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El Ejército, convertido en inmobiliaria/Jorge Carrasco Araizaga


El Ejército, convertido en inmobiliaria/Jorge Carrasco Araizaga
Revista Proceso # 1935, a 30 de noviembre de 2013
Con un sustento legal endeble, el Poder Judicial firmó un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional mediante el que los militares se comprometen a construirle nuevos juzgados y tribunales… en secreto. El negocio es enorme además de opaco: el Consejo de la Judicatura Federal gastará en el sexenio alrededor de 7 mil millones de pesos para crear las instalaciones del nuevo sistema penal acusatorio. Dicen que desviar al Ejército de sus funciones para convertirlo en empresa inmobiliaria resulta más barato, pero al menos hasta ahora eso ha sido falso.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Ejército se desviará parcialmente de sus tareas de defensa nacional para hacerle la competencia a la industria de la construcción y disputar los millonarios recursos que destina el Poder Judicial al levantamiento de edificios.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) firmó con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) un convenio de construcción de seis años, que en la práctica le dará a esa fuerza armada millonarios recursos, pero cuyo ejercicio será “estrictamente reservado”.
 En los próximos dos años y medio –cuando venza el plazo para la entrada en vigor de los juicios orales– el Poder Judicial de la Federación deberá construir 44 nuevos centros de justicia en todo el país y, con el apoyo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, varias de las edificaciones estarán a cargo de la Sedena.
 Bajo el supuesto de que los militares son menos corruptos y ofrecen menores costos, el CJF firmó en abril pasado un Convenio de Colaboración Interinstitucional con la Sedena para la construcción de instalaciones judiciales.
 Apenas un mes después de la firma, el CJF le entregó a la Sedena una obra por 813 millones de pesos: la construcción del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en el municipio de San Bartolo Coyotepec, en Oaxaca. Por la misma obra, la constructora ICA había calculado 650 millones de pesos. Consultada, la empresa evitó comentar sobre el tema.
 La idea de que la Sedena es la mejor opción para el CJF fue del ministro Alfredo Gutiérrez, quien como jefe del Sistema de Administración Tributaria hasta antes de ser propuesto por Peña Nieto como ministro de la Corte, a partir de diciembre del año pasado, le pidió al Ejército que le construyera aduanas en las fronteras del país.
Silva Meza llevó la propuesta al CJF y fue avalada por la Comisión de Administración del Consejo. La Comisión está presidida por el exprocurador general de la República durante el gobierno de Vicente Fox, Daniel Cabeza de Vaca. Los otros dos consejeros que la integran son los magistrados César Esquinca Muñoa y Manuel Ernesto Saloma Vera.
El “convenio de colaboración interinstitucional… para obras públicas y sus servicios relacionados” fue firmado el 15 de abril de este año por el titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, y el presidente del CJF y de la SCJN, Juan Silva Meza.
Ambos decidieron incluir una cláusula de confidencialidad para que nadie que no sea la Sedena o el CJF tenga acceso a la información que se intercambien: “Toda la información impresa, audiovisual en archivo magnético o que pueda almacenarse por algún otro medio técnico y científico que los adelantos de la ciencia lo permitan, que se proporcionen entre sí las partes (la Sedena y el CJF), para el debido cumplimiento del objeto del presente instrumento, se considera estrictamente reservada y se prohíbe su divulgación a terceros, con cualquier carácter, en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para cada una de las instituciones”, estipularon.
La Sedena dispondrá de los millonarios recursos en una cuenta de su programa de obras fuera de presupuesto. Y aunque el convenio no lo expresa, el CJF queda como responsable cuando se fiscalicen los mismos. El problema es que el Ejército se quedará con todos los comprobantes de los gastos de la obra. La cláusula séptima del convenio dice: “Las facturas y documentación probatoria original de los recursos ejercidos para los efectos legales y fiscales que correspondan quedarán bajo la guarda y custodia de la Sedena”.
 El convenio no le exige ninguna garantía o fianza a la Sedena, como se prevé en cualquier obra pública. Tampoco precisa si la Defensa Nacional designará a sus elementos para la construcción o si subcontratará a empresas privadas. Mucho menos advierte de sanciones para el caso de incumplimiento en la entrega de obras.
