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Foro Seguridad con Legalidad en Xalapa, Veracruz,

Alejandro Poiré, defendió la estrategia en materia de seguridad que encabeza el Gobierno del Presidente Calderón y destacó la prioridad de la actual administración por el pleno respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.
Al inaugurar el Foro Seguridad con Legalidad en Xalapa, Veracruz, el titular de SEGOB recordó que la actual administración no sólo ha combatido a los criminales como es su deber, sino que desde el principio se ha concentrando decididamente en la labor de limpiar, reformar y fortalecer las instituciones de seguridad pública en México.
Palabras del Secretario de Gobernación, Dr. Alejandro Poiré Romero, durante la Ceremonia de Inauguración del Foro de Seguridad con Legalidad, realizada en el Museo Interactivo de esta Ciudad, Xalapa, Veracruz, 10/01/2012
Doctor Javier Duarte de Ochoa, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz;
Magistrado Baltazar Garzón, Juez Asesor para la Misión al Proceso de Paz en Colombia y Director del Foro Seguridad con Legalidad;
Autoridades del Poder Legislativo y del Poder Judicial del Estado de Veracruz, de la Universidad Veracruzana;
Licenciado Antonio Navalón, organizador de este foro:
Es un gusto para un servidor poder estar en este foro y participar de él contando con la presencia de personalidades distinguidas de nuestro país y del extranjero, con una amplia experiencia en los temas relacionados con la legalidad y con la seguridad.
Saludo especialmente a quienes nos visitan de otras naciones.
México los recibe con los brazos abiertos. Queremos que cada vez que visitan a nuestro país se sientan como en su casa.
Amigas y amigos;
Compañeros amigos de los medios de comunicación:
Muy buenas tardes.
México tiene un gobierno democrático que cumple con sus funciones de cara a la sociedad, con total transparencia y apego a la ley.
Es en ese marco de apertura, de escrutinio público, en el que hemos recibido la opinión de diversas organizaciones nacionales e internacionales, respecto a las distintas tareas que llevamos a cabo como sociedad y como distintos ámbitos de gobierno.
El día de hoy precisamente hemos enviado una respuesta al Informe que nos presentó hace apenas dos meses la Organización Human Rights Watch.
Hemos leído con atención el documento que se nos envió, no solamente con el interés de investigar con toda puntualidad los hechos allí aludidos, sino también con la plena disposición de adoptar medidas adicionales a todas las que se han implementado durante la presente administración, que contribuyan a los esfuerzos en materia de derechos humanos.
En efecto, hablando de seguridad y de legalidad en la promoción, en la protección y la defensa de los derechos humanos es una prioridad ineludible para el Gobierno del Presidente Felipe Calderón, y es el principio que anima todas las acciones que realiza.
Es preciso subrayar que en México no estamos en guerra; en México no se configura ninguno de los supuestos que el Derecho Internacional establece para considerar una situación de guerra o de conflicto armado.
Muy por el contrario, el Gobierno Federal ha desarrollado, de la mano de las entidades federativas, una Estrategia Nacional de Seguridad integral y corresponsable, precisamente para fortalecer la plena vigencia del Estado de Derecho en todo el territorio nacional, para garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer a plenitud sus derechos y sus libertades, y también desde luego para llevar a todos los delincuentes ante la justicia.
Este es un esfuerzo estructural que se ha venido realizando de manera simultánea con tres grandes componentes, como se conoce: Primero, desde luego, con tener la acción de los criminales; segundo, el transformar quizás con una profundidad nunca antes vista en un tan breve periodo de tiempo nuestro marco legal y fortalecer las instituciones encargadas de aplicar la ley.
Y, tercero, como una solución de mediano y largo plazo el reconstruir el tejido social a través de una sólida política de prevención del delito y de impulso a las oportunidades y al desarrollo social.
Es por ello inaceptable afirmaciones como aquéllas que dicen que en lugar de adoptar las medidas necesarias para reformar y fortalecer las deficientes instituciones de seguridad pública en México, el gobierno decidió emplearlas para llevar adelante una guerra en contra de las organizaciones delictivas. Son inaceptables.
El Gobierno del Presidente de la República no solamente ha combativo la criminalidad, como es su deber, sino que también desde el principio y de manera simultánea se ha concentrado decididamente en la labor de limpiar, reformar y fortalecer las instituciones de la seguridad del Estado de Derecho en nuestro país.
