24 feb 2023

Las columnas políticas hoy, viernes 24 de febrero de 2023

La ministra Yasmín Esquivel Mossa también plagió su tesis de doctorado

No creo que la ministra Yasmín Esquivel Mossa, aguante este misil..; plagió también su tesis de doctorado...

Reportaje de El País...


En 2009 obtuvo el grado de doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac con un trabajo de titulación en el que plagió 209 de las 456 páginas, según una investigación de ZEDRYK RAZIEL y BEATRIZ GUILLÉN, reporteras de El País.

“Las omisiones en las citas de autores son descuidos, pero jamás una forma de plagio”: la respuesta de Yasmín Esquivel a EL PAÍS

Alejandro Romano, representante legal de la jueza, envía una réplica en la que defiende que es “totalmente inexacto que, al omitir citar un autor en una tesis profesional, ello implique automáticamente el plagio de su obra completa”

Sostiene: “La posible existencia de omisiones en las citas de autores, o de errores en su redacción, solo tienen ese significado, –el de deficiencias o descuidos–, pero jamás una forma de plagio, porque técnicamente esta figura jurídica implica la publicación de una obra completa a nombre de otro”. En ese sentido, Romano insiste en que es “totalmente inexacto que, al omitir citar un autor en una tesis profesional, ello implique automáticamente el plagio de su obra completa”.

Romano hace hincapié en que “la elaboración de la tesis para obtener un grado académico, no es un fin en sí mismo, ni tiene propósitos comerciales, sino que solo constituye un mecanismo para que un grupo de especialistas en la materia, constaten que una persona tiene la cualidades profesionales para desempeñarse en una ciencia o arte, o simplemente para escalar un grado más del que ya ostente”. Así, el abogado recuerda la “institución universitaria validó un trabajo de investigación, y consideró que cumplía con los estándares para ser aceptado”.

Con la tesis Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa, Esquivel obtuvo en 2009 su grado de doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac. Los siete sinodales que componían su jurado —todos ellos académicos de esta universidad— todos ellos académicos de la Universidad Anáhuac— describieron en sus argumentos de voto la originalidad del trabajo y sus aportes al campo del Derecho...

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Genaro García Luna se debió juzgar en México: AMLO; “es una llamada de atención a la justicia mexicana”

“¿Este fallo en EU de que es culpable es un elemento para proceder en México contra el circulo cercano (De García Luna)?” , se le preguntó en Palacio Nacional.

“Sí, sí y también es una llamada de atención para la justicia mexicana, porque se debió de juzgar aquí.

Por supuesto!...

Y ¿de quien es la culpa?

De nuestro sistema de justicia penal.

¡Estamos reprobados!..

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Las columnas políticas hoy, viernes 24 de febrero de 2023

Templo Mayor/ en REFORMA;

EN LA INTENSIDAD de su campaña de desprestigio, se puede medir el espanto que le causa a la 4T la marcha ciudadana del próximo domingo. Desde el presidente de la República hasta el más humilde tuitero de la Red AMLO, se han dado vuelo tratando de criticar, desprestigiar e intimidar a quienes saldrán a las calles para denunciar la contrarreforma electoral.

TANTO en redes sociales como en discursos en tribuna o conferencias de prensa, los acólitos presidenciales insisten en que quienes marchan, lo hacen para ¡¿¡¿defender la corrupción?!?! Inclusive andan diciendo que será una marcha para defender ¡a Genaro García Luna! Qué manera de querer confundir la magnesia ciudadana con la gimnasia oficialista.

EL PROPIO Andrés Manuel López Obrador enfocó sus baterías contra el ex ministro José Ramón Cossío, al que nomás le faltó acusar de la pérdida de Texas. Si tan desangelada estará la marcha del domingo y sus motivaciones son tan retorcidas, resulta extraño que le preocupe tanto a la 4T. ¿Miedito?

QUIÉN FUERA Raquel Buenrostro para ver la vida con tanta paz y serenidad. La titular de Economía es una especie de buda del T-MEC a la que nada le perturba y nada le acongoja... ni siquiera el conflicto comercial con Estados Unidos.

PESE a que se trata de una grave amenaza para México, la funcionaria desestimó -otra vez- el reclamo estadounidense por el maíz transgénico. Y salió con que la petición de un panel de consulta es cosa de todos los días, como diciendo que no hay de qué preocuparse. Debe ser bonito vivir en ese mundo de fantasía en el que los problemas desaparecen como por arte de magia.

EN LA ENCUESTA de noviembre sobre las elecciones en el Estado de México, el emecista Juan Zepeda alcanzaba los dos dígitos frente a Delfina Gómez y Alejandra del Moral. Y en la encuesta de esta semana apenas llega al 4 por ciento. ¿Qué pasó ahí?

LA dramática caída de su capital político se debe -en gran medida- a que Movimiento Ciudadano no ha querido hacer campaña para impulsarlo, pese a ser uno de sus cuadros más fuertes, especialmente en el oriente mexiquense. En 2018, en las elecciones para el Senado, Zepeda le dio a MC más votos que los sufragios que obtuvo en Jalisco y Nuevo León, donde es gobierno.

LO MÁS RARO de todo es que Juan Zepeda sí quiere hacer mítines, echarse palomazos con su banda de rock y tratar de recuperar el terreno electoral perdido. Sin embargo, quien no quiere hacer ruido -¡ni campaña!- es el dueño, perdón, el dirigente de MC, Dante Delgado. Esto obliga a preguntar: ¿a quién beneficia que Movimiento Ciudadano pierda por default? A algún lado se tienen que ir los votos que podría ganar en zonas populares donde tiene mucho arrastre, como Neza y Chalco. Da la impresión de que la supuesta neutralidad naranja... no es tan neutral.

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Plan C de Morena: maniatar al tribunal electoral

Bajo Reserva/El Universa

Nos platican que, apenas confirmaron que el Senado avaló el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la bancada de Morena en la Cámara de Diputados surgió una nueva prioridad: un plan para limitar las atribuciones del Tribunal Electoral, luego de que determinó que la próxima presidencia del INE debe estar a cargo de una mujer. Nos cuentan que los morenistas comenzaron a urdir su estrategia desde el periodo pasado, cuando el tribunal ordenó incluir a Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente, y más tarde se fortaleció la idea cuando ordenó modificar la convocatoria para elegir consejeros del INE. Nos cuentan que el coordinador Ignacio Mier ya encargó a un grupo de legisladores diseñar una vía legal para frenar a la máxima autoridad electoral. Queda claro que a la mayoría oficialista la única autoridad a la que le gusta someterse es la del inquilino de Palacio Nacional. 

Tras cuatro años, asusta a líderes del Senado la violencia verbal 

En el Senado, que desde 2018 ha sido escenario de intensos intercambios de insultos, descalificaciones y agresiones verbales, e incluso más de un conato de gresca, nos cuentan que los coordinadores de todos los partidos comentaron entre ellos su preocupación por el tono que tomaron el miércoles las discusiones en el pleno. Durante el debate del llamado Plan B electoral, además de los ya normalizados improperios, en tribuna se llegó de plano a la amenaza de revelar videos íntimos de una legisladora. Nos comentan que platicaron la necesidad de tomar medidas para frenar la violencia verbal porque cada vez se acerca más a derivar en violencia física. ¿Será que logren frenar el florido lenguaje de los senadores y su marcada propensión a confundir el debate parlamentario con un concurso de expresiones de odio e intolerancia? 

