Piloto: “¿Álvaro, ¿qué hacemos, Álvaro?”/ Liébano Saenz
Milenio, 15 Noviembre, 2008
Es común frente a fatalidades en accidentes que involucran personajes de la política recurrir a explicaciones a la medida de la imaginación. Lo acontecido el martes 4 de noviembre, en el desplome del avión que conducía al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, al ex subprocurador Santiago Vasconcelos y otros funcionarios, ha dado lugar a variadas especulaciones sobre las causas del accidente. El secretario de Comunicaciones y Transportes ha mantenido puntual y detalladamente informada a la opinión pública; es la primera vez que ante un incidente de tal naturaleza, se ha vuelto socialmente incorrecto afirmar que no se trató de un accidente. Un logro nada desdeñable.
Aunque requiere de un informe final, todos los indicios apuntan con consistencia hacia un lamentable accidente derivado de la impericia de los pilotos de la aeronave. Las investigaciones se realizan de acuerdo con protocolos de carácter internacional. La aeronáutica civil y comercial en el mundo es una de esas actividades supervisadas y monitoreadas con extremo rigor, lo que da ocasión a conocer con precisión no sólo el estado de la aeronave, sino el vuelo mismo, incluso los diálogos que tuvieron lugar en la cabina de pilotos y con la torre de control.
La evaluación de lo que ha hecho la parte oficial, como la responsabilidad que ha caracterizado a buena parte de los medios, explica la singularidad de que lo mejor de la opinión pública y publicada cobre distancia sobre hipótesis ajenas a un posible accidente. Ayer, el secretario Luis Téllez ofreció elementos convincentes y comprobados que abonan a la tesis de un accidente: la indebida proximidad a otra aeronave en ruta, hecho que indica un error por quien conducía la aeronave accidentada.
Es bueno que las autoridades cumplan con su parte de mantener permanentemente informada a la sociedad; no menos, que los medios actúen con mesura, que dibujen la verdad a partir de los hechos. Este tipo de eventos no son comunes, propician la conjetura; sin embargo, su singularidad no convalida en forma alguna explicaciones ajenas al accidente sin otro argumento que perecieron dos funcionarios clave en los temas de seguridad nacional.
También es de reconocerse la prudencia que ha caracterizado a los dirigentes partidistas y a los legisladores. La pérdida de Juan Camilo Mouriño ha sido un irreparable golpe para su familia y amigos, para el Presidente, sus cercanos colaboradores y la dirigencia del PAN. Sin embargo, por tratarse del titular de la Secretaría de Gobernación, lo ha sido también para todo el país.
Lo evidente va cobrando curso. Día a día, indicio tras indicio, se va materializando la tesis de un accidente. Lo cierto es que las autoridades están realizando una exhaustiva investigación sobre la que deben extraerse conclusiones que sirvan de aprendizaje para muchos efectos.
En años recientes se han presentado dos accidentes aéreos fatales en helicópteros oficiales, en Puebla y en Estado de México, en éste falleció el secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta. En febrero de 2005 perdió la vida el gobernador de Colima, Gustavo Vázquez Montes, al desplomarse el avión oficial. A diferencia de los anteriores, en el caso del 4 de noviembre pasado, las autoridades han hecho un esfuerzo para presentar a la opinión pública todos los elementos para el esclarecimiento sobre las causas que originaron el incidente, la conclusión debe considerar, además de aspectos técnicos, la cuestión sobre si fue correcto que la operación, seguridad y aeronave eran las adecuadas para transportar a un funcionario de tal importancia.
Debe valorarse la posibilidad de que nuevamente sea el Estado Mayor Presidencial el responsable de tales funciones. El entonces presidente electo Vicente Fox, quien a lo largo de su campaña expresó duda sobre la calidad, profesionalismo y compromiso de dicha entidad, muy pronto cambió de opinión. Quienes hemos tenido oportunidad de conocer y trabajar en cercanía con el Estado Mayor Presidencial, los miembros de la Fuerza Aérea, del Ejercito y de la Armada, sabemos de su excepcional confiabilidad y difícilmente nos explicaríamos las razones que pudieron imperar en la Secretaría de Gobernación para prescindir de los servicios de esas instituciones del Estado mexicano y en su lugar, otorgar un contrato a una empresa privada en tareas que en el pasado habían sido responsabilidad de éstas. En tres años hemos visto la pérdida en accidentes aéreos de dos importantes funcionarios, miembros del gabinete y vinculados a responsabilidades de seguridad nacional. La prevención es obligada y las instituciones con las que cuenta el Estado Mexicano siempre han cumplido con lealtad, capacidad, disciplina y rigor técnico como para prescindir de sus funciones.
No es frivolidad o protocolo ceremonial que los funcionarios con responsabilidad de Estado deban estar sujetos a normas de control y gestión propias de la seguridad nacional. En el avión accidentado viajaba el segundo hombre más importante de la estructura del Poder Ejecutivo y después de conocer los diálogos de la tripulación, todo parece indicar que quien lo transportaba no tenía el nivel técnico para tal encomienda. Las aeronaves del Estado con funcionarios del Estado (incluye al presidente de la Corte y a los de las cámaras federales), deben estar bajo el control y supervisión del Estado.
Nota. La política al igual que la verdad, avanzan. Las investigaciones prosiguen a la vez que el Presidente Calderón ha designado como Secretario de Gobernación a Fernando Gómez Mont, prestigiado y experimentado abogado con afinidad partidaria y de grupo con el Presidente. De la misma forma, el sector político en general participa de una renovada actitud, pero algo sí debemos aprender de lo acontecido. Es la reacción ante la crisis la mejor medida de las personas, de sus valores y de la fortaleza de las instituciones.
