Guardia Nacional: ¿desmilitarizar militarizando?/RICARDO RAPHAEL

Revista Proceso # 2202, 13 de enero de 2019
Guardia Nacional: ¿desmilitarizar militarizando?/RICARDO RAPHAEL
No hay desafío más grave y más complejo para Andrés Manuel López Obrador que desmilitarizar la seguridad pública al tiempo que se arrebata al crimen el control de tramos extensos del territorio mexicano.

A este respecto, el presidente propuso en un principio crear una Guardia Nacional integrada mayormente por efectivos militares, situada bajo las órdenes directas del secretario de la Defensa.
La contradicción fue evidente. Desmilitarizar militarizando no parecía la mejor receta porque remite a una medicina que no funcionó: la política criminal de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto –valorada por el crecimiento de las muertes violentas, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas– implicó un trágico desastre.

Argumentó el gobierno que las comparaciones con el pasado son injustas porque su iniciativa quiere regresar al Ejército a los cuarteles para colocar en su lugar este nuevo cuerpo policial. 

Para lograr un mejor entendimiento con las otras fuerzas políticas y la sociedad, se organizó durante los días pasados en el Palacio de San Lázaro una serie de audiencias públicas. Acudieron gobernadores, presidentes municipales, organizaciones, académicos y especialistas.

Hay que decir que el desfile de argumentos fue largo y también barroco. Sorprende que, después de una década padeciendo la misma enfermedad, los actores continúen divergiendo tanto en el diagnóstico como en las propuestas de solución. 

Un resumen apretado permite ordenar los argumentos ahí vertidos en tres grandes rubros: 1) los temas relacionados con el federalismo, 2) las cuestiones que la iniciativa no alcanza a responder, y 3) la subordinación de la Guardia Nacional al poder militar. 

Las voces que asistieron a las audiencias tienen en común la incapacidad para presentar propuestas sin contradicciones. Ciertamente este problema no es exclusivo del Poder Ejecutivo. 

Los gobernadores, por ejemplo, denunciaron que la iniciativa tuviera intenciones centralistas, pero al mismo tiempo exigen al presidente que ordene al Ejército mantener presencia constante en sus territorios. Es demagógica la ambigüedad con que los mandatarios estatales atienden el tema: en voz alta dicen una cosa y en voz baja otra. 

De su lado, las y los alcaldes acudieron al debate haciendo notar que la propuesta del presidente no incluye a las autoridades municipales. Dado que únicamente se presentó la iniciativa constitucional, y no existe todavía el proyecto de ley para normar a la Guardia Nacional, persisten muchas vaguedades aún sin resolver: por ejemplo, ¿en qué casos intervendría la Guardia? ¿cómo se coordinará esta institución con las policías estatales y municipales? ¿qué rol jugarán las demás instituciones y autoridades?

No obstante, ningún asunto crispó con mayor ácido las conversaciones que la propuesta de prolongar la medicina de la militarización. Que la Guardia Nacional fuese integrada por efectivos de las Fuerzas Armadas no despierta preocupación, pero sí lo hacía que ese cuerpo tuviera como jefe al secretario de la Defensa. 

En revancha, el gobierno preguntó a sus detractores: ¿puede pedírsele al Ejército que participe en el nacimiento de la Guardia, que entrene a sus efectivos y que los prepare para ocupar el territorio que hoy custodia, sin que esos mismos elementos respondan con disciplina a la más alta autoridad militar?

Al final el presidente cedió a los razonamientos expuestos durante las audiencias. El viernes 11 cambió de opinión y en voz de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, ofreció quitarle el mando de la Guardia Nacional al secretario de la Defensa para que esta nueva institución nazca dependiendo, desde el principio, del poder civil.  

Se trata de una cirugía mayor con respecto a las dos primeras iniciativas de reforma constitucional que debería servir para que la Guardia Nacional surja como una solución arropada por un amplio consenso político. 


Quienes exhibieron dudas sobre la sinceridad de propósito en las audiencias para discutir este tema, tienen ahora una razón para celebrar: sus voces y argumentos fueron escuchados.