Sesión Ordinaria de la H. Cámara de Senadores, martes 21 de octubre de 2014
-EL
C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ:
Compañeras
y compañeros senadores.
Informo
a ustedes que recibimos de la Mesa Directiva un acuerdo de la Comisión de
Gobernación.
Consulte
la secretaría a la asamblea económica si autoriza que el asunto se incorpore a
la agenda de este día para su trámite.
-LA
C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Consulto a la asamblea, en votación económica,
si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el acuerdo referido por la
presidencia.
Quienes
estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
Quienes
estén por la negativa, favor de levantar la mano.
Sí
se autoriza su incorporación, señor presidente.
-EL
C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Gracias. Se concede entonces el uso de la
palabra a la senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de
Gobernación, para presentar el acuerdo que se acaba de anunciar.
-LA
C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias, señor presidente.
La
lectura que vamos a dar en estos momentos deriva del receso que tuvimos hoy en
la mañana y que este receso llega a una conclusión de un acuerdo muy importante
en la que todos los grupos parlamentarios que integran esta comisión y que
están representados hemos considerado procesar con el propósito de darnos un
mayor tiempo en el análisis.
Si
me permiten, voy a dar lectura al siguiente acuerdo de la comisión.
Primero.-
Los integrantes de la Comisión, consideramos que la realidad política y social
que se vive en el Estado de Guerrero, es en todo momento inaceptable y
expresamos enérgicamente que en el ámbito de sus responsabilidades corresponde
a las autoridades llevar a cabo las acciones que sean necesarias para
esclarecer los hechos, así como para encontrar a los desaparecidos.
En
ese orden de ideas, en el Estado de Guerrero, podemos observar que las
circunstancias particularmente graves de inseguridad, aunadas a la debilidad
institucional y la ausencia de las autoridades locales, han hecho necesaria una
intervención contundente de las fuerzas federales.
Los
lamentables acontecimientos de Iguala, así como la incapacidad de las
autoridades locales para dar respuesta a la inconformidad social que estos
hechos han desencadenado, son sólo una muestra más de la falta de capacidad
institucional para conducir de manera adecuada el gobierno de esa entidad.
Sin
embargo, ha resultado evidente la falta de atención a las mismas que se refleja
en el agravamiento de las condiciones de inseguridad en dicha entidad.
Al
Senado de la República en su papel de garante del Pacto Federal, la
Constitución le asigna atribuciones en materia política que le permiten
participar en diversos grados de la solución de los asuntos internos de los
estados en aquellos casos en que se pone en riesgo la estabilidad y la paz
social.
Así
pues, la Constitución en su artículo 76, fracción V, confiere al Senado la
atribución de declarar cuando hayan desaparecido los poderes de un Estado.
Esta
figura muestra la situación de que si bien existe un pacto federal que respeta
la autonomía de los estados, el Senado, en representación de la federación,
cuenta con mecanismos para intervenir y solucionar determinados conflictos
internos a nivel estatal para el adecuado funcionamiento y garantía de la
estabilidad nacional.
El
Senado de la República no puede imponer una situación jurídica a la entidad,
sino que únicamente toma conocimiento de una situación de hecho preexistente
con la finalidad de tomar las medidas que la propia Constitución prevé para
permitir al Estado volver a la normalidad institucional a la brevedad posible.
Con
relación a la solicitud de declaración de desaparición de poderes en el Estado
de Guerrero, presentada por los senadores del Grupo Parlamentario de Acción
Nacional, esta sólo hace referencia a situaciones que tienden a probar de
manera genérica la presunta ausencia de estado de derecho sin vincular esta
situación a la acción u omisión de la autoridad.
Por
otra parte, se hace referencia únicamente a hechos u omisiones presuntamente
atribuibles al Poder Ejecutivo del Estado, en tanto que la declaración de
desaparición de poderes también tendría efectos sobre los 46 diputados locales
y magistrados que integran el pleno del Tribunal Superior de Justicia.
En
este sentido, el papel del Senado de la República, en ejercicio de la
atribución que le confiere la fracción V del artículo 76 constitucional, se
constriñe al tomar conocimiento de hecho de la desaparición de poderes y hacer
la declaración respectiva para proceder a designar un gobernador provisional y
convocar a elecciones en los términos
dispuestos por la ley reglamentaria, esto es, de ninguna manera la resolución del Senado tiene
carácter constitutivo sino solamente declarativo, no es el Senado el que
desaparece los poderes de un Estado, sino que únicamente toma conocimiento de
esa situación a fin de coadyuvar a que el Estado vuelva a su normalidad.
Segunda.
Si bien esta Comisión Dictaminadora se ha hecho llegar de documentales públicos
a fin de poder determinar a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del
Estado de Guerrero, se encuentran integrados y en ejercicio de sus funciones
constitucionales, así como de los hechos que han generado la intranquilidad
presente a esta entidad federativa no fueron causados o propiciados por
cualquiera de ellos y mucho menos por los tres en su conjunto.
No
obstante lo anterior, los integrantes de la Comisión consideramos que ante la
realidad política y social que se vive en el Estado de Guerrero, es necesario
hacer una revisión, in situ, para constar que la información con la que ya
cuenta y que deriva del análisis doctrinal, así como de la revisión técnica
sobre los informes y documentos públicos enviados por los titulares de los
poderes Legislativo y Judicial, de la entidad, son de todo ciertos, adicionalmente
que el sentir de sus habitantes sobre el mismo, así lo es también.
El
Senado de la República es un órgano representativo con raigambre e identidad
federalista, que constituye ante todo un órgano político entendido como un
espacio con facultades de deliberación legislativa, de control de la gestión política y jurisdiccionales en casos
específicos, integrado pluralmente para contribuir a dar cauce a la convivencia
social armónica tutelada por la ley.
Al
expresar la naturaleza política del Senado de la República debemos reconocer
que es en esa naturaleza que la Constitución le otorga la facultad de constatar
que han desaparecido los poderes de un Estado y declarar que es llegado el caso
de nombrar a un gobernador provisional, que reconstruya las instituciones
constitucionales, el ejercicio de esa facultad debe apegarse estrictamente al
orden constitucional, y en ello entraña una análisis objetivo y puntual de los
hechos, las conductas y los supuestos legales para formular la resolución
correspondiente.
Se
trata de una función política otorgada y normada por el orden constitucional
que exige y reclama una aplicación escrupulosa, objetiva e imparcial.
Tercero. Por lo descrito e informado por los titulares
de los órganos Legislativo y Judicial del Estado, se desprende que las
instituciones de la entidad no han visto vulnerada su integridad y el ejercicio
ordinario de sus funciones, ni se encuentran sus integrantes imposibilitados
para cumplir plenamente las facultades propias de su encargo.
