10 sept 2017

La Iglesia enfrenta un “clericidio”

Revista Proceso #2132 9 de septiembre de 2017
La Iglesia enfrenta un “clericidio”/RODRIGO VERA
Durante este sexenio el crimen organizado ha minado, penetrado y corrompido a las instituciones e incluso afecta ya a la Iglesia católica, señala Omar Sotelo Aguilar, quien el mes pasado presentó el “informe parcial” titulado “2017, año funesto para el sacerdocio mexicano”. En entrevista, el religioso paulino habla incluso de “clericidio” y enumera 19 asesinatos en los últimos cinco años y amenazas de muerte a 17 sacerdotes. A ello se suma el robo de arte sacro. Hoy, dice, es común ver cámaras de seguridad en los templos para monitorear el movimiento de la gente, algo impensable hace algunos años.

Durante los cinco años que lleva el gobierno de Enrique Peña Nieto se incrementaron “los crímenes de odio” contra el clero católico en México, al grado que son ya 19 los sacerdotes asesinados –cifra que superó los 17 ultimados durante el sexenio anterior–, así como 14 obispos amenazados de muerte, un dato alarmante si se considera que muy poco se supo sobre amenazas a los altos jerarcas en la administración anterior.
A esta espiral de violencia se suman los recientes ataques perpetrados en dos importantes recintos eclesiásticos: el apuñalamiento del sacerdote José Miguel Machorro Alcalá, el 15 de mayo pasado, al terminar de oficiar misa en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, la principal del país; y el estallido de una bomba casera arrojada durante la madrugada del 25 de julio a la sede del episcopado mexicano, el organismo cúpula que aglutina a los más de 100 obispos del país.


Omar Sotelo Aguilar, director del Centro Católico Multimedial (CCM), que cada año presenta un informe estadístico sobre la violencia contra el clero mexicano, comenta preocupado: “En este sexenio aumentaron los crímenes contra religiosos; ya van 19. Y pese a que aún falta un año para que concluya el gobierno de Peña Nieto, esta cifra ya superó a los 17 sacerdotes asesinados durante todo el sexenio anterior”.

–¿A qué atribuye este incremento?

–Al mismo aumento de la violencia en México. Y a la ineficacia de las autoridades en la procuración de justicia y seguridad. El crimen organizado las ha minado, penetrado y corrompido. No hay otra explicación. Y las estadísticas son claras, no mienten.

Infundios 

Sotelo Aguilar se muestra todavía más preocupado por la manera en que se dan las ejecuciones: “Al analizar los asesinatos vemos en su gran mayoría un mismo método, aplicado con muchísima crueldad: primero se levanta al sacerdote. Ya cautivo, se le ata de manos, se le tortura y, finalmente, se le mata. Los criminales se ensañan con ellos por su condición de clérigos”.

–¿Es un fenómeno parecido a los feminicidios, perpetrados contra las mujeres por el solo hecho de serlo?

–Sí, es similar. Ahora nos estamos enfrentando a una especie de “clericidio” o “clerocidio”. No sé cómo llamarlo, no lo sé. Pero es un nuevo fenómeno en el que las víctimas son sacerdotes.

“Hace poco, por ejemplo, asesinaron en Ciudad Nezahualcóyotl al párroco Luis López, de 73 años, quien no podía defenderse. Aún así, lo maniataron, lo golpearon, le dieron puñaladas en el corazón y luego lo degollaron. Fue un crimen terrible. Y por el mismo estilo está la mayoría. En nuestros informes anuales procuramos omitir este tipo de detalles por respeto a los deudos.

“Otro aspecto que se ha activado muchísimo últimamente es la difamación. Es muy común que se denigre la investidura sacerdotal después de los asesinatos. Sin prueba alguna, generalmente se dice que los matan por pederastas, por libertinos o por venganzas pasionales. La difamación es un arma muy poderosa. De manera que a nuestros sacerdotes se les asesina no sólo físicamente, sino también moralmente.

“Esto ocurrió, por ejemplo, con algunos de ellos en Veracruz y Michoacán. Se dijo que los mataron por andar ebrios y en malas compañías. A uno incluso se le acusó de pederasta. Se dijo haberlo visto salir de un hotel acompañado de un menor. Luego se comprobó que eran infundios. Las autoridades, incluso, llegan a adoptar estas posturas difamatorias sin investigar.”

