Este año empieza a definirse el 2018

Revista Proceso # 2065, 29 de mayo de 2016..

Este año empieza a definirse el 2018/CARLOS ACOSTA CÓRDOVA

El próximo domingo 5 de junio, una tercera parte de los ciudadanos del país están llamados a las urnas. Y lo que decidan definirá el escenario para la siguiente elección presidencial. “En un sistema donde todavía es muy relevante el clientelismo, el control regional sí importa para ganar”, admite Luis Carlos Ugalde, quien fuera presidente del IFE y desde ahí convalidara la llegada al poder de Felipe Calderón. En entrevista, explica además problemas centrales que lastrarán la vida democrática del país: el fracaso de las últimas dos reformas electorales, la inútil centralización para organizar comicios y la ridícula fiscalización que hoy se aplica a las campañas.

 A penas al principio de la semana pasada, el presidente Enrique Peña Nieto externó que las elecciones del próximo 5 de junio no determinan el rumbo de la elección presidencial de 2018; que no son un adelanto de aquéllas y sus resultados para nada proyectarán lo que pueda suceder en los comicios de ese año, cuando se renovará la Presidencia de la República.

 Sin embargo, para Luis Carlos Ugalde, el polémico presidente (2003-2007) del otrora Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE), Peña Nieto sólo en parte tiene razón: “La lógica de una elección local es diferente a la de una nacional. Una y otra tienen poco que ver en cuanto a los temas de discusión. Pero lo que está en juego en 2016 no es una lucha de ideas, sino una lucha de control regional para la movilización del voto”, afirma. Y remacha:

 “Las elecciones del domingo son la última estación antes de la presidencial de 2018. Son muy relevantes por el número de entidades en juego, por su peso electoral y económico. Simplemente Veracruz es 7% del padrón electoral, y si le sumas las otras entidades, es 30% de la lista nominal de electores.

 “De tal forma que en un sistema electoral donde todavía es muy relevante la movilización electoral y el clientelismo, el control regional de muchos gobiernos locales sí importa para ganar comicios.”

 Por ejemplo, explica, “si el PRI perdiera Veracruz, claramente estaría con un obstáculo serio para la Presidencia en 2018. Entonces sí importa”.

 El economista por el ITAM y doctor en ciencia política por la Universidad de Columbia, en Nueva York, confía: “Hace pocos meses yo pensaba que al PRI le iba a ir bien relativamente en 2016, pero que en 2018 le podría ir muy mal. Ahora siento que al PRI le va a ir menos bien de lo que pensaba, y sigo pensando que en 2018 tiene un desafío mucho mayor”.

 El entrevistado sabe –y se le comenta– que no goza de la mejor fama pública. Que en la memoria de la sociedad quedó como artífice de un fraude electoral en 2006, que llevó a la Presidencia de la República a Felipe Calderón –con apenas una diferencia de 0.56% del total de los votos– sobre Andrés Manuel López Obrador, quien no aceptó el resultado, impugnó, alegó fraude y movilizó a buena parte de la población.

 Proceso fue el medio más persistente en la cobertura de los hechos del 2 de julio de 2006. Inclusive llevó el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el propósito de acceder a toda la paquetería electoral de ese entonces, para que, de nuevo –con base en los términos del derecho a la información que le asistía–,  se contara voto por voto y casilla por casilla, frase que López Obrador convirtió en un estribillo muy coreado en sus monumentales concentraciones públicas.

 El reclamo de Proceso llegó al Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, encargado de vigilar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se analizó prácticamente durante todo el tiempo de la gestión presidencial de Calderón. Al final, en noviembre de 2011, la CIDH dio carpetazo a la solicitud de Proceso. Y ya no se supo, ni se sabrá, si Calderón realmente ganó aquella elección.

 Ugalde se dice con la conciencia tranquila. “Yo estoy muy orgulloso de haber sido el presidente de una gran institución como era el IFE, hoy INE. La vida tiene ciclos profesionales, ese ciclo concluyó, y yo me siento orgulloso de haber desempeñado ese cargo en ese momento, de haberlo hecho con legalidad. Yo no estaba en un concurso de popularidad”.

