Más sobre el caso Cassez

Reacciones caso Cassez:

Opiniones de /José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A. C:  /Federico Reyes Heroles; Ana Laura magaloni, y José Miguel Vivanco, director de Human Rigths Watch

Sugieren enmendar el proceso a Cassez
El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, señaló que de existir violación al debido proceso penal de la francesa tendrán que enmendar las fallas y sancionar a los funcionarios responsables, pero reiteró que las víctimas deben tener prioridad para ser reparadas del daño. "Desde la Comisión estamos siempre a favor del debido proceso, pero también en defensa de que en este debido proceso se tome en consideración al principal actor del proceso penal, que es la víctima, en ese orden de ideas.
"Por eso la importancia de que si existieran fallas procedimentales que lastimaron, que afectaron el proceso penal, las mismas tienen que ser enmendadas, pero siempre, en buena medida, orientando los fallos en forma en la que se pueda retribuir y también satisfacer el reclamo de justicia de quien es víctima de un delito", dijo.

El día de ayer el ombudsman recibió en reunión privada a María Isabel Miranda de Wallace y a Ezequiel Elizalde, joven secuestrado por la banda "Los Zodiaco". Posteriormente dieron una conferencia de prensa conjunta para plantear la posición del organismo y de las víctimas respecto al proyecto del Ministro Arturo Zaldívar.
El ombudsman reconoció que la violación al debido proceso pudo influir en la sentencia contra la francesa, y señaló que fueron los elementos de la AFI y de la PGR quienes infringieron los derechos de las víctimas de secuestro de la banda "Los Zodiaco" al no haberlas protegido en el rescate y al no haber atendido conforme a derecho el proceso.
En la conferencia, Miranda de Wallace y Elizalde pidieron a la Suprema Corte que escuche a las víctimas de Cassez y que el caso, por su relevancia, no se decida en la Primera Sala, sino en el pleno de la Corte.
Isabel cuestionó al Ministro Arturo Zaldívar por ventilar el proyecto que pide la liberación de Cassez antes de su discusión, al considerar que sugestiona a la población, como lo hizo el montaje televisivo del rescate. "Con esto él está haciendo exactamente lo mismo de lo cual él adolece dentro del proceso, el hecho de que se sugestionó a toda la población con un video", dijo.
La virtual candidata del PAN al gobierno del Distrito Federal consideró que, de aprobarse el proyecto, no sólo perjudicaría a tres afectados sino a todo el sistema jurídico. Toda vez que la resolución serviría como precedente para que exista mayor impunidad.  “Señor ministro, usted está abriendo la puerta a la impunidad”.
Isabel Miranda de Wallace comparó la actuación del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien divulgó un video con la captura de la mujer, con el planteamiento de la Suprema Corte. “Con esto, él está haciendo exactamente lo mismo de lo cual él adolece durante el proceso. El hecho de que se sugestionó a toda la población con un video, él está sugestionando a toda la población y generando una polémica innecesaria”, manifestó tras rechazar que participó en un acto a favor del PAN.
Ezequiel Elizalde por su parte, una de las tres víctimas que señalan a Cassez como responsable de su secuestro, suplicó que no se libere a la francesa quien, dijo, destruyó su familia y lo obligó a huir de México. El joven exigió a los 11 ministros del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que discutan el caso, y no sólo los cinco de la Primera Sala.  “Es indignante para mí como víctima saber que el ministro (Arturo) Zaldívar puede dejar libre a un delincuente ¿A mí quién me repara mis dos meses secuestrado ahí? ¿Qué derechos tengo yo como víctima? A mí Florence Cassez jamás me dio ningún derecho. A mí me lastimó y a otras víctimas también”, reclamó Ezequiel.
La ruta al pleno
El próximo 21 de marzo, los ministros de la Primera Sala, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Guillermo Ortiz, Jorge Pardo Rebolledo y el ponente Arturo Zaldívar iniciarán la discusión sobre la posible liberación de Florence Cassez.