A corcholatazos y billetazos se llevan 

La contienda interna de Morena por la candidatura presidencial se calienta cada día. Ahora, seguidores de algunas corcholatas invierten su dinero en subir tuits promocionados de noticias que les peguen a sus adversarios. Luego de que la cuenta tuitera @ALEPHBIO reveló que Pemex y Fonatur dieron contratos por varios millones de pesos a una consultoría dirigida por un sobrino de Marcelo Ebrard, la diputada Gabriela Jiménez, quien apoya a Claudia Sheinbaum, pautó en Twitter una nota sobre el tema. En los pasillos de Palacio, nos cuentan, no cayó nada bien que, por pegarle a don Marcelo, la legisladora no reparó en que su dinero sirvió para raspar de paso a dos tabasqueños aliados del presidente, Octavio Romero, de Pemex, y Javier May, de Fonatur. La oficina de prensa del canciller no desmintió los contratos, sólo dijo que hace años que ni habla con el sobrino. Entre que sí le habla o no, nos cuentan que el equipo marcelista llevó su queja de juego sucio al árbitro único del proceso, el que despacha frente al Zócalo. Así se llevan. Y apenas es febrero de 2023. 

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Estrictamente Personal

Presidente, you have a problem/Raymundo Riva Palacio

El Financiero, febrero 24, 2023 |

Por más que se manipulen las cifras, el crecimiento de la violencia en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es imposible de ocultar. El martes se publicaron los datos sobre asesinatos deliberados, y el gobierno reportó una disminución de 16 por ciento con respecto a lo que se describió como “el máximo histórico”. Esta medición es tramposa porque responde a un diseño propagandístico, no metodológico, para engañar a la población. El “máximo histórico” fue en julio de 2018, mes de la elección presidencial, donde se contabilizaron 3 mil 74 homicidios dolosos, comparados con los 2 mil 582 de enero pasado.

Pero trazar una comparación entre indicadores que no son medibles, huele a estafa. La comparación se puede dar mediante dos criterios, con respecto al mes anterior o con el mismo mes del año previo. Bajo cualquiera de los dos, los homicidios dolosos crecieron. En diciembre de 2022 hubo 2 mil 529, un incremento de 53, y en enero del año pasado hubo 2 mil 426, 156 menos que la última cifra. Julio de 2018 fue el mes más violento en la historia del país, por cuanto a homicidios dolosos, pero los siguientes tres de mayor número de crímenes de ese tipo fueron junio y julio de 2019 (3 mil 6 y 2 mil 981, respectivamente), y mayo de 2020 (3 mil 41).

Si bien hay una tendencia a la baja, los cuatro primeros años del gobierno de López Obrador muestran que la estrategia emprendida no funcionó. En ese periodo se registraron 140 mil 102 homicidios dolosos, frente a 88 mil 394 en los primeros cuatro años del gobierno de Enrique Peña Nieto y 68 mil 433 en el mismo periodo de la administración de Felipe Calderón. ¿Cómo se explica? Por la doctrina pasiva de abrazos, no balazos, salvo cuando sea en defensa propia, y que los programas sociales para arrancar a los jóvenes de los brazos criminales se quedaron en un mero buen propósito.

Pero hay otra forma de interpretar los mediocres resultados que llevarán a López Obrador a entregar la banda presidencial totalmente ensangrentada, y con el legado de haber gobernado el sexenio más violento en la historia del país (está a 17 mil homicidios dolosos de rebasar el total de crímenes de esta naturaleza en los seis años de Peña Nieto), que es la forma como lo están viendo en Washington.

La semana pasada, en el Capitolio, se llevó a cabo una muy negativa audiencia para México en el poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que preside Bob Menéndez, muy amigo del presidente Joe Biden, y enemistado con el presidente López Obrador. Aunque era sobre el fentanilo en el mundo, surgieron datos y declaraciones que deberían preocupar en Palacio Nacional, por la forma como, dijo la administradora de la DEA, Anne Milgram, se han expandido los cárteles durante su gobierno: el del Pacífico/Sinaloa operaba en 19 estados y ahora lo hace en 32; el Jalisco Nueva Generación lo hacía en 23 y ahora está en las 32 entidades.

El revelador diálogo en la audiencia se dio de esta manera:

Milgram: México trabajó en el pasado, de 2012 a 2015, para acabar con uno de los cárteles más violentos, Los Zetas, y fueron eficaces en desmantelarlo. Queremos que México haga lo mismo en este caso (el combate al tráfico del fentanilo) y que lo conviertan en su principal prioridad operativa.

Menéndez: Pero eso no está sucediendo.

Milgram dijo que, virtualmente, todo el fentanilo que llega a Estados Unidos proviene de esos dos cárteles y entra por California y Arizona.

Menéndez: ¿Es posible lidiar con este problema sin México como socio? ¿No es imposible combatirlo sin una relación productiva con México? No obstante, hay obstáculos que impiden la cooperación con México, como la creciente politización de la Fiscalía General, que ha mostrado poco apetito para judicializar los casos relacionados con el fentanilo. La colusión entre los cárteles de la droga y las autoridades mexicanas es un desafío constante. Las autoridades mexicanas no parecen muy dispuestas a reconocer que la vasta mayoría del fentanilo que nos llega se produce en laboratorios clandestinos en México. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el gobierno de López Obrador para cambiar esta realidad?

Milgram: Creemos que México debe hacer más para detener el daño que estamos viendo. Los cárteles están dominando y controlando completamente la cadena de suministro de fentanilo y están operando desde México.

Todd Robinson, subsecretario de Estado para Asuntos de Drogas, dijo que México ha expresado su interés en hacer más, dentro del marco del Entendimiento Bicentenario, el acuerdo marco sobre seguridad entre los dos países.

Robinson: Le pedimos a México que pusiera más recursos en este esfuerzo. Para México es un asunto doméstico; para nosotros es internacional y de seguridad nacional.

Menéndez: Tengo que ser honesto con usted, no lo veo. No veo la disposición, no veo la urgencia, no veo el compromiso, ni las acciones que indicarían que México es un buen socio. Si no logramos que actúen, debe haber otras consideraciones. Yo creo que trabajamos con nuestros amigos mexicanos con guantes de niño. Yo no sé cuántas vidas más tienen que perderse para que México se involucre. Si fuera al revés, estarían todo el tiempo sobre nosotros. El presidente López Obrador estaría todo el tiempo sobre nosotros.

Las señales de frustración y enojo son evidentes en Washington, así como la insatisfacción de la cooperación en materia de seguridad. La descripción de los cárteles en el tráfico de fentanilo –que ha sustituido a todas las demás drogas como el producto ilegal más rentable– ayuda a entender el incremento de los homicidios dolosos, por la guerra entre las dos grandes organizaciones por el control de los territorios y los laboratorios para producirlos. Esta espiral de violencia, que produce matanzas y homicidios dolosos en niveles insoportables, pese al incremento de operativos militares y el despliegue de fuerzas federales en el país como nunca se había visto, le da sentido, con horizonte ominoso, a las palabras de Menéndez.

