Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LX Legislatura
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 23 de septiembre de 2008, comparecencia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y del procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora Icaza (parte 3)
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos.
El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros (desde la curul): Con su venia, señora presidenta, señor ingeniero Genaro García Luna. Los mexicanos entendemos a la perfección el llamado de nuestro presidente de la república plasmado en su propuesta de Presupuesto para que la dependencia a su cargo sea la que mayor incremento de recursos reciba, a cambio de recuperar el derecho de todos a vivir sin miedo.
Las dudas, señor secretario, comienzan cuando nos damos cuenta que de 9 mil 800 millones de los que dispuso usted en 2006, hoy se pretende pasar a 31 millones, es decir, tres veces más.
Me queda claro que sin recursos no hay posibilidad de triunfo, pero debemos reconocer que los miles de millones ya autorizados no le han dado a la sociedad beneficio alguno.
Arrogando la percepción, que en el caso de la secretaría a su cargo, mayor inversión no es garantía de buenos resultados. Por lo que el aumento presupuestal debe revisarse a profundidad en comparación con los resultados obtenidos a la fecha.
Los mexicanos tenemos ya tiempo escuchándolo decir que se debe recuperar la tranquilidad, que se requiere un cambio estructural, una visión integral, que refuerce la educación, la salud, el empleo, para combatir de raíz a la inseguridad.
Pero en los hechos parece que lo que es necesario puede esperar, tornándose en una incongruencia que al final siempre afecta a la población.
Por lo expuesto, le pregunto: uno, sólo para el programa de implementación de operativos para la prevención y disuasión en el delito en el 2008 se le otorgaron más de 7 mil millones de pesos, sin que sepamos a ciencia cierta los resultados obtenidos.
Ahora se propone incrementar a 13 mil 500, es decir, 85 por ciento más. Este incremento sustantivo significa que se espera, todavía, mayor criminalidad. ¿Cómo puede saber cuántos operativos va a realizar? ¿Dónde los va a necesitar? ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿Cuántos vehículos y cuántos elementos se van a utilizar? ¿Qué criterio uso para poder determinar este incremento?
Dos. Dándole, indebidamente vuelta a la ley, se creó una instancia de coordinación mediante un acuerdo interno en la que se subordino el mando de la policía investigadora, la AFI, para la Policía Federal Preventiva.
Aunque se violó la ley, de qué sirvió esta decisión para mejorar el desempeño de esta policía dejando desprotegido al Ministerio Público.
Tres. Usted mismo ha comentado que el 94.6 del estado de fuerza de la policía corresponde a los gobiernos de las entidades federativas y municipios y solamente el 5.4 a la policía federal.
Entonces, porqué centralizar el presupuesto dejando a los municipios únicamente el uno por ciento, ¿podría explicarnos los criterios que le hiciera llegar a esta asignación? Y más importante aún, señor secretario, ¿estaría usted de acuerdo en modificar esta ecuación para dar paso a un verdadero federalismo, para que el recurso de seguridad pública sea más excitativo y normado por la ley?
Cuatro. Es evidente que los sacrificios presupuestales que se harán, para fortalecer la secretaría a su cargo, tendrán un impacto en la economía de las familias mexicanas, dados los pobres resultados.
¿Por qué creerle que vale la pena sacrificar los recursos para educación, infraestructura carretera, salud y el campo ?en plena crisis alimentaría?, para fortalecer sus estrategias carentes de resultados?
5. Lo que se puede interpretar como una falta de capacidad para resolver la problemática actual. El crimen organizado cada vez actúa con mayor violencia: decapitados, actos subversivos y ahora actos terroristas, como el caso en Morelia. En esta disputa de poder y en los constantes atentados contra el Estado mexicano y a 30 días de haberse firmado el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, ¿qué resultados concretos se han tenido? Y, ¿cuál es su compromiso ante la sociedad mexicana de regresarle la tranquilidad de la que se ha despojado?
Por último, que quede claro: ningún regateo de recursos para seguridad pública; sí orden para su presupuesto. Los mexicanos le preguntamos, señor secretario, ¿es problema de recursos o de capacidad? Por sus respuestas concretas a ellas, muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros. Tiene la palabra el ingeniero Genaro García Luna hasta por tres minutos, para dar respuesta.
El Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna: Gracias, presidenta. Gracias, diputado Landeros. Debo precisarle que la seguridad pública tiene una perspectiva de Estado. Todo tiene una responsabilidad y, por supuesto, la nuestra la asumimos y enfrentamos con toda contundencia.
Debo precisarle, en términos de gasto asignado, que son ustedes los que determinaron el monto del fondo municipal para que sea éste la adscripción a los municipios y por supuesto estamos convencidos de la importancia de aplicar recursos a los municipios y a los estados para generar capacidades superiores, tanto en la operación policial como en los sistemas de inteligencia para combatir el crimen.
Respecto al esquema que usted refiere de la coordinación, debo decirle, señor diputado, que no es así. El artículo 6o. del Reglamento de esta secretaría prevé y dispone una instancia de coordinación de la Policía Federal, y ésta también se apoya en el artículo 10 de la Ley de la Policía Federal Preventiva, que dispone un esquema de coordinación; coordinación para sumar capacidades de las policías federales.
En ningún momento, bajo ninguna premisa, se busca o se pretende distraer o desproteger al Ministerio Público; en sentido contrario, todas las policías del país, todas, señor diputado, todas, son auxiliares del Ministerio Público en todo el país. Es decir, se suman capacidades para tener mayor alcance en la generación de capacidades para recuperar evidencia a favor de la investigación, y por supuesto, sea el Ministerio Público el que tenga más capacidades para integrar las indagatorias.
Respecto al presupuesto, comentaba hace un momento que tenemos un subejercicio en el fondo federal, el Fosec, de casi 8 mil millones de pesos. Sin duda, esto obedece a diferentes variables de las cuales también debo asumir que estamos trabajando para agilizar los procedimientos para que se pueda disponer de estos recursos en todo el país y sean estos recursos que tengan aplicación directa en los estados y en los municipios.
Le reitero, no es cuestión de fe, es de resultados. Debo decirle que no hay precedente de la Policía Federal en resultados operativos en la historia de sus capacidades para combatir el crimen. No hay ni aseguramientos, ni detenidos, ni nadie asegurado; no existe precedente de esa operación, y esto está ahí dentro de las indagatorias y dentro de los registros que hay, oficiales, de detenciones y aseguramientos en todo el país.
Por último, reiterarle mi convicción plena de la función de desempeño, y por supuesto que la eficiencia no está limitada a los recursos. La eficiencia suma capacidades, talento, responsabilidad, sin duda recursos para que esto se pueda llevar a cabo, pero, sobre todo, la convicción de servir y proteger a la comunidad. Gracias, diputado.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, secretario. Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: De la Junta de Coordinación Política. Acuerdo
Primero. Se modifica la sexta ronda del resolutivo tercero del acuerdo aprobado el 11 de septiembre para quedar como sigue:
Sexta ronda. Grupo Parlamentario del PAN, Grupo Parlamentario del PRD, Grupo Parlamentario del PRI y Grupo Parlamentario del PAN.
Segundo. Se suprime la séptima ronda de preguntas a la que hace referencia el resolutivo tercero del acuerdo aprobado el 11 de septiembre y, en su lugar, se realizará una ronda de posicionamientos por parte de los siguientes grupos parlamentarios: PRI, PRD y PAN.
Las intervenciones se realizarán desde la tribuna y tendrán una duración de hasta cinco minutos cada una, no habiendo réplica por parte de los funcionarios del Ejecutivo federal.
Tercero. Publíquese en la Gaceta.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de septiembre de 2008. Atentamente diputado Javier González Garza, diputado Emilio Gamboa Patrón, diputada Gloria Lavara Mejía, diputada Silvia Luna Rodríguez, diputado Héctor Larios Córdova y diputada Aída Marina Arvizu Rivas. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si es de aprobarse el acuerdo. Las diputada y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Aprobado. En consecuencia, para iniciar la sexta ronda se concede el uso de la palabra al diputado Felipe Díaz Garibay, del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos, desde su curul.
El diputado Felipe Díaz Garibay (desde la curul): Gracias, señor presidente. Señor procurador, el fenómeno del narcotráfico es una de las principales preocupaciones actuales en todo el mundo. Este problema no es exclusivo de nuestro país ni es un fenómeno aislado en el contexto internacional. El crimen se ha globalizado.
Las bandas que actúan en nuestro país están íntimamente relacionadas ya con organizaciones criminales de otros países. Nuestra ubicación geográfica es utilizada por los grupos delictivos con el propósito de llegar a la frontera norte, generando que los movimientos delincuenciales pasen por casi todos los estados de la república, sembrando a su paso mucho temor y nerviosismo en la población.
Las ganancias millonarias en dólares que deja este mercado ilícito de drogas han sido, y siguen siendo, el principal acicate para la proliferación de las bandas dedicadas a esta actividad ilícita. Los cárteles del narcotráfico amplían su radio de acción hacia el secuestro, la trata de personas y el tráfico de armas, agravando aún más la inseguridad y los niveles de violencia que padece la ciudadanía.
Nuestros niños y jóvenes están amenazados por la proliferación del narcomenudeo que se extiende en forma inexorable por todo el país. Con preocupación, vemos que la magnitud del problema no sólo ha crecido, sino también se ha diversificado. Se han incrementando los tipos de enervantes y, desde luego, el número de consumidores crece día con día.
La ya muy lastimada sociedad mexicana sabe que para resolver las cosas no basta con el Acuerdo Nacional por la Seguridad, Justicia y la Legalidad, porque el problema en sí tiene connotaciones más profundas. Por ello fue necesario llegar al ámbito de la reforma legislativa.
El compromiso de todos los servidores públicos, que trabajan en las instancias de procuración de justicia, debe ser recuperar la confianza de los ciudadanos y la labor del Estado debe ser percibida por la sociedad de manera positiva, entendiendo que nosotros somos aliados de los ciudadanos.
Por ello, hace unos meses la LX Legislatura del Congreso de la Unión, aprobó las reformas constitucionales para establecer en el país el nuevo Sistema de Justicia Social Penal y de Seguridad Pública. Se inicia con ello una etapa de transformación de las instituciones responsables de la procuración e impartición de justicia que permitirá agilizar los procesos penales, actuar con transparencia, imparcialidad y honestidad; garantizar los derechos de las víctimas y reforzar el combate a la delincuencia.
No será una tarea fácil, enfrentaremos inercias y resistencias, particularmente de quienes lucran con la justicia y realizan prácticas negativas que obstaculizan la buena impartición de ésta.
Por todo ello, señor procurador, quisiéramos que usted nos dijera:
Uno. Dado el carácter global del problema del narcotráfico ¿cuál es su diagnóstico sobre la transformación de los patrones de este ilícito en los países en donde las bandas delincuenciales locales actúan o tienen alguna participación, considerando, desde luego, la manera en que están impactando estos cambios la actuación de los grupos delincuenciales que operan en nuestro país y los alcances del trabajo conjunto de los gobiernos nacionales para combatir con eficacia este ilícito, sobre todo en el ámbito regional continental?
Dos. ¿De qué manera impacta a la Procuraduría General de la República, en sus distintos órganos, la puesta en vigor de la reforma al sistema de justicia penal en el aspecto presupuestario como en su financiamiento y su manera de ver esa eficiencia y eficacia, en la impartición de justicia tan exigida ya por los ciudadanos?
Tres. ¿Cuáles son las acciones específicas que ha emprendido la dependencia para poner en marcha el cumplimiento de la reforma? y
Cuatro. En los últimos años México no ha salido bien librado en los estudios que ha hecho la Organización de las Naciones Unidas en materia de impartición de justicia.
Por ello, díganos usted en qué tiene que cambiar el Ministerio Público para tener mucha mayor eficiencia que la que tiene actualmente y cuál será la estrategia para garantizar al mexicano un verdadero estado de derecho. Por sus respuestas, muchas gracias.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el licenciado Eduardo Medina-Mora, procurador general de la República.
El Procurador General de la República Eduardo Medina-Mora Icaza: Muchas gracias al señor diputado Felipe Díaz Garibay por sus preguntas. Plantea temas de la mayor importancia, sin duda.
En efecto, el negocio del narcotráfico es transnacional por naturaleza, es global, como usted lo señala.
Ha habido cambios muy importantes en la estructura de los mercados, en términos, sobre todo, de los estimulantes, con mercados emergentes, con cambios dramáticos en la estructura de generación de valor.
Los Estados Unidos han bajado su consumo de cocaína y la han sustituido por consumo de otros estimulantes, especialmente las metanfetaminas.
Europa surge como el mercado emergente de cocaína. El mercado europeo, al mayoreo paga el doble de precio que el mercado estadounidense, al mayoreo, por un kilogramo de cocaína: 45 mil euros frente a 25 mil dólares.
Nuestro país, sin duda, ha tenido un impacto muy importante a partir de estos cambios. En primer lugar, porque los ingresos de las organizaciones criminales que hacían el trasiego de droga, desde Sudamérica hacia los Estados Unidos, se ha reducido en volumen y en valor.
En segundo lugar, porque la acción que el gobierno de México ha hecho, en relación con estos temas, ha hecho que mucho del flujo se regrese a la ruta tradicional del Caribe y se reduzca el flujo por el territorio nacional y esto también ha impactado los ingresos de estas organizaciones que han experimentado una cierta involución criminal hacia otras actividades, como usted mismo lo señalaba: la trata de personas, el secuestro y otras actividades.