Sin
embargo, es importante resaltar que esta Comisión Dictaminadora debe hacerse
llegar de mayores elementos válidos para constatar que los poderes del Estado
de Guerrero existen y funcionan adecuadamente de manera que los acontecimientos
hoy vividos en la entidad no han sido perpetrados por estos ni los hechos, lo
relaciona en la responsabilidad civil, patrimonial, administrativa, financiera,
penal y política.
Por
ello este acuerdo se deriva de lo siguiente: '
Primero. Se solicita al Pleno del
Senado ampliar el plazo para que la Comisión de Gobernación conozca y resuelva
sobre las causas para realizar la declaratoria a que se refiere la fracción
quinta, del artículo 76 constitucional, turnada el jueves 16 de octubre, a más
tardar el día 30 de octubre del 2014.
Segundo.
Se solicita al pleno del Senado ampliar las facultades del grupo plural formado
mediante acuerdo del día 9 de octubre el año en curso, para que realice las
actuaciones pertinentes tanto en la ciudad de México como en el Estado de
Guerrero, cotejar la información documental enviada por los titulares de los
órganos Legislativo y Judicial de la entidad, así como para verificar el
ejercicio y funcionamiento de los poderes públicos en Guerreo.
Senado
de la República, a los días 20 del mes del presente de este año 2014.
Este
es el acuerdo, señor presidente, que
entregamos por parte de la Comisión. (Aplausos).
EL
C. PRESIDENTE SANCHEZ JIMÉNEZ: Muchas gracias, senadora Díaz. Informo a la asamblea que en consideración a
la hora y el tiempo que lleva transcurrida la sesión, hay un acuerdo por parte
de los coordinadores de los grupos parlamentarios, para que exista una ronda de
posicionamientos de las fracciones parlamentarias e inmediatamente después
someter el asunto a votación y realizar en la próxima sesión una amplia
discusión para permitir las exposiciones de todos los interesados.
Para
referirse a este asunto, los grupos parlamentarios intervendrán en orden
decreciente por un tiempo de diez minutos cada uno.
En
consecuencia, tiene el uso de la tribuna el senador Arturo Zamora Jiménez, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por diez
minutos.
-EL
C. SENADOR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ: Muchas gracias, señor presidente. Con su
venia. Compañeros senadores, el asunto que ventilamos el día de hoy es de la
mayor importancia para los guerrerenses, para el país
entero y la opinión
pública internacional.
Lo
que hoy se discute no son solamente las acciones u omisiones que derivaron en
los lamentables hechos acontecidos en Iguala el 26 de septiembre pasado, sino
las medidas que deben adoptarse para que los habitantes de dicha entidad puedan
regresar a su vida normal.
Estos
hechos son el producto de un conjunto de omisiones institucionales por parte de
autoridades del Estado de Guerrero en el ámbito municipal y del Poder Ejecutivo
Estatal, que propiciaron el sistemático daño a la vida, la propiedad y las
libertades de los guerrerenses.
El
fallecimiento de tres, y la desaparición de 43 estudiantes normalistas de
Ayotzinapa es producto de la falta de garantías del gobierno de Guerrero para
proteger sus derechos, de asociación, de expresión, de ideas, de libre
tránsito, integridad personal y el derecho fundamental a la vida que tienen
todos los ciudadanos.
Las
circunstancias particularmente graves de inseguridad, aunadas a la debilidad
institucional y la ausencia de las autoridades locales, han ocasionado un estado de ingobernabilidad que recientemente
hizo necesaria la intervención contundente de las fuerzas federales en el
Estado de Guerrero.
Cabe
recordar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de un
informe especial le advirtió de esta situación, en diciembre del año 2013, al
gobernador del Estado, a los presidentes municipales, al Procurador de Justicia
de esa entidad, y al responsable de la
seguridad pública, emitiendo una serie de recomendaciones que el gobernador, y
ninguna de las otras autoridades han contestado.
Entre
otros señalamientos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado
que en el Estado de Guerrero prevalece un sistema de inseguridad pública que es
completamente ineficiente a pesar del incremento sustancial del 96 por ciento
en los recursos destinados a esa entidad federativa, aportados por la Federación
recientemente.
La
Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió al gobernador Ángel Aguirre
recobrar las funciones de seguridad pública y garantizar la paz y el orden
público para abonar a la plena vigencia del Estado de Derecho en las comunidades
y municipios de dicha entidad federativa.
El señor Gobernador Ángel Aguirre
Rivero, menosprecio el diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y con ello permitió que la corrupción y la impunidad continuaran siendo
la constante en municipios como el de
Iguala, por lo que es necesario que pondere el Gobernador dejar el cargo para
que se recupere la confianza y el tejido social.
Existen claros motivos para determinar
que el Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero ha omitido el cumplimiento de sus
funciones constitucionales y legales ocasionando con ello un vacío de poder en
esa entidad.
Por eso reprobamos profundamente las
omisiones irresponsables en que ha caído
el Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero y sostenemos que no hay posibilidad
alguna de que avancemos en la solución racional en tanto él permanezca en el
cargo.
El acuerdo que el día de hoy se discute
no desconoce ni justifica las graves omisiones en que ha incurrido el Poder
Ejecutivo del Estado de Guerrero, y sí por el contrario deja patente el grave
estado de ingobernabilidad en que se encuentra asumida esa entidad de la
cual es principalmente responsable el
Ejecutivo Estatal y por lo cual consideramos
que debe asumir su responsabilidad separándose voluntariamente de su
cargo.
Es indudable que en esa entidad se
padece una crisis de derechos humanos por el desdén que el Ejecutivo Aguirre ha
tenido no sólo a la Constitución, sino a todas las leyes.
Los senadores del Grupo Parlamentario
del PRI no soslayamos la magnitud de los
hechos y por ellos nos parece
fundamental que todas las
decisiones y acciones que tome el Senado de la República se den en un marco de
legalidad y transparencia frente a la sociedad.
Por ello apoyamos ampliamente la definición tomada por los integrantes de
la Comisión de Gobernación y a nombre de mi grupo Parlamentario también
solicitamos omitir en el documento correspondiente las consideraciones y
ponderaciones relativas al inicio del
procedimiento y la parte sustancial del procedimiento que seguramente serán elementos
que se estarán valorando en su momento.
En esa misma lógica los senadores del
Grupo Parlamentario del PRI extendemos una respetuosa invitación al Gobernador
del Estado de Guerrero, para que con responsabilidad y compromiso reflexione de
lo que es más conveniente para su estado, para que con amplia sensibilidad
valore que es mejor para los guerrerenses que para que en función de ello
pondere y considere presentar formalmente
su renuncia al cargo en los términos del artículo 80 de la Constitución
Política del Estado de Guerrero.
