¿Y quién será el o la fiscal?
Cámara de Diputados avaló reforma a Ley de PGR para crear Fiscalía Especializada contra la corrupción.
Cámara de Diputados avaló reforma a Ley de PGR para crear Fiscalía Especializada contra la corrupción.
Posteriormente,
la reforma se envió al Ejecutivo federal para su promulgación.
La
Fiscalía Especializada en el combate a la corrupción, detalla el dictamen,
gozará de autonomía en el ejercicio de sus recursos, así como independencia
técnica y operativa de la PGR, para investigar y perseguir este delito. Además,
atenderá las acusaciones del fuero federal y podrá atraer las del orden común.
Estará
equiparada jerárquica y administrativamente a una Subprocuraduría, y
participará como integrante en el Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción.
Tendrá
la facultad de implementar estrategias y líneas de acción en el combate a la
corrupción y de suscribir convenios de colaboración con autoridades de los tres
niveles de gobierno y con órganos fiscalizadores, para fortalecer sus trabajos
de investigación.
Otra
tarea destacable de la Fiscalía Especializada, es la de integrar e implementar
sistemas y mecanismos de análisis de la información fiscal, financiera y
contable vinculada a malas prácticas.
En
este rubro, podrá ordenar el aseguramiento de bienes de propiedad de los
imputados en casos de corrupción, y promover la extinción de dominio.
Para
sus tareas, además de auxiliarse con la unidad administrativa en materia de
Servicios Periciales, la nueva Fiscalía contará con Agentes del Ministerio
Público Especializados en combate a la corrupción.
Por
su parte, el titular de esta dependencia -quien debe tener al menos 35 años,
ser abogado con mínimo de 10 años de experiencia y gozar de buena reputación; el
fiscal tendrá la obligación de presentar anualmente un informe
de actividades y resultados al procurador General de la República, el cual, a
su vez, será remitido al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción
y al Senado de la República.
La
actuación del fiscal, del personal y de los agentes del nuevo órgano, será
fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación, la Visitaduría General
y el órgano Interno de Control de la PGR, conforme a sus respectivas
competencias.
Debate:
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y tiene la palabra el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, para presentar el dictamen a discusión.
Así como también lo hará en una misma intervención el referente al otro dictamen que se someterá a consideración, discusión y votación de la asamblea, que es el referido al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de Combate a la Corrupción. Lo hará el diputado Álvaro Ibarra a nombre de la comisión en una sola intervención, la fundamentación de los dictámenes, aunque la discusión, tanto posicionamientos como reservas que se pudieran dar en lo particular, se discutirán una tras otra. Adelante, diputado Ibarra, por favor.
El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Contra la corrupción estamos todos juntos en un solo partido, el Partido de México.
Me dirijo a ustedes en nombre de la Comisión de Justicia para fundamentar dos dictámenes y subrayar el apoyo a estas reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y al Código Penal Federal.
Quiero agradecer a los integrantes de la comisión porque hemos dado un claro ejemplo de que los asuntos que nos convocan hoy, no son un tema de colores, y muestra de ello, es la aprobación por unanimidad.
Las reformas a ambas legislaciones son un pendiente que tenemos con la nación, para inhibir actos de corrupción, porque si bien los actos de corrupción no son inherentes al ser humano –podría decirse– que son inherentes a la situación de poder.
Hoy en día el éxito de las acciones de gobierno depende de la transparencia y honestidad con que se realicen. De ahí debemos resolver uno de los mayores problemas que enfrenta México, la impunidad.
El primer dictamen corresponde a las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que tiene por objeto dotar a la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados por hechos de corrupción de un andamiaje consolidado para el combate a este tipo de delitos.
La propuesta parte de una premisa, las instituciones débiles dejan espacios a las prácticas corruptas. Por lo anterior, para que el Estado cumpla correctamente sus funciones, es necesario una reestructuración que garantice un servicio público de calidad y castigue las expresiones de la corrupción, como el clientelismo y las compras gubernamentales constatadas fuera de la ley, pues estas debilitan la capacidad y legitimidad de las instituciones.
La responsabilidad de construir instituciones sólidas y fortalecer capacidades para que la ciudadanía tenga la plena certeza de que los actos de corrupción serán investigados y perseguidos, debe ser un compromiso compartido por los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, siguiendo en este orden de ideas de aprobarse este dictamen.
La Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción tendrá autonomía técnica y operativa, lo que significa que las investigaciones que lleve a cabo no estarán sujetas a revisión de la Procuraduría General de la República, lo que dará certeza a las investigaciones en materia de corrupción.
Además, con el propósito de generar una dinámica de rendición de cuentas, la Fiscalía Especializada rendirá un informe anual tanto al Senado de la República como al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
Es importante mencionar que el dictamen establece la atribución a favor de la Fiscalía Especializada, para generar mecanismos de colaboración con las instancias de los tres órdenes de gobierno, con el fin de establecer programas y estrategias en materia del combate a la corrupción.
El segundo dictamen tiene por objeto reformar el Código Penal para impulsar de manera significativa la lucha contra la corrupción, pues contempla innovaciones importantes en los tipos penales y en la elevación de sus penas. Me permito mencionar solo algunas:
Primeramente ayudará a endurecer las sanciones a servidores públicos, pues establece la destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisiones públicas, así como participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un plazo de 1 a 20 años en su duración.
En segundo lugar establece los supuestos en los cuales se considera responsable al particular, cuando realice un delito de corrupción.
En tercer lugar se incluye como hipótesis del delito de abuso de autoridad cuando se obtenga, exija o solicite sin derecho o causa legítima de parte del sueldo de uno o más de sus subalternos, los denominados moches.
En cuarto lugar se adiciona un tipo penal al uso ilícito de atribuciones y facultades para sancionar al particular que en su carácter de contratista, permisionario o asignatario titular de una concesión de prestación de servicios públicos de explotación, aprovechamiento o uso de bienes del dominio de la Federación, con el fin de obtener un beneficio para sí o para un tercero.
Por todo esto hoy nos damos cita en este recinto, para refrendar nuestro compromiso con la lucha contra la corrupción que impacta directamente en la vida diaria de la sociedad y en la desconfianza de la ciudadanía a sus servidores públicos y hacia sus instituciones.
Compañeras y compañeros diputados, hoy tenemos en nuestras manos una gran oportunidad de entregar a los mexicanos una fiscalía fuerte y normas más severas para los servidores públicos, para enfrentar uno de los problemas más arraigados en este país. México necesita combatir el fenómeno de la corrupción de manera eficaz para fortalecer su desarrollo económico y social, y esto se logrará en la medida en que se refuerce la procuración de justicia y se reduzcan los índices de impunidad.
Lo que hoy queremos es recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y quienes se desempeñen en el servicio público, aquellas personas que todos los días entregan sus esfuerzos para ofrecer al pueblo de México sus mejores resultados.
Por lo antes expuesto exhorto a los integrantes de esta honorable Cámara a pronunciarse a favor de estas reformas, para entregar los mejores instrumentos jurídicos al Estado mexicano para que la ciudadanía tenga la confianza de que todo delito, todo hecho de corrupción, toda falla en sentido por un servidor público será sancionada con todo el rigor de la ley.
Cohesionados por una causa, sociedad y gobierno vamos juntos a favor de la transparencia.
Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ibarra. Como lo informamos antes de la fundamentación que ha presentado el diputado Ibarra a nombre de la Comisión de Justicia, abordó los dos dictámenes que hoy están a consideración de la asamblea.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y, por lo tanto, el primero de ellos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que es el que discutiremos primero, está a discusión en lo general, para lo cual y para fijar el posicionamiento de sus respectivos grupos parlamentarios, ya tenemos integrada una lista de diputadas y de diputados.
Tiene la palabra el diputado Abdies Pinera Morín, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
El diputado Abdies Pineda Morín: Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea, hago uso de la palabra para externar la postura de nuestro grupo parlamentario al proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en materia de combate a la corrupción.
En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social nos sentimos satisfechos de ser partícipes de la creación del sistema nacional anticorrupción, sistema diseñado no solo para dar golpes espectaculares, sin que nada cambie, o de expedir normas de relumbrón de compleja aplicación.
De las reformas estructurales que hemos discutido y aprobado en esta Cámara, sin temor a equivocarme considero que estas son las más importantes, sí, las más importantes, ya que de qué sirven las demás reformas que hemos aprobado, si el flagelo de la corrupción lo lleva a las bolsas de unos cuantos.
De acuerdo con la revista Forbes, a México le cuesta mil millones de dólares al año la corrupción. El sistema nacional que le agregaría integral, contempla la creación de nuevas instituciones para combatir la corrupción, una de ellas –que se crea con esta reforma– es la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.
Esta fiscalía contará con agentes del Ministerio Público especializados en tema de anticorrupción. Este órgano contará con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que el Código Penal Federal y otras leyes, partes del sistema, les considere como delitos.
Reitero, que estamos satisfechos con la creación de la fiscalía, ya que diseñará e implementará estrategias para combatir la corrupción de personas físicas o morales, públicas o privadas. También implementará programas para detectar la comisión de los hechos considerados como delitos.
Finalmente, expresamos nuestra confianza a que sin dilación se aplique la reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de febrero de 2014, en particular en lo que se refiere a la autonomía de la Fiscalía General de la República y en consecuencia a la anticorrupción, que entrará en vigor en la misma fecha que se haga la declaratoria expresa.
En Encuentro Social, por todo lo anterior, votaremos a favor de la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y al Código Penal Federal, en materia de combate a la corrupción. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Pineda.
Tiene ahora la palabra la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Las intervenciones para todos son hasta cinco minutos.
La diputada Carmen Victoria Campa Almaral: Con el permiso de la Presidencia. Quisiera comenzar puntualizando, que toda fiscalía que presuma tener a su cargo el combate a la corrupción, tiene forzosamente que contar con facultades sólidas y un andamiaje institucional fuerte que le permita contribuir en el combate a la impunidad en este álgido tema para la ciudadanía.
Es por ello, que como Grupo Parlamentario Nueva Alianza juzga que la transformación al interior de la Procuraduría General de la República, que derivará de la reforma que se encuentra a discusión en este momento, resulta prioritario para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
Como todos saben, el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia político-electoral, misma que tenía como objeto, entre otras cosas, dotar de autonomía al Ministerio Público a través de la creación de la Fiscalía General de la República.
Es de resaltar que la Fiscalía General contaría con dos fiscalías especializadas, una en materia de delitos electorales y la otra en materia del combate a la corrupción, que es la ley que hoy nos ocupa.
En congruencia con dicho proyecto, y en cumplimiento con lo que establece el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, nuestra colegisladora elaboró las reformas objeto de este dictamen.
En función de ello coincidimos en la necesidad de modificar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en lo que se refiere a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, armonizando las competencias de dicha Fiscalía con lo establecido a nivel constitucional, garantizando su autonomía e independencia técnica y estableciendo las competencias, facultades y límites propios de una institución como la esperada.
Además, se constituye a esta Fiscalía Especializada como un órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los delitos que la ley considera como delitos en materia de corrupción.
La reforma faculta a la Fiscalía para participar como integrante en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y es de subrayar que se le otorgan atribuciones para coordinar y supervisar la actuación de la Policía de Investigación.
Una institución con las atribuciones de esta Fiscalía no debe ser un ente aislado. Por ello reconocemos las atribuciones que le confieren para instrumentar mecanismos de colaboración con este diseño e implementación de estrategias, líneas de acción, proyectos, estudios y programas permanentes de información y fomento de la cultura de la denuncia y de la legalidad.
Nueva Alianza no pasa por alto la capacidad que se le confiere para conducir líneas de investigación que contribuyan a la obtención de datos o medios de prueba vinculados con los delitos de prevención, de corregir y de sancionar en materia de corrupción.
No es de menor importancia que en él se establezcan los requisitos para ser titular de la fiscalía y señalar que tanto él como su personal de confianza, agentes y peritos miembros que se encuentren ahí adscritos estarían sujetos a su régimen especial, con excepción de las previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En apego a nuestra convicción de fortalecer el ejercicio cotidiano de la transparencia, con nuestro voto a favor contribuiremos a la consolidación del sistema nacional anticorrupción, a través del ejercicio afianzado de una fiscalía como la que hoy aprobaremos. Es cuanto, señor presidente. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Campa. Tiene ahora la palabra el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Justicia a medias no es justicia. Diputadas y diputados, el contenido de la reforma que hoy vamos a votar tiene como objetivo el cumplimiento del mandato constitucional que establece de manera particular la creación de un fiscal anticorrupción, de forma que sin duda da esperanza para combatir la corrupción y que abre una ventana para que desde una nueva trinchera se pueda castigar a los corruptos. Pero también tenemos que señalarlo con toda claridad, es una reforma que se queda corta, es una reforma que se queda limitada.
Por eso, los diputados ciudadanos queremos alertar desde ahora, porque si no se llegan a ver los resultados que todos los ciudadanos esperan, a nosotros no nos culpen, porque desde hoy lo vamos a señalar.
Dentro de esos pendientes y esos riesgos es que la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción no es una autonomía plena, es una autonomía debilitada. El hecho de que, por principio de cuentas, la procuradora pueda provisionalmente nombrar en esta ocasión al fiscal anticorrupción implica cierta sujeción, implica que no haya esa autonomía y esa fuerza jurídica para que se pueda combatir a todos. Pero más aún, como lo contempla la reforma constitucional, que el Ejecutivo federal y el Senado intervengan en el nombramiento de este nuevo fiscal anticorrupción, también habla de eso que siempre hemos criticado.
Al final estos nombramientos terminan en lo que ya sabemos, en un vil reparto de cuotas entre partidos políticos y que al final de cuentas lo que hacen es buscar, no el mejor perfil, el perfil de una persona proba completamente preparada, con capacidad y experiencia para luchar contra la corrupción. Esos perfiles terminan siendo aquellos que sí puedan manipular y manejar, personas que tengan freno, dóciles y que al final se rindan ante los intereses y los grupos fácticos.
Por eso la propuesta constitucional debiera haber sido esa reforma, una autonomía plena, un organismo constitucional con plena autonomía, que no dependiera de la Procuraduría General de la República o de la próxima Fiscalía General y que el procedimiento para elegirlo fuera un procedimiento con más fortaleza, donde tuviera exámenes, donde hubiera exámenes de conocimientos, revisión de antecedentes de probidad, de conflicto de intereses.
Esta reforma, vuelvo a decir, se queda corta. Porque es verdad, no es que falten más leyes, lo que falta es que se cumplan las leyes. Porque también hay que decirlo con toda claridad, en este país la PGR actúa en el combate a la corrupción a mandato del presidente, solo para acallar opositores o para revanchas políticas. Es una justicia sectaria, una justicia de vendetta, como actúan los mafiosos.
No nos engañemos, esta reforma puede convertirse en lo mismo de siempre, en una buena ley, pero que no se aplique y que sigamos con una grave impunidad. Por ejemplo, yo preguntaría hoy, ¿en dónde están las denuncias? ¿En dónde los procesos y sentencias penales? No las hay. Lo que hay es impunidad, porque instituciones tenemos y leyes también, lo que faltan son los resultados, falta cumplir la ley.
Solo pongo como ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, solo en el 2015 nos costó dos mil 181 millones de pesos y según una reciente auditoría que hizo la consultora De la Paz, Costemalle, los resultados de la auditoría desde el año 2001 al 2014, es decir, lo que recuperó, solamente recuperó 104 mil millones de pesos aproximadamente en todo este tiempo.
Imaginen el dinero que nos cuesta y los magros resultados que tiene la Auditoría Superior. Ya no hablemos de denuncias penales o sentenciados. Ahí no conocemos un solo funcionario que haya sido procesado y sentenciado por desvío de recursos públicos.
Amigas y amigos, un verdadero estado de derecho solo se construye cuando hay un exacto cumplimiento de la ley. A nuestra democracia incipiente le urge un combate frontal a la corrupción donde impere el derecho por encima de intereses de grupo, donde se aplique la ley sin distinción de personas.
Si en algunos pocos años no vemos que haya políticos corruptos tras las rejas habremos fracasado. Pero si, por el contrario, se aplica la ley contra los corruptos, entonces habrá triunfado la justicia y la voluntad de los ciudadanos. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sánchez. Tiene ahora la palabra el diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Jesús Emiliano Álvarez López: Con su permiso, presidente. Compañeros, compañeras. El día de ayer escuchamos en este recinto que todos los partidos políticos hablaban sobre el compromiso que tenían con la corrupción. Digo con la corrupción porque muchos son cómplices.
Nosotros aquí venimos a combatirlo, venimos a aplicar leyes que realmente funcionen, y hoy tristemente vemos que esta fiscalía nace sin dientes. Carece de autonomía, no va a combatir de fondo lo que todos y todas planteamos en estas últimas semanas.
Es una fiscalía que nace bajo el mandato de la procuradora o del procurador en turno. No vemos que vaya a cumplir con lo que la ciudadanía está pidiéndonos, está exigiéndonos. Estamos aprobando leyes que no están combatiendo de fondo la corrupción y no estaos al servicio de nuestros electores, no estamos llegando a los niveles que ellos nos están exigiendo.
Tenemos varios casos donde se ha tratado de hacer leyes. Incluso está la Fepade, que es un ejemplo más de una fiscalía que no sirve; nació con bombo y platillo, se decía que esta fiscalía iba a combatir a todos los delincuentes electorales, que iba a haber elecciones limpias, y lo acabamos de vivir, no ha funcionado. Lo mismo va a pasar con esta Fiscalía Anticorrupción que no vemos que esté funcionando.
Otro caso más, el caso de Virgilio Andrade, se le da que diga si hay algún conflicto de intereses entre Peña Nieto y la Casa Blanca. Pues evidentemente no lo hay, no lo iba a encontrar; es su patrón. No están funcionando las cosas.
Nosotros sí estamos a favor de que haya una fiscalía; debería ser autónoma, debería estar al servicio de la ciudadanía y no debería de ser una fiscalía más que va a engrosar la burocracia de la Procuraduría General de la República.
Queda muy claro que este fiscal no va a hacer lo que le corresponde; no vamos a ver un caso como Peña Nieto, no vamos a ver a Fox, no vamos a ver a Calderón, no vamos a ver a Videgaray, por supuesto, tampoco a Moreira, a los Duarte, al de Chihuahua y al de Veracruz; no van a estar ellos cuestionados, no van a estar sancionados por esta fiscalía, que es lo que debería de ser.
Nosotros encontramos muchos casos que por supuesto hay conflicto de intereses, hay corrupción. Digan ustedes si no recuerdan los casos de varios funcionarios que han estado implicados en casos como: Oceanografía, OHL, IGA, entre otros.
Lo que aquí se trata de curar en salud la aprobación de esta reforma; pero sigue siendo muy claro que mientras no exista una autonomía real, esta fiscalía seguirá al servicio de la élite política mexicana.
A pesar de todas estas fallas, pensamos que es con la ley en la mano como debe combatirse a la delincuencia y al crimen organizado de cuello blanco.
No obstante que el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor, con reservas al presente dictamen, seguiremos sosteniendo que la mejor medida para combatir la corrupción y la impunidad es: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Álvarez. S
Tiene ahora la palabra la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
La diputada Sofía González Torres: Con el permiso de la Presidencia. Con las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República se crea la primera fiscalía especializada en delitos relacionados con hechos de corrupción.
Se trata de una medida histórica que ratifica nuestro compromiso con la sociedad para prevenir los actos de esta índole. También refleja el grado de especialización que requiere la actuación del ministerio público a la hora de investigar y perseguir los delitos del orden federal.
La nueva fiscalía encabezará y supervisará la actuación de la policía de investigación en materia de delitos de corrupción. Asimismo deberá fortalecer en este país la cultura de denuncia, la cultura de legalidad a través de sus programas y de diversos proyectos.
Será una oficina con autonomía técnica y autonomía operativa, que no se someterá a resultado de sus investigaciones la aprobación del titular en turno de la Procuraduría. Asimismo contará con presupuesto que ella misma elaborará y propondrá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Así, el diseño institucional de la Fiscalía se caracteriza por favorecer una acción autónoma, objetiva e imparcial. Cabe resaltar que ésta formará parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
La vinculación de las instituciones competentes en materia de investigación del delito, procuración e impartición de justicia es fundamental para que todo México tenga una estrategia sólida en contra de la corrupción.
Por ello, se dota a esta Fiscalía Especial de atribuciones que le permitirán generar acuerdos y colaboración directa con las instancias de los tres niveles de gobierno. La reforma también cuida la rendición de cuentas, establece que el titular deberá presentar anualmente al procurador y al comité coordinador, un informe característico de sus actividades sustantivas y resultados de carácter público.
La fracción parlamentaria del Partido Verde votará a favor del dictamen que presenta la Comisión de Justicia, ya que contribuye a afrontar la corrupción desde tres ángulos: la prevención, la investigación y la persecución del delito.
La Procuraduría General de la República ha experimentado cambios muy positivos en los últimos años, instauró el sistema profesional de carrera, incorporó la perspectiva de género a sus actividades y fortaleció sus esquemas de combate a la delincuencia organizada.
En esta misma línea de fortalecimiento institución verán nacer en los próximos días un actor estratégico para la operación del Sistema Nacional Anticorrupción. Una Fiscalía que fortalecerá el Estado de derecho en respuesta al mando constitucional y sobre todo, y lo más importante, en respuesta a la demanda de la ciudadanía. Esto, compañeros, no es un acto de simulación. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada González. Tiene ahora la palabra el diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD. Apúrese, diputado, no se quede coqueteando.
El diputado Arturo Santana Alfaro: Corrupción. Los malos hábitos es más fácil romperlos que remediarlos. Quintiliano. Con su venía, diputado presidente. Compañeras y compañeros, no podemos venir hoy con actitudes triunfalistas porque es el principio de una era que se tornará complicada, será difícil acabar con estos vicios. Pero tampoco con actitudes fundamentalistas, porque hoy se da un gran avance en la lucha contra la corrupción.
La corrupción es un cáncer que se expandió en todos los sectores de la sociedad mexicana y ha generado metástasis. Es un cáncer que alcanzó a servidores públicos, pero también a particulares.
Es por ello que de inmediato una vez consumado el nombramiento del fiscal especializado se dé trámite a la investigación e integración de las averiguaciones previas en contra de todos aquellos, quienes abusando del poder, le han ocasionado graves daños a la nación.
Es de destacar en la minuta de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República que se contempla la creación de una Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, que será un órgano aparentemente autónomo.
Asimismo, esta fiscalía se auxiliará para su funcionamiento de la unidad administrativa en materia de servicios periciales de agentes del Ministerio Público especializados y estará facultada para participar como integrante en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
El titular y todo su personal estarán sujetos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como al régimen especial en la materia previsto en esta ley. Su actuación será fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación, la Visitaduría General y el órgano interno de control, conforme a sus respectivas competencias.
Entre sus atribuciones se encuentra nombrar, previo acuerdo con el procurador general de la República, a los titulares de las unidades administrativas y direcciones generales.
También podrá requerir a las instancias de gobierno, la información que resulte útil o necesaria para sus investigaciones, la que por ningún motivo le podrá ser negada. Incluso anteponiendo el secreto bancario, fiduciario o cualquier otro de similar naturaleza.
El procurador general de la República, sin perjuicio de las facultades concedidas en esta ley, y el fiscal especializado, estarán facultados para expedir las normas de control interno, circulares, acuerdos, etcétera.
De igual manera, la Fiscalía podrá elaborar su proyecto de presupuesto, y aquí es un punto muy importante porque a la Cámara de los Diputados nos corresponde formular el Presupuesto y al día de hoy vemos que con la propuesta de 4 por ciento no va a ser suficiente para que esta Fiscalía pueda lograr su contenido o su misión para combatir a la corrupción. Por eso nosotros estaremos proponiendo reservas, un presupuesto del 6 por ciento del total del presupuesto asignado a la Procuraduría General de la República.
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor del dictamen de referencia, ya que estamos convencidos de que con estas reformas contaremos con funcionarios e instituciones más confiables y sobre todo preparadas para investigar todos los delitos en materia de corrupción.
El combate a la corrupción es uno de los temas que más preocupa al pueblo de México, es por ello que nuestro país requiere de instituciones que sean totalmente autónomas y tal y como lo estamos aprobando el día de hoy, no encontramos esa situación de la autonomía total.
Si bien es cierto que se le da el nivel de subprocuraduría general, también lo es que el nombramiento está supeditado a la aprobación de la propia Procuraduría General de la República y, por ende, del Ejecutivo federal. Debemos aspirar en el futuro a una autonomía plena, compañeros y compañeras legisladores.
Solamente a través de instituciones especializadas podremos lograr que la ciudadanía vuelva a creer y a tener confianza en las mismas. Estamos en el momento preciso para que se sigan adecuando los instrumentos procesales, penales y que no quede impune la comisión de delitos de corrupción.
Debemos de tomar las experiencias exitosas de países como Bolivia y Perú. Debemos pugnar porque el informe anual que se remitirá a la Cámara de los Senadores, también sea enviada a la Cámara de los Diputados, porque hoy como está la minuta, a nosotros nos excluyen de ese informe y también contamos con una Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
El tema de la facultad de atracción es acotada, debemos revisar este asunto, porque a la postre tendremos un fiscal manco y no podrá requerir a los gobiernos estatales de la información que se requiera para proceder en contra de cualquier funcionario estatal, como lo establece la ley.
Por último, hago un reconocimiento especial a las organizaciones de la sociedad civil, por esta batalla épica que han librado en los últimos años para lograr toda una transformación legal e institucional en materia de combate contra la corrupción. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Santana.
Tiene ahora la palabra el diputado Javier Antonio Neblina Vega, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Javier Antonio Neblina Vega: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy por hoy no hay un tema que tenga más molesta a la ciudadanía que la corrupción que padecemos en México. Es hora de actuar con decisión y responderle a los ciudadanos.
La reforma constitucional que crea el sistema nacional anticorrupción es una oportunidad que tenemos todos los servidores públicos para dar vuelta a la página a estos temas que tanto han dañado a nuestro país, con el pensamiento que debemos castigar a quien cometió algún delito.
Si los actores políticos, si los servidores públicos no operamos un cambio real hacia la forma en que concebimos la vida en comunidad, el servicio público y nuestra responsabilidad ante las próximas generaciones, el cambio normativo anticorrupción será letra muerta desde el momento mismo de su promulgación.
Específicamente el cambio que en este momento concurrimos a apoyar con nuestro voto, tiene que ver con el capítulo orgánico de las reformas; es decir, se están instrumentando cambios en la sustancia administrativa y penal, con la actualización de tipos penales; se están habilitando nuevos procedimientos administrativos y desde la perspectiva penal ya tenemos un nuevo sistema acusatorio, que será muy importante en esta materia.
La creación de la Fiscalía Especializada es uno de los componentes fundamentales del Sistema Nacional Anticorrupción, lo dijo nuestro presidente Ricardo Anaya, vamos por una fiscalía verdaderamente autónoma, cuyo titular no tenga compromiso alguno con los partidos políticos, queremos se revisen a fondo todos los casos de corrupción y que caiga quien tenga que caer, sin importar el partido político en el que milite.
No obstante, que no podemos sentirnos completamente satisfechos de esta plena autonomía hasta que se cumpla o se apruebe de la ley de la fiscalía, pero estamos dando un paso importante, aunque en este tema de combate a la corrupción tenemos que trabajar con mucha más velocidad.
El fiscal especializado tendrá la misma categoría de un subprocurador, lo anterior le dará el nivel necesario para tomar decisiones complejas. En el PAN estaremos muy atentos para que en este rubro en tanto se consolida el esquema de Fiscalía Nacional Autónoma, la titular de la PGR y el propio presidente de la república dejen hacer su trabajo al fiscal anticorrupción con plena libertad.
Es una exigencia justa y por supuesto necesaria, confiamos en que se cumpla a cabalidad. El fiscal tendrá bajo su mando el despliegue de una policía investigadora, particularmente llamo su atención en este rubro, puesto que estamos en presencia de la creación de una policía anticorrupción de alto nivel, con la misión exclusiva de apoyar con investigaciones y que puedan ser lo suficientemente robustas para poder ser presentadas en los juicios orales de manera exitosa.
El fiscal tendrá a su disposición tipos penales adecuados, técnicas de investigación criminal, y lo más importante de todo, contará con fuentes de información sobre el desempeño ético y sobre la situación patrimonial de los servidores públicos, sus dependientes y allegados.
Hacemos de antemano un llamado a quien quiera que sea el fiscal anticorrupción a actuar con todo el rigor de la norma y a la altura de las expectativas de la ciudadanía, para que su trabajo sea uno de los elementos que nos permitan vislumbrar un país en el que sea desterrada para siempre la impunidad y la corrupción.
Compañeras y compañeros diputados, nuestro grupo parlamentario votará a favor de este dictamen no solo porque se trata de una propuesta de Acción Nacional sino por su relevancia para el Estado mexicano.
Invitamos a todas las fuerzas políticas a hacer lo propio para aprobar este importante cambio institucional y a que exijamos el funcionamiento de la nueva Fiscalía no sea obstaculizado por nada ni por nadie. Se lo debemos a México, se lo debemos a las futuras generaciones. Muchas gracias, es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Neblina. Tiene ahora la palabra la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del PRI, que con su intervención también vence el plazo para la presentación de reservas para artículos en lo particular de este dictamen a discusión.
La diputada María Gloria Hernández Madrid: Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados, medios de comunicación, el día de hoy vengo a presentar el posicionamiento a nombre de mi Grupo Parlamentario, el Revolucionario Institucional.
Respecto del dictamen en materia de reforma y adición a diferentes disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a fin de que esta institución cuente con áreas especializadas de investigación y procuración de justicia en materia de corrupción.
En este contexto es importante señalar que la corrupción constituye un impedimento para el desarrollo de las sociedades. Es una enfermedad que no distingue entre instituciones públicas y entidades de naturaleza privada, entre colectivos en la individualidad.
De esta forma, la corrupción es el quebrantamiento de la ley aprovechándose de las atribuciones o funciones que ésta le concede a servidores públicos que con su conducta obstaculizan o detienen el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado, con la finalidad de obtener un beneficio personal.
Pero este fenómeno corrosivo también tiene un segundo rostro, el de las personas que utilizan este servicio público con la misma intención, pero rompiendo desde el ámbito privado el equilibrio que debe de existir entre la ley y su cumplimiento.
En ambos casos el resultado es el mismo, menoscabar la función pública daña el interés nacional y perjudica el progreso de las mexicanas y de los mexicanos.
De esta forma, la erradicación de la corrupción y sus efectos nocivos constituyen uno de los objetivos comparativos de mayor alcance entre los representantes del Estado y la sociedad de la que todos formamos parte y, por lo tanto, el origen, causa y efecto de este problema es de interés común porque a todos nos afecta y ninguno escapamos de la parte de la solución.
No obstante, es requisito indispensable implementar una estrategia adecuada y por ello las reformas y creación de leyes que hemos aprobado en estos días son engranes que operarán con el compromiso cotidiano y decidido de la voluntad personal que deberá imprimir cada servidor público y ciudadano de nuestro país, para alcanzar el estadio de bienestar que se pretende.
Dicho de otra forma, erradicar la corrupción requiere de un cambio de actitud personal frente a la interacción de servidores públicos y ciudadanos que pasa por la generación de normas jurídicas que inhiban o, en su caso, sancionen a quienes deseen seguir viviendo al margen de la ley. Y es en ese punto donde los legisladores tenemos la obligación de proveer los contenidos legales suficientes, coordinados, claros y precisos que nos acerquen al objetivo trazado.
Al combatir la corrupción protegemos el derecho fundamental del ejercicio debido del servicio público en cualquiera de sus expresiones, el que debe desarrollarse con transparencia para que la rendición de cuentas sea el principio de estricta legalidad que inhiba y, eventualmente, nulifique la práctica de servirse personalmente con la encomienda pública.
En suma, combatir la corrupción es tutelar desde las atribuciones del Poder Legislativo uno de los bienes jurídicos de mayor alcance en nuestra sociedad: la inviolabilidad de la ley y los mecanismos que esta prevé para hacerla efectiva. Es por ello que el Estado mexicano debe contar con una autoridad cuyas funciones le permitan investigar y perseguir eficazmente a los responsables de actos de corrupción.
Consecuentemente, las modificaciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República que hoy se someten a nuestra consideración buscan crear en el rango de la ley una fiscalía especializada con las características enunciadas por las que será un órgano con autonomía técnica y de gestión operativa, con personal ministerial, policía y personal de confianza que, a su vez, serán supervisados por órganos internos de la Procuraduría; así como de la Auditoría Superior de la Federación, visitaduría y órganos de control interno que en el ejercicio de sus funciones colaborarán coordinadamente con los órganos e instituciones públicos de diferentes órdenes de gobierno.
Se establecen disposiciones para que la actuación de esta fiscalía sea transparente debiendo rendir un informe anual de sus actividades y cuyo nombramiento o remoción del fiscal especializado podrá ser objetado por el Senado de la República.
En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, creemos que el ejercicio adecuado del servicio público es uno de los mecanismos más efectivos para el desarrollo de nuestra sociedad y brinda certeza y seguridad jurídica en las personas al ajustar la actividad gubernamental a su único eje rector, la ley.
Diputadas y diputados, aprobemos las modificaciones que se nos proponen y dotemos a las instituciones de nuestro país de las herramientas necesarias para enfrentar a la corrupción, como un compromiso legislativo que nos permita alcanzar mejores estadíos de desarrollo, pero sobre todo de justicia social. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hernández. Concluida la etapa de posicionamientos de los grupos parlamentarios, pasamos a la fase de la discusión propiamente dicha.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene la palabra el diputado Cándido Ochoa Rojas, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, para participar en pro.
El diputado Cándido Ochoa Rojas: Con el permiso de los presentes. No podemos hablar de un régimen democrático sin éste la corrupción es una práctica tolerada. Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde, votaremos a favor del decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, porque estamos convencidos que uno de los temas esenciales para el fortalecimiento de la democracia mexicana es precisamente el combate a la corrupción.
Como instituto político, al igual que lo hace el gobierno de la República, reconocemos que éste es un tema respecto del cual la ciudadanía se ha pronunciado en contra y nos exige actuar en consecuencia para ponerle un alto definitivo. El mensaje de no más corrupción ha sido claro tanto por parte de la sociedad como de los habitantes en general. Como Poder Legislativo estamos obligados a conformar un entramado legal que permita hacerlo efectivo.
Es en este contexto que el dictamen que reforma la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República se enmarca en la generación, ampliación y modificación del andamiaje normativo para el combate a la corrupción no solamente en el ámbito administrativo, sino también en la persecución de actos presumiblemente constitutivos de delito y realizados por servidores públicos.
Es fundamental, señoras y señores legisladores, que esta Cámara responda a las exigencias de la ciudadanía y esto solamente lo lograremos dando certeza de que la investigación de los actos de corrupción se realizará de forma transparente y sin consignas.
Además requerimos garantizar que la ciudadanía tenga acceso a la vigilancia del trabajo que realicen las autoridades que perseguirá los actos posiblemente constitutivos de delito en los tres niveles de gobierno. De ahí la necesidad de crear una fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción para investigar y perseguir este tipo de ilícitos.
Sabemos que el Poder Legislativo juega un papel fundamental en la implementación de la reforma constitucional que dio pie a la creación del sistema nacional anticorrupción, en aras de que esta rinda los frutos que de ella se esperan, es decir que ofrezca resultados tangibles para la ciudadanía que está cansada de la corrupción y la impunidad.
Con la aprobación de esta reforma se da cumplimiento a dos de las peticiones más sentidas de la sociedad civil y que tienen que ver con sancionar penalmente a quienes cometen actos de corrupción valiéndose de un cargo público.
El otro tema es el de la transparencia. Sobre este punto es importante resaltar que se contempla que el fiscal rinda un informe y que este tenga la máxima publicidad para el conocimiento de la ciudadanía.
Es por lo anterior que las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde estamos convencidos que con la creación de la fiscalía especializada en materia de delitos por hechos de corrupción, nuestro país contará con un órgano que le permitirá perseguir penalmente esta reprobable práctica.
De igual forma, consideramos que se cumple con el objetivo de dotar al Estado mexicano de un conjunto de reglas que aumenten su capacidad para combatir la corrupción a través de la reorganización institucional con la finalidad de atender con mayor eficacia uno de los más legítimos reclamos de la sociedad en los tiempos actuales. Por su atención, muchas gracias, y es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ochoa. Tiene ahora la palabra el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, en pro.
El diputado Juan Romero Tenorio: Con su venia, presidente; diputadas, diputados. Morena se manifiesta en pro de esta reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con algunas reservas.
Sabemos que la corrupción es un mal mayor en nuestro Estado, en el servicio público, y que es necesario atacar. No basta la ley, la ley está dando algunos instrumentos, no los idóneos, pero está llegando a algunos instrumentos, está dotando de una autonomía relativa al fiscal anticorrupción, le está dando atribuciones para que este fiscal designe y se apoye con ministerios públicos. Eso es loable.
Está estableciendo que la Auditoría Superior de la Federación vigilará también la actuación de este fiscal, al igual que los órganos internos de la propia procuraduría. Eso es loable, pretender contar con un fiscal que sea capaz de enfrentar la corrupción sin mirar la posición ni el encargo que tenga el servidor público. Son buenas intenciones. Esperamos que estas buenas intenciones se concreten y que busque sancionar la corrupción como mal mayor en nuestro país.
La corrupción no solamente afecta las finanzas públicas, afecta a la dignidad de las personas. La corrupción en servicios médicos, la corrupción en servicios de educación, que ya lo veremos en los nuevos tipos penales que se presentan en el Código Penal, vienen al final del día a afectar al ciudadano. Mientras menos corrupción se genere en la administración pública, más posibilidades hay de garantizar los derechos humanos de los ciudadanos, más posibilidades hay de garantizar un trato digno a todos los ciudadanos.
Es fuerte hablar de un compromiso de un derecho a una vida libre de corrupción; esperemos que al igual que esta campaña del derecho a una vida libre de humo, se genere el derecho a una vida libre de corrupción, y se inicie una campaña que involucre a la ciudadanía no solamente como espectador, sino como un sujeto activo reclamando y exigiendo su derecho a una vida libre de corrupción, como un eje principal de la función pública.
El derecho a una vida libre de corrupción, implica un compromiso ético bastante fuerte. Un compromiso ético que al menos esta Cámara de Diputados no ha asumido en su plenitud. Se han abonado algunos instrumentos, pero no los necesarios. Se establecen limitaciones que restringen una actuación de un fiscal fuerte frente al tamaño dela corrupción que existe en nuestro país.
Abona por otro lado nuevos tipos penales que también nos pondrán a pensar como diputados cómo estamos haciendo nuestra función pública. Morena vota a favor de esta reforma a la Ley Orgánica, con omisiones, con deficiencias, pero da paso a cumplir un compromiso ético con la ciudadanía.
Da paso a combatir a la corrupción quitando el pretexto de que no hay los instrumentos legales o no hay las instituciones. El discurso que se ha generado en este nuevo sistema anticorrupción tendrá que verse y comprobarse con hechos concretos. Este discurso, esperamos, que no sea demagogia a través de los operadores del nuevo sistema anticorrupción. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Romero. Tiene ahora la palabra la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario de PRD.
La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Con su venia, señor presidente. Compañeras, compañeros diputados.
Las reformas que hoy se ponen a nuestra consideración tienen una gran trascendencia, la creación de la Fiscalía Anticorrupción constituye uno de los grandes pilares del sistema que estamos construyendo; sin embargo, es necesario señalar algunos problemas fundamentales:
El primero, como lo han señalado anteriormente, deriva de la falta de cumplimiento del Senado de la República que nos ha quedado a deber, respecto de la aprobación de la minuta de esta Cámara respecto a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, y en ese caso, no es una falta menor. Es indispensable que en un país como el nuestro, en donde los índices de impunidad son del 98 por ciento, la autonomía del ministerio público es fundamental.
Adicionalmente, la supuesta autonomía del fiscal anticorrupción resulta cuestionable, dado que depende actualmente de un funcionario nombrado por el presidente de la república. En este caso se hace necesario señalar a funcionarios que han estado en este cargo, como el muy cuestionado Murillo Karam.
Es impensable pues tener claro que, mientras no se conceda plena autonomía al fiscal anticorrupción, todas las acciones que se implementen en este momento no gozarán de la legitimidad que les corresponde, no totalmente. Es entonces un punto pendiente que tendremos que resolver.
En el mismo sentido, la negativa del Senado para incluir en los mismos términos y con las mismas condiciones a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, dado que tienen el mismo tratamiento constitucional, y que la Fepade no tenga una vida legal dentro de la Ley Orgánica de la Procuraduría lesiona de manera fundamental las tareas que debe emprender este fiscal especial.
A la brevedad este tema deberá será tendido por esta soberanía. Adicionalmente debemos señalar que uno de los principales retos que afrontará el nuevo fiscal es precisamente el fuero constitucional que protege a altos funcionarios y servidores públicos que debiera procesar: gobernadores, secretarios de Estado y hasta el presidente de la República.
El Partido de la Revolución Democrática insiste y seguirá luchando por que este fuero no sea utilizado como un manto de impunidad, como muchas y muchos lo tienen considerado.
Es importante señalar que en esta batalla contra la corrupción deberá ser la Procuraduría General de la República un ejemplo de lo que tiene que darse en lucha contra la corrupción. Es necesario que la impunidad y la corrupción se ataquen y se atiendan desde lo más profundo de nuestras instituciones, y que sean precisamente esas instituciones las que pongan el ejemplo.
Es importante señalar que, además de lo indicado, las reformas que se ponen a nuestra consideración resultan no solamente necesarias, sino imprescindibles. El Grupo Parlamentario del PRD votará a favor, convencido de que como diputadas y como diputados nos quedan muchas tareas pendientes. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Gaytán. Agotada la lista de oradores consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido en lo general. Esta Presidencia informa que se han reservado para su discusión en lo particular una serie de artículos, de los cuales le pido a la Secretaría que dé cuenta a la asamblea.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Artículo 10 Bis, 10 Ter, 21, 10 Quáter, 13 y tercero transitorio.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide por lo tanto a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Nada más para que estén en conocimiento. Aunque son seis artículos los que en su totalidad fueron reservados, en realidad son 18 reservas que se concentran en esos seis artículos, hechas estas reservas por 12 diputadas y diputados. Para que no hagan cuentas en el aire de los tiempos que se puede llevar la discusión en lo particular.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: ¿Falta algún compañero o compañera por emitir su voto?
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Parece que ya se encuentra estable el tablero. Allá está alguien queriendo votar, allá a la izquierda. Ya votó. Pregunte por última vez, secretaria.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 416 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 416 votos, unanimidad de la asamblea.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pasamos ahora a la discusión de las reservas, artículos específicos.
Y tiene la palabra el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar propuestas de modificación a los artículos 10 Bis, 10 Ter y 21 del decreto referido a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Adelante.
El diputado Jorge Álvarez Maynez: Muy buenas tardes a todas y a todos. La semana pasada cuando se discutía toda la lógica del Sistema Nacional Anticorrupción, en el programa que tiene Leo Zuckermann, en Foro TV, que se llama Es la Hora de Opinar, Andrés Antonius, que siempre representa las posiciones especialistas, decía que no importaba que se mochara el Tres de Tres, como los estudios comparados decían, porque la clave estaba en que hubiera una Fiscalía Anticorrupción realmente autónoma.
El problema es que mocharon el Tres de Tres y también mocharon la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción. Las reservas que tenemos para tres artículos, tienen que ver con esa falta autonomía de la fiscalía.
El artículo 10 Bis dice que el fiscal o la fiscal anticorrupción deberán de rendir un informe y el informe se lo rinde a la Procuraduría General de la República, al titular de la Procuraduría General de la República, primer rasgo de no autonomía.
El informe del fiscal anticorrupción o de la fiscal anticorrupción se debería de rendir ante el pleno del Senado de la República, que es quien lo va a nombrar. También dice que para el nombramiento de los titulares de las unidades administrativas, para nombrar y remover a su equipo de trabajo, el fiscal o la fiscal anticorrupción tendrá que poner esos nombramientos a consideración de él o la titular de la Procuraduría General de la República. Esto tampoco es autonomía.
No puede haber autonomía si para nombrar y remover al equipo de trabajo tienen que pasar por el visto bueno del titular de la Procuraduría General de la República. Y el peor de todos tiene que ver con que creamos un Estado de excepción, para en este caso la Procuradora General de la República o en su determinado caso el procurador general de la república, porque no puede ser investigado por delitos que tengan que ver con corrupción.
Nosotros estamos planteando que también el titular de la Procuraduría General de la República pueda ser investigado y perseguido por actos de corrupción por el fiscal anticorrupción, que se le dé una real autonomía a esa fiscalía. Este es el tema de fondo en el combate a la corrupción, para que no sea una simulación.
Y aprovechamos la presentación de estas reservas para hacer un anuncio. Cuando sea nombrado el titular de esta fiscalía, en los primeros diez días acudiremos a presentar una denuncia penal contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, para poner a prueba a ese titular o a esa titular de la Fiscalía Anticorrupción, y saber si las instituciones que estamos creando sirven.
Porque como lo dijo Víctor Sánchez en esta tribuna, la primera muestra de que se combate la corrupción debe de ser que delincuentes como Javier Duarte paguen con cárcel los crímenes que cometieron en Veracruz. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Álvarez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Tiene ahora la palabra la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo 10 Bis. Viene a todo galope.
La diputada Mirza Flores Gómez: Buenas tardes, presidente. Con su venia. Compañeras diputadas, compañeros diputados muy buenas tardes, vengo a presentar reservas del artículo 10, párrafo segundo y sexto del artículo único del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
La primera modificación que propongo al texto del artículo 10 busca que las unidades administrativas cuenten en esta Fiscalía Especializada anticorrupción con un órgano que coadyuve, en todo momento, con todo su personal para darle, en cualquier etapa de la investigación, las herramientas humanas y económicas, y así no otorgar impunidad a los corruptos.
Estos temas son torales, son parte de la agenda legislativa de la fracción de Movimiento Ciudadano. Por eso es que estamos aquí manifestándonos con esta preocupación en tribuna.
Queremos que en este dictamen se adicionen medidas que sean eficaces para revertir la tendencia negativa que actualmente existe en la Procuraduría General de la República, en específico con la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por los Servidores Públicos, que tiene un muy bajo nivel de eficiencia esta fiscalía.
Actualmente se encuentran en sustanciación ya que muchas de esos pocos resultados que ha hado la fiscalía se ha logrado consignar a un juez. Son muy pocas las que han llegado a tribunales. Y así lograr frenar la impunidad de los funcionarios corruptos.
Uno de los aspectos que propongo modificar en este mismo artículo –aunque sea reiterativa, compañeras diputadas; solicito su especial atención– es modificar la integración paritaria de la fiscalía. La paridad es mucho más que hablar de números o de equilibrio perfecto, implica debatir de manera transversal la distribución de roles, tareas, oportunidades y el poder que ocurre en todos los ámbitos de la vida social.
El día de ayer también solicité su especial atención para que conformáramos un órgano paritario. Este no es un asunto de mujeres o de hombres, es un asunto de justicia social.
Cabe llamar la atención en que muchas de mi compañeras de otras fracciones parlamentarias, de otras expresiones políticas, cuando terminé mi participación se acercaron a decirme: “Yo también creo que tú. Yo también creo que las mujeres somos invisibles, que se nos ha postergado nuestra participación porque desde la ley no queda contemplada la garantía de que participemos, de que estemos. Pero no pude votar contigo, a pesar de estar a favor tuyo porque en la fracción no podemos votar a favor de estas cosas y es otra expresión”.
En este momento las invito, compañeras, a que hagamos unidad; porque son más las cosas que nos unen y tenemos una responsabilidad social e histórica. El día de hoy somos 211 mujeres en este recinto parlamentario gracias a la lucha que otras mujeres durante 100 años han dado en nuestro país con el propósito de que representemos no a nuestros intereses o a los de los hombres de nuestros partidos políticos, sino que representemos a los millones de mujeres que están allá afuera esperando que de verdad seamos su voz.
Mi propuesta es que tengamos órganos en la fiscalía de apoyo a los trabajos de manera paritaria, que su integración sea paritaria, que hombres y mujeres se ocupen de estos asuntos para que tengan un pensamiento trasversal al momento de tomar decisiones. Tenemos una seria responsabilidad con los millones de mujeres que esperan que las representemos y seamos su voz.
Ya me pasé del tiempo, pero yo les agradezco mucho su atención y solicito, presidente, que se vote por separado mi propuesta, para que podamos ver cuántas de nuestras compañeras tienen la libertad de poder votar a favor de esta reserva. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Flores. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Sí. Si se admiten a discusión.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negati8va sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha, y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Saludamos la presencia de Karla Montiel Bañuelos, quien recientemente participó en la Copa Plan Sexenal 2016, en gimnasia, obteniendo el quinto lugar en manos libres de quinta clase, categoría B. Está aquí invitada por el diputado Moisés Guerra Mota. Sea usted bienvenida, amiga deportista. Ya anda por ahí, bueno.
Tiene ahora la palabra, la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar propuesta de modificación al artículo 10 Bis.
La diputada Ana Leticia Carrera Hernández: Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Señoras y señores diputados. Como parte de la discusión del paquete de reformas a diversas leyes que conforman el sistema nacional anticorrupción estamos discutiendo una de sus partes fundamentales que es la concerniente a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en la que el Grupo Parlamentario del PRD está proponiendo que la fiscalía especializada en el combate a la corrupción cuente con un desarrollo institucional propio, ya que a pesar de que fueron aprobadas las reformas que regulan el mandato constitucional del Ministerio Público en cuanto a una nueva estructura y organización interna en la que se incluyen la fiscalía especializada anticorrupción, esta no contaba con un andamiaje legal específico que permitiera desempeñar con verdadera autonomía tales funciones, por lo que es evidente la necesidad de cubrir esta importante laguna en el texto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
En este sentido es que proponemos que se incluya en el artículo 10 Bis de esta ley una obligación adicional para el titular de esta fiscalía para que el informe que presenta anualmente al titular de la PGR sobre sus actividades también lo presente ante al Senado de la República, con el propósito de contar con un elemento adicional de control parlamentario que coadyuve y perfeccione el procedimiento previsto de rendición de cuentas, lo que consideramos de enorme importancia para el buen desempeño de las facultades y obligaciones de la fiscalía especializada en el combate a la corrupción. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Carrera. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Saludamos la presencia de alumnos, maestros y padres de familia de la primaria de jornada amplia María Concepción Farías Pérez de León, provenientes de Colima, invitados por el diputado Francisco Javier Pinto Torres. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.
Tiene ahora la palabra el diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo 10 Bis.
El diputado Rogerio Castro Vázquez: Muy buenas tardes. La reserva que vengo a presentar es del artículo 10 Bis, para que esta nueva Fiscalía Anticorrupción, en sus informes, los pueda rendir frente al Senado, que es la que se encargará de elegir al fiscal.