Empero, ya distintas voces han solicitado que el asunto no se atienda en Primera Sala, sino en el Pleno de la SCJN.  Para que esto suceda, es necesario que un ministro proponga, en sesión pública o privada, que por la trascendencia e importancia del caso el tema sea llevado al Pleno del Máximo Tribunal. Además, debe argumentar el motivo de su planteamiento.  Para que el debate suba al Pleno, debe tener el apoyo de la mayoría de la Sala, es decir, tres de cinco votos.

Algunos posicionamientos:
Cassez: del linchamiento a la justicia/José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A. C.
Publicado en Reforma 13 de marzo de 2012:
Los linchamientos no son actos de justicia, sino de barbarie. A los energúmenos que integran la turba no les importa la verdad, ni la evidencia, ni la culpabilidad de los seres humanos que despedazan o incendian. Para decirlo en términos coloquiales: para ellos no se trata de quién la hizo, sino de quién la pague. Basta con que un instigador señale, para que contra el señalado la turba desate su furia.
Los linchamientos sacan lo peor del ser humano. Los individuos renuncian a los dones supremos de la razón y de la individualidad, en aras del atavismo tribal sediento de sangre. Se produce un efecto de contagio. Aunque a un sujeto no le conste, acusa al chivo expiatorio. Otro sujeto, aunque le conste todavía menos la culpabilidad del linchado, repite la imputación que escuchó. Pero si alguien se atreve a objetar, se vuelve candidato adicional al linchamiento.
Para impedir la injusticia inherente a los linchamientos, es que se desarrolló el sistema de justicia. Entonces, a éste no se le puede pervertir de manera más extrema que cuando se le somete a la lógica del linchamiento.
Cuando el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea propone a sus pares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgar el amparo a Florence Cassez y para ello su argumentación se basa en la violación del principio de presunción de inocencia, el juzgador no está apelando a un "tecnicismo", a un formalismo, para liberar a la ciudadana francesa presa desde hace más de 6 años por su supuesta participación en secuestros. Lo que Arturo Zaldívar pretende es anular un linchamiento que se ha querido hacer pasar por un juicio penal, acaecido en una nación que se reclama sujeta a un Estado de derecho.
El ministro ni siquiera entra al fondo del asunto, a la supuesta culpabilidad, a los méritos o ausencia de los mismos de la evidencia, pues, ¿qué importancia tiene ésta en un linchamiento, cuando existe de antemano una condena contra el acusado?
La lógica perversa de linchamiento con apariencia judicial no es muy diferente a la del linchamiento crudo común. Cuando en un linchamiento disfrazado de proceso penal a un supuesto responsable se le ha acusado y condenado mediáticamente, los fiscales y los jueces se ven presionados para torcer sus decisiones según los designios de la turba y de sus instigadores. La evidencia es entonces irrelevante o cuando menos secundaria.
Pero en el caso de Florence Cassez, no han faltado quienes digan que no importa que la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), entonces dirigida por el actual secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, haya hecho un montaje para la televisión sobre la detención de unos secuestradores y de Cassez, sino que lo importante es la evidencia de la implicación de ella en secuestros.
¿Y cuál es la supuesta evidencia? Los testimonios de las víctimas, que -se nos da a entender- por el mero hecho de provenir de ellas constituyen una verdad incontrovertible.
Lo sorprendente de esta argumentación es que pretenda ignorar que los testimonios de las víctimas, en las que supuestamente reconocían a Cassez, se produjeran varias semanas después de que ella fuera detenida, exhibida por la policía y arraigada. Si todo esto no se ha tratado de un linchamiento, ¿cómo se atrevió la policía a presentarla ante el Ministerio Público, cómo éste se atrevió a consignarla y cómo osó el juez de la causa declararla sujeta a proceso y formalmente presa cuando no existía evidencia contra ella?
Y ¿por qué la supuesta evidencia (el testimonio de la víctima en la que dice reconocer a Cassez cuando en su primera declaración aseguró no reconocerla) se produjo hasta el 13 de febrero de 2006, más de dos meses después de la detención de la ciudadana francesa (9 de diciembre de 2005)?
