5 nov 2014

Informe preliminar de la Comisión legislativa sobre el caso Ayotzinapa

Este martes 4 de noviembre se presentó en el pleno de la Cámara de Diputados, un informe preliminar de la Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones relacionadas con los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos. En ese sentido los integrantes de este órgano legislativo y los grupos parlamentarios fijaron sus posicionamientos. 
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es comentarios relativos al resumen de actividades presentado por la Comisión Especial de seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos. Para presentar el informe tiene la palabra el diputado José Guillermo Anaya Llamas, presidente de la comisión, hasta por siete minutos. 



El diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, Presidente. Compañeras y compañeros diputados: el día de hoy presentamos ante este pleno el resumen de actividades hasta hoy desarrolladas por la Comisión especial de seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero a los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos.  http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/nov/20141104-II.pdf
El trabajo de esta comisión se ha caracterizado por estar alejado de tintes políticos y buscando la justicia y el desenvolvimiento de la verdad ante hechos que nos duelen a todos los mexicanos.
El posicionamiento que doy el día de hoy ante ustedes como presidente de esta comisión trata de ser lo más objetivo y puntual, ya que después cada grupo parlamentario fijará su postura en lo particular.

En este informe se da cuenta de todas las acciones desarrolladas que muestran las múltiples aristas que hemos encontrado en el seguimiento de una serie de investigaciones, no sólo la ministerial, por estos lamentables hechos.
Hemos visto a grandes sectores de la población, a las organizaciones civiles, a la Academia, a la Comisión de Derechos Humanos, a la autoridad federal y a la autoridad local, las expresiones de frustración e impotencia expresadas en las calles de las ciudades de Guerrero, de esta capital y de otras ciudades alrededor de México y del mundo como reacción ante la percepción pública, de la poca celeridad con que ministerialmente se ha tratado el asunto, pero no podemos olvidar que si bien una investigación ministerial debe de resolverse en un plazo razonable, no menos cierto es que debe considerarse la complejidad del asunto y los actores involucrados.
Ante los hechos, encontramos una ausencia de estándar nacional homologado desde los puntos de vista penal y pericial para realizar un seguimiento estricto de protocolos de búsqueda y localización de personas, según los estándares internacionales.
No obstante, reconocemos la cooperación que hasta ahora han mostrado todas las autoridades con las cuales hemos requerido reuniones de trabajo e informes sobre la atención de los expedientes de queja de presuntas violaciones de los derechos humanos y la integración de las investigaciones penales.
Si bien, la labor de allegarnos de información sobre el seguimiento a la investigación de los hechos aún no ha sido concluida. Contamos con elementos preliminares que hacen presuponer que en el fuero común y en el fuero federal se cometieron irregularidades graves en las investigaciones sobre las desapariciones forzadas sufridas por los estudiantes de la Escuela Norma Rural.
Se cometieron garrafales errores como el de no actuar puntualmente como lo establecen los protocolos internacionales de organismos de derechos humanos, pues en casos de este tipo, es vital la actuación de la autoridad en las primeras 72 horas, pues una desaparición forzada tiene por lo menos tres elementos básicos:
La primera, la privación de la libertad, el no saber dónde están los jóvenes;
El segundo, que la privación de la libertad haya sido hecha por particulares o por la autoridad, en este caso los policías municipales; y,
Tercero, la negación del paradero hasta el día de hoy de los jóvenes.
Si bien, existen procedimientos cuasijurisdiccionales en paralelo como el de la Comisión Interamericana, no debe afectarse, sino complementarse con el ámbito de competencia de las autoridades ministeriales correspondientes para la continuación de la investigación de los hechos sufridos por los estudiantes normalistas.
No podemos dejar de lado la dolorosa posición, tanto de los familiares como de los estudiantes sobrevivientes. Debe evitarse la zozobra que ya sufrieron por la desaparición de sus familiares. Nuestras actividades de seguimiento aún continúan, y aún faltan muchas diligencias por desahogar y diversas autoridades que todavía deben remitirnos información, como puede ser: la inspección ocular en Iguala con apoyo técnico de servicios periciales, reuniones de trabajo con Sedena, Segob, la PGR, el Cisen, la Comisión Nacional de Seguridad Pública, reunión con el gobernador interino y el fiscal general de justicia de Guerrero, reunión con el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas y sostener también reunión de trabajo con el equipo argentino antropólogo forense.
Reiteramos que las investigaciones deben desahogarse en un plazo razonable, pero tampoco pedimos de una solución rápida y a contentillo en detrimento de la verdad de los hechos. Conocemos a las víctimas, hay señalamientos claros de quiénes fueron parte de los ejecutores, contra quienes ya se han ejercido diversas acciones penales, pero aún falta complementar esas acciones con el esclarecimiento del paradero o la suerte de los estudiantes desaparecidos.
El derecho a la verdad abarca tanto el ámbito de las familias de los estudiantes, de los que perdieron la vida, como de la sociedad mexicana e internacional en su conjunto, porque el derecho a la verdad tiene aspecto tanto individual como colectivo, entraña la identidad y sanción de los responsables y en el caso de desapariciones forzadas particularmente entraña el derecho a conocer el paradero o la suerte de las víctimas.
Todo esto no excluye la sanción por omisión de todos los responsables jerárquicos y de todos aquellos que hicieron caso omiso de su responsabilidad de proteger cuando tuvieron noticias de los hechos que sucedían en Iguala, incluso de preverlos conociendo los antecedentes criminales del ex alcalde y de sus familiares.
Como sabemos, en la madrugada de hoy fueron capturados el ex presidente municipal de Iguala y su esposa, señalados como responsables de los hechos, ellos nos permite confiar en tener nuevos datos que estas personas aporten a la policía y contribuirá a localizar a los jóvenes, pero no sólo eso, sino que también pueden aportar datos que lleven a las autoridades a ejercer acción penal contra sus cómplices, aun si estos se encuentran enquistados en el gobierno.
Reconozco desde aquí la colaboración y disposición de mis compañeros diputados y de mis compañeras diputadas que integran esta comisión especial, pues en el afán de contribuir al objeto que nos fijó este pleno siempre han estado dispuestos a contribuir y reunirnos con quienes consideremos necesario, aportando valiosos puntos de vista para la presentación del resumen de actividades y el buen desarrollo de los trabajos encomendados. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Anaya. Damos la bienvenida a los alumnos de la Preparatoria General Nicolás Reyes Alegre, de San Matías Cocoyotla, del estado de Puebla, invitadas e invitados por el diputado Julio César Lorenzini Rangel. Bienvenidas y bienvenidos al pleno de la Cámara de Diputados.
Compañeras, compañeros, la Junta de Coordinación Política acordó que en el marco de la presentación del informe preliminar que ya ha sido presentado por el diputado Guillermo Anaya, se abriera un espacio para agenda política para hablar sobre el tema. En tal virtud los grupos parlamentarios han registrado a diputadas y diputados para fijar el posicionamiento sobre el tema de los hechos lamentables de Iguala y lo que es ampliamente conocido por todas y por todos.
El acuerdo es que haya participación en orden ascendente de las distintas fracciones parlamentarias, hasta por siete minutos. Así, ha registrado la fracción parlamentaria de Nueva Alianza a la diputada Sonia Rincón Chanona; del Partido del Trabajo, la diputada Lilia Agilar Gil; de Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Mejía Berdeja; del Partido Ecologista de México, la diputada Ruth Zavaleta Salgado; del Grupo Parlamentario del PRD, la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero; de la fracción parlamentaria del PAN, el diputado José Alfredo Botello Montes y de la fracción parlamentaria del PRI, el diputado Manuel Añorve Baños.
En consecuencia, vamos a iniciar las participaciones de las fracciones parlamentarias. Les informo también que hay algunas solicitudes para participación de diputadas y diputados a través de la solicitud de rectificación de hechos.
Vamos a buscar que la participación sea equilibrada y en consecuencia desahogaremos en este momento sólo los posicionamientos de las fracciones parlamentarias. Durante el desahogo de estas participaciones trataremos el otro asunto con los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Por lo tanto tiene la palabra hasta por siete minutos, la diputada Sonia Rincón Chanona, de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza.
La diputada Sonia Rincón Chanona: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, a menos de un mes de la instalación de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, de la cual soy integrante, presentamos un resumen de actividades, mismo que puede ser consultado completamente en la Gaceta Parlamentaria.
En el documento se plasma a manera de resumen las reuniones que se realizaron con diversos funcionarios, como aquí nuestro compañero Guillermo Anaya Llamas lo ha expuesto ante este pleno.
Tuvimos reuniones con funcionarios del órgano federal y local, con organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. No obstante, no hemos logrado tener la reunión con los familiares de los 43 desaparecidos, debido a que no tienen confianza en la clase política. Este sentimiento de desconfianza no es solamente de los familiares, sino es de una generalidad en nuestro país, porque estamos viviendo momentos muy complejos en materia de seguridad pública.
Estamos frente a un Estado desarticulado en el que existe una gran corrupción política, ya que en ocasiones las personas electas para un cargo público se olvidan para lo cual fueron elegidos. Es decir, en lugar de brindar protección a la ciudadanía y respetar sus derechos humanos, anteponen sus intereses de poder y para ello son capaces de violar impunemente los derechos humanos de cualquier persona.
Hoy amanecimos con la noticia de que fueron detenidos en la madrugada el ex edil de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, por parte de un grupo de elite de la Policía Federal de Iztapalapa del Distrito Federal. Estas acciones son congruentes con la información proporcionada en nuestras reuniones con la PGR y con la Secretaría de Gobernación, en la que nos comentaban que un grupo de inteligencia estaba tras las pistas del paradero de estas personas prófugas, situación que aportará información que lleve a esclarecer estos hechos y el lugar donde se encuentran los alumnos desaparecidos.
El día de hoy hay más de 62 individuos detenidos e inmiscuidos en estos hechos tan lamentables, pero faltaban estas personas que tienen mucha información que proporcionar, sobre todo lo más importante es el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos.
Los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza manifestamos nuestra más amplia solidaridad a los familiares de los jóvenes normalistas y de las personas que perdieron la vida en esos lamentables y dolorosos, indignantes e inaceptables hechos de violencia, suscitados en el estado de Guerrero el día 26, 27 de septiembre del año en curso.