Por tal motivo, solicitamos, señores
senadores, su voto a favor del acuerdo
que presenta la Comisión de Gobernación al tiempo que de forma unánime invitamos a todos los
grupos parlamentarios a declarar que
deploramos profundamente la actuación
del Ejecutivo Estatal y lo invitamos a que en un acto de responsabilidad política
considere seriamente presentar su
renuncia al cargo para contribuir de esta manera al restablecimiento de la paz
social en el Estado de Guerrero.
Es cuanto, señor Presidente.
-EL C. PRESDIENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ:
Gracias Senador Zamora.
Tiene ahora el uso de la tribuna el
Senador Héctor Larios Córdova del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional hasta por diez minutos.
-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA:
Gracias Presidente.
Con su permiso.
En primer lugar, quisiera decir a
nombre propio, y creo que a nombre del Grupo Parlamentario de Senadores del PAN
que suscribimos casi en su integridad las afirmaciones que ha hecho aquí el representante del PRI.
Después de esta intervención, de la
argumentación, de la intervención, creo yo que si no se presenta esa
denuncia y llegamos al extremo de tener
que decidir la próxima semana que es el objeto de este acuerdo a más tardar
el 30 jueves, la desaparición de
poderes, creo que después de esta intervención queda claro que el PRI cuando
menos por los argumentos aquí expuestos votará a favor.
Primeramente quisiera poner en
contexto, porque también debo lamentar una primera intervención que hace una
serie de valoraciones que no tiene que ver con lo que vamos a votar ahorita.
Qué vamos a votar ahorita, básicamente
a raíz de los acontecimientos del 26 de septiembre, pero a raíz de muchísimos
elementos anteriores que se presentan en el Estado de Guerrero, el Grupo
Parlamentario de Senadores del PAN presentó el pasado 15 de octubre, miércoles,
una solicitud de desaparición de poderes que es una facultad que la Constitución
establece en el artículo 76 que son las facultades exclusivas del Senado en su
fracción V la posibilidad de desaparecer los poderes de un estado.
Nosotros presentamos esa iniciativa el
15 y el Senado en su pleno el día 16,
jueves aceptó el inicio, votó y aceptó el inicio de este procedimiento.
Sin embargo se buscaba que el día de
hoy se definiera en un dictamen exclusivamente a partir de una investigación,
una sustentación documental que
consistía en solicitarles a los titulares del Poder Legislativo del Estado de
Guerrero y del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guerrero que
informaran al Senado, a la Comisión de Gobernación si existía o no el funcionamiento de esos poderes a su
cargo.
No solamente contestaron en el caso de
la Presidenta de la Cámara de Diputados Local contestó con abundancia de
información de datos de las sesiones que han tenido, de la asistencia de qué
diputados asistieron a cada uno de los acuerdos que tomaron y lo mismo en el
caso un poquito más, en el caso del Supremo Tribunal, su Presidenta, también,
también ambas se apersonaran aquí, una de ellas
ayer entiendo que a las 8:00 de la noche y otra hoy a las 8:00 de la
mañana.
Bueno, esa fue la fundamentación que
hacía el dictamen.
A
partir de esos elementos de información
se establecía el dictamen.
El PAN solicitó de manera expresa hoy
en la mañana que estando, existiendo una Ley Reglamentaria que se hizo en diciembre del 78, esa
fracción y que esta Ley solamente ha tenido un precedente de aplicación que fue en el 2006 cuando el Senado de la
República revisó y analizó la posibilidad de desaparecer los poderes del Estado
de Oaxaca y resolvió que había todas las condiciones para desaparecer pero que
no era políticamente procedente, que tomáramos ese precedente cuando menos
hiciéramos una valoración mucho más a fondo y no a partir de dos comunicaciones
de los propios interesados.
Y esto es sumamente importante,
desparecer los poderes de un estado no
es una cosa menor, es una cosa, es un asunto de enorme trascendencia en el
país, no puede resolverse sobre la rodilla la no desaparición o la
desaparición.
Y para eso tenemos un precedente en el 2006, de integrar una
Comisión Investigadora, el Senado integró una Comisión Plural, pero para
revisar el caso de los normalistas que
fueron agredidos y desaparecidos 43 de ellos en las inmediaciones de Iguala el
26 de septiembre.
Y entonces la resolución que se va a
votar ahorita tiene una primera consideración, darle un plazo al Senado, que incluye la Comisión de
Gobernación para que este Senado resuelva en torno a la desaparición o no
desaparición de poderes a más tardar el próximo jueves 30 de octubre.
De manera que cuando aquí en tribuna se
vinieron a hacer valoraciones de que no tenía sustento la presentación de los senadores del PAN no ha sido valorada.
No se vale que la Presidencia de un Comisión venga a hacer valoraciones a
nombre de la Comisión cuando ni siquiera se ha dictaminado el caso.
Segundo, se amplían las facultades de esta comisión
que se formó para transformar en una subcomisión que tenga la posibilidad
cuando menos de ir a una o varias veces
a Guerrero a constatar si se dan los
supuestos a que establece el artículo 2º de la Ley Reglamentaria de la Fracción
V del artículo 76 constitucional.
No quiero meterme en las valoraciones,
no es el papel porque es un tema procedimental, pero no puedo dejar de hacer el
que lamentablemente aquí se han venido a
meter en consideración.
Para nosotros en el PAN era
indispensable, en primer lugar, que la investigación no se hiciera aquí en la
Ciudad de México a partir de sendas comunicaciones que recibimos del congreso
local y del tribunal, en donde nos dicen: sí funcionamos, y lo hacemos muy
bien.
Que fuera también a partir de una visita,
como se hizo en el precedente del 2006, una visita al estado por la comisión, y
que hicieran todas las actuaciones pertinentes para verificar si se dan los
supuestos que establece la ley y la propia constitución.
Que esta subcomisión tenga esas
atribuciones que hoy se hace en el dictamen.
Que adicionalmente se incorporara en el
análisis las recomendaciones y el informe de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos que hizo en el 2012, y otra en el 2013, son recomendaciones
específicas, tanto autoridades federales, porque también debo decir que los
delitos fundamentalmente son del orden federal, que se hicieron a las
autoridades federales, como a las autorizadores locales.
Si se han o no se han observado, a
juicio de la Comisión de Gobernación, tendría que ser al final del día, pero
que la comisión investigadora puede verificar estos datos, insisto.
