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Cuando la justicia se tuerce.../Patricia Mayorga


Cuando la justicia se tuerce.../Patricia Mayorga
Revista Proceso #1935, 30 de noviembre de 2013
La reciente liberación de Israel Arzate –a quien trataron de implicar en la matanza de Villas de Salvárcar– saca a la luz un problema de la justicia de Chihuahua: la tortura parece ser la única “técnica de investigación” aplicada por las policías locales y las federales desplegadas para colaborar en la guerra contra el narco. Organizaciones defensoras de los derechos humanos revelan que muchas personas han sido juzgadas y sentenciadas sin que la fiscalía estatal haya acreditado sin lugar a dudas su culpabilidad, basándose en confesiones arrancadas con agresiones físicas y amenazas. Así, las cárceles de Chihuahua podrían estar llenas de inocentes.

CHIHUAHUA, CHIH.- La orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de liberar a Israel Arzate Meléndez –implicado en la matanza de Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, en 2010– prendió las alarmas en el sistema judicial de Chihuahua: podrían venir otras liberaciones de presuntos delincuentes si se acredita que en sus casos se incurrió en irregularidades procesales.
Uno de los problemas recurrentes en el estado tiene que ver con la tortura como principal violación al debido proceso. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), según su presidente, José Luis Armendáriz González, recibió 128 quejas al respecto contra efectivos del Ejército entre 2008 y 2012. Y sólo durante 2013 en el mismo sentido se han recibido 19 más contra militares y seis contra la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República.
 En los primeros años de la guerra contra el narcotráfico en Chihuahua el Ejército y la Policía Federal fueron las instituciones con más quejas por tortura ante la CEDH, organismo que turnó esos casos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

 Además, la contrarreforma aprobada por el Congreso estatal en 2011 significó un golpe para el sistema penal acusatorio, coinciden en señalar organizaciones no gubernamentales.
 Con esa contrarreforma, explican a Proceso las abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), las garantías del imputado se remiten al ámbito del Ministerio Público, puesto que la flagrancia, de acuerdo con el actual Código de Procedimientos Penales del estado, es “el lapso comprendido entre el momento de la ejecución del delito y el de la detención, el que podrá realizarse en minutos, horas o incluso días, según las circunstancias del caso, siempre y cuando no se hayan suspendido las actividades de investigación policial tendentes a la localización y detención del probable interviniente”.
 También se induce a la tortura –ahora tipificada sólo como “lesiones”–, pues el Ministerio Público puede introducir al juicio la declaración del imputado rendida ante esa instancia, con el requisito de que ésta se videograbe en presencia del defensor, indican las abogadas.
 “Esta reforma restauró la tortura y tratos degradantes como una forma sistemática y socialmente aceptada de realizar investigaciones y llevar a juicio a los presuntos responsable de la comisión de delitos. Es obligatorio para los jueces de garantía recibir la prueba de confesión del imputado ante el Ministerio Público”, advierte el Cedehm.
 Por lo demás, ahora se puede detener a alguien sin orden de aprehensión mediante la figura de “caso urgente”, cuando haya sospecha fundada de que la persona señalada participó en un delito grave.
 Hay otro fenómeno que viola las garantías de los presuntos delincuentes. El ómbudsman chihuahuense explica a este semanario que las autoridades suelen presentar a los detenidos ante los medios antes que ante el juez, con el afán de mostrar resultados inmediatos.
 Aunque el principio de presunción de inocencia está vigente y es parte importante del sistema penal acusatorio, la presentación de imputados ante los medios atribuyéndoles responsabilidad plena antes de llegar a juicio es una práctica continua.
 La Fiscalía General del Estado (FGE) y el gobernador han hecho común exhibir a detenidos sin que hayan sido presentados ante un juez. Todos los días emiten comunicados en ese sentido, aunque en varios casos las personas exhibidas han sido absueltas después.
El coche-bomba
La noche del 11 de agosto de 2011, cinco jóvenes platicaban en una calle de Ciudad Juárez cuando fueron detenidos por policías federales. Un mes antes un coche-bomba había estallado en esa localidad fronteriza y varios agentes federales murieron.
En el mismo vuelo en el que enviaron a la Ciudad de México el cadáver de uno de los policías iban los cinco jóvenes detenidos, a quienes trasladaron a la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
Mientras sus familiares los buscaban en Ciudad Juárez, Noé Fuentes Amaya (de 29 años), Rogelio Amaya Martínez (de 27), Gustavo Martínez Rentería (de 24), Víctor Manuel Martínez Rentería (de 19) y Ricardo Fernández Lomelí (de 28) estaban siendo torturados para declararse culpables de haber hecho estallar el coche-bomba el 15 de julio de ese año. Así lo acreditó la CNDH en su recomendación 75/2012.