 Aunque invoca los principios de calidad, eficacia, eficiencia y economía, previstos en el artículo 134 de la Constitución, el convenio pasa por encima de ese ordenamiento, según el cual toda contratación de obra pública se adjudicará a través de licitaciones públicas. Es decir, no prevé la concesión de obras por convenio.
 Para cada obra, el CJF dará una primera aportación económica a la Sedena, que se limitará a entregar un “documento probatorio del gasto”. Los recursos se entregarán a una cuenta del Banjército, el banco de los militares mexicanos. Además, el organismo encargado de la administración de los más de mil juzgados y tribunales federales deberá entregar los terrenos, licencias y permisos para que el Ejército sólo llegue a construir.
 La Defensa Nacional tendrá una ventaja más: contará con información estratégica sobre instalaciones del Poder Judicial de la Federación, útil para sus labores de inteligencia.
 La operación del convenio estará a cargo de la Dirección General de Ingenieros de la Sedena y de la Oficialía Mayor del Consejo de la Judicatura Federal. Los actuales responsables son el ingeniero constructor José Antonio González de la Fuente, quien también es general de brigada, y Sergio Martínez Álvarez.
 El pasado lunes 25 de noviembre, el magistrado José Nieves Luna Castro, responsable de la Unidad de Implementación de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos del PJF, informó en conferencia de prensa que para la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal se prevé la construcción de 44 Centros de Justicia Penal Federal, con 309 salas de audiencia en todo el país.
 En esos centros se concentrarán todos los órganos jurisdiccionales de lo que será el sistema penal acusatorio o adversarial: los juzgados de control, los de juicio oral, de ejecución de penas y los tribunales de segunda instancia. También contarán con instalaciones de la justicia penal para adolescentes.
 La masiva construcción se iniciará en 2014 en Durango, Durango, y La Paz, Baja California Sur, pero el CJF sólo tiene hasta junio de 2016 para concluir todos los Centros de Justicia Penal, de acuerdo con la reforma constitucional de 2008. La estimación de la Unidad de Implementación es que para esa infraestructura se requieren por lo menos siete mil millones de pesos. Cuatro mil de ellos ya fueron autorizados para el próximo 2014.
 Las constructoras se disputarán esa bolsa, pero gracias al convenio la Sedena ya tiene garantizada una parte. El magistrado Luna Castro confirmó que la Defensa Nacional participará en la construcción de “algunos” centros de justicia, mientras que otros serán por licitación. La participación del Ejército obedece a que implica un gasto menor, según dijo.
 Por lo pronto, gracias al convenio, el CJF ya le entregó a la Sedena la construcción de la nueva sede del Poder Judicial de la Federación en Oaxaca, a través de un contrato por 813 millones 284 mil 26 pesos con 77 centavos.
 El 20 de mayo de 2013, el general González de la Fuente, de la Sedena, y Sergio Martínez, oficial mayor del CJF, firmaron un “contrato específico de colaboración”, luego de que el Poder Judicial de la Federación sorteara la oposición del municipio de San Bartolo Coyotepec, que preside Horacio Sosa, hermano de quien fuera el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa.
 El CJF compró un inmueble y lo entregó a la Sedena para iniciar la edificación, que paralelamente le permitirá al Ejército tener más información sobre la organización social en el municipio, en particular de los maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
 La justificación legal de la Sedena es que, de acuerdo con la Constitución, entre sus funciones están las de “organizar, administrar y preparar al Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, así como a los servicios civiles que expresamente le señala el Ejecutivo Federal”, además de que tiene “entre sus misiones generales realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país”.
 El CJF asienta que ese contrato específico fue autorizado por su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Pública y Servicios en una sesión extraordinaria que tuvo lugar el mismo día en que la Sedena y el Consejo de la Judicatura Federal firmaron la construcción de la obra en Oaxaca.
 Los primeros recursos, cerca de 285 millones de pesos, saldrán de la partida presupuestal 5901/9041/622-01 del ejercicio 2013 del CJF. La Sedena se comprometió a entregar esa primera parte de la obra en nueve meses.
 La Sedena y el CJF dicen que el contrato contiene “las mejores condiciones disponibles en precio, calidad y oportunidad”, pues no implica “el cobro de utilidad alguna” para la Defensa Nacional, que hará “la administración directa” de los trabajos. Además de que esa dependencia es una persona moral no contribuyente y, al ser parte de la administración federal, los servicios que presta no causan IVA.
