Voto razonado y
elecciones auténticas/JOHN M. ACKERMAN
Revista Proceso No.
1843, 26 de febrero de 2012
Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, gran político
guerrerense: In memoriam.
Lo más probable es que
el miércoles 29 el Instituto Federal Electoral (IFE) tome la salida fácil de
organizar únicamente los dos debates presidenciales requeridos por la
legislación y emitir una serie de lineamientos burocráticos para que
universidades, medios de comunicación y grupos de ciudadanos también convoquen
a encuentros entre los candidatos. Si esto ocurre, la autoridad electoral
estaría abdicando a su responsabilidad constitucional de asegurar la
celebración de elecciones auténticas y libres, así como a la de desarrollar la
cultura democrática y la educación cívica de los mexicanos.
El minimalismo
burocrático y la interpretación letrista de la ley suelen presentarse como si
fueran el camino más seguro y objetivo para las autoridades. Pero la historia
ha demostrado que en materia electoral este tipo de acercamientos típicamente
tienen un fuerte trasfondo partidista y reflejan una parcialidad reprobable.
Durante los primeros años posteriores a la reforma electoral de 1996, los
consejeros y magistrados electorales más cercanos al PRI utilizaban argumentos
similares para limitar las facultades del IFE en materia de compra y coacción del
voto, fiscalización de gastos de campaña y control sobre la propaganda
gubernamental.
Posteriormente, los
funcionarios electorales más conservadores también recurrían al inmovilismo
burocrático con el fin de obstaculizar tanto las históricas multas en los casos
Amigos de Fox y Pemexgate como el despliegue de la “causal abstracta” de
nulidad. En 2006, el entonces consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, dio uno
de los ejemplos más claros del abuso de una lectura supuestamente “estricta” de
la ley al enviar, el 4 de julio, un circular a los Consejos Locales del IFE con
la intención de limitar al máximo el recuento de los votos y la transparencia
de los resultados electorales.
Una vez más, los
consejeros del IFE se encuentran ante una decisión clave que definirá su legado
histórico. Si se niegan a obligar a los candidatos presidenciales a confrontar
ideas de manera sistemática y periódica, estarán facilitando una grave
afectación a nuestro derecho ciudadano a la información y poniendo en riesgo la
autenticidad del proceso electoral. También estarán demostrando un claro sesgo
hacia el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, a quien le
conviene reducir al mínimo los momentos de intercambio libre de ideas con sus
contrincantes y la ciudadanía en general.
El Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales de ninguna manera prohíbe al IFE
organizar más debates entre los presidenciables. Dos de los candidatos,
Josefina Vásquez Mota y Andrés Manuel López Obrador, ya han solicitado a la
autoridad electoral que haga todo lo posible para asegurar una campaña dinámica
y cercana a la sociedad. Cualquiera de los candidatos, evidentemente, estaría
en su derecho de no asistir a las convocatorias adicionales emitidas por la
autoridad electoral. Sin embargo, ningún partido o candidato cuenta con la
facultad de prohibir u obstaculizar la realización de estos encuentros.
Más allá de convocar a
debates adicionales, el IFE también debería informar directamente a la
ciudadanía sobre las trayectorias y las propuestas de los candidatos para todos
los cargos de elección popular a nivel federal, así como convocar a debates
ciudadanos sobre la problemática nacional. No hace falta que esté presente
ninguno de los candidatos para que los ciudadanos reflexionen sobre la
coyuntura y analicen las propuestas de los partidos.
Por ejemplo, la
exitosa experiencia de las Encuestas Deliberativas, organizadas en una docena
de países por el Centro de Democracia Deliberativa de la Universidad de
Stanford (http://cdd.stanford.edu/), ha demostrado que entre más y mejor
información tienen los ciudadanos, más auténtica y razonada es su participación
electoral. Estas encuestas se levantan entre grupos de ciudadanos que
previamente son informados sobre las trayectorias y las propuestas de los
candidatos y tienen la oportunidad de debatir sobre las mismas. No se busca
medir, como en las encuestas tradicionales, el impacto de estrategias de
mercadotecnia o de escándalos mediáticos, sino de poner en acción la
inteligencia ciudadana y obligar a los candidatos a elevar el nivel del debate.
La mera celebración de
elecciones no es suficiente para legitimar el ejercicio del poder público. Los
mexicanos conocemos mejor que casi cualquier otro pueblo la farsa en que
fácilmente se convierten las campañas y los procesos electorales. La norma a lo
largo de más de 200 años de vida independiente ha sido precisamente la
celebración de comicios carentes de valor democrático.
El IFE existe no
solamente para contar boletas electorales, sino también para facilitar un
contexto de participación y exigencia ciudadanas que obligue a los candidatos a
rendir cuentas a la sociedad y a proporcionar suficiente información para el
ejercicio de un voto razonado. Si las campañas no despiertan interés, se pone
en duda la calidad del proceso electoral porque los ciudadanos nos quedamos
relegados a ser meros espectadores de un show entre políticos.
En lugar de limitarse
a organizar dos debates acartonados, maquillados y sobre-producidos, así como a
publicar las metodologías de las mismas casas encuestadoras de siempre, los
consejeros electorales deberían aprovechar al máximo sus amplias facultades
constitucionales para asegurar que los 90 días de campaña federal sea un
periodo ejemplar de reflexión y debate participativo sobre el futuro de la
nación. l
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter:
@JohnMAckerman
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