Sobre esta base hemos también logrado que México deje de ser un jugador relevante en el mercado de las metanfetaminas.
Primero, desmantelando la red más importante de tráfico de precursores químicos en el hemisferio occidental, la del chino Shenly Ye Gon, que traía más de 100 toneladas al año a nuestro país y además cambiando la formulación de los medicamentos antigripales que utilizan seudoefedrina en su formulación y ahora utilizan fenilefrina. Esto ha provocado que la metanfetamina en el mercado mexicano haya subido más del 100 por ciento el precio al consumidor y en los Estados Unidos, en promedio, desde enero de 2007 a la fecha, más del 83 por ciento con caídas en la pureza del 35 por ciento.
Es decir, México ya no es un abastecedor relevante de metanfetaminas. Esto genera otros desafíos, sobre todo por la diversificación criminal y geográfica de las organizaciones que se dedican al narcotráfico.
La reforma al sistema de justicia tiene un impacto fundamental en la Procuraduría General de la República. En términos de habilidades, en términos de estructuras, en términos de proceso.
El nuevo programa que se llama PGR a la vanguardia o Justicia Efectiva para Todos, va precisamente dirigido hacia poner en línea digitalmente a la disposición de todos los Ministerios Públicos los mecanismos, las herramientas, para poder aumentar su efectividad, reducir su margen de discrecionalidad, por consecuencia, reducir el margen de error y de corrupción. Aquí estamos invirtiendo buena parte del aumento presupuestal en el año próximo.
Ciertamente, las acciones que tenemos que implementar en el cumplimiento de la reforma, en materia de justicia, presentan un desafío enorme a la Procuraduría General de la República, pero en general a todo el sistema de procuración e impartición de justicia en el país. Muchas gracias, diputado, por la oportunidad.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, señor procurador. A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Ángel Arellano Pulido, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Miguel Ángel Arellano Pulido (desde la curul): Antes que nada, quiero expresar mi más enérgica protesta por el formato utilizado en esta comparecencia de servidores públicos, al igual que los compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra.
Compañeras y compañeros legisladores, mi intervención y preguntas van dirigidas al licenciado Eduardo Medina Mora, procurador general de la República.
Como michoacano, no puedo dejar pasar la oportunidad de pedirle se redoblen los esfuerzos para esclarecer y se castigue a los responsables del criminal acto terrorista del 15 de septiembre, perpetrado en la ciudad de Morelia. Y también para que, éste, de ninguna manera quede impune. Sus resultados no sólo dañaron a la sociedad michoacana, sino que involucran a todo el país.
Tenemos conocimiento que la indagatoria que se inició en Michoacán ya fue atraída por la Procuraduría General de la República y entonces, preguntaríamos, ciudadano procurador, si podría usted informarnos al respecto, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer? ¿En qué consiste la atención que legalmente debe dar la dependencia a su cargo a las víctimas y ofendidos de esos, desde todos los puntos de vista, condenables hechos delictuosos?
Es inobjetable que la seguridad pública, la procuración de justicia y el combate a la delincuencia son temas de la agenda nacional. Y que la percepción social sobre los resultados dista mucho del informe estadístico y el mensaje triunfalista del gobierno federal, que a la fecha no ha definido una verdadera política criminológica integral para atender el fenómeno de la creciente y cada vez más violenta delincuencia.
Ciudadano procurador, de conformidad con el artículo 21 de nuestra Carta Magna, corresponde al Ministerio Público la investigación de los delitos y ahora a las policías, bajo la supervisión y mando de aquél.
Sin embargo, en los operativos que realiza el Ejército Mexicano y la Policía Federal Preventiva en todo el país ingresan a domicilios sin la orden de cateo correspondiente, detienen a personas sin ninguna orden judicial y no los acompaña ningún agente del Ministerio Público Federal.
Para ilustrar con un ejemplo, sólo en Michoacán hay cerca de 200 quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por violaciones fundamentales a la ley y a los derechos humanos, por los delitos de violación, lesiones, abuso de autoridad, entre otros; y como se trata de delitos que se persiguen de oficio, ¿qué está haciendo la dependencia a su cargo para subsanar esta irregularidad?
¿Se puede combatir a la delincuencia con actos ilegales? ¿Por qué la Procuraduría General de la República no está al frente de estos operativos? La impunidad y la corrupción siguen siendo uno de los problemas más fuertes de la procuración de justicia. Los mexicanos necesitamos resultados a grandes cuestionamientos derivados de lo que diariamente vemos.
¿Por qué las armas y explosivos pasan a México sin discriminación alguna? ¿Qué está haciendo la procuraduría en este sentido? ¿Qué está haciendo la procuraduría para limpiar su policía, evitar actos de corrupción y retomar la confianza de la gente? Y en ese sentido, ¿por qué sólo se habla de exámenes de control de confianza a los cuerpos policiacos? ¿Qué, acaso éstos no tienen superiores jerárquicos que debieran responder de irregularidades que también cometen?
Termino, señor presidente. La semana pasada, el secretario de Salud del gobierno federal dio a conocer los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, donde se destaca que el consumo de cocaína se duplicó; y las anfetaminas, crack y heroína muestran una tendencia importante de crecimiento.
Esto es reflejo de que no es suficiente la reacción coactiva del Estado hacia los delincuentes. Es indispensable la prevención social y atender las verdaderas causas que originan el fenómeno delictivo.
Ciudadano procurador, ¿qué está haciendo el gobierno federal y la procuraduría para atender esta causas? Quisiéramos conocer concretamente los programas y acciones emprendidos para ver resultados que la sociedad reclama.
En el PRD entendemos y estamos de acuerdo con el ataque frontal a la delincuencia, pero no a costa de la violación a los derechos fundamentales. Para eso existen técnicas de investigación científica, inteligencia policial, la criminología, etcétera. No estamos de acuerdo en resolver el problema sólo con acciones coactivas. Necesitamos implementar la prevención social del delito y políticas públicas de carácter social que atiendan las causas que los originan, que atiendan a los más pobres y necesitados, que muchas veces son víctimas de la delincuencia, que siempre los utiliza. Por su atención y respuestas, muchas gracias.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Tiene el uso de la palabra el señor procurador general de la República.
El Procurador General de la República Eduardo Medina-Mora Icaza: Gracias, diputado presidente. Muchas gracias al señor diputado Miguel Ángel Arellano Pulido, a quien saludo también con mucho aprecio. En primer lugar, señalarle que, en efecto, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada atrajo la indagatoria federal que se había abierto en la delegación de la procuraduría en la ciudad de Morelia, Michoacán.
Continuamos trabajando conjuntamente con la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, que conoce de los delitos del orden común relacionados con los hechos acaecidos en la plaza Melchor Ocampo, en la noche del 15 de septiembre último. Tenemos comunicación diaria, cotidiana.
Ayer tuvimos una reunión de casi dos horas con el señor procurador General de Justicia del estado y aquí, como en todos los casos, Miguel Ángel, no podemos creo yo, avanzar en la resolución de los casos si no sumamos nuestras capacidades, nuestros despliegues, nuestras competencias.
Y eso es precisamente lo que estamos haciendo en Michoacán. Este delito, Miguel Ángel, no va a quedar impune. Éste es el compromiso del Estado mexicano, es el compromiso de todos los funcionarios y servidores públicos que tenemos responsabilidad en esta investigación.
Quiero señalar también que no hay en la percepción, en la narrativa, en el discurso del gobierno federal, ningún tipo de triunfalismo. Hay el reconocimiento de la gravedad de la circunstancia que enfrentamos, de la complejidad de la problemática y sí, desde luego, del compromiso, de la asertividad, de la determinación para ganar esta batalla y recuperar la normalidad, la paz, el orden, la legalidad.
En efecto, el artículo 21 de la Constitución, en los términos en los que fue aprobado en la reforma constitucional, da al Ministerio Público y a las policías, la responsabilidad de investigación de los delitos. Y al Ministerio Público la responsabilidad de conducir y mandar a las policías en esta investigación.
El Ejército, la policía federal, cualquier autoridad puede hacer una detención en flagrancia, cualquier ciudadano ?y no necesita ir acompañado de un agente del Ministerio Público? tiene claro que ponerlo a disposición de la autoridad competente, con los elementos correspondientes para que ésta pueda en su caso actuar y completar la averiguación previa y consignar ante autoridad jurisdiccional.
También se puede, en los términos de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, evitar la consumación de un ilícito ingresando a un domicilio particular.
No se puede obviamente, hacer justicia, generar seguridad violando los derechos humanos. Los derechos humanos y su respeto no es sólo, señor diputado, una exigencia ética y jurídica, es una exigencia de eficacia operacional. Porque si las policías, si el Ejército, si el Ministerio Público perdemos el respeto de la ciudadanía, perdemos la capacidad de ser efectivos.
Por esta razón es que todas estas actividades se realizan a partir de procedimientos específicos que no necesariamente implican el acompañamiento físico del Ministerio Público, en todas y cada una de estas tareas. Cuando se presenten quejas en la comisión estatal, si éstas son puestas del conocimiento de la autoridad federal y hay funcionarios públicos federales involucrados, nosotros ?en todos los casos? abrimos averiguación previa y actuamos en consecuencia. Así lo hemos hecho en todos los casos cuando se acredita obviamente una conducta que es constitutiva de delito.
Sobre esta base es que se trata de un esquema de coordinación. Por eso en Michoacán operan las Bases de Coordinación de Operación Mixta, donde vienen policías y Ministerios Públicos locales, Ministerios Públicos federales y elementos del Ejército mexicano y de la policía federal.
No puedo estar más de acuerdo con usted, que solamente con el respeto y las armas de la ley y el respeto a las garantías individuales y los derechos humanos es como el Estado mexicano ganará esta batalla. Y le aseguro, Miguel Ángel, la vamos a ganar juntos. Gracias.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, señor procurador. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Narciso Alberto Amador Leal (desde la curul) Gracias, señor presidente. Señor procurador, no escuché de usted la respuesta a la pregunta de mi compañero diputado César Camacho, respecto al incumplimiento presidencial de sus obligaciones en materia de trata de personas.
Además de los servicios migratorios, tenemos un grave problema del sistema aduanal y ambos fenómenos de corrupción, impunidad, improvisación están directamente vinculados, sea por el tráfico de personas, de armas, de mercancías a la cuestión del crimen organizado y a la seguridad nacional.
Mi pregunta es: ¿si se han abandonado desde el área administrativa, si se han descuidado desde la Secretaría de Gobernación los servicios migratorios, desde la Secretaría de Hacienda el sistema aduanal? Pues no nos queda más que el papel que usted pueda cumplir.
En las indagaciones, en las investigaciones, en el fincamiento de responsabilidades, señor procurador, a los servidores públicos que claramente tienen un marco de impunidad. ¿Cuáles son los resultados, señor procurador, de las investigaciones realizadas a este respecto?
Otro tema es el del control de los órganos de información e inteligencia. A los tradicionales órganos del Cisen, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, habrán proliferado muchos más, creo que dos o tres en la Secretaría de Seguridad Pública, en los estados y hasta en los municipios. Desde luego, la propia Secretaría de Hacienda con su sistema de inteligencia.
¿Existe, señor procurador, un registro de los órganos de información e inteligencia, y de los instrumentos técnicos utilizados para obtener información de comunicaciones privadas? ¿Cuántas solicitudes de intersección de comunicaciones privadas han sido obsequiadas por el Poder Judicial durante el ejercicio que se informa? Y ¿cuáles son los controles sobre su ámbito de aplicación? ¿Quién y cómo se controla la información obtenida de la intervención de comunicaciones privadas que no tengan relación directa con el asunto que se indaga? ¿Existe un archivo, un registro? ¿En qué tiempo se destruyen estos documentos? ¿Quién los resguarda y quién lo verifica?
Se ha hablado del conflicto de intereses entre la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública. El propio presidente de la República lo reconoció, pero quizá con una mala información de lo que está sucediendo.
Y dijo el presidente, es un problema de competencia entre dos dependencias que buscan tener mejores resultados. Yo quisiera pensar que no es una cuestión personal, creo que tanto usted como el secretario de Seguridad Pública son profesionales, aunque desde luego hay una competencia por los recursos, por el control de área, de regiones, etcétera, de información misma.
El problema, señor procurador, es más de fondo, y me permite, señor presidente, concluir.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Concluya diputado.
El diputado Alberto Amador Leal (desde la curul): Había que abrevar en la historia, la Constitución del 57 separaba las funciones claramente de las policías de la Procuraduría y la Fiscalía de la Nación en el ámbito, estas últimas de la Suprema Corte de la Nación.
La reforma de 1900 transfiere la Procuraduría al Poder Ejecutivo y la Constitución de 1917, después de un gran debate, suma la Procuraduría y la Fiscalía en una sola instancia. Las leyes secundarias promulgadas en 1931 son objetadas, por cierto, en un debate intenso de don Luis Cabrera, que les recomiendo a ambos funcionarios darle una revisada.
Entonces el problema es que tenemos que completar la reforma de justicia penal y de seguridad y volver al esquema original de la Constitución del 57. No es posible un modelo policial con facultades de excepción, con una fiscalía o una procuraduría dependiente del Ejecutivo y con facultades mermadas.
Mi pregunta es ¿si está el Ejecutivo federal en su carácter de colegislador, al presentar iniciativas, dispuesto a una reforma constitucional que vaya al problema de fondo? Muchas gracias.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, diputado. Tiene uso de la palabra, para dar respuesta, el señor licenciado Eduardo Medina-Mora, procurador General de la República.