El informe

El CCM da a conocer sus informes a finales de cada diciembre. Sin embargo, este año presentó un “informe parcial” titulado “2017, año funesto para el sacerdocio mexicano” a principios de agosto.

Sotelo Aguilar explica: “Adelantamos este informe por el gran impacto que tienen los ataques a la catedral y a la sede del episcopado. Dos hechos muy significativos en un país donde 80% de la población es católica.

“¡Caray! Es la primera vez que en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México se apuñala a un sacerdote en plena celebración litúrgica. Y, para colmo, poco después se lanza un artefacto explosivo contra la sede del episcopado, lugar desde donde se impulsan las acciones de la Iglesia católica a nivel nacional. Son sucesos tremendos. Dejan mucho qué pensar.”

En el informe, de entrada, se señala que, “por noveno año consecutivo”, México ostenta “el primer lugar en crímenes de odio contra sacerdotes, religiosos y laicos de América Latina”.

Y agrega: “Durante el sexenio del licenciado Enrique Peña Nieto se han cometido 19 homicidios en contra de sacerdotes, así como de dos laicos, y se tiene registro de dos presbíteros desaparecidos”.

Aclara también que “los miembros de la Iglesia no tienen conflicto con los grupos que están cometiendo ilícitos en el país. No obstante, existen sectores de la sociedad que aprovechan la efervescencia de la violencia y se muestran insolentes contra los religiosos”.

Menciona después las 17 entidades donde los sacerdotes sufren más agresiones: Guerrero, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Ciudad de México, Chiapas, Tabasco, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Colima, Sinaloa y Tabasco.

Y explica las razones de los ataques: “Estos grupos que atentan contra sacerdotes y religiosos buscan limitar las actividades del trabajo pastoral de la Iglesia en México, que tienen su acción en el campo sanitario y educativo, así como en la acción asistencial –ayuda, refugio y consuelo– a favor de los derechos humanos de migrantes que transitan por suelo mexicano.”

Ellos y los agentes de pastoral, abunda, “son más vulnerables a diversos ataques, como lo muestra la creciente ola de agresiones, asesinatos y desapariciones acaecidos bajo la mirada indiferente de las autoridades, a lo largo y ancho del país, donde en los últimos años han proliferado la inseguridad y el crecimiento de los grupos del crimen organizado”.

Mensajes de odio

Sotelo Aguilar elaboró una cronología de “clericidios” que va de 2012 a 2017 en la que explica las circunstancias de cada asesinato, detallando la fecha, el lugar y la diócesis a la que pertenecía cada víctima.

Los asesinados, según la lista, son: Víctor Manuel Diosdado, José Flores Preciado, Ignacio Cortez Álvarez, Hipólito Villalobos, Nicolás de la Cruz Martínez, Joel Román Salazar, John Ssenyondo, José Ascensión Acuña, Rolando Martínez Lara, Gregorio López Gorostieta, Francisco Javier Gutiérrez, Israel Garrido, Alejo Nabor Jiménez, José Alfredo Juárez, José Alfredo López, Felipe Altamirano, Joaquín Hernández, Luis López Villa y José Miguel Machorro, el cura apuñalado en catedral.

Según el informe, el ataque contra Machorro, el pasado 15 de mayo, es “el primer evento mortal al interior de uno de los recintos sagrados más importantes del país”.

Luego de una dolorosa agonía que se prolongó más de dos meses, Machorro murió el pasado 3 de agosto, en el Instituto Nacional de Nutrición. Las lesiones que sufrió en el cuello con un arma punzocortante le provocaron una severa deshidratación, choque hipovolémico e insuficiencia respiratoria.

A su atacante –el potosino Juan René Silva Martínez, capturado en la catedral el mismo 15 de mayo– se le diagnosticó un trastorno psicótico que no le permite reconocer su acto delictivo, por lo que al parecer no será juzgado en un proceso ordinario.

Sotelo ve con recelo esta supuesta psicosis: “Se dice que René Silva no es consciente de sus actos. Sin embargo, se ha reservado su derecho a declarar ante la justicia. Aquí sí sabe muy bien cómo defenderse. Esto no concuerda en una persona con deficiencias mentales. ¿Estamos realmente ante un asesino solitario? ¿O hay alguien detrás de él? No olvidemos que este tipo de personas son utilizadas por otros para realizar ataques como el de Catedral… Hay muchas cosas por aclarar”.

