La Fiscalía General, “envenenada” desde su origen

Revista Proceso #2132 9 de septiembre de 2017
La Fiscalía General, “envenenada” desde su origen/JENARO VILLAMIL
El nombramiento de un fiscal general autónomo pero ligado al actual gobierno, que el PRI creyó amarrar desde la firma del Pacto por México, fue rechazado en el Congreso en medio de un reacomodo de alianzas políticas rumbo a la elección del próximo año. Sin embargo, tanto el manejo priista como la pretensión de imponer a Raúl Cervantes Andrade, tan cercano a Los Pinos, suscitó desde el principio la oposición de decenas de organizaciones civiles e impedirla se convirtió en una causa políticamente redituable.

Desde su origen y negociación, la creación de una Fiscalía General de la República transexenal, autónoma del Poder Ejecutivo, se convirtió en una “moneda de cambio” y de presión entre las dos principales fuerzas que la negociaron en el Pacto por México: las dirigencias del PRI y del PAN.
La creación de la Fiscalía General de la República formó parte de un amplio paquete de reformas constitucionales en materia político-electoral que fue aprobado en el Senado el 3 de diciembre de 2013, en paralelo con la discusión y aprobación de la reforma energética.
A casi cuatro años de esa discusión, el PRI y el presidente Enrique Peña Nieto tuvieron que ceder en su pretensión de que el actual procurador general, Raúl Cervantes, destacado militante priista, fuera el beneficiario del “pase automático” que establece el transitorio 16 del artículo 102 constitucional que le permitiría ser fiscal transexenal nueve años.


La presión no sólo provino del bloque legislativo formado en la Cámara de ­Diputados por PAN, PRD y MC, que pusieron en vilo durante una semana al Poder Legislativo. También ejercieron presión las organizaciones empresariales, las fundaciones civiles y, en especial, el Movimiento Ciudadanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que le dio el “golpe de gracia” a Cervantes Andrade al publicar un reportaje que involucra al procurador con la propiedad de un Ferrari que fue registrado “por error administrativo” en una casa de interés social en Cuernavaca.

El escándalo del Ferrari de Cervantes Andrade y el reportaje de la “estafa maestra”, también promovido por MCCI, llegó hasta Los Pinos y provocó la semana pasada una intensa operación de “control de daños”.

El jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán, sostuvo reuniones con las 11 dependencias involucradas en el reportaje, en especial con funcionarios de Pemex, y solicitó a la Secretaría de Gobernación datos sobre la red de implicados y las fuentes informativas.

Las tarjetas de Gobernación que se hicieron llegar a Los Pinos, según se informó a Proceso, vincularon el escándalo del Ferrari del procurador y los reportajes del MCCI con una “intensa preocupación del círculo empresarial con la continuidad de Cervantes en la PGR, así como de Alberto Bazbaz en la Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda”.

Esta discusión fue previa a la decisión final de Peña Nieto, quien el jueves 7 ordenó a la bancada del PRI en la Cámara de Diputados que cediera a la presión del bloque legislativo de PAN-PRD-MC.

El PRI terminó presentando en San Lázaro una iniciativa “con el mismo contenido” que la enviada en noviembre de 2016 por el Ejecutivo federal para eliminar el “pase automático” pero mantener la posibilidad de que Cervantes Andrade fuera candidato a fiscal general para un periodo de nueve años.

Para el senador Miguel Barbosa, “la propuesta que se vote seguirá siendo del Ejecutivo. Lo que queremos es que la propuesta de fiscal general sea resultado de un proceso abierto y no dependa del Ejecutivo. Cervantes ya no va a competir, el PAN va a proponer a tres y el Ejecutivo va a proponer a otros tres, y así se las van a llevar para negociar las posiciones”.

La “moneda de cambio”

Durante la discusión de diciembre de 2013, el senador panista Héctor Larios admitió con toda claridad en tribuna que su partido aprobaría la reforma político-electoral y la creación de la Fiscalía General porque fue una condición del PAN para votar la reforma energética junto con el PRI y el Partido Verde.

En la discusión en comisiones el senador Alejandro Encinas, entonces del PRD, sentenció: “Esta discusión se convirtió para el PAN en una moneda de cambio para vender su apoyo a favor de la reforma energética”.

La creación del Instituto Nacional Electoral (INE) se hizo de la mano de la creación de la Fiscalía General de la República, junto con otros cambios que formaron parte del paquete de la negociación en el Pacto por México para aprobar la reforma energética: las candidaturas independientes, la credencialización de los mexicanos residentes en el extranjero y limitaciones a la propaganda gubernamental, entre otras.

Sin que fuera discutida ampliamente, la reforma al artículo 102 constitucional, que ordena la creación de la Fiscalía General de la República, incluyó un artículo decimosexto transitorio, mejor conocido en el Senado como “transitorio Gil Zuarth”, en referencia al autor de esta propuesta. Entonces el senador panista Roberto Gil Zuarth era presidente de la Comisión de Justicia y uno de los negociadores directos con el consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos Cervantes.

El transitorio 16 estableció un fuerte “candado” a la creación de la Fiscalía General y consagró el “pase automático” del actual procurador general en funciones para convertirse en fiscal transexenal nueve años.

El transitorio condicionó la entrada en vigor de la Fiscalía General de la República a que también lo hagan “las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de la entrada en vigor de la autonomía constitucional” de la fiscalía.

Este “candado” ha justificado que el Congreso de la Unión aplace el desarrollo legal de la reforma constitucional, “buscando el establecimiento de un escenario político propicio para la concertación del mayor consenso posible entre las fuerzas parlamentarias, con el objeto de garantizar la eficiencia del nuevo modelo ministerial. Escenario que, sin embargo, encuentra dificultades que el Congreso debe sortear a la brevedad”, según señala en su exposición de motivos la iniciativa de reforma del PRD, presentada en noviembre de 2016.