Esa disyuntiva falsa entre reformar o combatir no hace más que ignorar que el deber primordial del Estado es justamente hacer las dos cosas de manera simultánea, y también que el pretender esperar a primero reformar para después combatir a los criminales nos hubiera mantenido sometidos, precisamente al riesgo y a la perversión de la corrupción en esas propias instituciones y al crecimiento de la criminalidad.
Significaría también incumplir con uno de los deberes fundamentales que la Constitución le impone a la autoridad, para preservar la seguridad nacional y disponer de la totalidad de sus capacidades para garantizar la seguridad.
No actuar en contra de la delincuencia habría implicado abandonar a las familias mexicanas y dejarlas a merced de los criminales, y por ello postergar, quizás por décadas, la auténtica solución en seguridad y en legalidad.
Es por ello que como parte de la necesaria transformación y fortalecimiento institucional en los últimos años el Estado mexicano ha concretado -como ya lo decía- reformas verdaderamente de una gran trascendencia, orientadas a ampliar los derechos y las libertades de las personas y a incrementar la capacidad de servicio de nuestras instituciones.
Hemos alcanzado una muy importante reforma constitucional que sustituye al antiguo sistema penal de corte inquisitorio, por un nuevo sistema acusatorio oral, transparente, público más equitativo.
La creación de un nuevo apartado constitucional que incrementa y consagra los derechos de las víctimas, tales como participar en los procesos, impugnar las decisiones de las procuradurías e incluso de iniciar directamente la acción penal.
La consagración constitucional del principio de presunción de inocencia.
De igual manera representan, además de éstos, avances sustantivos las reformas a la Policía Federal y a sus facultades de investigación; las reformas estructurales a la Procuraduría General de la República, a su sistema de profesionalización y de capacitación, así como una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la implementación generalizada, en el ámbito federal y en el ámbito de los estados y los municipios, de controles de confianza como una garantía mínima de que se pueden acotar los niveles de corrupción.
Y quizás valga la pena recordar también como uno de los elementos adicionales en esta profunda transformación estructural del Estado de mexicano, la reforma constitucional en materia de derechos humanos con la que se han elevado precisamente a rango constitucional los derechos humanos contenidos en todos los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.
Y se han fortalecido las facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otras reformas.
Además de estas reformas constitucionales el Ejecutivo Federal ha impulsado y apoyado la generación de otros instrumentos normativos en favor de los derechos fundamentales, entre los que se encuentran una Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; una Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria; una Ley de Migración, y una Ley para Prevenir y sancionar la trata de personas, todos ellos ordenamientos del más elevado nivel de protección de los derechos de las personas, todos ellos ordenamientos normativos de frontera en la materia.
Es precisamente la suma de estos esfuerzos que han motivado el reconocimiento de por lo menos 15 organismos internacionales en materia de derechos humanos que han visitado nuestro país a lo largo de esta administración que, desde luego han señalado carencias, que desde luego han señalado áreas de de oportunidad y que desde luego subrayan la necesidad de mantener un firme compromiso en la defensa de los derechos humanos, pero que también subrayan que hay un camino andado y que en ese camino se están alcanzando logros importantes.
Así pues, la política establecida por el Gobierno Federal e instruida explícitamente por el Presidente de la República a todas las dependencias vinculadas al cumplimiento de la ley, es la de respetar irrestricta e invariablemente los derechos humanos.
Y en todos aquellos casos en los que el Gobierno Federal ha tenido conocimiento de la comisión de hechos que puedan ser constitutivos de violaciones a los derechos humanos, las autoridades competentes han actuado y seguirán actuando para realizar las investigaciones conducentes, a fin de esclarecer los hechos y sancionar con toda firmeza a los responsables.
Es por ello que se debe de negar categóricamente que desde la autoridad exista la decisión de no investigar denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos.
Cuando nosotros vemos los casos que se identifican, vale la pena subrayar quizás la siguiente estadística, es un dato preciso revelado por nuestra Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es un órgano autónomo en pleno ejercicio de sus atribuciones.
De las 5 mil 814 quejas que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recibido entre 2007 y 2011 en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, sólo en 90 casos, 90 de 5 mil 814 se han encontrado elementos para emitir una recomendación.
Es decir, solamente el 1.5 por ciento de todas las quejas presentadas por la actuación de la Secretaría de la Defensa Nacional se han traducido en investigaciones que llevan a la conclusión de que, en efecto, hubo alguna violación a los derechos humanos.
No solamente eso, sino que en cada uno de esos casos la Secretaría de la Defensa Nacional ha aceptado esas recomendaciones y ha actuado en consecuencia, llevando en muchos de estos casos las sanciones penales correspondientes.