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En privado

AMLO, el único con proyecto en el páramo/Joaquín López-Dóriga

La muerte es una desgraciada: no

califica ni considera, solo actúa. Florestán

El ex presidente Felipe Calderón reapareció desde Madrid con un texto en el que hace una serie de consideraciones sobre el futuro democrático de México, a partir del momento que se vive hoy hacia lo que López Obrador llama la consolidación de su proyecto político a partir de ganar las elecciones presidenciales de 2024 y asegurar su cuarta transformación.

Calderón habla de dos tiempos y llama a reunir a todos los partidos en un solo frente con ciudadanos y candidato común para 2024, o llevarlo hasta 2030, aceptando ya la derrota de la oposición, vía un nuevo gran partido ciudadano.

Sobre el primer punto, he sostenido que, al día de hoy, cuando estamos a seis meses de iniciar el proceso electoral de 2024, no hay oposición ni liderazgo alguno competitivos para derrotar al candidato presidencial de López Obrador.

Y no veo cómo en medio año se vaya a construir todo lo que los partidos y sus dirigentes se han encargado de destruir desde hace años, marcadamente ahora en el régimen que gobierna.

Por eso hoy, insisto, no existe una oposición para ganar las elecciones presidenciales en 2024, pues carece de todo, no tiene con qué ni con quiénes y hay una ciudadanía huérfana de proyectos y liderazgos.

Mientras tanto, López Obrador se ha encargado de ir construyendo candidaturas, al menos tres, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal ha ido consolidando la suya, y no solo eso: es el único que cuenta con un proyecto político y de gobierno, guste o no, pero el único, lo que da certidumbre a los suyos.

La oposición es un páramo y los eriales, en su desamparo, no ganan las elecciones.

Al menos no, reitero, no al día de hoy.

RETALES

1. PROTOCOLO. Hoy la ceremonia del Día de la Bandera será en el Campo Marte. Será interesante ver la distribución y si el alejamiento del Presidente con el Poder Judicial y la oposición se vuelve a confirmar en el presídium y en los turnos. Estaba prevista la intervención, discurso del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel. La representación de la Corte la llevará el ministro Jorge Pardo Rebolledo, que también hablará;

2. AGONÍA. El 5 de junio de 2022, Claudia Sheinbaum declaró ante el ahuehuete recién trasplantado a la glorieta de la Palma que dejaron morir: Este ahuehuete significa la lucha por la justicia, la lucha por la paz. Hoy ese árbol agoniza por la incapacidad hasta de trasladar un ahuehuete. No sé si retrate lo que entonces dijo que significaba; y

3. CITA. El mitin en el Zócalo contra la reforma electoral de López Obrador, el domingo, está precedido de toda clase de descalificaciones y hasta engaños como ese que dice que es ¡para pedir la libertad de García Luna! Lo importante es que la sociedad se exprese libremente sin agresiones y sin violencia. Es una prueba para el gobierno de la 4T.

Nos vemos el martes, pero en privado

lopezdoriga@milenio.com

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La curva de Pablo Gómez y el fantasma de Medina Mora/Mario Maldonado

El Universal, 

La curva de aprendizaje de Pablo Gómez en la Unidad de Inteligencia Financiera ha sido larga y costosa. Los montos de las cuentas que han sido desbloqueadas mediante juicios de amparo entre 2022 y los primeros días de 2023 rebasan los 20 mil 700 millones de pesos frente a los menos de 500 millones que se han congelado. Son datos de la misma UIF.

No obstante, las “bolas” que tiene el “engrudo” de la actual UIF —para decirlo en las palabras que emplea Gómez Álvarez— empiezan a ser de utilidad para el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, en un escenario de pugna con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial, de donde salen los criterios y amparos que dan sustento a desbloqueos de sujetos investigados.

En el contexto del juicio en Nueva York contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el titular de la UIF se apareció hace un par de semanas en la conferencia matutina de AMLO. Pablo Gómez recitó una serie de cifras e intentó mostrar, a medias por la confidencialidad, el mapa de los negocios del “súper policía” del gobierno de Felipe Calderón.

La prioridad de esa disertación, según lo confirmó más tarde en esa conferencia el presidente López Obrador, era denunciar una nueva “afrenta a la justicia” del Poder Judicial, por la decisión reciente del quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito para eliminar a Luis Cárdenas Palomino —colaborador cercano de García Luna— de la Lista de Personas Bloqueadas y descongelarle cuentas por 5.5 millones de pesos. Lo mismo a la esposa del exsecretario Linda Cristina Pereyra.

El dedo acusador del presidente señala como responsable del asunto a la ministra presidenta, Norma Piña, con quien ha sostenido una pugna simbólica desde los primeros días del presente año, cuando el escándalo del presunto plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel la colocaron como un escudo defensor del Poder Judicial.

La realidad es que la jurisprudencia que ha permitido liberar miles de millones de pesos es una herencia del ministro Eduardo Medina Mora, la cual pone en el rango de la inconstitucionalidad los congelamientos resultado de una investigación local y valida únicamente los que resultan de una solicitud expresa de gobiernos y organismos internacionales.

La “Jurisprudencia Medina Mora” es la herramienta con la que se han desbloqueado cuentas de personajes como Nassón Joaquín García, líder de la iglesia de la Luz del Mundo y culpable confeso de tres cargos de agresión sexual contra menores de edad. El criterio se forjó en 2018, unos meses antes del arribo de López Obrador a la Presidencia, justo cuando Orlando Suárez López, titular de la UIF en esos tiempos, liberaba administrativamente otros mil millones de pesos vinculados con el crimen organizado.

Con estos antecedentes se explican las razones por las que este gobierno se atrevió a presionar la renuncia del ministro Medina Mora, pero no ha podido revertir el daño que dejó este a la estrategia de combate al lavado de dinero y al manejo de recursos de procedencia ilícita. No es tarea sencilla conseguir que los ministros de la Corte elaboren una nueva jurisprudencia en la materia, sobre todo cuando los funcionarios de este gobierno suelen carecer de técnica jurídica.

De las ruinas de esta batalla pérdida AMLO construye un discurso para vulnerar la imagen del Poder Judicial, en un marco en el que el gobierno también ha perdido las herramientas con las que solía presionar.

Posdata 1

Este jueves tomó protesta como nuevo presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Víctor Olea Peláez, quien encabezará esta organización durante los próximos dos años. Previo a la asamblea donde se llevó a cabo la toma de posesión, el abogado se reunió con la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, y con el presidente de la World Jurist Association, Javier Cremades. Este último también estuvo esta semana con el presidente López Obrador y con la presidenta de la Corte; en los próximos días la asociación que encabeza emitirá una postura sobre el Estado de derecho en México. La sorpresa fue que también reapareció con Olea y Cremades el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, como se adelantó hace unos días en este espacio. A la ceremonia que se llevó a cabo en el Club de Industriales acudió el ministro Alberto Pérez Dayán, la ministra en retiro Margarita Luna Ramos, el nuevo Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Guillermo Valls, y el abogado Javier Quijano Baz, entre otros.

Posdata 2

El 11 de enero pasado se reveló en este espacio la planeación de una nueva manifestación ciudadana en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE). La “marcha” iba a convocarse originalmente para el 5 de febrero, aniversario de la Constitución Mexicana. El puente de ese fin de semana terminó por descarrilar la movilización en esa emblemática fecha. La nueva convocatoria se fijó para este domingo 26 de febrero. Será una concentración en el Zócalo capitalino, frente al Palacio Nacional donde despacha el presidente Andrés Manuel López Obrador. La convocatoria es a las 11 de la mañana. Tod@s de rosa. También participarán políticos, empresarios, líderes de organizaciones civiles y ciudadanos que están en desacuerdo con las reformas promovidas por el gobierno federal en contra del INE y la democracia. Los oradores principales: el ministro en retiro José Ramón Cossío, la periodista Beatriz Pagés y alguna sorpresa más.  

