Reforma penal secuestrada/ César Camacho, presentado como colaborador Invitado, El autor fue impulsor de la reforma de justicia penal aprobada por la LX Legislatura.
Publicado en Reforma, 23 mayo 2010
La reforma constitucional que, según el presidente de la República, fue "la más relevante realizada al sistema penal que hayamos tenido los mexicanos", que permitiría al país "avanzar en la necesaria modernización de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia [...] para alcanzar con éxito nuestra lucha por un México de libertades en el que podamos vivir mejor" ha sido secuestrada.
Engullido por un sector de la burocracia, el entramado constitucional y jurídico que se construyó a partir de iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil, con el respaldo político de legisladores y líderes de los partidos, el entusiasmo de los poderes judiciales de las entidades federativas, la aprobación de los diputados locales de prácticamente todo el país, el acompañamiento permanente de académicos y especialistas, y la mirada expectante de los medios de comunicación, no se ha desplegado como debería, en ninguna de sus dos grandes vertientes: el garantismo y la eficacia en el combate a la delincuencia organizada, lo que, paradójicamente, no ha hecho sino beneficiar a esta última. Por ello, nadie puede sentirse satisfecho.
Sorprendentemente, el Poder Ejecutivo federal se arrogó la responsabilidad de coordinar la implementación del nuevo sistema de justicia penal e, inexplicablemente, lo maniató. Lo que en un primer momento parecía apetito y afán genuino de responder a la principal exigencia ciudadana, resultó bulimia; incluso quienes están a cargo de esa tarea admiten sus magros resultados.
En cuanto al primero de los contenidos de la reforma, el garantismo, cabe señalar que el Ejecutivo federal prácticamente nada ha hecho para que el Ministerio Público asuma el nuevo rol que le corresponde y que implica que, en igualdad de condiciones frente al acusado y su defensor, muestre los resultados de investigaciones ágiles que sirvan para fincar responsabilidades, respetando los derechos de las personas y evitando criminalizar la pobreza. En contraste, casi la mitad de las entidades están en proceso de implementación del sistema acusatorio, cada una a su modo y a su ritmo; lo cual evidencia que la coordinación está ausente y que el mandato constitucional goza de consenso.
Respecto del combate a la delincuencia, las autoridades federales han actuado discrecionalmente, echando mano sólo de las medidas que les parecen más útiles, y que, casualmente, son aquellas que deberían usar excepcionalmente, las que fueron calificadas como "la gota que envenena el contenido del vaso". Es el caso del arraigo, del que han abusado al grado que pareciera que sin él no les es posible investigar. De esta suerte, la ineficacia ha sido el rasgo distintivo de la PGR, pues en casi todos los casos ha solicitado prorrogar el plazo de 40 días y al final, la mayoría de los detenidos han sido liberados. Esa dependencia emite más disculpas que consignaciones.
Además, tan sólo en lo que va del año se han denunciado 7 mil extorsiones telefónicas, 90% de las cuales se hicieron desde centros penitenciaros federales, lo que ya no debería suceder pues la reforma previó medidas especiales de seguridad a fin de evitar que los internos continuaran delinquiendo desde prisión -entre ellas la prohibición de comunicación de telefonía móvil- que tienen más de un año vigentes. En las cárceles, por cierto, suceden en promedio tres desmanes al mes, casi uno a la semana, entre motines, ejecuciones y fugas, lo que muestra la ingobernabilidad que allí impera.
A más, si bien en agosto del año pasado el presidente Felipe Calderón blandió amenazante la Ley de Extinción de Dominio con la cual golpearía a la delincuencia "donde más le duele", toda vez que esa herramienta jurídica está diseñada para mermar la estructura financiera de los criminales, lo cierto es que en ocho largos meses, la PGR apenas ha podido iniciar una acción de este tipo, y al juzgado que el Poder Judicial federal creó ex profeso le vendría muy bien atender más asuntos.
Todo este abuso de las "instituciones límite" y esa deficiente comprensión de los instrumentos garantistas, además de que afectan la integralidad de la reforma, atentan contra su eficacia. Pareciera que las autoridades federales no pueden, o quizá no quieren, transformar el sistema de justicia penal, pasando por alto que se trata de un reclamo ciudadano, que es obligación constitucional y, por tanto, mandato ético y jurídico que, no hay que olvidar, tiene límites en el tiempo: resta un año para que opere el nuevo sistema penitenciario y seis para completar la reforma procesal. Hay acciones que emprender en el corto, mediano y largo plazos, y los tres ya comenzaron.
La nueva justicia penal no puede seguir secuestrada. Debe ser liberada cuanto antes, para ser aprovechada a cabalidad. A México le urge.
El autor fue impulsor de la reforma de justicia penal aprobada por la LX Legislatura.
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