Tercero.- Que puede tener comunicación
privada con la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para conocer si existen
implicaciones, y de qué autoridades o a qué niveles, para saber si realmente
pueden ejercer la función que les encomienda la propia ley.
Y por último, que se tomen en
consideración los documentos, las pruebas y los demás elementos que puedan
allegar los ciudadanos.
Precisamente, a raíz del anuncio de la
presentación de esta solicitud de desaparición de poderes, un grupo de líderes
y de ciudadanos de la sociedad de Chilpancingo, de la capital del estado, de la
zona caliente, vinieron y se apersonaron al Senado, enviaron por correo
electrónico a los vicepresidentes más de 5 mil firmas, respaldando la solicitud
de desaparición de poderes. Habrá que entrevistarse con alguno de ellos para
conocer los elementos de prueba y de valoración que ellos tienen, que sean de
los elementos constitutivos para poder dictaminar.
Desde luego que el artículo 2º de la
ley reglamentaria establece que para decretar la desaparición de poderes, no es
que no existan, no es que físicamente no existan personas, y establece 4
incisos, el segundo inciso tiene que ver con el abandono de funciones:
Que no estén realizando sus funciones.
En nuestra valoración, en su momento haremos valer, estamos convencidos que la
primera función de una autoridad, que es prestar seguridad al ciudadano, es
evidente que no de ahora, de años no se está presentando, en eso abonan las
recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; en eso abonan las
aportaciones que puedan hacer las organizaciones de ciudadanos.
Segundo.- Que no puedan, por
incapacidad física, porque es imposible hacer, ejercer las funciones cuando
ellos propios provocaron que esto suceda, y creo que en Guerrero hay pruebas
suficientes de que esto está pasando.
Desde luego que no es la solución a los
problemas de Guerrero. El problema particular que es de orden internacional, no
solamente se resuelve apareciendo con vida, y si así lamentablemente no fuera,
que tengamos seguridad sobre los 43 desaparecidos.
Pero que sepamos con detalle ¿Por qué
sucedió?
¿Quiénes lo ordenaron?
¿Quiénes lo ejecutaron?
No es un tema sencillo encontrar que
las policías municipales entreguen, aparentemente, a organismos de la
delincuencia organizada, 43 estudiantes.
¿Qué motivación tenían?
Tenemos que llegar al fondo de la
verdad de este tema, es indispensable para la salud del país.
Pero la desaparición de poderes o la
renuncia del gobernador, no hay duda que le da un cauce institucional a
resolver el grave problema de conflictividad social.
Cualquiera que tenga cualquier
información de Guerrero sabe el enorme encono social que las acciones,
particularmente las derivadas en contra de los normalistas han generado en el
estado y que lamentablemente desbordan los cauces institucionales. Hay que
darle cauce institucional.
La desaparición de poderes es una
manera de darle causa institucional a este tema.
El PAN espera, desde luego, que el
gobernador acepte la invitación a reflexionar sobre abandonar el cargo que no
ejerce, que ostenta, pero no ejerce, que le ha hecho la sociedad; que aquí le
ha hecho el PRI; que de acuerdo con algunas fuentes, algunos funcionarios del
gobierno lo han invitado a aceptar, pero que es indispensable para reconducir
la vida institucional de Guerrero.
Las propias investigaciones pierden
credibilidad con la sola presencia del gobernador en su estado.
Yo estoy seguro que a partir de este
espacio de tiempo que damos para el jueves, abrimos una ampliación de espacio
de reflexión para que el gobernador presente su renuncia y provoque menos daños
al Estado de Guerrero.
Esa es nuestra intención, pero si no,
también con toda firmeza estamos convencidos que la mejor causa institucional
es la declaración de desaparición de poderes, que en su momento fundamentaremos
en amplitud.
Muchas gracias, Presidente.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ:
Gracias, senador.
Tiene ahora el uso de la tribuna el
senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS
ENCINAS RODRÍGUEZ: Bueno, muchas gracias, Senador-Presidente.
Compañeras y compañeros:
Yo entiendo la preocupación de la
Comisión de Gobernación para contar con un tiempo adicional y enfrentar con
mayor, no solamente responsabilidad, sino con mayor conocimiento de causa, una
decisión que va a tener un impacto muy significativo, no sólo para el Estado de
Guerrero, sino para el conjunto del país.
Y espero que en este lapso de tiempo,
de aquí al 30 de octubre, por lo menos nos pongamos de acuerdo de entender
¿cuáles son las facultades y atribuciones del Senado de la República? Porque
ahí no coincido con el senador Larios.
El Senado no desaparece los poderes de
ningún estado, sino que emite una declaratoria respecto a que los poderes en
una entidad han desaparecido, y esto es un asunto muy distinto, se implica una
óptica del desempeño legislativo diametralmente distinta, porque justamente el
objetivo de hacer una declaratoria de desaparición de poderes busca eliminar,
pues, la valoración política para evitar incurrir en un abuso en el que se
pueda afectar la soberanía de una de las entidades de la república. Primera aclaración.
Segunda aclaración.- El gobernador no
presenta renuncia.
Los cargos de representación popular,
los puestos de representación popular son irrenunciables.
Tiene que presentar una licencia al
Congreso del Estado, que estas licencias, hay quien dice que son temporales o
son definitivas; las licencias, todas son temporales y es facultad del Congreso
otorgarla al gobernador en turno que, bueno, ustedes conocen, mi posición al
respecto ha sido pública, abundantemente pública en este caso, en los últimos
días.
Y una tercera y última aclaración,
antes de entrar a la reflexión que quiero compartir. En el caso específico de
la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el Estado de
Guerrero, no se emitió ninguna recomendación, sino que se presentó un informe
del cual se hizo llegar copia a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
respecto de la situación que guardaba o guarda la presencia de grupos de
autodefensa en el Estado de Guerrero, que es un asunto distinto.
-EL C. SENADOR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ
(Desde su escaño): Pido la palabra, señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ:
Permítame, senador.
-Senador Zamora ¿Con qué objeto?
-Sonido, por favor, al senador Zamora,
en el escaño que se encuentra hoy.
-EL C. SENADOR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ
(Desde su escaño): Muchas gracias.
Sí, solamente para solicitar a la
secretaría si son tan amables de dar lectura a lo que dispone el artículo 80 de
la Constitución Política del Estado de Guerrero, es solamente para normar los
criterios, si me lo permiten, en función de que efectivamente hay 2 formas de
pensar respecto de los cargos que son electorales:
Una, que son irrenunciables; y otra, en
donde algunas constituciones de algunas entidades permiten la figura de la
renuncia, como es el caso de Guerrero.
Si es tan amable de dar lectura para
esto.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ:
Vamos a pedirle al vicepresidente que lea lo que establece el artículo 80.