Condenamos enérgicamente estos hechos de violencia que enlutan hogares guerrerenses y provocan indignación nacional. Expresamos nuestra inmensa preocupación por el respeto intrínseco e irrestricto de los derechos humanos de las víctimas, tanto directas como indirectas y, sobre todo, la reparación integral del daño causado.
Frente a estos hechos de violencia no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad, esto debe expresarse con toda claridad frente al mundo en consonancia.
Compañeras y compañeros, por el bien de todos estos delitos deben de investigarse y resolverse a la brevedad posible, siempre en cumplimiento al Estado de derecho, nadie, absolutamente nadie puede estar por encima de la ley.
Es necesario que el gobierno realice acciones concretas y contundentes para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y el sistema de justicia del país. Es imperativo replantearnos el modelo de coordinación en materia de seguridad pública, de tal manera que blindemos a las instituciones de la corrupción y de los grupos del crimen organizado.
Es urgente reafirmar nuestro compromiso de garantizar los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, haciendo un énfasis especial en aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Es cuanto, diputada presidenta. Por su atención, gracias.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada Rincón Chanona. Saludamos a alumnos y padres de familia de la escuela primaria Miguel Ángel de Quevedo, de aquí del Distrito Federal, invitados por el diputado René Fujiwara Montelongo.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Y le damos la palabra ahora, para fijar postura, a la diputada Lilia Aguilar Gil, hasta por siete minutos.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, presidenta. Con la venia de la asamblea. Pareciera que el país que queremos dibujar o del que se habla en las reformas estructurales es un país distinto al que se vive en las calles.
Tenemos que reconocer que somos un país con alta incidencia de violencia, donde pareciera que no prevalece la ley ni el Estado de derecho sino las complicidades y la corrupción.
Este tema, inclusive para poder discutirse en esta Cámara de Diputados, tuvo que pasar por un proceso porque había quienes se sentían ofendidos que tratáramos el tema de Ayotzinapa como un fracaso sistémico del respeto a los derechos humanos en este país.
Es cierto, hay inconformidades e indignación, pero hay inconformidades e indignación en la calle, no solamente por los asesinatos, las desapariciones, las violaciones de derechos humanos sino porque esto se ha vuelto, nos guste o no, un problema estructural y porque entonces pareciera que el poder público es uno, el de las reformas estructurales. Y que el país vive una realidad distinta, el del día a día, donde las reformas estructurales no les dan de comer pero tampoco les dan oídos a sus necesidades, inclusive quiere desaparecerlos, como inclusive en este tema se ha dicho que hay la necesidad de restructurar el proyecto de las normales rurales.
Nosotros podemos resumir Ayotzinapa en cosas muy sencillas, 43 desaparecidos, 6 muertos, el gobierno del Estado no intervino a pesar de haber tenido conocimiento desde las seis de la tarde de que había iniciado la visita de los estudiantes.
El Ejército, al que fueron a tocarle a su puerta, no intervino. No atraparon no solamente al secretario de Seguridad Pública, a pesar de que lo podían haber hecho sino que tampoco pudieron o tuvieron la capacidad en el gobierno estatal de poner la vigilancia para que Abarca y su esposa no se fugaran, ahora hallados, un tiempo casi, casi 40 días después de la tragedia.
Retraso en la intervención del gobierno estatal pero también del gobierno federal, de 72 horas que son claves para la búsqueda de personas. La desaparición forzada de los 43 estudiantes que a pesar de que el Estado mexicano no lo quiere reconocer es un crimen de lesa humanidad.
Un sistema de búsqueda de personas completamente débil, desestructurado y no productivo. No sabemos el móvil de la desaparición. La criminalización de los jóvenes, la idea de la desaparición de las normales rurales y simplemente una evidente desestructuración del gobierno en su conjunto frente a una crisis de derechos humanos.
Los hallazgos de las fosas, de las decenas de fosas clandestinas, que pareciera que no son personas porque en el momento en que se descartan que tienen que ver con este caso, simplemente se echan a un lado y entonces el Estado mexicano específicamente la Procuraduría General de la República no se ha hecho la pregunta, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Por qué están ahí?
La desaparición forzada de personas, la ausencia del estado de derecho derivado de la vinculación de gobernantes con la delincuencia organizada, que pone en esta comisión y que pone en el Congreso de la Unión una gran pregunta, ¿hasta dónde está metido el crimen organizado? No solamente en las presidencias municipales, sino también en las gubernaturas, y sobre todo el querer minimizar y el querer ocultar la realidad.
Nos parece que la reunión que tuvo el Presidente Enrique Peña Nieto y el nuevo plan que emitió apenas la semana pasada es tardío. Es justo que no solamente las víctimas, sino también los sobrevivientes, no solamente no se sientan representados, sino que no confíen en el poder público razón por la cual por cierto esta comisión no ha podido reunirse con ellos.
Existen a la fecha 22 mil 322 personas no localizadas, los 43 son solamente el ejemplo de lo que está realmente sucediendo en este país y de la gran omisión que hay de la PGR en el tema.
El estado de Guerrero por su parte, ocupa desde 2011 las primeras posiciones de inseguridad por las cifras de incidencia delictiva, por cada cien mil habitantes la entidad registra la tasa más alta de homicidios dolosos, secuestros y robo de vehículos; la violación sistémica está en México y pareciera que los legisladores no queremos verla.
Ante la indignación de las víctimas y los familiares se crea esta comisión especial a propuesta del Partido del Trabajo, que tenía como objeto no necesariamente ser el ministerio público de este tema, sino ayudar y coadyuvar a la resolución y a que se siguieran los protocolos adecuados en la búsqueda de personas.
Sin embargo, estos son los resultados, tenemos que dentro de las primeras 72 horas en la búsqueda de personas, no solamente el gobierno del estado, sino también el gobierno federal no participó activamente y el gobierno del estado tiene acciones dudosas, eso lo sabemos por el informe que el mismo procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, nos dio en su momento cuando estuvimos en el estado.
El protocolo de búsqueda de personas no fue el adecuado. Los derechos de las víctimas y las familias no fueron respetados. No se les da información de calidad. No se les han entregado la información cuando menos de si hay pistas de sus familiares, están vivos o están muertos. No se les ha dado atención médica. No se les ha dado apoyo económico y, para colmo de males, la tan importantemente creada Comisión Nacional de Víctimas ni siquiera pudo estructurar un discurso aceptable en su comparecencia ante esta comisión especial, por no decir que no informó absolutamente nada porque el presidente de la misma no tenía la más mínima información.
Esa es la importancia que el Estado mexicano le daba a los derechos de las víctimas y es por eso que desde el PT hemos pedido la remoción del señor Rochín de esta comisión tan importante. No se cubrieron los derechos desde el principio de las víctimas.
El rol de la Policía Estatal fue lamentable. Las grandes contradicciones que existen entre la versión del que era el secretario de gobierno y el procurador en la época de Ángel Aguirre, son evidentes. Mientras el gobernador Ángel Aguirre decía que se habían enterado de los asuntos desde las siete de la tarde, el procurador decía que habían tenido información inmediata hasta las 11 de la noche. Pero sabían entonces que había violaciones y que había muerte en Iguala y decidieron no intervenir, lo mismo que el Ejército.
Las conclusiones a las que se puede llegar en esta comisión son muchas y no las hemos presentado en este reporte de actividades porque nos falta lo más importante. La reunión con las víctimas, con los familiares, con los estudiantes.
Desde esta tribuna yo hago un llamado a ellos para que confíen en las distintas fuerzas representadas en esta Cámara de Diputados de que queremos ayudarlos, pero sobre todo queremos ayudar a que los derechos a los que son susceptibles les sean cumplidos frente al gran fracaso del Ejecutivo municipal, estatal y federal.
Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Este es el gran caso de violación de derechos humanos en este país. La sistémica violación de los derechos humanos y la desaparición forzada que eventualmente el Ejecutivo federal tendrá que hacer frente y a al que tendrá que darle cara. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputada.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Le otorgamos la palabra ahora al diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, recordando que son hasta siete minutos para su intervención.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidenta. La respuesta y el manejo que se le ha dado a la actual crisis con relación a la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa ocurrida entre el 26 y el 27 de septiembre en el municipio de Iguala, así como la ejecución extra judicial de 22 personas en Tlatlaya, estado de México, ponen al descubierto la ausencia de protocolos y acciones del Estado mexicano ante las graves violaciones a los derechos humanos, poniendo de manifiesto la gran descomposición del sistema político mexicano.
No es la primera vez que nuestro país enfrenta situaciones como éstas, y la realidad indica que a 19 años de distancia las graves masacres a cargo de agentes del Estado siguen sin ser atendidas como debe de ser y las víctimas no reciben justicia ni reparación.
La justicia se sigue impartiendo por consigna y por amiguismo; es el botín político de unos y la ruina de otros. La destitución de personajes incómodos y una disculpa mustia para las víctimas y sus familias.
En 1997 Emilio Chuayffet renunció a su cargo en la Secretaría de Gobernación ante la falta de acciones contundentes y la presión social por la masacre de Acteal, durante el gobierno de Ernesto Zedillo. No sucedió nada más.
En 1995 el entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, solicitó licencia definitiva como consecuencia de la masacre de Aguas Blancas y no sucedió nada más. El gobierno federal ha puesto en bandeja la cabeza de otro gobernador, pero el problema sigue ahí.
Aún con la detención de Abarca el día de hoy por la madrugada, no ha sucedido nada más hasta ahora, porque la exigencia principal, el motivo de lucha de familiares y alumnos, sigue existiendo.
Una desaparición forzada que no es responsabilidad sino del propio Estado que ha atentado por años en contra de las normales rurales y su cuerpo estudiantil.
No podemos desvincular estos hechos que van ligados a la criminalidad desatada y a la narco política, con la polarización social que actualmente se vive en el país, donde la amplia mayoría sufre las consecuencias de la pobreza, el desempleo y la discriminación.
Estas heridas sociales se han agravado con la desaparición de los 43 estudiantes jóvenes normalistas, sin dejar de lado también la gravedad de casos como el de Tlatlaya, me centraré en lo de Iguala.
