Miedo a la extradición... o a la ejecución/JESUSA
CERVANTES Y JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Revista Proceso # 2022, 1 de agosto de 2015
LA
FUGA
Joaquín
Archivaldo Guzmán Loera, El Chapo, se le fugó al secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, y además aventaja a la procuradora general de la
República, Arely Gómez González, en el proceso de extradición.
El
mismo día en que Gómez anunció que un juez federal le había otorgado “la orden
de detención con fines de extradición”, El Chapo recibió de otro juzgado la
llamada “suspensión de plano” para que nadie lo pueda sacar en lo inmediato del
país, aun cuando sea reaprehendido.
Los
recursos de su defensa le permitieron al capo no ser extraditado de manera
expedita a Estados Unidos. Antes, el gobierno de México deberá vencerlo
judicialmente, lo cual podría ocurrir pasada la administración de Enrique Peña
Nieto. Sólo entonces la solicitud oficial de extradición se podrá conocer
públicamente, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores la reservó “por tres
años”, revela en entrevista Juan Pablo Badillo Soto, abogado del Chapo.
Badillo
Soto fue contratado por Guzmán hace 22 años, cuando éste estaba preso en Puente
Grande, Jalisco; el defensor, dice él mismo, lo libró esa vez de cuatro cargos
penales.
Hoy
tiene como principal tarea evitar la entrega del capo a Estados Unidos, lo
cual, según el abogado, es su principal temor… o el de ser “abatido”, como ha
ocurrido con otros jefes del narcotráfico.
–¿Cuándo
lo vio por última vez?
–Hace
cuatro o seis meses.
–¿Estaba
asustado?
–No.
–¿Triste?
–No.
–¿Enojado?
–
No. Más bien temeroso de ser extraditado o abatido.
El
abogado relata que cuando el capo fue detenido, “Estados Unidos lo requirió de
inmediato, aunque lo oficializó después”.
Por
ello, sostiene, la familia del Chapo y su defensa tuvieron “temor fundado” de
que con argucias y artilugios institucionales fuera extraditado.
–El
expresidente Felipe Calderón extraditó a capos de la droga antes de que se
resolvieran sus amparos contra la extradición. ¿No temen que ocurra lo mismo?
–No.
Ya son otros tiempos –responde el penalista con experiencia de 45 años, confiando
así en que se agotarán los plazos legales antes de que su cliente sea
eventualmente entregado a la justicia estadunidense.
Demanda
vieja
Proceso
reveló en su edición 2021 que desde mayo hay una solicitud de extradición, la
cual ha sido impugnada, también por vía de amparo, por Badillo. Se trata del
expediente 73/2015 y que arrancó mucho antes del 25 de junio, fecha en la cual,
según la procuradora, Estados Unidos hizo la petición formal.
El
abogado dice a Proceso que son cuatro las solicitudes de amparo tramitadas en
favor de Guzmán Loera.
El
30 de julio, Arely Gómez presumió que el Juzgado Tercero de Distrito de
Procesos Penales Federales en el Distrito Federal le había concedido un día
antes (29 de julio),“la orden de detención formal con fines de extradición de
Joaquín Guzmán Loera”.
Pero
el capo se le adelantó. El mismo día 29 otro juzgado le había concedido la
“suspensión de oficio y de plano” para evitar su pronta extradición a Estados
Unidos.
El
juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal
determinó conceder “la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados”
(solicitud de extradición).
Al
pronunciarse sobre la petición de la defensa, el abogado señala que se debe
evitar que sea “abatido y masacrado por diversos grupos”, que no sea sometido a
“la pena de muerte” y cualquier otro de los actos prohibidos que se señalan en
el artículo 22 de la Constitución.
El
juez emplazó a las autoridades mexicanas a rendir, en el curso de las próximas
dos semanas, un informe que justifique el pedido de extradición.
De
acuerdo con los documentos en poder de Proceso, la demanda de amparo indirecta
y la resolución del juez que concede “suspensión de plano”, se dieron el 29 de
julio, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) apenas solicitaba
una “orden de detención formal con fines de extradición”.
En
su solicitud de amparo, Badillo revela que ya hay un trámite y, en un juzgado
distinto, el documento donde la Cancillería pide a la justicia federal la
autorización para extraditar al Chapo. Se trata del Juzgado Décimo Primero de
Distrito de Proceso Penales Federal en el Distrito Federal bajo la causa penal
81/2015-IV. En su página de internet, la Judicatura cuenta con el expediente
registrado, pero no hay huella de actos realizados.
En
su demanda de amparo, Badillo asegura que como autoridades responsables, la
Secretaría de Gobernación, la PGR y la Cancillería han expresado públicamente
que el gobierno de Estados Unidos ha solicitado al de México la extradición de
su cliente y que “ya se encuentra en proceso de tramitación en algún juzgado de
distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal para su inminente
ejecución”.
El
abogado le pide al juez que en caso de que El Chapo sea recapturado no sea
abatido “por las fuerzas armadas o por los mercenarios contratados por el
gobierno mexicano o por la DEA”.
Para
sostener su petición, dice en la demanda estar convencido de que el gobierno
mexicano contrató fuerzas extranjeras para matarlo: “Se tiene la certeza y la
total convicción de que el gobierno mexicano ha contratado fuerzas punitivas de
militares mercenarios colombianos para abatir (masacrar y asesinar) al señor
Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, pretendiendo justificar que dichos mercenarios
son colaboradores auxiliares de las fuerzas mexicanas”.
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