresponden a 75.42% del total de homicidios dolosos cometidos en cinco años de gobierno calderonista.

Los anteriores son los muertos oficiales, pero hay otros que las autoridades tanto estatales como federales prefieren ocultar ante la comunidad mexicana e internacional.­

Los muertos incómodos

No todas las ejecuciones ocurridas en los estados están siendo registradas por el Sistema Nacional de Información. Un ejemplo muy claro es el estado de Chihua­hua: La fiscalía de aquella entidad informó en noviembre de 2011 que entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de octubre de este año sucedieron en Chihuahua 16 mil 456 “homicidios dolosos”, de los cuales 2 mil 549 ocurrieron en 2008, 4 mil 543 en 2009, 5 mil 898 en 2010 y 3 mil 466 durante los primeros 10 meses de 2011.

No obstante el Sistema Nacional de Información a través del Secretariado Ejecutivo sólo reporta 11 mil 588 “homicidios dolosos”: 2 mil 30 en 2008, 3 mil 156 en 2009, 3 mil 806 en 2010 y 2 mil 596 en los primeros 10 meses de 2011. Es decir, el Sistema Nacional de Información no da cuenta de 4 mil 868 homicidios dolosos. Sólo hay dos opciones: O la fiscalía de Chihuahua no reporta 100% de los muertos al gobierno federal o el Sistema Nacional de Información no registra la cantidad que las autoridades estatales le reportan.

De hecho, en la edición 1945 correspondiente a la semana del 8 al 14 de julio de 2011 (http://www.zetatijuana.com/2011/07/11/50-mil-ejecuciones/), Zeta dio a conocer que el 14 de marzo de este año la Fiscalía General de Justicia del Estado Chihuahua reportó 7 mil 209 homicidios dolosos ocurridos en 2010, pero en noviembre de 2011 sólo reconoció que en 2010 ocurrieron 5 mil 898. Es decir, mil 311 homicidios dolosos no son reconocidos por la misma institución.

Entonces si la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua no reconoce mil 311 ejecuciones más 4 mil 868 que no reporta el Sistema Nacional de Información, resulta que por lo menos 6 mil 179 cadáveres son desconocidos por ambas instituciones.

Lo único que informó en noviembre último la Fiscalía General del Estado de Chihuahua fue la cantidad de 9 mil 604 homicidios dolosos relacionados con la delincuencia organizada: mil 024 en 2008, mil 976 en 2009, 4 mil 138 en 2010 y 2 mil 466 durante los primeros 10 meses de 2011.

Zeta ha solicitado entrevista durante todo 2011 con el licenciado Carlos Manuel Salas, fiscal general del estado de Chihua­hua, para que responda si existe ocultamiento de información al gobierno federal o si es este último el que no registra el 100% de homicidios dolosos reportados por las autoridades federales. Este semanario no ha obtenido respuesta favorable.

Recientemente se le preguntó a un funcionario del Sistema Nacional de Información a propósito de sus estadísticas a través de las cuales el gobierno federal reporta el total de ejecuciones, si las procuradurías estatales están reportando el total de homicidios dolosos al Sistema Nacional de Información.

Contestó: “Nosotros registramos lo que las procuradurías nos mandan”. Para ilustrar un panorama de lo que ocurre a nivel nacional sobre el ocultamiento de los muertos, puso como ejemplo que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz no había reportado ningún secuestro durante todo 2011 al Sistema Nacional de Información. El funcionario contestó a Zeta con una pregunta retórica: “¿Tú les crees? Yo no”.

Los muertos de la fosa común

En las estadísticas del Sistema Nacional de Información existe una especie de fosa común virtual. Ahí están amontonados los muertos no identificados, muchos desaparecidos reclamados por familiares en las marchas, los que quién sabe de qué país centroamericano venían, los calcinados, los pedazos de los desmembrados, los cráneos encontrados por montones, los cuerpos putrefactos desenterrados como si fueran papas de las fosas clandestinas por todo el país, las cabezas sin cuerpo dentro de bolsas de plástico negro.

De las 60 mil 420 ejecuciones registradas por Zeta durante cinco años de gobierno del presidente Felipe Calderón clasificadas como homicidios dolosos cometidos “por arma de fuego”, “por arma blanca”, “sin datos” y “otros”, 21 mil 768 corresponden precisamente al rubro de “otros”: En 2007 el Sistema Nacional de Información registro 4 mil 202 “otros” muertos, 3 mil 487 en 2008, 3 mil 946 en 2009, 5 mil 25 en 2010 y 5 mil 108 durante 10 meses de 2011.