El procurador Eduardo Medina-Mora Icaza: Muchísimas gracias, diputado presidente. En primer lugar, siendo ésta mi última intervención, quisiera agradecer la oportunidad de acudir a esta soberanía a discutir estos temas tan importantes de la seguridad y la justicia. Para mí, sin duda, constituye un privilegio. Saludo además, con apreció, a don Alberto Amador Leal, quien tiene una vasta experiencia en estos temas.
Quiero decirle, diputado, que me parece que ?desde luego? en términos de los temas que se habían preguntado y que simplemente el tiempo no nos permitía atender, de la pregunta del diputado César Camacho, a propósito de trata y tráfico de personas.
Decirle, que en lo que va de este 2008 hemos iniciado averiguaciones previas en relación con tráfico de menores, de 32 frente a 19 del año pasado, con un aumento del 68.4 por ciento; despachadas 43 con un aumento del 168.8 por ciento; personas detenidas 20, con un aumento del 300 por ciento; menores liberados, 4. Además, esto es en el ámbito de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
En el ámbito de la Fiscalía Especializada para Delitos contra las Mujeres y Trata de Personas, se han iniciado 85 averiguaciones previas, un 60 por ciento más que el año anterior; en trámite tenemos 109.53 por ciento más que el año anterior; despachadas, 47 por ciento más que el año anterior; y tramitadas 150, con un 54 por ciento más que el año anterior.
De manera que, a partir de la promulgación de la ley, claro que hemos puesto recursos, compromiso, esfuerzo y procedimientos, detrás de eso. Además hemos atendido muchísimos casos en asesoría jurídica y emocional en esta fiscalía especializada; 123 por ciento más que el año anterior en asesoría jurídica con mil 532 casos y 113 por ciento más en asesoría o apoyo emocional con mil 773 casos.
Además, hemos atendido casos de niñas y mujeres desaparecidas, 95 en lo que va de este año, 93.8 por ciento de aumento. Y mujeres localizadas y niñas localizadas, 50 con 257 por ciento de aumento. Esto es, como la Procuraduría General de la República da prioridad precisamente a este tema tan relevante de la trata de personas.
Por otra parte en lo que hace al control de órganos de investigación; podemos señalarle que en lo que hace propiamente a la intervención de comunicaciones privadas, la Procuraduría General de la República, en los términos de la Ley de Delincuencia Organizada, que establece que: "exclusivamente el Ministerio Público podrá realizar con la autorización judicial correspondiente".
Hemos, entre 2007 y 2008, intervenido 392 líneas telefónicas con autorización judicial; los contenidos y destinatarios de estas intervenciones no se pueden informar porque corresponden a averiguaciones previas, la documentación se conserva en averiguación previa.
Adicionalmente a esto, se han realizado intervenciones de comunicaciones privadas con autorización judicial, por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional en los términos de la ley de la materia. No tengo el dato preciso, pero entiendo que había 25 órdenes judiciales otorgadas hasta agosto pasado y éstas también se conservan en los archivos, tampoco son materias que puedan divulgarse.
En el caso del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la diferencia es que el resultado de estas intervenciones no puede ser utilizada como medio de prueba que es la naturaleza de la intervención que realiza la autoridad ministerial. Y sobre esta base es que desarrollamos esta tarea en términos de control.
Hay un control jurisdiccional y la información se integra en las averiguaciones previas; se conserva en éstas bajo secrecía.
En cuanto al debate respecto del rediseño institucional, pues obviamente eso está sujeto a la soberanía que el Congreso de la Unión pueda plantear. El Ejecutivo federal piensa que el esquema actual es el pertinente.
Pensamos que un Ejecutivo federal sin la capacidad de una Procuraduría que tenga la responsabilidad de investigar y perseguir los delitos sería impertinente en este momento, sobre todo, frente a la circunstancia delincuencial que enfrentamos.
Muchísimas gracias, diputado. Muchísimas gracias a esta honorable Cámara de Diputados, por la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes. Gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor procurador. Para concluir esta última ronda de preguntas tiene el uso de la palabra el diputado Jesús de León Tello, del Partido Acción Nacional.
El diputado Jesús de León Tello (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Mi cuestionamiento será para el secretario de Gobernación.
Señor secretario, el tema central de su comparecencia ha sido sobre la principal preocupación de todos los mexicanos, que es tanto la seguridad como la gobernabilidad de nuestro país.
El pasado agosto se suscribió el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Existen antecedentes de que este tipo de acuerdos, lamentablemente, se quedaron en un conjunto de buenas intenciones y que no resolvieron los problemas estructurales que padecen las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia en nuestro país.
Si bien es cierto que el gobierno federal ha emprendido un combate histórico a la delincuencia, esto no ha sido suficiente. Por eso, en este contexto, los legisladores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional le preguntamos, señor secretario, ¿qué esperamos los mexicanos ver en los próximos meses y años a partir de los acuerdos que ahí se suscribieron?
¿Cómo, desde su competencia, su secretaría, es posible consolidar el fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano, especialmente las concurrentes en materia de seguridad interior?
Señor secretario, el gobierno federal y esta Cámara se han esforzado por transferir más recursos a las entidades federativas. Lamentamos la falta de compromiso de algunas de ellas para el combate a la delincuencia, tan es así que en algunas han dejado de ejercer recursos para el combate a la inseguridad.
La coordinación entre municipios, estados y federación debe ser una realidad. ¿Cómo abonará y cómo se implementará por parte del gobierno federal esta coordinación?
Señor secretario, hay diputados en este recinto que renuncian a dar un mejor futuro para México. Hay diputados que buscan renuncias para esconder su incapacidad de dialogar. Hay diputados que dicen salvar a México y renuncian a su principal obligación, que es la de legislar. Por eso, las diputadas y los diputados de Acción Nacional le pedimos no dar un paso atrás en la consolidación y el fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano. Por sus respuestas, de antemano, señor secretario, muchas gracias.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el señor secretario de Gobernación, licenciado Juan Camilo Mouriño Terrazo.
El Secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo: Gracias, diputado presidente. Gracias, diputado por su intervención, por su respaldo y apoyo.
En primer lugar, respecto al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que como bien comenta, existe precedente de algunos acuerdos que tenían ?sin duda? el mismo objetivo, pero que tienen diferencias fundamentales que me gustaría destacar, que básicamente son tres.
Primero, quiénes suscriben el acuerdo. Y como nunca en México, este acuerdo lo firman los tres Poderes de la Unión, lo firman los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil organizada, sindicatos y medios de comunicación, es decir, el alcance, la fuerza de los signantes, es mucho más amplia que cualquier acuerdo que se haya signado en el pasado.
En segundo lugar, y a diferencia de otros acuerdos, en este existen compromisos concretos: 74 con 100 acciones específicas. Y en cada uno de ellos existe un plazo y existe un responsable. Y ello tampoco tiene precedente en los acuerdos previamente signados.
Y en tercer lugar, incorpora un elemento imprescindible en la lucha contra la delincuencia y recoge lo que es el México actual: es el elemento de la participación ciudadana.
El elemento de que la vigilancia del cumplimiento del mismo y de la observancia de la eficacia de las instituciones de Seguridad Pública, en el cumplimiento del acuerdo y en el cumplimiento de su tarea, estará ahora en manos de organizaciones y de organismos de la sociedad civil. Que sin duda esto ayudará a que se cumplan y a que demos todos resultados.
Respecto a las garantías de que todos cumplamos con lo que el acuerdo establece y de que sean también las entidades federativas las que avancen al mismo ritmo y con el mismo objetivo, me parece que hay dos temas fundamentales que destacar.
En primer lugar, el propio contenido del acuerdo que tiene compromisos concretos, específicos para las entidades federativas.
Y en segundo, la discusión de las leyes segundarias que se habrán de discutir en esta soberanía. Las leyes secundarias en justicia y particularmente las leyes en materia de coordinación de seguridad pública. Porque esto hará que quede, ya en ley, la obligación de todos de ir al mismo ritmo, de cerrar los huecos, de cerrar los desequilibrios. Y tapar, con ello, la posibilidad de que sean ocupados los delincuentes.
Esta es la garantía que tendremos del cumplimiento del acuerdo, y del cumplimiento y la buena coordinación entre todas las entidades federativas entre la propia federación. Pero aprovecho esta última intervención y concluyó agradeciendo la oportunidad de comparecer ante esta soberanía.
Me parece también oportuno aprovechar para decirle, señor diputado, que coincidimos. Que no habremos de dar un paso atrás, porque esa es la exigencia de la sociedad. Porque tenemos sí un reto y un desafío, pero que se convierte al mismo tiempo en una oportunidad.
En una oportunidad para ponernos de acuerdo, en una oportunidad para el tema que son relevantes para el país y que la ciudadanía nos exige hacer a un lado las cuestiones ideológicas y partidistas. Hacer un solo frente en común y en unidad. Y cerrarle el espacio a la delincuencia y a la criminalidad. La oportunidad para vencer desde esta soberanía.
Seguir trasformando al país y buscar los acuerdos, las coincidencias y las grandes soluciones a los temas pendientes que todavía tiene nuestro México.
Y en ese sentido, hay toda la disposición y voluntad del gobierno del presidente Calderón por seguir trabajando con ustedes, señoras diputadas y señores diputados, y dar solución y respuesta a las exigencias de cada familia de mexicanos. Muy buenas tardes y muchas gracias.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor secretario. A continuación se le concede el uso de la palabra al señor diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos, desde la tribuna. Y con ello desahogaremos la última ronda de posicionamientos.
El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya: Señor presidente, señores secretarios, el tema de justicia y de seguridad no tiene colores, ni tampoco partido. Sobre todo porque en ella va de por medio la libertad, la vida, la propiedad y la paz de todos los mexicanos, entre ellos las de nuestras familias.
Considero, señores secretarios, que independientemente del partido en el poder, nada haría más feliz a este pleno y a este foro de la nación que el escuchar un buen informe y que en su presencia fuera aplaudida por todos nuestros compañeros.
Sin embargo, el triste panorama nacional lleno de crímenes, secuestros, asaltos, terrorismo jamás visto en número, hace imposible brindarles un aplauso, por el contrario. Por el contrario, es nuestro deber como representantes del pueblo de México decirles que en concepto de mi grupo parlamentario, del PRI, que los resultados hasta ahora que nos presentan, lamentablemente no pueden ser aprobados, y menos aún cuando de sus respuestas no se avizora un rayo de esperanza sino un ocaso y un futuro triste y desalentador.
Se agrega a este panorama dantesco que vive el pueblo de México en materia de ingobernabilidad, injusticia e inseguridad, la falta de oficio y respeto a la legalidad de parte de instancias del Ejecutivo. Por ello resulta imposible para ustedes contestar con certeza las preguntas que se les han formulado, y en consecuencia, en representación de mi grupo parlamentario les expreso, en primer término al señor procurador, que no quedó completa la respuesta al diputado César Camacho en lo referente a la designación del secretario técnico para el seguimiento de la reforma constitucional.
El reclamo no fue por falta de cortesía, sino por falta de legalidad en la designación de la cual el señor presidente no tenía facultades, y de no ser así, señor procurador, basta mostrar si usted tiene la disposición, que así lo justifique. Por eso no podemos menos que denunciar esta ilegalidad que reprobamos.
Por otra parte, señor procurador, y lo digo con todo respeto porque los he acompañado, he convivido con ustedes en los temas de seguridad, pero no puedo dejar de señalar todos los problemas que está viviendo nuestro país y decirle a usted que efectivamente yo he visto que tiene agallas y que tiene valentía y también la gente que colabora con usted, pero también se necesitan agallas y responsabilidad para reconocer la corrupción de policías, de agentes del Ministerio Público, que lejos de defender muchas veces al pueblo de México se coluden con la delincuencia y no podemos confiar ya en ellos.
Señor procurador, se requieren también agallas y valor para reconocer en lo que nos hemos equivocado, en los errores en que hemos incurrido y corregir las acciones, así como cortar a los elementos corruptos que traicionan a México y traicionan a la Procuraduría.
En cuanto al señor secretario de Gobernación, debió aclarar con más contundencia si va a llevar hasta sus últimas consecuencias las sanciones de cancelación de concesiones, multas y lo concerniente al desacato al régimen de publicidad, tomando las medidas legales que corresponden, desde ahora, conforme lo ha solicitado nuestro compañero Biebrich.
En verdad es muy corto el tiempo que nos dan para poder señalar todos los problemas que estamos viviendo, pero también quiero expresar que a Patricia Villanueva le faltaron muchas contestaciones. Señor secretario de Seguridad, ¿dónde encontró los 16 mil policías federales que dice que están cuidando a nuestro país?
Sabemos muy bien que muchas ciudades de la República ya no los quieren, quieren al Ejército porque están llenos de problemas. ¿Qué pasa con esa policía federal? Definitivamente es penoso que nuestras fuerzas militares tengan que intervenir por la falta de capacidad de estas policías.
A Gerardo Vargas también se le mencionó que en el Foseg hay subejercicios y que no se ha cumplido por parte de los municipios. Ésta es una facultad de usted, señor secretario, darle seguimiento, porque los acuerdos fueron dictados.
Yo les pregunto a los tres señores secretarios, en esta tribuna y frente al pueblo de México, ¿cuál es el compromiso que asumen? Señor secretario de Seguridad, usted con certeza y franqueza y amistad me dijo: "vamos a resolver esto en dos años". Ojalá que así fuera.