De la misma forma, el porcentaje de quejas que han resultado en recomendaciones respecto de la actuación de la Secretaría de Marina, Armada de México, solamente alcanza el 1.8 por ciento de los casos.
¿Esto qué quiere decir?
Por un lado que tenemos un marco normativo constitucional institucional que da plena garantía de poder presentar quejas por posibles violaciones de derechos humanos, pero por otro lado también que el porcentaje de los casos en los cuales estas violaciones se presentan es muy reducido.
Lo sistemático es un trabajo apegado a la legalidad por parte de las fuerzas armadas que cumplen, conforme a su mandato constitucional, una labor subsidiaria de auxilio a la autoridad local en materia de seguridad interior.
Hoy en día en nuestro país toda violación de los derechos humanos, que desafortunadamente ha llegado a ocurrir, es investigada, es sancionada con todo el rigor de la ley, y dichas reprobables violaciones constituyen una verdadera excepción y de ninguna manera son la regla.
Como decía yo, lo verdaderamente sistemático, la regla que ampara el actuar cotidiano de las instituciones de procuración de justicia es la observancia de los derechos humanos.
Y debemos de mantenernos alertas; debemos de seguir fortaleciendo, como lo ha hecho este gobierno, precisamente los instrumentos que les dan a los ciudadanos una mayor capacidad para presentar sus querellas y a las autoridades una mayor exigencia en el cumplimiento de estos estándares y en la investigación de los casos.
Es importante señalar que contrario al énfasis que en algunos sectores se da por llamar a la guerra contra el narcotráfico o llamar como guerra contra el narcotráfico al esfuerzo del Gobierno Federal en realidad, como ya lo hemos mostrado, se trata de un plan de trabajo integral orientado a realizar labores de aplicación y cumplimiento de la ley.
Que son por cierto tareas ineludibles que tiene la autoridad y en el caso del Gobierno mexicano son obligaciones explícitas, de carácter constitucional, cumplir y hacer cumplir la ley, preservar la seguridad interior del país, coadyuvar con el Ministerio Público en la averiguación y persecución de los delitos y, desde luego, brindar seguridad pública a los ciudadanos, tareas que por cierto comparten concurrentemente el orden federal, estatal y municipal.
Los resultados, además, muestran este patrón sistemático de actuación apegado a la ley.
Entre septiembre de 2010 y junio de 2011 el Ministerio Público de la Federación despachó 113 mil 68 averiguaciones previas por delitos del fuero federal; de éstos se dictaron 24 mil 251 sentencias condenatorias en primera instancia, y durante esta administración, además, se han capturado más de 6 mil 500 presuntos secuestradores y 466 prófugos de la justicia de diversas nacionalidades han sido entregados en extradición.
Es decir, tenemos un sistema de justicia actuante de manera sistemática, al amparo de la ley, en la división de poderes.
Por otra parte, han sido esclarecidos delitos lamentables, muy complejos, como aquéllos ocurridos en San Fernando, como aquéllos ocurridos en Salvarcar o como aquéllos ocurridos en el Casino Royal, en Monterrey, por mencionar algunos.
Más importante aún es el hecho de que los autores de tan deplorables delitos ya han sido llevados ante la justicia.
Quiero insistir, la función de seguridad pública en México es una competencia concurrente de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, tal como lo dispone nuestra Constitución.
Por ello, en estados como éste las fuerzas federales han participado en tareas de seguridad pública a petición expresa de los gobiernos locales de manera temporal y en coordinación, sin sustituir a las autoridades locales en el ejercicio de sus funciones y de sus responsabilidades y con el objetivo precisamente de dar tiempo para que los gobiernos de los estados y los municipios puedan fortalecer y depurar a sus propias instituciones de seguridad y de justicia.
Quizás también es pertinente hacer un comentario respecto a un argumento que invade muchas esferas de la opinión pública, con respecto a que la estrategia de combate a la delincuencia no ya traído ni seguridad ni derechos. Exactamente esta afirmación debe de ser también combatida.
Tenemos que reconocer que el fenómeno de criminalidad, el incremento siquiera, el incremento de los homicidios no es un fenómeno exclusivo de nuestro país.
Cuando uno hace una comparación de todo el hemisferio entre el año 2000 y el 2010 hay una tasa de crecimiento promedio de cerca del 60 por ciento.
