Aunado a la salida de Santiago Creel.
Columna Serpientes y Escaleras/Salvador García Soto
Publicado en El Universal, 10 de junio de 2008;
Ley de medios, ¿reforma selectiva?
Un año después de que la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucionales varias partes de las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones (junio de 2007), el tema sigue empantanado en las comisiones del Senado. Ni el gobierno ni el PAN, pero al parecer tampoco el PRI, tienen mayor interés en revivir el polémico debate sobre la llamada ley Televisa, y ante un tema cruzado por poderosos intereses de los consorcios mediáticos del país, han preferido darle largas al tema y, si acaso, impulsar algunos cambios por partes de esas reformas que en su momento se declararon “urgentes”.
Los únicos que han insistido en el tema, pero se han quedado solos, son los congresistas del PRD. Junto con algunos panistas y priístas de las alas radicales de sus partidos, como Javier Corral o Manuel Bartlett, los perredistas insistieron en que se retomara la discusión en el pasado periodo ordinario de sesiones del Senado que terminó en abril.
Pero, poco antes de terminar el periodo, el gobierno panista a través de sus legisladores pidió tiempo “para estudiar una vez más el proyecto de reforma” que, entre otras cosas, abre a la competencia la industria televisiva con nuevas concesiones para que no sean sólo dos televisoras las que controlen el mercado.
Ante el impasse abierto en el Congreso, el PRD amaga con llevar como suya la propuesta que ya está presentada en las comisiones e impulsar hasta donde pueda la reforma a la ley de medios. Pero difícilmente, sin el apoyo del PRI y el PAN, el planteamiento perredista encontrará eco.
Por lo pronto, esa reforma parece moverse selectivamente. La semana pasada Manlio Fabio Beltrones presentó como propia una propuesta que busca aprobar sólo uno de los temas pendientes en la reforma mediática: la conversión digital de las estaciones de AM en todo el país. La propuesta del coordinador parlamentario del PRI retoma un proyecto que desde hace meses se conocía y que es atribuido al secretario de Comunicaciones, Luis Téllez, y busca convertir las concesiones de Amplitud Modulada a Frecuencia Modulada y resolver así la crisis en la que estaban los concesionarios de la banda AM ante su incapacidad de competir con las FM.
Salvo algunas excepciones de concesionarios que no tienen AM, como Olegario Vázquez Raña o la familia Vargas, la propuesta de Manlio es bien vista por los concesionarios más fuertes de la radio, algunos de los cuales sumarían nuevas concesiones de FM a sus grupos, al transformarse las que hoy tienen en la banda que desaparece.
Pero el beneficio mayor sería para un gran número de concesionarios integrados a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), 854 para ser exactos, que son de hecho mayoría en ese organismo y poseen concesiones de AM que perdieron mercado y anunciantes ante el avance digital de la radio. Curiosamente, gran parte de esos empresarios —si no es que todos— recibió sus títulos de concesión durante el régimen del PRI, como parte del manejo discrecional y político que durante décadas se hizo de esas concesiones, y buena parte de ellos, incluso, es de abierta militancia priísta. Ahí habría un cálculo político claro de la propuesta de Beltrones que podría ser de beneficio para el PRI, o para el proyecto político del propio senador, a futuro.
En todo caso, lo que es un hecho es que la propuesta de Manlio Fabio tiene amplias posibilidades de prosperar, porque además del apoyo de su partido, el PAN no la ve nada mal y es muy posible que aparezca como parte de la agenda del periodo extraordinario de sesiones que arranca el próximo 16 de junio.
La responsabilidad de la actual Legislatura del Congreso federal, de acuerdo con los argumentos de los ministros que hace un año rechazaron las reformas a las leyes de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, es redactar leyes que no vulneren la libertad de expresión ni la igualdad entre los mexicanos, que tutelen la rectoría económica del Estado sobre un bien público, como son las concesiones, y que promuevan y garanticen la utilización social de los medios y la prohibición de monopolios y concentraciones en el sector. Eso fue lo que la Corte rechazó en junio de 2007 de las leyes en cuestión.
Pero, por lo visto, los partidos y el gobierno no quieren confrontarse por ahora con los poderosos intereses de los grandes consorcios de radio y televisión, con los que ya deben haber llegado a acuerdos, y prefieren hacer una reforma selectiva y por partes de lo que no les cause conflicto y sí les reditúe políticamente
Ley de medios, ¿reforma selectiva?