Yo quiero preguntarle a los tres, ¿a qué se comprometen con el pueblo de México, cuántos años faltan para poder acabar con esta inseguridad? Señor procurador, usted tiene ocho años y no hemos visto el final del túnel. Ojalá que muy pronto podamos, para gloria de todos los mexicanos, poder contar con ese logro y entonces sí los vamos a aplaudir a todos. Muchas gracias.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el señor diputado David Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado David Mendoza Arellano: Con su permiso, señor presidente. Señores secretarios, señor procurador, realmente lamentamos que hayan eludido a responder puntualmente las preguntas que fueron formuladas por mis compañeros de mi grupo parlamentario.
Sólo se puede hablar de gobernabilidad cuando las instituciones del gobierno actúan eficazmente cumpliendo con sus objetivos. De lo que se trataba el día de hoy era de conocer qué tanto han cumplido ustedes con su responsabilidad y voy a lo siguiente.
La Secretaría de Gobernación tiene la responsabilidad de mantener, entre otras, la paz social en el país. La pregunta a los mexicanos es ¿estamos gozando de paz social?
La Secretaría de Seguridad Pública debe preservar la libertad, el orden, la paz pública, salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, además de prevenir la comisión de delitos. La pregunta es ¿los mexicanos nos sentimos seguros, sentimos que nuestro patrimonio y nuestra integridad, y la de nuestras familias y de nuestros hijos, se está realmente salvaguardando? Desde luego que la respuesta es que no. Ahí están las percepciones de la sociedad expresadas en los indicadores de opinión pública.
En la PGR nos encargaremos de los datos. El análisis del informe que ha entregado el Ejecutivo federal en materia de seguridad nos muestra claramente por qué se han incrementado los secuestros, el narcotráfico, el lavado de dinero. Y por qué las bandas del crimen organizado se han fortalecido y han incrementado su capacidad de operación. Se los quiero decir con sus propios datos.
Señor secretario de Gobernación, en el Programa Sectorial de Gobernación ustedes reconocen que México alcanzó en 2007 sólo el 30.3 por ciento en estabilidad política y ausencia de violencia. Es decir que en política interior estamos en 30 por ciento.
En avance de cultura y gobernabilidad democrática, ustedes reconocen que estamos a la mitad del camino. Es decir en 2007 alcanzamos el 51 por ciento y en 2008 un 52 por ciento.
El señor procurador ha reconocido que en México se lava dinero ilícito en alrededor de 10 mil millones de dólares. Hoy ha declarado ante esta asamblea que su capacidad de incautar es de 80 millones de dólares, es decir, menos del uno por ciento, por lo que la PGR es 99 por ciento ineficiente en materia de estar atacando la red financiera de la delincuencia organizada. Si esa es nuestra capacidad ¿cómo pensamos que la delincuencia va a disminuir, si queda intacta su red financiera?
En este mismo rubro, informan ustedes que de 203 averiguaciones previas que se han abierto por este delito, sólo se han obtenido 4 sentencias condenatorias. La pregunta es si eso al señor procurador le deja satisfecho.
En erradicación de cultivos ilícitos se ha presentado una baja considerable. En el presente sexenio, de 2006 al 2008, pasó de 47 mil 51 hectáreas, a 14 mil 678. Eso es lo que ha disminuido, según los datos que ustedes nos han proporcionado.
El sistema penitenciario, cuyo objeto principal es la readaptación social: es de todos conocido que en realidad se ha convertido en una escuela de la delincuencia y centro de operación de grupos delictivos. Y cómo no, si el II Informe refleja que de una población total de 218 mil 30 internos, sólo se reincorporaron a la sociedad ?según los datos? 19 personas en el 2007 y 12 en lo que va del presente año.
Pero además, si nos fuéramos a lo que debieran estar haciendo, que es proporcionar educación y trabajo en los penales, en capacitación de educación básica y nivel medio superior, así como para el trabajo, sólo se inscribieron en 2007, 3 mil 201 internos de los 218 mil. Este año subió un poquito, a 3 mil 362 reclusos. Es decir, poco menos del 2 por ciento. Por lo cual es obvio que la readaptación social no existe o prácticamente es nula.
¿Cómo se ha de abatir la corrupción y la impunidad si por cada 100 averiguaciones previas, sólo se dictaron 12 sentencias condenatorias en el 2007 y nueve en 2008. Nueve por cada 100. O bien, ¿cómo se habla de controlar y sancionar prácticas corruptas si se ha inhabilitado solamente al 9.4 de funcionarios y se ha destituido solamente al 3.8, cuando se han presentado denuncias? Quiere decir que todo lo demás ha sido denunciado, pero ha sido perdonado.
En la práctica, México no tiene una procuración pronta ni expedita en materia de justicia. Se queda sólo en un eslogan. Tenemos un promedio mensual de denuncias del ámbito federal de 11 mil 410 casos, que por cierto, señor procurador, esta cifra prácticamente ya alcanzó a la registrada en 2007 donde por cada 100 de esas denuncias sólo se consignó al 0.3 por ciento y se obtuvieron sentencias a sólo 9 personas.
Otro dato que es importante: ¿cómo quieren que la ciudadanía tenga confianza en el Ministerio Público si el tiempo para integrar una averiguación previa, en promedio, según lo reportado en el Segundo informe, es de 216 días, es decir, más de tres meses de ventaja para los delincuentes.
Los problemas que enfrentan las dependencias a su cargo no se van a resolver con incrementos al presupuesto en el área de Comunicación Social. Tampoco con campañas espectaculares de imagen y de medios.
Los nulos resultados reflejados en el Segundo informe exigen de ustedes mayores resultados y si bien no es tiempo de repartir culpas, también es cierto que se deben asumir responsabilidades.
Y voy a lo que ha dicho, para cerrar, el secretario de Gobernación. Se puede la unidad siempre y cuando haya acuerdos. Por ello, nuestra visión de acuerdo nacional, señor secretario, incluye no solamente el rubro de seguridad, sino un amplio acuerdo que abarque el cambio de modelo económico y el respeto a las garantías individuales.
El PRD propone modificar la estrategia del combate a la delincuencia. En días pasados aquí hemos presentado un conjunto de iniciativas al respecto.
Coincidimos en que se deben asignar mayores recursos al combate a la delincuencia, pero éstos deben ser orientados al perfil, a la profesionalización de los cuerpos policiacos, a su certificación y a la coordinación en las instituciones para hacer más eficientes el sistema de información y el combate directo a los grupos delictivos.
El exhorto que la sociedad le ha hecho al gobierno a través de esa gran movilización y después de las palabras dichas en la reunión del Acuerdo Nacional por la Seguridad, lo hacemos nuestro. Si en el corto plazo no se obtienen resultados que reviertan las cifras de este informe de gobierno, los titulares de las secretarías y de la procuraduría, pensamos nosotros, por ética, deberán renunciar para permitir que una nueva estrategia en la materia restituya la confianza de la sociedad en las instituciones. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, diputado. Por último, para cerrar con la ronda de posicionamientos, se concede el uso de la palabra al diputado Cristián Castaño Contreras, del grupo parlamentario de Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
El diputado Cristián Castaño Contreras: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, hemos dado inicio a un procedimiento constitucional que seguramente se abundará en los siguientes días, para satisfacer todas las inquietudes, dudas y observaciones que tengan los integrantes de este órgano camaral.
Señores secretarios de Gobernación, de Seguridad Pública, señor procurador de la República, ha quedado evidente, por lo que está pasando a lo largo y ancho del país, que la política de seguridad pública y de seguridad nacional ha pasado a ser una prioridad para el Estado mexicano y para la sociedad entera.
El reto implica unidad de propósito de todos los actores políticos y sociales en tiempos en que la familia mexicana está siendo atacada sin cuartel por las drogas, el secuestro, el homicidio, el robo y tantos ilícitos que sin escrúpulos están perpetrando las bandas del crimen organizado y la delincuencia.
Los legisladores de Acción Nacional decimos que es inadmisible que haya voces que pretendan lucrar políticamente con esta crisis de seguridad que sufre nuestro país.
Nadie tiene derecho de buscar miserablemente un voto con la sangre de nuestros muertos. Nadie tiene derecho a tomar como bandera política el justo reclamo y profundo dolor de un padre ante la pérdida de su hijo a manos de criminales. No se nos olvide que su proclama también nos señala y exige de manera implacable.
Si los integrantes de esta Cámara y del Congreso General de la República no pueden cumplir con su misión constitucional de preservar el estado de derecho en el país, entonces, a dejar el puesto y la responsabilidad no cumplida. Responsabilidad que también somete a cada gobernador de cada entidad de la república, a cada alcalde del país. Nadie puede eximir su parte de responsabilidad para ejecutar y coordinar una política de estado en materia de seguridad interior.
Significa la obligación de exigir a los 21 mil policías federales y a los casi 360 mil policías estatales y municipales que, como patriotas, cumplan con su responsabilidad legal, civil y política de proteger a cada niño y niña, futuro de la patria. A la juventud esperanzadora. A la madre de familia, que con miedo sale todos los días a llevar a sus hijos a la escuela. A los padres, hoy temerosos por la impunidad. A nuestros abuelos, tantas veces vulnerables.
La sociedad mexicana está reclamando a todos, sin excepción. Más cuando de antemano sabemos que el crimen organizado y la delincuencia se ostentan como daltónicas, pues no distingue colores políticos ni ideologías.
La misión de México requiere de la voluntad, sin duda, de todas las expresiones políticas, de todos los poderes públicos y de los tres niveles de gobierno.
Vimos con furia e indignación cómo individuos que no tienen derecho a ostentarse como mexicanos fueron capaces de atentar con instrumentos terroristas, asesinar y herir a decenas de compatriotas en una tierra gobernada en sus tres niveles de autoridad, con la mayor pluralidad política expresada en nuestro país. ¿A cuál de ellos, señores, quieren señalar con dedo flamígero?
Nos queda claro que si no existe unidad de propósito y voluntad de acuerdo entre las fuerzas políticas en todos los niveles de gobierno, el reto de enfrentar a los enemigos de México será infructuoso.
Como infructuoso, engañoso y trágico es para nosotros que en la culminación de nuestro proceso democrático haya voces que susurran a diestra y siniestra que lo mejor para México es regresar al pasado, al autoritarismo denigrante, al voluntarismo presidencialista, para engendrar de nueva cuenta lo más perverso del poder político, con el pretexto de darle una condicionada paz a México.
Ya vivimos esa historia. Historias del pasado donde además, que no se nos olvide, desde los pasillos del poder y en los túneles oscuros de la autoridad se negociaba y se pactaba con el crimen y sus secuaces.
Irónico y profundamente incongruente es que haya voces aquí, y afuera, que con el verbo encendido y violento exijan a las instituciones del Estado mexicano cumplir a cabalidad su encomienda constitucional, cuando al mismo tiempo han mandado a esas instituciones a las que exigen literalmente al diablo. Y cuando a la Constitución y a las leyes que nos rigen las han pretendido tirar al basurero de la historia.
Para nosotros, señores secretarios y procurador General de la República, no hay duda de que es un reto sin precedente el del Estado mexicano el que hoy enfrenta, especialmente para la protección de nuestras familias. Pero nosotros no le apostamos a la regresión autoritaria ni a la negociación pestilente con quien se pretende apoderar de México a través del delito, ni le apostamos a la destrucción de las instituciones de la nación.
Nosotros le apostamos y apoyamos todo lo que haga el gobierno de México para la edificación plena del estado de derecho. Deseamos instituciones fortalecidas en la ley y suficientemente efectivas en la construcción de políticas de estado en materia de seguridad.
Termino, señor presidente. Seguiremos como hasta ahora, refrendando nuestro apoyo al Presidente de la República, sin regatear ningún esfuerzo en lo que concierne a enfrentar este cáncer que ya ha envenenado a parte de nuestra patria y que valientemente se le está enfrentando. Como lo hicimos respaldando las reformas de seguridad y de justicia discutidas en esta Cámara de Diputados. Y, en consecuencia, así lo haremos también en materia presupuestal para darle al estado lo necesario para cumplir su misión.
El grupo parlamentario de Acción Nacional no buscará votos miserablemente lucrando con el dolor de México. Buscará regresarle a la patria la frase que se erigió como esencia de nuestra historia: "La patria es primero", y lo haremos con todo mexicano, con todo demócrata, con todo ciudadano que quiera devolverle a México su rostro de nación con esperanza.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, diputado. Este ejercicio inédito habrá de servir, sin duda, a los miembros de este Congreso, de esta soberanía para las distintas responsabilidades que habremos de tomar en los días por venir.
Por más de seis horas ha habido más de 72 intervenciones; 38 han sido de diputados y 34 de los funcionarios que hoy han atendido el llamado de esta soberanía. Este ejercicio republicano fortalece al Poder Legislativo y construye mejores puentes de diálogo y de entendimiento entre Poderes.
De conformidad con lo que establece el artículo 7, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al titular del Poder Ejecutivo federal.
Se pide a la comisión encargada de acompañar a los ciudadanos Juan Camilo Mouriño Terrazo, secretario de Gobernación, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública y Eduardo Medina Mora Icaza, procurador general de la República, lo hagan cuando ellos decidan abandonar el recinto. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
(Lectura del orden del día)
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez (17:44 horas): Se levanta la sesión y se cita a la Sesión Solemne que tendrá lugar el próximo jueves 25 de septiembre, a las 11:00 horas, para develar la inscripción con letras de oro en el muro de honor de esta Cámara de Diputados de la leyenda: "A los constituyentes de 1857". Y al terminar, a sesión ordinaria. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 23 de septiembre de 2008, comparecencia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y del procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora Icaza (parte 3)
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos.