Porque el circo se le cayó a Genaro García Luna el 5 de febrero de 2006. En esa fecha, en una entrevista que con su singular agudeza le realizó Denise Maerker, el jefe policial debió admitir que las imágenes de la detención de Cassez no eran reales, sino un montaje, pues durante el operativo de rescate de los secuestrados -se excusó- no había cámaras de televisión. De modo que si era falso que Cassez hubiera sido detenida en flagrancia en la casa de seguridad donde los plagiarios retenían a sus víctimas, habría que inventar otra "evidencia". Y esta es el testimonio de dos de las víctimas de que, siempre sí, reconocían a Cassez, testimonio que según la versión (plausible) de la defensa fue obtenida por la AFI mediante una combinación de chantaje sentimental y coacción.
Pero hay algo más de importancia crucial sobre la acusación y es que si de veras Cassez vivía en la casa de seguridad y era parte de la banda de secuestradores, tendría que haber habido alguna otra evidencia de ello. Sus huellas digitales tendrían que estar por todos lados y sobre todo donde los plagiados estaban retenidos. Pero jamás se presentó una sola prueba de ello...porque no existía...
Este capítulo de perversión de la justicia no puede terminar con la mera liberación de quien ha permanecido en prisión por más de seis años, bajo una acusación basada en evidencia inexistente o falsa. Contra quienes decidieron inculpar y contra quienes decidieron acusar a una persona a sabiendas de que no era culpable, así como contra quienes con sus fallos judiciales la mantuvieron privada de la libertad, debe aplicarse todo el peso de la ley.
*Justicia o autoritarismo /Federico Reyes Heroles
Reforma, 13 Mar. 12
Las relaciones de México y Francia están dañadas. No es lo más importante. Una mujer podría estar injustamente encarcelada. Eso es muy grave y, por desgracia, muy común en nuestro país. Pero lo más relevante es que el caso Cassez exhibe la brutal concepción de justicia que priva en México. El caso es un parteaguas en la pedagogía jurídica de nuestro Estado de derecho. The Rule of Law, de Tom Bingham, es un clásico al respecto. El debido proceso es la única puerta de entrada a la verdadera justicia. Si este no se cumple, el pretendido ofensor podría no serlo. Será otro inocente injustamente tratado. Gravísimo. Pero está el otro lado, el ofendido podría estar siendo engañado. El verdadero responsable seguirá libre. Enfrentar el derecho de las víctimas al de los inculpados es una falacia.
En la base de un Estado de derecho está el debido proceso, es el único gozne que puede unir al ofendido con el ofensor. Si el debido proceso se falsea, se pervierte, el Estado se convierte en el ofensor más peligroso de la sociedad. El debido proceso es un dique en contra de un Estado autoritario, de Stalin a Mao, de Mussolini a Pinochet, la ideología es lo de menos. En México los reclamos de justicia por cualquier vía son muy populares, no así el debido proceso. El porcentaje de población que coquetea con la justicia por propia mano podría rondar el 40%. El principio subyacente es de terror: contra los "malos" -definidos arbitrariamente- todo se vale. Ahí se acaba el proceso civilizatorio.
Se puede sospechar una culpabilidad, pero si no se prueba conforme a derecho, la acción persecutoria es ilegítima en su origen. Un Estado que no respeta el debido proceso es una amenaza para todos. En México la idea de quebrantar la ley para obtener fines superiores nos viene de lejos. Es una tradición de barbarie que hemos heredado. Ni Juárez, ni Lerdo, ni Díaz gobernaron dentro del marco legal. Allí está Juárez el mito de la legalidad de Carmen Sáez Pueyo, UNAM. El maderismo fue legalista pero los levantamientos posteriores subvirtieron las normas para buscar la anhelada justicia. De nuevo, en México la idea de subversión revolucionaria y justiciera es muy popular, no así el debido proceso. Allí está el EZLN. Imponer la pretendida justicia así sea violentando la ley remite a Calles, a Díaz Ordaz, a Echeverría o a López Portillo con la nacionalización bancaria. Todo esto está detrás del caso Cassez.
La concentración de poder en el Ejecutivo, la dependencia de los fiscales (Ministerios Públicos) de los ejecutivos locales, ha extendido tapete rojo a la arbitrariedad. Violentar el debido proceso para imponer una falsa justicia es todavía festejado. Resultado: el debido proceso no termina por asentarse como obligación de la autoridad. La alternancia no mejoró las cosas. Las contradicciones en el desafuero contra AMLO enturbiaron el ambiente. Con Calderón el asunto se agrava. Calderón invita a García Luna al gabinete a sabiendas del polémico caso de Cassez. La cabeza de la AFI tuvo que haber estado enterado del montaje, de las violaciones al debido proceso. Hoy todos las conocemos, allanarnos es volvernos cómplices.
Nos encaminamos a los 50 mil muertos en enfrentamientos entre bandas de narcos y narcos y diferentes cuerpos policiacos y las Fuerzas Armadas. Para las autoridades la gran mayoría de los muertos estaba ligada al crimen organizado. Pero hay un problema, Human Rights Watch ha puesto el dedo en la llaga. Sólo un mínimo porcentaje de las víctimas cuenta con una investigación detrás. ¿Cómo saber que estaban vinculados? El índice de letalidad (Nexos, 407) muestra que con frecuencia no se investiga, ni se detiene, se ejecuta. La CNDH ha hecho saber del brutal ascenso de las denuncias por tortura y desaparición forzosa. Pareciera que el régimen está dispuesto a violentar las normas que sean necesarias con tal de eliminar a los narcos, si es que eso es posible. Ese es el estilo de la casa.
En una situación anómala hoy conocemos la postura del ministro Zaldívar con relación al caso Cassez. Su posición garantista lo define a favor del respeto al debido proceso que se violó siendo García Luna titular de la AFI. Es imposible mediar entre las dos rutas de razonamiento: o se defiende la invención de la justicia o se defiende el impopular debido proceso. El primer camino lleva a la degradación del Estado en que todos somos potenciales víctimas. El segundo es la construcción de un cimiento de un verdadero Estado de derecho. México, con Bernardo Sepúlveda a la cabeza, defendió y ganó en la Corte Internacional de Justicia el caso de los connacionales a los cuales se les violaron sus derechos al alterar el debido proceso. Debemos ser congruentes. La Primera Sala y el ministro Cossío en particular, quizá el Pleno, tienen una enorme responsabilidad frente a la historia. El debido proceso es la base de la libertad de 115 millones de mexicanos. El dilema es claro: justicia o autoritarismo.

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La justicia que queremos/Ana Laura Magaloni
"... En el sistema de justicia penal, quien defiende, representa y protege a la víctima es el MP. A los jueces les toca otro papel: controlar la arbitrariedad de la actuación de MP y policías, tanto hacia la víctima, como hacia el acusado...ALM
Reforma, 10-Mar-2012
Vuelvo a confirmar, cuando escucho y leo algunas de las opiniones sobre el proyecto de sentencia del ministro Zaldívar en el caso Cassez, que estamos muy lejos de tener un sistema de justicia penal digno de ese nombre. La razón es clara: no creemos, como sociedad, en los valores y principios que rigen la justicia penal de una democracia. Todavía creemos que la presunción de inocencia, el derecho del acusado a ser asistido por su defensor desde la fase de investigación, el derecho a no ser incomunicado por la policía o el derecho a un juez sin ideas preconcebidas sobre el acusado son "meros formalismos legales". No nos hemos percatado cabalmente de que la eficacia de estos derechos es el único vehículo posible para tener un sistema de justicia confiable, potente, al servicio de los ciudadanos y capaz de generar credibilidad social en la ley y las instituciones.
El debate mediático y algunas de las plumas importantes del país estiman que el proyecto de Zaldívar se olvida de "los derechos de las víctimas". Se trata, por lo que parece, de un dilema insalvable: si el juez garantiza la eficacia del debido proceso y del derecho de la acusada a un juicio justo, entonces deja desprotegidas a las víctimas. O dicho en sentido inverso, para que las víctimas queden "protegidas", el juez debe permitir que policías y ministerios públicos violen los derechos constitucionales de la acusada. La distorsión de los roles, bajo este paradigma, es preocupante. En el sistema de justicia penal, quien defiende, representa y protege a la víctima es el MP. A los jueces les toca otro papel: controlar la arbitrariedad de la actuación de MP y policías, tanto hacia la víctima, como hacia el acusado, asegurarse de la calidad del proceso y actuar como árbitros imparciales frente las partes. Si, como sostiene el proyecto, la policía armó un montaje mediático y detuvo más tiempo del razonable a la acusada y el MP no dio aviso en forma inmediata al Consulado francés y contaminó los testimonios de las víctimas con el montaje televisivo, quien dejó desprotegidas a las víctimas no es Zaldívar, sino quienes llevaron a cabo esas violaciones. Ello es una tragedia. Pero, repito, los responsables son policías y MP. Al juez le toca asegurarse de que los principios centrales que hacen creíble y confiable la justicia penal se cumplan. Entre estos principios básicos se encuentran los que obligan a la policía y al MP a actuar conforme a la Constitución y las leyes. Este papel del juez, tan elemental en una democracia, es lo que viene a defender el proyecto de Zaldívar.
Detrás de esta discusión entre los derechos del acusado y los de las víctimas se esconde la idea, bastante aceptada en la sociedad mexicana, de que, tratándose del enjuiciamiento penal, tenemos que admitir, casi inevitablemente, altas dosis de arbitrariedad por parte de MP y policías. Lo que cuenta es que los "delincuentes" sean atrapados a cualquier precio. La calidad de la justicia importa poco. Las violaciones a los derechos del acusado importan menos. Lo único realmente relevante es que los "delincuentes" (como quiera que definamos quiénes son) "reciban el castigo que se merecen".
Después de muchos años de estudiar cómo funciona nuestro sistema de procuración e impartición de justicia, estoy convencida de que su arbitrariedad y su ineficacia están fuertemente asociadas. Hoy el MP puede armar una acusación fabricando evidencia y coaccionando a testigos y acusados y, de cualquier modo, va a ganar el juicio y obtener una sentencia condenatoria. ¿Por qué habría de hacer distinto su trabajo? Además, la otra cara de la moneda de las prácticas autoritarias es que, al igual que violan los derechos del detenido, el MP y la policía pueden perfectamente asociarse con los presuntos responsables para que, a cambio de dinero, la averiguación previa quede en el olvido y la víctima completamente desprotegida. Permitir que policías y MP operen violando la Constitución y las leyes es lo que hace que estas autoridades puedan fabricar culpables o vender impunidad. El sistema como tal deja desprotegidos a todos, a víctimas y acusados.
El único camino posible para comenzar a resolver la enorme debilidad de nuestro sistema de procuración e impartición de justicia es rompiendo de raíz los asideros del modelo de persecución criminal autoritario. No conozco un sistema de justicia penal potente y confiable en el mundo en donde determinadas violaciones a los derechos del acusado no tengan como consecuencia una sentencia absolutoria. Gracias a que esas violaciones tienen costos para el MP, ello deja de ocurrir y las instituciones de persecución criminal comienzan a desarrollar verdaderas capacidades investigativas y de litigio.
Así, el dilema que nos pone enfrente el proyecto de Zaldívar es qué tipo de sistema de justicia penal queremos: el que tenemos o uno profesional, creíble y honesto
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José Miguel Vivanco, director de Human Rigths Watch
Publicado en Reforma 10 de marzo de 2012
Daniela Rea entrevista a José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch
'Respeta a víctimas el debido proceso'
-¿Cuál es la relevancia de la discusión que propone el Ministro Zaldívar?
-No es la primera vez que sabemos de una investigación penal en México donde se manipula la escena del crimen, se viola la presunción de inocencia, se retrata ante las cámaras a los presuntos delincuentes antes de juzgarlos, se les condena en público. Esa es la metodología habitual de la Policía, de la PGR, de los máximos organismos.  Este caso permite debatir entre otros, ese punto. Hay tantos principios jurídicos esenciales que garantizan el derecho a una defensa, a un juicio justo, y todavía más importante, al debido proceso. Todos ellos están dirigidas a preservar la credibilidad de un proceso penal.