-EL C. VICEPRESIDENTE JOSÉ ROSAS
AISPURO TORRES: Constitución Política del estado de Guerrero.
Artículo 80. El cargo de gobernador
constitucional, solo será renunciable por causas graves calificada por las dos
terceras partes del total de los miembros del Congreso del estado.
Es todo.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ:
Gracias.
Continúe, senador.
-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS
RODRÍGUEZ: Bueno, yo le agradezco al senador Zamora, el breviario cultural,
pero creo que no aplica en nuestro caso.
Porque el Senado de la República se
rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no puede
intervenir en la interpretación o el ejercicio de una constitución local.
E incluso, como lo dice el propio texto
de la Constitución del estado de Guerrero, sería siempre y cuando aceptara la
renuncia las dos terceras partes del Congreso del estado.
Pero nosotros nos regimos por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y eso es lo que debe
normar nuestro criterio.
Y ahí si se señala, que son
irrenunciables.
Gracias, por el breviario cultural.
Pero veo que nosotros tenemos claramente limitado el ámbito de nuestras competencias.
Ahora, pero finalmente, creo que ese no
es el problema central que estamos discutiendo.
Me preocupa que se postergue de nueva
cuenta una decisión sobre el caso de Guerrero. Porque la indefinición, la
posposición de decisiones, así como la dilación que ha habido en la entrega de
resultados de las investigaciones, como en la presentación de los muchachos
normalistas, que después de tres semanas continúan desaparecidos, pues generan
un mayor clima de incertidumbre, de ingobernabilidad, no solo en el estado de
Guerrero. Porque la indignación y la irritación social que han levantado estos
hechos, rebasan con mucho el ámbito de esa entidad y hay una indignación
nacional, que exige respuestas en las que urge tomar ya decisiones y dar resultados.
Porque resulta inexplicable, que
después de tres semanas no haya sido posible encontrar a 43 estudiantes
normalistas de Ayotzinapa, que fueron secuestrados y trasladados, como lo
demuestran los videos, en las patrullas de la policía municipal de Iguala y
también de Cocula.
Y en donde hay evidencias, no solamente
de las concurrencias de policías municipales, con la delincuencia organizada,
sino también de las formas de colaboración y como se condujo a este grupo, de
un lugar confinado a un lugar que, a la fecha, se desconoce.
Por supuesto que en la comisión
Bicamaral de Seguridad Nacional hemos discutido este tema, y me reservaré, como
está obligado por la ley, a hacer comentarios al respecto. Tarde o temprano
tenemos que conocer, conoceremos la verdad de los hechos.
Pero lo que tenemos que asumir, con
toda claridad, es que este acto de barbarie y de terror cometido contra
estudiantes pobres de la Normal de Ayotzinapa, es uno de los hechos más graves
y lamentables en la historia de nuestro país.
Y que pone en evidencia, no solamente
la debilidad de la autoridad municipal o del estado de Guerrero, sino que pone
la debilidad del Estado mexicano, el proceso de descomposición que viven las
instituciones responsables de garantizar la seguridad pública en todo los
órdenes de gobierno, los problemas de corrupción y de penetración de la
delincuencia organizada en las corporaciones policíacas, y en todo los órdenes
de gobierno.
Porque el primer dato, indudablemente,
que sale a la luz pública, es la colisión de la autoridad municipal con grupos
delictivos, en donde se presume hoy, no solamente hubo omisiones, sino
complicidad de distintas autoridades, que no actuaron a tiempo para evitar
estos hechos.
Y
esta crisis del Estado mexicano es algo que ya no podemos seguir escondiendo o
tratando de delegar solamente la responsabilidad de los estados.
Ahí está una muy lamentable declaración
del Presidente Enrique Peña Nieto, diciendo, en un inicio, ese es un asunto
local, lo tienen que resolver, para semanas después atraer la investigación,
cuando en gran medida, el problema que detona esta crisis, es la operación de
la delincuencia organizada, vinculada con la actividades de narcotráfico y
otras actividades, que constituyen delitos de carácter federal, que competen al
gobierno federal.
Y no se trata aquí de venirse echar la
pelotita, entre los distintos órdenes de gobierno. Hay una crisis del Estado
mexicano en todos sus órdenes de gobierno.
El propio New York Times, el día de
ayer, señala, que México vive la peor narcocrisis de su historia, y que el
gobierno federal ha pretendido minimizarla.
Human Rights Watch, ha declarado que
ésta es la peor crisis de derechos humanos, después de los atentados y la
matanza de Tlatelolco en 1968.
O incluso, muchas organizaciones de la
sociedad civil, encabezadas por obispos de la Iglesia Católica, han asumido los
hechos de Iguala, como un asunto que representa crimen de Estado.
Y es el fondo del asunto, que tenemos
que discutir.
Porque no solamente es el caso de
Iguala. Son muchos otros casos que dan cuenta del nivel de descomposición, de
violencia, de incertidumbre y de inseguridad que vive en el país.
Las ejecuciones extrajudiciales, 22
ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya.
El asesinato de tres jóvenes, en ciudad
Hidalgo, Michoacán, porque no hicieron alto a una señal de la policía
municipal.
Los cuerpos, cerca de 25 cuerpos
encontrados en el Canal del Desagüe en el municipio de Ecatepec.
Los abusos de extorsión, secuestro,
tráfico de personas, prostitución, que se realizan con migrantes nacionales y
extranjeros en todo el país.
Y podemos enumerar entidades donde el
secuestro, la extorsión y el homicidio han venido incrementándose, no solo ante
la falta de una clara estrategia de seguridad pública, sino fundamentalmente
ante la ineficacia de los distintos órdenes de la autoridad; a la ineficacia
del Estado mexicano, de cumplir con su responsabilidad primigenia, que es
garantizar la seguridad y la protección de las personas y de sus bienes.
Iguala, es una de los síntomas de este
mal. El peor que hayamos vivido. Y que
se requieren de respuestas contundentes, firmes e inmediatas del Estado
mexicano, siempre con apego a nuestras instituciones democráticas y respeto a
los derechos humanos.
Y por eso, lo que hemos planteado es
muy claro. Primero, la presentación de los muchachos desaparecidos con vida.
“Vivos se los llevaron. Vivos los queremos”
Pero también identificar a los autores
materiales e intelectuales de estos crímenes, en donde ya hay detenidos, no
solamente policías municipales de Iguala y de Cocula, sino también de la gente
los grupos delictivos presuntamente vinculados con estos hechos y otro tipo de
autoridades municipales.