El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros (desde la curul): Con su venia, señora presidenta, señor ingeniero Genaro García Luna. Los mexicanos entendemos a la perfección el llamado de nuestro presidente de la república plasmado en su propuesta de Presupuesto para que la dependencia a su cargo sea la que mayor incremento de recursos reciba, a cambio de recuperar el derecho de todos a vivir sin miedo.
Las dudas, señor secretario, comienzan cuando nos damos cuenta que de 9 mil 800 millones de los que dispuso usted en 2006, hoy se pretende pasar a 31 millones, es decir, tres veces más.
Me queda claro que sin recursos no hay posibilidad de triunfo, pero debemos reconocer que los miles de millones ya autorizados no le han dado a la sociedad beneficio alguno.
Arrogando la percepción, que en el caso de la secretaría a su cargo, mayor inversión no es garantía de buenos resultados. Por lo que el aumento presupuestal debe revisarse a profundidad en comparación con los resultados obtenidos a la fecha.
Los mexicanos tenemos ya tiempo escuchándolo decir que se debe recuperar la tranquilidad, que se requiere un cambio estructural, una visión integral, que refuerce la educación, la salud, el empleo, para combatir de raíz a la inseguridad.
Pero en los hechos parece que lo que es necesario puede esperar, tornándose en una incongruencia que al final siempre afecta a la población.
Por lo expuesto, le pregunto: uno, sólo para el programa de implementación de operativos para la prevención y disuasión en el delito en el 2008 se le otorgaron más de 7 mil millones de pesos, sin que sepamos a ciencia cierta los resultados obtenidos.
Ahora se propone incrementar a 13 mil 500, es decir, 85 por ciento más. Este incremento sustantivo significa que se espera, todavía, mayor criminalidad. ¿Cómo puede saber cuántos operativos va a realizar? ¿Dónde los va a necesitar? ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿Cuántos vehículos y cuántos elementos se van a utilizar? ¿Qué criterio uso para poder determinar este incremento?
Dos. Dándole, indebidamente vuelta a la ley, se creó una instancia de coordinación mediante un acuerdo interno en la que se subordino el mando de la policía investigadora, la AFI, para la Policía Federal Preventiva.
Aunque se violó la ley, de qué sirvió esta decisión para mejorar el desempeño de esta policía dejando desprotegido al Ministerio Público.
Tres. Usted mismo ha comentado que el 94.6 del estado de fuerza de la policía corresponde a los gobiernos de las entidades federativas y municipios y solamente el 5.4 a la policía federal.
Entonces, porqué centralizar el presupuesto dejando a los municipios únicamente el uno por ciento, ¿podría explicarnos los criterios que le hiciera llegar a esta asignación? Y más importante aún, señor secretario, ¿estaría usted de acuerdo en modificar esta ecuación para dar paso a un verdadero federalismo, para que el recurso de seguridad pública sea más excitativo y normado por la ley?
Cuatro. Es evidente que los sacrificios presupuestales que se harán, para fortalecer la secretaría a su cargo, tendrán un impacto en la economía de las familias mexicanas, dados los pobres resultados.
¿Por qué creerle que vale la pena sacrificar los recursos para educación, infraestructura carretera, salud y el campo ?en plena crisis alimentaría?, para fortalecer sus estrategias carentes de resultados?
5. Lo que se puede interpretar como una falta de capacidad para resolver la problemática actual. El crimen organizado cada vez actúa con mayor violencia: decapitados, actos subversivos y ahora actos terroristas, como el caso en Morelia. En esta disputa de poder y en los constantes atentados contra el Estado mexicano y a 30 días de haberse firmado el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, ¿qué resultados concretos se han tenido? Y, ¿cuál es su compromiso ante la sociedad mexicana de regresarle la tranquilidad de la que se ha despojado?
Por último, que quede claro: ningún regateo de recursos para seguridad pública; sí orden para su presupuesto. Los mexicanos le preguntamos, señor secretario, ¿es problema de recursos o de capacidad? Por sus respuestas concretas a ellas, muchas gracias.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros. Tiene la palabra el ingeniero Genaro García Luna hasta por tres minutos, para dar respuesta.
El Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna: Gracias, presidenta. Gracias, diputado Landeros. Debo precisarle que la seguridad pública tiene una perspectiva de Estado. Todo tiene una responsabilidad y, por supuesto, la nuestra la asumimos y enfrentamos con toda contundencia.
Debo precisarle, en términos de gasto asignado, que son ustedes los que determinaron el monto del fondo municipal para que sea éste la adscripción a los municipios y por supuesto estamos convencidos de la importancia de aplicar recursos a los municipios y a los estados para generar capacidades superiores, tanto en la operación policial como en los sistemas de inteligencia para combatir el crimen.
Respecto al esquema que usted refiere de la coordinación, debo decirle, señor diputado, que no es así. El artículo 6o. del Reglamento de esta secretaría prevé y dispone una instancia de coordinación de la Policía Federal, y ésta también se apoya en el artículo 10 de la Ley de la Policía Federal Preventiva, que dispone un esquema de coordinación; coordinación para sumar capacidades de las policías federales.
En ningún momento, bajo ninguna premisa, se busca o se pretende distraer o desproteger al Ministerio Público; en sentido contrario, todas las policías del país, todas, señor diputado, todas, son auxiliares del Ministerio Público en todo el país. Es decir, se suman capacidades para tener mayor alcance en la generación de capacidades para recuperar evidencia a favor de la investigación, y por supuesto, sea el Ministerio Público el que tenga más capacidades para integrar las indagatorias.
Respecto al presupuesto, comentaba hace un momento que tenemos un subejercicio en el fondo federal, el Fosec, de casi 8 mil millones de pesos. Sin duda, esto obedece a diferentes variables de las cuales también debo asumir que estamos trabajando para agilizar los procedimientos para que se pueda disponer de estos recursos en todo el país y sean estos recursos que tengan aplicación directa en los estados y en los municipios.
Le reitero, no es cuestión de fe, es de resultados. Debo decirle que no hay precedente de la Policía Federal en resultados operativos en la historia de sus capacidades para combatir el crimen. No hay ni aseguramientos, ni detenidos, ni nadie asegurado; no existe precedente de esa operación, y esto está ahí dentro de las indagatorias y dentro de los registros que hay, oficiales, de detenciones y aseguramientos en todo el país.
Por último, reiterarle mi convicción plena de la función de desempeño, y por supuesto que la eficiencia no está limitada a los recursos. La eficiencia suma capacidades, talento, responsabilidad, sin duda recursos para que esto se pueda llevar a cabo, pero, sobre todo, la convicción de servir y proteger a la comunidad. Gracias, diputado.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, secretario. Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: De la Junta de Coordinación Política. Acuerdo
Primero. Se modifica la sexta ronda del resolutivo tercero del acuerdo aprobado el 11 de septiembre para quedar como sigue:
Sexta ronda. Grupo Parlamentario del PAN, Grupo Parlamentario del PRD, Grupo Parlamentario del PRI y Grupo Parlamentario del PAN.
Segundo. Se suprime la séptima ronda de preguntas a la que hace referencia el resolutivo tercero del acuerdo aprobado el 11 de septiembre y, en su lugar, se realizará una ronda de posicionamientos por parte de los siguientes grupos parlamentarios: PRI, PRD y PAN.
Las intervenciones se realizarán desde la tribuna y tendrán una duración de hasta cinco minutos cada una, no habiendo réplica por parte de los funcionarios del Ejecutivo federal.
Tercero. Publíquese en la Gaceta.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de septiembre de 2008. Atentamente diputado Javier González Garza, diputado Emilio Gamboa Patrón, diputada Gloria Lavara Mejía, diputada Silvia Luna Rodríguez, diputado Héctor Larios Córdova y diputada Aída Marina Arvizu Rivas. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba.
La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si es de aprobarse el acuerdo. Las diputada y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Aprobado. En consecuencia, para iniciar la sexta ronda se concede el uso de la palabra al diputado Felipe Díaz Garibay, del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos, desde su curul.
El diputado Felipe Díaz Garibay (desde la curul): Gracias, señor presidente. Señor procurador, el fenómeno del narcotráfico es una de las principales preocupaciones actuales en todo el mundo. Este problema no es exclusivo de nuestro país ni es un fenómeno aislado en el contexto internacional. El crimen se ha globalizado.
Las bandas que actúan en nuestro país están íntimamente relacionadas ya con organizaciones criminales de otros países. Nuestra ubicación geográfica es utilizada por los grupos delictivos con el propósito de llegar a la frontera norte, generando que los movimientos delincuenciales pasen por casi todos los estados de la república, sembrando a su paso mucho temor y nerviosismo en la población.
Las ganancias millonarias en dólares que deja este mercado ilícito de drogas han sido, y siguen siendo, el principal acicate para la proliferación de las bandas dedicadas a esta actividad ilícita. Los cárteles del narcotráfico amplían su radio de acción hacia el secuestro, la trata de personas y el tráfico de armas, agravando aún más la inseguridad y los niveles de violencia que padece la ciudadanía.
Nuestros niños y jóvenes están amenazados por la proliferación del narcomenudeo que se extiende en forma inexorable por todo el país. Con preocupación, vemos que la magnitud del problema no sólo ha crecido, sino también se ha diversificado. Se han incrementando los tipos de enervantes y, desde luego, el número de consumidores crece día con día.
La ya muy lastimada sociedad mexicana sabe que para resolver las cosas no basta con el Acuerdo Nacional por la Seguridad, Justicia y la Legalidad, porque el problema en sí tiene connotaciones más profundas. Por ello fue necesario llegar al ámbito de la reforma legislativa.
El compromiso de todos los servidores públicos, que trabajan en las instancias de procuración de justicia, debe ser recuperar la confianza de los ciudadanos y la labor del Estado debe ser percibida por la sociedad de manera positiva, entendiendo que nosotros somos aliados de los ciudadanos.
Por ello, hace unos meses la LX Legislatura del Congreso de la Unión, aprobó las reformas constitucionales para establecer en el país el nuevo Sistema de Justicia Social Penal y de Seguridad Pública. Se inicia con ello una etapa de transformación de las instituciones responsables de la procuración e impartición de justicia que permitirá agilizar los procesos penales, actuar con transparencia, imparcialidad y honestidad; garantizar los derechos de las víctimas y reforzar el combate a la delincuencia.
No será una tarea fácil, enfrentaremos inercias y resistencias, particularmente de quienes lucran con la justicia y realizan prácticas negativas que obstaculizan la buena impartición de ésta.
Por todo ello, señor procurador, quisiéramos que usted nos dijera:
Uno. Dado el carácter global del problema del narcotráfico ¿cuál es su diagnóstico sobre la transformación de los patrones de este ilícito en los países en donde las bandas delincuenciales locales actúan o tienen alguna participación, considerando, desde luego, la manera en que están impactando estos cambios la actuación de los grupos delincuenciales que operan en nuestro país y los alcances del trabajo conjunto de los gobiernos nacionales para combatir con eficacia este ilícito, sobre todo en el ámbito regional continental?
Dos. ¿De qué manera impacta a la Procuraduría General de la República, en sus distintos órganos, la puesta en vigor de la reforma al sistema de justicia penal en el aspecto presupuestario como en su financiamiento y su manera de ver esa eficiencia y eficacia, en la impartición de justicia tan exigida ya por los ciudadanos?
Tres. ¿Cuáles son las acciones específicas que ha emprendido la dependencia para poner en marcha el cumplimiento de la reforma? y
Cuatro. En los últimos años México no ha salido bien librado en los estudios que ha hecho la Organización de las Naciones Unidas en materia de impartición de justicia.
Por ello, díganos usted en qué tiene que cambiar el Ministerio Público para tener mucha mayor eficiencia que la que tiene actualmente y cuál será la estrategia para garantizar al mexicano un verdadero estado de derecho. Por sus respuestas, muchas gracias.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el licenciado Eduardo Medina-Mora, procurador general de la República.
El Procurador General de la República Eduardo Medina-Mora Icaza: Muchas gracias al señor diputado Felipe Díaz Garibay por sus preguntas. Plantea temas de la mayor importancia, sin duda.
En efecto, el negocio del narcotráfico es transnacional por naturaleza, es global, como usted lo señala.
Ha habido cambios muy importantes en la estructura de los mercados, en términos, sobre todo, de los estimulantes, con mercados emergentes, con cambios dramáticos en la estructura de generación de valor.
Los Estados Unidos han bajado su consumo de cocaína y la han sustituido por consumo de otros estimulantes, especialmente las metanfetaminas.
Europa surge como el mercado emergente de cocaína. El mercado europeo, al mayoreo paga el doble de precio que el mercado estadounidense, al mayoreo, por un kilogramo de cocaína: 45 mil euros frente a 25 mil dólares.
Nuestro país, sin duda, ha tenido un impacto muy importante a partir de estos cambios. En primer lugar, porque los ingresos de las organizaciones criminales que hacían el trasiego de droga, desde Sudamérica hacia los Estados Unidos, se ha reducido en volumen y en valor.
En segundo lugar, porque la acción que el gobierno de México ha hecho, en relación con estos temas, ha hecho que mucho del flujo se regrese a la ruta tradicional del Caribe y se reduzca el flujo por el territorio nacional y esto también ha impactado los ingresos de estas organizaciones que han experimentado una cierta involución criminal hacia otras actividades, como usted mismo lo señalaba: la trata de personas, el secuestro y otras actividades.