 Creo que en este caso, al realizarse un montaje para la televisión, ese solo hecho es un vicio, una irregularidad de tal gravedad que daría no sólo para anular procesos, sino para castigar a los responsables de esta frivolidad.
La PGR, la SSP y la CNDH han llamado a priorizar los derechos de las víctimas. Pareciera que se plantea una competencia de derechos.
 Siempre estamos comprometidos por la justicia y contra la impunidad. Si uno está a favor de la justicia y contra la impunidad, también debe estarlo a favor de lo que representa las necesidades de preservar la credibilidad del proceso penal.
La manipulación de la escena del crimen, violación de la presunción de inocencia, fabricación de pruebas, falta de acceso a defensor, todo esto constituye uno de los problemas medulares por los cuales se cometen abusos y no se logran resultados tangibles, objetivos en la lucha contra la impunidad.
 El testimonio de las víctimas, de los testigos, de los peritos son centrales, evidentemente. Pero estas normas procesales que han sido concebidas para resguardar principios o derechos humanos fundamentales no pueden ser vistas como meras normas protocolarias, como rituales, como reglas de Carreño.
-¿Cuáles son esas normas básicas?
-Hay dos doctrinas muy importantes que están aquí en juego. Una, la doctrina de las manos limpias, es decir, quienes llevan el proceso penal deben conducirse más allá de cualquier reproche, ser impecables. No puede haber dudas respecto a los pasos procesales que se van dando para no viciar el proceso penal.
La segunda se llama "el fruto del árbol venenoso", que consiste en que una vez que se determina que hay un vicio de proceso de tal gravedad, como creo que es este caso, el resto, las consecuencias que se derivan de esas acciones judiciales y policiales necesariamente deben ser anuladas porque pierden su valor.
 Por eso creo que hay una oportunidad de lujo para que la Suprema Corte de Justicia reafirme la vigencia de normas procesales diseñadas con un objetivo sustantivo, no menor, no protocolario.
-¿Cuál sería la consecuencia?
-La consecuencia de políticas públicas es que exigen a las agencias de seguridad, policiales y al mismo Poder Judicial mejorar sus prácticas profesionales; de lo contrario todo vale.
Al mejorar tu nivel de profesionalismo puedes esperar no sólo que actúen con mayor respeto a derechos humanos, sino que también obtengan mejores resultados en la lucha contra el delito y la delincuencia y que no terminen fabricando procedimientos para tranquilizar a la opinión pública y dar por resuelto un caso, entendiendo que pueden tener a un inocente en prisión y no han hecho los esfuerzos que se requieren para dar con los culpables.
-¿Qué ganan las víctimas?
Creo que enfrentar derechos de víctimas y procesados se trata de una dicotomía falsa. No son derechos de ninguna manera incompatibles.
 De ninguna manera lo que quisiéramos ver es una réplica de justicia, una puesta en escena, una parodia de tipo judicial, justamente porque de lo que se trata es de respetar el derecho a las víctimas. El principal compromiso que tiene el Estado y su aparato penal es actuar en nombre de las víctimas.
En su nombre hay que actuar con el mayor rigor y profesionalismo, respetando las normas procesales que nos distinguen entre la época de la inquisición española y un estado moderno y democrático, donde la justicia debe ser medida no sólo en cuanto al riguroso respeto a ciertas normas procesales, sino también en función a sus resultados.
 La sociedad exige castigo a los delincuentes, resultados tangibles...
Lo peor que puede ocurrir en cualquier sociedad -lo hemos comprobado en Estados Unidos después del 11 de septiembre- es permitir que la opinión pública se guíe por el miedo, por el temor.
 Cuando la opinión pública empieza a actuar motivada, manipulada sobre la base del miedo, del temor, exigen lo que se llaman actuaciones ejemplarizantes, algo que pueda tranquilizar. Entonces todos pasamos a ser sospechosos y quedamos en manos de un Estado que actúa y que procede casi como Estado policial.