Es común frente a fatalidades en accidentes que involucran personajes de la política recurrir a explicaciones a la medida de la imaginación. Lo acontecido el martes 4 de noviembre, en el desplome del avión que conducía al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, al ex subprocurador Santiago Vasconcelos y otros funcionarios, ha dado lugar a variadas especulaciones sobre las causas del accidente. El secretario de Comunicaciones y Transportes ha mantenido puntual y detalladamente informada a la opinión pública; es la primera vez que ante un incidente de tal naturaleza, se ha vuelto socialmente incorrecto afirmar que no se trató de un accidente. Un logro nada desdeñable.
Aunque requiere de un informe final, todos los indicios apuntan con consistencia hacia un lamentable accidente derivado de la impericia de los pilotos de la aeronave. Las investigaciones se realizan de acuerdo con protocolos de carácter internacional. La aeronáutica civil y comercial en el mundo es una de esas actividades supervisadas y monitoreadas con extremo rigor, lo que da ocasión a conocer con precisión no sólo el estado de la aeronave, sino el vuelo mismo, incluso los diálogos que tuvieron lugar en la cabina de pilotos y con la torre de control.
La evaluación de lo que ha hecho la parte oficial, como la responsabilidad que ha caracterizado a buena parte de los medios, explica la singularidad de que lo mejor de la opinión pública y publicada cobre distancia sobre hipótesis ajenas a un posible accidente. Ayer, el secretario Luis Téllez ofreció elementos convincentes y comprobados que abonan a la tesis de un accidente: la indebida proximidad a otra aeronave en ruta, hecho que indica un error por quien conducía la aeronave accidentada.
Es bueno que las autoridades cumplan con su parte de mantener permanentemente informada a la sociedad; no menos, que los medios actúen con mesura, que dibujen la verdad a partir de los hechos. Este tipo de eventos no son comunes, propician la conjetura; sin embargo, su singularidad no convalida en forma alguna explicaciones ajenas al accidente sin otro argumento que perecieron dos funcionarios clave en los temas de seguridad nacional.
También es de reconocerse la prudencia que ha caracterizado a los dirigentes partidistas y a los legisladores. La pérdida de Juan Camilo Mouriño ha sido un irreparable golpe para su familia y amigos, para el Presidente, sus cercanos colaboradores y la dirigencia del PAN. Sin embargo, por tratarse del titular de la Secretaría de Gobernación, lo ha sido también para todo el país.
Lo evidente va cobrando curso. Día a día, indicio tras indicio, se va materializando la tesis de un accidente. Lo cierto es que las autoridades están realizando una exhaustiva investigación sobre la que deben extraerse conclusiones que sirvan de aprendizaje para muchos efectos.
En años recientes se han presentado dos accidentes aéreos fatales en helicópteros oficiales, en Puebla y en Estado de México, en éste falleció el secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta. En febrero de 2005 perdió la vida el gobernador de Colima, Gustavo Vázquez Montes, al desplomarse el avión oficial. A diferencia de los anteriores, en el caso del 4 de noviembre pasado, las autoridades han hecho un esfuerzo para presentar a la opinión pública todos los elementos para el esclarecimiento sobre las causas que originaron el incidente, la conclusión debe considerar, además de aspectos técnicos, la cuestión sobre si fue correcto que la operación, seguridad y aeronave eran las adecuadas para transportar a un funcionario de tal importancia.
Debe valorarse la posibilidad de que nuevamente sea el Estado Mayor Presidencial el responsable de tales funciones. El entonces presidente electo Vicente Fox, quien a lo largo de su campaña expresó duda sobre la calidad, profesionalismo y compromiso de dicha entidad, muy pronto cambió de opinión. Quienes hemos tenido oportunidad de conocer y trabajar en cercanía con el Estado Mayor Presidencial, los miembros de la Fuerza Aérea, del Ejercito y de la Armada, sabemos de su excepcional confiabilidad y difícilmente nos explicaríamos las razones que pudieron imperar en la Secretaría de Gobernación para prescindir de los servicios de esas instituciones del Estado mexicano y en su lugar, otorgar un contrato a una empresa privada en tareas que en el pasado habían sido responsabilidad de éstas. En tres años hemos visto la pérdida en accidentes aéreos de dos importantes funcionarios, miembros del gabinete y vinculados a responsabilidades de seguridad nacional. La prevención es obligada y las instituciones con las que cuenta el Estado Mexicano siempre han cumplido con lealtad, capacidad, disciplina y rigor técnico como para prescindir de sus funciones.
No es frivolidad o protocolo ceremonial que los funcionarios con responsabilidad de Estado deban estar sujetos a normas de control y gestión propias de la seguridad nacional. En el avión accidentado viajaba el segundo hombre más importante de la estructura del Poder Ejecutivo y después de conocer los diálogos de la tripulación, todo parece indicar que quien lo transportaba no tenía el nivel técnico para tal encomienda. Las aeronaves del Estado con funcionarios del Estado (incluye al presidente de la Corte y a los de las cámaras federales), deben estar bajo el control y supervisión del Estado.
Nota. La política al igual que la verdad, avanzan. Las investigaciones prosiguen a la vez que el Presidente Calderón ha designado como Secretario de Gobernación a Fernando Gómez Mont, prestigiado y experimentado abogado con afinidad partidaria y de grupo con el Presidente. De la misma forma, el sector político en general participa de una renovada actitud, pero algo sí debemos aprender de lo acontecido. Es la reacción ante la crisis la mejor medida de las personas, de sus valores y de la fortaleza de las instituciones.
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