Sobre esta base hemos también logrado que México deje de ser un jugador relevante en el mercado de las metanfetaminas.
Primero, desmantelando la red más importante de tráfico de precursores químicos en el hemisferio occidental, la del chino Shenly Ye Gon, que traía más de 100 toneladas al año a nuestro país y además cambiando la formulación de los medicamentos antigripales que utilizan seudoefedrina en su formulación y ahora utilizan fenilefrina. Esto ha provocado que la metanfetamina en el mercado mexicano haya subido más del 100 por ciento el precio al consumidor y en los Estados Unidos, en promedio, desde enero de 2007 a la fecha, más del 83 por ciento con caídas en la pureza del 35 por ciento.
Es decir, México ya no es un abastecedor relevante de metanfetaminas. Esto genera otros desafíos, sobre todo por la diversificación criminal y geográfica de las organizaciones que se dedican al narcotráfico.
La reforma al sistema de justicia tiene un impacto fundamental en la Procuraduría General de la República. En términos de habilidades, en términos de estructuras, en términos de proceso.
El nuevo programa que se llama PGR a la vanguardia o Justicia Efectiva para Todos, va precisamente dirigido hacia poner en línea digitalmente a la disposición de todos los Ministerios Públicos los mecanismos, las herramientas, para poder aumentar su efectividad, reducir su margen de discrecionalidad, por consecuencia, reducir el margen de error y de corrupción. Aquí estamos invirtiendo buena parte del aumento presupuestal en el año próximo.
Ciertamente, las acciones que tenemos que implementar en el cumplimiento de la reforma, en materia de justicia, presentan un desafío enorme a la Procuraduría General de la República, pero en general a todo el sistema de procuración e impartición de justicia en el país. Muchas gracias, diputado, por la oportunidad.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, señor procurador. A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Ángel Arellano Pulido, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Miguel Ángel Arellano Pulido (desde la curul): Antes que nada, quiero expresar mi más enérgica protesta por el formato utilizado en esta comparecencia de servidores públicos, al igual que los compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra.
Compañeras y compañeros legisladores, mi intervención y preguntas van dirigidas al licenciado Eduardo Medina Mora, procurador general de la República.
Como michoacano, no puedo dejar pasar la oportunidad de pedirle se redoblen los esfuerzos para esclarecer y se castigue a los responsables del criminal acto terrorista del 15 de septiembre, perpetrado en la ciudad de Morelia. Y también para que, éste, de ninguna manera quede impune. Sus resultados no sólo dañaron a la sociedad michoacana, sino que involucran a todo el país.
Tenemos conocimiento que la indagatoria que se inició en Michoacán ya fue atraída por la Procuraduría General de la República y entonces, preguntaríamos, ciudadano procurador, si podría usted informarnos al respecto, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer? ¿En qué consiste la atención que legalmente debe dar la dependencia a su cargo a las víctimas y ofendidos de esos, desde todos los puntos de vista, condenables hechos delictuosos?
Es inobjetable que la seguridad pública, la procuración de justicia y el combate a la delincuencia son temas de la agenda nacional. Y que la percepción social sobre los resultados dista mucho del informe estadístico y el mensaje triunfalista del gobierno federal, que a la fecha no ha definido una verdadera política criminológica integral para atender el fenómeno de la creciente y cada vez más violenta delincuencia.
Ciudadano procurador, de conformidad con el artículo 21 de nuestra Carta Magna, corresponde al Ministerio Público la investigación de los delitos y ahora a las policías, bajo la supervisión y mando de aquél.
Sin embargo, en los operativos que realiza el Ejército Mexicano y la Policía Federal Preventiva en todo el país ingresan a domicilios sin la orden de cateo correspondiente, detienen a personas sin ninguna orden judicial y no los acompaña ningún agente del Ministerio Público Federal.
Para ilustrar con un ejemplo, sólo en Michoacán hay cerca de 200 quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por violaciones fundamentales a la ley y a los derechos humanos, por los delitos de violación, lesiones, abuso de autoridad, entre otros; y como se trata de delitos que se persiguen de oficio, ¿qué está haciendo la dependencia a su cargo para subsanar esta irregularidad?
¿Se puede combatir a la delincuencia con actos ilegales? ¿Por qué la Procuraduría General de la República no está al frente de estos operativos? La impunidad y la corrupción siguen siendo uno de los problemas más fuertes de la procuración de justicia. Los mexicanos necesitamos resultados a grandes cuestionamientos derivados de lo que diariamente vemos.
¿Por qué las armas y explosivos pasan a México sin discriminación alguna? ¿Qué está haciendo la procuraduría en este sentido? ¿Qué está haciendo la procuraduría para limpiar su policía, evitar actos de corrupción y retomar la confianza de la gente? Y en ese sentido, ¿por qué sólo se habla de exámenes de control de confianza a los cuerpos policiacos? ¿Qué, acaso éstos no tienen superiores jerárquicos que debieran responder de irregularidades que también cometen?
Termino, señor presidente. La semana pasada, el secretario de Salud del gobierno federal dio a conocer los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, donde se destaca que el consumo de cocaína se duplicó; y las anfetaminas, crack y heroína muestran una tendencia importante de crecimiento.
Esto es reflejo de que no es suficiente la reacción coactiva del Estado hacia los delincuentes. Es indispensable la prevención social y atender las verdaderas causas que originan el fenómeno delictivo.
Ciudadano procurador, ¿qué está haciendo el gobierno federal y la procuraduría para atender esta causas? Quisiéramos conocer concretamente los programas y acciones emprendidos para ver resultados que la sociedad reclama.
En el PRD entendemos y estamos de acuerdo con el ataque frontal a la delincuencia, pero no a costa de la violación a los derechos fundamentales. Para eso existen técnicas de investigación científica, inteligencia policial, la criminología, etcétera. No estamos de acuerdo en resolver el problema sólo con acciones coactivas. Necesitamos implementar la prevención social del delito y políticas públicas de carácter social que atiendan las causas que los originan, que atiendan a los más pobres y necesitados, que muchas veces son víctimas de la delincuencia, que siempre los utiliza. Por su atención y respuestas, muchas gracias.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Tiene el uso de la palabra el señor procurador general de la República.
El Procurador General de la República Eduardo Medina-Mora Icaza: Gracias, diputado presidente. Muchas gracias al señor diputado Miguel Ángel Arellano Pulido, a quien saludo también con mucho aprecio. En primer lugar, señalarle que, en efecto, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada atrajo la indagatoria federal que se había abierto en la delegación de la procuraduría en la ciudad de Morelia, Michoacán.
Continuamos trabajando conjuntamente con la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, que conoce de los delitos del orden común relacionados con los hechos acaecidos en la plaza Melchor Ocampo, en la noche del 15 de septiembre último. Tenemos comunicación diaria, cotidiana.
Ayer tuvimos una reunión de casi dos horas con el señor procurador General de Justicia del estado y aquí, como en todos los casos, Miguel Ángel, no podemos creo yo, avanzar en la resolución de los casos si no sumamos nuestras capacidades, nuestros despliegues, nuestras competencias.
Y eso es precisamente lo que estamos haciendo en Michoacán. Este delito, Miguel Ángel, no va a quedar impune. Éste es el compromiso del Estado mexicano, es el compromiso de todos los funcionarios y servidores públicos que tenemos responsabilidad en esta investigación.
Quiero señalar también que no hay en la percepción, en la narrativa, en el discurso del gobierno federal, ningún tipo de triunfalismo. Hay el reconocimiento de la gravedad de la circunstancia que enfrentamos, de la complejidad de la problemática y sí, desde luego, del compromiso, de la asertividad, de la determinación para ganar esta batalla y recuperar la normalidad, la paz, el orden, la legalidad.
En efecto, el artículo 21 de la Constitución, en los términos en los que fue aprobado en la reforma constitucional, da al Ministerio Público y a las policías, la responsabilidad de investigación de los delitos. Y al Ministerio Público la responsabilidad de conducir y mandar a las policías en esta investigación.
El Ejército, la policía federal, cualquier autoridad puede hacer una detención en flagrancia, cualquier ciudadano ?y no necesita ir acompañado de un agente del Ministerio Público? tiene claro que ponerlo a disposición de la autoridad competente, con los elementos correspondientes para que ésta pueda en su caso actuar y completar la averiguación previa y consignar ante autoridad jurisdiccional.
También se puede, en los términos de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, evitar la consumación de un ilícito ingresando a un domicilio particular.
No se puede obviamente, hacer justicia, generar seguridad violando los derechos humanos. Los derechos humanos y su respeto no es sólo, señor diputado, una exigencia ética y jurídica, es una exigencia de eficacia operacional. Porque si las policías, si el Ejército, si el Ministerio Público perdemos el respeto de la ciudadanía, perdemos la capacidad de ser efectivos.
Por esta razón es que todas estas actividades se realizan a partir de procedimientos específicos que no necesariamente implican el acompañamiento físico del Ministerio Público, en todas y cada una de estas tareas. Cuando se presenten quejas en la comisión estatal, si éstas son puestas del conocimiento de la autoridad federal y hay funcionarios públicos federales involucrados, nosotros ?en todos los casos? abrimos averiguación previa y actuamos en consecuencia. Así lo hemos hecho en todos los casos cuando se acredita obviamente una conducta que es constitutiva de delito.
Sobre esta base es que se trata de un esquema de coordinación. Por eso en Michoacán operan las Bases de Coordinación de Operación Mixta, donde vienen policías y Ministerios Públicos locales, Ministerios Públicos federales y elementos del Ejército mexicano y de la policía federal.
No puedo estar más de acuerdo con usted, que solamente con el respeto y las armas de la ley y el respeto a las garantías individuales y los derechos humanos es como el Estado mexicano ganará esta batalla. Y le aseguro, Miguel Ángel, la vamos a ganar juntos. Gracias.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, señor procurador. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Narciso Alberto Amador Leal (desde la curul) Gracias, señor presidente. Señor procurador, no escuché de usted la respuesta a la pregunta de mi compañero diputado César Camacho, respecto al incumplimiento presidencial de sus obligaciones en materia de trata de personas.
Además de los servicios migratorios, tenemos un grave problema del sistema aduanal y ambos fenómenos de corrupción, impunidad, improvisación están directamente vinculados, sea por el tráfico de personas, de armas, de mercancías a la cuestión del crimen organizado y a la seguridad nacional.
Mi pregunta es: ¿si se han abandonado desde el área administrativa, si se han descuidado desde la Secretaría de Gobernación los servicios migratorios, desde la Secretaría de Hacienda el sistema aduanal? Pues no nos queda más que el papel que usted pueda cumplir.
En las indagaciones, en las investigaciones, en el fincamiento de responsabilidades, señor procurador, a los servidores públicos que claramente tienen un marco de impunidad. ¿Cuáles son los resultados, señor procurador, de las investigaciones realizadas a este respecto?
Otro tema es el del control de los órganos de información e inteligencia. A los tradicionales órganos del Cisen, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, habrán proliferado muchos más, creo que dos o tres en la Secretaría de Seguridad Pública, en los estados y hasta en los municipios. Desde luego, la propia Secretaría de Hacienda con su sistema de inteligencia.
¿Existe, señor procurador, un registro de los órganos de información e inteligencia, y de los instrumentos técnicos utilizados para obtener información de comunicaciones privadas? ¿Cuántas solicitudes de intersección de comunicaciones privadas han sido obsequiadas por el Poder Judicial durante el ejercicio que se informa? Y ¿cuáles son los controles sobre su ámbito de aplicación? ¿Quién y cómo se controla la información obtenida de la intervención de comunicaciones privadas que no tengan relación directa con el asunto que se indaga? ¿Existe un archivo, un registro? ¿En qué tiempo se destruyen estos documentos? ¿Quién los resguarda y quién lo verifica?
Se ha hablado del conflicto de intereses entre la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública. El propio presidente de la República lo reconoció, pero quizá con una mala información de lo que está sucediendo.
Y dijo el presidente, es un problema de competencia entre dos dependencias que buscan tener mejores resultados. Yo quisiera pensar que no es una cuestión personal, creo que tanto usted como el secretario de Seguridad Pública son profesionales, aunque desde luego hay una competencia por los recursos, por el control de área, de regiones, etcétera, de información misma.
El problema, señor procurador, es más de fondo, y me permite, señor presidente, concluir.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Concluya diputado.
El diputado Alberto Amador Leal (desde la curul): Había que abrevar en la historia, la Constitución del 57 separaba las funciones claramente de las policías de la Procuraduría y la Fiscalía de la Nación en el ámbito, estas últimas de la Suprema Corte de la Nación.
La reforma de 1900 transfiere la Procuraduría al Poder Ejecutivo y la Constitución de 1917, después de un gran debate, suma la Procuraduría y la Fiscalía en una sola instancia. Las leyes secundarias promulgadas en 1931 son objetadas, por cierto, en un debate intenso de don Luis Cabrera, que les recomiendo a ambos funcionarios darle una revisada.
Entonces el problema es que tenemos que completar la reforma de justicia penal y de seguridad y volver al esquema original de la Constitución del 57. No es posible un modelo policial con facultades de excepción, con una fiscalía o una procuraduría dependiente del Ejecutivo y con facultades mermadas.
Mi pregunta es ¿si está el Ejecutivo federal en su carácter de colegislador, al presentar iniciativas, dispuesto a una reforma constitucional que vaya al problema de fondo? Muchas gracias.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, diputado. Tiene uso de la palabra, para dar respuesta, el señor licenciado Eduardo Medina-Mora, procurador General de la República.