Un año después de que la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucionales varias partes de las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones (junio de 2007), el tema sigue empantanado en las comisiones del Senado. Ni el gobierno ni el PAN, pero al parecer tampoco el PRI, tienen mayor interés en revivir el polémico debate sobre la llamada ley Televisa, y ante un tema cruzado por poderosos intereses de los consorcios mediáticos del país, han preferido darle largas al tema y, si acaso, impulsar algunos cambios por partes de esas reformas que en su momento se declararon “urgentes”.
Los únicos que han insistido en el tema, pero se han quedado solos, son los congresistas del PRD. Junto con algunos panistas y priístas de las alas radicales de sus partidos, como Javier Corral o Manuel Bartlett, los perredistas insistieron en que se retomara la discusión en el pasado periodo ordinario de sesiones del Senado que terminó en abril.
Pero, poco antes de terminar el periodo, el gobierno panista a través de sus legisladores pidió tiempo “para estudiar una vez más el proyecto de reforma” que, entre otras cosas, abre a la competencia la industria televisiva con nuevas concesiones para que no sean sólo dos televisoras las que controlen el mercado.
Ante el impasse abierto en el Congreso, el PRD amaga con llevar como suya la propuesta que ya está presentada en las comisiones e impulsar hasta donde pueda la reforma a la ley de medios. Pero difícilmente, sin el apoyo del PRI y el PAN, el planteamiento perredista encontrará eco.
Por lo pronto, esa reforma parece moverse selectivamente. La semana pasada Manlio Fabio Beltrones presentó como propia una propuesta que busca aprobar sólo uno de los temas pendientes en la reforma mediática: la conversión digital de las estaciones de AM en todo el país. La propuesta del coordinador parlamentario del PRI retoma un proyecto que desde hace meses se conocía y que es atribuido al secretario de Comunicaciones, Luis Téllez, y busca convertir las concesiones de Amplitud Modulada a Frecuencia Modulada y resolver así la crisis en la que estaban los concesionarios de la banda AM ante su incapacidad de competir con las FM.
Salvo algunas excepciones de concesionarios que no tienen AM, como Olegario Vázquez Raña o la familia Vargas, la propuesta de Manlio es bien vista por los concesionarios más fuertes de la radio, algunos de los cuales sumarían nuevas concesiones de FM a sus grupos, al transformarse las que hoy tienen en la banda que desaparece.
Pero el beneficio mayor sería para un gran número de concesionarios integrados a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), 854 para ser exactos, que son de hecho mayoría en ese organismo y poseen concesiones de AM que perdieron mercado y anunciantes ante el avance digital de la radio. Curiosamente, gran parte de esos empresarios —si no es que todos— recibió sus títulos de concesión durante el régimen del PRI, como parte del manejo discrecional y político que durante décadas se hizo de esas concesiones, y buena parte de ellos, incluso, es de abierta militancia priísta. Ahí habría un cálculo político claro de la propuesta de Beltrones que podría ser de beneficio para el PRI, o para el proyecto político del propio senador, a futuro.
En todo caso, lo que es un hecho es que la propuesta de Manlio Fabio tiene amplias posibilidades de prosperar, porque además del apoyo de su partido, el PAN no la ve nada mal y es muy posible que aparezca como parte de la agenda del periodo extraordinario de sesiones que arranca el próximo 16 de junio.
La responsabilidad de la actual Legislatura del Congreso federal, de acuerdo con los argumentos de los ministros que hace un año rechazaron las reformas a las leyes de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, es redactar leyes que no vulneren la libertad de expresión ni la igualdad entre los mexicanos, que tutelen la rectoría económica del Estado sobre un bien público, como son las concesiones, y que promuevan y garanticen la utilización social de los medios y la prohibición de monopolios y concentraciones en el sector. Eso fue lo que la Corte rechazó en junio de 2007 de las leyes en cuestión.
Pero, por lo visto, los partidos y el gobierno no quieren confrontarse por ahora con los poderosos intereses de los grandes consorcios de radio y televisión, con los que ya deben haber llegado a acuerdos, y prefieren hacer una reforma selectiva y por partes de lo que no les cause conflicto y sí les reditúe políticamente
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