Funcionarios de doble
cara/MARCELA TURATI
Revista Proceso No. 1843, 26 de febrero de 2012
Cuando se enteraron
por las noticias de que al exfiscal de Coahuila Jesús Torres Charles y a la
subdelegada de la PGR en el estado, Claudia González, se les relaciona con Los
Zetas –el primero por parentesco, la segunda por brindarles protección–, a
cientos de familias de todo el país se les heló la sangre.
Entendieron que a la
par que aportaban nuevos datos a los funcionarios para que buscaran a sus
familiares desaparecidos estaban entregando información a los propios
criminales. Comprendieron también por qué, a pesar de sus esfuerzos, el
gobierno no ha encontrado a ninguna de las personas reportadas como
desaparecidas en la entidad en estos tiempos de la guerra contra el narco.
“Siento frustración
por la impunidad, por la omisión, por el cochinero y la colusión de todas las
autoridades procuradoras de justicia del estado de Coahuila, no nada más las
personas que ya aprehendieron, sino las que nos pusieron innumerables
obstáculos a las familias que hicimos pesquisas, investigamos con esfuerzos
sobrehumanos por ser simples ciudadanos. Y seguramente todo lo que
presentábamos al fiscal lo tiraba a la basura”, dice indignada la señora María
Guadalupe Fernández Martínez.
Es madre del ingeniero
Jorge Antonio Robledo Fernández, un defeño desaparecido en Monclova el 25 de
enero de 2009. Tenía 32 años y trabajaba en ICA Fluor Daniels, en el Proyecto
Fénix de Altos Hornos de México. Desde entonces la pareja Robledo-Fernández se
volcó en la búsqueda de su hijo y viajó cada semana a Coahuila para entregarle
pruebas al fiscal.
Le dieron un video del
antro sospechoso, de ventanas selladas, que comparte estacionamiento con la
tienda de autopartes donde desapareció su hijo. Las llamadas que, durante un
año, se hicieron desde los dos teléfonos celulares de su hijo y hasta la
ubicación de los dos cajeros automáticos en los cuales se hicieron retiros
bancarios con sus tarjetas. Pero no hizo nada, ni siquiera incluyó los datos en
la averiguación previa 002/2009.
“Siempre nos
preguntaban qué cosas nuevas habíamos investigado y muchas veces les dijimos:
‘Ustedes tienen que investigar; esa es su labor, no la nuestra’”, dice a
Proceso esta mujer, que forma parte de la organización Fuerzas Unidas por
Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), que tiene 230 casos documentados
en el estado de 2007 a enero de 2011.
Los cálculos
preliminares del gobierno estatal arrojan que en el estado han desaparecido más
de mil 600 personas durante el sexenio de Felipe Calderón.
“Nosotros hacíamos
esfuerzos sobrehumanos por obtener información: hicimos un análisis de las
llamadas que salían del celular de mi hijo y se los llevábamos cada 10 días
para mostrarles que estaban activos, que los recargaban, que tenían dados de
alta como amigos a varios celulares; llevábamos estados de cuenta de tarjetas
bancarias y les avisamos la semana en la que ininterrumpidamente se presentaron
a sacar dinero. Nosotros estábamos esperanzados de que iban a poner a un agente
encubierto a esperarlos, porque Monclova es una ciudad pequeña. Pero llegó el
sábado y esos animales-infelices-desgraciados que habían sacado de 3 mil en 3
mil le sacaron los últimos 100 pesos que quedaban”, dice.
El asco, la
desilusión, la indignación, la sensación de estafa es compartida por las
familias que, como la suya, se dedicaron a juntar pistas que ayudaran a las
autoridades a ubicar a sus seres queridos. Sin saber que tenían a los enemigos
en casa.
La directora del
Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de la Diócesis de Saltillo,
Blanca Martínez, también asesora de Fuundec (hoy Fuundem, porque aglutina ahora
a desaparecidos en todo México), informa que, ante la noticia reciente, las
familias están desconcertadas e indignadas.
“Ya entendemos por qué
estos años no se encontró a nadie a pesar de que la gente ha puesto información
que no ha servido para nada.”
“La primera
desaparición fue hace cinco años y a la fecha no hay nada. Hay una clara
responsabilidad, como mínimo, por omisión y muy probablemente una deliberación
de no buscarlos, y eso implica responsabilidades institucionales y de estado.
No dudamos que haya responsabilidades directas de funcionarios de alto nivel,
como la subdelegada. Por eso vamos a pedir que se investigue al exfiscal, a
todos los funcionarios involucrados en las presuntas investigaciones de los
desaparecidos y, obviamente, al exgobernador Moreira”, señala Blanca Martínez.
Durante todo 2011, las
familias establecieron mesas con funcionarios estatales y federales en las que
participó la subdelegada Claudia González. “(Ella escuchó) todos los casos,
dando su opinión, comprometiéndose con las familias a buscar a sus desaparecidos,
diciendo –con un manejo emocional poco ético– que entendía a las madres de
ellos por ser mujer”.
A raíz del anuncio de
la semana antepasada de los vínculos de los dos exfuncionarios con Los Zetas,
la desconfianza entre las familias se afianza.
“Desde que nos
sentamos la primera vez con Moreira, en septiembre de 2010, una de las demandas
de las familias era la renuncia de Torres Charles por sus claros actos de
omisión en procurar justicia. El entonces gobernador hizo caso omiso y cuando
dejó la gubernatura para irse como presidente del PRI todavía nos dijo:
‘Quédense tranquilas, aquí está el fiscal, él va a seguir buscando’”, dice
Martínez.
A pesar del mal
desempeño de Torres Charles como procurador estatal, el sucesor de Humberto
Moreira, su hermano Rubén, lo nombró jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos,
donde se vigilaban las nuevas leyes a aprobarse. En ese lapso se tipificó el
delito de desaparición forzada que no cumple los lineamientos de la
Organización de las Naciones Unidas.
“La definición está
amañada para salirse por la tangente. Vamos pa’trás, dejaron muy ambiguos los
castigos a los responsables directos del delito y la responsabilidad del estado
para garantizar la justicia”, señala.
El desencanto no es
nuevo. Conforme pasa el tiempo y las familias peregrinan de institución en
institución para solicitar la búsqueda de sus seres queridos, se han ido dando
cuenta de las complicidades entre autoridades y delincuentes. Sin embargo,
hasta este momento se hizo explícito.
“Mucho tiempo
confiamos en la palabra de esas personas que, dicen las noticias, están
inmiscuidas. A nosotros Dios nos iluminó: el 27 de abril de 2009 nos dimos
cuenta de que el fiscal no iba a hacer nada. Descubrimos que los nuevos datos
que llevábamos, las sábanas telefónicas, las fotografías, no las incluía en la
averiguación previa, aunque le dábamos todo en sus manos. Además nos
paralizaba, diciéndonos que no buscáramos porque nuestro hijo corría peligro”,
dice la madre de Jorge Antonio.
La familia del
ingeniero decidió acudir a la PGR; hasta ahora la institución no ha avanzado en
el caso de su hijo. La familia Robledo-Fernández y los demás miembros de
Fuundec tuvieron pláticas con el subsecretario de Gobernación, Felipe Zamora,
con quien planeaban la creación de una fiscalía estatal que se dedicara a la
búsqueda de los desaparecidos. Pero todo se interrumpió cuando él murió en el
accidente aéreo con el secretario Francisco Blake Mora.
“Nos interesa que se
investigue a estas personas que ahora son señaladas, porque puede ser el hilo
de esta madeja tan dolorosa para nosotros”, dice la señora María Guadalupe.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario