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Ayotzinapa. Prueba de fuego para el gobierno de Peña Nieto

 Prueba de fuego para el gobierno de Peña Nieto/GLORIA LETICIA DÍAZ
Revista Proceso No 2001, 7 de marzo de 2015

Incapaz de hacer justicia en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, a finales del año pasado el presidente Enrique Peña Nieto se sintió acorralado y tuvo que firmar un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recibir asistencia técnica. El director del Centro Prodh, Mario Patrón Sánchez, quien firmó el documento en representación de los familiares y las víctimas, considera que el gobierno puede pagar altos costos políticos si descalifica a los especialistas –como al equipo forense argentino o el comité contra las desapariciones de la ONU– o no cumple sus indicaciones.
 La intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de manera directa en el caso Ayotzinapa, a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), revela lo lejos que está el gobierno de Enrique Peña Nieto de librarse del escrutinio internacional por los abusos cometidos en México.
 Integrado por los prestigiados especialistas en derecho penal y derechos humanos Claudia Paz y Paz, Francisco Cox Vidal, Alejandro Valencia Villa, Ángela María Buitrago y Carlos Martín Beristáin, el GIEI inició sus trabajos el domingo 1.
 En Atyotzinapa tuvieron un acercamiento con padres y madres de los estudiantes desaparecidos, de los heridos y de los tres fallecidos, así como sus representantes legales; en el Distrito Federal se reunieron con la nueva titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, y con Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). (también se reunieron con el pleno de la CEAV, y el martes 10 lo harán con legisladores de la comisión especial del caso).

 El GIEI se conformó a partir de un acuerdo de asistencia técnica entre el organismo regional y el Estado mexicano. Su operación es una muestra de “cómo la CIDH está viendo a México, como un país que pasa por una grave crisis de derechos humanos”, advierte Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una de las organizaciones que representa a las familias de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre pasado.
 En entrevista, Patrón Sánchez reflexiona sobre los alcances del acuerdo de asistencia técnica firmado por representantes de Peña Nieto en noviembre del año último, y acerca de los riesgos políticos de no atender las observaciones de los expertos independientes.
 El director del Centro Prodh, también firmante del convenio internacional, resalta que los hechos de Iguala son tan graves que “por primera vez la CIDH manda un grupo de expertos con unas amplias facultades y posibilidades”, en un hecho “sin precedentes”.
 Si bien la Comisión Internacional otorgó una asistencia similar para el caso de la muerte de la activista Digna Ochoa, en esta ocasión el resultado de las indagatorias del GIEI “es vinculatorio en la medida en que fue el propio Estado quien asume su compromiso de someterse a ese mecanismo de escrutinio. Los padres lo solicitan, ellos (los integrantes del gobierno de Peña Nieto) dicen que sí y se fue construyendo”, relata Patrón Sánchez.
 Desde su punto de vista, el mencionado acuerdo fue posible “por el momento político”, a partir de la reunión que los familiares de los desaparecidos tuvieron con Peña Nieto el 29 de octubre, en Los Pinos, aprovechando las medidas cautelares que la CIDH otorgó desde el anterior día 3.
 “El gobierno federal entró tarde al caso Ayotzinapa, y cuando lo hizo se le revirtió el costo político, porque más allá de que se tratara de un caso en una entidad federativa, a nivel internacional es México el que tiene que responder”, comenta el abogado.
 Recuerda que, ante el escándalo internacional, “el gobierno federal desplegó una serie de capacidades institucionales como no lo ha hecho en ningún otro caso de personas desaparecidas, pero no fue suficiente en términos de verdad, justicia y reparación. Era evidente que querían pero no podían”.
 Entonces Peña Nieto se vio obligado a abrir las puertas de Los Pinos. “En ese momento político es que los padres y las madres dicen: ‘Si ustedes no pueden, traigan expertos que sí puedan’, y en ese contexto, por presión, se negocia el acuerdo”. Para Patrón Sánchez, el gobierno federal “se vio acorralado”, pues si hoy se pusiera sobre la mesa el mismo acuerdo, “no lo firmaría”.