Pero también hay que deslindar las
responsabilidades, que por omisión o acción incurrieron autoridades federales y
locales, que conociendo de los problemas graves en el municipio, no actuaron
con oportunidad y propiciaron el clima que favoreció este acto de terror
deleznable para los guerrerenses y para todos y todas las mexicanas.
Por eso se requiere deslindar
responsabilidades, en autores materiales e intelectuales, en autoridades
sumisas, pero también los partidos políticos tenemos que asumir nuestra
responsabilidad.
Yo he sido muy crítico, en mi partido,
y he insistido en que las investigaciones vayan a conocer el alcance, la
penetración del alcalde del Iguala y de este grupo delictivo, en estructura
orgánica del PRD y si hubo financiamiento alguna corriente, algún dirigente o
alguna campaña.
Pero la decisión tomada el día de
antier por la Procuraduría General de la República, en donde se desmantela a
las policías de 16 municipios, entre ellos el de Ixtapan de la Sal, en el
estado de México, da cuenta de que este cáncer, ha corroído, a todos los
partidos políticos.
Porque de los 16, once son de otros
partidos distintos a los del PRD y el nivel de colusión y de complicidad
con el crimen organizado pues da cuenta de esta descomposición, que yo digo no
solamente es una pérdida de, un descrédito profundo de las instituciones, sino
que hay una crisis de la ética y de la moral pública.
Tenemos
una crisis profunda de nuestra vida institucional que con deslindes no se va a
resolver. Queremos una investigación a fondo caiga quien caiga, si es el
gobernador o el Procurador de Justicia del estado, si es el Congreso del
Estado, miembros del Congreso del estado de Guerrero que se les castigue, no
solamente al presidente municipal, que resulta inexplicable su evasión de la
justicia, como también es inexplicable que se haya fugado el responsable de la
Policía Municipal de Iguala siendo quien tenía el mando de los policías que hoy
están detenidos; pero también necesitamos ir a fondo de las instituciones
federales en los cuerpos policíacos que, por omisiones, han generado esta
situación.
Ya
no estamos, y con esto concluyo, desde mi punto de vista un asunto
estrictamente de seguridad pública. Hay un asunto de seguridad interior,
primero, por la colisión de autoridades y delincuentes y el nivel de
penetración del dinero sucio y de los propios delincuentes en las estructuras
de gobierno y en las estructuras políticas.
Pero
también ya tenemos un problema de seguridad nacional desde el momento en que reaparecen
grupos armados que buscan operar de nueva cuenta, hacer justicia por propia
mano y cobrar cuentas, incluso hacer ajusticiamientos contra quienes considera
sus enemigos, lo cual es absolutamente inaceptable y condenable, porque la
radicalización de grupos de ultraizquierda favorecen no solamente el
surgimiento de los grupos de extrema derecha, sino siempre favorece la
intervención autoritaria por parte del Estado, que en lugar de dar un cauce
democrático a la solución de estos problemas opta por la represión y el
autoritarismo.
Por
eso queremos conocer la verdad, sancionar a los responsables, y que esta
investigación no solamente no caiga en la simulación, sino que se evite todo
tipo de impunidad, sea el responsable el gobernante, de cualquier nivel que
sea, el que haya incurrido en estas irresponsabilidades.
Muchas
gracias. (Aplausos)
-EL
C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Gracias, Senador.
-Tiene
el uso de la tribuna el Senador Carlos Puente Salas, del Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México, hasta por diez minutos.
EL
C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: Muchas gracias, Presidente.
Senadoras
y senadores:
Primero
que nada a nombre de mi grupo parlamentario consideramos que la realidad
política y social que se vive al día de hoy en el estado de Guerrero es
inaceptable. Los lamentables hechos y acontecimientos sucedidos en el Municipio
de Iguala, así como la incapacidad de las autoridades locales para dar
respuesta a la inconformidad social que estos hechos han desencadenado son
simplemente una muestra más de la falta de capacidad institucional para
conducir de manera adecuada el gobierno de esta entidad federativa.
Evidentemente
existe una descomposición política en el estado de Guerrero. En el estado de
Guerrero hoy se requiere un gobernador, pero se requiere un gobernador fuerte,
un gobernador sólido; que sea factor de unión, que sea factor de cohesión.
Un
gobernador debe de contar con ese respaldo social, con esa legitimidad de
encabezar este gran esfuerzo de la recomposición y reconstrucción del Estado.
En las condiciones actuales el Ejecutivo estatal no se encuentra en las mejores
condiciones para encabezar este importante esfuerzo.
El
actual gobernador del estado de Guerrero, el licenciado Ángel Aguirre, fue
gobernador sustituto entre los años del 96 al 99. Vaya paradoja, a casi 20 años
después, tristemente el estado de Guerrero está viviendo nuevamente momentos de
tensión social provocados por la desaparición de los 43 estudiantes
normalistas.
Ante
estos acontecimientos el gobernador del estado debe de entender que se requiere
un cambio de rumbo para que la gobernabilidad y el respeto al estado de derecho
regresen a Guerrero. La legitimidad con la que llegó a la gubernatura se ha
erosionado gravemente a partir de los actos violentos que se registraron en el
municipio de Iguala.
Lamentamos
los actos ocurridos en Ayotzinapa, Guerrero, y nos pronunciamos porque se
redoblen los esfuerzos para localizar a los 43 normalistas desaparecidos. Lo
principal en estos momentos es encontrar a los estudiantes de la Normal Rural
desaparecidos.
Es
prioritario el restablecimiento del orden, salvaguardar la integridad de las
personas, brindar seguridad a los ciudadanos, y por supuesto se otorgue
justicia a los normalistas desaparecidos y a sus familiares. Nos pronunciamos
por el fortalecimiento de instituciones y consideramos que la permanencia del
gobernador Ángel Aguirre contribuye a su debilitamiento, genera mayor
desconfianza e impide una expedita impartición de justicia.
Por
el bien de los guerrerenses, por el bien de México nos pronunciamos, para que,
en un acto de responsabilidad política, el gobernador Ángel Aguirre presente su
renuncia para apartarse del cargo.
Por
su atención muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente. (Aplausos)
-EL
C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Gracias, Senador Puente.
-Finalmente
tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo. Con él cerramos la ronda de
participaciones.
-EL
C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Con su venia, señor Presidente.
Me
toca terminar esta ronda de participaciones que reflejan claramente una
voluntad política de atribuirle a un actor diferente al que se representa. Han
pasado tres semanas y nada. Así empezó su intervención el coordinador Preciado
cuando planteó la necesidad de que se hiciera algo, aquí está Preciado, y
mencionó el diluvio de críticas durísimas de los medios internacionales en donde
hasta la OEA participó denunciando al gobierno mexicano y a la situación
horrorosa que se ha vivido y que seguimos viviendo.