@MarioMal

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Al Zócalo, para honrar la lucha histórica por la democracia/Ariel González

El Universal

Nos corresponde, una vez más, manifestarnos por la democracia. Salir a la calle para defender su representación más institucional y cercana a los ciudadanos: el Instituto Nacional Electoral. Lo tendremos que hacer todos, en todo el país, en sus más grandes ciudades, y por nuestro propio pie. No habrá camiones de acarreados; no habrá pase de lista, ni tampoco bonos o desayunos para los asistentes.

Lo cívico invoca, en su más importante acepción, lo ciudadano. Por eso, este será, nuevamente, un acto cívico, de ciudadanos libres, diversos, de todos los orígenes sociales y de todos los cuadrantes ideológicos, pero que se reconocen en un conjunto de derechos y prácticas cuyo ejercicio hoy, todavía, hace posible el Instituto Nacional Electoral.

Costó mucho construir una instancia en la que todos –incluidos los que hoy detentan el poder– confiáramos. Por eso resulta doblemente grotesco que sean ellos mismos, los que llegaron a la Presidencia en 2018, avalados y certificados por la limpieza del proceso electoral que garantizó el INE, quienes pretendan ahora desmantelarlo y convertirlo en lo que fueron los primeros organismos electorales en este país: oficinas de gobierno y al servicio del partido en el poder.

Movilizarnos contra esta regresión que se instrumenta desde la Presidencia de la República y que dócil y servilmente han hecho suya la mayoría de diputados y senadores, resulta imperativo. La vida democrática que hoy tenemos –con todos sus defectos y virtudes– no se alcanzó por gracia de ningún poder, ni por la inspiración de un iluminado. Es fruto de una lucha colectiva, ardua, llena de tropiezos y sacrificios, que a lo largo del siglo XX fue abriéndose paso en medio de un régimen autoritario y de partido único. Costó, no lo olvidemos, muchas vidas, años de prisión, censura y violencia.

La transición democrática que ganamos ha estado llena de obstáculos, pero ha demostrado ser la mejor vía para la estabilidad política del país, así como la base institucional para su desarrollo en todos los órdenes. Abrazamos la democracia no porque sea una panacea, ni un orden paradisiaco, sino porquecon sus reglas claras permite resolver del mejor modo nuestras diferencias, elegir y poder ser elegidos, alcanzar metas comunes y garantizar la alternancia en un marco de equidad, pluralidad y tolerancia.

El gobierno en turno, habiendo llegado paradójicamente al poder con las reglas claras que el INE ha establecido mediante el consenso de todos los partidos (incluido, insisto, el que ahora gobierna), intenta ahora destruir la estructura que las garantiza. Busca anular su capacidad operativa y autonomía para volver así al autoritarismo con el que por lo visto se identifica (también fuera del país, como lo demuestra la vergonzosa política exterior que ha impulsado, dejando a su suerte a los pueblos cubano, venezolano o nicaragüense, y celebrando la actuación de las infames dictaduras que estos padecen).

La desinformación acerca de la naturaleza y objetivos de la concentración ciudadana del próximo domingo, recuerda las nefastas campañas de los gobiernos más infames de la historia contra sus opositores. En los últimos días, a la enorme cantidad de mentiras acerca del llamado “Plan B”, el gobierno y sus empleados han sumado uno de los más bajos recursos de la propaganda negra: estigmatizar a los potenciales asistentes a la concentración como “conservadores” y hasta criminalizarlos, de un modo u otro, asociándolos a las figuras de Genaro García Luna y, por supuesto, Felipe Calderón. Es un recurso siniestro, pero que este gobierno está demostrando saber usar perfectamente.

Defender al INE es defender la viabilidad democrática del país. Perder al INE será la entrada de México a un túnel de autoritarismo y regresión. Hay que ir al Zócalo. No es momento para quedarse en casa y cruzarse de brazos. No seamos espectadores pasivos de cómo este gobierno nos arrebata libertades y derechos. Ratifiquemos que la lucha histórica de miles de mexicanos comprometidos con la democracia no ha sido en vano; honrémosla el próximo domingo y todos los días que haga falta.

@ArielGonzlez

FB: Ariel González Jiménez

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Perder las narrativas/Marcela Gómez Zalce

El Universal, 

 La confianza es un tema de suma importancia en todas las esferas, ya que es un fenómeno incrustado tanto en las relaciones entre personas, actores y empresas como dentro de la vida de cada una de ellas. Sin embargo, por el riesgo que supone la dependencia en el tiempo la misma da pie a los abusos; por consiguiente, la confianza es deseable, pero supone un riesgo. 

Es una palabra generalmente acompañada de los más diversos calificativos, así que no sorprende conocer que para muchos la confianza, por más omnipresente que sea, es un concepto que no deja de ser evasivo. 

La relación México-Estados Unidos está pasando por una crisis latente de confianza. Los desafíos del vínculo bilateral en la actual coyuntura son considerables. 

Los caminos entre ambas naciones no parecen estar coordinados con la mira en la meta de mejorar resultados en el combate contra las organizaciones criminales que están poniendo en riesgo no sólo la relación, sino el equilibrio de poder en la región. 

La conexión entre ambos países históricamente ha sido interdependiente pero asimétrica y, en época reciente, ambigua y contradictoria, pero en tiempos de la cuatroté dicha ambigüedad se ha vuelto peligrosa y pronunciada para el interés estratégico bilateral.

El veredicto unánime en la Corte de Brooklyn, Nueva York, hace unos días sobre la culpabilidad de García Luna, puede ser el principio del fin o el fin del principio respecto a la necesidad de un replanteamiento sobre la cooperación mutua en seguridad nacional que pasa por un mínimo índice de confianza. En el banquillo de los acusados se sentó un precedente que vulneró la misma y ha lastimado aún más la cooperación bilateral. 

En plena carrera sucesoria el gobierno de los Estados Unidos exhibió una estrategia en su hoja de ruta de ir no sólo contra las cabezas del narcotráfico sino además ir (tras)tocando ciertos nervios dentro del gobierno mexicano. 

La condena contra el exsecretario de Seguridad Pública Federal condecorado, respaldado por altos funcionarios y agencias estadunidenses y cuyas presuntas conductas de corrupción fueron conocidas y analizadas por lo menos una década antes de ser detenido en Miami, Florida, da pie a varias profundas lecturas, pero una fundamental: el exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, habría corrido la misma suerte. 

Con esas dos detenciones, Estados Unidos puso en el ojo del huracán del narcotráfico al Estado mexicano. El general divisionario fue rescatado por López Obrador ante una brutal presión verde olivo abonando de paso a una ruptura importante en la cooperación institucional —que ha sido condenada y denunciada por la DEA— contra las grandes organizaciones delictivas. 