 Retoma el asunto de los comicios que se celebrarán el próximo 5 de junio, y afirma categórico que las dos últimas reformas político-electorales (la de 2007 y la de 2014) han resultado fallidas, entre otras cosas porque han surgido de trueques o cambalaches entre partidos: uno, el que está en el poder, pide una cosa, y el otro la concede, pero a cambio de otra.

 “Las reformas de esos años se han usado como moneda de cambio por otros fines políticos, y eso ha echado a perder al sistema electoral.”

 En 2007, el gobierno de Calderón quería hacer cambios en el régimen tributario. Deseaba aprobar, entre otros, el Impuesto Empresarial a Tasa Única, que desapareció el actual gobierno; luego, un impuesto adicional y generalizado de 2% al consumo –que no prosperó, pero a cambio se permitió aumentar un punto porcentual a la tasa del Impuesto al Valor Agregado, IVA, para que quedara en 16%– y el impuesto a los depósitos en efectivo de 3%, y pudo lograrlo sólo a cambio de ceder en la reforma electoral que impulsaba el PRI, principalmente a través de Manlio Fabio Beltrones.

 Pero esas modificaciones legales, dice Ugalde, atentaban contra la independencia y la autonomía de los órganos electorales.

 Cambalache barato

 En 2014, detalla Ugalde, el PAN impulsó la reforma electoral para evitar que los gobernadores y los poderes económicos y políticos estatales siguieran manipulando los procesos electorales locales. Y según el PAN eso sólo se lograría si el INE organizaba todos los comicios del país. Esto también permitiría una fiscalización más amplia, profesional y expedita de los gastos de precampaña y campaña.

Tenía en mente el exceso de gastos –muy evidente, pero no constatado oficialmente– de las campañas de 2102, principalmente del PRI y su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto.

Se le concedió la reforma al PAN, promovida por su entonces dirigente Gustavo Madero, a cambio de apoyar la reforma energética de Peña Nieto.

Ugalde dice que esa historia es pública: “El PAN dijo que para que hubiera reforma energética –la que proponía Peña Nieto– se le tenía que dar la electoral al PAN, y que ésa significaba la centralización de los órganos electorales en un Instituto Nacional Electoral. Eso lo dijo el PAN, y lo repetía y lo repetía. Eso es público, eso no es secreto”.

Es más, continúa, “recuerdo haber platicado en 2014 con un distinguido senador del PRI; decirle que me parecía incorrecto legislar una reforma electoral que claramente era una ruta equivocada a la centralización. Y me dijo: ‘Una buena reforma energética bien vale la pena por una mala reforma electoral’. Ésa era la visión. La forma de hacer las cosas.

“Y fue un cambalache muy barato para el PAN; bueno, más bien un cambalache ­inútil. Yo le he dicho a panistas: ‘Ustedes pudieron haberle sacado al gobierno la mejor reforma electoral de la época moderna de México. Pero en lugar de haber sacado una gran reforma, sacaron cacahuates’.

“Se equivocaron: aprobaron un monstruo burocrático que no creo que cambie las cosas, y desperdiciaron un momento histórico, porque el gobierno quería tanto la reforma energética que hubiera dado todo por lograrlo, y eso significaba darle al PAN la reforma electoral que hubieran pedido; tenían al gobierno hincado y desperdiciaron la oportunidad.”

–Pero es un hecho reconocido que los gobernadores, los alcaldes y los demás poderes locales, económicos y políticos, controlan a los órganos electorales locales, y había que pararlo –se le comenta.

–El problema no es el diagnóstico, sino la solución. Por supuesto, los gobernadores siguen controlando. Influyen de manera indebida en la equidad de las elecciones locales en México. Y esto es un fenómeno que empezó a ocurrir a mediados de la década pasada, que se ha incrementado, porque los gobernadores cooptan los órganos electorales, desvían recursos públicos para pagar campañas; a través de los medios de comunicación locales distorsionan las coberturas a favor de su partido. Claro que ocurre, y cada vez más.

“Y como un día me dijo un gobernador, burlándose de la reforma de 2014: ‘Luis Carlos, ¿tú crees que porque designen a los consejeros electorales en la Ciudad de México vamos a dejar de poder tener control sobre ellos?’, se carcajeó y me hizo una señal con la mano (junta y separa el pulgar y el índice) diciendo: ‘Esto genera el control político’, aludiendo al dinero.”

