El error histórico del "Juez sin Rostro"

Justicia desde las sombras: El error histórico del "Juez sin Rostro"

Por Fred Álvarez Palafox

La incredulidad mostrada por la presidenta Sheinbaum en la mañanera de este martes, al enterarse de que el Senado tenía agendada la votación sobre los "jueces sin rostro", revela algo más que una falta de comunicación entre poderes: indica la ligereza con la que se está procesando uno de los cambios más regresivos para el sistema de justicia penal en México.

Textual: ¿Qué mensaje a la población le daría sobre este nuevo mecanismo?-, le preguntan

 —¿Se aprueba hoy?—, respondió incredula.

_ Se vota, se vota, se vota, más bien.-, le dicen.

- ¿Se vota hoy?

Mmm.

Al ser cuestionada, la mandataria defendió la figura bajo el argumento de la seguridad: proteger la vida de quienes juzgan al crimen organizado. Si bien el objetivo es noble e indiscutible —nadie niega el riesgo latente que enfrentan los impartidores de justicia—, el mecanismo elegido representa un grave error y un peligroso salto atrás en la historia jurídica.

La premisa gubernamental es que el anonimato garantiza seguridad. Sin embargo, la historia y el derecho internacional gritan lo contrario. Esta figura, lejos de ser una innovación, es un "refrito" de estrategias fallidas utilizadas en la Italia de los 60, en el Perú de Fujimori y la Colombia de los 90. En todos esos casos, el resultado fue la barbarie judicial: condenas a inocentes, pruebas fabricadas y confesiones bajo coacción, todo amparado por la opacidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido enfática: el juez sin rostro viola flagrantemente la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al impedir que el acusado conozca la identidad de quien lo juzga, se anula el derecho a un juicio imparcial. ¿Cómo recusar a un juez por conflicto de interés o incompetencia si no se sabe quién es? Se sacrifica la transparencia en el altar de una seguridad mal entendida.

La insistencia en esta figura conlleva un mensaje político devastador: es la admisión implícita de que la estrategia de seguridad ha fracasado. Cuando el Estado necesita esconder a sus jueces para que puedan trabajar, está reconociendo que el crimen organizado ha superado su capacidad de garantizar la seguridad de sus propias instituciones.

Lejos de proyectar fortaleza, el "juez anónimo" proyecta debilidad institucional. Es la institucionalización del miedo.

La forma as fondo. Esta propuesta nació como una "ocurrencia" mañaneril y ha transitado vía fast track en comisiones, sin estudios serios, sin consulta a expertos penalistas y sin una coordinación clara en la agenda legislativa. (Vease.:  ¿Y ahora los jueces sin rostro? ¡Vamos contra la historia! en LSR, 28 de agosto de 2024:  Escribi entonces: "Lo que consideramos un chiste mañaneril fue avalado en automático por la presidenta electa. La idea la planteó Pablo Gómez en 2005, luego la puso en la mesa Felipe Calderón y fue desechada por muchas razones,…").

Aunque el Senado pospuso  este martes sensatamente la discusión hasta febrero de 2026 bajo la promesa de "reglamentar" mejor la figura, el problema es de origen, no de forma. No se puede "-amigo Javier Corral-., armonizar" lo inarmonizable. No existe una versión "light" del juez sin rostro que respete el debido proceso; la figura es inherentemente incompatible con la justicia abierta y democrática.

La protección de los juzgadores es una obligación irrenunciable del Estado, pero la solución no radica en la oscuridad. La respuesta debe ser inteligencia, blindaje institucional y combate real a la impunidad.

México necesita jueces seguros, protegidos por un Estado fuerte, no jueces encapuchados operando desde las sombras. Continuar impulsando esta figura no es un acto de valentía contra el crimen, sino una temeridad legal que pone en riesgo la legitimidad de cada sentencia futura y los derechos humanos de todos los ciudadanos.

La justicia, para ser tal, debe impartirse de frente.

Morena frena la aprobación en el Senado de los jueces sin rostro

Elia Castillo Jiménez, reportera, El País,  México - 09 DIC 2025 - 22:40 CST

La reforma judicial sigue navegando en medio de polémicas. Las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado han empujado a febrero el dictamen sobre los jueces sin rostro, una de las herramientas que la presidenta Claudia Sheinbaum eligió para luchar contra el narcotráfico. La creación de esta figura fue promovida por Morena y sus aliados a través de la reforma constitucional que creó la designación de jueces, magistrados y ministros por voto popular. El oficialismo asegura que el objetivo de los jueces sin rostro es proteger a los juzgadores que lleven casos de delincuencia organizada. Sin embargo, algunos grupos de la sociedad civil aseguran que esta figura abre la puerta a abusos y violaciones a derechos humanos y a convenios internacionales documentados.

El senador morenista Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, ha logrado frenar la discusión del dictamen encarrilado para aprobarse el martes. El tema había generado división al interior del oficialismo. Un bloque, encabezado por Corral, exgobernador de Chihuahua, había manifestado resistencia para aprobar un dictamen que podía vulnerar garantías individuales. El otro, liderado por el senador Adán Augusto López, el líder del oficialismo en la Cámara Alta, empujó su avance.

La oposición ha celebrado la decisión de pausar la discusión de las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, que darían luz a los jueces sin rostro. Algunos. Un puñado de senadores oficialistas han advertido también las implicaciones que tendrá privar a una persona del derecho a un juicio ante un tribunal independiente, imparcial e idóneo.

Corral ha logrado persuadir a la presidenta Sheinbaum para frenar el debate con una propuesta de redacción “excepcional y perfectamente reglada” que ataje los riesgos que se han advertido en el terreno de los derechos humanos, refieren fuentes cercanas al Ejecutivo. Con la venia de la mandataria, el senador morenista ha logrado aplazar la discusión al próximo año. La nueva redacción ya se encuentra en la mesa de la presidenta aguardando un análisis jurídico. “Podríamos avanzar mucho más en reglamentar esa figura no solo de manera excepcional, sino con reglas más específicas que permitan atender lo que ya los organismos internacionales en materia de derechos humanos han señalado para que cualquier persona sujeta a proceso tenga derecho a un juez imparcial y competente”, ha dicho el senador Corral.

Sheinbaum fue cuestionada en su conferencia de prensa del martes, solo momentos antes de que el Senado anunciara la cancelación del debate parlamentario. A su respuesta le antecedió una expresión de desconcierto. “¿Se aprueba hoy?”, lanzó la presidenta con una mirada aguda dirigida a su secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Con todo, la mandataria defendió la iniciativa que envió en junio al Congreso. “Este mecanismo permite a los jueces hacer una sentencia y proteger su vida”, dijo. Instantes después llegó la cancelación oficial de los trámites legislativos.

Las organizaciones sociales no han tardado en criticar la intención del oficialismo de avanzar en el tema en el momento que sea. El Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, se ha pronunciado en contra de la figura. El organismo ha desmenuzado que, aunque el dictamen señala que se busca cumplir con los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la seguridad de las personas juzgadoras, los estándares internacionales no admiten excepciones para los jueces sin rostro por tratarse de una medida contraria a los principios de idoneidad, competencia, legalidad, independencia e imparcialidad.

En el frente opositor y hasta algunos morenistas, no ven con claridad un buen futuro para la reforma, que ha perdido calidad de urgente. “Como está la redacción, no hay manera de transitar (...) No hay matices en eso”, ha dicho la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales. Algunos gobiernos de derecha han implementado las figuras de los jueces juzgadores, lo que ha avivado la polémica. “Es muy lamentable ver a la izquierda haciéndole el trabajo a la derecha. Hay que recordar quiénes han implementado estas medidas: Alberto Fujimori, en Perú y Nayib Bukele, en El Salvador”, zanjó la emecista. La bancada panista también han aplaudido la pausa. “Es un gran acierto, hay aspectos que nos preocupan, y celebramos que podamos discutir”, lanzó Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado. El análisis sobre los posibles ajustes a la reforma se ha programado para enero. El objetivo es llegar con el producto listo al nuevo periodo de sesiones que inicia el 1 de febrero.