Las secuelas del juicio en Brooklyn distan aún de ser sopesadas con un análisis crítico y estratégico por parte del presidente López Obrador, su gabinete de seguridad y el rebaño moreno aplaudidor. La onda expansiva y sus lesiones políticas no han sido medidas en su justa dimensión. En ese juicio donde delincuentes con caretas de testigos protegidos testificaron tocando fibras que golpearon líneas de flotación castrense, del aparato de justicia y de la esfera política mexicana parecen ser la punta del iceberg de investigaciones por lavado de dinero, corrupción y narcotráfico de un listado de personas de interés para el gobierno de los Estados Unidos. 

México se coloca en el centro de dos peligrosas narrativas; la primera sobre el empoderamiento del narco y sus implicaciones en la esfera política civil-militar y la segunda, el embate al INE que pone la democracia mexicana en riesgo. 

El margen de maniobra para esta administración se está volviendo estrecho, muy estrecho. 

Y esto apenas empieza. 

@GomezZalce 

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El veredicto y el fin de una era/Alejandro Hope

El Universal,

¿Ahora quién sigue? Esa es la pregunta que recorre la arena pública en México luego de que Genaro García Luna fuera declarado culpable en Estados Unidos de coludirse con narcotraficantes ¿Contra quién van ahora los estadounidenses? ¿Quién será el protagonista del siguiente “juicio del siglo”? 

¿Podría ser Felipe Calderón? ¿Podrían ser otros integrantes de gobiernos panistas? ¿Podrían ser altos mandos de las fuerzas armadas? ¿O funcionarios de la actual administración? 

Yo tengo una opinión un tanto distinta. Creo que el juicio a García Luna cierra una época, no abre un ciclo de juicios espectaculares. Las condiciones que permitieron un juicio como este ya no existen. 

Como quedó de manifiesto en el último mes, este tipo de investigaciones (y luego juicios) en contra de dirigentes políticos o altos funcionarios públicos mexicanos no puede proceder en ausencia de testigos colaboradores. Pero el flujo de testigos depende en buena medida del caudal de extradiciones. Y ese río se está secando gradualmente. 

En 2022, fueron extraditadas de México a Estados Unidos 54 personas. Eso representa una disminución de 53% contra el pico alcanzado en 2012. Ese total incluyó a algunos personajes presuntamente importantes de las organizaciones criminales (por ejemplo, Mario Cárdenas Guillén, hermano de Osiel, líder histórico del Cártel del Golfo), pero varios de ellos fueron detenidos hace una década o más. Es decir, las extradiciones no solo han disminuido, sino que se han vuelto más lentas. 

Esas tendencias probablemente se agudicen luego del juicio a García Luna. Considerando que podría volverse testigo colaborador en algún juicio futuro en contra de funcionarios actuales, nadie del gobierno en turno le va a poner mucho empeño para extraditar a Ovidio Guzmán, por ejemplo. Como mínimo, van a hacer todo lo posible para retrasar el proceso. 

Por otra parte, los funcionarios que pudieran ser blanco de investigaciones difícilmente cometerán el mismo error que Genaro García Luna de irse a vivir a Estados Unidos luego de dejar el cargo. O ir a vacacionar a ese país como el general Salvador Cienfuegos o Édgar Veytia. Con toda probabilidad, van a poner la mayor distancia posible de territorio estadounidense y, en algunos casos, podrían buscar refugio en países donde sea difícil o imposible la extradición a Estados Unidos. 

Algo similar podría pasar con los activos de esas personas. Ante la posibilidad de ver su patrimonio congelado y sujeto a posible incautación, muy probablemente lo mantendrán muy lejos de la jurisdicción estadounidense. No van a cometer el error de García Luna de acumular bienes raíces en Florida.

Por último, este tipo de casos requieren a menudo contactos y confianza entre integrantes del aparato de seguridad en México para complementar las investigaciones o confirmar algunas hipótesis. Los contactos seguramente siguen allí, pero la confianza muy probablemente se ha degradado luego del fiasco de Cienfuegos y el juicio de García Luna. Es difícil saber cuánto, pero es difícil suponer que no haya cierto resquemor dentro del aparato de seguridad luego de esos casos. 

Me parece entonces que, a la pregunta de qué juicio sigue al de García Luna, la respuesta más probable puede ser ninguno. O al menos ninguno en el que la fiscalía en Estados Unidos afronte un juicio con tantas ventajas procesales de arranque. 

Lo que viene va a ser mucho más complicado. 

alejandrohope@outlook.com Twitter: @ahope71 

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“¡Borolas sí sabía, Borolas sí sabía!”/Francisco Garfias

Arsenal

Excelsior,

A semejanza de su líder supremo en las mañaneras, los morenistas se montaron en el veredicto del jurado en Nueva York para despotricar contra todo lo que huela a oposición. Ahora sí que les vino como anillo al dedo. Los doce del jurado de Brooklyn encontraron “culpable” a Genaro García Luna de cuatro delitos relacionados con el narcotráfico y uno más por mentir a las autoridades de Estados Unidos.

Desde entonces, el oficialismo utiliza el veredicto no sólo para descalificar al PAN y a la oposición en general, sino para fustigar a los ciudadanos que asistan el próximo domingo a la manifestación en defensa del INE. López Obrador llegó al extremo de afirmar que los que van al Zócalo el próximo 26 de febrero, favorecen la corrupción.

* Ejemplos de que en la 4T van explotar políticamente el caso sobran. Ayer, por ejemplo, diputados de Morena se pasearon por el salón del pleno con dos mantas blanquiazules que se burlaban del binomio Calderón-García Luna.

Una de las mantas simulaba el logotipo del PAN en medio del cual se leía la palabra “culpables”. La otra mostraba una fotografía de ambos encerrados en un círculo azul, con flechas que apuntaban hacia las imágenes. La flecha que iba hacia García Luna arrancaba desde un letrero que decía “El narcotraficante”. En la que apuntaba hacia Calderón se leía: El Jefe.

Mientras paseaban las mantas por el salón de sesiones, los morenistas, con risas festinaban: ¡Borolas sí sabía! ¡Borolas sí sabía!

* El diputado guinda, Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, confirmó que van a sacar raja electoral del mediático caso. Dijo textual: “El tema de García Luna se impone por encima de cualquier discusión. Es un tema relevante del que se va a seguir hablando durante semanas y meses. Después de esta sesión hay una declaración, un foro, una marcha, una mañanera, y más conferencias de prensa. Es un tema inacabable por un buen tiempo”.

En el otro extremo del tablero político lo saben. Habla Marco Adame, diputado del PAN: “El tema de García Luna inevitablemente daña la imagen del partido y gobiernos del PAN. Debe mantenerse en el ámbito jurídico y de responsabilidades públicas con base en la Ley. Es lamentable el uso político electoral y los discursos de odio”. En medio del alboroto en San Lázaro, Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, convocó a rueda de prensa para “dar la cara” sobre el caso. Dijo sobre el exsecretario de Seguridad: “Quien transgrede la ley debe ser sancionado y pagar sus culpas. Y, en este caso, las de García Luna son gravísimas. Tenía la obligación y el deber de combatir al crimen organizado y lo que hizo fue exactamente lo contrario”. Luego de aclarar que no tenía conocimiento de las actividades delictivas de García Luna, ni tuvo trato con él, le dio la puntilla: “Se decía que era un súper policía, lo que resultó ser es un súper traidor a México, traidor a su institución, traidor a sí mismo”.

* Corrió ayer el rumor de que la politización del caso de Genaro García Luna obligó ayer a suspender la sesión ordinaria del pleno en la Cámara de Diputados. Fake.