En el segundo párrafo del artículo transitorio estableció que “el Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, quedará designado por virtud de este decreto, Fiscal General de la República por el tiempo que establece el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución, sin perjuicio del procedimiento de remoción previsto en la fracción IV de dicho artículo”.

En otras palabras, el procurador general en funciones se convertiría en fiscal general nueve años. En ese momento, el titular de la PGR era Jesús Murillo Karam. No habían ocurrido los hechos trágicos de Tlatlaya y menos la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Fast track” para Cervantes

El 28 de octubre de 2016, por 82 votos a favor, sólo tres en contra y una abstención en el Senado, Cervantes Andrade se convirtió en el tercer titular de la PGR.

En menos de 24 horas, Cervantes Andrade, que había retornado al Senado apenas en noviembre de 2015, solicitó licencia, compareció en comisiones y fue electo procurador general sin que nadie le cuestionara su militancia priista, sus compromisos como abogado corporativo durante años de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, de la Asociación Mexicana del Gas Natural y de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión.

La senadora perredista Angélica de la Peña le preguntó durante su comparecencia en comisiones si buscaba convertirse en fiscal general nueve años, beneficiándose del artículo 16 transitorio que él mismo negoció y aprobó.

“Sí vengo, y se los digo abiertamente, y he verbalizado todo el tiempo y el discurso lo dice, a generar una ley que tenga la potencia, la credibilidad y funcionalidad de lo que necesita México para ejercer acción penal y que el transitorio que habilitaría que fuera yo procurador pasaría a la fiscalía”, respondió Cervantes Andrade.

Durante la hora y media de su comparecencia, Cervantes Andrade admitió que las actuales “fiscalías especializadas” de la PGR son “una simulación” porque “no tienen las capacidades de investigación real, científica”.

“Hoy le ponemos el nombre de fiscalía especializada a lo que queramos –explicó–, pero atrás no tienen las capacidades para hacerlo y, por lo tanto, en mi visión, se está simulando el concepto.”

El mismo día de su ratificación por el Senado como nuevo titular de la PGR, el abogado y activista de Chihuahua Jaime García Chávez expresó en su portal informativo su preocupación “por la cercanía de (Raúl) Cervantes con el exgobernador (César Duarte), lo que en estricto rigor lo debería llevar a deslindarse del conocimiento del asunto por la relación estrecha que existe y es demostrable”.

Aproximadamente 50 organizaciones civiles, encabezadas por Artículo 19, Fundar, Alianza Cívica, Freedom House y Todos los Derechos Para Todos, cuestionaron el nombramiento de Cervantes Andrade e hicieron el primer pronunciamiento en contra del llamado “fiscal carnal”.

“Lo que acaba de suceder demuestra la discrecionalidad, una total ausencia de rendición de cuentas y de criterios claros que sostengan las decisiones. El Senado no cumplió su papel de contrapeso y ratificó el nombramiento sin dar espacio a la reflexión crítica y al debate abierto”, reprocharon en su comunicado del 28 de octubre de 2016.

La simulación y la presión civil

Para acallar las críticas, el 29 de noviembre de 2016 el Ejecutivo federal envió al Senado una iniciativa de reforma constitucional para eliminar el “pase automático” que beneficia a Cervantes Andrade, pero no lo veta para ser candidato a fiscal general ni cambia el modelo de designaciones, que sigue dependiendo de las negociaciones cupulares entre las bancadas partidistas.

La iniciativa de Peña Nieto sólo tiene siete cuartillas y defiende el modelo previsto en la Constitución para una nueva Fiscalía General porque “constituye un avance sin precedentes en el fortalecimiento de la institución encargada de la de procuración de justicia de nuestro país”.

Ese mismo día el PAN y el PRD anunciaron que enviaron dos iniciativas de reforma que no sólo eliminan el transitorio, sino que constituyen un nuevo diseño para la Fiscalía General, así como el fortalecimiento de las fiscalías especializadas, incluyendo la de anticorrupción. El nombramiento del titular de ésta se empantanó en el Senado ante el interés del PRI de designar a un funcionario cercano al gabinete.

Las iniciativas del PAN y del PRD prácticamente anulan la posibilidad de que Cervantes Andrade pueda aspirar a la Fiscalía General porque no debe haber ocupado cargo de elección popular ni haber desempeñado cargo de dirección o representación de algún partido político “en los últimos seis años anteriores a su designación”. Cervantes Andrade fue director jurídico del PRI en la campaña de 2012.

El PAN propone una figura denominada Inspectoría General, “que funcionará como órgano interno de control y gozará de facultades para perseguir los delitos que cometan los servidores públicos de la institución”, mientras que la iniciativa del PRD propone una Contraloría General que realice las mismas funciones, incluyendo “la supervisión permanente de la declaración patrimonial, de intereses y constancia” de todos los integrantes de la Fiscalía General.

En vísperas del inicio del periodo ordinario de sesiones de septiembre de 2017, los organismos civiles agrupados en los colectivos Vamos por Más y Fiscalía que Sirva enviaron una carta abierta al Senado para demandar que eliminen el “pase automático”, pero también incorporen la propuesta suscrita por más de 200 agrupaciones. El pasado martes 5 presentaron esta iniciativa en el Senado.

A su vez, la organización Ahora advirtió que “el PRI y sus aliados (Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social) intentan lograr la imposición del Raúl Cervantes como fiscal general de la República para garantizar la impunidad transexenal” y demandó el jueves 7 que el proceso de selección sea abierto a las organizaciones participantes.