Es muy importante que ante el Congreso venga a rendir cuentas el fiscal; no es un tema menor, es el tema del combate a la corrupción. Entonces no podemos permitir que como viene el dictamen, el fiscal tenga que rendir informes únicamente al procurador.
Esta es la prueba, una de tantas, como viene el dictamen, de que esta fiscalía no va a ser autónoma, de que fue negociada para que no toquen los intereses que hay en juego. Por eso les pido, como representantes populares, que hagan lo justo, que rinda informes a los representantes populares. No dejemos al aire, no permitamos una nueva injusticia. Esta es la reserva que quiero presentarles, y va en el sentido de que el nuevo fiscal rinda informes al Senado. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Castro. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene ahora la palabra la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD para presentar propuesta de modificación a los artículos 10 Ter, y 10 Quáter.
La diputada Maricela Contreras Julián: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Vengo a esta tribuna a plantear esta reserva para que se adicione un artículo 10 Quáter, para incluir en esta minuta que reforma la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República a la Fepade, a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales.
Sin lugar a dudas fortalecer nuestras instituciones es indispensable para dar soluciones a los problemas que tanto daño hacen a nuestra sociedad y dé respuestas claras en el tema que nos ocupa, que es el combate a la corrupción.
Sin embargo, de nueva cuenta, como Poder Legislativo nos quedamos cortos en el cumplimiento de nuestras obligaciones y seguimos con la misma tendencia de crear leyes ligeras y en algunos casos hasta anodinas.
Es un gran avance la creación de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, pero aún debemos esperar sus resultados y que no se convierta en un ariete que proteja y legalice la impunidad, pues no se cuenta con una autonomía plena de dicho órgano.
Hay un tema particular que llama la atención al Grupo Parlamentario del PRD y que alertamos ya desde el Senado de la República y que no podemos dejar de hacerlo ante esta soberanía.
No hubo ninguna explicación para cortar de tajo todo lo relativo a la Fiscalía Especializada para la Atención a los Delitos Electorales, y se negó la posibilidad jurídica de que esta Ley Orgánica de la PGR pudiera contemplarla.
El único argumento que se dio es que se estaba abordando en las reformas lo referente al combate a la corrupción, y en el PRD nos preguntamos: ¿qué acaso en los procesos electorales no existen muchos casos de corruptelas o de complicidades para obtener beneficios? ¿Qué no muchos de los recursos ilícitos que dan financiamiento a las campañas no provienen de hechos de corrupción? ¿Qué acaso hacer mal uso de los fondos públicos en los procesos electorales no es también corrupción? ¿Comprar votos no es una violación a la ley y, por lo tanto, un acto de corrupción? ¿Y qué instancia conoce de estos asuntos? Pues la Fepade.
Nuestra preocupación radica en que prácticamente se mutiló a la fiscalía del proyecto del dictamen que ya se había trabajado, y de última hora se eliminó sin mayor explicación.
No es un asunto menor, compañeras y compañeros, pues la Fepade también surge del mismo mandato constitucional, en el cual nos basamos para crear a la fiscalía anticorrupción. Y estamos dando un trato desigual, incumpliendo una vez más nuestra propia Constitución, lo cual es inaceptable.
Estamos negando la funcionalidad de la Fepade sin otorgar la independencia técnica y operativa para investigar, prevenir y conocer de los delitos en materia electoral. También cerramos la posibilidad de contar con una estructura dentro del territorio nacional para el seguimiento de las investigaciones. Y, lo más grave, estamos limitando que se investiguen los casos de corrupción que tengan que ver con los procesos electorales.
No olvidemos que justo es la impunidad de muchos líderes, de dirigentes políticos, principalmente de esos aliados que hacen mayorías para evitar que tengamos un Sistema Nacional Anticorrupción más fuerte, los que gozan de esos privilegios al limitar las instituciones.
Por ello, el PRD presenta estas reservas para que se faculte a la Fepade para conocer de los delitos de corrupción relacionados con los procesos electorales, además de establecer las disposiciones que eleven a rango de ley y no se quede en un acuerdo de creación. Fortalezcamos nuestras instituciones y no fomentemos un trato desigual sin ninguna razón objetiva. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputada Contreras. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidenta.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Tiene ahora el uso de la palabra hasta por tres minutos para reserva del artículo 10 Ter, la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, de Morena.
La diputada Norma Xóchitl Hernández Colín: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras, compañeros legisladores. De la revisión y análisis del dictamen hemos llegado a la conclusión de que es necesario fortalecer la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.
La creación de un nuevo artículo 10 Ter contempla las facultades de la Fiscalía, sin embargo tales facultades se encuentran acotadas, lo que llevaría a contar con una institución destinada al fracaso.
La fracción V del citado artículo señala como facultad la propuesta del nombramiento de agentes del Ministerio Público, la cual no implica mayor requisito que la anuencia de la Procuraduría General de la República, por lo que se estima que para evitar la discrecionalidad de los nombramientos y para efectos del correcto funcionamiento de la Fiscalía, ésta requiere la adscripción de elementos que cuenten cuando menos con 10 años de experiencia profesional certificada en materia de persecución de delitos relacionados con la corrupción.
La fracción VIII refiere a la facultad de diseñar e implementar estrategias y líneas de acción que permitan combatir los hechos delictivos en materia de corrupción. Consideramos que dicha facultad se halla acotada y debe de ser reforzada por la creación de estrategias que permitan no sólo combatir, sino perseguir de manera profesional y en su caso castigar las acciones y omisiones que las leyes tipifiquen como delitos en materia de corrupción.
La fracción IX faculta a la Fiscalía a implementar planes y programas destinados a detectar la comisión de delitos, sin embargo se considera necesaria la adición del fundamento legal que permita generar planes y programas que redunden no sólo en detectarlas, sino en sancionarlas de manera profesional.
La fracción X faculta a la Fiscalía para instrumentar mecanismos de colaboración con otras autoridades, lo cual consideramos queda bastante corto, ya que la colaboración debe llevarse a cabo por todas y cada una de las dependencias de los tres ámbitos de gobierno.
El segundo párrafo de la fracción XI estipula que los acuerdos, circulares, instructivos, pases y demás normas administrativas emitidas por la fiscalía, en ningún caso podrán contravenir las normas administrativas emitidas por la Procuraduría General de la República, lo cual asume de manera tácita que las resoluciones de la Procuraduría siempre están apegadas al principio de legalidad.
Por tal motivo, se propone que estos acuerdos y demás normatividad administrativa debe estar apegada a la Constitución, a los tratados internacionales y a las leyes del Congreso de la Unión y que en caso de discrepancia o contradicción se esté atento al principio pro persona y a la interpretación conforme, ambos establecidos en el artículo 1o. constitucional.
Con respecto a la fracción XV, se estipula de manera legal el plazo para la remisión de la documentación que la fiscalía requiera a las diversas instancias del gobierno, a efecto de promover celeridad en la resolución de los procesos que este instrumente.
Por último, se propone la modificación de la fracción XXVI, a efecto de que los recursos económicos y materiales asignados a la fiscalía se empleen con base en criterios de legalidad, honestidad, austeridad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia, control y rendición de cuentas.
Lo anterior, a efecto de subsanar la redacción que alude al uso responsable de los recursos, sin que exista una definición objetiva sobre el significado de responsabilidad.
Con todas estas modificaciones propuestas se abona al fortalecimiento y profesionalización de la institución jurídica. De no aprobarse en sus términos, la fiscalía podrá ejercer funciones con personal no calificado, no tendría facultades legales para exigir la celeridad y podría emitir normatividad que atente contra los principios constitucionales. Es cuanto.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputada Hernández. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Se desecha, se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por tres minutos, para reserva del artículo 10 Ter, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Muy buenas tardes, presidenta, con su permiso. Compañeros y compañeras diputadas, hoy subo a esta tribuna a presentar reserva al artículo 10 Ter, del dictamen con proyecto de decreto por el que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
La reserva que presento tiene como finalidad otorgarle una atribución más a la Fiscalía Especializada, para que esta pueda solicitar, a autoridades internacionales, información y evidencia para así poder indagar a funcionarios en el extranjero, así como establecer mecanismos de supervisión en materia del combate a la corrupción en México y también en el extranjero.
El aprobar esta reserva nos permite quitar intermediarios y poder acudir a instancias internacionales directamente, haciendo la justicia más pronta y expedita. Es necesario dotar de herramientas a la Fiscalía Especializada, para que su lucha contra la corrupción dé los resultados que los mexicanos exigen y tengamos investigaciones libres de opacidad que sigan entorpeciendo la justicia.
No podemos solapar más a los corruptos que se esconden en el extranjero con toda impunidad, y compañeros, ejemplos sobran muchos. La intención de no dejar espacios para simulaciones o esconder información que pueda ser de utilidad respecto a toda investigación en los delitos relacionados a hechos de corrupción, debe de ser una suma de esfuerzos, compañeros, para que la fiscalía cuente con facultades sólidas y el combate a la corrupción finalmente sea una realidad. Es cuanto, señorita presidenta.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputado Ralis. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidenta.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por tres minutos, para reserva del artículo 10 Ter, el diputado Juan Romero Tenorio de Morena. Perdón, y del artículo 13 también.
El diputado Juan Romero Tenorio: Con su venia, presidenta. La nueva Fiscalía tiene que combinar dos elementos, la justicia y la fuerza. Justicia sin fuerza es impotente. Sin fuerza encuentra oposición.
El nuevo fiscal anticorrupción tendrá que unir justicia y fuerza para que tenga razón de ser su función pública. Función pública que debe generar esperanza en la justicia para los ciudadanos y para el manejo transparente de los recursos públicos.
Ello implica una ética profesional y personal del nuevo fiscal que tendrá que arremeter contra los gigantes de la corrupción.
Se avanza en esta propuesta de ley, sin embargo, en la misma ley se ponen vacunas los que quieren utilizar y seguir manipulando la administración pública en la corrupción.
El artículo 9. El procurador está por encima del fiscal para determinar cuestiones administrativas en cuanto al personal y la asignación de ministerios públicos.
Artículo 21. Los delitos en que incurren los servidores públicos de la Visitaduría General, que es la responsable de vigilar el cumplimiento y la buena conducta de los ministerios públicos serán investigados no por el fiscal en caso de corrupción, sino por la propia procuradora, el procurador. Se le quitan dientes al fiscal para terminar con la corrupción de la propia institución, a la cual los ciudadanos no acuden, porque cuando acuden al Ministerio Público se encuentran con la impunidad y la corrupción.
Nosotros proponemos tres modificaciones a la Ley Orgánica, mismas que sabemos no van a ser aprobadas porque el procedimiento ya está determinado y la decisión ya está tomada. Sin embargo, pese a ellos tenemos que subrayar dónde se puede fortalecer esta institución.
Proponemos en el 10 Ter, fracción III que sea el fiscal quien nombre de manera autónoma y sin intervenciones del procurador al personal que necesita, tanto en el administrativo como el operativo.
Esto le daría fuerza e independencia en el ejercicio de funciones. En el mismo 10 Ter, que tenga atribuciones para solicitar medidas cautelares y de protección a las personas que presenten denuncias contra actos de corrupción. Asimismo, que tenga atribuciones para aplicar medidas de protección contenidas en la Ley General de Protección a Víctimas.
Por último, en el artículo 13, del fiscal especializado, se propone que podrá destituir a los agentes del Ministerio Público que no atiendan al criterio de transparencia rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Dejar la designación y la permanencia de Ministerios Públicos que no abonen a las funciones que se le dan al fiscal anticorrupción es atrofiar su funcionamiento. Hay que darle mayor fuerza. Estas propuestas no van a pasar, sin embargo, quedan para la reflexión y para un compromiso con mayor ética de todos los legisladores con la población de nuestro país. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputado Romero. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Se desechan. Se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra por tres minutos para reserva del artículo 10 Quáter, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Con su permiso, presidenta. Volviendo al tema de este fiscal que tiene muchas debilidades, precisamente el diseño de una reforma. El diseño institucional, debe servir para mejorar, debe ayudar a resolver conflictos.
El combate a la corrupción no es cualquier cosa. Combatir la corrupción que está incrustada de manera institucional muy fuerte en un sistema de gobierno es algo muy complejo y complicado. Si el fiscal tiene limitaciones no vamos a tener resultados que todo mundo está esperando. Por eso el perfil de este fiscal debe ser un perfil idóneo.
Por ello, tratando de corregir la plana a este mal diseño que se hizo del fiscal anticorrupción, porque en realidad se trata de un subprocurador, no deberíamos de decir que es un fiscal anticorrupción, debiéramos señalar que es un vice fiscal, de eso de inicio ya limita mucho su función.
Se ha dicho hasta el cansancio cómo estas limitaciones a la autonomía del fiscal no van a permitir que haya un fiscal realmente independiente, que dé certeza, y para ejemplo de ello traeré a colación lo que ocurrió no hace mucho tiempo con un fiscal en delitos electorales, que hozó investigar a un subsecretario de Gobernación y cuando lo hizo se le vino encima desde su partido político, varios partidos políticos, grupos de interés, grupos de facto y entonces no se llegó a nada. Puedo decir que el mismo Poder Judicial tuvo presiones para no actuar conforme a derecho. Eso es solo un ejemplo de lo que nos va a ocurrir. Espero que no sea así, pero debemos decirlo con toda claridad si ocurre.
Por eso, en aras de corregir la plana, lo que no queremos es que este fiscal sea un empleado más de la procuradora, que no esté sujeto a grupos o partidos políticos, a grupos de interés. Por ello en esta propuesta planteamos que haya un proceso donde se deba acreditar la experiencia en materia de rendición de cuentas y el combate a la corrupción por este fiscal anticorrupción, que no tenga conflicto de interés alguno y donde ese fiscal no sea ni haya sido miembro, ni candidato de ningún partido político.
Además de ello, que una vez que deje de ser fiscal no pueda ocupar ningún cargo público durante, algo así como seis años. Necesitamos un perfil íntegro, una persona que tenga no nada más la valentía, que tenga la fuerza jurídica, que pueda actuar de manera completa para que combata a la corrupción. En este país la corrupción nos cuesta algo así como de 400 a 800 mil millones de pesos al año y en donde están involucrados todos los servidores públicos de todos los niveles. Ésa es la gran tarea que tiene por delante el fiscal anticorrupción.
Por eso los diputados ciudadanos lo decimos nuevamente: tenemos serias dudas que esta reforma realmente combata a la corrupción de fondo. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputado Sánchez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Tiene ahora el uso de la palabra hasta por tres minutos para reserva del artículo 21 el diputado Adán Pérez Utrera, de Movimiento Ciudadano.
El diputado Adán Pérez Utrera: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados. La reforma que planteo a los párrafos cuarto y quinto del artículo 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República es para que los delitos y las faltas administrativas en que incurran los servidores públicos de la visitaduría general, incluyendo a su titular, sean investigados y perseguidos directamente por el procurador general de la República.
Con la redacción actual así se determina, pero da la posibilidad de delegar estas responsabilidades en otros servidores sin especificar a quiénes. Lo que se propone es que sea directamente el procurador quien realice estas tareas y se omita la posibilidad de delegar tan delicada responsabilidad.
En este nuevo andamiaje jurídico anticorrupción, la creación de la fiscalía de combate a la corrupción es una pieza clave aunque indebidamente inserta en la Procuraduría General de la República.
Con las modificaciones a esta ley es cierto, hay avances, pero ahora existe la posibilidad de que esta fiscalía se convierta en una herramienta poderosa para la obtención de indicios o de pruebas vinculadas con hechos de corrupción al tener acceso a la información de los registros públicos de la propiedad y poder ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden común o del orden federal en materia de hechos de corrupción.
Sin embargo, tal y como ayer lo expresamos, quedan muchos pendientes que eran atendibles con esta reforma y que no se les dio la debida respuesta. Se dirá que el tema es de corrupción y no de materia electoral, pero ambas cuestiones van de la mano.
Es inadmisible que en este dictamen eliminen la posibilidad de integrar a la Fepade como una institución cuyo fundamento legal sea precisamente la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y en lugar de ello, se opta por seguirla marginando a una instancia creada mediante acuerdo del titular de dicha procuraduría.
Procurar la justicia exige establecer bases institucionales que permitan prevenir, combatir y sancionar la corrupción en todos los niveles de gobierno y en cada uno de los poderes del Estado, y con este dictamen no damos plena certeza a este objetivo.
Es ampliamente sabido que en México lamentablemente el ejercicio de la política es una vía para el enriquecimiento personal. Con las leyes anticorrupción deberíamos estar atacando a ese modus operandi, pero no es así; este se deja prácticamente intocado.
Tres ejemplos son tan ilustrativos como consistentes. Sigue siendo materia pendiente darle plena independencia a la Procuraduría General de la República. No se aborda debidamente el nexo entre el sector privado y público en hechos de corrupción, y por falta de una reforma constitucional que no se ha querido tocar; el presidente de la República sigue siendo el único servidor que no se le puede juzgar por actos de corrupción.
Auténticos dientes para aplicar justicia, no sólo se logran con mejores y nuevos tipos penales o con un nuevo diseño institucional, sino con plena independencia y voluntad política para investigar, prevenir y conocer de los delitos en materia de corrupción del funcionario que sea y del nivel que sea. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Pérez. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Por último tiene la palabra el diputado Arturo Santana Alfaro, para presentar propuesta relacionada con el Tercero Transitorio.
El diputado Arturo Santana Alfaro: Con su permiso, diputado presidente. La reserva que propongo es al artículo tercero transitorio.
¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de los años en la Procuraduría General de la República? La Ley Orgánica de la Procuraduría ha sido reformada para el mejor funcionamiento de esta institución, el tema es que siempre en estas reformas a la Ley Orgánica se crea una serie de nuevas instituciones, se crean una serie de fiscalías, una serie de áreas como fue el caso del Instituto Nacional del Combate contra las Drogas, como fue el caso de la Subprocuraduría Especializada contra la Delincuencia Organizada, como fue el área encargada del Servicio Civil de Carrera de la propia institución.
Y bueno, el tema es que se crean pero a costos compensados, compañeras y compañeros, es decir, no se les asignan los recursos suficientes para su funcionamiento. En ese sentido y en virtud de que estamos hablando de un órgano que va a tener el nivel de subprocuraduría general en la Procuraduría General de la República y posteriormente en la Fiscalía Nacional, pues que tenga precisamente la manera de funcionar como lo está marcando el espíritu legislativo. Es decir, que le asignemos los recursos necesarios.
En la minuta acertadamente se habla del período de entrada en vigor de esta Fiscalía hacia el término del ejercicio fiscal de este año, pero no se establece exactamente cuál es el presupuesto, los recursos que habrán de asignársele para su funcionamiento en estos seis meses o más.
La idea es que asignemos desde ya un presupuesto del 6 por ciento del total del presupuesto asignado a la Procuraduría General de la República. Aproximadamente este año asignamos aquí en la Cámara de los Diputados, un recurso del orden de los 16 mil millones de pesos.
Si hablamos de un 6 por ciento, estamos hablando y estamos proponiendo que el presupuesto inicial para su funcionamiento radica en el orden de los 300 millones de pesos para que de saque y de arranque pueda realizar sus labores y su misión para la cual fue creada.
Entonces, el artículo que proponemos, la reforma es al tercero, y diría de la siguiente manera:
La Cámara de Diputados realizará las acciones necesarias para proveer de recursos a la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. El presupuesto aprobado deberá cubrir los capítulos de servicios personales, materiales y suministros, así como de servicios generales necesarios para cumplir con sus funciones, mismo que no podrá ser menor al 6 por ciento del total de los recursos asignados. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Santana. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos 10 Bis, 10 Ter, 10 Quáter, 13, 21 y tercero transitorio, en términos del dictamen.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal de los artículos reservados en términos del dictamen.
(Votación)
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya están oliendo, percibiendo el olor del boleto de avión.
Saludamos la presencia de alumnos del tercer semestre de la licenciatura en derecho del Centro Universitario Euroamericano, del municipio de Ecatepec, estado de México, invitados por el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido. Bienvenidas, bienvenidos, amigas ecatepenses.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto?
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sigue abierto, pero no por mucho tiempo. Parece que ya se estabilizó.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se han emitido 303 votos a favor y 102 votos en contra.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobados los artículos reservados, en términos del dictamen, por 303 votos, por lo tanto aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones le Código Penal Federal, en materia de combate a la corrupción.
En virtud de que ya se hizo de conjunto la fundamentación, junto con el dictamen que acabamos de votar, también de este, por parte del presidente de la Comisión de Justicia, pasamos directamente a la discusión en lo general.
Ya tenemos integrada una lista de compañeras y compañeros, diputados, diputadas, para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios. Tiene, por lo tanto, la palabra la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y diputados, apreciables medios de comunicación, señoras y señores que nos honran con su presencia.
Para el Grupo Parlamentario de Encuentro Social la corrupción en México ha desalentado la inversión, ha generado desconfianza y profundizado las condiciones de pobreza de millones de mexicanos.
Los actos de corrupción han lesionado a las instituciones democráticas y han puesto en duda la legitimidad de la clase política nacional. Los mexicanos estamos cansados de los escándalos de corrupción sin castigo, porque la impunidad lacera a nuestra sociedad.
Es por ello que para el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, nos congratulamos con el presente dictamen que habremos de apoyar, ya que refleja avances en la lucha contra los servidores públicos que denigran la investidura de su encargo y que traicionan a la ciudadanía.
En este sentido, con la presente reforma, además de considerar a los servidores públicos de la administración pública federal, senadores, diputados federales y locales, gobernadores y magistrados, también se sancionarán a aquellos que laboren en las empresas productivas del Estado; es decir, Pemex y CFE.
En este contexto, los servidores públicos que no cumplan y asuman sus responsabilidades; es decir, aquellos que se ostenten como servidores públicos, sin serlos, recibirán un mayor castigo.
Los servidores públicos que piden cuotas o mochadas a sus subalternos, o que se otorgan contratos de obra o de compras a personas inhabilitadas para ello, o que ilícitamente contraten deuda o que viole los derechos humanos, todos ellos serán sancionados.
Ahora, esos malos servidores públicos serán doblemente castigados, ya que serán destituidos o inhabilitados y se les vetará para que no participen hasta por 20 años en contratos de obras públicas, concesiones o compras gubernamentales. Y si fueran servidores públicos electos popularmente o nombrados por la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, se les sancionará con más fuerza.
Para Encuentro Social, que está en contra del fuero de los legisladores, vemos con particular agrado que se establezca y se castigue a los legisladores. En este sentido, se contempla sancionar a los legisladores que con ejercicio de sus funciones pida moche por la gestión de recursos públicos o que gestione obra o servicios a favor de determinadas físicas o morales, pero también aquellos llamados gestores que en nombre y en representación de ellos realicen las gestiones y se soliciten contratos.
Encuentro Social votará a favor del presente dictamen, que sin lugar a dudas se está avanzando contra este mal. Sin embargo, nosotros queremos ir más allá, en breve presentaremos una reforma integral al Título Décimo, del Código Penal Federal, denominado Delitos por hechos de corrupción, a modo de aumentar las penas, ya que queremos erradicar, de una vez por todas, la corrupción que tanto ha dañado a México. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada García.
Tiene ahora la palabra la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeros diputados, diputadas, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en esta legislatura del Congreso de la Unión, hace eco de los reclamos de la sociedad mexicana y como ella expresamos claramente: no seremos indulgentes ante cualquier acto de corrupción, particularmente de aquellos que provengan de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Es el mensaje que dejamos fuerte y claro con la aprobación de estas reformas por parte de mi grupo parlamentario.
Compañeras y compañeros, los juaristas suelen decir que una norma sin sanción es una norma imperfecta, pero sobre todo, inocua. Por ello, para que el Sistema Nacional Anticorrupción no adolezca de este tipo de ineficacias, celebramos la pertinencia de nuestra colegisladora de reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal Federal en esta materia, a efecto de robustecer con mayor fuerza y efectividad al conjunto de normas jurídicas que le dan sentido y forma a dicho sistema.
Las reformas planteadas al Código Penal Federal tienen como finalidad armonizar y lograr la funcionalidad de los diversos componentes del Sistema Nacional Anticorrupción, en concordancia con la reforma constitucional de mayo de 2015.
En este sentido la reforma incluye severas sanciones para los servidores públicos, entre otras, la destitución, la inhabilitación para desempeñar un cargo público, incluso para participar en los procesos de compras y prestaciones de servicio gubernamentales con un plazo de hasta 20 años.
Resalta el endurecimiento de las penas cuando los actos de corrupción sean cometidos por miembros de una corporación policiaca, aduanera o migratoria.
Subrayamos también que se incluyen precisas definiciones, tales como los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, la coalición de servidores públicos y el uso arbitrario de funciones y facultades que comprende a quien ilegalmente contrate deuda o realice colocaciones de fondos y valores con recursos públicos.
Ser prevén sanciones para el servidor público que tenga a su cargo fondos igualmente públicos y les dé una aplicación distinta a la que están destinados, y se precisa que existirá enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiera acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o procedencia de los bienes que estén a su nombre, o de aquellos que respecto de los cuales conduzca como dueño.
El asunto no es menor, sobre todo por lo desprestigiado que quedó este honorable órgano legislativo cuando en la pasada legislatura la sociedad mexicana se vio afectada por los llamados moches.
En este sentido las reformas al Código Penal incluyen el delito de cohecho, que da cuenta del hecho que el legislador federal en el ejercicio de sus funciones o atribuciones y en el marco del proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos gestione o solicite la asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo una comisión, dádiva o contraprestación, o el otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.
En suma, estas reformas pretenden lograr una ampliación del marco normativo, a fin de abatir efectivamente la impunidad en los casos de corrupción, focalizando la actuación de quienes son contrarios al servicio público.
El barómetro global de la corrupción 2015 de Transparencia Internacional revela que el 88 por ciento de los mexicanos cree que las actuaciones de los servidores públicos son corruptas o muy corruptas, además de que la mitad de la población del país considera que la corrupción ha aumentado mucho en los últimos dos años.
Se ha dicho de la corrupción que es la hermana de la impunidad, y para terminar con ambas es preciso establecer y mejorar las sanciones que contribuyan a disuadir a los servidores públicos de caer en estas conductas.
Reiteramos que para Nueva Alianza es primordial no tolerar en el servicio público la comisión de actos que deriven en hechos asociados a la corrupción. En este sentido acompañamos la aprobación de estas reformas al Código Penal Federal.
Las y los mexicanos han dicho: “Basta de impunidad”. Esta es la manera en que queremos decirle a la ciudadanía que estamos de su lado, que los legisladores de Nueva Alianza en el Congreso Federal los escuchamos, los representamos y como ellos estamos decididos a terminar con los moches, con los contubernios y con aquellos servidores públicos que no benefician a la sociedad y que no se apegan a la función que realizan. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ocampo.
Tiene ahora la palabra el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Presidente, con su permiso. Diputadas y diputados, esta es tal vez la última oportunidad que tenemos los mexicanos para dejar de ser el país corrupto que conoce el mundo.
En esta reforma y en esta minuta que vamos a votar se crean varias figuras delictivas. Por ejemplo, se puntualiza el concepto de corrupción de menores, se contemplan una serie de agravantes, dependiendo de quien comete los delitos; ya sea que se trate de un servidor público o de un particular.
También encontramos cambios que ayudan a una exacta aplicación de la ley cambiando el término “indebido” por “ilícito”. Se establece el delito de peculado para aquellos servidores públicos que utilicen recursos para promover su imagen.
Se incluye una armonización con este nuevo concepto de las unidades de medida y actualización. Así como se crea un delito por lo que comúnmente conocemos como moches.
Sin embargo, compañeras y compañeros diputados, debo seguir insistiendo en que esta reforma tiene sus debilidades; porque vuelvo a señalar que la mayoría de los delitos de corrupción ya existían. Delitos como cohecho, concusión, abuso de autoridad, peculado estaban perfectamente plasmados en el Código Penal, tanto las conductas delictivas como las sanciones.
Pero volver a señalar que había una y existe una impunidad terrible. Porque no se ha sancionado a funcionarios públicos, ni los que roban poquito ni los que se han enriquecido de manera escandalosa, y la impunidad solamente se va a castigar si se combate con sanciones, si hay sanciones se podrá terminar con la impunidad. Si no hay sanciones la impunidad no solamente persistirá, seguirá creciendo.
Yo hoy me pregunto, ¿cuándo veremos en México como en otros países a un ex presidente preso por hechos o actos de corrupción? Por ejemplo, el caso de Perú, donde el presidente está siendo sujeto a una sanción penal por corrupción y otros delitos graves; o en Brasil, donde varios legisladores han sido procesados y sentenciados por hechos de corrupción, por eso no echemos las campanas al vuelo.
Esperemos que esta reforma abra la puerta para que se combata de frente a la corrupción. Es la gran oportunidad, pero también como lo hemos venido manifestando, queda mucho a deber esta reforma. Fíjense, no hay prisión preventiva para ningún funcionario, así desvíe el dinero que sea, porque ni en el Código Nacional de Procedimientos Penales se contempla la prisión preventiva oficiosa para alguno de los ilícitos que se van a aprobar, ni de los que ya existían respecto a delitos de hechos de corrupción.
Pero, por ejemplo, si un delincuente común roba un vehículo con un arma de fuego, que tal vez valga medio millón de pesos, ése sí tendrá prisión preventiva. Es algo desproporcionado. Por eso volvemos a insistir, esta reforma es una reforma light. Hoy el Ejecutivo federal, la Procuraduría General de la República, el próximo fiscal anticorrupción tiene la gran oportunidad de demostrarnos que sí hay voluntad de hacer justicia, ir tras los corruptos y no debemos esperar años sino meses, tal vez un año. Si no hay respuestas pronto, significa que esta reforma fue una simulación completa, que se creó un elefante blanco o que con mayor claridad significa que el PRI y sus aliados volvieron a darles la espalda a los ciudadanos, volvieron a legislar para protegerse y para proteger sus intereses.
Pero la historia no se equivoca, la historia es un juez severo, la historia pondrá en su lugar a todos, a quienes traicionaron la voluntad de los mexicanos con su voto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y también aquellos que no votaron, y a quienes vamos a seguir luchando para poner a los corruptos donde deben de estar. Tras las rejas. Que la historia nos juzgue a todos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sánchez. Tiene ahora la palabra el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra: Con su venia, diputado presidente. Diputadas, diputados, con todo respeto. Lo que ahora se discute como unas simples modificaciones al Código Penal Federal tiene especial significado para la sociedad mexicana, no porque pensemos que esta reforma va a resolver los problemas o que ahora sí vamos a llenar las cárceles con todos aquellos que se han dedicado a saquear el erario público, sino porque al fin estamos debatiendo lo que tanto se han esforzado en ocultar los que detentan el poder.
Estamos discutiendo nada menos que la relación entre política y delito. Política y delito, escucharon bien, porque delitos y no otra cosa son las conductas que establece el Código Penal, y por fin la clase política se ha decidido tipificar los hechos de corrupción como delitos.
No nos engañemos. No ocultemos de la opinión pública nacional o internacional que la corrupción es el principal problema del país y que representa hasta el 10 por ciento del producto interno bruto. No tratemos a los ciudadanos como menores de edad diciéndoles que estas conductas son simplemente faltas administrativas graves vinculadas con hechos de corrupción.
Este es un eufemismo para decir que se traicionó la confianza de los ciudadanos por parte de los servidores públicos, aquellos que facilitan estas conductas o de los particulares que participan de manera activa para recibir favores a costa del erario público sin prestar los servicios para los que fueron contratados. Por fin discutimos la cleptomanía de los funcionarios públicos y particulares adictos al robo de la cosa pública y al engaño.
Ya no podemos hablar de que en México hay una democracia. En México padecemos una caquistocracia. Es decir, el gobierno de los peores. Eso es el PRI, el PAN y el PRD y sus aliados del pacto.
En esta iniciativa versa el Código Penal, por eso es necesario abordar el problema de la impunidad. La impunidad se ha definido como la falta de sanción o castigo en contra de una persona que ha perpetuado un delito. Principalmente se origina por una crisis de institucionalidad en la cual se encuentran sumergidos los diferentes órganos que integran la administración de la justicia penal. Así que impunidad significa sencillamente, que los delitos cometidos no son sancionados por una u otra causa.
Ahora bien, cuando la impunidad es regla general en una sociedad, el sistema jurídico se vuelve ineficiente para el control de las conductas ilícitas, y por consecuencia se transforma en un desencadenante de la ilicitud.
El sistema penal mexicano adolece de una impunidad endémica. De acuerdo a estudios realizados por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, en el año 2010 se denunciaron ante el Ministerio Público sólo el 22 por ciento de los delitos, y de estos, sólo el 5 por ciento fue consignado ante la autoridad judicial. El estudio concluye que el nivel de impunidad abarca el 99.3 por ciento, lo que significa que de cada 100 delitos que se cometen, en menos de uno de sanciona al delincuente.
Según algunas estimaciones, la llamada cifra negra compuesta por los delitos efectivamente cometidos, que no llegan al conocimiento de la autoridad, alcanza el 75 por ciento del total de los delitos cometidos en México. En otras palabras, tres de cada cuatro delitos no se denuncian. Del 25 por ciento de los delitos que sí se denunciaron, solamente se concluye la investigación ministerial del 4.55 por ciento. Pero se pone a alguna persona a disposición de los jueces, solamente al 1.6 por ciento del total de los delitos cometidos. Es decir, de cada 100 delitos solamente 1.6 llega ante el conocimiento de un juez. Las condenas judiciales alcanzaron una cifra del 1.06 por ciento, lo que significa que la impunidad alcanza una cifra del 99 por ciento en nuestro país.
Transparencia Internacional publica anualmente el Índice de Percepción de la Corrupción, mismo que se obtiene de los análisis estadísticos de la percepción que en la sociedad existe en relación con la corrupción en cada país determinado.
Los datos nos enseñan que el sistema penal y administrativo en México es claramente ineficiente para combatir la corrupción, tanto por la impunidad genérica como por las causas específicas.
Más aún, parecieran ser fórmulas estructuralmente diseñadas para encubrir las responsabilidades penales y administrativas de los servidores públicos. Aún así existen quienes desde el poder mencionan que “la corrupción es parte de la cultura”. Esperemos que eso lo tomen en consideración ahora que van a discutir la Ley General de Cultura.
Los corruptos son delincuentes que no tienen necesidad de huir de nada; nadie les agarra el cuello. Están más allá de algún inexorable envilecimiento, aunque algún juez molesto los haga comparecer para una cierta denuncia. Es una incomodidad, pero finalmente no ocurre nada. Todos los días los noticiarios nos asombran con nuevos actos de corrupción, cuando no es un gobernador, es un diputado, y si no el regidor en turno, o los directores de cualquier nivel de gobierno.
Parece que cada vez más los funcionarios corruptos se las ingenian para servirse del erario público, inventan nuevas figuras jurídicas, nombres para los organismos, nuevos puestos como el de los consejeros independientes –estoy por concluir– de las empresas productivas del Estado que están sujetos a un régimen especial.
Con todas estas artimañas, con una enredadera legal es como los supuestos servidores públicos evaden la acción de la justicia. No podemos permitir que esta enredadera legal siga expandiéndose y menos en materia penal, donde la exactitud de los términos utilizados es garantía de seguridad jurídica al momento de aplicar la ley, sólo así podremos evitar la existencia de lagunas u oscuridad en la ley, que permita a los funcionarios quedar impunes.
Más allá de los comités de los órganos internos de control, de las sanciones administrativas, es ante la justicia en materia penal donde la corrupción obtiene su verdadero castigo.
A pesar de todos estos señalamientos, en el Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor, pues algo es mejor que nada. Y en verdad les digo diputadas, diputados, quien esté libre de culpa, que apruebe la primera reserva. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Hernández. Tiene ahora la palabra la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
La diputada Sofía González Torres: Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, las reformas al Código Penal Federal que hoy se están considerando, responden a una de las demandas ciudadanas de mayor alcance en los últimos años, perseguir y castigar a los servidores públicos que defrauden la confianza depositada en ellos, y se involucren en actos de corrupción.
Dichos actos no deben sancionarse únicamente por la vía administrativa. Es necesario que aquellas conductas indebidas que lesionan a la sociedad, su credibilidad en las instituciones y al patrimonio del país, tengan consecuencias penales.
El dictamen presentado por la Comisión de Justicia atiende a dicha demanda. Además cuenta con los siguientes aciertos:
Fortalece el Código Penal Federal con un catálogo ampliado de delitos, de esta manera lo convierte en uno de los instrumentos más útiles para la ejecución del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Establece prisión preventiva para los servidores públicos que sean investigados, prevé la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados por las conductas indebidas de los servidores públicos en apego a los objetos del nuevo sistema de justicia penal, prevé la destitución e inhabilitación para ocupar cargos o comisiones públicas para aquellos funcionarios que cometan actos de corrupción.
Endurece las penas cuando los servidores públicos involucrados en actos de corrupción pertenezcan a alguna corporación policiaca, aduanera, migratoria o cualquier institución en la que la sociedad requiere confiar plenamente.
Prevé sanciones acorde al nivel jerárquico y el grado de responsabilidad de los cargos públicos. Al respecto, los jueces deberán incrementar hasta en un tercio las penas a los servidores públicos que delincan y hayan sido electos de forma popular, o ratificados en su nombramiento por alguna de las Cámaras del Congreso.
Impone sanciones para los legisladores que gestionen recursos o dádivas de manera indebida. De esta manera contribuye a que el proceso de aprobación anual del Presupuesto de Egresos sea siempre de objetivo e imparcial.
Está claro que el Sistema Nacional Anticorrupción requiere de estos cambios legales para poder operar de forma eficaz. La corrupción es capaz de desviar los fondos destinados al desarrollo de una nación, disminuye la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios adecuados, alimenta la desigualdad, alimenta la injusticia y desalienta la inversión. Llegó el momento de dar al país legislación que ayude a eliminar este mal que aqueja a la sociedad.
Por lo anterior, a nombre de los legisladores integrantes del Partido Verde, expreso que nuestro voto será a favor del presente dictamen. Los invito a validad este esfuerzo encabezado por la Comisión de Justicia, que formará parte de una de nuestras mejores cartas de presentación, de las cartas de presentación de la LXIII Legislatura, el Sistema Nacional Anticorrupción. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada González. –Ya no se quede coqueteando por ahí en el camino.
Tiene ahora la palabra el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Waldo Fernández González: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el día de hoy se someten a nuestra consideración diversos dictámenes que conforman el paquete anticorrupción. En este momento haré mención en particular a las reformas al Código Penal Federal.
La corrupción en nuestro país ha sido un cáncer difícil de combatir, sin embargo con estas reformas que estamos por aprobar se está creando el orden jurídico que siente las bases firmes y sólidas que necesitamos para hacer frente a este delito, que es cometido en todos los órdenes de gobierno.
Los delitos que engloba la corrupción son una afrenta sin parangón al Estado, a la democracia, al bienestar social y sin lugar a dudas a las finanzas públicas. En el año 2014, Transparencia Internacional dio a conocer los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2014, integrado por 175 países. Nuestra nación se ubicó en la posición 103, junto con Nigeria, Bolivia y Moldavia.
No escapa a los ojos de todos que al interior del país los ciudadanos tienen una percepción de que los servidores públicos son corruptos. Menos escapa a los ojos de otras naciones esta cruenta realidad.
En una primera instancia, para evitar interpretaciones se hace la especificación, ya entrando a la materia de las modificaciones del Código, en lo que se habla de corrupción, pues únicamente se eludía al término corrupción involucrándose incluso el tema de corrupción a menores, por lo que resultó importante dividir esta afirmación y ubicar que son dos delitos diferentes.
En el firme combate a la corrupción que se propone se contempla una serie de agravantes, distinguiendo cuando los delitos son cometidos por particulares o por servidores públicos. En el delito de ejercicio indebido de servicio público se propone cambiar su denominación por el de ejercicio ilícito del servicio público, en virtud de que resulta más preciso y favorece la exacta aplicación de la ley, evitando interpretaciones confusas al tipo penal.
Esta reforma también prevé la actualización en la forma de calcular las multas para establecer que será por medio de la Unidad de Medida y Actualización, UMA. En este sentido se homologa el criterio de la cuantía, que van desde las 30 hasta las mil 100.
Un tema que es de indiscutible trascendencia es el referido conocido a los moches de los legisladores. En esta tesitura, se propone en el dictamen que se discute y vota el día de hoy que los legisladores federales que en el ejercicio de sus funciones y en el contexto de la aprobación del Presupuesto de Egresos gestione o solicite la asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo para sí o para un tercero una comisión, dádiva, contraprestación, ya sea en dinero o en especie distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo, así como el otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas, ya sean estas físicas o morales.
Con el objeto de prever otras posibilidades de que se perpetre este ilícito también se adiciona que se aplicarán estas medidas a cualquier persona que gestione en nombre o representación del legislador federal, recursos y otorgamientos de contratos a los que me acabo de referir.
Los tipos penales que se están modificando con este proyecto de decreto son, entre otros, el ejercicio ilícito del servicio público, el abuso de autoridad, la coalición de servidores públicos, la concusión, intimidación, tráfico de influencias, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.
Compañeras y compañeros legisladores, contar con tipos penales bien definidos en la ley sustantiva permitirá que estas reformas al Código Penal Federal sirvan como un eslabón en la cadena del sistema nacional anticorrupción, que permita establecer claramente los delitos que son perpetrados por servidores públicos y contengan sanciones que inhiban la comisión de estos ilícitos, que laceran a toda la sociedad mexicana.
La ciudadanía demanda contar con servidores públicos probos y si estos no lo son, entonces merecen ser sancionados conforme a las normas penales que el día de hoy vamos a aprobar.
Es por ello, compañeros diputados, que el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Fernández. Tiene ahora la palabra la diputada María García Pérez, del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada María García Pérez: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores diputados, la corrupción y la impunidad se han convertido en una amenaza real para millones de mexicanos que ven afectados su nivel actual de vida y su futuro, debido a la creciente vorágine que se ha venido desarrollando en nuestro país y que el pueblo la ha cobrado ya en las urnas en el pasado proceso electoral.
No nos equivoquemos, esto es un México que ya está harto y cansado de tanta corrupción y de tanto saqueo descarado por parte de algunos gobernantes y servidores públicos. La sociedad ya no es tolerante con este tipo de situaciones que se han dado desde hace mucho tiempo. Hemos recibido en esta honorable Cámara de Diputados, la propuesta para actualizar diversos tipos penales en materia de anticorrupción, bajo la premisa de que se está renovando el catálogo de conductas sancionadas, desde el punto de vista administrativo y de que las tipologías penales de corrupción se han sofisticado.
Dicho de otra manera, se han detectado nuevas e ingeniosas formas de hacer trampa y de violar precisamente la ley al servicio público, situación que ha puesto a México entre las naciones más corruptas del mundo.
Es por ello, que el paso que hoy estamos dando es muy importante para tratar de corregir esta deleznable práctica. Los ajustes realizados al Código Penal Federal inciden en nuevas formas de afectar los bienes tutelados por corrupción, como el denominado cobro de moches, que todos conocemos.
Y también la incorporación de nuevas entidades protegidas, como las empresas productivas del Estado, nuevas conductas a ser perseguidas por el derecho penal, tanto por servidores públicos como particulares que incurran en este tipo de actos. Y como dice el viejo refrán “tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata”.
Se precisan los elementos normativos necesarios para dotar de eficacia a las normas sustantivas. Se actualiza el régimen sancionatorio con el esclarecimiento de los márgenes, de acuerdo a la gravedad de las conductas desplegadas y el daño generado.
Adicionalmente a lo anterior, se aprovecha la reforma para actualizar las sanciones económicas que se encontraban tasadas en salarios mínimos, para estipularse en unidad de medida y actualización.
Por lo anterior, consideramos que la minuta es consecuente con las necesidades del país en la actualización del orden penal, no sin subrayar que lo ideal es que ese tipo de legislación sea la última razón de la autoridad, como debe de ser el derecho penal.
Compañeras y compañeros, en Acción Nacional nos negamos rotundamente a darle a la corrupción cabida dentro del contexto cultural, y no es un asunto cultural, es simplemente una cuestión de educación.
Porque la corrupción no es asimilada por todos ni siquiera por la mayoría de los ciudadanos, somos más quienes aspiramos a una sociedad en donde no haya privilegios, a una sociedad en donde los problemas no se resuelvan en la obscuridad y mediante un soborno. Somos más quienes aspiramos a que el servicio público sea para todos bajo las mismas condiciones. A que los ciudadanos vean a la política como una actividad limpia y como un acto útil. Que la vean como una actividad en la que cabemos todos, y que todos tenemos algo qué aportar.
Con este proyecto, impulsado y acompañado por el Partido Acción Nacional, el día de hoy mandamos un mensaje muy claro a la sociedad. No hay justificación que valga la pena para ningún acto de corrupción.
No dejamos de advertir, igualmente, que la premura de este periodo de sesiones nos obliga a transigir con el contenido íntegro de la minuta, aunque ésta debe de ser perfectible.
Anunciamos en consecuencia, que estaremos muy vigilantes del cumplimiento de la nueva normatividad y estaremos listos para seguir discutiendo su contenido, abriendo los cauces de diálogo que sean necesarios.
Bajo estas consideraciones, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor el contenido de esta minuta. Por lo anteriormente expuesto les agradezco su atención y les digo por último, que estemos muy atentos para el presupuesto que viene, que vamos a discutir en el siguiente periodo, donde debemos de invertirle más a la educación, porque la corrupción viene desde la educación que damos desde la familia, desde nuestras escuelas y que debemos de formar ciudadanos de bien para evitar lo que hoy estamos viviendo y lo que le duele a la sociedad y a los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada García. Tiene ahora la palabra la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del PRI. Y con esta intervención también concluye el plazo para recibir las reservas en lo particular para este dictamen.
La diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la minuta que hoy se pone a consideración es un pilar fundamental para el combate a la corrupción, a través del cual se generan sanciones efectivas para aquellos que abandonen el buen ejercicio en las funciones públicas.
Esta reforma contiene propuestas responsables y progresistas, logrando una legislación integral que se adecúa a las nuevas necesidades del sistema nacional anticorrupción.
En las propuestas se amplía el catálogo de delitos, teniendo mayores posibilidades de sancionar la mala práctica en el servicio público.
La ciudadanía ha exigido que los corruptos sean castigados, y sean castigados de manera contundente por traicionar la confianza de la sociedad. A través de esta reforma se busca armonizar el alcance de los tipos penales con los fines de la reforma constitucional en materia de combate de la corrupción, y así cumplir con los compromisos internacionales que México tiene y con la propia sociedad mexicana.
Debemos recordar que en algún momento la sociedad ha cuestionado el tema de lo que se ha llamado coloquialmente los moches. En ese sentido la propuesta incluye sanciones para que aquel legislador federal que obtenga o exija una contraprestación a cambio de la gestión de recursos sea castigado. Pero también todos aquellos servidores públicos que en el uso del encargo manejen todo aquello que tenga que ver con presupuestos.
Por ello, sin prejuzgar sobre la verdad o no de estos acontecimientos y estos actos, el día de hoy estamos legislando para establecer tipos penales que sean precisos, que alejan de toda duda o sospecha sobre el actuar de los legisladores y en general de cualquier servidor público.
Con la introducción de estos tipos penales la fiscalía tendrá las herramientas necesarias para sancionar a quienes optan por tener un beneficio indebido, cuando por su encargo administran recursos públicos. De esta forma daremos certeza a la ciudadanía para conocer de mejor forma el actuar de sus gobernantes y poder concretar las medidas necesarias para una efectiva rendición de cuentas.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor de la minuta que nos ocupa, por considerar que en las modificaciones y adiciones que se proponen al Código Penal Federal se abona en el combate y, sobre todo, como sociedad estamos decididos a soltar este lastre que retrasa el desarrollo de México. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Félix.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Concluida la parte correspondiente al posicionamiento de los grupos parlamentarios, pasamos a la fase propiamente de la discusión. Tiene la palabra el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en contra.
El diputado Jorge Álvarez Maynez: Con su permiso, presidente. Vengo a dos cosas: a hacer un posicionamiento respecto a esta reforma y a ponerla en contexto. Nuestro compañero Macedonio Tamez, que muchos de ustedes conocen, es un brillante parlamentario, escribió un libro que se llama Política y Corrupción, que está prácticamente disponible en todas las librerías, donde describe lo que algunos teóricos han denominado como Populismo penal.
Pensar que el problema de la seguridad, de la impunidad, de la falta de justicia se hace con demostraciones efectistas se resuelve con creaciones de tipos penales o con aumento de penas. Si los secuestradores están en las calles, incrementar de 50 a 60 años la pena, no combate la impunidad. Si los legisladores piden moche a cambio de asignar presupuesto, modificar el cohecho que ya estaba, el peculado que ya estaba, no va a hacer que paguen, los tipos penales no combaten la impunidad.
Los nuevos tipos penales que se están creando, no impiden o no se impedía antes que .los legisladores fueran a parar a la cárcel, lo que hacían ya era un delito, ya era cohecho, ya era peculado y ya debía de ser sancionado. Si no están en la cárcel los legisladores que pidieron moche a cambio de asignar recursos, es por un sistema de impunidad.
Por eso nosotros tenemos que señalar que este populismo penal que ha invadido a esta Cámara de Diputados tiene que acabar. Somos un Poder Legislativo que es omiso frente a cien mil mexicanos que hoy están en prisión sin una sentencia, saturando las cárceles.
Dice México Evalúa que hay hasta un 300 por ciento de saturación en el sistema penitenciario mexicano y ahí tenemos a cien mil personas que no les hemos dicho si son inocentes o si son culpables, pero que por lo pronto están pagando una pena. La impunidad se da a tal grado que sería prácticamente una burla.
El posicionamiento que queremos hacer tiene que ver con el estado de Nuevo León, es para no creerse. Movimiento Ciudadano desde esta tribuna respalda al diputado local Samuel García, que ha señalado la corrupción de Rodrigo Medina y de Natividad González Paras y que hoy el PRI quiere llevarlo a juicio político, dándole trámite urgente a una demanda en su contra. Cuando no hay corruptos en la cárcel, cuando se retrasan las cuentas públicas en Nuevo León, cuando se alimenta la impunidad, ahora resulta que quien señala, quien denuncia y quien da una batalla con valentía es señalado por el PRI.
Movimiento Ciudadano respalda a nivel nacional, las acciones y el combate a la corrupción del diputado Samuel García. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Álvarez. Tiene ahora la palabra el diputado Roberto Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, en pro.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Con su venia, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeros diputados y diputados. Tengan muy buen día todos ustedes.
El dictamen que hoy se pone a consideración a esta soberanía en el marco de la discusión del sistema nacional anticorrupción, propone modificaciones al Código Penal Federal, primero, con la finalidad de retomar o, bien, adicionar los tipos penales de ejercicio ilícito del servicio público tales como abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, la concusión, la intimidación, el cohecho, entre otros delitos que se les atribuye a los servidores públicos.
Esto es delitos relacionados con la corrupción, cuyos efectos perniciosos afectan día a día la gestión del Estado. ¿Podríamos decir que hay Estado en este país cuando nuestras autoridades son las principales que violan la Constitución?
La corrupción es un obstáculo para el desarrollo económico y social. La corrupción es la responsable de la destrucción de la confianza de las instituciones públicas con el pueblo. La corrupción es la responsable del incremento en la pobreza, de que la brecha de la desigualdad social sea cada día mayor y que se empleen recursos públicos a medida de comprar votos. Es la responsable de la afectación del sistema democrático; entiéndase muy bien, los fraudes electorales de 2006, de 2012 y del año 88.
En nuestro país se han presentado casos verdaderamente escandalosos que involucran a servidores públicos de alto nivel. Por decir uno de ellos las casas blancas. También a particulares, casos que han quedado en la total impunidad sin dejar de mencionar los altos costos que generan estas prácticas.
Las cifras del costo económico que tiene la corrupción en México varían de acuerdo con diversos estudios, pero en todos ellos las pérdidas para el país significan cifras multimillonarias.
El brazo financiero del Banco Mundial, la corporación financiera internacional, estimaron que esta práctica podría equivaler al nueve por ciento del producto interno bruto. Sin embargo, por su parte el Instituto Mexicano para la Competitividad, que es el Imco, registra que podría haber entre el dos y el 10 por ciento. Sin embargo aun existen funcionarios de alto nivel que dicen que no hay dinero en el país. Sí lo hay, pero en sus bolsillos.
Las modificaciones al Código Penal Federal que discutimos son el último eslabón de las reformas que hemos estado discutiendo a lo largo de esta semana. Primero discutimos el desafuero de una diputada, acusada de la comisión de delitos, y podría estar perfecto, y qué bien, pero ¿cuándo habrá desafuero para Peña Nieto, para Calderón, para Javier Duarte, para Moreira, para Salinas de Gortari? ¿Cuándo? ¿Cuándo habrá la congruencia? Para todos los corruptos, para quien sea. Aquí no avalamos corrupción, compañeros.
Después las reformas a la Ley Federal de Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Ejecución Penal, y la Ley General de Justicia para Adolescentes. Casi termino, compañeros; si pudieron aguantar ayer nueve horas, un minuto más no les pasa nada.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Trate de concluir, diputado.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Ayer la General de Fiscalización, a la Ley del Sistema Nacional anticorrupción, y el día de hoy, que es una Ley Orgánica de la Procuración (sic) General de la República, que deja sin autonomía a la Fiscalía Anticorrupción. Y por último, en estos momentos, al Código Penal Federal.
Así enumerado tendríamos que esta fue la semana del combate a la corrupción; pareciera que el mensaje expresado en las urnas respecto al hartazgo en contra de los gobernantes corruptos, tuvo efectos inmediatos; pero desgraciadamente esto no es así. Vivimos en el país del nunca jamás; estamos en Peñalandia, en un mundo fantástico donde todo es maravilloso.
Se nos ha presentado una reforma sin dientes, achicada, con instituciones subordinadas, y ahora que se establecen las conductas criminales donde no puede haber ambigüedad, también se busca la manera de que sólo sean cambios cosméticos y no de fondo.
El Código Penal define delitos en otras conductas, y por delito, compañeros, debemos de entender, toda aquella conducta sancionada por las leyes penales.
Aquí no debe haber ambigüedades, pero al igual que en los otros ordenamientos, aquí aprobados, presentes, tenía fallas, todas derivadas de esta mala práctica de legislar todo al vapor, y de la prisa que ustedes tienen también, algunos de ustedes.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Concluya, diputado.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Concluyo, señor diputado. Esta reforma al Código Penal establece conductas pero no señala cuándo podrán ser perseguidas, deja dentro del mismo capítulo delitos de lesa humanidad; no contempla una homologación de las multas de días de salario que se aplicarán con las unidades de cuenta, hoy vigentes; ni siquiera está correcta la denominación de la Ciudad de México, y no señala con precisión a los miembros del Poder Judicial Federal como sujetos de responsabilidad penal. A pesar de todos estos señalamientos, en el Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor, porque estamos convencidos, sí, estamos convencidos, y gracias por el aplauso, se los agradezco, que un verdadero sistema anticorrupción debe prever con exactitud los delitos...
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Concluya, diputado, por favor.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: ...y sanciones en que incurran los infractores, de lo contrario, simplemente será más de lo mismo. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Tiene ahora la palabra el diputado Cándido Ochoa Rojas, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, en pro.
El diputado Cándido Ochoa Rojas: Con el permiso de los presentes. Para el Partido Verde, es importante que en concordancia con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, el Estado mexicano emprenda un combate frontal contra la corrupción, pues los actos relacionados con la misma, tienen consecuencias altamente negativas en todos los aspectos de la vida cotidiana de los mexicanos.
Los actos de corrupción en los que incurren los servidores públicos, incluidos los designados por el voto popular, provocan indignación en la sociedad, pues resulta inaceptable que una actividad del Estado encaminada a satisfacer el bienestar colectivo, sea realizada por personas incapaces en entender que los intereses particulares no pueden estar nunca por encima del interés general.
Por ende, consideramos imprescindible aprobar la presente minuta enviada por el Senado de la República para ser congruente con la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, el título décimo del Código Penal Federal, el que fue modificado para denominarse como delitos de hechos de corrupción en vez de los denominados como alude actualmente, de delitos cometidos por servidores públicos.
Lo anterior, obedece a la circunstancia de que en el artículo 109 de nuestra Constitución se hace mención expresa a que tales hechos pueden ser cometidos tanto por servidores públicos como por particulares, situación que además hizo necesario incluir en el catálogo de delitos diversas configuraciones previniendo que el sujeto activo del tipo pudiera ser un particular.
Las reformas propuestas al Código Penal Federal pretenden lograr la funcionalidad de los diversos componentes del sistema anticorrupción, cuyas sanciones en materia de tráfico de influencias, señalan a los diversos públicos que gestionan recursos cuando tengan dádivas o contraprestación alguna por el otorgamiento de obras públicas.
También se destaca un mejor y más adecuado procesamiento de la información, la que dará como resultado indicadores confiables que serán la base para que dicho sistema emita recomendaciones, cuya implementación será necesaria para lograr el constante perfeccionamiento de las acciones, procesos, instituciones y normas jurídicas que, como los tipos previstos en el Código Penal Federal, tienen por finalidad el combate a la corrupción, así como lograr que el servicio público se realice conforme a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
Por los motivos aquí expuestos el Partido Verde ratifica su compromiso de impulsar leyes y prácticas públicas, que permitan recuperar la confianza en el ejercicio del poder. Para las diputadas y los diputados de mi grupo parlamentario es muy importante que aprobemos el presente dictamen con la finalidad de que los hechos relacionados con la corrupción puedan ser sancionados adecuadamente. Por su atención, muchas gracias. Y es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ochoa. Agotada la lista de oradores consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido en lo general.
Esta Presidencia informa que de acuerdo con nuestro Reglamento de la Cámara de Diputados ya se han hecho varias reservas de artículos en lo particular, de los cuales le pido a la Secretaría que dé cuenta de ellos a la asamblea.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Los artículos 149 Bis-1, adición; 149 Bis-2, adición; 149 Bis-3, adición; 149 Bis-4, adición; 212, 217, 217 Bis, 214, 215, 218, 222, 219, 223 y el primero transitorio.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general, y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: ¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto?
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Son en total 20 reservas realizadas por 10 oradores que participarán en el uso de la palabra, para que tengan ustedes en cuenta. Algunos diputado hicieron hasta siete reservas, pero las desahogarán en una sola participación. Parece que ya no se mueve el tablero ni se ven movimientos intempestivos de alguien que quiera llegar safe a su curul para votar. Ya, ya diputada.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 388 votos en pro, 0 en contra.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 388 votos, unanimidad de la asamblea.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Entramos directamente a la discusión de los artículos reservados. Tiene la palabra el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos 149 Bis 1, 149 Bis 2, 149 Bis 3, 149 Bis 4, 212, 217, 217 Bis.
El diputado Juan Romero Tenorio: Con la venia de la presidencia, y solicitando se inserte en el Diario de Debates, para que quede constancia del producto de las prisas legislativas.
De nueva cuenta, subrayar que la Cámara de Diputados, como colegisladora, no puede ser una ventanilla de trámite. Creo que hay un poco de dignidad y sentido común en todos los legisladores, que se obvia por las prisas para no modificar las minutas que remite la Cámara de Senadores.
La primera reserva refiere a los artículos 149 Bis, que se adicionan, esto con el objetivo de colocar en el capítulo correspondiente el delito de desaparición forzada. El delito de desaparición forzada no es un delito de corrupción, es un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, por la falta de atención en cómo se integran las reformas se le coloca como un delito de corrupción, cuando es un delito de lesa humanidad. Y la propuesta es que se reoriente su ubicación, para colocarla en el capítulo correspondiente.
De igual forma, las prisas, el artículo 212, se habla de la responsabilidad de los servidores públicos del Distrito Federal, ahora es Ciudad de México, estas prisas nos llevan con esas erratas, y se limita la responsabilidad a servidores públicos de las entidades. Aquí habría que agregar, que todo servidor público de las entidades que haga uso o disponga de recursos públicos federales, para atacar de fondo la corrupción.
Y esta falta de congruencia nos acredita que el famoso sistema anticorrupción no modifica a fondo los procedimientos para determinar responsabilidades.
La reforma presenta adecuación a diversos tipos penales para integrar un triángulo donde esté quien deba juzgar y determinar la responsabilidad, quien deba investigar y quien deba denunciar. Requerimos exhortar a toda la ciudadanía que haga uso de estos instrumentos legales, que haga uso de los tipos penales para denunciar la corrupción, corrupción que tendrá que atacarse en los tres niveles de gobierno y en las distintas esferas de la administración pública.
Estos tipos penales ya permiten sancionar la corrupción en donde estén implicados empresarios que sean parte de las concesiones, contratos, licitaciones públicas, nos permite actuar más.
¿Quién debe actuar? El ciudadano. Debemos exigir al fiscal anticorrupción su actuación objetiva ante hechos que denigran el servicio público y que generan una mala calidad de los servidores públicos en la atención con dignidad a todos los ciudadanos.
Sería una invitación, digo, más que a los diputados, a los ciudadanos, a que revisen estos tipos penales. Hay algunos que ayudan mucho, por ejemplo, el 215, abuso de autoridad, que se cambió el capitulado como ejercicio ilícito del servicio público. Se sanciona con prisión al que obtenga, exija o solicite sin derecho alguno o causa legítima para sí o para cualquier otra persona parte del sueldo o remuneración de uno o más de sus subalternos, dádivas u otros bienes o servicios. Práctica común en el servicio público, tienes el contrato, tienes la plaza laboral si das dádivas, si entregas parte de tu sueldo o haces otros favores a los superiores.
Debemos acabar con la corrupción. Les repito, hay nuevos tipos penales o se adecúan los anteriores y esto da un instrumento para que la sociedad exija, que la sociedad, que los hombres y mujeres sean sujetos activos en este nuevo sistema de justicia oral.
Existen las condiciones para tener medidas cautelares para establecer medidas de protección a quien denuncie. Debemos fomentarlo, debemos impulsarlo, debemos empujar a la cultura de la legalidad. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Romero. Y en atención a su petición se solicita a la Secretaría sea integrado en el Diario de los Debates.
Tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos, el diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar su modificación al artículo 212 del Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción.
Ah, sí, perdón. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Se desecha. Se reserva su votación nominal en conjunto y en términos del dictamen.
Ahora sí tiene la palabra el diputado Rogerio Castro Vázquez. Adelante, diputado.
El diputado Rogerio Castro Vázquez: La siguiente reserva al artículo 212, que se encuentra dentro del dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal Federal pretende implementar dentro del sistema nacional anticorrupción todos aquellos que estén, ahora sí que en esta ley.
Estas reformas en su conjunto establecen y amplían diferentes delitos de hechos de corrupción en los servidores públicos. En estas reservas se proponen dos modificaciones: una, que tiene que ver con un tema que todos ya conocemos, es la reforma política de la Ciudad de México para cambiar donde dice Distrito Federal a Ciudad de México. Y la otra modificación es para que se amplíe el marco de aplicación de los delitos de hechos de corrupción.
En este caso ya se incluyen las empresas productivas, pero lamentablemente se deja fuera a las empresas subsidiarias. Nada más para que tengan una idea de cuáles son estas empresas subsidiarias, están: Pemex Exploración y Producción, Pemex Perforación y Servicios, Pemex Transformación Industrial, Pemex Cogeneración y Servicios, Pemex Logística, Pemex Fertilizantes, entre otras. Todas estas subsidiarias fueron creadas a partir de la privatización de nuestros recursos energéticos.
Y fíjense, a todas esas empresas subsidiarias quien puso a sus principales directores fue el anterior director de Pemex, Emilio Lozoya, quien algunos no quieren recordar, pero estuvo involucrado en temas de corrupción y precisamente fue el motivo por el cual ya no se encuentra como director.
Pero también es muy importante incluir las empresas subsidiarias porque a la luz pública han salido precisamente de esas empresas dos casos de corrupción muy emblemáticos, precisamente con personajes que impuso el exdirector de Pemex.
En este caso los hermanos Gabriel y Carlos del Ángel López, quienes se vivieron millonarios de la noche a la mañana a través de sus empresas Visa en contratos con subsidios de Pemex y recibieron 188 millones de pesos. Y a través también de la empresa All Mart ganaron 123 millones.
Estos casos se encuentran en investigación actualmente, por eso es importante en el tema de la corrupción ir al fondo. Aquí, sobre todo en Pemex es la principal corrupción, los principales negocios del actual régimen.
Necesitamos que en esta ley se incluyan también las subsidiarias. Seguimos pensando que el verdadero fin de la privatización del petróleo fue precisamente dejar estos negocios para unos cuantos y para que se sigan enriqueciendo, por eso la importancia de incluir dentro de este dictamen a las empresas subsidiarias del Estado. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Castro. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: En votación económica, se pregunta a la asamblea, si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto y en términos del dictamen.
Tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos, la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar su reserva al artículo 212 del Código Federal en Materia de Combate a la Corrupción.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Gracias, presidente. Compañeras, compañeros, diputados. El día de ayer aprobamos el sistema anticorrupción y el día de hoy estamos haciendo la vinculación para definir los artículos que queremos que se modifiquen del Código Penal Federal.
Si de veras queremos no hacer gatopardismo y hacer como que pasa y no pasa nada, les propongo que hagamos una modificación al artículo 212, en el párrafo segundo y en la fracción II, en donde se plantea que como un delito penal quien incurra en un acto de corrupción sea inhabilitado hasta por 20 años.
Si queremos ser serios, lo que queremos y les venimos a proponer es que un acto de corrupción comprobado como un delito se sancione con inhabilitación permanente y así no fingimos que estamos haciendo que hacemos y no hacemos, pero además sentamos un precedente, la persona que sea sancionada por un delito de corrupción y que sea comprobado, que sea inhabilitado de por vida.
Pero además necesitamos, junto con eso, no hacer una buena ley solamente, sino que los otros dos Poderes se comprometan verdaderamente a no contratar funcionarios corruptos y procesarlos el Poder Judicial. Solo así podremos combatir la corrupción de manera seria y responsable. Para eso necesitamos mandar una señal que sancione a los corruptos. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Ochoa. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos el diputado Ángel II Alanís Pedraza, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar su propuesta de modificación al artículo 212 del Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción.
El diputado Ángel II Alanís Pedraza: Con su venia, señor presidente. Amigos y amigas legisladoras y legisladores. Con fundamento en lo establecido por el artículo 72, numerales A y B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde esta tribuna solicito al presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, que dentro de los 30 días siguientes a su recepción, devuelva a la Cámara de origen con observaciones la Ley General de Responsabilidades Administrativas cuyo proyecto fue aprobado el día de ayer por esta Cámara.
Por otra parte propongo que el artículo 212 sea modificado porque indebidamente se refiere aun al Distrito Federal, cuando legal y constitucionalmente el Distrito Federal ya no existe, y por eso la propuesta es que en sustitución de la expresión idiomática Distrito Federal se emplee la de la Ciudad de México.
Es cuanto, señor presidente, no sin antes pedirle que se asiente en el Diario de los Debates íntegramente mi intervención. Gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Alanís. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y las diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar modificación al artículo 214 del Código Federal Penal en Materia de Combate a la Corrupción.
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, diputado presidente; compañeras y compañeros legisladores, se advierten graves contradicciones con relación a los objetivos buscados con las reformas en materia de castigo a la corrupción de los servidores públicos. Basta citar el contenido de la propuesta de modificación del artículo 214 del Código Penal, mismo que de manera inexplicable disminuye las penas y sanciones atribuibles a los servidores públicos que cometen ilícitos en el ejercicio de sus atribuciones.
El Código Penal Federal vigente establece sanciones que conllevan la privación de la libertad, la imposición de multas de carácter pecuniario, así como la inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo cual no puede considerarse como un pena inusitada, toda vez que la acción u omisión delictiva va en detrimento del erario y de las instituciones del Estado.
Con la reforma propuesta las sanciones para el delito mencionado quedan sólo en la imposición de multas económicas menores a las que actualmente se imponen. ¿Cuál es el fundamento lógico y jurídico para ello? Por un lado se crea una nueva fiscalía especializada en materia de corrupción, y por el otro, se disminuyen las penas para la comisión delictiva.
Esto no es menor cosa, no existe proporcionalidad entre la comisión delictiva y la sanción por parte del Estado. Con esto, lejos de inhibir la corrupción, se fomenta abiertamente, y siempre resultará redituable pagar una pequeña multa en comparación al dinero obtenido de manera ilícita por el incorrecto ejercicio de las atribuciones públicas.
Lo que promovemos, establece:
1. A más años de prisión y 300 días de unidades de medida y actualización y, por supuesto la inhabilitación.
Es importante recordar que la naturaleza del derecho penal es punitiva, su función primordial es castigar, de ahí el nombre que recibe, y esto implica que al acreditarse la comisión de las acciones u omisiones descritas como delito, el Estado tiene la obligación de sancionar de manera ejemplar, más si se trata de acciones u omisiones que vayan en detrimento del erario y las instituciones públicas como son los delitos cometidos por los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.
Sin lugar a dudas, es necesario fortalecer las instituciones en materia de combate a la corrupción. Es importante actualizar los tipos penales en la materia. Sin embargo, se considera un grave error la disminución de las penas atribuibles a los actos ilícitos cometidos al amparo de un encargo público simple y llanamente no tiene sentido ni relación con las reformas que se han aprobado en este período ordinario de sesiones. Es cuanto.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Hernández. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Tiene el uso de la voz el diputado Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena, quien presenta reservas y modificación al artículo 214 y 215 del Código Federal en materia de combate a la corrupción; es por tres minutos, le pedimos tanto a las asamblea como al diputado, seamos tolerantes con el tiempo.
El diputado Alfredo Basurto Román: Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. La justicia es el pan del pueblo, siempre está hambriento de ella.
Antes de entrar a las reservas que hoy presento a este pleno, me gustaría hacer algunas reflexiones considerando a las mismas. Creo que con este dictamen se cierra un episodio más en la vida política jurídica de México, donde vemos que las mismas –con varia deficiencias de forma y de fondo que traen los diversos dictámenes, sin embargo con la aplanadora que siempre se ve– se están aprobando.
Sin embargo, escuchando con atención intervenciones de varios ponentes creo que con el simple hecho de imponer más sanciones más severas, más altas, esto no quiere decir que disminuye la comisión del delito, por el contrario, creo que es como un reto y es una reacción a los sujetos activos del tipo penal.
Lo vemos incluso con las penas que legislaturas anteriores pusieron al secuestro, 60 años y algunos hasta pena perpetua, y vemos que el delito en vez de disminuir va en incremento.
Dicho lo anterior presento mi primera reserva al artículo 214 del Código Penal Federal, referente a la fracción III en su último párrafo. El dictamen que se nos presenta hoy me resulta ambiguo y obscuro, en virtud de que habla de un Poder Judicial, sin embargo no precisa de qué nivel, si es del ámbito local o federal.
Mucho se habla de transparencia, anticorrupción. Me pregunto: ¿Acaso el Poder Judicial Federal está siendo revisado en sus actos y resoluciones que emite? Si vemos que incluso gozan de una autonomía presupuestaria, no hay quien los fiscalice internamente ni al exterior, cuando es una facultad constitucional de este órgano legislativo llevarlo a cabo y está acotado.
En ese sentido, tal reserva manifiesto que debe agregarse y precisarse que va implícito también el Poder Judicial Federal, para que no quede tan ambiguo y que establezca nada más Poder Judicial.
La segunda reserva se refiere al artículo 215, donde establece en su fracción IX, y únicamente nada más de forma, aquí sugiero que se elimine cuando dice: o casusa legítima, que se quite y que quede el enunciado tal y como viene transcrito en el artículo.
Por último, compañeros, manifiesto que en este mismo artículo, en su última parte, en su fracción XVI hace referencia al tipo penal de abuso de autoridad. Eso implica que quedaría fuera el tipo penal de tortura, cuando vemos que el delito de tortura es un delito de la humanidad, es un delito grave y se quiere eliminar para que aparezca nada más como si fuera un delito de autoridad. Por lo tanto nosotros proponemos que se agregue un párrafo para que se mencione de la siguiente manera: Sin menoscabo de lo anterior, al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por la fracción XIII, también será juzgado por el delito de tortura.
Es decir que se dé la competencia de delitos y que en ese sentido el sujeto activo sea procesado por ambos delitos, y que no quede exento del delito de tortura. Concluyo, compañeros. Donde hay poca justicia es un peligro tener la razón. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Basurto. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas. Secretaria, que no la distraigan de su responsabilidad ante la asamblea.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo 217, al 217 Bis, 218 y 222. Adelante. Va a ser muy ejecutivo, dice.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, lo que hemos estado viendo en este sistema nacional anticorrupción es una serie de acciones y de actos de los grupos parlamentarios.
Lo más importante es que ha quedado claro quiénes realmente están buscando que este país cambie, que este país sea mejor, que realmente se pueda combatir la corrupción, y quiénes están jugando a la simulación, porque además lo han hecho todo el tiempo, sobre todo en el tema 3 de 3, esta declaración que sea pública, tanto la declaración patrimonial, la declaración fiscal y la declaración de intereses, el hecho de que se haya enterrado la posibilidad de que realmente fuera pública y obligatoria implica saber que efectivamente quedó de manifiesto que hay quienes no quieren que se dé cuenta quiénes se han enriquecido de manera ilícita.
Lo digo, porque estos recovecos de la reforma constitucional son muy claros y muy precisos para entender que esta reforma pueda o no llegar a buen puerto.
Esta es una primera debilidad que se le ha planteado a la reforma constitucional, pero además, como ya lo señalábamos en el tema del fiscal anticorrupción, también nos queda claro que las limitaciones a la autonomía van a limitar mucho su trabajo y por eso no nos extrañemos que muy pronto no tengamos ningún resultado.
Por otra parte, el hecho de que no se plantee la prisión preventiva oficiosa es parte de esos ejes de flexibilizar y de imposibilitar, combatir de manera frontal a la corrupción. Por eso tampoco nos parece extraño que las sanciones, lejos de agravarse para los corruptos, se hayan flexibilizado; es decir, incluso disminuido.
Porque no es posible que un delincuente común, que comete un delito que no sea tan grave, pueda incluso ir a prisión, como lo señalábamos en la otra intervención y que en este país, aun cuando tuvimos la oportunidad en esta reforma de dejar las leyes con toda la claridad para que no hubiera estos recovecos, una persona pueda desviar miles de millones de pesos, un funcionario corrupto y ese no pueda ir a prisión preventiva oficiosa. Eso creo que no es coincidencia, creo que esas tres, cuatro cosas importantísimas en esta reforma constitucional se dejaron de lado, no por simple coincidencia, es una planeación muy perversa de los grupos de siempre y de los partidos políticos de siempre, que quieren seguir protegiendo sus intereses y los grupos de interés a los que representan, no a los ciudadanos.
Por eso en este planteamiento que hacemos es un poco enderezar la mal llamada reforma anticorrupción y establecer que haya sanciones con una mayor gravedad. Estamos planteando que haya prisión hasta por 15 años y hasta por 16 años, que es una forma para buscar que se castigue con más severidad a aquellos políticos corruptos que han saqueado al país.
Compañeras y compañeros diputados, es hoy un día histórico para la nación. Esperemos que esta reforma realmente venga a combatir la corrupción, todos tenemos esperanza, que así sea.
Nosotros, en lo personal, por eso no votamos en contra, por eso votamos a favor en lo general, porque no podemos ni siquiera de manera mínima poner un freno, porque confiamos en que esta reforma realmente cambie las cosas.
Que vaya contra todos, así sean legisladores los corruptos, así sean gobernadores o hasta el mismo presidente de la república. Los ciudadanos hoy están cansados de que la corrupción tenga harta a toda la sociedad y que la clase política sea cínica.
Hoy, es la esperanza para que este país sea otro y esperemos que este Sistema Nacional Anticorrupción construya una nueva democracia y otro país.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sánchez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra el diputado Roberto Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo 219.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados, procuraré ser breve. La querella es la vía jurídica mediante la cual un particular agraviado ejerce con ella la acción penal para iniciar un proceso penal en el cual formará parte.
Se diferencia esencialmente de la denuncia debido a que ésta sólo pone en conocimiento de las autoridades la comisión de un delito, pero no hace al denunciante como parte del proceso de investigación.
La denuncia es un deber, mientras que la querella es un derecho que sólo corresponde a la víctima de ciertos delitos, donde se pueda otorgar el perdón hacia el acusado.
La querella es esencia un mecanismo de legalidad para llevar a cabo la reparación del daño sufrido por la víctima, por parte del sujeto activo. Es un derecho inalienable, es decir, que sólo pertenece al querellante y por ende, el órgano jurisdiccional competente de la recepción de denuncias y querellas es el Ministerio Público, cuya labor principal es realizar la averiguación previa para poder integrar, en su caso, la presunta responsabilidad y el cuerpo del delito.
La función del Ministerio Público, como órgano de buena fe, es dar, en primera, trámite a un derecho de petición y procuración de justicia consagrada en las garantías individuales de nuestra Constitución. No es su función el juzgar.
Sin embargo, existen situaciones donde ciertos funcionarios públicos empleando el abuso de poder vulneran el derecho de las víctimas de algún delito mediante la intimidación, ejerciendo la violencia física o moral, y la amenaza a presentar alguna denuncia o alguna querella.
En algunos casos, el personal del Ministerio Público hostiga a la víctima a desistirse de su presentación, ello con el objeto de proteger algún interés mezquino e ilegal, alejándose de su función como funcionario público, la cual es coadyuvar para llegar a la verdad jurídica y a la justicia.
Por lo anteriormente expuesto acudo a esta soberanía para solicitar que se adicione el artículo 219 del Código Penal Federal respecto al tipo penal de intimidación, el supuesto de que un servidor público solicite, mediante la intimidación, que la víctima se desista de su querella para quedar como sigue:
Comete el delito de intimidación, según el artículo 19, el servidor público que por sí o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral inhiba o intimide a cualquier personal para evitar que ésta o un tercero denuncie, formule querella o una vez presentada se desista de ella, o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la legislación penal o por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es cuanto, muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Y por último, tiene la palabra el diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena para presentar propuesta de modificación al primero transitorio.
El diputado Renato Josafat Molina Arias: La reserva que ahora se presenta tiene que ver con la aplicación de la ley. Parece increíble que aprobemos cambios en el Código Penal en las definiciones sobre los delitos y los sujetos a quienes se considera responsables, pero dejemos sin definir a la fecha para su entrada en vigor.
El presente decreto señala en su artículo 1o. que entrará en vigor a partir del nombramiento que el Senado de la República realice del titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. Esto en el ámbito jurídico se llama vacatio legis, es decir, se crea vacío legal temporal, lo que da lugar a la interpretación de la ley, porque tendremos que coexisten dos leyes: la antigua y la nueva, creando con ello inseguridad jurídica y problemas a procesos que se inicien o ya estén siendo sustanciados con la antigua ley y que tendrán que sentenciarse con la nueva ley procesal.
¿Qué tipo penal vamos a aplicarle a un sujeto que cometa un delito el día de mañana? La antigua norma. Y cuando se apruebe el podrá ampararse y decirnos que la nueva tipificación ya no le aplica y, por tanto, podrá salir libre.
Esto no parece ser un simple error, más bien da la impresión de que este transitorio fue cuidadosamente pensado para proteger a quienes han cometido delitos y a quienes los siguen cometiendo.
A lo largo de la semana el Grupo Parlamentario de Morena ha señalado que las reformas aprobadas a la Ley General de Fiscalización, a la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción son reformas sin dientes, que se queda corta, que traiciona el espíritu constitucional que les dieron origen.
Que se retrasó su discusión para construir un sistema que simule que combate a la corrupción, pero con las lagunas suficientes para que los grandes capos sigan sin ser realmente molestados.
Sucedió lo mismo con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la que deja sin autonomía la Fiscalía Anticorrupción. Y por último, ahora cuando definimos las conductas delictivas se deja una puerta abierta para que los delincuentes se escapen de la justicia, porque no se establece la temporalidad para que entre en vigor.
Por ello, les pido que no simulemos, les pido que acepten esta propuesta. El Senado no ha funcionado y tiene secuestrada la Constitución porque no cumple con el mandato establecido en el artículo décimo octavo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.
El pleno de la Cámara de Senadores emitió las convocatorias de procedimiento para seleccionar y nombrar al fiscal anticorrupción desde noviembre de 2014. Hasta cuándo vamos a padecer los ciudadanos la corrupción, cuando son los partidos mayoritarios los que han incumplido con su obligación constitucional para nombrar el fiscal anticorrupción.
Desde aquí podemos mandar la señal que la Cámara de Diputados cumple con su mandato constitucional, de ser la Cámara revisora, una auténtica colegisladora y no una mera oficialía de partes de lo que envía el Senado de la República. La Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que la coparticipación dolosa se actualiza cuando existe la participación consciente y ejecutada en forma voluntaria o cuando existe un acuerdo entre los delincuentes que puede ser previo a la comisión del delito o concomitante al hecho y de la naturaleza tácita entre los coparticipantes, aun cuando la aportación de un sujeto al hecho delictivo no pueda formalmente considerada como una parte de la acción.
Diputadas y diputados, no se conviertan en coparticipes. No todo el tiempo, recuerden, no todo el tiempo van a tener fuero. Acuérdense de lo que votaron el lunes, sean sensibles y no permitan que la impunidad sea norma. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Molina.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos 212, 214, 215, 217, 217 Bis, 218, 219, 222, 223 y primero transitorio, en términos del dictamen.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación nominal de los artículos antes mencionados en términos del dictamen.
(Votación)
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: ¿Hace falta algún diputado o alguna diputada de emitir su voto? El tablero continúa abierto. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto?
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Espero que los que se estén tomando la foto ya hayan votado. A ver, un último llamado.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: ¿Algún diputado o alguna diputada que haga falta de emitir su voto? Estamos a punto de cerrar el tablero.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No se ve a nadie. Allá viene una diputada remisa. Afortunadamente tenía cerca su curul. Parece que ya.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 252 votos...
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, nada más allá la diputada Fernández, si no la ubico mal. Ya de viva voz, diputada.
La diputada Julieta Fernández Márquez (desde la curul): A favor.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada Montserrat Arcos.
La diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez (desde la curul): A favor.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A favor. Fueron dos votos más además de los del tablero, diputada secretaria.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Señor Presidente, se emitieron 254 votos a favor, 0 en abstención, 98 votos en contra, de un total de 352 diputados presentes.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen, por 254 votos, por lo tanto aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de combate a la corrupción. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Honorable asamblea, esta Presidencia informa que el día de hoy, viernes 17 de junio de 2016, está Cámara de Diputados ha resuelto en su totalidad los temas para los que fue convocada mediante decreto de la Comisión Permanente.
Como ustedes saben, el Senado aún se encuentra en proceso de resolver los temas que le competen, por lo que de conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Presidencia estará pendiente del proceso legislativo de los asuntos que resuelva.
En el caso de aquellos temas que sean remitidos por la colegisladora, la Mesa Directiva instruirá de inmediato los turnos correspondientes, conforme al acuerdo que ya hemos tomado el día de antier, para que continúen su proceso legislativo. Llegado el momento, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, que está integrada por la Junta de Coordinación Política, y un servidor como Presidente de la Mesa Directiva, tomará las decisiones que considere pertinentes.
Y toda vez que hemos desahogado la agenda que se nos encomendó en el decreto por el que la Comisión Permanente convoca a las Cámaras del Honorable Congreso de la Unión a celebrar sesiones extraordinarias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 3 de junio, procederemos a declarar la clausura de las sesiones extraordinarias.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se pide a los presentes ponerse de pie.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Hoy diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al período de sesiones extraordinarias del segundo receso del primer año de ejercicio al que fue convocada.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Procederemos a entonar el Himno Nacional Mexicano
(Himno Nacional)
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Pueden tomar asiento.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La Presidencia de la Mesa Directiva participará por escrito al Ejecutivo federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Cámara de Senadores y a la Comisión Permanente, que ha declarado formalmente terminados sus trabajos correspondientes.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que el acta de esta sesión se dé por leída y copia de la misma se distribuya a los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea si autoriza que el acta de esta sesión se dé por leída y copia de la misma se distribuya a los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se autoriza.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (16:36 horas): Y se levanta la sesión. Buena tarde.
Debate:
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y tiene la palabra el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, para presentar el dictamen a discusión.
Así como también lo hará en una misma intervención el referente al otro dictamen que se someterá a consideración, discusión y votación de la asamblea, que es el referido al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de Combate a la Corrupción. Lo hará el diputado Álvaro Ibarra a nombre de la comisión en una sola intervención, la fundamentación de los dictámenes, aunque la discusión, tanto posicionamientos como reservas que se pudieran dar en lo particular, se discutirán una tras otra. Adelante, diputado Ibarra, por favor.
El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Contra la corrupción estamos todos juntos en un solo partido, el Partido de México.
Me dirijo a ustedes en nombre de la Comisión de Justicia para fundamentar dos dictámenes y subrayar el apoyo a estas reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y al Código Penal Federal.
Quiero agradecer a los integrantes de la comisión porque hemos dado un claro ejemplo de que los asuntos que nos convocan hoy, no son un tema de colores, y muestra de ello, es la aprobación por unanimidad.
Las reformas a ambas legislaciones son un pendiente que tenemos con la nación, para inhibir actos de corrupción, porque si bien los actos de corrupción no son inherentes al ser humano –podría decirse– que son inherentes a la situación de poder.
Hoy en día el éxito de las acciones de gobierno depende de la transparencia y honestidad con que se realicen. De ahí debemos resolver uno de los mayores problemas que enfrenta México, la impunidad.
El primer dictamen corresponde a las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que tiene por objeto dotar a la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados por hechos de corrupción de un andamiaje consolidado para el combate a este tipo de delitos.
La propuesta parte de una premisa, las instituciones débiles dejan espacios a las prácticas corruptas. Por lo anterior, para que el Estado cumpla correctamente sus funciones, es necesario una reestructuración que garantice un servicio público de calidad y castigue las expresiones de la corrupción, como el clientelismo y las compras gubernamentales constatadas fuera de la ley, pues estas debilitan la capacidad y legitimidad de las instituciones.
La responsabilidad de construir instituciones sólidas y fortalecer capacidades para que la ciudadanía tenga la plena certeza de que los actos de corrupción serán investigados y perseguidos, debe ser un compromiso compartido por los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, siguiendo en este orden de ideas de aprobarse este dictamen.
La Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción tendrá autonomía técnica y operativa, lo que significa que las investigaciones que lleve a cabo no estarán sujetas a revisión de la Procuraduría General de la República, lo que dará certeza a las investigaciones en materia de corrupción.
Además, con el propósito de generar una dinámica de rendición de cuentas, la Fiscalía Especializada rendirá un informe anual tanto al Senado de la República como al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
Es importante mencionar que el dictamen establece la atribución a favor de la Fiscalía Especializada, para generar mecanismos de colaboración con las instancias de los tres órdenes de gobierno, con el fin de establecer programas y estrategias en materia del combate a la corrupción.
El segundo dictamen tiene por objeto reformar el Código Penal para impulsar de manera significativa la lucha contra la corrupción, pues contempla innovaciones importantes en los tipos penales y en la elevación de sus penas. Me permito mencionar solo algunas:
Primeramente ayudará a endurecer las sanciones a servidores públicos, pues establece la destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisiones públicas, así como participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un plazo de 1 a 20 años en su duración.
En segundo lugar establece los supuestos en los cuales se considera responsable al particular, cuando realice un delito de corrupción.
En tercer lugar se incluye como hipótesis del delito de abuso de autoridad cuando se obtenga, exija o solicite sin derecho o causa legítima de parte del sueldo de uno o más de sus subalternos, los denominados moches.
En cuarto lugar se adiciona un tipo penal al uso ilícito de atribuciones y facultades para sancionar al particular que en su carácter de contratista, permisionario o asignatario titular de una concesión de prestación de servicios públicos de explotación, aprovechamiento o uso de bienes del dominio de la Federación, con el fin de obtener un beneficio para sí o para un tercero.
Por todo esto hoy nos damos cita en este recinto, para refrendar nuestro compromiso con la lucha contra la corrupción que impacta directamente en la vida diaria de la sociedad y en la desconfianza de la ciudadanía a sus servidores públicos y hacia sus instituciones.
Compañeras y compañeros diputados, hoy tenemos en nuestras manos una gran oportunidad de entregar a los mexicanos una fiscalía fuerte y normas más severas para los servidores públicos, para enfrentar uno de los problemas más arraigados en este país. México necesita combatir el fenómeno de la corrupción de manera eficaz para fortalecer su desarrollo económico y social, y esto se logrará en la medida en que se refuerce la procuración de justicia y se reduzcan los índices de impunidad.
Lo que hoy queremos es recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y quienes se desempeñen en el servicio público, aquellas personas que todos los días entregan sus esfuerzos para ofrecer al pueblo de México sus mejores resultados.
Por lo antes expuesto exhorto a los integrantes de esta honorable Cámara a pronunciarse a favor de estas reformas, para entregar los mejores instrumentos jurídicos al Estado mexicano para que la ciudadanía tenga la confianza de que todo delito, todo hecho de corrupción, toda falla en sentido por un servidor público será sancionada con todo el rigor de la ley.
Cohesionados por una causa, sociedad y gobierno vamos juntos a favor de la transparencia.
Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ibarra. Como lo informamos antes de la fundamentación que ha presentado el diputado Ibarra a nombre de la Comisión de Justicia, abordó los dos dictámenes que hoy están a consideración de la asamblea.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y, por lo tanto, el primero de ellos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que es el que discutiremos primero, está a discusión en lo general, para lo cual y para fijar el posicionamiento de sus respectivos grupos parlamentarios, ya tenemos integrada una lista de diputadas y de diputados.
Tiene la palabra el diputado Abdies Pinera Morín, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
El diputado Abdies Pineda Morín: Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea, hago uso de la palabra para externar la postura de nuestro grupo parlamentario al proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en materia de combate a la corrupción.
En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social nos sentimos satisfechos de ser partícipes de la creación del sistema nacional anticorrupción, sistema diseñado no solo para dar golpes espectaculares, sin que nada cambie, o de expedir normas de relumbrón de compleja aplicación.
De las reformas estructurales que hemos discutido y aprobado en esta Cámara, sin temor a equivocarme considero que estas son las más importantes, sí, las más importantes, ya que de qué sirven las demás reformas que hemos aprobado, si el flagelo de la corrupción lo lleva a las bolsas de unos cuantos.
De acuerdo con la revista Forbes, a México le cuesta mil millones de dólares al año la corrupción. El sistema nacional que le agregaría integral, contempla la creación de nuevas instituciones para combatir la corrupción, una de ellas –que se crea con esta reforma– es la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.
Esta fiscalía contará con agentes del Ministerio Público especializados en tema de anticorrupción. Este órgano contará con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que el Código Penal Federal y otras leyes, partes del sistema, les considere como delitos.
Reitero, que estamos satisfechos con la creación de la fiscalía, ya que diseñará e implementará estrategias para combatir la corrupción de personas físicas o morales, públicas o privadas. También implementará programas para detectar la comisión de los hechos considerados como delitos.
Finalmente, expresamos nuestra confianza a que sin dilación se aplique la reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de febrero de 2014, en particular en lo que se refiere a la autonomía de la Fiscalía General de la República y en consecuencia a la anticorrupción, que entrará en vigor en la misma fecha que se haga la declaratoria expresa.
En Encuentro Social, por todo lo anterior, votaremos a favor de la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y al Código Penal Federal, en materia de combate a la corrupción. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Pineda.
Tiene ahora la palabra la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Las intervenciones para todos son hasta cinco minutos.
La diputada Carmen Victoria Campa Almaral: Con el permiso de la Presidencia. Quisiera comenzar puntualizando, que toda fiscalía que presuma tener a su cargo el combate a la corrupción, tiene forzosamente que contar con facultades sólidas y un andamiaje institucional fuerte que le permita contribuir en el combate a la impunidad en este álgido tema para la ciudadanía.
Es por ello, que como Grupo Parlamentario Nueva Alianza juzga que la transformación al interior de la Procuraduría General de la República, que derivará de la reforma que se encuentra a discusión en este momento, resulta prioritario para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
Como todos saben, el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia político-electoral, misma que tenía como objeto, entre otras cosas, dotar de autonomía al Ministerio Público a través de la creación de la Fiscalía General de la República.
Es de resaltar que la Fiscalía General contaría con dos fiscalías especializadas, una en materia de delitos electorales y la otra en materia del combate a la corrupción, que es la ley que hoy nos ocupa.
En congruencia con dicho proyecto, y en cumplimiento con lo que establece el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, nuestra colegisladora elaboró las reformas objeto de este dictamen.
En función de ello coincidimos en la necesidad de modificar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en lo que se refiere a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, armonizando las competencias de dicha Fiscalía con lo establecido a nivel constitucional, garantizando su autonomía e independencia técnica y estableciendo las competencias, facultades y límites propios de una institución como la esperada.
Además, se constituye a esta Fiscalía Especializada como un órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los delitos que la ley considera como delitos en materia de corrupción.
La reforma faculta a la Fiscalía para participar como integrante en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y es de subrayar que se le otorgan atribuciones para coordinar y supervisar la actuación de la Policía de Investigación.
Una institución con las atribuciones de esta Fiscalía no debe ser un ente aislado. Por ello reconocemos las atribuciones que le confieren para instrumentar mecanismos de colaboración con este diseño e implementación de estrategias, líneas de acción, proyectos, estudios y programas permanentes de información y fomento de la cultura de la denuncia y de la legalidad.
Nueva Alianza no pasa por alto la capacidad que se le confiere para conducir líneas de investigación que contribuyan a la obtención de datos o medios de prueba vinculados con los delitos de prevención, de corregir y de sancionar en materia de corrupción.
No es de menor importancia que en él se establezcan los requisitos para ser titular de la fiscalía y señalar que tanto él como su personal de confianza, agentes y peritos miembros que se encuentren ahí adscritos estarían sujetos a su régimen especial, con excepción de las previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En apego a nuestra convicción de fortalecer el ejercicio cotidiano de la transparencia, con nuestro voto a favor contribuiremos a la consolidación del sistema nacional anticorrupción, a través del ejercicio afianzado de una fiscalía como la que hoy aprobaremos. Es cuanto, señor presidente. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Campa. Tiene ahora la palabra el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Justicia a medias no es justicia. Diputadas y diputados, el contenido de la reforma que hoy vamos a votar tiene como objetivo el cumplimiento del mandato constitucional que establece de manera particular la creación de un fiscal anticorrupción, de forma que sin duda da esperanza para combatir la corrupción y que abre una ventana para que desde una nueva trinchera se pueda castigar a los corruptos. Pero también tenemos que señalarlo con toda claridad, es una reforma que se queda corta, es una reforma que se queda limitada.
Por eso, los diputados ciudadanos queremos alertar desde ahora, porque si no se llegan a ver los resultados que todos los ciudadanos esperan, a nosotros no nos culpen, porque desde hoy lo vamos a señalar.
Dentro de esos pendientes y esos riesgos es que la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción no es una autonomía plena, es una autonomía debilitada. El hecho de que, por principio de cuentas, la procuradora pueda provisionalmente nombrar en esta ocasión al fiscal anticorrupción implica cierta sujeción, implica que no haya esa autonomía y esa fuerza jurídica para que se pueda combatir a todos. Pero más aún, como lo contempla la reforma constitucional, que el Ejecutivo federal y el Senado intervengan en el nombramiento de este nuevo fiscal anticorrupción, también habla de eso que siempre hemos criticado.
Al final estos nombramientos terminan en lo que ya sabemos, en un vil reparto de cuotas entre partidos políticos y que al final de cuentas lo que hacen es buscar, no el mejor perfil, el perfil de una persona proba completamente preparada, con capacidad y experiencia para luchar contra la corrupción. Esos perfiles terminan siendo aquellos que sí puedan manipular y manejar, personas que tengan freno, dóciles y que al final se rindan ante los intereses y los grupos fácticos.
Por eso la propuesta constitucional debiera haber sido esa reforma, una autonomía plena, un organismo constitucional con plena autonomía, que no dependiera de la Procuraduría General de la República o de la próxima Fiscalía General y que el procedimiento para elegirlo fuera un procedimiento con más fortaleza, donde tuviera exámenes, donde hubiera exámenes de conocimientos, revisión de antecedentes de probidad, de conflicto de intereses.
Esta reforma, vuelvo a decir, se queda corta. Porque es verdad, no es que falten más leyes, lo que falta es que se cumplan las leyes. Porque también hay que decirlo con toda claridad, en este país la PGR actúa en el combate a la corrupción a mandato del presidente, solo para acallar opositores o para revanchas políticas. Es una justicia sectaria, una justicia de vendetta, como actúan los mafiosos.
No nos engañemos, esta reforma puede convertirse en lo mismo de siempre, en una buena ley, pero que no se aplique y que sigamos con una grave impunidad. Por ejemplo, yo preguntaría hoy, ¿en dónde están las denuncias? ¿En dónde los procesos y sentencias penales? No las hay. Lo que hay es impunidad, porque instituciones tenemos y leyes también, lo que faltan son los resultados, falta cumplir la ley.
Solo pongo como ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, solo en el 2015 nos costó dos mil 181 millones de pesos y según una reciente auditoría que hizo la consultora De la Paz, Costemalle, los resultados de la auditoría desde el año 2001 al 2014, es decir, lo que recuperó, solamente recuperó 104 mil millones de pesos aproximadamente en todo este tiempo.
Imaginen el dinero que nos cuesta y los magros resultados que tiene la Auditoría Superior. Ya no hablemos de denuncias penales o sentenciados. Ahí no conocemos un solo funcionario que haya sido procesado y sentenciado por desvío de recursos públicos.
Amigas y amigos, un verdadero estado de derecho solo se construye cuando hay un exacto cumplimiento de la ley. A nuestra democracia incipiente le urge un combate frontal a la corrupción donde impere el derecho por encima de intereses de grupo, donde se aplique la ley sin distinción de personas.
Si en algunos pocos años no vemos que haya políticos corruptos tras las rejas habremos fracasado. Pero si, por el contrario, se aplica la ley contra los corruptos, entonces habrá triunfado la justicia y la voluntad de los ciudadanos. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sánchez. Tiene ahora la palabra el diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Jesús Emiliano Álvarez López: Con su permiso, presidente. Compañeros, compañeras. El día de ayer escuchamos en este recinto que todos los partidos políticos hablaban sobre el compromiso que tenían con la corrupción. Digo con la corrupción porque muchos son cómplices.
Nosotros aquí venimos a combatirlo, venimos a aplicar leyes que realmente funcionen, y hoy tristemente vemos que esta fiscalía nace sin dientes. Carece de autonomía, no va a combatir de fondo lo que todos y todas planteamos en estas últimas semanas.
Es una fiscalía que nace bajo el mandato de la procuradora o del procurador en turno. No vemos que vaya a cumplir con lo que la ciudadanía está pidiéndonos, está exigiéndonos. Estamos aprobando leyes que no están combatiendo de fondo la corrupción y no estaos al servicio de nuestros electores, no estamos llegando a los niveles que ellos nos están exigiendo.
Tenemos varios casos donde se ha tratado de hacer leyes. Incluso está la Fepade, que es un ejemplo más de una fiscalía que no sirve; nació con bombo y platillo, se decía que esta fiscalía iba a combatir a todos los delincuentes electorales, que iba a haber elecciones limpias, y lo acabamos de vivir, no ha funcionado. Lo mismo va a pasar con esta Fiscalía Anticorrupción que no vemos que esté funcionando.
Otro caso más, el caso de Virgilio Andrade, se le da que diga si hay algún conflicto de intereses entre Peña Nieto y la Casa Blanca. Pues evidentemente no lo hay, no lo iba a encontrar; es su patrón. No están funcionando las cosas.
Nosotros sí estamos a favor de que haya una fiscalía; debería ser autónoma, debería estar al servicio de la ciudadanía y no debería de ser una fiscalía más que va a engrosar la burocracia de la Procuraduría General de la República.
Queda muy claro que este fiscal no va a hacer lo que le corresponde; no vamos a ver un caso como Peña Nieto, no vamos a ver a Fox, no vamos a ver a Calderón, no vamos a ver a Videgaray, por supuesto, tampoco a Moreira, a los Duarte, al de Chihuahua y al de Veracruz; no van a estar ellos cuestionados, no van a estar sancionados por esta fiscalía, que es lo que debería de ser.
Nosotros encontramos muchos casos que por supuesto hay conflicto de intereses, hay corrupción. Digan ustedes si no recuerdan los casos de varios funcionarios que han estado implicados en casos como: Oceanografía, OHL, IGA, entre otros.
Lo que aquí se trata de curar en salud la aprobación de esta reforma; pero sigue siendo muy claro que mientras no exista una autonomía real, esta fiscalía seguirá al servicio de la élite política mexicana.
A pesar de todas estas fallas, pensamos que es con la ley en la mano como debe combatirse a la delincuencia y al crimen organizado de cuello blanco.
No obstante que el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor, con reservas al presente dictamen, seguiremos sosteniendo que la mejor medida para combatir la corrupción y la impunidad es: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Álvarez. S
Tiene ahora la palabra la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
La diputada Sofía González Torres: Con el permiso de la Presidencia. Con las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República se crea la primera fiscalía especializada en delitos relacionados con hechos de corrupción.
Se trata de una medida histórica que ratifica nuestro compromiso con la sociedad para prevenir los actos de esta índole. También refleja el grado de especialización que requiere la actuación del ministerio público a la hora de investigar y perseguir los delitos del orden federal.
La nueva fiscalía encabezará y supervisará la actuación de la policía de investigación en materia de delitos de corrupción. Asimismo deberá fortalecer en este país la cultura de denuncia, la cultura de legalidad a través de sus programas y de diversos proyectos.
Será una oficina con autonomía técnica y autonomía operativa, que no se someterá a resultado de sus investigaciones la aprobación del titular en turno de la Procuraduría. Asimismo contará con presupuesto que ella misma elaborará y propondrá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Así, el diseño institucional de la Fiscalía se caracteriza por favorecer una acción autónoma, objetiva e imparcial. Cabe resaltar que ésta formará parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
La vinculación de las instituciones competentes en materia de investigación del delito, procuración e impartición de justicia es fundamental para que todo México tenga una estrategia sólida en contra de la corrupción.
Por ello, se dota a esta Fiscalía Especial de atribuciones que le permitirán generar acuerdos y colaboración directa con las instancias de los tres niveles de gobierno. La reforma también cuida la rendición de cuentas, establece que el titular deberá presentar anualmente al procurador y al comité coordinador, un informe característico de sus actividades sustantivas y resultados de carácter público.
La fracción parlamentaria del Partido Verde votará a favor del dictamen que presenta la Comisión de Justicia, ya que contribuye a afrontar la corrupción desde tres ángulos: la prevención, la investigación y la persecución del delito.
La Procuraduría General de la República ha experimentado cambios muy positivos en los últimos años, instauró el sistema profesional de carrera, incorporó la perspectiva de género a sus actividades y fortaleció sus esquemas de combate a la delincuencia organizada.
En esta misma línea de fortalecimiento institución verán nacer en los próximos días un actor estratégico para la operación del Sistema Nacional Anticorrupción. Una Fiscalía que fortalecerá el Estado de derecho en respuesta al mando constitucional y sobre todo, y lo más importante, en respuesta a la demanda de la ciudadanía. Esto, compañeros, no es un acto de simulación. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada González. Tiene ahora la palabra el diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD. Apúrese, diputado, no se quede coqueteando.
El diputado Arturo Santana Alfaro: Corrupción. Los malos hábitos es más fácil romperlos que remediarlos. Quintiliano. Con su venía, diputado presidente. Compañeras y compañeros, no podemos venir hoy con actitudes triunfalistas porque es el principio de una era que se tornará complicada, será difícil acabar con estos vicios. Pero tampoco con actitudes fundamentalistas, porque hoy se da un gran avance en la lucha contra la corrupción.
La corrupción es un cáncer que se expandió en todos los sectores de la sociedad mexicana y ha generado metástasis. Es un cáncer que alcanzó a servidores públicos, pero también a particulares.
Es por ello que de inmediato una vez consumado el nombramiento del fiscal especializado se dé trámite a la investigación e integración de las averiguaciones previas en contra de todos aquellos, quienes abusando del poder, le han ocasionado graves daños a la nación.
Es de destacar en la minuta de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República que se contempla la creación de una Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, que será un órgano aparentemente autónomo.
Asimismo, esta fiscalía se auxiliará para su funcionamiento de la unidad administrativa en materia de servicios periciales de agentes del Ministerio Público especializados y estará facultada para participar como integrante en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
El titular y todo su personal estarán sujetos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como al régimen especial en la materia previsto en esta ley. Su actuación será fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación, la Visitaduría General y el órgano interno de control, conforme a sus respectivas competencias.
Entre sus atribuciones se encuentra nombrar, previo acuerdo con el procurador general de la República, a los titulares de las unidades administrativas y direcciones generales.
También podrá requerir a las instancias de gobierno, la información que resulte útil o necesaria para sus investigaciones, la que por ningún motivo le podrá ser negada. Incluso anteponiendo el secreto bancario, fiduciario o cualquier otro de similar naturaleza.
El procurador general de la República, sin perjuicio de las facultades concedidas en esta ley, y el fiscal especializado, estarán facultados para expedir las normas de control interno, circulares, acuerdos, etcétera.
De igual manera, la Fiscalía podrá elaborar su proyecto de presupuesto, y aquí es un punto muy importante porque a la Cámara de los Diputados nos corresponde formular el Presupuesto y al día de hoy vemos que con la propuesta de 4 por ciento no va a ser suficiente para que esta Fiscalía pueda lograr su contenido o su misión para combatir a la corrupción. Por eso nosotros estaremos proponiendo reservas, un presupuesto del 6 por ciento del total del presupuesto asignado a la Procuraduría General de la República.
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor del dictamen de referencia, ya que estamos convencidos de que con estas reformas contaremos con funcionarios e instituciones más confiables y sobre todo preparadas para investigar todos los delitos en materia de corrupción.
El combate a la corrupción es uno de los temas que más preocupa al pueblo de México, es por ello que nuestro país requiere de instituciones que sean totalmente autónomas y tal y como lo estamos aprobando el día de hoy, no encontramos esa situación de la autonomía total.
Si bien es cierto que se le da el nivel de subprocuraduría general, también lo es que el nombramiento está supeditado a la aprobación de la propia Procuraduría General de la República y, por ende, del Ejecutivo federal. Debemos aspirar en el futuro a una autonomía plena, compañeros y compañeras legisladores.
Solamente a través de instituciones especializadas podremos lograr que la ciudadanía vuelva a creer y a tener confianza en las mismas. Estamos en el momento preciso para que se sigan adecuando los instrumentos procesales, penales y que no quede impune la comisión de delitos de corrupción.
Debemos de tomar las experiencias exitosas de países como Bolivia y Perú. Debemos pugnar porque el informe anual que se remitirá a la Cámara de los Senadores, también sea enviada a la Cámara de los Diputados, porque hoy como está la minuta, a nosotros nos excluyen de ese informe y también contamos con una Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
El tema de la facultad de atracción es acotada, debemos revisar este asunto, porque a la postre tendremos un fiscal manco y no podrá requerir a los gobiernos estatales de la información que se requiera para proceder en contra de cualquier funcionario estatal, como lo establece la ley.
Por último, hago un reconocimiento especial a las organizaciones de la sociedad civil, por esta batalla épica que han librado en los últimos años para lograr toda una transformación legal e institucional en materia de combate contra la corrupción. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Santana.
Tiene ahora la palabra el diputado Javier Antonio Neblina Vega, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Javier Antonio Neblina Vega: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy por hoy no hay un tema que tenga más molesta a la ciudadanía que la corrupción que padecemos en México. Es hora de actuar con decisión y responderle a los ciudadanos.
La reforma constitucional que crea el sistema nacional anticorrupción es una oportunidad que tenemos todos los servidores públicos para dar vuelta a la página a estos temas que tanto han dañado a nuestro país, con el pensamiento que debemos castigar a quien cometió algún delito.
Si los actores políticos, si los servidores públicos no operamos un cambio real hacia la forma en que concebimos la vida en comunidad, el servicio público y nuestra responsabilidad ante las próximas generaciones, el cambio normativo anticorrupción será letra muerta desde el momento mismo de su promulgación.
Específicamente el cambio que en este momento concurrimos a apoyar con nuestro voto, tiene que ver con el capítulo orgánico de las reformas; es decir, se están instrumentando cambios en la sustancia administrativa y penal, con la actualización de tipos penales; se están habilitando nuevos procedimientos administrativos y desde la perspectiva penal ya tenemos un nuevo sistema acusatorio, que será muy importante en esta materia.
La creación de la Fiscalía Especializada es uno de los componentes fundamentales del Sistema Nacional Anticorrupción, lo dijo nuestro presidente Ricardo Anaya, vamos por una fiscalía verdaderamente autónoma, cuyo titular no tenga compromiso alguno con los partidos políticos, queremos se revisen a fondo todos los casos de corrupción y que caiga quien tenga que caer, sin importar el partido político en el que milite.
No obstante, que no podemos sentirnos completamente satisfechos de esta plena autonomía hasta que se cumpla o se apruebe de la ley de la fiscalía, pero estamos dando un paso importante, aunque en este tema de combate a la corrupción tenemos que trabajar con mucha más velocidad.
El fiscal especializado tendrá la misma categoría de un subprocurador, lo anterior le dará el nivel necesario para tomar decisiones complejas. En el PAN estaremos muy atentos para que en este rubro en tanto se consolida el esquema de Fiscalía Nacional Autónoma, la titular de la PGR y el propio presidente de la república dejen hacer su trabajo al fiscal anticorrupción con plena libertad.
Es una exigencia justa y por supuesto necesaria, confiamos en que se cumpla a cabalidad. El fiscal tendrá bajo su mando el despliegue de una policía investigadora, particularmente llamo su atención en este rubro, puesto que estamos en presencia de la creación de una policía anticorrupción de alto nivel, con la misión exclusiva de apoyar con investigaciones y que puedan ser lo suficientemente robustas para poder ser presentadas en los juicios orales de manera exitosa.
El fiscal tendrá a su disposición tipos penales adecuados, técnicas de investigación criminal, y lo más importante de todo, contará con fuentes de información sobre el desempeño ético y sobre la situación patrimonial de los servidores públicos, sus dependientes y allegados.
Hacemos de antemano un llamado a quien quiera que sea el fiscal anticorrupción a actuar con todo el rigor de la norma y a la altura de las expectativas de la ciudadanía, para que su trabajo sea uno de los elementos que nos permitan vislumbrar un país en el que sea desterrada para siempre la impunidad y la corrupción.
Compañeras y compañeros diputados, nuestro grupo parlamentario votará a favor de este dictamen no solo porque se trata de una propuesta de Acción Nacional sino por su relevancia para el Estado mexicano.
Invitamos a todas las fuerzas políticas a hacer lo propio para aprobar este importante cambio institucional y a que exijamos el funcionamiento de la nueva Fiscalía no sea obstaculizado por nada ni por nadie. Se lo debemos a México, se lo debemos a las futuras generaciones. Muchas gracias, es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Neblina. Tiene ahora la palabra la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del PRI, que con su intervención también vence el plazo para la presentación de reservas para artículos en lo particular de este dictamen a discusión.
La diputada María Gloria Hernández Madrid: Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados, medios de comunicación, el día de hoy vengo a presentar el posicionamiento a nombre de mi Grupo Parlamentario, el Revolucionario Institucional.
Respecto del dictamen en materia de reforma y adición a diferentes disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a fin de que esta institución cuente con áreas especializadas de investigación y procuración de justicia en materia de corrupción.
En este contexto es importante señalar que la corrupción constituye un impedimento para el desarrollo de las sociedades. Es una enfermedad que no distingue entre instituciones públicas y entidades de naturaleza privada, entre colectivos en la individualidad.
De esta forma, la corrupción es el quebrantamiento de la ley aprovechándose de las atribuciones o funciones que ésta le concede a servidores públicos que con su conducta obstaculizan o detienen el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado, con la finalidad de obtener un beneficio personal.
Pero este fenómeno corrosivo también tiene un segundo rostro, el de las personas que utilizan este servicio público con la misma intención, pero rompiendo desde el ámbito privado el equilibrio que debe de existir entre la ley y su cumplimiento.
En ambos casos el resultado es el mismo, menoscabar la función pública daña el interés nacional y perjudica el progreso de las mexicanas y de los mexicanos.
De esta forma, la erradicación de la corrupción y sus efectos nocivos constituyen uno de los objetivos comparativos de mayor alcance entre los representantes del Estado y la sociedad de la que todos formamos parte y, por lo tanto, el origen, causa y efecto de este problema es de interés común porque a todos nos afecta y ninguno escapamos de la parte de la solución.
No obstante, es requisito indispensable implementar una estrategia adecuada y por ello las reformas y creación de leyes que hemos aprobado en estos días son engranes que operarán con el compromiso cotidiano y decidido de la voluntad personal que deberá imprimir cada servidor público y ciudadano de nuestro país, para alcanzar el estadio de bienestar que se pretende.
Dicho de otra forma, erradicar la corrupción requiere de un cambio de actitud personal frente a la interacción de servidores públicos y ciudadanos que pasa por la generación de normas jurídicas que inhiban o, en su caso, sancionen a quienes deseen seguir viviendo al margen de la ley. Y es en ese punto donde los legisladores tenemos la obligación de proveer los contenidos legales suficientes, coordinados, claros y precisos que nos acerquen al objetivo trazado.
Al combatir la corrupción protegemos el derecho fundamental del ejercicio debido del servicio público en cualquiera de sus expresiones, el que debe desarrollarse con transparencia para que la rendición de cuentas sea el principio de estricta legalidad que inhiba y, eventualmente, nulifique la práctica de servirse personalmente con la encomienda pública.
En suma, combatir la corrupción es tutelar desde las atribuciones del Poder Legislativo uno de los bienes jurídicos de mayor alcance en nuestra sociedad: la inviolabilidad de la ley y los mecanismos que esta prevé para hacerla efectiva. Es por ello que el Estado mexicano debe contar con una autoridad cuyas funciones le permitan investigar y perseguir eficazmente a los responsables de actos de corrupción.
Consecuentemente, las modificaciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República que hoy se someten a nuestra consideración buscan crear en el rango de la ley una fiscalía especializada con las características enunciadas por las que será un órgano con autonomía técnica y de gestión operativa, con personal ministerial, policía y personal de confianza que, a su vez, serán supervisados por órganos internos de la Procuraduría; así como de la Auditoría Superior de la Federación, visitaduría y órganos de control interno que en el ejercicio de sus funciones colaborarán coordinadamente con los órganos e instituciones públicos de diferentes órdenes de gobierno.
Se establecen disposiciones para que la actuación de esta fiscalía sea transparente debiendo rendir un informe anual de sus actividades y cuyo nombramiento o remoción del fiscal especializado podrá ser objetado por el Senado de la República.
En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, creemos que el ejercicio adecuado del servicio público es uno de los mecanismos más efectivos para el desarrollo de nuestra sociedad y brinda certeza y seguridad jurídica en las personas al ajustar la actividad gubernamental a su único eje rector, la ley.
Diputadas y diputados, aprobemos las modificaciones que se nos proponen y dotemos a las instituciones de nuestro país de las herramientas necesarias para enfrentar a la corrupción, como un compromiso legislativo que nos permita alcanzar mejores estadíos de desarrollo, pero sobre todo de justicia social. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hernández. Concluida la etapa de posicionamientos de los grupos parlamentarios, pasamos a la fase de la discusión propiamente dicha.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene la palabra el diputado Cándido Ochoa Rojas, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, para participar en pro.
El diputado Cándido Ochoa Rojas: Con el permiso de los presentes. No podemos hablar de un régimen democrático sin éste la corrupción es una práctica tolerada. Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde, votaremos a favor del decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, porque estamos convencidos que uno de los temas esenciales para el fortalecimiento de la democracia mexicana es precisamente el combate a la corrupción.
Como instituto político, al igual que lo hace el gobierno de la República, reconocemos que éste es un tema respecto del cual la ciudadanía se ha pronunciado en contra y nos exige actuar en consecuencia para ponerle un alto definitivo. El mensaje de no más corrupción ha sido claro tanto por parte de la sociedad como de los habitantes en general. Como Poder Legislativo estamos obligados a conformar un entramado legal que permita hacerlo efectivo.
Es en este contexto que el dictamen que reforma la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República se enmarca en la generación, ampliación y modificación del andamiaje normativo para el combate a la corrupción no solamente en el ámbito administrativo, sino también en la persecución de actos presumiblemente constitutivos de delito y realizados por servidores públicos.
Es fundamental, señoras y señores legisladores, que esta Cámara responda a las exigencias de la ciudadanía y esto solamente lo lograremos dando certeza de que la investigación de los actos de corrupción se realizará de forma transparente y sin consignas.
Además requerimos garantizar que la ciudadanía tenga acceso a la vigilancia del trabajo que realicen las autoridades que perseguirá los actos posiblemente constitutivos de delito en los tres niveles de gobierno. De ahí la necesidad de crear una fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción para investigar y perseguir este tipo de ilícitos.
Sabemos que el Poder Legislativo juega un papel fundamental en la implementación de la reforma constitucional que dio pie a la creación del sistema nacional anticorrupción, en aras de que esta rinda los frutos que de ella se esperan, es decir que ofrezca resultados tangibles para la ciudadanía que está cansada de la corrupción y la impunidad.
Con la aprobación de esta reforma se da cumplimiento a dos de las peticiones más sentidas de la sociedad civil y que tienen que ver con sancionar penalmente a quienes cometen actos de corrupción valiéndose de un cargo público.
El otro tema es el de la transparencia. Sobre este punto es importante resaltar que se contempla que el fiscal rinda un informe y que este tenga la máxima publicidad para el conocimiento de la ciudadanía.
Es por lo anterior que las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde estamos convencidos que con la creación de la fiscalía especializada en materia de delitos por hechos de corrupción, nuestro país contará con un órgano que le permitirá perseguir penalmente esta reprobable práctica.
De igual forma, consideramos que se cumple con el objetivo de dotar al Estado mexicano de un conjunto de reglas que aumenten su capacidad para combatir la corrupción a través de la reorganización institucional con la finalidad de atender con mayor eficacia uno de los más legítimos reclamos de la sociedad en los tiempos actuales. Por su atención, muchas gracias, y es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ochoa. Tiene ahora la palabra el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, en pro.
El diputado Juan Romero Tenorio: Con su venia, presidente; diputadas, diputados. Morena se manifiesta en pro de esta reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con algunas reservas.
Sabemos que la corrupción es un mal mayor en nuestro Estado, en el servicio público, y que es necesario atacar. No basta la ley, la ley está dando algunos instrumentos, no los idóneos, pero está llegando a algunos instrumentos, está dotando de una autonomía relativa al fiscal anticorrupción, le está dando atribuciones para que este fiscal designe y se apoye con ministerios públicos. Eso es loable.
Está estableciendo que la Auditoría Superior de la Federación vigilará también la actuación de este fiscal, al igual que los órganos internos de la propia procuraduría. Eso es loable, pretender contar con un fiscal que sea capaz de enfrentar la corrupción sin mirar la posición ni el encargo que tenga el servidor público. Son buenas intenciones. Esperamos que estas buenas intenciones se concreten y que busque sancionar la corrupción como mal mayor en nuestro país.
La corrupción no solamente afecta las finanzas públicas, afecta a la dignidad de las personas. La corrupción en servicios médicos, la corrupción en servicios de educación, que ya lo veremos en los nuevos tipos penales que se presentan en el Código Penal, vienen al final del día a afectar al ciudadano. Mientras menos corrupción se genere en la administración pública, más posibilidades hay de garantizar los derechos humanos de los ciudadanos, más posibilidades hay de garantizar un trato digno a todos los ciudadanos.
Es fuerte hablar de un compromiso de un derecho a una vida libre de corrupción; esperemos que al igual que esta campaña del derecho a una vida libre de humo, se genere el derecho a una vida libre de corrupción, y se inicie una campaña que involucre a la ciudadanía no solamente como espectador, sino como un sujeto activo reclamando y exigiendo su derecho a una vida libre de corrupción, como un eje principal de la función pública.
El derecho a una vida libre de corrupción, implica un compromiso ético bastante fuerte. Un compromiso ético que al menos esta Cámara de Diputados no ha asumido en su plenitud. Se han abonado algunos instrumentos, pero no los necesarios. Se establecen limitaciones que restringen una actuación de un fiscal fuerte frente al tamaño dela corrupción que existe en nuestro país.
Abona por otro lado nuevos tipos penales que también nos pondrán a pensar como diputados cómo estamos haciendo nuestra función pública. Morena vota a favor de esta reforma a la Ley Orgánica, con omisiones, con deficiencias, pero da paso a cumplir un compromiso ético con la ciudadanía.
Da paso a combatir a la corrupción quitando el pretexto de que no hay los instrumentos legales o no hay las instituciones. El discurso que se ha generado en este nuevo sistema anticorrupción tendrá que verse y comprobarse con hechos concretos. Este discurso, esperamos, que no sea demagogia a través de los operadores del nuevo sistema anticorrupción. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Romero. Tiene ahora la palabra la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario de PRD.
La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Con su venia, señor presidente. Compañeras, compañeros diputados.
Las reformas que hoy se ponen a nuestra consideración tienen una gran trascendencia, la creación de la Fiscalía Anticorrupción constituye uno de los grandes pilares del sistema que estamos construyendo; sin embargo, es necesario señalar algunos problemas fundamentales:
El primero, como lo han señalado anteriormente, deriva de la falta de cumplimiento del Senado de la República que nos ha quedado a deber, respecto de la aprobación de la minuta de esta Cámara respecto a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, y en ese caso, no es una falta menor. Es indispensable que en un país como el nuestro, en donde los índices de impunidad son del 98 por ciento, la autonomía del ministerio público es fundamental.
Adicionalmente, la supuesta autonomía del fiscal anticorrupción resulta cuestionable, dado que depende actualmente de un funcionario nombrado por el presidente de la república. En este caso se hace necesario señalar a funcionarios que han estado en este cargo, como el muy cuestionado Murillo Karam.
Es impensable pues tener claro que, mientras no se conceda plena autonomía al fiscal anticorrupción, todas las acciones que se implementen en este momento no gozarán de la legitimidad que les corresponde, no totalmente. Es entonces un punto pendiente que tendremos que resolver.
En el mismo sentido, la negativa del Senado para incluir en los mismos términos y con las mismas condiciones a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, dado que tienen el mismo tratamiento constitucional, y que la Fepade no tenga una vida legal dentro de la Ley Orgánica de la Procuraduría lesiona de manera fundamental las tareas que debe emprender este fiscal especial.
A la brevedad este tema deberá será tendido por esta soberanía. Adicionalmente debemos señalar que uno de los principales retos que afrontará el nuevo fiscal es precisamente el fuero constitucional que protege a altos funcionarios y servidores públicos que debiera procesar: gobernadores, secretarios de Estado y hasta el presidente de la República.
El Partido de la Revolución Democrática insiste y seguirá luchando por que este fuero no sea utilizado como un manto de impunidad, como muchas y muchos lo tienen considerado.
Es importante señalar que en esta batalla contra la corrupción deberá ser la Procuraduría General de la República un ejemplo de lo que tiene que darse en lucha contra la corrupción. Es necesario que la impunidad y la corrupción se ataquen y se atiendan desde lo más profundo de nuestras instituciones, y que sean precisamente esas instituciones las que pongan el ejemplo.
Es importante señalar que, además de lo indicado, las reformas que se ponen a nuestra consideración resultan no solamente necesarias, sino imprescindibles. El Grupo Parlamentario del PRD votará a favor, convencido de que como diputadas y como diputados nos quedan muchas tareas pendientes. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Gaytán. Agotada la lista de oradores consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido en lo general. Esta Presidencia informa que se han reservado para su discusión en lo particular una serie de artículos, de los cuales le pido a la Secretaría que dé cuenta a la asamblea.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Artículo 10 Bis, 10 Ter, 21, 10 Quáter, 13 y tercero transitorio.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide por lo tanto a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Nada más para que estén en conocimiento. Aunque son seis artículos los que en su totalidad fueron reservados, en realidad son 18 reservas que se concentran en esos seis artículos, hechas estas reservas por 12 diputadas y diputados. Para que no hagan cuentas en el aire de los tiempos que se puede llevar la discusión en lo particular.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: ¿Falta algún compañero o compañera por emitir su voto?
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Parece que ya se encuentra estable el tablero. Allá está alguien queriendo votar, allá a la izquierda. Ya votó. Pregunte por última vez, secretaria.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 416 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 416 votos, unanimidad de la asamblea.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pasamos ahora a la discusión de las reservas, artículos específicos.
Y tiene la palabra el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar propuestas de modificación a los artículos 10 Bis, 10 Ter y 21 del decreto referido a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Adelante.
El diputado Jorge Álvarez Maynez: Muy buenas tardes a todas y a todos. La semana pasada cuando se discutía toda la lógica del Sistema Nacional Anticorrupción, en el programa que tiene Leo Zuckermann, en Foro TV, que se llama Es la Hora de Opinar, Andrés Antonius, que siempre representa las posiciones especialistas, decía que no importaba que se mochara el Tres de Tres, como los estudios comparados decían, porque la clave estaba en que hubiera una Fiscalía Anticorrupción realmente autónoma.
El problema es que mocharon el Tres de Tres y también mocharon la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción. Las reservas que tenemos para tres artículos, tienen que ver con esa falta autonomía de la fiscalía.
El artículo 10 Bis dice que el fiscal o la fiscal anticorrupción deberán de rendir un informe y el informe se lo rinde a la Procuraduría General de la República, al titular de la Procuraduría General de la República, primer rasgo de no autonomía.
El informe del fiscal anticorrupción o de la fiscal anticorrupción se debería de rendir ante el pleno del Senado de la República, que es quien lo va a nombrar. También dice que para el nombramiento de los titulares de las unidades administrativas, para nombrar y remover a su equipo de trabajo, el fiscal o la fiscal anticorrupción tendrá que poner esos nombramientos a consideración de él o la titular de la Procuraduría General de la República. Esto tampoco es autonomía.
No puede haber autonomía si para nombrar y remover al equipo de trabajo tienen que pasar por el visto bueno del titular de la Procuraduría General de la República. Y el peor de todos tiene que ver con que creamos un Estado de excepción, para en este caso la Procuradora General de la República o en su determinado caso el procurador general de la república, porque no puede ser investigado por delitos que tengan que ver con corrupción.