 En este contrato específico se reiteró la opacidad como norma. La Sedena y el CJF se obligaron a “tratar con todas las reservas del caso” la documentación que se genera entre ambas. Además, cualquier documento relacionado con la obra pública es propiedad del Consejo, por lo que la Sedena no puede divulgarlo por ningún medio sin la autorización del CJF. Para la supervisión de la obra, el Consejo designó al director general de Inmuebles y Mantenimiento, Ricardo Arriola Meza.
Construir no es lo suyo
Aunque considera que la Sedena le cobrará menos, el propio CJF ha exaltado como uno de sus logros en infraestructura el costo-beneficio de la edificación de la Ciudad Judicial Federal en Zapopan, Jalisco, la más grande en América Latina, con un presupuesto mucho menor al del nuevo edificio del Senado de la República.
La Ciudad Judicial tuvo un costo de mil 425 millones de pesos, con 149 mil 727 metros cuadrados de construcción. En un comparativo elaborado por el Consejo, se ve que la obra del Senado tuvo un costo aproximado de dos mil 300 millones de pesos con un área construida de 72 mil 190 metros cuadrados.
El CJF adjudicó la obra a la empresa Copachisa, una constructora nacional que materializó el proyecto entre diciembre de 2009 y junio de 2011. A pesar de que el ministro Silva Meza fue quien inauguró el complejo judicial a principios del año pasado, el CJF no ha pagado a la compañía un finiquito de cerca de 20 millones de dólares ni los trabajos extraordinarios que requirió la obra.
La empresa se inconformó e inició en diciembre del año pasado una denuncia en contra del contralor del CJF, Fernando Altamirano y Jiménez, y el entonces director general de Inmuebles y Mantenimiento, como probables responsables de violar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
De acuerdo con la denuncia que la empresa presentó ante el CJF el 20 de diciembre de 2012, el contralor se ha opuesto de forma reiterada a pagar el finiquito “por supuestas observaciones no desahogadas o atendidas” por parte de Copachisa. Pero si hubieran existido esas faltas, argumenta la empresa, deben reclamarse a través de la cobertura de garantía y no mediante la negativa a pagar el finiquito, que ya había sido aceptado por el CJF desde julio de 2011, cuando entregó la obra. En el caso del impago por las obras extraordinarias, el CJF aduce la inexistencia de un contrato específico.
 Las irregularidades e inconformidades han sido la constante en la construcción de infraestructura en el Consejo de la Judicatura Federal. Apenas en abril pasado resolvió iniciar un procedimiento administrativo en contra de varios funcionarios y exfuncionarios del área de obras por un presunto daño patrimonial de 51 millones de pesos al CJF en la construcción del Palacio Federal de Justicia en Ciudad Netzahualcóyotl, en el Estado de México.
 La obra, que tuvo un valor de 310 millones de pesos y se realizó entre 2007 y 2008, estuvo a cargo de la empresa constructora Macinter, a la que se le hicieron una veintena de observaciones en sus trabajos que presuntamente fueron ignoradas por los implicados.
 El 21 de mayo pasado, la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del CJF propuso ordenar el “procedimiento disciplinario de oficio” en contra de Mónica María del Rosario Barrera Rivera, secretaria ejecutiva de Obra, Recursos Materiales y Servicios Generales; su antecesor, Marino Castillo Vallejo; Patricia Isabella Pedrero Idaurte, entonces directora general de Auditoría de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, y el exdirector General de Inmuebles y Mantenimiento del CJF, Juan Antonio Montalvo Gochicoa.
 También se investigará a Rafael González Ramírez, Crescencio León Cruz Sosa, Dagoberto Vélez Pazos y Mario Hinojosa Navarro, empleados de esa dirección.
 Según el expediente en su contra, “pretendieron ocultar, subsanar y solventar de manera irregular las observaciones detectadas en la construcción del complejo”, entre las que se cuentan hundimiento de los edificios, utilización de materiales más baratos de lo comprometido y la falta de preparación de los inmuebles para resistir la proyectada construcción de un piso adicional a los cinco que fueron levantados.
 Entre los señalados destaca Marino Castillo Vallejo, actual director General de Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación, quien aspira a regresar al Consejo de la Judicatura Federal y convertirse en uno de sus siete consejeros.

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