No quiero dejar de señalar que muchas de estas reflexiones las hemos comentado con legisladores de Guerrero, como los diputados Catalino Duarte, la diputada progresista y luchadora Rosario Merlín, el diputado Jorge Salgado, el diputado Miranda, el diputado Carlos de Jesús y todos ellos siempre preocupados por encontrar justicia en estos hechos.
A más de un mes de la desaparición forzada de los normalistas, queda claro que el gobierno federal encabeza un gobierno que miente, que maquilla los hechos y que ha hecho hasta lo imposible porque no se tipifiquen estos hechos como delito de lesa humanidad, desaparición forzada.
Lejos han quedado los discursos triunfalistas por la aprobación de las 11 reformas estructurales; ahora el país se desangra en la violencia criminal, en la violación de los derechos humanos y en la falta de respeto a amplios grupos sociales.
Cómo alguien como Peña Nieto puede aspirar a ser un gran estadista y a publicitarse internacionalmente cuando en México existe una violación sistemática de los derechos humanos, que no solamente se focaliza en un grupo, sino en diferentes grupos sociales.
Ante ello y ante los hechos que han sido narrados una y otra vez por diferentes autoridades, queda claro que existe una fuerte complicidad del poder con lo sucedido en Ayotzinapa y como siempre los grupos vulnerables son los que reciben la peor parte.
Como si no fuera poco para las familias de desaparecidos, ahora, en el colmo, se acusa a los jóvenes normalistas de posibles vinculaciones con el crimen organizado. Se construye una re-victimización de estos estudiantes que han sido golpeados sistemáticamente por su condición de pobreza, de precariedad y su necesidad de ser parte de la educación rural de nuestro país.
Esto se puede resumir en la reseña que hacen jóvenes normalistas y que ha sido documentada y señalada en medios de comunicación, donde dicen que ya heridos algunos de ellos, los fueron a visitar militares al hospital y después de maltratarlos, de encañonarlos, de cuestionarlos les dijeron: ustedes se lo buscaron.
Esa es parte de la criminalización que están viviendo estos grupos sociales en el país.
Por otro lado, se permitió que transcurrieran 72 horas vitales para la búsqueda, sin que el gobierno federal tomara en serio el caso y sin que ni siquiera el procurador Murillo Karam se atreviera a decir en público que se trataba de desaparición forzada.
Fue hasta el 22 de octubre, casi un mes después, que a través de las redes sociales la Secretaría de Gobernación anunciara que se estaban concluyendo diligencias para acreditar el delito de lesa humanidad de desaparición forzada, mismo que se tipifica en un plazo máximo de 72 horas.
Por su parte, el presidente de la República actuó con incomprensible indiferencia y negligencia, se tardó 11 días en hablar en público desde que ocurrieron las desapariciones y tuvieron que transcurrir 33 días para reunirse con los padres y familiares de estudiantes desaparecidos.
Señoras y señores legisladores, de estos hechos y otros más que son parte ya del paisaje cotidiano nacional, podemos afirmar que nuestro país se encuentra actualmente en una crisis humanitaria.
México está en una crisis humanitaria, en una situación en donde existe una amenaza contra la vida de las personas esparcida a nivel nacional, su salud, seguridad y la capacidad mínima de subsistencia de individuos y comunidades.
La realidad no sólo está en Guerrero, está en la Sierra Tarahumara, en los municipios indígenas de Oaxaca, en los cientos de mujeres asesinadas en el estado de México, Chihuahua, Guanajuato. Nuestro país enfrenta una ola de salvajismo como nunca antes.
Y en tal virtud queremos señalar algo que es muy importante y con ello concluyo. Está pendiente una reunión con el secretario de la Defensa Nacional en la cual insistiremos una y otra vez, porque Ayotzinapa es además una omisión viva de lo que hizo el Ejército.
En Iguala está asentado el 27 Batallón de Infantería que cuenta con 450 elementos. No actuaron en defensa de los jóvenes y sí se trasladaron a los hospitales a amedrentarlos, por eso queremos tener la reunión con el secretario de la Defensa Nacional.
Sobre ello, queremos señalar que hasta el 21 de octubre ni la CNDH ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni ninguna autoridad había mencionado si quiera una investigación relacionada con los integrantes del Ejército, que en el menor de los casos negaron auxilio a mexicanos siendo atacados por agentes en el momento desconocidos, y en el peor pudieron haber participado en los hechos.
México ha sido acusado en el examen periódico universal el año pasado de no reconocer la competencia del Comité de Desapariciones Forzadas para recibir quejas individuales, argumentando que México se encuentra en días de instaurar sus propios mecanismos. Y hoy, que la realidad se nos atraviesa, queremos señalar las omisiones en materia de cumplimiento de los tratados internacionales en materia de los derechos humanos.
México de no corregir estos hechos, de no castigar ejemplarmente a los responsables, sean de nivel municipal, sean de nivel estatal o sean de nivel federal, se constituirá en un Estado fallido y en un Estado ausente del respeto a los derechos humanos. Vivos los llevaron, vivos los queremos. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado Ricardo Mejía.
La diputada Julisa Mejía Guardado (desde la curul): Presidenta, por alusiones personales.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Perdón, pero en este formato de posicionamiento no caben las alusiones, diputada. Se está tratando ahora, como se les informó antes, en la Junta de Coordinación Política el acuerdo para una segunda ronda probable de rectificación de hechos, y en ese momento tendrán esa oportunidad los grupos parlamentarios.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Damos la palabra ahora a la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por siete minutos para fijar postura.
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Presidenta, para rectificación de hechos. Diputada, le pido que me otorgue sonido en la curul, ni siquiera sabe lo que voy a comentar.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Con mucho gusto, diputado. Sonido en su curul.
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Muy buenas tardes al pueblo de México. Primero agradecer que me otorga el sonido y la oportunidad de opinar. Pedirle que me pueda considerar al final del posicionamiento de cada grupo parlamentario para rectificación de hechos, pero además porque el diputado de Movimiento Ciudadano hizo alusiones precisas al diputado Catalino Duarte y es para el tema.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Sí, diputado, recogemos su solicitud y estamos a la espera del acuerdo de los grupos parlamentarios para las rondas que serían de rectificación de hechos. Y hemos otorgado la palabra a la diputada Ruth Zavaleta. Adelante, diputada.
La diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias. Con su venia, presidenta. Honorable asamblea, este tema, recordarán cómo comenzamos a discutirlo: inmediatamente sucedidos los hechos. Apenas había sido jueves, viernes, sábado, domingo y el martes esta honorable asamblea ya discutía el tema de Guerrero, ya se veía como un problema de crisis nacional por algunos actores políticos que hemos tenido el pulso de lo que pasa en el estado de Guerrero y en algunos estados de la república, respecto a cuestiones de inseguridad y sobre todo de impunidad.
Pero no hay que decir mentiras si queremos aclarar los hechos porque también, compañeros y compañeras, hay que decir las cosas por su nombre. Mentira que nos hayamos opuesto los compañeros del PRI y del Verde a nombrar las cosas por su nombre exacto.
Sí fue desaparición forzada en el estado de Guerrero, en el municipio de Iguala y sí fue crimen de Estado ordenado por un presidente municipal y también se debe de reconocer que el día de hoy, y un reconocimiento al gobierno federal, y no sólo por eso sino por otras cosas que voy a mencionar aquí, la detención de ese señor que seguramente aclarará muchas cosas que hoy tenemos pendientes, la de mayor importancia descubrir qué ha pasado con los 43 desaparecidos.
Compañeras y compañeros, qué bueno que la Comisión no ha utilizado políticamente la información que se le da a cada uno de sus integrantes, pero qué pena que muchas veces tengamos que ver en la prensa cosas que no se dicen aquí en la tribuna.
Yo me quiero unir a lo que pronunció la diputada Lilia hace días, respecto a que al gobernador del estado de Guerrero se tenía que hacer juicio político, porque si ella siendo integrante de un partido que apoyó la propuesta de ese candidato y posteriormente como gobernador, y el presidente municipal de Igual, es muy legítimo y por ello nos queremos unir a esa propuesta  que ella realizó, porque después de lo que escuchó esta Comisión nos queda claro que la mayor omisión y el mayor problema radica, no en lo que hemos construido la Federación, sino lo que se ha construido o no se ha construido en cada estado de la república.
Sí es cierto que estamos hablando de dos Méxicos; uno el que estamos construyendo a nivel federal y otro el que existe en los estados de la república, pero qué, compañeros, ¿no siempre estamos manifestando nuestra exigencia de reconstruir el federalismo? ¿Qué no acaso ha sido una demanda constante de poder fortalecer los estados de la República?
No hemos construido quizás en el mismo nivel la democracia federal con la democracia estatal, y ese es el problema, pero el problema tiene nombre y apellido, el problema también tiene que ver con nuestros partidos políticos. Y precisamente es ahí donde nosotros debemos de concentrar nuestras energías.
De nada sirve que nos estemos señalando mutuamente nuestras culpas, lo que tenemos que construir en este momento es un nuevo pacto federal, un nuevo pacto para que podamos combatir la impunidad en cada estado de la República, en cada municipio, caiga quien caiga, compañeros.
Aquí el problema es que cuando le va a afectar a un partido político negocia con otro y entonces constantemente no se hace justicia, se hacen tapaderas, se hace impunidad y eso ya no lo podemos seguir permitiendo, porque precisamente este problema de Iguala tiene que ser el ejemplo de la crisis que nos debe motivar a unirnos en este momento a reconstruir el Estado de derecho y reconstruir la posibilidad de la paz mexicana.
Compañeras y compañeros, no es cierto que el presidente de la República sea el responsable, el presidente de la República y el gobierno federal ha hecho todo lo posible para poder salir de esta crisis.
El problema lo conocemos muy bien, el problema se llama estados de la República y tenemos que poner de nuestra parte en cada estado y en cada municipio, reconstruir lo que no hemos visto o lo que se ha perdido.
Compañeros diputados, compañeras diputadas, espero de verdad que el día de hoy se pueda saber qué pasó con los 43 normalistas que aún están desaparecidos. Pero también es mentira que no se les ha dado apoyo a los familiares de las víctimas. Ahí están los medios de comunicación que consigna la propia reunión con el presidente de la República.