Un funcionario del Sistema Nacional de Información aseguró que en el rubro de “otros” tienen su tumba virtual los decapitados y otros difuntos para los cuales no existe una categoría en el formato de Incidencia Delictiva del gobierno federal:

“Si es un decapitado, pues obviamente en ‘otros’, porque no está la categoría de decapitados. Tampoco hay un apartado que diga ‘ejecuciones’, ‘decapitados’, que estén específicamente y que tú digas: ‘Bueno, ¿dónde está el descuartizado que encontraron hace dos semanas?’”, diría el funcionario del Sistema Nacional de Información.

Por si fuera poco, de las 60 mil 420 ejecuciones ocurridas durante 5 años de gobierno del presidente Calderón, 6 mil 257 difuntos son clasificados como “sin datos”: En 2007 el Sistema Nacional de Información registró 746 muertos “sin datos”, 2 mil 302 en 2008, mil 43 en 2009, mil 275 en 2010 y 891 difuntos “sin datos” del 1 de enero de 2011 al 31 de octubre de 2011.

Para acabar pronto, entre el rubro de “otros” con 21 mil 768 cadáveres y la categoría de “sin datos” con 6 mil 257, en cinco años de gobierno suman 28 mil 25 difuntos. En otras palabras, de los 60 mil 420 crímenes cometidos en cinco años, 46.38% son muertes clasificadas como “sin datos” y “otros”; es decir, el gobierno federal desconoce la identidad de 28 mil 25 muertos.

“El punto es que hasta que no exista una investigación seria, creíble, que realmente son muy escasas en México, fundada, es imposible determinar quiénes han sido estas víctimas y quiénes son sus responsables”, explicó fehacientemente a Zeta el doctor José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW).

“Lo que ocurre en México es que no existen investigaciones creíbles”, sentencia Vivanco.

Asimismo, Diego E. Zavala, especialista en derechos humanos de México para Amnistía Internacional (AI) con sede en Londres, explicó sobre la situación crítica de los derechos humanos en México:

“El gobierno (de México) ha reiterado a menudo su compromiso con la protección de los derechos humanos durante su lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, los casos de las personas desaparecidas, las fosas clandestinas, los secuestros y asesinatos ponen de relieve la situación crítica de los derechos humanos en México.”

AI coincide con HRW sobre la nula investigación del gobierno federal para por lo menos determinar la identidad de las víctimas, menos para sentenciar a los culpables de las 60 mil 420 ejecuciones:

“Lo que urge es la investigación”, concluye el doctor Diego E. Zavala

 BC, deshonroso cuarto lugar nacional

 Del total de 60 mil 420 muertes relacionadas con el crimen organizado durante los últimos cinco años, 48 mil 692 corresponden a 12 estados. Es decir, 12 entidades federativas concentran 80.5% del total de crímenes.

En primer lugar, Chihuahua. Se han registrado 12 mil 712 homicidios dolosos relacionados con la delincuencia organizada entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de octubre de 2011.

Segundo lugar, Sinaloa con 7 mil 003. Tercer lugar, Guerrero con 5 mil 175. Cuarto, Baja California con 4 mil 14. Quinto, Estado de México con 3 mil 215. Sexto, Nuevo León con 3 mil 35. Séptimo, Durango con 2 mil 880. Octavo, Jalisco con 2 mil 535. Noveno, Michoacán con 2 mil 408. Décimo, Tamaulipas con 2 mil 291. Undécimo, Sonora con 2 mil 66, y duodécimo, Coahuila con mil 358.

Los “daños colaterales”

El sexenio del presidente Felipe Calderón también se ha caracterizado por las muertes de civiles que su propia administración llama “daños colaterales”: Niños, estudiantes, empresarios, periodistas, activistas sociales.

El gobierno del presidente Calderón reconoce: “90% de bajas está en la delincuencia organizada. Sólo un 10% de esas bajas son de las instituciones y de blancos civiles”, informó la Secretaría de Gobernación en abril de 2010.

Si Zeta ha documentado 60 mil 420 muertes producto de la guerra de Calderón contra el crimen organizado durante su sexenio, el 10% de “blancos civiles” serían 6 mil 42.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 5 mil 397 personas han sido reportadas como extraviadas nada más en el sexenio del presidente Felipe Calderón y 8 mil 898 cadáveres no identificados han sido algunos de los “resultados” de su “guerra” contra el crimen organizado.

Asimismo la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua documentó 12 mil niños huérfanos por la violencia en Ciudad Juárez, 120 mil personas desplazadas por la violencia según información de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados y más de 40 mil mexicanos que han pedido asilo político de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Entre “los daños” colaterales se encuentran señores y señoras que al perder a sus familiares se han convertido en activistas sociales blanco no sólo de la impunidad gubernamental incapaz de revolver sus casos sino también del crimen organizado y del Estado mismo. No existe ninguna investigación si son algunas autoridades o el crimen organizado quienes han acabado con la vida de muchos activistas