También los obligaron a aceptar cargos de delincuencia organizada y tráfico de drogas y de armas.
Las lesiones que les provocaron los llevaron a recibir atención médica; estuvieron internados un día, según documentó la asociación civil Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, que coadyuva en la defensa del caso.
 Sin haber recibido sentencia –el Ministerio Público Federal se empeña en alargar el proceso– los cinco jóvenes fueron trasladados a diferentes centros penitenciarios de máxima seguridad en todo el país pese a que los detuvieron en Ciudad Juárez y su caso está radicado en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal, en Guadalajara.
 Según señalan la recomendación de la CNDH y Paso del Norte, los familiares y defensores de los cinco jóvenes han sido amenazados. La madre de Víctor y Gustavo Rentería, Antonia Rentería Adriano, fue vigilada en su domicilio y hostigada por teléfono en septiembre de 2011.
 En su recomendación la CNDH señaló que los agentes de Seguridad Pública Federal violaron los derechos humanos a la legalidad, a la integridad y seguridad personal de los detenidos por la retención ilegal y la tortura, comprobada con dictámenes médicos y una valoración psiquiátrica.
 Paso del Norte logró que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, se comprometiera a aplicar una evaluación psicológica a dos de los detenidos elegidos al azar. De los resultados dependerá si la PGR se desiste o no de los cargos que les imputan a los cinco jóvenes.
 Falso operativo
La tarde del 18 de febrero de 2012 la Policía Municipal irrumpió en la casa de los hermanos Juan Antonio, Jesús Iván y Luis Adrián Figueroa Gómez, en Ciudad Juárez. Los detuvieron pese a que no había orden de aprehensión en su contra. Fueron torturados y acusados de extorsión. Permanecieron incomunicados 48 horas mientras sus familiares los buscaban en distintas dependencias policiacas, donde les negaron información.
 Cuando finalmente los localizaron, los tres hermanos estaban visiblemente golpeados y ya se habían inculpado. Dijeron que los amenazaron con asesinar a su madre si no se declaraban culpables.
 Pese a ser menor de edad (tenía 14 años) Luis Adrián estuvo retenido 48 horas en la fiscalía. Luego lo enviaron a la Escuela de Mejoramiento Social para Menores Infractores de Ciudad Juárez. El Ministerio Público omitió presentar ante el juez los testimonios de los padres y tíos de los menores, quienes fueron testigos de los hechos.
 Luis Adrián quedó libre el 30 de agosto de 2013. El magistrado Miguel Medina Perea acreditó que no había pruebas en su contra, pues la víctima María Teresa Murillo Hernández nunca identificó al adolescente como una de las personas que le cobraba una extorsión semanal de 500 pesos.
 Cuando Murillo interpuso la denuncia, los agentes municipales le dijeron que aplicarían un operativo para hacer “caer” a los extorsionadores, pero el Ministerio Público nunca acreditó los hechos que presentó.
 La versión de la parte acusadora es que la policía encubierta advirtió cuando llegaron tres jóvenes al local comercial de Murillo Hernández, el cual tiene grandes ventanales que permiten ver lo que ocurre adentro.
 Los policías afirman que vieron a un joven dirigirse al local mientras otros dos montaron guardia frente al establecimiento. Cuando el primero salió después de haber cobrado la cuota, aprehendieron a los tres.
 Los familiares de los jóvenes afirman que en realidad detuvieron a los hermanos en la calle, cerca de su casa, y en el camino aprehendieron a otro joven y a una mujer para implicarlos en el ilícito.
 Pero Murillo Hernández, quien estaba en su establecimiento, nunca vio el supuesto operativo de la Policía Municipal. Sus empleados tampoco.
 El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte asumió la defensa de Luis Adrián y luego de 20 meses logró que un magistrado lo declarara inocente, aunque el fallo no se basó en un presunto acto de tortura sino en las imprecisiones de la parte acusadora.
Salvárcar
La FGE está empeñada en que Israel Arzate Meléndez es culpable de la matanza de Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, cometida el 31 de enero de 2010, pero la SCJN ordenó su liberación el pasado 5 de noviembre –además el 27 del mismo mes borró de su expediente todos los cargos– porque se acreditó que fue torturado para obligarlo a declararse culpable.
