'Papa caliente', cabeza fría/Editorial
Periódico colombiano El Tiempo, 18/05/2008;
Con la certificación de Interpol, Colombia debe pensar muy bien qué va a hacer con los computadores de 'Raúl Reyes'.
Pasó lo que debía pasar: después de examinar los tres computadores, dos discos duros portátiles y tres memorias USB de 'Raúl Reyes', la Interpol concluyó que "no se ha creado, modificado o suprimido archivo de usuario alguno en ninguna de las ocho pruebas instrumentales de carácter informático después de su decomiso a las Farc, practicado el 1 de marzo del 2008". Las implicaciones de esta certificación, por parte del más autorizado organismo policial del mundo, son de extraordinario y delicado alcance, y el Gobierno colombiano debe pensar con cabeza fría cómo proceder en adelante.Para empezar, debe clarificarse un punto. La Interpol afirma que hubo manipulación de 48,055 archivos en las primeras 52 horas (páginas 31 a 42 del informe), pues las autoridades colombianas accedieron, entre el 1 y el 3 de marzo, a los datos sin observar la metodología internacionalmente aceptada. No así, entre el 3 y el 10 de marzo, mientras los computadores estuvieron en manos de la Dijín, que los manejó correctamente, antes de entregarlos a la Interpol en esa última fecha. La conclusión final (página 42) es que, pese a ese acceso que no observó los procedimientos, los contenidos no se alteraron ni se les introdujeron cambios a los archivos.
Habría sido francamente insólito que las autoridades colombianas hubieran entregado a la Interpol unos archivos manipulados. Como no fue ese el caso, la cuestión de fondo ahora es qué hacer con la reveladora información que arrojaron los computadores de 'Reyes'.
Habrá que ver hasta dónde pueden servir como pruebas a nivel internacional. En Ecuador sostienen que, como provienen de una acción ilegal (el bombardeo e ingreso a territorio de otra nación), eso de entrada las invalida. O que una cosa es que alguien catalogado como terrorista diga que tiene relaciones con los gobiernos de Venezuela y Ecuador, y otra, probar que, efectivamente, esas relaciones existen.
Estas dificultades legales no alcanzan a desactivar la bomba política que constituye la información encontrada en los computadores. Ya están apareciendo correos que van mucho más lejos de la mera simpatía ideológica de Hugo Chávez con las Farc: ayuda en dinero, armamento y munición, incluyendo misiles aire-tierra. Cómo será que Rafael Correa dijo que renunciaría si se le prueban nexos con las Farc. Estados Unidos, actor decisivo, por intermedio de su Zar Antidrogas, pidió explicaciones a Chávez, y, muy probablemente, con la certificación de Interpol redoblarán esfuerzos los partidarios en E.U. de incluir a su gobierno en la lista de gobiernos que apoyan el terrorismo.
La gravedad de lo que sigue es inocultable. Por menos, un gobierno rompe relaciones con un vecino (ahí están Sudán y Chad, en torno a Darfur), cosa que, afortunadamente, Colombia no ha hecho. Es claro que debe cortarse con las filtraciones gota a gota, que solo generan ruido en los medios y exacerbación. Pero, ¿a dónde acudir? ¿A la OEA? ¿Al Consejo de Seguridad de la ONU? ¿A un mediador? ¿A trámites bilaterales reservados con Ecuador y Venezuela?
Preguntas bien difíciles. El intercambio humanitario y la extradición de los paramilitares ya han internacionalizado mucho el conflicto interno colombiano y esto lo hará aún más. No es claro cuál es el mejor escenario. Lo es que por primera vez en mucho tiempo América Latina está ante la perspectiva de choques de fondo entre países. Una triste paradoja es que, como lo dijo el presidente español, Rodríguez Zapatero, todo esto sea por culpa de las Farc.editorial@eltiempo.com.co
Con la certificación de Interpol, Colombia debe pensar muy bien qué va a hacer con los computadores de 'Raúl Reyes'.
Pasó lo que debía pasar: después de examinar los tres computadores, dos discos duros portátiles y tres memorias USB de 'Raúl Reyes', la Interpol concluyó que "no se ha creado, modificado o suprimido archivo de usuario alguno en ninguna de las ocho pruebas instrumentales de carácter informático después de su decomiso a las Farc, practicado el 1 de marzo del 2008". Las implicaciones de esta certificación, por parte del más autorizado organismo policial del mundo, son de extraordinario y delicado alcance, y el Gobierno colombiano debe pensar con cabeza fría cómo proceder en adelante.Para empezar, debe clarificarse un punto. La Interpol afirma que hubo manipulación de 48,055 archivos en las primeras 52 horas (páginas 31 a 42 del informe), pues las autoridades colombianas accedieron, entre el 1 y el 3 de marzo, a los datos sin observar la metodología internacionalmente aceptada. No así, entre el 3 y el 10 de marzo, mientras los computadores estuvieron en manos de la Dijín, que los manejó correctamente, antes de entregarlos a la Interpol en esa última fecha. La conclusión final (página 42) es que, pese a ese acceso que no observó los procedimientos, los contenidos no se alteraron ni se les introdujeron cambios a los archivos.
Habría sido francamente insólito que las autoridades colombianas hubieran entregado a la Interpol unos archivos manipulados. Como no fue ese el caso, la cuestión de fondo ahora es qué hacer con la reveladora información que arrojaron los computadores de 'Reyes'.
Habrá que ver hasta dónde pueden servir como pruebas a nivel internacional. En Ecuador sostienen que, como provienen de una acción ilegal (el bombardeo e ingreso a territorio de otra nación), eso de entrada las invalida. O que una cosa es que alguien catalogado como terrorista diga que tiene relaciones con los gobiernos de Venezuela y Ecuador, y otra, probar que, efectivamente, esas relaciones existen.
Estas dificultades legales no alcanzan a desactivar la bomba política que constituye la información encontrada en los computadores. Ya están apareciendo correos que van mucho más lejos de la mera simpatía ideológica de Hugo Chávez con las Farc: ayuda en dinero, armamento y munición, incluyendo misiles aire-tierra. Cómo será que Rafael Correa dijo que renunciaría si se le prueban nexos con las Farc. Estados Unidos, actor decisivo, por intermedio de su Zar Antidrogas, pidió explicaciones a Chávez, y, muy probablemente, con la certificación de Interpol redoblarán esfuerzos los partidarios en E.U. de incluir a su gobierno en la lista de gobiernos que apoyan el terrorismo.
La gravedad de lo que sigue es inocultable. Por menos, un gobierno rompe relaciones con un vecino (ahí están Sudán y Chad, en torno a Darfur), cosa que, afortunadamente, Colombia no ha hecho. Es claro que debe cortarse con las filtraciones gota a gota, que solo generan ruido en los medios y exacerbación. Pero, ¿a dónde acudir? ¿A la OEA? ¿Al Consejo de Seguridad de la ONU? ¿A un mediador? ¿A trámites bilaterales reservados con Ecuador y Venezuela?
Preguntas bien difíciles. El intercambio humanitario y la extradición de los paramilitares ya han internacionalizado mucho el conflicto interno colombiano y esto lo hará aún más. No es claro cuál es el mejor escenario. Lo es que por primera vez en mucho tiempo América Latina está ante la perspectiva de choques de fondo entre países. Una triste paradoja es que, como lo dijo el presidente español, Rodríguez Zapatero, todo esto sea por culpa de las Farc.editorial@eltiempo.com.co
La papa caliente/Editorial
Periódico El Tiempo, 12/05/2008;
Como se preveía desde un principio, el ya célebre computador de 'Raúl Reyes' resultó ser un explosivo baúl de interminables y muy graves revelaciones sobre los planes y finanzas de las Farc y, en especial, sobre sus relaciones en diferentes países del mundo. Más de 16,000 archivos guardados no en uno sino en tres computadores, analizados en primera instancia por la Policía colombiana y luego por la Interpol, que debe entregar este jueves sus conclusiones, constituyen una mina informativa que ha hecho frotarse las manos a las Fuerzas Armadas de Colombia y ha llenado de preocupación a algunos gobiernos extranjeros.
En vísperas del anuncio de la Interpol, conviene valorar elementos de juicio para el manejo futuro de un tema enormemente complejo, que sin duda generará nuevos y delicados conflictos que Álvaro Uribe y su cancillería tendrán que enfrentar con pies de plomo.
Lo primero que vale la pena aclarar es que la Interpol no certificará si la información de los archivos digitales de Reyes es cierta o no. Su labor consiste en establecer si su contenido fue cambiado o manipulado por las autoridades colombianas. El peritazgo busca comprobar que esa información en efecto estaba en los archivos del número dos de las Farc. Entregar esos archivos a la Interpol fue una decisión acertada del Gobierno, pues la valoración de ese organismo -integrado por la inmensa mayoría de las policías del mundo- despeja cualquier duda sobre manipulación de la información a lo largo de la cadena de custodia. Venezuela y Ecuador pertenecen a la Interpol y en el caso del presidente Chávez, que ya descalificó a este organismo, cabe recordar que su gobierno le ha pedido apoyo para detener en otros países a personas que sindica de haber conspirado en su contra. Una vez se pronuncie la Interpol, corresponde a los organismos judiciales evaluar los alcances de la información. En ello no sólo jugarán un papel fiscales y jueces colombianos, y la Corte Suprema para lo que pudiera involucrar a congresistas. También, jueces de otros países, empezando por E.U., pues las Farc han secuestrado y matado decenas de estadounidenses y europeos, lo que puede llevar a la Justicia foránea a interesarse en esos archivos.
Ese interés ya es evidente en medios tan respetados como The Wall Street Journal y El País de Madrid, que presentaron detallados informes sobre el contenido de los archivos, en especial en lo relacionado con nexos entre el presidente de Venezuela y las Farc. Todo esto explica el nerviosismo y agresividad de las declaraciones de Chávez en horas recientes. Él sabe que una cosa es que los medios de comunicación o las autoridades de Colombia den a conocer graves indicios de sus relaciones con las Farc, y otra muy distinta que documentos técnicamente valorados por la Interpol lleguen a manos de jueces de Estados Unidos y Europa. Análisis aparte merece la actitud que Colombia debe adoptar para el manejo de esta 'papa caliente'. Después de una serie de torpes y dañinas filtraciones de contenidos parciales de los computadores a los pocos días del operativo en territorio ecuatoriano, la entrega de los archivos a la Interpol fue acertada. Y habrá que ver cuáles serán las consecuencias políticas, jurídicas y diplomáticas de su revelación. Si hay pruebas contra políticos colombianos vinculados a las Farc, la Justicia tendrá que procesarlos. Si las hay contra extranjeros, sean particulares o altos dignatarios, Colombia verá si acude a los cauces previstos en la legislación internacional y corre con los costos políticos y diplomáticos que ello acarree. Tendrá que asumir que jueces de otros países inicien procesos que pueden enredar aún más las relaciones con países como Venezuela y Ecuador. Todo esto requerirá un tino y un aplomo excepcionales y una Cancillería que ojalá esté a la altura de la delicada misión. Una nueva y complicada carga recae sobre los hombros de Uribe y su equipo, en un momento excepcionalmente difícil de sus ya casi seis años en el poder.editorial@eltiempo.com.co
En vísperas del anuncio de la Interpol, conviene valorar elementos de juicio para el manejo futuro de un tema enormemente complejo, que sin duda generará nuevos y delicados conflictos que Álvaro Uribe y su cancillería tendrán que enfrentar con pies de plomo.
Lo primero que vale la pena aclarar es que la Interpol no certificará si la información de los archivos digitales de Reyes es cierta o no. Su labor consiste en establecer si su contenido fue cambiado o manipulado por las autoridades colombianas. El peritazgo busca comprobar que esa información en efecto estaba en los archivos del número dos de las Farc. Entregar esos archivos a la Interpol fue una decisión acertada del Gobierno, pues la valoración de ese organismo -integrado por la inmensa mayoría de las policías del mundo- despeja cualquier duda sobre manipulación de la información a lo largo de la cadena de custodia. Venezuela y Ecuador pertenecen a la Interpol y en el caso del presidente Chávez, que ya descalificó a este organismo, cabe recordar que su gobierno le ha pedido apoyo para detener en otros países a personas que sindica de haber conspirado en su contra. Una vez se pronuncie la Interpol, corresponde a los organismos judiciales evaluar los alcances de la información. En ello no sólo jugarán un papel fiscales y jueces colombianos, y la Corte Suprema para lo que pudiera involucrar a congresistas. También, jueces de otros países, empezando por E.U., pues las Farc han secuestrado y matado decenas de estadounidenses y europeos, lo que puede llevar a la Justicia foránea a interesarse en esos archivos.
Ese interés ya es evidente en medios tan respetados como The Wall Street Journal y El País de Madrid, que presentaron detallados informes sobre el contenido de los archivos, en especial en lo relacionado con nexos entre el presidente de Venezuela y las Farc. Todo esto explica el nerviosismo y agresividad de las declaraciones de Chávez en horas recientes. Él sabe que una cosa es que los medios de comunicación o las autoridades de Colombia den a conocer graves indicios de sus relaciones con las Farc, y otra muy distinta que documentos técnicamente valorados por la Interpol lleguen a manos de jueces de Estados Unidos y Europa. Análisis aparte merece la actitud que Colombia debe adoptar para el manejo de esta 'papa caliente'. Después de una serie de torpes y dañinas filtraciones de contenidos parciales de los computadores a los pocos días del operativo en territorio ecuatoriano, la entrega de los archivos a la Interpol fue acertada. Y habrá que ver cuáles serán las consecuencias políticas, jurídicas y diplomáticas de su revelación. Si hay pruebas contra políticos colombianos vinculados a las Farc, la Justicia tendrá que procesarlos. Si las hay contra extranjeros, sean particulares o altos dignatarios, Colombia verá si acude a los cauces previstos en la legislación internacional y corre con los costos políticos y diplomáticos que ello acarree. Tendrá que asumir que jueces de otros países inicien procesos que pueden enredar aún más las relaciones con países como Venezuela y Ecuador. Todo esto requerirá un tino y un aplomo excepcionales y una Cancillería que ojalá esté a la altura de la delicada misión. Una nueva y complicada carga recae sobre los hombros de Uribe y su equipo, en un momento excepcionalmente difícil de sus ya casi seis años en el poder.editorial@eltiempo.com.co
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