¿En dónde está la omisión? La omisión está en algunos partidos que propusieron ese gobierno y que no han querido asumir la responsabilidad y que se han cobijado tras un discurso donde ahora convocan a un acuerdo nacional, pero que en los días previos donde tuvo mayor importancia e impacto su participación fueron omisos, o aún más, se reunieron con los actores que ocasionaron estos conflictos sin informarle a la autoridad.
Compañeras y compañeros, sí debe de haber responsables y sí debe de haber culpables. No debe haber impunidad. Tenemos que unirnos para que no haya impunidad ni en este ni en ningún caso.
Lamentablemente este problema ha originado que en todos los estados de la República se estén señalando actores políticos, que quizá están o no están involucrados en asuntos indebidos, pero aquellos que lo estén tienen que estar ante la justicia. No debe haber impunidad de hoy en adelante. Tenemos que unirnos para cobijar a los ciudadanos que han confiado y creído en nosotros. Tenemos que reconstruir la República, compañeras y compañeros, éste es el momento, aprovechemos la crisis para salir adelante unidos.
Yo los conmino a que todos nos unamos con el presidente Enrique Peña Nieto y reconstruyamos el pacto federal, que es urgente en este país. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias a usted, diputada Ruth Zavaleta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Le damos la palabra a la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del PRD, para fijar postura hasta por siete minutos.
La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Sí, diputada Lilia Aguilar, sonido en su curul.
La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): He sido abiertamente aludida en el discurso anterior y como sé que no me va a dejar pasar a la tribuna, simplemente voy a clarificar por el hecho al que he sido aludida.
Yo agradezco la atención que ha tenido la diputa Ruth Zavaleta en leer lo que saca la prensa de mí y entiendo también su enojo y su defensa. Yo simplemente quiero clarificar algo.
La propuesta de juicio político que se presentó por una servidora fue para análisis dentro de la Comisión Especial, quien ha presentado -y hay que reconocérselo- la solicitud de un juicio político ha sido el diputado Manuel Huerta, no solamente para el ex gobernador Ángel Aguirre, sino también para el procurador general de la República y para el señor Miguel Osorio Chong.
En el tema de las interpretaciones y las defensas yo no tengo nada más qué decir que esto no es un asunto de diferencia su ataque. Un crimen de Estado -ella es abogada- tal y como está estructurado no quiere decir que se cometió nada más en Iguala, sino que demuestra un fracaso sistémico de este tema. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Quedan registradas sus palabras, diputada Lilia Aguilar.
Y tiene el uso de la palabra la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, adelante, diputada.
La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Con su venia, presidenta. Los terribles casos de las ejecuciones en Tlatlaya y los asesinatos de Iguala, de desaparición forzada de los normalistas de la Escuela Normal de Ayotzinapa, han servido, compañeros y compañeras diputadas, como dos vitrinas que claramente exponen la grave situación generalizada de corrupción, impunidad y violencia que azota a México.
Ésta es una verdad. Esto es un hecho contundente que el Estado no puede negar y si lo negamos, diputadas, estamos mal. Es tan crítico este momento, que la sola exigencia de los padres y los familiares de las víctimas es: vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Es evidente que la cifra de asesinatos que nos ha venido diciendo la Secretaría de Gobernación, en donde dice que había disminuido, es totalmente falsa, ya que estamos viendo que con la aparición todos los días de una fosa nueva es claro que ahí están esos asesinatos, en calidad de desaparecidos en todo el territorio nacional. Ante esto enuncio las siguientes consideraciones.
Estamos ante un evidente caso de ausencia y conducción del Estado en materia de seguridad pública, luego de conocer las contradicciones, vacíos y desinformación de parte de las instituciones federales directamente encargadas de la conducción de las investigaciones.
La ampliación de la inconformidad de las propuestas, las movilizaciones son un indicador directo, a propósito de la solidez con que hasta ahora se han desarrollado las pesquisas para encontrar a los responsables y los argumentos que tuvieron para actuar y cómo lo hicieron.
Hasta el momento el móvil del crimen colectivo sigue siendo motivo de rumores y especulaciones. La extraordinaria violencia con la que se desarrollaron los hechos denota no solo la inutilidad de una serie de medidas para contener la criminalidad en México, sino también la mala aplicación de las sanciones por parte de las procuradurías de los más de 50 policías municipales de Iguala y Cocula detenidos, que hasta el momento no sabemos ni cuál es su nivel de participación y responsabilidad penal.
En los gastos extraordinarios reportados a la Auditoría Superior de la Federación, los que correspondan a las actividades de inteligencia y seguridad en el país rebasan el 50 por ciento del autorizado, sin que se perciban claramente resultados proporcionales a este gasto asignado.
Es indispensable que conforme haya ampliaciones presupuestales se tengan claros resultados en el trabajo que están haciendo, en particular, sobre la conducción en las investigaciones resalta la clara improvisación, inconexión y sobre todo, la ausencia de profesionalismo, capacidad técnica para recuperar la valiosa información en el terreno de los hechos. No obstante, contar con la calidad apropiada de los recursos humanos, así como la asistencia del personal profesional que han tenido que venir a hacernos peritos extranjeros ante la incapacidad de los peritos que están trabajando en la PGR.
A más de un mes y una semana de los acontecimientos, lo único que ha ido en aumento es la comprensible indignación de las familias y comunidades afectadas, así como las muestras de apoyo y solidaridad en todo el país y en el extranjero a nuestros estudiantes desaparecidos.
La cantidad de intereses que se entremezclan en la realidad del estado de Guerrero, en el municipio, incluso con la clara complicidad de las áreas de inteligencia del gobierno federal, llevan a pensar respecto a en qué otras entidades de la República está pasando lo mismo y se están haciendo de la vista gorda.
Debemos, precisamente, no dejar de lado que buena parte de esta crisis que vive el país se debe al modelo económico que por años empobrece a millones de mexicanos, tal y como lo constatan las cifras del Coneval y del INEGI. La ausencia de una auténtica política social que promueva el desarrollo de las comunidades no ha dado resultado, hasta ahora, la aplicación de los modelos del gobierno federal.
La respuesta de amplios sectores sociales, de medios de comunicación convencionales supone también que esta crisis no es coyuntural sino que se va a ir agravando con el tiempo.
Como nunca, la legitimidad del gobierno, sus instituciones, procedimientos y leyes se encuentran sometidas a la supervisión de la sociedad, queda claro que mientras más tiempo pase sin que se ofrezcan resultados esto será proporcional al desgaste de esa imagen falsa que han querido construir de un presidente de la República eficiente.
Dicha posibilidad es sin duda el principal problema y desafío con el que hoy el gobierno de la República se enfrenta; dar explicaciones técnicas, retóricas o legales no puede satisfacer la necesidad imperiosa de informar con la verdad. La falta de información y agilidad para informar es lo que ha provocado de forma gradual y persistente que el foco de atención se haya desplazado obviamente hacia el gobierno de la República. Para el bienestar de la nación debe recuperarse el terreno perdido mediante acciones creíbles, no discursos.
Compañeros y compañeras diputadas, debemos de dar respuestas, hechos. La pesadilla está muy lejos de terminar. No queremos que se insista en la tesis ahora creada y maquillada de la pareja solitaria. Sabemos que existen responsables arriba de ese presidente municipal y complicidades de autoridades de inteligencia del gobierno federal, tanto en el ámbito formal como en el de las estructuras delincuenciales. Esta pareja no se manda ni se mandaba sola, actúa en contubernio con otras autoridades y se debe de investigar y se debe de castigar.
Asimismo, compartirles que el Cisen la verdad ha dejado mucho que desear, no ha habido un serio seguimiento de investigación de los hechos. Cómo es posible que después de tanto tiempo no hubiera ninguna línea de investigación acerca de las actividades de este presidente municipal. Y qué decir de las averiguaciones pendientes que tenía y que el propio procurador General de la República tenía conocimiento.
Y qué decir de las fallas de inteligencia militar estando un batallón en el lugar de los hechos, ya que en Iguala se encuentra precisamente esta actividad en donde sabemos que se desarrollan mecanismos de inteligencia. Y qué decir también de la inteligencia de la policía federal, cómo es posible que el C4 nada más funcionaban cuatro cámaras, que también no tendrían que haber sido responsables de la prevención de estos hechos tan lamentables. Ya hubo capturas en el ámbito municipal, ya hay ceses y renuncias en el ámbito estatal y estamos esperando y exigimos que a la brevedad también haya responsables del gobierno federal.
Creemos que la impunidad se ha empezado a combatir cuando haya responsables materiales intelectuales por acción y también por omisión compañeros diputados, en los tres niveles de gobierno.
Queremos llamar la atención de ustedes, diputadas y diputados, en razón de que a la fecha las víctimas y sus familiares no se han querido reunir de manera formal con los integrantes de esta Cámara debido a que pese los discursos de algunos legisladores, no hay confianza.
La ciudadanía, con este tipo de hechos, cada vez más pierde la confianza en sus instituciones y sobre todo en sus representantes populares, pues el informe que hoy se entrega no contiene dicha información, de voz propia de las víctimas, así como de las organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos que las han acompañado en este tiempo, por lo cual el informe que hoy se presenta, si es bien un avance de control parlamentario, no es suficiente compañeros, ya que es un informe que al momento carece de la parte fundamental de todo proceso de investigación: darles voz a las víctimas.
Por eso desde esta tribuna exhorto a las víctimas y familiares de las víctimas a que se acerquen a la Cámara, acercarnos nosotros con ellos y darles las garantías de que serán escuchados, atendidos y acompañados en todas sus justas demandas sin pretender, como algunos lo quieren hacer, lucrar, comprar o intimidar, a fin de querer cambiar versiones de un plumazo de lo que verdaderamente pasó ese día.
Por ello, compañeras y compañeros, no podemos permitir nunca más un servidor público pagado con el dinero de todos los mexicanos realizando actos delictivos en el país y peor aún, de lesa humanidad. No más.
Que caigan todos los responsables. Que encontremos vivos a los 43 normalistas, caiga quien caiga de los tres niveles de gobierno. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputada Rosas Montero.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Tiene la palabra ahora el diputado José Alfredo Botello Montes, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para fijar postura hasta por siete minutos. Adelante, diputado
El diputado José Alfredo Botello Montes: Con el permiso, presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Adelante.