Tras la liberación de Arzate, la FGE ha filtrado a los medios que hay una nueva orden de aprehensión contra él, pero hasta ahora ningún juez ha ordenado su recaptura.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), el cual lleva la defensa de Arzate, señaló que las autoridades de Chihuahua lucran con el dolor de las víctimas porque su estrategia es mediática.
Consideran que las autoridades persisten en el encubrimiento de su incapacidad al pretender litigar mediáticamente el caso, lo cual expone a las víctimas a una revictimización innecesaria y manifestaron su voluntad de reunirse con las familias de Villas de Salvárcar para exponer los elementos sólidos de prueba que sustentan la inocencia de Arzate.
La principal prueba de la FGE contra él es que una testigo lo reconoció durante un juicio oral realizado a otros cuatro impu­tados, quienes ya fueron sentenciados.
Pero esa testigo tiene lesiones neurológicas permanentes derivadas de disparos que recibió en la cabeza durante la matanza y que le provocan pérdida de memoria, según diagnosticó el médico José Francisco Lucio Mendoza en un dictamen emitido el 4 de septiembre de 2010. El juicio se efectuó el 6 de junio de 2011.
“Tenemos la voluntad de acercarnos a las familias de las víctimas para mostrarles las razones por las cuales vemos que es inocente; si quieren informarse, estamos en plena disposición”, dice Simón Hernández, uno de los defensores.
La exigencia del Prodh, agrega, siempre será la justicia, y explica que cuando toman un caso lo analizan bien, pues no se trata de defender a toda persona que se acerque, aunque tampoco tienen como fin investigar y suplir las carencias de la fiscalía.
“No somos una organización que busque casos. Más bien respondemos a solicitudes expresas de intervención. Es importante señalar que al documentar y analizar las peticiones de intervención somos muy cuidadosos y meticulosos. Por lo mismo estamos convencidos de la inocencia de Israel y llamamos a las autoridades del estado de Chihuahua a respetar la exigencia de las víctimas y cesar en la difusión de información falsa que busca lucrar con su dolor”, señala Andrés Díaz Fernández, coordinador de abogados del Prodh.
Por apellido y parentesco
Martín Sáenz Martínez, estudiante de 21 años de la Universidad Regional del Norte, en Ciudad Juárez, fue vinculado con la banda de secuestradores Sáenz de la Cruz por apellidarse Sáenz y ser sobrino de integrantes del grupo criminal.
Pese a resultar absuelto en un juicio oral, el Ministerio Público tiene la consigna de no dejarlo salir de la cárcel, toda vez que su captura fue exhibida ante los medios como un gran golpe de las autoridades.
La FGE apeló la absolución y Martín aún está preso.
La madre del joven, Aurora Isela Martínez Rodríguez, perdió casa y trabajo por dedicarse a defender a su hijo. “Tengo que viajar cada ocho días para verlo”, explica. Martín está preso en el Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Chihuahua, a más de 400 kilómetros de Ciudad Juárez.
Martín vivía en Ciudad Juárez con su madre y tres hermanos. El 5 de julio de 2009 agentes municipales catearon su casa, de donde sustrajeron una cámara de video, dinero y joyas. Más tarde se comunicaron con el joven para que fuera a recuperar la cámara. Ese fue el gancho para detenerlo.
Una hermana de Martín estudiaba en la academia de la Policía Estatal. Tres días después de la captura del joven ella fue llevada a la ciudad de Delicias para identificarlo. Sólo entonces supieron dónde se encontraba. Ella fue dada de baja de la corporación.
Lo que siguió fue la presentación ante los medios. Lo mostraron como parte de una peligrosa banda y fue procesado por secuestro agravado.
El detonante de este operativo fue el secuestro de un empresario de Delicias que se amparó para evitar comparecer y huyó de la ciudad. Por lo tanto, nadie ha identificado a Martín.
El joven permanece en el área de alta seguridad del penal desde el 3 de junio de 2009 y hasta la fecha, pese a que fue absuelto el 28 de diciembre de 2012. No obstante el agente del Ministerio Público Noel Orlando Jiménez Holguín apeló la absolución ante un tribunal de Casación, el cual ordenó reponer la sentencia y el juicio.
 La madre del joven admite que dos tíos de Martín (hermanos de su papá y ambos ya en prisión) están relacionados con la banda Sáenz de la Cruz, pero aclara que sus hijos nunca han tenido relación con su familia paterna.


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