 Según el convenio, del que Proceso tiene copia, el objetivo de los expertos independientes es elaborar planes de búsqueda de los normalistas desaparecidos, para lo cual analizarán lo que han hecho las autoridades, si han aplicado “todos los dispositivos urgentes y protocolos desarrollados por instituciones federales”; si se usaron “los medios tecnológicos más adecuados y actualizados” y si “se ha contado con las condiciones necesarias para realizar el trabajo de identificación forense”.
 Los especialistas pueden evaluar “si en la investigación se están agotando correctamente todas las líneas de investigación, particularmente los vínculos entre la delincuencia organizada y actores estatales, empleando figuras legales adecuadas para el encuadre de los ilícitos y de la responsabilidad penal”.
 De acuerdo con el documento firmado el 12 de noviembre, el GIEI “estará facultado para actuar como coadyuvante en las investigaciones, así como presentar las denuncias penales para la persecución del delito que corresponda ante las autoridades competentes, de conformidad con la normatividad mexicana vigente”.
 También tendrá poder para “proponer la adopción de medidas adicionales que garanticen la seguridad de las personas que colaboren en las investigaciones que se desarrollen, ya sea en calidad de testigos, peritos o colaboradores, de conformidad con la normatividad mexicana vigente”.
 Los expertos deberán elaborar un “Plan de Atención Integral a las víctimas y sus familiares”, con base en “los más altos estándares internacionales, las mejores prácticas regionales y la Ley General de Víctimas”, a fin de “brindar la atención y reparación integral necesaria a las víctimas y a sus familiares”.
 Al firmar el convenio, el Estado mexicano expresa “su disposición” para fortalecer “sus capacidades institucionales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como las de investigación de casos de desaparición forzada”.
 Para ello, el Estado se comprometió a dar a los expertos “pleno acceso” a los expedientes de las investigaciones y causas penales iniciadas, así como a la información pública gubernamental, “incluso cuando no se encuentre agregada a las actuaciones de las indagatorias o causas penales iniciadas”.
 Igualmente, se le otorgan al GIEI garantías de acceso a las “instalaciones, infraestructura, recursos y medios necesarios para realizar su trabajo, a dar seguridad para la realización de su trabajo” y a la “formalización de la asistencia técnica mediante el instrumento normativo que corresponda”.
 El convenio refiere que el plazo del GIEI para desarrollar su labor “será de seis meses y podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo, en consulta con la CIDH y con las partes”; sin embargo, en los primeros tres meses los expertos emitirán “recomendaciones operativas continuas” sobre los puntos anteriores.
 En cuanto al Estado, que designó un grupo interinstitucional “de alto nivel” para “encauzar las recomendaciones y necesidades operativas de los expertos”, se compromete “a cubrir todos los gastos en que incurra el Grupo Interdisciplinario de Expertos, garantizando en todo momento su plena independencia y autonomía de gestión”.
 El acuerdo fue reforzado seis días después con un “Addendum”, en el cual el Estado mexicano garantiza “los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el desempeño del Grupo Interdisciplinario de Expertos, conforme al derecho internacional aplicable, incluyendo la inmunidad contra toda forma de detención o arresto personal y embargo de equipaje personal y la inmunidad contra todo procedimiento judicial, legislativo y administrativo en relación con los actos ejecutados y las expresiones emitidas en el desempeño de sus funciones, así como la inviolabilidad de sus documentos y su correspondencia”, en el entendido de que el GIEI “deberá respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor”.
 Se agrega que ninguna de las disposiciones del acuerdo “constituye una renuncia expresa o tácita a los privilegios e inmunidades de que goza la Organización de Estados Americanos (OEA), sus órganos, su personal y sus bienes y haberes”.
 En la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) firmaron, por el Estado mexicano, el representante permanente ante la OEA, Emilio Rabasa Gamboa; el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco; la subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio y la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García (las dos últimas ya dejaron sus cargos por candidaturas a diputadas plurinominales por el PRI y por el PVEM, respectivamente).