Ahí
Preciado señaló dos cosas, que luego comentamos en la Junta de Coordinación
Política, a la que esta vez fui invitado, muchas gracias. Dijo Preciado: “Aquí
hay responsabilidades del gobierno local y del gobierno federal”, así fue.
Y
en consecuencia el grupo de Acción Nacional, ante la inacción, la falta de
resultados, la tragedia, la desaparición que se continúa, estableció la necesidad
de aplicar la Constitución, la desaparición de poderes en el estado,
independientemente de su análisis, y la salida del Procurador de la República.
Ese fue el planteamiento que inició lo que estamos viviendo.
En
el curso de los siguientes días se han enfrascado en la desaparición de
poderes pero ya
desapareció el compañero Preciado, la exigencia de que, el procurador, no lo
dije yo, lo dijeron ustedes, sea sustituido, porque ya no ofrece garantías,
porque sabía, por qué esto, y lo otro, en una magnífica exposición que hizo aquí; ya desapareció la responsabilidad
del gobierno federal.
Por
otro lado, aquí tenemos otra figura, interesante, otra actitud, algunas
ambigüedades, y la claridad del Senador Encinas.
Pero
lo que hemos visto es que no pasa nada, compañero Preciado, y con todo este
peloteo sigue sin pasar nada, y vamos a pasarlo a un período posterior, en
donde van a ir a averiguar en el Estado de Guerrero un grupo de avezados
investigadores del Senado para revisar lo que está pasando en el estado, no
obstante que ya con una gran velocidad la Presidenta de Comisión de Gobernación
ya tiene una serie de documentos, porque les habló, y les dijo, oigan, existen
ustedes, o están desaparecidos.
¿Está
desaparecido el Congreso?
Pues
no, porque le contestaron, y le dijeron, aquí estamos.
¿Está
desaparecido el Poder Judicial, señor presidente?
No,
aquí estamos, aquí está mi secretaria, y el que guarda los coches, todos están
en su lugar, no hay desaparición de poderes, y empieza la evolución de que si
procede la desaparición o la constatación de haber sido desaparecidos.
Pero
el caso es que no pasa nada.
Y,
la angustia de las familias, y la indignación en el país, todo, y en Guerrero,
siguen en aumento, y no pasa nada. Vamos a hacer una investigación.
Yo
creo que es muy importante, para esta institución que es el Senado de la
República, no una agencia representativa de intereses políticos determinados,
sino una institución de la república, el Senado.
El
Senado tiene que actuar con una gran responsabilidad, porque si no, vamos a
seguir diluyendo ese estado que Encinas nos describe, en la corrupción, en la
ineficacia, etcétera.
La
crítica de los medios internacionales es total, y son los que apoyaron a Peña
Nieto, la de The Economist, se las recomiendo; también los dos más grandes, The
New York Times, y Washington Post, y no
hablan del presidente de Iguala y sus representantes o del gobernador, que ni
lo conocen: El gobierno de Peña Nieto está totalmente rebasado, y sus reformas
que tanto ellos pidieron, pues están al borde de hacerse agua, porque no tiene un control del
país; porque no hay gobernabilidad, porque antes que hacer estas reformas,
dicen estos sabios periódicos, se debió de haber encargado de tener un piso, y
no nada más abrir y entregar, y hacer, bueno, el maravilloso aeropuerto para
que lleguen, ¿y, el país?
Vivimos,
y lo sabemos, un gobierno que está totalmente divorciado del pueblo de México,
totalmente divorciado.
Están
en los negocios, en los grandes proyectos, moviendo a México en la Bolsa de
Valores, en las grandes obras que hacen extranjeros, pero no tiene ninguna
vinculación con la sociedad mexicana.
Son
gobiernos oligárquicos que no atienden las necesidades del pueblo, están
separados del pueblo, y por eso vemos que la educación cada vez va peor.
El
caso de estas normales, da vergüenza; los tecnológicos sin ningún instrumento
para enseñar; entonces, es un gobierno, es un gobierno oligárquico, interesado
en los negocios, y desinteresado de la justicia en nuestro país.
Por
eso la prensa internacional, que está cuidando que cuando lleguen las empresas
petroleras y eléctricas transnacionales que ustedes aprobaron que vengan, que
encuentren un país tranquilo, un país que permita que se apoderen del
territorio nacional, que ocupen los territorios que quieran.
Entonces,
ese es el reclamo, y no es al gobernador del Estado de Guerrero.
No
vengo a defenderlo, pero tampoco lo voy a atacar todo el tiempo, por qué,
porque se ha empolvado ya todas las perversiones del gobierno de Guerrero, ya
las dijeron aquí del Verde, aquí, por aquí ya está debidamente sacrificado.
Yo
les voy a leer también la Constitución, y estamos ahorita de analistas
constitucionales para ver quién es el responsable de lo que está pasando en el
país.
Al
que han tratado en la sesión, esa larguísima que dijeron, vamos ahora sí a
entrar al fondo de lo que pasó en Guerrero, vamos a que hable todo mundo, y terminaron con un documento ahí en
que todos somos responsables, la unidad nacional; todos somos responsables,
ustedes son los responsables, nosotros somos responsables, ellos son
responsables, todos son responsables; y ¿el presidente de la república, en
dónde queda?
O
el Procurador, decía aquí el PAN, que ya se les olvidó, se los recuerdo, porque
luego hay arreglos que no conocemos, son responsables el gobierno del estado y
el gobierno federal sin duda alguna, hombre, por favor, no saquemos al gobierno
federal
El
presidente tiene como obligación preservar la seguridad nacional, Artículo 89,
fracción VI de la Constitución.
Lo
que significa que es el único responsable de garantizar las condiciones de
gobernabilidad, paz y desarrollo en todo el territorio nacional, frente a los
factores externos e internos que alteren la convivencia social.
El
presidente es el jefe de la inteligencia nacional. De acuerdo al Artículo 12 de
la Ley de Seguridad Nacional del 31 de enero de 2005. Preside el Consejo de
Seguridad Nacional, -y esto es de
Seguridad Nacional, no se nos olvide-; lo anterior significa que todos los
servicios de inteligencia están bajo su conducción, y órdenes.
El
presidente tiene la facultad de disponer como Jefe Supremo de las Fuerzas
Armadas, de la totalidad de la fuerza armada permanente para la seguridad
interior y exterior de la nación, Artículo 89, fracción VI de la Constitución.
Para
tal motivo cuenta con los medios coercitivos para garantizar el orden público
cuando eventos internos lo alteren.