El diputado José Alfredo Botello Montes: Compañeras y compañeros diputados. Desde cualquier ángulo que se mire atacar a jóvenes, sean estudiantes o no y desaparecerlos sin que se conozca el motivo, es totalmente condenable.
En el Grupo del PAN hemos señalado que la prioridad en el caso de los estudiantes desaparecidos de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa es buscarlos hasta localizarlos con vida.
En este caso de los estudiantes atacados y desaparecidos sale a la luz pública una serie de deficiencias, olvidos y complicidades que debieron desaparecer hace mucho tiempo en nuestro país. O, mejor dicho, no tienen cabida en un régimen democrático y de derecho como pretendía ser el nuestro.
Los datos que han sido arrojados a la opinión pública no hacen otra cosa sino confirmar un estado de cosas lamentables y señalo tan solo dos.
Primero. Policías coludidos con el crimen organizado, lo que nos da que no sólo se padece una deficiente capacitación y preparación de los cuerpos de seguridad municipal, sino que ahora la ciudadanía debe padecer un franco contubernio entre los que están para protegerla, con los delincuentes.
Segundo, autoridades municipales corruptas. Con ello queda evidente que algunas autoridades municipales están cooptadas por los delincuentes y que conviven con ellos a plena luz del día sin consecuencia alguna. Pero cuando estas deficiencias se juntan, los resultados los tenemos a la vista.
De acuerdo al resumen de actividades que presenta hoy la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, encontramos que sus actividades han sido serias, y lejos de protagonismo alguno han venido trabajando con formalidad y contundencia, por lo que esperamos en su momento, un informe completo y detallado de todo lo encontrados, manifestándoles desde esta tribuna nuestro respaldo y apoyo en sus tareas.
En el grupo parlamentario del PAN exigimos redoblar los esfuerzos de todas las autoridades encargadas de las investigaciones para que los jóvenes puedan localizarse con vida y regresar a sus actividades cotidianas; pero al mismo tiempo exigimos que se les dé toda la atención médica y psicológica que requieran, los heridos en esa noche aciaga, y los familiares de los desaparecidos.
Todo el peso del Estado para el castigo a los responsables. Por eso nos congratulamos de que la Procuraduría General de la República haya localizado en la madrugada de hoy, y presentado ante la justicia al presidente municipal de Iguala con licencia y a su esposa, para que respondan de su actuación tanto en lo penal, civil y administrativo.
Lo mismo debe ocurrir para el caso de las autoridades que hubieren actuado negligentemente en las investigaciones.
De igual forma pedimos que se finque responsabilidad a las autoridades gubernamentales que manifestaron omisiones, falta de pericia o claras omisiones en diversas etapas de tan lamentable situación, como por ejemplo, no vigilar adecuadamente al presidente municipal de Iguala y permitir su huida, cuando ante las evidencias de los hechos pudo haber proporcionado oportunamente información que hubiera ayudado a resolver las cosas.
No podemos dejar de lado que las autoridades federales, concretamente la Procuraduría General de la República tuvo una tardanza de ocho días para calificar o recalificar el delito bajo el tipo legal de desaparición forzada, mismo que es de competencia del fuero federal y al estar contenido en el Código Penal Federal y por lo tanto actuar en consecuencia.
Consideramos que se debe realizar una depuración estricta, completa y exhaustiva a los cuerpos policiales en todo el estado de Guerrero, dando seguimiento a las actividades de los elementos que sean cesados. Misma situación debe aplicarse también en el caso de los servidores públicos que participan y hayan participado en las áreas de procuración de justicia.
Esa depuración de los cuerpos de seguridad es elemental para la protección y seguridad de los habitantes del estado de Guerrero, pues no basta con el plan de seguridad que se anunció por el secretario de Gobernación el pasado 29 de octubre, por el cual la seguridad pública quedó a cargo de fuerzas federales. Son necesarias la depuración y capacitación de todos los elementos policiales y muchas acciones más.
En el Grupo Parlamentario del PAN exhortamos a los tres niveles de gobierno para implementar de inmediato en el estado de Guerrero las medidas necesarias para garantizar a los habitantes de la región el pleno ejercicio de sus derechos, así como la prevalencia del estado de derecho y la legalidad.
De la cronología que aparece en el resumen de actividades de la comisión especial queda de manifiesto, conforme a lo señalado por los organismos protectores y defensores de los derechos humanos, así como por lo informado por la Procuraduría General de la República, que estamos ante una desaparición forzada de personas, lo cual, de corroborarse, no hará otra cosa sino avergonzarnos a todos. La desaparición forzada de personas es práctica de gobiernos totalitarios y ante demócratas no puede emularse o tolerarse en regímenes democráticos como el nuestro.
Desde esta tribuna es correcto señalar que todos sumemos fuerzas y demostremos unidad para enfrentar los desafíos. Es necesario que a la par que se atienden los problemas de Iguala, se alerte ante lo que pueda suceder en otras regiones o estados del país, como ya se ha denunciado aquí en el caso de Quintana Roo, como también sabemos en el caso de Tamaulipas y muchos otros más.
No esperemos a que las dimensiones de los hechos o la tragedia ocurran para centrar la atención en los problemas, sino preverlos con anticipación. No debe haber mezquindad ni cálculo político en materia de seguridad. Ningún gobierno puede ser omiso o manifestar incapacidad ante hechos que atenten contra la integridad y seguridad de sus jóvenes y de cualquiera de sus ciudadanos.
Todos debemos actuar con responsabilidad. Eso es lo que esperan los mexicanos que nos eligieron. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputado Alfredo Botello.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Le damos la palabra ahora al diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para fijar postura, hasta por siete minutos.
El diputado Manuel Añorve Baños: Con su permiso, presidenta. El Grupo Parlamentario del PRI en esta Cámara de Diputados ha participado en esta comisión especial con la más abierta y franca disposición de contribuir con toda seriedad y responsabilidad para que los ciudadanos y este pleno conozcan la verdad de lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero y dar seguimiento a las investigaciones que realizan las autoridades y, por supuesto coadyuvar también con la autoridad federal.
Lo hacemos así, porque tenemos la convicción de que es indispensable partir de la verdad para encontrar después los mejores caminos que lleven a recuperar la tranquilidad, la paz, la concordia y la gobernabilidad en nuestro estado de Guerrero, sin olvidar que lo prioritario, lo más importante y urgente es que se conozca el paradero de los 43 jóvenes normalista de Ayotzinapa actualmente desaparecidos, con la petición que se sigan haciendo todos los esfuerzos necesarios para terminar con el dolor y la incertidumbre que viven sus padres, sus familias y sus comunidades.
Ante los hechos de Guerrero no puede haber indiferencia y mucho menos impunidad. Por ello, desde que el gobierno federal atrajo la investigación, se siguen dando resultados y ello destaca de manera particular la detención de Abarca y su esposa, y esto es apenas el inicio, como lo ha establecido el presidente Enrique Peña Nieto, donde ha dicho que no habrá impunidad y se aplicará la ley tope hasta donde tope.
Por supuesto, estamos frente a un problema que tiene en el centro la protección de los derechos de las víctimas y la aplicación de justicia para ellas. Es un tema en el que hemos coincidido quienes participamos en esta comisión plural, y bajo esa premisa hemos logrado construir este primer pre-informe que hoy se presenta.
Es importante que podamos continuar como hasta ahora, por encima –y así lo he dicho- de banderas ideológicas y alejados de consideraciones políticas.
Por eso la comunicación con las autoridades de todos los niveles con las que nos hemos reunido y nos sigan con estas reuniones permitiendo hacer una evaluación ponderada de las actuaciones de cada quien, sin repartir culpas o hacer exculpaciones adelantadas en enjuiciamientos que no nos corresponden.
Lo peor siempre de una investigación –y así no hay que perder memoria de la historia– es politizarla, por eso debemos no hacer juicios de valor y no perder de vista lo prioritario, como lo he dicho, que es encontrar a los 43 estudiantes. Ésa ha sido la instrucción del presidente Enrique peña Nieto a su gabinete de seguridad y ésa es su disposición y compromiso como primer mandatario, y así lo ha manifestado de manera reiterada.
Adicionalmente quiero expresar desde esta tribuna que mi grupo parlamentario tiene claro que el Ejército Mexicano es una institución respetable, un pilar sólido de nuestras instituciones democráticas y que merece el mayor reconocimiento como siempre se lo ha dado el pueblo de México.
Amigas diputadas y amigos diputados, reitero la prioridad de nuestro grupo parlamentario por sobre cualquier otra cuestión es que aparezcan –y así lo reitero– los 43 jóvenes normalistas. Y seguiremos coadyuvando en este comité, con las autoridades competentes de todos los niveles de gobierno para alcanzar ese objetivo.
Por supuesto, nos sumamos a la convocatoria que ha realizado el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para construir un pacto que fortalezca al Estado de derecho y evite que casos como el que hoy nos ocupa vuelvan a repetirse. Ésa es una tarea en la que nadie debe de excluirse y en la que todos, fuerzas políticas, instituciones del Estado y ciudadanos, estamos llamados a participar por todos nosotros y por México. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado Manuel Añorve Baños.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene el uso de la palabra, en una segunda ronda, el señor diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: ¿Con qué objeto, diputada Socorro Ceseñas?
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Primero ponga sonido. Ya. Gracias. Presidente, para que me haga favor de anotarme en rectificación de hechos en este tema de la agenda política.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Deseo –si me permite, diputado Huerta Ladrón de Guevara– informar a esta asamblea que la agenda política se está desahogando en términos del artículo 101 del Reglamento de la Cámara de Diputados, es decir, no proceden mociones y en todo caso lo procedente es que los grupos parlamentarios fijen sus posturas con relación al informe preliminar que ha rendido la Comisión Especial.
De hecho, esta segunda ronda, señoras legisladoras y señores legisladores, se ha abierto por virtud de la petición de los grupos parlamentarios y con la facultad que tiene esta Presidencia, lo estamos obsequiando. De suerte que, de tener interés de participar a nombre de su grupo parlamentario, le sugeriría de modo respetuoso lo haga por conducto del coordinador de su propio grupo. Muchas gracias. Por favor, diputado Huerta, adelante.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias. La desaparición forzada compromete al Estado mexicano desde el 9 de noviembre de 2002, al entrar en vigor la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. El artículo 215 del Código Penal Federal determina que comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que, independientemente de que hay participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención.