Respecto a la bomba casera lanzada contra la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) el pasado 25 de julio, Sotelo, perteneciente a la congregación Sociedad de San Pablo, sostiene: “Ese ataque lo perpetró un comando rebelde, en protesta por la postura de la Iglesia ante el aborto, la familia y el matrimonio. Se conocen las causas y de dónde procede el ataque. La investigación sigue abierta”.

En efecto, el bombazo se lo adjudicó –un día después– el grupo autodenominado Comando Feminista Informal de Acción Antiautoritaria, el cual dio a conocer que la bomba la fabricó con “dinamita, gas LP y butano”.

La Secretaría de Gobernación, por medio del subsecretario de Asuntos Religiosos, Humberto Roque Villanueva, calificó la agresión como un “mensaje de odio” dirigido a los obispos del país.

El 25 de julio Roque Villanueva diagnosticó: “Sí, hay ahí un mensaje de odio dirigido a una institución… Es el primer ataque a una institución colegiada, como es la CEM”.

Asimismo, varios obispos han recibido amenazas de muerte en sus respectivas diócesis; en ocasiones las fachadas de sus casas son baleadas con objeto de amedrentarlos. Son parte de estos mensajes de “odio” a los que se refiere la Secretaría de Gobernación.

Sotelo comenta: “En nuestras estadísticas, tenemos registradas 850 extorsiones y amenazas de muerte contra miembros del clero, incluidos 14 obispos”. Entre ellos menciona a Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca; a Maximino Martínez, de Ciudad Altamirano; a Miguel Patiño Velázquez, obispo emérito de Apatzingán.

“A principios de este año –relata– balearon la casa parroquial de monseñor Castro, situada en la zona aledaña a la catedral de Cuernavaca. La agresión, me imagino, provino de alguien molesto por el trabajo pastoral del obispo, quien siempre ha trabajado muy cerca del pueblo y denunciado las situaciones injustas en el estado de Morelos”.

Diócesis asediadas

Desde 2013 la diócesis de Cuernavaca ha venido denunciando las amenazas de muerte y los “cobros por derecho de piso” a sus sacerdotes por parte del crimen organizado, según informaciones periodísticas.

La casa del obispado de Ciudad Altamirano –sostiene Sotelo– “también ha sido tiroteada por las bandas del crimen organizado”.­

El obispo de esa diócesis, Maximino Martínez, en una entrevista con este reportero en enero de 2015, reconoció que ha estado expuesto a la violencia desde el día que tomó las riendas del obispado, el 31 de agosto de 2006.

Expuso: “Ese día celebrábamos en el seminario mi ordenación episcopal. Cuando regresé a esta casa del obispado voy viendo la fachada tiroteada… Fue un aviso de que debía andarme con mucho tiento”.

“–¿Y nunca ha sufrido amenazas de muerte?” –se le preguntó entonces.

“–Por supuesto. Varias veces, sobre todo cuando ando visitando mis parroquias y en los caminos me paran los narcotraficantes… Pero debemos ser firmes y combatir al mal que se ha metido en esta región. El Papa acaba de recordarnos que el diablo de pronto anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso pasa aquí… ¡Es el mal!… ¡El mal!” (Proceso 1995).

Hay sin embargo otros obispos, refiere el entrevistado, “que prefieren no divulgar las amenazas de muerte que reciben. Optan por el silencio. Pero finalmente se están jugando la vida”.

–¿De qué estados son los obispos más expuestos?

–De los estados más conflictivos: Guerrero, Michoacán, Morelos y Tamaulipas. También de la zona conurbada de la Ciudad de México.

–¿Es común que los obispos usen guaruras?­

–No. Todavía se resisten a usar ese tipo de seguridad. Argumentan que los guardaespaldas les impiden tener un verdadero contacto con el pueblo, y les resulta molesto que los estén cuidando las 24 horas. Que yo sepa, actualmente sólo el cardenal Norberto Rivera trae un grupo de gente que lo acompaña.

–¿Existe el riesgo de que ya no sean sólo sacerdotes los asesinados, sino incluso algún obispo?

–Así como están las cosas, ya cualquier miembro del clero corre el riesgo de ser asesinado… Le puede pasar a cualquiera… a cualquiera.

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