Fuentes confiables nos dijeron que la cancelación se debió a que la Jucopo, órgano de gobierno en San Lázaro, quiso abrirse un espacio para esperar la notificación de la resolución del TEPJF que obliga a que la próxima presidenta del INE sea mujer. El citado Juan Ramiro Robledo nos explicó que en San Lázaro hay molestia por la forma como actuaron en el Tribunal Electoral. “No notificaron a la Cámara porque había varias demandas. Las sumaron todas, las acumularon y dictaron una resolución. El procedimiento nos parece hasta de mala fe porque tenían mucho plazo para dictar esa resolución. La quinteta de puras mujeres se va a formar en la segunda quincena de marzo. No necesitaba dictarla sin avisarnos”.

Robledo asegura que varios diputados, él incluido, piden que se planteé una controversia ante la Corte. “No tiene facultades el Tribunal para estar justiciando sobre un procedimiento constitucional, sin perjuicio de que hay una anuencia entre muchos diputados de que pueda ser una mujer”, puntualizó.

* Los promotores del plan B electoral –que incluye despedir a 2 mil 571 funcionarios del servicio profesional de carrera del INE– se llenan la boca con la palabra “ahorros”. Es la justificación más utilizada para empujar el famoso plan que debilita al árbitro electoral. Pero los despidos de esos trabajadores costarán al erario 3 mil 500 millones de pesos en indemnizaciones –el mismo monto de lo que pensaban ahorrar–, según un estudio interno que dio a conocer ayer el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova. ¿Pobreza franciscana” Naaaa. El famoso plan tiene todavía que pasar por el tamiz de la Suprema Corte de Justicia. Las inconstitucionalidades saltan a la vista. El mismísimo Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Morena en el Senado, contabilizó 21 y votó en contra la primera vez que se sometió al pleno. No hay forma de que el plan pase, a menos que…

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Lo dicho: A(m)lito en la tablita…/Enrique Aranda

De naturaleza política

Excelsior

          Por nuestra libertad y derechos, todos al Zócalo…

Lo dicho: ¡vaya desagradable y frustrante sorpresa! la que, más pronto de lo que pudieran imaginar, en cuestión de días, podrían estar recibiendo quienes hoy dan por hecho la permanencia del impresentable Alejandro A(m)lito Moreno al frente del Revolucionario Institucional (PRI) hasta pasadas las elecciones presidenciales de 2024…

Y esto no sólo por la consistente y abierta oposición que, ante tal opción, mantiene un significativo número de dirigentes, liderazgos y las tres principales corrientes internas del tricolor, sino, en esencia, porque ayer mismo la poderosa Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, a cargo de Uuc-kib Espadas, emitió un proyecto de resolutivo que declara la improcedencia constitucional o nulidad de las reformas que, con tal propósito, hizo aprobar en sesión extraordinaria —presencial y virtual— al Consejo Político Nacional el campechano, el pasado 19 de diciembre, mismo que, previsiblemente, será sometido a la consideración del Consejo General del instituto que preside Lorenzo Córdova.

En el mismo se establece que “(la dirigencia d)el PRI no observó las normas estatutarias aplicables”, esencialmente, el que la reforma fuera sometida a la consideración y aprobación de la Asamblea Nacional partidista, “motivo por el cual no existe posibilidad material para que el Consejo General entre al estudio de la procedencia constitucional y legal” de los cambios propuestos. El Consejo Político amplía, sólo puede asumir la función de aprobar cambios al Estatuto General y al Reglamento de Elección de Dirigentes y Postulación de Candidaturas en “condiciones críticas y extraordinarias” —como fueron las propiciadas por la pandemia de covid-19 en algún momento—, lo que, se deja en claro, no ocurrió en el caso.

El hecho, pues, ahí está. Previsiblemente, el Consejo General del INE dará marcha atrás a los cambios citados y entonces los cuatro días hábiles siguientes A(m)lito y los suyos podrán impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Veremos…

ASTERISCOS

* Durante la presentación de La rebelión de la clase media —José Narro, Carlos Salazar, Gustavo de Hoyos, Xóchitl Gálvez, Juan Carlos Romero Hicks y Vicente Fox, entre otros— advirtieron que si los partidos no incluyen a la sociedad civil, las agrupaciones no los apoyarán, pues “no vamos a expedirles un cheque en blanco. Basta ya de tener sólo políticos”…

* La que no acaba de salir de un escándalo cuando ya está metida en otro es la candidata morenista al Edomex, Delfina Moches Gómez, que tras ser acusada de quitar parte de su salario a trabajadores en Texcoco para financiar campañas del partido del gobierno, ahora es señalada por avalar inversiones irregulares y opacas por 13.5 millones cuando estaba en la SEP…

* Claridoso el queretano Mauricio Kuri, que en la Reunión Nacional de Estructuras de Acción Nacional llamó a actuar, “sí o sí”, en virtud de la que, dijo, es la única oposición real existente en México, el panismo, que en estados donde gobierna hace gala de transparencia en entrega de apoyos, certeza jurídica, finanzas sanas, cero observaciones de la Auditoría Superior y más…

Veámonos el domingo con otro asunto De naturaleza política.

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Historia de dictaduras y fracasos/Jorge Fernández Menéndez

Razones

Se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania. Una campaña militar que, según el alto mando de Vladimir Putin, tendría que haber concluido en unos días (pensaban tomar la capital, Kiev, en 72 horas) cumple un año de heroica resistencia ucraniana que, incluso, ha alejado a las tropas rusas hasta el este del país, en el Donbás, en la frontera con la propia Rusia.

El fracaso militar ha ido de la mano con una amplísima violación de los derechos humanos. En la medida en que se les ha obligado a retroceder de las posiciones que ocuparon originalmente, en los primeros días de la invasión, las tropas rusas han violado, matado, arrasado. Impotentes en sus intentos de avance desde hace meses, se han dedicado a bombardear con drones y misiles instalaciones estratégicas de Ucrania, y ahora también museos, escuelas y hospitales. Pero Putin ha fracasado en casi todo. En términos militares, la campaña ucraniana es un desastre y no se le ve perspectiva alguna de éxito. Internacionalmente, cuanto más se alarga la invasión, mayor es el aislamiento ruso. Ayer, en la Asamblea General de la ONU, la invasión fue condenada y se exigió la inmediata retirada rusa de Ucrania, con sólo siete votos en contra (todos de firmes aliados de Putin, como Nicaragua) y 32 abstenciones. México, que sigue siendo muy tibio en sus condenas, voto a favor de ésta.

Pero no se trata sólo del fracaso diplomático en sí. La invasión rusa logró reunificar lo que tanto se empeñó en romper Donald Trump: la unidad de la OTAN, entre sus integrantes europeos, y entre éstos y Estados Unidos. La OTAN y la Comunidad Europea se mantuvieron muy firmes ante la invasión, se ha consolidado la alianza, han apoyado de muchas formas posibles a Ucrania en el ámbito militar, de información, de inteligencia y también económico y humanitario, y en la reciente visita del presidente Biden a la propia Ucrania y a Polonia, esa unidad y ese apoyo logró reafirmarse.