Desde el 27 de septiembre los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa denunciaron que 58 de sus compañeros se encontraban desaparecidos, señalando que tenían indicios de que algunos normalistas se encuentran retenidos en el cuartel del 27 batallón de infantería, con sede en Iguala.
Siete días después, el 4 de octubre, la PGR a través de la SIEDO anuncia la atracción de la investigación. El 6 de octubre, en conferencia de prensa, Murillo Karam informa que se trasladará a Iguala, Guerrero con el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, para encabezar personalmente las indagatorias y esclarecer el caso de los normalistas desaparecidos.
A 39 días no hay respuesta, existe un silencio que delata cómplices, encubrimiento. El informe parcial que hoy se presenta, si bien no es conclusivo sí es necesario atender omisiones graves en la investigación de la verdad. Se omite la información relativa a las fosas clandestinas con cuerpos humanos, una, cuatro, cinco, nueve, 12, 15, 19, ¿cuántas fosas? ¿Cuántos muertos? ¿A quién se encubre?
Desconocemos cuántas mexicanas y mexicanos que tienen derecho a su identificación y consecuencia investigación de los criminales responsables, ¿en que otros municipios del estado de Guerrero se han localizado fosas clandestinas? ¿Basta la licencia de Aguirre al gobierno del estado? ¿Se ha iniciado la investigación de sus omisiones y complicidades? ¿Quiénes más están implicados, la Secretaría de Seguridad Pública del estado, la Procuraduría de Justicia del mismo estado de Guerrero; la policía federal, el Cisen, el Ejército a través del 27 batallón de Iguala, que se encuentra a poco más de un kilómetro del lugar de los hechos? ¿El procurador Murillo Karam, que conoció de hechos del crimen organizado, del cual ahora el detenido es parte? ¿A quién se encubre?
Las complicidades no garantizan la vida de los 43 normalistas desaparecidos, la salud de los heridos y la vida de los asesinados a mansalva y alevosía. Fue un crimen de Estado, se grita en las calles, ¿quiénes son los responsables? Ahora se pretende que para evitar hechos como los sucedidos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, se anuncias un pacto por la seguridad.
¿Cómo creer en la viabilidad de un pacto por la seguridad, cuando el que lo convoca ha sido omiso en cumplir con sus obligaciones legales en su calidad de presidente del sistema nacional de seguridad? ¿Cómo creer en la viabilidad de un pacto por la seguridad, cuando se ha tolerado la complicidad a un procurador que desconoció e ignoró un clamor de justicia de las víctimas del hoy detenido ex presidente municipal de Iguala?
¿Cómo creer en la viabilidad de un pacto de seguridad, cuando la comandancia del 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, con su aparente omisión se asocia al crimen organizado? ¿Cómo creer en la viabilidad de un pacto por la seguridad, cuando los partidos políticos representados en el Congreso del estado de Guerrero guardaron silencio cuando se clamó el desafuero de José Luis Abarca Velázquez, por las víctimas de Unidad Popular de Iguala?
Esta Cámara de Diputados no puede ser cómplice del crimen de Estado, aún puede actuar con la verdad, con la justicia tan negada a miles de víctimas de la delincuencia organizada que impera en el sistema político y judicial de este país.
Escuchen a los jóvenes, escuchen a los familiares de las víctimas, que de nueva cuenta tienen que salir a protestar a las calles, lo harán mañana, 5 de noviembre, en esta ciudad.
Por mi parte aquí estoy, tratando de ser voz de todos estos ciudadanos, tratando de que ustedes reflexionen y de verdad, busquemos la verdad. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. No puede ser posible que sigamos siendo omisos –concluyo, presidente– a tan graves hechos. Es cuanto.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, el país vive una crisis sistémica. No se puede de ninguna manera ocultar, no se puede reducir el tema a un municipio o a un estado. Verlo desde ese punto de vista es equivocado.
Lo de Iguala fue la gota que derramó el vaso. Pero esto y este vaso se vino llenando de desapariciones masivas durante al menos los últimos 10 años, ante la ineficacia de las autoridades y la incredulidad de la sociedad.
Recordemos algunos antecedentes. El 20 de enero de 2005, entre Tenosique y El Ceibo, en Tabasco, desaparecen 12 jóvenes que realizaban una excursión en las montañas de la frontera entre México y Guatemala.
En diciembre de 2010, un grupo de 12 cazadores, de Guanajuato, fue detenido por policías municipales entre los municipios de Joaquín Amaro y Tabasco, Zacatecas, y hasta la fecha no se sabe nada de ellos.
El 18 de marzo de 2011, alrededor de 50 camionetas pick up irrumpieron en el municipio de Allende, Coahuila, secuestrando de manera violenta a cerca de 300 personas, apellidadas Garza, Gaytán, Moreno y Villanueva, presuntamente en venganza por el robo de un cargamento de cocaína de Los Zetas. No se volvió a saber del paradero de ninguno de ellos.
El 3 de agosto de 2011, un autobús con 11 campesinos poblanos migrantes que viajaban a Reynosa, Tamaulipas, desaparecieron antes de llegar a su destino.
El 12 de septiembre de 2012, un autobús de la línea Nortern Star América, con una decena de campesinos migrantes desapareció en Salvatierra, Guanajuato, entre Tarimoro y Celaya.
El 11 de noviembre de 2013, el autobús Futura, número 1084, con 30 pasajeros a bordo, que cubrían la ruta Zacatecas-México, desapareció entre los límites de Zacatecas y San Luis Potosí, desde entonces no se sabe nada de ellos.
La página Valor por Tamaulipas, una de cuyas colaboradores la doctora María del Rosario Fuentes Rubio, fue desaparecida y presuntamente asesinada por un cárter de la delincuencia en Reynosa, Tamaulipas, por lo cual la UNICEF ha reclamado la investigación exhaustiva al gobierno de México.
La página Yo Soy Red, que administra el bloguero Alberto Escorcia ha creado un mapa interactivo con más de 22 mil nombres de desaparecidos, con información más detallada y precisa que la propia lista de desaparecidos oficiales de la Segob.
Se propone otra, crear una especie de Wikileaks de los desaparecidos en México.
Es impresionante observar cómo en 70 por ciento del territorio nacional está cubierto con puntos rojos. De manera, preocupante así es el mapa de las desapariciones. Se sobrepone en la lámina de las casi 300 fosas clandestinas que se han encontrado en los últimos años, que se han encontrado en varias partes del país.
La noticia de la desaparición de estos 43 jóvenes normalistas en Iguala, ha generado la mayor crisis de credibilidad y confianza sobre el gobierno de México, porque cayó sobre esta conciencia colectiva, abonada con casi una década de desapariciones continúas, forzadas, silenciosas y varias de ellas masivas, donde las autoridades de todos los niveles se han visto rebasadas.
En este tiempo la inseguridad ha disputado el primer lugar con la crisis económica en su modalidad de desempleo o carestía de la vida, como el principal problema para los mexicanos, sin que se haya logrado revertir.
Si la apuesta oficial es que el tiempo olvide lo de Iguala y estas desapariciones que describo, están equivocados. No será así.
Nos parece muy grave lo que está pasando. Necesitamos revisar la estrategia de seguridad que debe empezar instalando una comisión de la verdad, que atienda no solo el caso de Iguala sino los más de 22 mil desaparecidos ocurridos en los últimos 10 años. El rastreo y localización de las fosas clandestinas a lo largo y ancho del territorio nacional, con la tecnología de punta que existe al respecto. Reformas legislativas para adoptar los estándares internacionales de castigo y prevención de desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad.
Reparación de daños a las familias de miles de víctimas con las propiedades y recursos incautados al crimen organizado y con recursos públicos.
Una reforma integral al Estado de derecho en sus vertientes policial, ministerial y judicial. Una reorientación educativa y cultural, y sobre todo, atender al problema económico.
No es un problema de localizar o de reubicar en un municipio esto que está pasando en México. Es muy grave y presidente, por cierto, muchas gracias por su tolerancia. Creo que ha redefinido su papel. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Ricardo Monreal Ávila.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México tiene la palabra el señor diputado Rubén Acosta Montoya, por favor, adelante.
El diputado Rubén Acosta Montoya: Gracias, presidente. Por supuesto que estamos de acuerdo en que lo que estamos viviendo con los 43 estudiantes desaparecidos es indignante. Pero también, no debemos olvidar que detrás de esto hay una cadena de omisiones, que por supuesto, no estamos jugando a que se olviden. Estamos jugando, más bien, el gobierno federal está llevando a cabo las acciones necesarias para esclarecer los hechos que no se pudieron esclarecer y que no se pudieron prevenir en el gobierno de Guerrero.
Porque no podemos olvidar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el 2013, dio un informe al gobierno de Guerrero respecto de los hechos que ocurrían, violentos, en ese estado. Y ningún partido político reclamó por esos hechos que consignaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos y mucho menos por las recomendaciones que estaba ahí.
Por el contrario, ya tenemos conocimiento de la cadena de omisiones que se vinieron haciendo sobre todo en este caso. Lo primero, permitir que un alcalde con esos antecedentes llegara a ejercer un puesto que jamás debió ejercer.
Lo segundo, un gobernador que lo consintió y no nada más eso, que no actuó con la celeridad debida en este hecho y en otros hechos que han resultado lamentables.
Lo tercero, que la primera explicación que se hizo pública por parte de ellos cuando fue la comisión especial a Guerrero fue: No supimos cómo se nos peló el alcalde. Eso es un descaro. Eso es lo que no podemos permitir, así como tampoco podemos permitir que se difame al gobierno federal. A nosotros no se nos peló, nosotros lo agarramos ayer; más bien hoy en la madrugada.
Pero no nada más eso, con otros estados que sí nos han permitido la colaboración en materia de seguridad sí ha habido resultados contundentes, y se los digo porque soy de Chihuahua. En Chihuahua, por ejemplo, los índices de delincuencia han bajado considerablemente, así como han bajado en Nuevo León...
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Rubén Acosta, ¿me permite, por favor?