De esa forma, si los consejeros electorales se quieren salir del redil, el gobernador les recorta el presupuesto y van a tener que pedirle el favor.

De hecho, ese problema de la falta de presupuesto está sucediendo en muchas entidades, al grado de que el propio consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, ha tenido que llamar a varios mandatarios para conminarlos a no escamotear los recursos.

El otro problema, dice Ugalde –quien creó y dirige Integralia Consultores– es que “el control político de los gobernadores pasa por el manejo del dinero sin control”.

“Que el INE organice las elecciones de la Ciudad de México, o que el INE designe a los consejeros locales desde la Ciudad de México no tiene nada que ver con el poder real, que es el dinero, el control sobre muchos medios de comunicación; el control sobre estructuras de movilización clientelar.

“Lo que yo trato de decir es que los gobernadores de todos los partidos ejercen un control político indebido en elecciones, en la vida pública en general. La pregunta es, ¿cómo solucionas esto?

“Seguimos viviendo el mismo proceso en este año y el año pasado, y lo vamos a seguir viviendo, porque el tema, el problema de fondo, se llama dinero, dinero y dinero. Y cuando no haya control sobre el dinero, que no lo hay, el problema va a persistir.”

Fiscalización: el cambio urgente

–La reforma de 2014 le agregó 74 atribuciones al INE, 53 de ellas relacionadas con las elecciones locales. ¿Usted qué le quitaría para hacer más fluido el trabajo de la institución, que hoy parece asfixiarse con tantas tareas? –se le inquiere.

–Sin pensarlo mucho, toda la grasa regulatoria, que es mucha, y eso significa un proceso de desregulación; no se debe regular el contenido de los spots, que cada quien diga lo que se le pega la gana, y si hay calumnia, que se combata por la vía civil.

“Dos: el INE debe dejar de estar dedicado a fiscalizar las campañas de todo el país, pues no tiene la capacidad. Es más, la fiscalización como está concebida hoy es bastante irrelevante, porque revisan sólo una porción de lo que ocurre en la realidad. Buena parte de las transacciones de las campañas no se reportan a la autoridad, no pasan por el sistema financiero o bancario.

“Es más, lo que una campaña gasta a veces ni siquiera es conocido en la campaña, muchos pagos para promover a un candidato ocurren por terceras personas, empresas, gobernadores. Muchas campañas son pagadas por gobernadores de otra entidad.

“Entonces, ¿cómo vas a fiscalizar los gastos reales de una campaña si muchos de esos gastos ocurren fuera de esa entidad, por otras personas, por otras empresas? A veces, quizá el candidato ni siquiera sabe quién está pagando muchos de los servicios. Entonces se tiene que modificar el enfoque de la fiscalización.

“La solución es cómo controlas el dinero, generas contrapesos a los gobernadores, haces que los congresos locales vuelvan a funcionar, combates la corrupción de los cabildos y de los ayuntamientos, combates la creciente corrupción de muchos medios de comunicación que viven del erario y se dedican a extorsionar campañas, y solucionas la práctica creciente antropológica-cultural de la venta del voto, donde comunidades se asocian para exigir dinero a los candidatos en campaña.”

Y explica: “Lo que hay que hacer de manera urgente como país, creo yo, es atacar el problema central, el cáncer fundamental de las elecciones en México, que es el dinero; el financiamiento corrupto de las campañas, en donde las campañas para gobernador cuestan en ocasiones ocho o 10 veces más que lo que la ley permite. ¿De dónde sale ese dinero? Del gobierno, del estado, de empresarios, de coyotes, de gente que quiere obtener permisos, de contratistas. Y en ocasiones, aunque no creo que muchas, del crimen organizado.

“Ése es el problema central. Cuando requieres mucho dinero para acceder a un cargo público generas dos problemas: uno es la complicidad, porque necesitas conseguir gente que te pague la campaña… Antes de que gobiernes, ya eres cómplice de todos los que te pagan la campaña, incluido el gobernador de tu estado. Y el segundo es el pago, porque tienes que pagar cientos de millones de pesos que debes, y ahí empieza el problema de corrupción en la obra pública, en permisos, en contrataciones.”

Concluye: “Entonces, corrupción y complicidad es lo que está en el centro no sólo de los procesos electorales, sino de la política mexicana. Si no atacamos ése, que es el problema central, todo lo demás es secundario”. l