En el caso específico de nuestro país el incremento de la violencia obedece a distintas causas, muchas de ellas vinculadas a la propia evolución del fenómeno criminal,  entre otras el cambio del modelo de negocio del crimen organizado, que ha implicado para los criminales la necesidad logística de controlar un territorio y ya no nada más una ruta hacia los Estados Unidos, y también desde luego la mayor disponibilidad de armas de asalto de alto poder, derivado de la expiración de esta prohibición de ventas en aquel país.
Por regla general -y ese es el caso que nos ocupa en nuestro país- en un estado o en una región determinada lo que ocurre primero es la violencia criminal.
Y precisamente para atender ese fenómeno de violencia criminal, ese incremento en la extorsión, ese incremento en los secuestros, el incremento de la impunidad es que acude el reforzamiento de la actividad del Estado en materia de seguridad, el reforzamiento de la presencia federal.
La presencia de las fuerzas federales es una consecuencia y no causa de la violencia, como puede constatarse en la evidencia empírica disponible.
Más aún, podemos decir que gracias a la intervención de fuerzas federales en operativos conjuntos específicos y contrario a lo que normalmente se argumenta en algunos sectores, en el sentido de que aumenta la inseguridad y aumenta la violencia con la intervención federal, lo cierto es que la evidencia va en el sentido contrario.
Sí hay una importante reducción de la violencia y de la inseguridad en muchos de los lugares donde las fuerzas federales han participado en apoyo de las autoridades locales; es decir, en aquellas entidades donde nuestras acciones han alcanzado una mayor madurez operativa se han registrado descensos muy significativos en los índices de violencia y criminalidad.
En Tijuana, por ejemplo, se ha registrado una disminución de más del 87 por ciento de los homicidios entre enero de 2010 y noviembre de 2011, en tanto que en Ciudad Juárez la disminución es igualmente alentadora, pues desde que se registró el dato de octubre de 2010 a noviembre de 2011 también ha habido una disminución de más del 70 por ciento.
Situaciones semejantes han ocurrido más recientemente en otras regiones del país, como es el caso del Estado de Veracruz, como es el caso de La Comarca Lagunera, y será permanente este resultado en la medida en la que avancen justamente los tres componentes de la estrategia integral: La presencia federal para abatir a la delincuencia, la transformación institucional, el mejoramiento de las policías, los Ministerios Públicos y la actuación de los juzgados y también, desde luego, la restitución del tejido social.
Muy estimados conferenciantes y participantes de este Foro sobre Legalidad con Seguridad:
Todos sabemos que la única forma de garantizar el respeto a los derechos humanos es precisamente manteniendo un Estado de Derecho eficaz, firme, que rinde cuentas con pesos y contrapesos, y con la capacidad de los ciudadanos para exigir que estos actores de la autoridad se sometan a la ley; pero también que tengan la capacidad para poder actuar en consecuencia a sus obligaciones.
Necesitamos un Estado fuerte para defender con eficacia los derechos humanos y estamos trabajando precisamente para consolidar nuestras instituciones en ese marco democrático que a un tiempo nos da firmeza y nos da el equilibrio y el balance que garantizan el ejercicio de las libertades ciudadanas.
Sólo a los delincuentes les conviene que tengamos un Estado e instituciones débiles.
Por supuesto que el Gobierno del Presidente Felipe Calderón se mantiene atento y seguirá actuando contra cualquier práctica de la autoridad que atropelle la igualdad, la integridad y la vida de los seres humanos.
Nunca será tolerable un agravio a la persona, a sus derechos o a sus libertades fundamentales.
En el México de hoy cualquier caso de violación a los derechos humanos es y debe ser investigado y castigado, porque nuestro compromiso es con la justicia, con la seguridad, con la integridad y con la dignidad de las personas.
Todos nuestros esfuerzos para restablecer el orden y la seguridad están precisamente orientados a lograr que los derechos fundamentales de la persona sean reconocidos, respetados, garantizados y promovidos en todo nuestro querido México.
Es por ello que en este Foro de Seguridad con Legalidad me complace subrayar que el Gobierno Federal continuará cumpliendo con el deber subsidiario de apoyar a estados y municipios, a restaurar la eficacia y credibilidad de sus instituciones responsables de mantener las condiciones de seguridad pública necesarias, que permitan a todos trabajar y vivir en paz.
La fortaleza del Estado mexicano tiene su origen en el trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno y en la exigencia y participación de los ciudadanos.
Sólo a través de esta colaboración y corresponsabilidad permanentes podremos construir el México seguro en legalidad, justo, próspero, en el que todos podamos vivir con dignidad; un México generoso, un México de oportunidades como está llamada a ser nuestra gran patria.
Muchas gracias.
 

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