El diputado Rubén Acosta Montoya: Claro, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: ¿Con qué objeto, diputado Catalino Duarte?
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Solo si me permite hacerle una pregunta al orador.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permítame, diputado Catalino Duarte. Esta Presidencia en funciones ha dado cuenta a la asamblea de que el formato que estamos desahogando no es un dictamen a discusión y por ende no es procedente una moción.
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Ya dijo que sí el señor legislador. El diputado ha aceptado la pregunta.
El diputado Rubén Acosta Montoya: No señor, no se la he aceptado porque primero se debía de pronunciar el presidente, y el presidente ha dicho que junto con su bancada el formato no fue aceptado.
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Por eso, ¿tiene miedo de contestar? Si está seguro de lo que está señalando, permita que le haga la pregunta, no tenga miedo a contestar. ¿Usted sabe a quién le corresponde atender el tema de la delincuencia organizada?
El diputado Rubén Acosta Montoya: No tengo ningún miedo y se la voy a contestar. Por supuesto que hubo omisiones en Guerrero y estoy totalmente seguro que en los estados en los que ha habido la colaboración institucional de los tres niveles de gobierno ha habido resultados favorables y uno de ellos es Chihuahua, y le puedo mencionar otros más en los que no ha habido resultados favorables porque los gobiernos perredistas no lo permitieron es en Michoacán y en Guerrero.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Rubén Acosta, concluye con esta reflexión su participación por el tiempo, para efectos de que se registre que quien otorga el uso de la palabra es esta Presidencia, por favor.
El diputado Rubén Acosta Montoya: Gracias, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la palabra el diputado Roberto López Suárez, para fijar la postura del mismo. Adelante, diputado.
El diputado Roberto López Suárez: Gracias, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputado.
El diputado Roberto López Suárez: Agarraron al presidente municipal, ahora localicen a los desaparecidos sin son tan eficientes. La desaparición forzada constituye una violación de las más graves a los derechos humanos, que afecta tanto a las personas que han desaparecido como a los familiares, amigos y conocidos.
La familia de los 43 jóvenes hasta el momento desconoce el paradero. Si están siendo torturados, si fueron asesinados, y hay responsabilidades en todos los niveles de gobierno. A nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal.
Mienten quienes vienen a decir aquí que el 27 Batallón de Infantería no tenía responsabilidades. Claro que tenían responsabilidades y tienen responsabilidades de lo que pasó. ¿Cómo es posible que un batallón de Infantería que además tiene inteligencia militar, que además está destacado ahí, se supone que para combatir al narcotráfico y a la delincuencia organizada no supiera de las actividades delictivas de narcotraficantes y autoridades municipales, estatales y seguramente federales?
Mienten quienes quieren exonerar al Ejército mexicano. Tienen que rendir cuentas. Este informe de actividades parcial de la comisión especial carece del sentido más claro, le falta el elemento fundamental. ¿Por qué no han llamado a dar testimonio a las víctimas y a los testigos de los hechos? ¿Por qué no lo han hecho?
El presidente de la comisión, cuando yo lo señalé en el pleno la semana pasada, se atrevió a decir: Pásenme el teléfono de los muchachos para llamarles o darles mi teléfono. Hagan una convocatoria pública. Ya los recibió el presidente de la República y esta comisión que está para coadyuvar, ¿ni siquiera los cita?
Hay una responsabilidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por supuesto. En lugar de estar en campaña el presidente de la comisión, debería de presentar un informe sobre los hechos de Iguala, cosa que no ha hecho.
El Ejército Mexicano tendría que explicar qué hizo esa noche y madrugada, dónde estaban. Hay testimoniales de los muchachos que han señalado a los medios de comunicación, que había militares presentes pero no actuaron.
También les quiero decir que la Policía Federal, al igual que el Ejército, estaba en la zona y tampoco tuvo una intervención o quién sabe si la intervención fue para ayudar también a los delincuentes o a los policías municipales.
Hoy hay un movimiento social muy importante y pretenden muchos legisladores tapar el sol con un dedo. Veintisiete países tienen gente en la calle manifestándose para que aparezcan los 43 estudiantes; más de 40 universidades del país están en un paro y convocaron a uno nuevamente.
Y aquí la Comisión Especial no puede llamar a las víctimas para que den testimonio de los hechos.
¿Qué pedimos al gobierno estatal y al gobierno federal? Que sigan la pista para los autores intelectuales y los que faltan, aparte de los que ya aprehendieron, que aparezcan los 43 muchachos, que esperemos que estén con vida, y que además esclarezcan los hechos, que se han presentado, como aquí han señalado algunos compañeros legisladores, no solamente en el caso de Iguala, en todo el país tenemos desapariciones forzadas.
Hay varias organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional, que ha planteado que en esta parte del sexenio llevamos más desaparecidos que en la guerra de Calderón; siete veces se ha aumentado el Presupuesto en materia de seguridad y no hay resultados. Al contrario, tenemos una crisis en las instituciones, de impartición de justicia en este país y hoy vemos cómo una gran movilización social exige resultados.
Qué casualidad que hoy que capturan al supuesto líder de la banda, quieren cerrar la investigación prácticamente. No, esto no ha terminado, tienen que aparecer los muchachos.
Y también pedimos que los peritos argentinos no sean retirados de la investigación, porque después puede resultar que aparezcan unos cuerpos y que digan que son los muchachos y no sean los muchachos. Tienen que aparecer. Vivos se los llevaron y vivos los queremos.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Roberto López Suárez. Denme oportunidad de saludar a un grupo de adultos mayores que nos visitan de la Colonia Reforma Lomas, y de la comunidad de La tinaja de la estancia de Querétaro. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por su visita; los ha invitado el diputado Marcos Aguilar Vega.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Le otorgo el uso de la palabra al señor diputado Carlos Alberto García González para que fije la postura del Grupo Parlamentario del PAN. Adelante, por favor.
El diputado Carlos Alberto García González: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: los hechos ocurridos los pasados 26 y 27 de septiembre de este año, donde lamentablemente se produjo la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, seis ejecuciones extrajudiciales, torturas y demás violaciones graves a los derechos humanos no sólo de las víctimas directas o indirectas de estos delitos, sino en sí constituye una herida abierta al pueblo mexicano.
Un Estado que se precie de ser democrático y de derecho no puede permitir que estos delitos se cometan en contra de persona alguna. Además, debe generar los instrumentos legales y las políticas públicas que sean capaces de anticiparse y remediar estas graves violaciones.
En este caso desafortunadamente se dieron todas las condiciones para que estos hechos se pudieran prevenir; una entidad federativa con una evidente debilidad institucional, con la mayor incidencia en delitos como homicidio doloso por cada 100 habitantes, con una fuerte desigualdad social y económica.
Los lamentables hechos ocurridos en Iguala pudieron, compañeras y compañeros, haberse evitado. El contexto enrarecido por nexos de grupos del crimen organizado con autoridades políticas no son nuevos; desde el 2011 existen averiguaciones previas y diversos señalamientos y acusaciones que fueron ignorados por funcionarios de todos los órdenes de gobierno.
En Acción Nacional siempre nos hemos pronunciado por el respeto a la dignidad humana. No sólo nos preocupan los desaparecidos en Iguala. No debemos olvidar, compañeros, que de conformidad con las cifras oficiales, existen más de 22 mil desaparecidos en este país, personas con nombre y apellido que no son ni deben ser tratadas como números; son seres humanos que pertenecen a sus familias y a sus comunidades, personas con dignidad que queremos de vuelta.
En el PAN nos pronunciamos porque las inconsistencias en las investigaciones y procedimientos periciales, así como la deficiencia en la atención y protección a las víctimas no se repitan, porque no vuelva a haber omisiones en la calificación de delitos como éste, que es la desaparición forzada de competencia.
Para ello, este Poder Legislativo tiene mucho que hacer. Todos debemos de considerar la creación de una ley general contra la desaparición que incluya la homologación y aplicación de protocolos de búsqueda y localización de personas desaparecidas, incluyendo la regulación de procedimientos de exhumación de los seres humanos.
Estamos ahorita en el momento para garantizar que las partidas presupuestales sean consecuentes con los objetivos nacionales de alcanzar de a de veras el derecho a la verdad y el acceso a la justicia.
En ese sentido vemos con preocupación que las partidas a la Unidad Especial de Investigación para Personas Desaparecidas de la PGR, sólo se le otorgue en el proyecto de Egresos 15 millones de pesos.
En Acción Nacional no vamos a lucrar con el sufrimiento de las víctimas, pero tampoco permitiremos que prevalezca la impunidad de los actores de los órdenes de gobierno involucrados y velaremos porque los responsables tengan la jerarquía que tengan, sean llevados ante la justicia.
Abogamos porque se encuentre a los 43 jóvenes desaparecidos con vida. Exigimos que las víctimas indirectas, los familiares, estudiantes y comunidad en general sean debidamente atendidas por el Estado mexicano. Trabajaremos porque estas gravísimas violaciones a los derechos humanos sean sancionadas y, sobre todo, que no vuelvan a repetirse en nuestro país.
Es cuanto, señor presidente. Por su atención a todas y a todos los diputados, muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Muchas gracias a usted, diputado García González.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene el uso de la palabra para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRI, el señor diputado Leobardo Alcalá Padilla.
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Catalino Duarte. ¿Dígame con qué objeto, diputado Catalino Duarte?
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Presidente, primero lamentar que la Junta de Coordinación Política cerró a fondo esta discusión. Es un tema importante, no nos dieron oportunidad a diputados federales de Guerrero, de fijar algunas cosas importantes.
Pero aprovecho muy rápido para señalar que los diputados federales de Guerrero tenemos en nuestro poder documentos oficiales en las que oportunamente informamos a Osorio Chong, al procurador general de la República de lo que estaba pasando en la entidad. Eso, en el momento que usted considere, lo ponemos a la vista del pueblo de México.
Por el otro lado nos preocupa muchísimo que las posturas de algunos actores políticos solamente se centren en el tema de Iguala. Tenemos documentados cientos y cientos de hechos que tienen que ver con la delincuencia organizada y Manuel Añorve lo puede corroborar cuando fue presidente municipal...
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado, Catalino Duarte...
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): ... en Acapulco. Termino, termino.