El procurador Eduardo Medina-Mora Icaza: Muchísimas gracias, diputado presidente. En primer lugar, siendo ésta mi última intervención, quisiera agradecer la oportunidad de acudir a esta soberanía a discutir estos temas tan importantes de la seguridad y la justicia. Para mí, sin duda, constituye un privilegio. Saludo además, con apreció, a don Alberto Amador Leal, quien tiene una vasta experiencia en estos temas.
Quiero decirle, diputado, que me parece que ?desde luego? en términos de los temas que se habían preguntado y que simplemente el tiempo no nos permitía atender, de la pregunta del diputado César Camacho, a propósito de trata y tráfico de personas.
Decirle, que en lo que va de este 2008 hemos iniciado averiguaciones previas en relación con tráfico de menores, de 32 frente a 19 del año pasado, con un aumento del 68.4 por ciento; despachadas 43 con un aumento del 168.8 por ciento; personas detenidas 20, con un aumento del 300 por ciento; menores liberados, 4. Además, esto es en el ámbito de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
En el ámbito de la Fiscalía Especializada para Delitos contra las Mujeres y Trata de Personas, se han iniciado 85 averiguaciones previas, un 60 por ciento más que el año anterior; en trámite tenemos 109.53 por ciento más que el año anterior; despachadas, 47 por ciento más que el año anterior; y tramitadas 150, con un 54 por ciento más que el año anterior.
De manera que, a partir de la promulgación de la ley, claro que hemos puesto recursos, compromiso, esfuerzo y procedimientos, detrás de eso. Además hemos atendido muchísimos casos en asesoría jurídica y emocional en esta fiscalía especializada; 123 por ciento más que el año anterior en asesoría jurídica con mil 532 casos y 113 por ciento más en asesoría o apoyo emocional con mil 773 casos.
Además, hemos atendido casos de niñas y mujeres desaparecidas, 95 en lo que va de este año, 93.8 por ciento de aumento. Y mujeres localizadas y niñas localizadas, 50 con 257 por ciento de aumento. Esto es, como la Procuraduría General de la República da prioridad precisamente a este tema tan relevante de la trata de personas.
Por otra parte en lo que hace al control de órganos de investigación; podemos señalarle que en lo que hace propiamente a la intervención de comunicaciones privadas, la Procuraduría General de la República, en los términos de la Ley de Delincuencia Organizada, que establece que: "exclusivamente el Ministerio Público podrá realizar con la autorización judicial correspondiente".
Hemos, entre 2007 y 2008, intervenido 392 líneas telefónicas con autorización judicial; los contenidos y destinatarios de estas intervenciones no se pueden informar porque corresponden a averiguaciones previas, la documentación se conserva en averiguación previa.
Adicionalmente a esto, se han realizado intervenciones de comunicaciones privadas con autorización judicial, por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional en los términos de la ley de la materia. No tengo el dato preciso, pero entiendo que había 25 órdenes judiciales otorgadas hasta agosto pasado y éstas también se conservan en los archivos, tampoco son materias que puedan divulgarse.
En el caso del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la diferencia es que el resultado de estas intervenciones no puede ser utilizada como medio de prueba que es la naturaleza de la intervención que realiza la autoridad ministerial. Y sobre esta base es que desarrollamos esta tarea en términos de control.
Hay un control jurisdiccional y la información se integra en las averiguaciones previas; se conserva en éstas bajo secrecía.
En cuanto al debate respecto del rediseño institucional, pues obviamente eso está sujeto a la soberanía que el Congreso de la Unión pueda plantear. El Ejecutivo federal piensa que el esquema actual es el pertinente.
Pensamos que un Ejecutivo federal sin la capacidad de una Procuraduría que tenga la responsabilidad de investigar y perseguir los delitos sería impertinente en este momento, sobre todo, frente a la circunstancia delincuencial que enfrentamos.
Muchísimas gracias, diputado. Muchísimas gracias a esta honorable Cámara de Diputados, por la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes. Gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor procurador. Para concluir esta última ronda de preguntas tiene el uso de la palabra el diputado Jesús de León Tello, del Partido Acción Nacional.
El diputado Jesús de León Tello (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Mi cuestionamiento será para el secretario de Gobernación.
Señor secretario, el tema central de su comparecencia ha sido sobre la principal preocupación de todos los mexicanos, que es tanto la seguridad como la gobernabilidad de nuestro país.
El pasado agosto se suscribió el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Existen antecedentes de que este tipo de acuerdos, lamentablemente, se quedaron en un conjunto de buenas intenciones y que no resolvieron los problemas estructurales que padecen las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia en nuestro país.
Si bien es cierto que el gobierno federal ha emprendido un combate histórico a la delincuencia, esto no ha sido suficiente. Por eso, en este contexto, los legisladores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional le preguntamos, señor secretario, ¿qué esperamos los mexicanos ver en los próximos meses y años a partir de los acuerdos que ahí se suscribieron?
¿Cómo, desde su competencia, su secretaría, es posible consolidar el fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano, especialmente las concurrentes en materia de seguridad interior?
Señor secretario, el gobierno federal y esta Cámara se han esforzado por transferir más recursos a las entidades federativas. Lamentamos la falta de compromiso de algunas de ellas para el combate a la delincuencia, tan es así que en algunas han dejado de ejercer recursos para el combate a la inseguridad.
La coordinación entre municipios, estados y federación debe ser una realidad. ¿Cómo abonará y cómo se implementará por parte del gobierno federal esta coordinación?
Señor secretario, hay diputados en este recinto que renuncian a dar un mejor futuro para México. Hay diputados que buscan renuncias para esconder su incapacidad de dialogar. Hay diputados que dicen salvar a México y renuncian a su principal obligación, que es la de legislar. Por eso, las diputadas y los diputados de Acción Nacional le pedimos no dar un paso atrás en la consolidación y el fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano. Por sus respuestas, de antemano, señor secretario, muchas gracias.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el señor secretario de Gobernación, licenciado Juan Camilo Mouriño Terrazo.
El Secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo: Gracias, diputado presidente. Gracias, diputado por su intervención, por su respaldo y apoyo.
En primer lugar, respecto al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que como bien comenta, existe precedente de algunos acuerdos que tenían ?sin duda? el mismo objetivo, pero que tienen diferencias fundamentales que me gustaría destacar, que básicamente son tres.
Primero, quiénes suscriben el acuerdo. Y como nunca en México, este acuerdo lo firman los tres Poderes de la Unión, lo firman los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil organizada, sindicatos y medios de comunicación, es decir, el alcance, la fuerza de los signantes, es mucho más amplia que cualquier acuerdo que se haya signado en el pasado.
En segundo lugar, y a diferencia de otros acuerdos, en este existen compromisos concretos: 74 con 100 acciones específicas. Y en cada uno de ellos existe un plazo y existe un responsable. Y ello tampoco tiene precedente en los acuerdos previamente signados.
Y en tercer lugar, incorpora un elemento imprescindible en la lucha contra la delincuencia y recoge lo que es el México actual: es el elemento de la participación ciudadana.
El elemento de que la vigilancia del cumplimiento del mismo y de la observancia de la eficacia de las instituciones de Seguridad Pública, en el cumplimiento del acuerdo y en el cumplimiento de su tarea, estará ahora en manos de organizaciones y de organismos de la sociedad civil. Que sin duda esto ayudará a que se cumplan y a que demos todos resultados.
Respecto a las garantías de que todos cumplamos con lo que el acuerdo establece y de que sean también las entidades federativas las que avancen al mismo ritmo y con el mismo objetivo, me parece que hay dos temas fundamentales que destacar.
En primer lugar, el propio contenido del acuerdo que tiene compromisos concretos, específicos para las entidades federativas.
Y en segundo, la discusión de las leyes segundarias que se habrán de discutir en esta soberanía. Las leyes secundarias en justicia y particularmente las leyes en materia de coordinación de seguridad pública. Porque esto hará que quede, ya en ley, la obligación de todos de ir al mismo ritmo, de cerrar los huecos, de cerrar los desequilibrios. Y tapar, con ello, la posibilidad de que sean ocupados los delincuentes.
Esta es la garantía que tendremos del cumplimiento del acuerdo, y del cumplimiento y la buena coordinación entre todas las entidades federativas entre la propia federación. Pero aprovecho esta última intervención y concluyó agradeciendo la oportunidad de comparecer ante esta soberanía.
Me parece también oportuno aprovechar para decirle, señor diputado, que coincidimos. Que no habremos de dar un paso atrás, porque esa es la exigencia de la sociedad. Porque tenemos sí un reto y un desafío, pero que se convierte al mismo tiempo en una oportunidad.
En una oportunidad para ponernos de acuerdo, en una oportunidad para el tema que son relevantes para el país y que la ciudadanía nos exige hacer a un lado las cuestiones ideológicas y partidistas. Hacer un solo frente en común y en unidad. Y cerrarle el espacio a la delincuencia y a la criminalidad. La oportunidad para vencer desde esta soberanía.
Seguir trasformando al país y buscar los acuerdos, las coincidencias y las grandes soluciones a los temas pendientes que todavía tiene nuestro México.
Y en ese sentido, hay toda la disposición y voluntad del gobierno del presidente Calderón por seguir trabajando con ustedes, señoras diputadas y señores diputados, y dar solución y respuesta a las exigencias de cada familia de mexicanos. Muy buenas tardes y muchas gracias.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor secretario. A continuación se le concede el uso de la palabra al señor diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos, desde la tribuna. Y con ello desahogaremos la última ronda de posicionamientos.
El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya: Señor presidente, señores secretarios, el tema de justicia y de seguridad no tiene colores, ni tampoco partido. Sobre todo porque en ella va de por medio la libertad, la vida, la propiedad y la paz de todos los mexicanos, entre ellos las de nuestras familias.
Considero, señores secretarios, que independientemente del partido en el poder, nada haría más feliz a este pleno y a este foro de la nación que el escuchar un buen informe y que en su presencia fuera aplaudida por todos nuestros compañeros.
Sin embargo, el triste panorama nacional lleno de crímenes, secuestros, asaltos, terrorismo jamás visto en número, hace imposible brindarles un aplauso, por el contrario. Por el contrario, es nuestro deber como representantes del pueblo de México decirles que en concepto de mi grupo parlamentario, del PRI, que los resultados hasta ahora que nos presentan, lamentablemente no pueden ser aprobados, y menos aún cuando de sus respuestas no se avizora un rayo de esperanza sino un ocaso y un futuro triste y desalentador.
Se agrega a este panorama dantesco que vive el pueblo de México en materia de ingobernabilidad, injusticia e inseguridad, la falta de oficio y respeto a la legalidad de parte de instancias del Ejecutivo. Por ello resulta imposible para ustedes contestar con certeza las preguntas que se les han formulado, y en consecuencia, en representación de mi grupo parlamentario les expreso, en primer término al señor procurador, que no quedó completa la respuesta al diputado César Camacho en lo referente a la designación del secretario técnico para el seguimiento de la reforma constitucional.
El reclamo no fue por falta de cortesía, sino por falta de legalidad en la designación de la cual el señor presidente no tenía facultades, y de no ser así, señor procurador, basta mostrar si usted tiene la disposición, que así lo justifique. Por eso no podemos menos que denunciar esta ilegalidad que reprobamos.
Por otra parte, señor procurador, y lo digo con todo respeto porque los he acompañado, he convivido con ustedes en los temas de seguridad, pero no puedo dejar de señalar todos los problemas que está viviendo nuestro país y decirle a usted que efectivamente yo he visto que tiene agallas y que tiene valentía y también la gente que colabora con usted, pero también se necesitan agallas y responsabilidad para reconocer la corrupción de policías, de agentes del Ministerio Público, que lejos de defender muchas veces al pueblo de México se coluden con la delincuencia y no podemos confiar ya en ellos.
Señor procurador, se requieren también agallas y valor para reconocer en lo que nos hemos equivocado, en los errores en que hemos incurrido y corregir las acciones, así como cortar a los elementos corruptos que traicionan a México y traicionan a la Procuraduría.
En cuanto al señor secretario de Gobernación, debió aclarar con más contundencia si va a llevar hasta sus últimas consecuencias las sanciones de cancelación de concesiones, multas y lo concerniente al desacato al régimen de publicidad, tomando las medidas legales que corresponden, desde ahora, conforme lo ha solicitado nuestro compañero Biebrich.
En verdad es muy corto el tiempo que nos dan para poder señalar todos los problemas que estamos viviendo, pero también quiero expresar que a Patricia Villanueva le faltaron muchas contestaciones. Señor secretario de Seguridad, ¿dónde encontró los 16 mil policías federales que dice que están cuidando a nuestro país?
Sabemos muy bien que muchas ciudades de la República ya no los quieren, quieren al Ejército porque están llenos de problemas. ¿Qué pasa con esa policía federal? Definitivamente es penoso que nuestras fuerzas militares tengan que intervenir por la falta de capacidad de estas policías.
A Gerardo Vargas también se le mencionó que en el Foseg hay subejercicios y que no se ha cumplido por parte de los municipios. Ésta es una facultad de usted, señor secretario, darle seguimiento, porque los acuerdos fueron dictados.
Yo les pregunto a los tres señores secretarios, en esta tribuna y frente al pueblo de México, ¿cuál es el compromiso que asumen? Señor secretario de Seguridad, usted con certeza y franqueza y amistad me dijo: "vamos a resolver esto en dos años". Ojalá que así fuera.