También fracasó Putin con lo que consideraba que era su principal arma de presión: el abasto energético ruso a buena parte de Europa. Los países europeos han logrado sortear el desabasto energético, han cortado en muy buena medida la dependencia que tenían del gas ruso y han logrado establecer, no sólo un abasto alternativo, sino que lo están haciendo con una visión estratégica, no coyuntural. Con la invasión a Ucrania les quedó claro que la Rusia de Putin no es un socio comercial confiable y han reducido drásticamente todo tipo de intercambio.

La sanciones comerciales y financieras comienzan a hacer mella, junto con el gasto militar, en toda la estructura del Estado. El propio Putin, en lugar de adquirir mayor autonomía, hoy se ha vuelto cada día más dependiente de China y de las compras de energéticos de naciones como la India e Irán. Su ejército ha sufrido pérdidas humanas y materiales muy altas y, en el contexto de debilitamiento militar general, los costos que paga por cada día de invasión son mayores.

Sin embargo, dicen los especialistas, Putin sí ha tenido un logro coyuntural: ha acrecentado el endurecimiento del régimen y cerrado todo espacio posible a la oposición política y a la guerra. Cerró espacios culturales y artísticos. Aprobó leyes contra la homosexualidad. Impuso mayor presencia religiosa y nacionalista, al tiempo que en las escuelas se imparte una educación nacionalista sobre la defensa del país contra “la agresión ucraniana”, equiparando su propia invasión con la Segunda Guerra Mundial. En el camino acabó con los organismos de derechos humanos e impuso absoluto control de medios y prensa. Consolidó todo el esquema dictatorial.

Y se suceden las extrañas muertes y suicidios de los funcionarios, sobre todo relacionados con el ámbito militar: el más reciente fue el 16 de febrero, cuando Marina Yankina, de 58 años, jefa del Departamento de Apoyo Financiero del Ministerio de Defensa de Rusia, se arrojó desde el piso 16 del edificio donde vivía. Con ella son más de 25 los políticos, funcionarios y empresarios suicidas o muertos en extrañas circunstancias desde el inicio de la invasión. Algunos se arrojan de balcones, se ahogan en sus casas de veraneo, son hospitalizados y, repentinamente y estando solos, se tiran desde una ventana. A eso se suman los envenenados. El régimen no acepta disidencia alguna. Pero eso exhibe también el tamaño del miedo de Putin, que prácticamente no ha recibido a nadie en los últimos meses.

México, decíamos, ha tenido una actitud débil, timorata, ante la invasión. Si bien en la ONU se condenó ayer la invasión, el presidente López Obrador se ha negado a llamarla como tal y habla de conflicto y de neutralidad, cuando ésta no puede haberla en medio de una evidente violación rusa del derecho internacional.

No es para sorprenderse. Para el presidente López Obrador el régimen de Cuba, pese a la represión y los presos políticos, es un gobierno “humanitario”. Tampoco se condena a Nicaragua, se dice que jamás “se prestará el gobierno a una campaña” contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que acaba de expulsar del país y quitar la ciudadanía a cientos de opositores, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, o la comandante sandinista Dora Téllez.

Mandatarios de izquierda, como el chileno Gabriel Boric o el colombiano Gustavo Petro, no han dudado en condenar al régimen nicaragüense. Pero el presidente López Obrador tiene ojos sólo para Perú, donde defiende al depuesto autogolpista Pedro Castillo y se niega a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a su sucesora. Un no injerencismo a modo.

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Coordenadas

El Plan B, ¿en ruta al precipicio?/Enrique Quintana

El Financiero, 

Opacado por el veredicto en contra de García Luna y todo el ruido mediático que ocasionó, no tuvo suficiente atención una importante noticia surgida en el Poder Judicial.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Pérez Dayán, declaró esta semana la suspensión de las dos reformas legales del plan B que ya habían sido promulgadas por el presidente López Obrador, por lo que no se aplicarán en los procesos electorales en curso, en Coahuila y el Estado de México.

Pero, además del hecho mismo, fue relevante la consideración del ministro.

Lo más obvio del pronunciamiento fue que, al ser aprobadas cuando los procesos electorales en las entidades referidas ya estaban en curso, constitucionalmente no pueden aplicarse.

Pero, además, se señaló lo siguiente:

“Ha lugar a conceder la medida cautelar solicitada, para el efecto de que el Decreto combatido no rija en los procesos electorales que se encuentran en desarrollo, esto es, los correspondientes al Estado de México y Coahuila, pues de no concederse, podrían causarse afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en éste” (el subrayado es mío).

De manera inmediata respondió la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República señalando que la determinación es “arbitraria e ilegal” y que se hará uso de medios de impugnación.

Sin pretender entrar a una discusión de técnica jurídica, de lo que se trata es de una suspensión, y como todas ellas, debe esperar a la definición del fondo del acto de autoridad que se reclama, que en este caso son las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley General de Comunicación.

Para que la decisión vaya más allá de la suspensión, se requiere que el tema llegue al Pleno de la Corte y que al menos 8 de los 11 ministros coincidan en que las reformas afectan al sistema democrático del país y por lo tanto deben declararse inconstitucionales.

Sin embargo, al establecer Pérez Dayán el criterio de que hay necesidad de suspender la vigencia de esta legislación por el daño que puede hacer al sistema democrático mientras no se resuelva el fondo, queda la posibilidad de que ese mismo criterio pueda ser adoptado por algún otro ministro o ministra si se hace cargo de abordar las acciones de inconstitucionalidad que vayan a presentarse cuando las leyes aprobadas el miércoles pasado por el Senado sean promulgadas.

La estrategia que parecía que habría de seguirse por el presidente López Obrador era posponer tanto como fuera posible la promulgación de las reformas legales que conforman el plan B, con el objeto de que no hubiera tiempo para que la Corte abordara las acciones de inconstitucionalidad que iban a presentarse.

Es como si en un juego de futbol americano, el equipo que va adelante en el marcador, consume el reloj para dejar sin tiempo disponible al equipo contrario.

Pero, al observarse la disposición en la Corte de abordar de manera expedita esas acciones quizás la estrategia no resulte.

Es probable entonces que se busque promulgar inmediatamente las leyes y buscar que haya más tiempo para combatir probables suspensiones o para operar en contra de un eventual voto en contra en el Pleno de la Corte si las acciones de inconstitucionalidad llegan a esa instancia.

La celebración de los senadores morenistas por la aprobación del plan B podría ser efímera, pues dudo que la Corte eluda la responsabilidad de impedir las numerosas violaciones constitucionales que esas reformas contienen.

Por eso, soy optimista y creo que las reformas del llamado plan B van rumbo al precipicio.

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Los populistas

JAQUE MATE / Sergio Sarmiento

en REFORMA, 

"Todos tratan de redefinir

sus naciones para reescribir

los contratos sociales y a veces

alterar las reglas de la democracia

para que nunca pierdan el poder". Anne Applebaum

Anne Applebaum, autora de El ocaso de la democracia (The Twilight of Democracy), se encuentra en México. Al parecer asistirá a la concentración por la democracia de este 26 de febrero en el Zócalo. Podría convertirse en testigo de un momento histórico en el que un gobierno surgido de las urnas toma medidas para debilitar la democracia.

Applebaum ha escrito: "El autoritarismo atrae simplemente a la gente que no puede tolerar la complejidad; no hay nada intrínsecamente 'izquierdista' o 'derechista' en este instinto". Promueve a quienes "ruidosamente profesan su fe en el partido". Entre los gobernantes que han creado sistemas autoritarios se encuentran Francisco Franco, Augusto Pinochet o Hugo Chávez.