Nos dicen que el presidente de la República no tiene culpa, se está tratando de delitos que tienen que ver con la delincuencia organizada y el pueblo de México sabe que tratándose de la delincuencia organizada le corresponde al gobierno federal atender el tema.
Sé que a Ruth Zavaleta le preocupa...
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Concluya, diputado Catalino Duarte.
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Le preocupa el hecho de que le diga que Héctor Beltrán era –no sé si recuerde quién era su operador financiero...
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Duarte...
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): No sé si lo recuerde. No sé si se acuerde de Goyeneche, militante del Partido Verde, y que valdría la pena pidieran también se investigara porque seguramente esa fracción sabe del tema.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Catalino Duarte, concluya por favor.
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Le agradezco la comprensión. Adelante, señor orador.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias. Señor diputado Alcalá Padilla, tiene usted el uso de la palabra. Y reconocemos su paciencia, y el respeto al derecho de su participación pugnaremos por ella como también de la asamblea, por favor, adelante.
El diputado Leobardo Alcalá Padilla: Muchas gracias, presidente. Y para ser más ágiles desde esta tribuna le digo: no voy a aceptar preguntas, no voy a aceptar interpelaciones, y creo que intentaría ser lo más claro posible.
Pues claro que sí hay responsables, caray, claro que existe un responsable, y es un presidente municipal; claro que existen responsables, y es un gobernador hoy con licencia y un presidente municipal que lo acaban de sacar de su madriguera y que ha sido ya detenido. Sí, claro que sí hay responsables.
Y ahora resulta que muchos de los que apoyaron tanto al de Iguala como al propio gobernador ahora ya los desconocen con una singular alegría, cuando hoy muchos de ellos estaríamos –y muchos de nosotros– tratando de saber cuáles van a ser las respuestas que ellos nos van a dar.
Claro que existen, claro que existen responsables. Y les pediría que no desviemos la atención, el tema de ahorita es 43 seres humanos que en este momento están desaparecidos. Y desde esta tribuna hago un amplio reconocimiento a las Fuerzas Armadas, a la Marina, al Ejército por el trabajo y porque siguen siendo de manera institucional pilares de esta nación.
Conocer la verdad y de lo que ocurrió en Iguala entre el 26 y 27 de septiembre pasados es un imperativo de la justicia, un deber de consciencia y una obligación solidaria con quienes hoy exigen con toda razón que se les dé respuesta sobre el paradero de sus hijos.
Encontrarlos, saber de ellos, ofrecer respuestas, pero respuestas ciertas, a los familiares es una tarea prioritaria y que no cabe el desaliento ni puede escatimarse ningún esfuerzo y que también para castigar a los responsables de las muertes que se dieron en esas fechas.
Es por ello que aquí no nos desgarremos las vestiduras, no veamos partidos políticos, hay responsables, y ya lo dije, sí, sí hay responsables, hoy lo que debemos hacer todos en conjunto y los tres niveles de gobierno es tratar de buscar a toda manera que estos jóvenes puedan ser encontrados.
Tenemos la convicción de la conformación plural y felicitamos a la propia comisión que está representada por todos los partidos políticos y que le ha imprimido una solidez, un equilibrio, un propósito esencial que es conocer con certeza qué paso y cuáles fueron las circunstancias que propiciaron los hechos tan lamentables.
Hoy quiero manifestar que como todos sabemos, sí apareció ya el criminal Abarca, saliendo ya de su madriguera en Iztapalapa, y coincidentemente en Iztapalapa, y también y ojalá no se asusten, gobernada por Jesús Valencia, que por cierto es gente de Marcelo Ebrard.
Ahora sí, preguntemos al criminal Abarca. Todo mundo queremos saber qué pasó, pues ahora vamos viendo cuántos son sus cómplices para que podamos llegar al a verdad. Confiamos en que muy pronto habrá más resultados de esas investigaciones y estaremos pendientes de conocer los detalles.
Llamamos a todas las fuerzas políticas aquí representadas, sin distingos ni ideologías, y de las banderas políticas, a seguir contribuyendo desde nuestra trinchera. No aceptamos las declaraciones irresponsables de Ángel Aguirre, donde señala que existe infiltración de grupos delictivos en la Normal Rural de Ayotzinapa.
Me parece no solamente lamentables, son temerarias sus declaraciones y no lo vamos a aceptar. Es irresponsable lo que se declara. Es cuanto, presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputado. En rectificación de hechos no hay preguntas, no hay alusiones. Una moción de procedimiento, diputado Zárate. Sonido para la moción del diputado Zárate, por favor.
El diputado Fernando Zárate Salgado (desde la curul): Gracias, presidente. Una moción de procedimiento consistente en expresar que apenas está empezando el debate.
Yo creo que con la inteligencia y con la prudencia que usted en sus actos ha demostrado, debería someter a consideración del pleno abrir una nueva ronda cuando menos de tres minutos, para que pueda en realidad, para que en realidad se pueda seguir discutiendo. Aunque yo creo que usted en el ejercicio de sus atribuciones y en el cumplimiento de la ley y los principios de la Ley Orgánica y del Reglamento de esta Cámara, podría unilateralmente abrir una nueva ronda, por lo tanto yo se lo solicito de la manera más atenta.
La diputada Angelina Carreño Mijares (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Permítame, diputada, permítame. La Junta acordó, compañeras, agenda política para tratar el tema que ya ha sido ampliamente discutido y además se abrió una segunda ronda para desahogar las inquietudes que con justicia y con razón han expresado compañeras y compañeros. De tal manera que agotada la segunda ronda el punto ha terminado su discusión.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputado Belaunzarán.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Lo que pasa, presidente, es que se vertió en la tribuna una insidia muy fuerte. Y estaba originalmente planteada la rectificación de hechos, que es precisamente para contestar ese tipo de afirmaciones. Y en un acuerdo que se llegó después de la Junta dejan la posibilidad de contestar.
Si dicen o la insidia es que porque fue encontrado alguien en una delegación que tiene dos millones de habitantes ahí se ve el contubernio, les preguntaría si todos los narcos que se descubrieron el sexenio pasado en el estado de México implican el contubernio del gobierno de Enrique Peña Nieto. La verdad es que eso sería absurdo, pero hay que medirnos con la misma vara.
Lamento profundamente que sean incapaces de mirar por encima de las urnas. Esta es una crisis de Estado. El crimen organizado está por todas partes infiltrándose y aquí solamente buscan a ver cómo sacan raja política de la próxima elección. Es una mirada muy pequeña, porque va a salir la liebre por todos lados, porque el problema sigue.
Si ellos lo quieren simplemente circunscribir a un municipio, a un lugar, se equivocan, el problema es mucho más grave y mucho más grande. Lamento la cortedad de miras.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados y senadores del Grupo Parlamentario del PAN.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señoras diputadas y señores diputados, permitan que continúe la Secretaría con el orden del día.
Remítase a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen y a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su opinión.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para el Control de la Cannabis y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por los diputados Fernando Belaunzarán Méndez y Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del PRD. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud, de Justicia y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibió de la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 150 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su dictamen.
La diputada María del Rosario Merlín García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Permítame, diputado secretario. Diputada Merlín, ¿con qué objeto?
La diputada María del Rosario Merlín García (desde la curul): Únicamente, presidente, compañeros y compañeras diputadas, para decirles que este agravio nada más a la humanidad, no sólo a los jóvenes de Ayotzinapa, pero que ellos sí están exigiendo que esa plática que tuvieron con el presidente de la república haya la entrega de los jóvenes, porque si bien todos nos proclamamos porque se encuentren y los presenten.
De acuerdo a los informes de los 600 civiles desarmados que están buscando y que nos dieron esa información, cuando van a llegar y han llegado a un lugar donde encontraron 20 colchonetas hace unos días y comida recién comprada, la Gendarmería antes de llegar dice: alto, regresemos porque está oscureciendo y vayamos más tarde. Al regresar al otro día temprano ya fueron movidos estos jóvenes, y en tres lugares o personas, jóvenes o personas, pero más de 20 han sido movilizados. Ellos concluyen.
Y aquí hago el llamado y el exhorto a la Presidencia de la República y a la Procuraduría y a la Secretaría de Seguridad Pública, que dejen de obstaculizar el encuentro y la entrega de estos jóvenes. La Gendarmería, que en lugar de ayudar, está previendo o, parece ser, avisando que ya van a encontrarlos.
Y una cosa más, este pacto...
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Concluya, diputada, por favor.
La diputada María del Rosario Merlín García (desde la curul): Déjenme terminar, compañeras. Ojalá no fuera tu hijo el que está perdido, de ninguno de los que están aquí. Ojalá.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputadas, permitan que termine la señora diputada.
La diputada María del Rosario Merlín García (desde la curul): Y por ello, no sólo a nombre de los jóvenes de Ayotzinapa, a nombre de la humanidad, que el presidente de la república nos entregue, él tiene la información y sabe dónde están, porque la Gendarmería le informa cada momento que actúa, cada momento que se mueve, y ese pacto de seguridad que tanto proclama, es como querer votar. A ver vamos a votar para que yo sea la presidenta de la república. Si ya está. La seguridad ya está, la seguridad está en la Constitución de la República, nuestra Constitución, qué pacto vas a firmar si la seguridad es competencia del Estado en lugar de estar desapareciendo y matando a nuestros hijos.
Y algo, para terminar nada más decirles, señoras, compañeras, compañeros, a nombre de todos los familiares que se han acercado para reclamar estas fosas y que les han contestado, no solo los de Ayotzinapa que les han contestado que sus desaparecidos posiblemente estén en esas fosas que han sacado y que no tienen para el ADN, para saber si es su hijo o es su esposo y los han vuelto a echar a la fosa común.
Es el exhorto a la federación, que se aplique dinero para hacer el ADN de estos cuerpos que han encontrado en esas fosas. Y no han sido 27, en unas fosas 60 cuerpos, en otras 30 según informes de los mismos compañeros civiles que están recorriendo esta zona.
Vivos se los llevaron pero a todos vivos los queremos, a todos los ciudadanos que han desaparecido.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En los términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan. Publíquese el turno en la Gaceta Parlamentaria.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (15:27 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 6 de noviembre del año 2014, a las 11 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 de la mañana.

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