El
presidente tiene la facultad para disponer de la guarda nacional en las
entidades federativas con la aprobación del Senado para garantizar la
gobernabilidad y la paz, Artículo 89, fracción VII; y 76, fracción IV de la
Constitución.
El
presidente es el Jefe de la Seguridad Pública Federal, Artículo 21 de la
Constitución.
Lo
que significa que a él y a los funcionarios que dependen de él, les corresponde
la investigación de los delitos de carácter federal.
De
esta suerte, el presidente tiene los instrumentos jurídicos para conocer,
investigar y consignar a las autoridades competentes y a los presuntos
responsables por los delitos de carácter federal.
El
Artículo 108 de la Constitución indica que el presidente es responsable durante
su encargo por delitos graves del orden común y por traición a la patria, los
delitos vinculados al crimen organizado, y a los delitos contra la salud están
reputados con el Código Federal Penal con delitos graves.
-
EL C. PRESIDENTE SENADOR SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Permítame, senador; Senadora Layda,
¿con qué objeto?
-
LA C. SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN (Desde su escaño): Pedirle al orador si
me permite hacerle una pregunta, un comentario, si se le permitió al Senador
Zamora, por qué a mí no se me va a permitir.
-
EL C. PRESIDENTE SENADOR SÁNCHEZ JIMÉNEZ: ¿Acepta la pregunta?
-
EL C. SENADOR BARTLETT DÍAS: Sí, claro.
-
LA C. SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN: Senador Bartlett, no le llamaría usted
a todo esto que está sucediendo en el Senado, un teatro, porque yo creo que
todos estos acuerdos populares no hacen más que remasterizar la farsa, que
quiere decir, mejorar el sonido, matizar la luz, porque la luz que les
está viniendo desde el extranjero los
está dejando los está dejando bien
lampareados.
Y yo creo que mientras estamos
distraídos en estos intercambios, estamos perdiendo el objetivo fundamental:
¿Dónde están los estudiantes de Ayotzinapa y de quién son estos restos que
aparecen en tantas fosas?
Que urge además que se informe con
veracidad a los padres de familia que protestan, porque les ha dado “reunionsitis”
a las autoridades y los citan a encuentros y encuentros, y ellos ya no quieren
más encuentros, lo que quieren es encontrar a sus hijos.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ:
Senadora, su intervención es para una pregunta, senadora.
-LA C. SENADORA LAYDA SANSORES SAN
ROMÁN (Desde su escaño): Sí, sí, ya le pregunté que si ¿no cree que es un
teatro? Pero además pedirle si es posible que usted exhorte al Senado a que con
urgencia solicitemos medidas cautelares para el Padre Solalinde, quien es un
luchador social y que por decir, dar información que nadie quiere oír, pero
muchos quieren acallar, podría estar en peligro su vida.
Gracias.
-EL C. SENADOR MANUEL BARLTETT DÍAZ:
Muchas gracias, senadora. Ahora les voy a dar la respuesta, que es larga
también. No, no es cierto, vamos a ser muy serios.
Pero lo que dice Layda es absolutamente
cierto, nos pedimos en este análisis constitucionalista ¿verdad? Y se nos
olvida que están las familias sufriendo, que hay furia, indignación de la
población auténticamente. Luego salió por ahí que es la guerrilla o alguna cosa
así. No, la población está indignada.
Y luego ahora dice Layda que están
amenazando al Padre Solalinde, que no tuvieron tiempo de recibirlo en la
Procuraduría ayer, no tuvieron tiempo, porque estaban ocupados en quién sabe
qué.
Tiene usted razón, yo le pediría al
Senado que tengan en cuenta que hay una amenaza a un luchador social conocido,
respetado y al que hay que cuidarlo.
Les acabo de leer una serie de
artículos para que quede claro….
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ:
¿Concluyó su respuesta, senador?
-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ:
Sí, yo creo que sí, ahora voy a concluir mi intervención.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Muy
bien. Adelante con su intervención.
-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ:
Sí, yo creo que sí, ahora voy a concluir mi intervención. Gracias, Layda.
Ya les presenté la Constitución ¿eh? Y
no estamos responsabilizando al Presidente de la República, haciéndole a él
partícipe de pactos; no, no. Bueno, de pactos sí, pero no de los otros. Estamos
responsabilizando de su actuación como Presidente de la República.
Si no lo señalamos, no habrá solución
¿eh? porque él es el responsable de todo esto que he leído yo ¿verdad? Desde la
investigación y la responsabilidad de aclarar la verdad, que se sabe por ahí.
Hasta poner en orden al país, en orden.
No el orden del terrorismo público
estatal o Estado, sino el orden. Necesita el Presidente entender que esas
reformas estructurales no son la solución de este país ahorita, él piensa que
sí; si no resuelve el tema de seguridad a nivel nacional, este país está
condenado a la implosión. Entonces, no lo escondamos, él es el responsable, él
es el Presidente, su dinero le costó; pero los votos los recibió.
En consecuencia, hay que decirle, desde
aquí del Senado, qué él es responsable.
Ya del Gobernador ya hubo suficientes
acusaciones. No me voy a sumar ni tampoco a defender, pero tenemos que tener un
Presidente que gobierne con la Constitución en la mano para que haya seguridad,
para que haya servicios, para que la pobreza de ese país no engendre más y más
actos como éste ¿verdad? Eso es lo que necesitamos. Necesitamos un Presidente
de la República dedicado a México, a la población, a los pobres, a la justicia
social, más que un señor vinculado con los grandes intereses de las
trasnacionales y lo que quiere el imperio en relación a la superficie al
territorio nacional. Es lo que necesitamos.
Necesitamos un Presidente de la
República. No se lo oculten ¿eh? No lo protejan. Necesitamos un Presidente y él
es responsable de acuerdo con la Constitución.
Muchas gracias por su atención.
(Aplausos)
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ:
Gracias, senador Bartlett.
Hemos concluido la participación de las
fracciones parlamentarias. Les recuerdo que en próxima Sesión habrá una
discusión amplia para que todos los oradores interesados en este tema puedan
participar.
Solicito, en consecuencia, a la
secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el
acuerdo de la Comisión de Gobernación.
-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ:
Consulto a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
Quienes estén porque se apruebe, favor
de levantar la mano.
Quienes estén porque no se apruebe,
favor de levantar la mano.
Aprobado, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ:
Aprobado el acuerdo. Comuníquese.
Compañeras y compañeros senadores.
Hago de su conocimiento que las demás
iniciativas y las proposiciones de la agenda de hoy se turnarán a comisiones.
Las Efemérides inscritas en nuestra
agenda del día se integran en el Diario de los Debates.
Se levanta la Sesión y se cita a la
siguiente el próximo jueves 23 de octubre a las 11:00 horas.
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