Gideon Rachman, columnista del Financial Times, quien también está en México, ha escrito en La era de los líderes autoritarios (The Age of the Strongman): "El estilo del autócrata no se limita a sistemas autoritarios. Ahora es también común entre políticos electos en democracias". Efectivamente, fue el caso de Chávez en Venezuela y también de Daniel Ortega en Nicaragua.

Martin Wolf, de igual forma columnista del Financial Times, ha ofrecido en su libro Democratic Capitalism una reflexión sobre los gobernantes populistas de izquierda o derecha. La gente vota por "un político populista que, al ignorar a los 'expertos' de élite, insiste en que transformará todo para mejorarlo. Esas promesas usualmente terminan en fracasos. Pero muchos de sus simpatizantes atribuyen el fracaso a los 'traidores'; la confianza en la efectividad de las instituciones disminuye; y, finalmente, una recesión post-populista ocasiona desmoralización y lleva a otra debilitante erupción de populismo".

El populismo ha sido adoptado por gobernantes de Europa oriental, como en Polonia y Hungría, pero en Latinoamérica tiene una larga tradición. El peronismo se implantó en Argentina desde la década de 1940 y ha despedazado lo que a principios del siglo XX fue una de las economías más ricas del mundo. Ni eso, sin embargo, ha borrado su popularidad. En México tuvimos entre 1970 y 1982 a Luis Echeverría y José López Portillo, que quebraron la economía y nos dejaron la década perdida de los ochenta. Incluso países que han sido baluartes de la democracia liberal, como Estados Unidos y el Reino Unido, han tenido gobernantes populistas, como Donald Trump y Boris Johnson.

"El populismo antipluralista es un peligroso enemigo de la democracia liberal -escribe Wolf- ya que considera la oposición como traición, las elecciones justas como ilegítimas, el estado de derecho como una odiosa limitación, la libertad de medios como una amenaza, los parlamentos como impertinentes, y cualquier cosa que limite la posibilidad del líder para hacer lo que se le antoje como intolerable".

Andrés Manuel López Obrador se ha descrito a sí mismo como liberal y humanista, pero su comportamiento es el de un populista. Como Trump y Jair Bolsonaro, se ha negado a reconocer derrotas electorales; dice que los jueces no le deben venir "con el cuento de que la ley es la ley"; considera a los medios independientes como enemigos; descalifica cualquier crítica como una traición.

El plan B es una comprobación de su populismo. AMLO sabe que sus disposiciones son inconstitucionales y que está desmantelando la única democracia que México ha tenido en la historia. Pero no importa. El voto para los populistas es solo un instrumento para alcanzar el poder, el cual debe descartarse por peligroso una vez que se llega a él.

· SI HUBIESE

AMLO preguntó ayer en la mañanera: "Si hubiese ganado Anaya o Mit [Meade], ¿hubiesen juzgado a García Luna? ¿Verdad que sí han habido [sic] cambios?". Al parecer no sabe que el exsecretario fue procesado en Estados Unidos.

www.sergiosarmiento.com

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El periodista y el Presidente/Juan Villoro

en REFORMA, 24 Feb. 2023;

Los escritores de nuestro siglo XIX se habrían dedicado de tiempo completo a concebir novelas y poemas de no ser porque tuvieron que ocuparse de una labor más apremiante: inventar el país.

México fue prefigurado en la escritura. José Emilio Pacheco recuerda que, con El Periquillo Sarniento, José Joaquín Fernández de Lizardi rompe con la literatura colonial y funda la novela mexicana cinco años antes de que el país exista oficialmente.

Por su parte, Guillermo Prieto nace un par de años antes de la consumación de la Independencia y se dedica a retratar y construir la nación de la que es riguroso contemporáneo (Vicente Quirarte encontró una inmejorable frase para esta tarea: "La patria como oficio").

Una y otra vez, los escritores del XIX tuvieron que abandonar el escritorio para asumir tareas políticas de emergencia. Un muestrario de sus hazañas: las tropas de Maximiliano se rindieron ante Vicente Riva Palacio, Guillermo Prieto salvó la vida al presidente Juárez e Ignacio Ramírez fue decisivo para la creación del Estado laico. Publicar era entonces algo que se hacía cuando no se estaba en la cárcel, el campo de batalla, buscando dinero para imprimir un periódico o promulgando leyes en el Congreso.

Entre tantos levantamientos, batallas y litigios sorprende que los autores liberales hayan sido tan prolíficos (las obras completas de Prieto suman 39 volúmenes).

En aquel país primerizo e improvisado, la naciente literatura corría el riesgo de no ser ponderada. Esa labor recayó en Ignacio Manuel Altamirano, autor de origen indígena que fundó el periódico El Renacimiento y la Escuela Normal, y escribió la historia de las revistas literarias mexicanas de 1821 a 1867, donde registró textos que podían caer en el olvido y que definieron el México independiente. También él participó en las guerras de Reforma y acompañó a Riva Palacio en el triunfo sobre los franceses. Diputado por Chilapa, promovió el nacionalismo y el Estado laico. Autor de libros de relatos como La Navidad en las montañas y de la novela Clemencia, entendió la literatura como una pedagogía que combate la discriminación social y racial. Durante décadas, registró una vida cultural que se desarrollaba en un clima que parecía conspirar contra ella: "Amo la literatura y veo que la miseria la hace imposible", anota con melancolía en su Diario; acto seguido, recopila sin descanso textos ajenos y escribe los propios. Después de la intervención francesa, rechazó el grado de general y con sus sueldos atrasados fundó el periódico El Correo de México.

La prensa fue un espacio decisivo para diseñar el país. La libertad de pensamiento se defendió con tipografía. Fernández de Lizardi creó El Pensador Mexicano, Ignacio Ramírez renovó el periodismo con el seudónimo de El Nigromante y Riva Palacio concibió El Ahuizote, que sería foro privilegiado de uno de los principales géneros de nuestra cultura popular: la caricatura política.

No es casual, pues, que una de las principales escenas en la vida de Ignacio Manuel Altamirano refleje la relación que tuvo con el poder en su condición de periodista.

El creador de El Renacimiento apoyó a Juárez contra el ejército invasor, pero criticó muchas de sus medidas como Presidente. Esto dio lugar a tensiones, pero también a un encuentro que los enaltece a ambos y que José Emilio Pacheco recuperó en su columna Inventario del 18 de noviembre de 1984. Esto fue lo que pasó: Un representante del gobierno boliviano coincidió con el escritor y el político en una cena oficial, y el presidente Juárez presentó a Altamirano como un inteligente periodista opositor. Pacheco escribe al respecto: "Altamirano, sin inmutarse, contesta que apoyó a Juárez como jefe de la resistencia nacional y volvería a hacerlo, pero que lo combate en la política interna. Juárez habla de su respeto y reconocimiento a sus críticos, abraza cordialmente a Altamirano y ambos brindan con el diplomático".

¿Hace cuánto que no ocurre una escena de ese tipo? Los escritores y políticos liberales concibieron un país que celebraba la discrepancia. El más radical de ellos, Ignacio Ramírez, llegó a decir: "El mexicano es libre, y todos los hombres pueden ser mexicanos".

La prensa liberal asumió ese ideario y Juárez la respaldó, convencido de que la democracia se fortalece con la crítica.


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