Yo quiero preguntarle a los tres, ¿a qué se comprometen con el pueblo de México, cuántos años faltan para poder acabar con esta inseguridad? Señor procurador, usted tiene ocho años y no hemos visto el final del túnel. Ojalá que muy pronto podamos, para gloria de todos los mexicanos, poder contar con ese logro y entonces sí los vamos a aplaudir a todos. Muchas gracias.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el señor diputado David Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado David Mendoza Arellano: Con su permiso, señor presidente. Señores secretarios, señor procurador, realmente lamentamos que hayan eludido a responder puntualmente las preguntas que fueron formuladas por mis compañeros de mi grupo parlamentario.
Sólo se puede hablar de gobernabilidad cuando las instituciones del gobierno actúan eficazmente cumpliendo con sus objetivos. De lo que se trataba el día de hoy era de conocer qué tanto han cumplido ustedes con su responsabilidad y voy a lo siguiente.
La Secretaría de Gobernación tiene la responsabilidad de mantener, entre otras, la paz social en el país. La pregunta a los mexicanos es ¿estamos gozando de paz social?
La Secretaría de Seguridad Pública debe preservar la libertad, el orden, la paz pública, salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, además de prevenir la comisión de delitos. La pregunta es ¿los mexicanos nos sentimos seguros, sentimos que nuestro patrimonio y nuestra integridad, y la de nuestras familias y de nuestros hijos, se está realmente salvaguardando? Desde luego que la respuesta es que no. Ahí están las percepciones de la sociedad expresadas en los indicadores de opinión pública.
En la PGR nos encargaremos de los datos. El análisis del informe que ha entregado el Ejecutivo federal en materia de seguridad nos muestra claramente por qué se han incrementado los secuestros, el narcotráfico, el lavado de dinero. Y por qué las bandas del crimen organizado se han fortalecido y han incrementado su capacidad de operación. Se los quiero decir con sus propios datos.
Señor secretario de Gobernación, en el Programa Sectorial de Gobernación ustedes reconocen que México alcanzó en 2007 sólo el 30.3 por ciento en estabilidad política y ausencia de violencia. Es decir que en política interior estamos en 30 por ciento.
En avance de cultura y gobernabilidad democrática, ustedes reconocen que estamos a la mitad del camino. Es decir en 2007 alcanzamos el 51 por ciento y en 2008 un 52 por ciento.
El señor procurador ha reconocido que en México se lava dinero ilícito en alrededor de 10 mil millones de dólares. Hoy ha declarado ante esta asamblea que su capacidad de incautar es de 80 millones de dólares, es decir, menos del uno por ciento, por lo que la PGR es 99 por ciento ineficiente en materia de estar atacando la red financiera de la delincuencia organizada. Si esa es nuestra capacidad ¿cómo pensamos que la delincuencia va a disminuir, si queda intacta su red financiera?
En este mismo rubro, informan ustedes que de 203 averiguaciones previas que se han abierto por este delito, sólo se han obtenido 4 sentencias condenatorias. La pregunta es si eso al señor procurador le deja satisfecho.
En erradicación de cultivos ilícitos se ha presentado una baja considerable. En el presente sexenio, de 2006 al 2008, pasó de 47 mil 51 hectáreas, a 14 mil 678. Eso es lo que ha disminuido, según los datos que ustedes nos han proporcionado.
El sistema penitenciario, cuyo objeto principal es la readaptación social: es de todos conocido que en realidad se ha convertido en una escuela de la delincuencia y centro de operación de grupos delictivos. Y cómo no, si el II Informe refleja que de una población total de 218 mil 30 internos, sólo se reincorporaron a la sociedad ?según los datos? 19 personas en el 2007 y 12 en lo que va del presente año.
Pero además, si nos fuéramos a lo que debieran estar haciendo, que es proporcionar educación y trabajo en los penales, en capacitación de educación básica y nivel medio superior, así como para el trabajo, sólo se inscribieron en 2007, 3 mil 201 internos de los 218 mil. Este año subió un poquito, a 3 mil 362 reclusos. Es decir, poco menos del 2 por ciento. Por lo cual es obvio que la readaptación social no existe o prácticamente es nula.
¿Cómo se ha de abatir la corrupción y la impunidad si por cada 100 averiguaciones previas, sólo se dictaron 12 sentencias condenatorias en el 2007 y nueve en 2008. Nueve por cada 100. O bien, ¿cómo se habla de controlar y sancionar prácticas corruptas si se ha inhabilitado solamente al 9.4 de funcionarios y se ha destituido solamente al 3.8, cuando se han presentado denuncias? Quiere decir que todo lo demás ha sido denunciado, pero ha sido perdonado.
En la práctica, México no tiene una procuración pronta ni expedita en materia de justicia. Se queda sólo en un eslogan. Tenemos un promedio mensual de denuncias del ámbito federal de 11 mil 410 casos, que por cierto, señor procurador, esta cifra prácticamente ya alcanzó a la registrada en 2007 donde por cada 100 de esas denuncias sólo se consignó al 0.3 por ciento y se obtuvieron sentencias a sólo 9 personas.
Otro dato que es importante: ¿cómo quieren que la ciudadanía tenga confianza en el Ministerio Público si el tiempo para integrar una averiguación previa, en promedio, según lo reportado en el Segundo informe, es de 216 días, es decir, más de tres meses de ventaja para los delincuentes.
Los problemas que enfrentan las dependencias a su cargo no se van a resolver con incrementos al presupuesto en el área de Comunicación Social. Tampoco con campañas espectaculares de imagen y de medios.
Los nulos resultados reflejados en el Segundo informe exigen de ustedes mayores resultados y si bien no es tiempo de repartir culpas, también es cierto que se deben asumir responsabilidades.
Y voy a lo que ha dicho, para cerrar, el secretario de Gobernación. Se puede la unidad siempre y cuando haya acuerdos. Por ello, nuestra visión de acuerdo nacional, señor secretario, incluye no solamente el rubro de seguridad, sino un amplio acuerdo que abarque el cambio de modelo económico y el respeto a las garantías individuales.
El PRD propone modificar la estrategia del combate a la delincuencia. En días pasados aquí hemos presentado un conjunto de iniciativas al respecto.
Coincidimos en que se deben asignar mayores recursos al combate a la delincuencia, pero éstos deben ser orientados al perfil, a la profesionalización de los cuerpos policiacos, a su certificación y a la coordinación en las instituciones para hacer más eficientes el sistema de información y el combate directo a los grupos delictivos.
El exhorto que la sociedad le ha hecho al gobierno a través de esa gran movilización y después de las palabras dichas en la reunión del Acuerdo Nacional por la Seguridad, lo hacemos nuestro. Si en el corto plazo no se obtienen resultados que reviertan las cifras de este informe de gobierno, los titulares de las secretarías y de la procuraduría, pensamos nosotros, por ética, deberán renunciar para permitir que una nueva estrategia en la materia restituya la confianza de la sociedad en las instituciones. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, diputado. Por último, para cerrar con la ronda de posicionamientos, se concede el uso de la palabra al diputado Cristián Castaño Contreras, del grupo parlamentario de Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
El diputado Cristián Castaño Contreras: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, hemos dado inicio a un procedimiento constitucional que seguramente se abundará en los siguientes días, para satisfacer todas las inquietudes, dudas y observaciones que tengan los integrantes de este órgano camaral.
Señores secretarios de Gobernación, de Seguridad Pública, señor procurador de la República, ha quedado evidente, por lo que está pasando a lo largo y ancho del país, que la política de seguridad pública y de seguridad nacional ha pasado a ser una prioridad para el Estado mexicano y para la sociedad entera.
El reto implica unidad de propósito de todos los actores políticos y sociales en tiempos en que la familia mexicana está siendo atacada sin cuartel por las drogas, el secuestro, el homicidio, el robo y tantos ilícitos que sin escrúpulos están perpetrando las bandas del crimen organizado y la delincuencia.
Los legisladores de Acción Nacional decimos que es inadmisible que haya voces que pretendan lucrar políticamente con esta crisis de seguridad que sufre nuestro país.
Nadie tiene derecho de buscar miserablemente un voto con la sangre de nuestros muertos. Nadie tiene derecho a tomar como bandera política el justo reclamo y profundo dolor de un padre ante la pérdida de su hijo a manos de criminales. No se nos olvide que su proclama también nos señala y exige de manera implacable.
Si los integrantes de esta Cámara y del Congreso General de la República no pueden cumplir con su misión constitucional de preservar el estado de derecho en el país, entonces, a dejar el puesto y la responsabilidad no cumplida. Responsabilidad que también somete a cada gobernador de cada entidad de la república, a cada alcalde del país. Nadie puede eximir su parte de responsabilidad para ejecutar y coordinar una política de estado en materia de seguridad interior.
Significa la obligación de exigir a los 21 mil policías federales y a los casi 360 mil policías estatales y municipales que, como patriotas, cumplan con su responsabilidad legal, civil y política de proteger a cada niño y niña, futuro de la patria. A la juventud esperanzadora. A la madre de familia, que con miedo sale todos los días a llevar a sus hijos a la escuela. A los padres, hoy temerosos por la impunidad. A nuestros abuelos, tantas veces vulnerables.
La sociedad mexicana está reclamando a todos, sin excepción. Más cuando de antemano sabemos que el crimen organizado y la delincuencia se ostentan como daltónicas, pues no distingue colores políticos ni ideologías.
La misión de México requiere de la voluntad, sin duda, de todas las expresiones políticas, de todos los poderes públicos y de los tres niveles de gobierno.
Vimos con furia e indignación cómo individuos que no tienen derecho a ostentarse como mexicanos fueron capaces de atentar con instrumentos terroristas, asesinar y herir a decenas de compatriotas en una tierra gobernada en sus tres niveles de autoridad, con la mayor pluralidad política expresada en nuestro país. ¿A cuál de ellos, señores, quieren señalar con dedo flamígero?
Nos queda claro que si no existe unidad de propósito y voluntad de acuerdo entre las fuerzas políticas en todos los niveles de gobierno, el reto de enfrentar a los enemigos de México será infructuoso.
Como infructuoso, engañoso y trágico es para nosotros que en la culminación de nuestro proceso democrático haya voces que susurran a diestra y siniestra que lo mejor para México es regresar al pasado, al autoritarismo denigrante, al voluntarismo presidencialista, para engendrar de nueva cuenta lo más perverso del poder político, con el pretexto de darle una condicionada paz a México.
Ya vivimos esa historia. Historias del pasado donde además, que no se nos olvide, desde los pasillos del poder y en los túneles oscuros de la autoridad se negociaba y se pactaba con el crimen y sus secuaces.
Irónico y profundamente incongruente es que haya voces aquí, y afuera, que con el verbo encendido y violento exijan a las instituciones del Estado mexicano cumplir a cabalidad su encomienda constitucional, cuando al mismo tiempo han mandado a esas instituciones a las que exigen literalmente al diablo. Y cuando a la Constitución y a las leyes que nos rigen las han pretendido tirar al basurero de la historia.
Para nosotros, señores secretarios y procurador General de la República, no hay duda de que es un reto sin precedente el del Estado mexicano el que hoy enfrenta, especialmente para la protección de nuestras familias. Pero nosotros no le apostamos a la regresión autoritaria ni a la negociación pestilente con quien se pretende apoderar de México a través del delito, ni le apostamos a la destrucción de las instituciones de la nación.
Nosotros le apostamos y apoyamos todo lo que haga el gobierno de México para la edificación plena del estado de derecho. Deseamos instituciones fortalecidas en la ley y suficientemente efectivas en la construcción de políticas de estado en materia de seguridad.
Termino, señor presidente. Seguiremos como hasta ahora, refrendando nuestro apoyo al Presidente de la República, sin regatear ningún esfuerzo en lo que concierne a enfrentar este cáncer que ya ha envenenado a parte de nuestra patria y que valientemente se le está enfrentando. Como lo hicimos respaldando las reformas de seguridad y de justicia discutidas en esta Cámara de Diputados. Y, en consecuencia, así lo haremos también en materia presupuestal para darle al estado lo necesario para cumplir su misión.
El grupo parlamentario de Acción Nacional no buscará votos miserablemente lucrando con el dolor de México. Buscará regresarle a la patria la frase que se erigió como esencia de nuestra historia: "La patria es primero", y lo haremos con todo mexicano, con todo demócrata, con todo ciudadano que quiera devolverle a México su rostro de nación con esperanza.
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, diputado. Este ejercicio inédito habrá de servir, sin duda, a los miembros de este Congreso, de esta soberanía para las distintas responsabilidades que habremos de tomar en los días por venir.
Por más de seis horas ha habido más de 72 intervenciones; 38 han sido de diputados y 34 de los funcionarios que hoy han atendido el llamado de esta soberanía. Este ejercicio republicano fortalece al Poder Legislativo y construye mejores puentes de diálogo y de entendimiento entre Poderes.
De conformidad con lo que establece el artículo 7, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al titular del Poder Ejecutivo federal.
Se pide a la comisión encargada de acompañar a los ciudadanos Juan Camilo Mouriño Terrazo, secretario de Gobernación, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública y Eduardo Medina Mora Icaza, procurador general de la República, lo hagan cuando ellos decidan abandonar el recinto. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
(Lectura del orden del día)
El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez (17:44 horas): Se levanta la sesión y se cita a la Sesión Solemne que tendrá lugar el próximo jueves 25 de septiembre, a las 11:00 horas, para develar la inscripción con letras de oro en el muro de honor de esta Cámara de Diputados de la leyenda: "A los constituyentes de 1857". Y al terminar, a sesión ordinaria. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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