 Por la CIDH firmaron el relator para México de la CIDH, James Cavallaro y el secretario ejecutivo Emilio Álvarez Icaza Longoria; Patrón Sánchez figura como representante de los familiares y víctimas.
 El director del Centro Prodh aclara que el gobierno de Peña Nieto aportó un millón de dólares a la OEA para la asistencia técnica, pero eso no significa “que el Estado mexicano le pague a los expertos; su relación es estrictamente profesional con la CIDH. Tan es así que ellos están despachando en la oficina regional de la OEA, en Polanco, no en una oficina del gobierno mexicano. Son expertos nombrados y avalados por la CIDH, independientes del Estado e incluso frente a nosotros”.
 Amplias expectativas
 Aunque los especialistas llegaron más de tres meses después de la firma del acuerdo, para Patrón sigue siendo oportuna: “Hoy tenemos un contexto de polarización en una disputa por la verdad histórica, y consideramos que el grupo de expertos, desde su autonomía, desde su independencia, puede construir puentes hacia la verdad y la justicia, haciendo el monitoreo y el escrutinio”.
 También prevé que la labor del GIEI dará lugar a un debate político relacionado “con que lo que los expertos vayan indagando y diagnosticando, y va justo a poner a prueba la actuación del Estado mexicano”.
 –¿El GIEI corre el riesgo de que la autoridad mexicana descalifique su trabajo como hizo con el del Equipo Argentino de Antropología Forense? –se le pregunta.
 –Los argentinos son peritos independientes nombrados por los padres y madres. Aquí la diferencia es que el grupo de expertos proviene de un acuerdo de asistencia técnica al que el Estado se ha obligado por sí mismo.
 –¿Qué consecuencias habrá si no se acatan las observaciones?
 –Nos dará elementos a nosotros, como representantes de los padres y madres, para hacer argumentaciones, alegaciones y ofrecimientos de prueba en el proceso. Sobre todo, en el ámbito político dejaría en evidencia que las instituciones encargadas del caso no han hecho su trabajo adecuadamente.
 Con todo, Patrón Sánchez confía en que la intervención de los expertos reoriente la indagatoria, ya que ésta es “endeble” y no ha considerado la participación de servidores públicos como el exgobernador Ángel Aguirre o militares, pese a los indicios que señalan a posibles líneas de investigación que rebasan la esfera municipal.
 –¿Qué expectativas tendrían de que las observaciones del GIEI cambien el rumbo de la investigación, cuando el gobierno federal se ha empeñado en negar la participación del Ejército y el ingreso de los familiares a los cuarteles?
 – (…) Ellos tienen la facultad de analizar todas las líneas de investigación, y sería sumamente serio que pudieran ellos advertir deficiencias, irregularidades e incluso violaciones a derechos humanos de personas detenidas a partir de las cuales sustenta su línea de investigación y sean recomendaciones no observadas. Quedaría en evidencia el Estado mexicano.
 El director del Centro Prodh dice que el lunes 2, en el primer acercamiento con los expertos, éstos les comentaron a los familiares de las víctimas que al analizar la actuación de las autoridades también “podrían identificarse buenas prácticas, y los padres y madres decidieron asumir el riesgo”.
 También les aclararon que los integrantes del GIEI “no van a ir a buscar a sus hijos, sino que pueden emitir recomendaciones para los planes de búsqueda, para decir cómo y dónde buscar”.
 Para Patrón Sánchez, las reacciones airadas del gobierno de Peña Nieto frente a observaciones de organismos internacionales como el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que ve en México un contexto de “desapariciones generalizadas”, han generado entre los defensores de derechos humanos preocupación sobre su voluntad de cumplir su compromiso de dar garantías al trabajo del GIEI.
 “Los familiares fueron muy claros en depositar la confianza y la esperanza en el trabajo de los expertos independientes, pero también fueron muy claros de que tienen la expectativa de que ellos no cedan frente a presiones y que superen los obstáculos”, puntualiza el director del Centro Prodh. 

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