Nosotros estamos planteando que también el titular de la Procuraduría General de la República pueda ser investigado y perseguido por actos de corrupción por el fiscal anticorrupción, que se le dé una real autonomía a esa fiscalía. Este es el tema de fondo en el combate a la corrupción, para que no sea una simulación.
Y aprovechamos la presentación de estas reservas para hacer un anuncio. Cuando sea nombrado el titular de esta fiscalía, en los primeros diez días acudiremos a presentar una denuncia penal contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, para poner a prueba a ese titular o a esa titular de la Fiscalía Anticorrupción, y saber si las instituciones que estamos creando sirven.
Porque como lo dijo Víctor Sánchez en esta tribuna, la primera muestra de que se combate la corrupción debe de ser que delincuentes como Javier Duarte paguen con cárcel los crímenes que cometieron en Veracruz. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Álvarez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Tiene ahora la palabra la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo 10 Bis. Viene a todo galope.
La diputada Mirza Flores Gómez: Buenas tardes, presidente. Con su venia. Compañeras diputadas, compañeros diputados muy buenas tardes, vengo a presentar reservas del artículo 10, párrafo segundo y sexto del artículo único del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
La primera modificación que propongo al texto del artículo 10 busca que las unidades administrativas cuenten en esta Fiscalía Especializada anticorrupción con un órgano que coadyuve, en todo momento, con todo su personal para darle, en cualquier etapa de la investigación, las herramientas humanas y económicas, y así no otorgar impunidad a los corruptos.
Estos temas son torales, son parte de la agenda legislativa de la fracción de Movimiento Ciudadano. Por eso es que estamos aquí manifestándonos con esta preocupación en tribuna.
Queremos que en este dictamen se adicionen medidas que sean eficaces para revertir la tendencia negativa que actualmente existe en la Procuraduría General de la República, en específico con la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por los Servidores Públicos, que tiene un muy bajo nivel de eficiencia esta fiscalía.
Actualmente se encuentran en sustanciación ya que muchas de esos pocos resultados que ha hado la fiscalía se ha logrado consignar a un juez. Son muy pocas las que han llegado a tribunales. Y así lograr frenar la impunidad de los funcionarios corruptos.
Uno de los aspectos que propongo modificar en este mismo artículo –aunque sea reiterativa, compañeras diputadas; solicito su especial atención– es modificar la integración paritaria de la fiscalía. La paridad es mucho más que hablar de números o de equilibrio perfecto, implica debatir de manera transversal la distribución de roles, tareas, oportunidades y el poder que ocurre en todos los ámbitos de la vida social.
El día de ayer también solicité su especial atención para que conformáramos un órgano paritario. Este no es un asunto de mujeres o de hombres, es un asunto de justicia social.
Cabe llamar la atención en que muchas de mi compañeras de otras fracciones parlamentarias, de otras expresiones políticas, cuando terminé mi participación se acercaron a decirme: “Yo también creo que tú. Yo también creo que las mujeres somos invisibles, que se nos ha postergado nuestra participación porque desde la ley no queda contemplada la garantía de que participemos, de que estemos. Pero no pude votar contigo, a pesar de estar a favor tuyo porque en la fracción no podemos votar a favor de estas cosas y es otra expresión”.
En este momento las invito, compañeras, a que hagamos unidad; porque son más las cosas que nos unen y tenemos una responsabilidad social e histórica. El día de hoy somos 211 mujeres en este recinto parlamentario gracias a la lucha que otras mujeres durante 100 años han dado en nuestro país con el propósito de que representemos no a nuestros intereses o a los de los hombres de nuestros partidos políticos, sino que representemos a los millones de mujeres que están allá afuera esperando que de verdad seamos su voz.
Mi propuesta es que tengamos órganos en la fiscalía de apoyo a los trabajos de manera paritaria, que su integración sea paritaria, que hombres y mujeres se ocupen de estos asuntos para que tengan un pensamiento trasversal al momento de tomar decisiones. Tenemos una seria responsabilidad con los millones de mujeres que esperan que las representemos y seamos su voz.
Ya me pasé del tiempo, pero yo les agradezco mucho su atención y solicito, presidente, que se vote por separado mi propuesta, para que podamos ver cuántas de nuestras compañeras tienen la libertad de poder votar a favor de esta reserva. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Flores. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Sí. Si se admiten a discusión.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negati8va sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha, y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Saludamos la presencia de Karla Montiel Bañuelos, quien recientemente participó en la Copa Plan Sexenal 2016, en gimnasia, obteniendo el quinto lugar en manos libres de quinta clase, categoría B. Está aquí invitada por el diputado Moisés Guerra Mota. Sea usted bienvenida, amiga deportista. Ya anda por ahí, bueno.
Tiene ahora la palabra, la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar propuesta de modificación al artículo 10 Bis.
La diputada Ana Leticia Carrera Hernández: Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Señoras y señores diputados. Como parte de la discusión del paquete de reformas a diversas leyes que conforman el sistema nacional anticorrupción estamos discutiendo una de sus partes fundamentales que es la concerniente a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en la que el Grupo Parlamentario del PRD está proponiendo que la fiscalía especializada en el combate a la corrupción cuente con un desarrollo institucional propio, ya que a pesar de que fueron aprobadas las reformas que regulan el mandato constitucional del Ministerio Público en cuanto a una nueva estructura y organización interna en la que se incluyen la fiscalía especializada anticorrupción, esta no contaba con un andamiaje legal específico que permitiera desempeñar con verdadera autonomía tales funciones, por lo que es evidente la necesidad de cubrir esta importante laguna en el texto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
En este sentido es que proponemos que se incluya en el artículo 10 Bis de esta ley una obligación adicional para el titular de esta fiscalía para que el informe que presenta anualmente al titular de la PGR sobre sus actividades también lo presente ante al Senado de la República, con el propósito de contar con un elemento adicional de control parlamentario que coadyuve y perfeccione el procedimiento previsto de rendición de cuentas, lo que consideramos de enorme importancia para el buen desempeño de las facultades y obligaciones de la fiscalía especializada en el combate a la corrupción. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Carrera. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Saludamos la presencia de alumnos, maestros y padres de familia de la primaria de jornada amplia María Concepción Farías Pérez de León, provenientes de Colima, invitados por el diputado Francisco Javier Pinto Torres. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.
Tiene ahora la palabra el diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo 10 Bis.
El diputado Rogerio Castro Vázquez: Muy buenas tardes. La reserva que vengo a presentar es del artículo 10 Bis, para que esta nueva Fiscalía Anticorrupción, en sus informes, los pueda rendir frente al Senado, que es la que se encargará de elegir al fiscal.
Es muy importante que ante el Congreso venga a rendir cuentas el fiscal; no es un tema menor, es el tema del combate a la corrupción. Entonces no podemos permitir que como viene el dictamen, el fiscal tenga que rendir informes únicamente al procurador.
Esta es la prueba, una de tantas, como viene el dictamen, de que esta fiscalía no va a ser autónoma, de que fue negociada para que no toquen los intereses que hay en juego. Por eso les pido, como representantes populares, que hagan lo justo, que rinda informes a los representantes populares. No dejemos al aire, no permitamos una nueva injusticia. Esta es la reserva que quiero presentarles, y va en el sentido de que el nuevo fiscal rinda informes al Senado. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Castro. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene ahora la palabra la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD para presentar propuesta de modificación a los artículos 10 Ter, y 10 Quáter.
La diputada Maricela Contreras Julián: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Vengo a esta tribuna a plantear esta reserva para que se adicione un artículo 10 Quáter, para incluir en esta minuta que reforma la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República a la Fepade, a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales.
Sin lugar a dudas fortalecer nuestras instituciones es indispensable para dar soluciones a los problemas que tanto daño hacen a nuestra sociedad y dé respuestas claras en el tema que nos ocupa, que es el combate a la corrupción.
Sin embargo, de nueva cuenta, como Poder Legislativo nos quedamos cortos en el cumplimiento de nuestras obligaciones y seguimos con la misma tendencia de crear leyes ligeras y en algunos casos hasta anodinas.
Es un gran avance la creación de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, pero aún debemos esperar sus resultados y que no se convierta en un ariete que proteja y legalice la impunidad, pues no se cuenta con una autonomía plena de dicho órgano.
Hay un tema particular que llama la atención al Grupo Parlamentario del PRD y que alertamos ya desde el Senado de la República y que no podemos dejar de hacerlo ante esta soberanía.
No hubo ninguna explicación para cortar de tajo todo lo relativo a la Fiscalía Especializada para la Atención a los Delitos Electorales, y se negó la posibilidad jurídica de que esta Ley Orgánica de la PGR pudiera contemplarla.
El único argumento que se dio es que se estaba abordando en las reformas lo referente al combate a la corrupción, y en el PRD nos preguntamos: ¿qué acaso en los procesos electorales no existen muchos casos de corruptelas o de complicidades para obtener beneficios? ¿Qué no muchos de los recursos ilícitos que dan financiamiento a las campañas no provienen de hechos de corrupción? ¿Qué acaso hacer mal uso de los fondos públicos en los procesos electorales no es también corrupción? ¿Comprar votos no es una violación a la ley y, por lo tanto, un acto de corrupción? ¿Y qué instancia conoce de estos asuntos? Pues la Fepade.
Nuestra preocupación radica en que prácticamente se mutiló a la fiscalía del proyecto del dictamen que ya se había trabajado, y de última hora se eliminó sin mayor explicación.
No es un asunto menor, compañeras y compañeros, pues la Fepade también surge del mismo mandato constitucional, en el cual nos basamos para crear a la fiscalía anticorrupción. Y estamos dando un trato desigual, incumpliendo una vez más nuestra propia Constitución, lo cual es inaceptable.
Estamos negando la funcionalidad de la Fepade sin otorgar la independencia técnica y operativa para investigar, prevenir y conocer de los delitos en materia electoral. También cerramos la posibilidad de contar con una estructura dentro del territorio nacional para el seguimiento de las investigaciones. Y, lo más grave, estamos limitando que se investiguen los casos de corrupción que tengan que ver con los procesos electorales.
No olvidemos que justo es la impunidad de muchos líderes, de dirigentes políticos, principalmente de esos aliados que hacen mayorías para evitar que tengamos un Sistema Nacional Anticorrupción más fuerte, los que gozan de esos privilegios al limitar las instituciones.
Por ello, el PRD presenta estas reservas para que se faculte a la Fepade para conocer de los delitos de corrupción relacionados con los procesos electorales, además de establecer las disposiciones que eleven a rango de ley y no se quede en un acuerdo de creación. Fortalezcamos nuestras instituciones y no fomentemos un trato desigual sin ninguna razón objetiva. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputada Contreras. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidenta.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Tiene ahora el uso de la palabra hasta por tres minutos para reserva del artículo 10 Ter, la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, de Morena.
La diputada Norma Xóchitl Hernández Colín: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras, compañeros legisladores. De la revisión y análisis del dictamen hemos llegado a la conclusión de que es necesario fortalecer la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.
La creación de un nuevo artículo 10 Ter contempla las facultades de la Fiscalía, sin embargo tales facultades se encuentran acotadas, lo que llevaría a contar con una institución destinada al fracaso.
La fracción V del citado artículo señala como facultad la propuesta del nombramiento de agentes del Ministerio Público, la cual no implica mayor requisito que la anuencia de la Procuraduría General de la República, por lo que se estima que para evitar la discrecionalidad de los nombramientos y para efectos del correcto funcionamiento de la Fiscalía, ésta requiere la adscripción de elementos que cuenten cuando menos con 10 años de experiencia profesional certificada en materia de persecución de delitos relacionados con la corrupción.
La fracción VIII refiere a la facultad de diseñar e implementar estrategias y líneas de acción que permitan combatir los hechos delictivos en materia de corrupción. Consideramos que dicha facultad se halla acotada y debe de ser reforzada por la creación de estrategias que permitan no sólo combatir, sino perseguir de manera profesional y en su caso castigar las acciones y omisiones que las leyes tipifiquen como delitos en materia de corrupción.
La fracción IX faculta a la Fiscalía a implementar planes y programas destinados a detectar la comisión de delitos, sin embargo se considera necesaria la adición del fundamento legal que permita generar planes y programas que redunden no sólo en detectarlas, sino en sancionarlas de manera profesional.
La fracción X faculta a la Fiscalía para instrumentar mecanismos de colaboración con otras autoridades, lo cual consideramos queda bastante corto, ya que la colaboración debe llevarse a cabo por todas y cada una de las dependencias de los tres ámbitos de gobierno.
El segundo párrafo de la fracción XI estipula que los acuerdos, circulares, instructivos, pases y demás normas administrativas emitidas por la fiscalía, en ningún caso podrán contravenir las normas administrativas emitidas por la Procuraduría General de la República, lo cual asume de manera tácita que las resoluciones de la Procuraduría siempre están apegadas al principio de legalidad.
Por tal motivo, se propone que estos acuerdos y demás normatividad administrativa debe estar apegada a la Constitución, a los tratados internacionales y a las leyes del Congreso de la Unión y que en caso de discrepancia o contradicción se esté atento al principio pro persona y a la interpretación conforme, ambos establecidos en el artículo 1o. constitucional.
Con respecto a la fracción XV, se estipula de manera legal el plazo para la remisión de la documentación que la fiscalía requiera a las diversas instancias del gobierno, a efecto de promover celeridad en la resolución de los procesos que este instrumente.
Por último, se propone la modificación de la fracción XXVI, a efecto de que los recursos económicos y materiales asignados a la fiscalía se empleen con base en criterios de legalidad, honestidad, austeridad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia, control y rendición de cuentas.
Lo anterior, a efecto de subsanar la redacción que alude al uso responsable de los recursos, sin que exista una definición objetiva sobre el significado de responsabilidad.
Con todas estas modificaciones propuestas se abona al fortalecimiento y profesionalización de la institución jurídica. De no aprobarse en sus términos, la fiscalía podrá ejercer funciones con personal no calificado, no tendría facultades legales para exigir la celeridad y podría emitir normatividad que atente contra los principios constitucionales. Es cuanto.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputada Hernández. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Se desecha, se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por tres minutos, para reserva del artículo 10 Ter, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Muy buenas tardes, presidenta, con su permiso. Compañeros y compañeras diputadas, hoy subo a esta tribuna a presentar reserva al artículo 10 Ter, del dictamen con proyecto de decreto por el que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
La reserva que presento tiene como finalidad otorgarle una atribución más a la Fiscalía Especializada, para que esta pueda solicitar, a autoridades internacionales, información y evidencia para así poder indagar a funcionarios en el extranjero, así como establecer mecanismos de supervisión en materia del combate a la corrupción en México y también en el extranjero.
El aprobar esta reserva nos permite quitar intermediarios y poder acudir a instancias internacionales directamente, haciendo la justicia más pronta y expedita. Es necesario dotar de herramientas a la Fiscalía Especializada, para que su lucha contra la corrupción dé los resultados que los mexicanos exigen y tengamos investigaciones libres de opacidad que sigan entorpeciendo la justicia.
No podemos solapar más a los corruptos que se esconden en el extranjero con toda impunidad, y compañeros, ejemplos sobran muchos. La intención de no dejar espacios para simulaciones o esconder información que pueda ser de utilidad respecto a toda investigación en los delitos relacionados a hechos de corrupción, debe de ser una suma de esfuerzos, compañeros, para que la fiscalía cuente con facultades sólidas y el combate a la corrupción finalmente sea una realidad. Es cuanto, señorita presidenta.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputado Ralis. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidenta.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por tres minutos, para reserva del artículo 10 Ter, el diputado Juan Romero Tenorio de Morena. Perdón, y del artículo 13 también.
El diputado Juan Romero Tenorio: Con su venia, presidenta. La nueva Fiscalía tiene que combinar dos elementos, la justicia y la fuerza. Justicia sin fuerza es impotente. Sin fuerza encuentra oposición.
El nuevo fiscal anticorrupción tendrá que unir justicia y fuerza para que tenga razón de ser su función pública. Función pública que debe generar esperanza en la justicia para los ciudadanos y para el manejo transparente de los recursos públicos.
Ello implica una ética profesional y personal del nuevo fiscal que tendrá que arremeter contra los gigantes de la corrupción.
Se avanza en esta propuesta de ley, sin embargo, en la misma ley se ponen vacunas los que quieren utilizar y seguir manipulando la administración pública en la corrupción.
El artículo 9. El procurador está por encima del fiscal para determinar cuestiones administrativas en cuanto al personal y la asignación de ministerios públicos.
Artículo 21. Los delitos en que incurren los servidores públicos de la Visitaduría General, que es la responsable de vigilar el cumplimiento y la buena conducta de los ministerios públicos serán investigados no por el fiscal en caso de corrupción, sino por la propia procuradora, el procurador. Se le quitan dientes al fiscal para terminar con la corrupción de la propia institución, a la cual los ciudadanos no acuden, porque cuando acuden al Ministerio Público se encuentran con la impunidad y la corrupción.
Nosotros proponemos tres modificaciones a la Ley Orgánica, mismas que sabemos no van a ser aprobadas porque el procedimiento ya está determinado y la decisión ya está tomada. Sin embargo, pese a ellos tenemos que subrayar dónde se puede fortalecer esta institución.
Proponemos en el 10 Ter, fracción III que sea el fiscal quien nombre de manera autónoma y sin intervenciones del procurador al personal que necesita, tanto en el administrativo como el operativo.
Esto le daría fuerza e independencia en el ejercicio de funciones. En el mismo 10 Ter, que tenga atribuciones para solicitar medidas cautelares y de protección a las personas que presenten denuncias contra actos de corrupción. Asimismo, que tenga atribuciones para aplicar medidas de protección contenidas en la Ley General de Protección a Víctimas.
Por último, en el artículo 13, del fiscal especializado, se propone que podrá destituir a los agentes del Ministerio Público que no atiendan al criterio de transparencia rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Dejar la designación y la permanencia de Ministerios Públicos que no abonen a las funciones que se le dan al fiscal anticorrupción es atrofiar su funcionamiento. Hay que darle mayor fuerza. Estas propuestas no van a pasar, sin embargo, quedan para la reflexión y para un compromiso con mayor ética de todos los legisladores con la población de nuestro país. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputado Romero. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Se desechan. Se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra por tres minutos para reserva del artículo 10 Quáter, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Con su permiso, presidenta. Volviendo al tema de este fiscal que tiene muchas debilidades, precisamente el diseño de una reforma. El diseño institucional, debe servir para mejorar, debe ayudar a resolver conflictos.
El combate a la corrupción no es cualquier cosa. Combatir la corrupción que está incrustada de manera institucional muy fuerte en un sistema de gobierno es algo muy complejo y complicado. Si el fiscal tiene limitaciones no vamos a tener resultados que todo mundo está esperando. Por eso el perfil de este fiscal debe ser un perfil idóneo.
Por ello, tratando de corregir la plana a este mal diseño que se hizo del fiscal anticorrupción, porque en realidad se trata de un subprocurador, no deberíamos de decir que es un fiscal anticorrupción, debiéramos señalar que es un vice fiscal, de eso de inicio ya limita mucho su función.
Se ha dicho hasta el cansancio cómo estas limitaciones a la autonomía del fiscal no van a permitir que haya un fiscal realmente independiente, que dé certeza, y para ejemplo de ello traeré a colación lo que ocurrió no hace mucho tiempo con un fiscal en delitos electorales, que hozó investigar a un subsecretario de Gobernación y cuando lo hizo se le vino encima desde su partido político, varios partidos políticos, grupos de interés, grupos de facto y entonces no se llegó a nada. Puedo decir que el mismo Poder Judicial tuvo presiones para no actuar conforme a derecho. Eso es solo un ejemplo de lo que nos va a ocurrir. Espero que no sea así, pero debemos decirlo con toda claridad si ocurre.
Por eso, en aras de corregir la plana, lo que no queremos es que este fiscal sea un empleado más de la procuradora, que no esté sujeto a grupos o partidos políticos, a grupos de interés. Por ello en esta propuesta planteamos que haya un proceso donde se deba acreditar la experiencia en materia de rendición de cuentas y el combate a la corrupción por este fiscal anticorrupción, que no tenga conflicto de interés alguno y donde ese fiscal no sea ni haya sido miembro, ni candidato de ningún partido político.
Además de ello, que una vez que deje de ser fiscal no pueda ocupar ningún cargo público durante, algo así como seis años. Necesitamos un perfil íntegro, una persona que tenga no nada más la valentía, que tenga la fuerza jurídica, que pueda actuar de manera completa para que combata a la corrupción. En este país la corrupción nos cuesta algo así como de 400 a 800 mil millones de pesos al año y en donde están involucrados todos los servidores públicos de todos los niveles. Ésa es la gran tarea que tiene por delante el fiscal anticorrupción.
Por eso los diputados ciudadanos lo decimos nuevamente: tenemos serias dudas que esta reforma realmente combata a la corrupción de fondo. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputado Sánchez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Tiene ahora el uso de la palabra hasta por tres minutos para reserva del artículo 21 el diputado Adán Pérez Utrera, de Movimiento Ciudadano.
El diputado Adán Pérez Utrera: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados. La reforma que planteo a los párrafos cuarto y quinto del artículo 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República es para que los delitos y las faltas administrativas en que incurran los servidores públicos de la visitaduría general, incluyendo a su titular, sean investigados y perseguidos directamente por el procurador general de la República.
Con la redacción actual así se determina, pero da la posibilidad de delegar estas responsabilidades en otros servidores sin especificar a quiénes. Lo que se propone es que sea directamente el procurador quien realice estas tareas y se omita la posibilidad de delegar tan delicada responsabilidad.
En este nuevo andamiaje jurídico anticorrupción, la creación de la fiscalía de combate a la corrupción es una pieza clave aunque indebidamente inserta en la Procuraduría General de la República.
Con las modificaciones a esta ley es cierto, hay avances, pero ahora existe la posibilidad de que esta fiscalía se convierta en una herramienta poderosa para la obtención de indicios o de pruebas vinculadas con hechos de corrupción al tener acceso a la información de los registros públicos de la propiedad y poder ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden común o del orden federal en materia de hechos de corrupción.
Sin embargo, tal y como ayer lo expresamos, quedan muchos pendientes que eran atendibles con esta reforma y que no se les dio la debida respuesta. Se dirá que el tema es de corrupción y no de materia electoral, pero ambas cuestiones van de la mano.
Es inadmisible que en este dictamen eliminen la posibilidad de integrar a la Fepade como una institución cuyo fundamento legal sea precisamente la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y en lugar de ello, se opta por seguirla marginando a una instancia creada mediante acuerdo del titular de dicha procuraduría.
Procurar la justicia exige establecer bases institucionales que permitan prevenir, combatir y sancionar la corrupción en todos los niveles de gobierno y en cada uno de los poderes del Estado, y con este dictamen no damos plena certeza a este objetivo.
Es ampliamente sabido que en México lamentablemente el ejercicio de la política es una vía para el enriquecimiento personal. Con las leyes anticorrupción deberíamos estar atacando a ese modus operandi, pero no es así; este se deja prácticamente intocado.
Tres ejemplos son tan ilustrativos como consistentes. Sigue siendo materia pendiente darle plena independencia a la Procuraduría General de la República. No se aborda debidamente el nexo entre el sector privado y público en hechos de corrupción, y por falta de una reforma constitucional que no se ha querido tocar; el presidente de la República sigue siendo el único servidor que no se le puede juzgar por actos de corrupción.
Auténticos dientes para aplicar justicia, no sólo se logran con mejores y nuevos tipos penales o con un nuevo diseño institucional, sino con plena independencia y voluntad política para investigar, prevenir y conocer de los delitos en materia de corrupción del funcionario que sea y del nivel que sea. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Pérez. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Por último tiene la palabra el diputado Arturo Santana Alfaro, para presentar propuesta relacionada con el Tercero Transitorio.
El diputado Arturo Santana Alfaro: Con su permiso, diputado presidente. La reserva que propongo es al artículo tercero transitorio.
¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de los años en la Procuraduría General de la República? La Ley Orgánica de la Procuraduría ha sido reformada para el mejor funcionamiento de esta institución, el tema es que siempre en estas reformas a la Ley Orgánica se crea una serie de nuevas instituciones, se crean una serie de fiscalías, una serie de áreas como fue el caso del Instituto Nacional del Combate contra las Drogas, como fue el caso de la Subprocuraduría Especializada contra la Delincuencia Organizada, como fue el área encargada del Servicio Civil de Carrera de la propia institución.
Y bueno, el tema es que se crean pero a costos compensados, compañeras y compañeros, es decir, no se les asignan los recursos suficientes para su funcionamiento. En ese sentido y en virtud de que estamos hablando de un órgano que va a tener el nivel de subprocuraduría general en la Procuraduría General de la República y posteriormente en la Fiscalía Nacional, pues que tenga precisamente la manera de funcionar como lo está marcando el espíritu legislativo. Es decir, que le asignemos los recursos necesarios.
En la minuta acertadamente se habla del período de entrada en vigor de esta Fiscalía hacia el término del ejercicio fiscal de este año, pero no se establece exactamente cuál es el presupuesto, los recursos que habrán de asignársele para su funcionamiento en estos seis meses o más.
La idea es que asignemos desde ya un presupuesto del 6 por ciento del total del presupuesto asignado a la Procuraduría General de la República. Aproximadamente este año asignamos aquí en la Cámara de los Diputados, un recurso del orden de los 16 mil millones de pesos.
Si hablamos de un 6 por ciento, estamos hablando y estamos proponiendo que el presupuesto inicial para su funcionamiento radica en el orden de los 300 millones de pesos para que de saque y de arranque pueda realizar sus labores y su misión para la cual fue creada.
Entonces, el artículo que proponemos, la reforma es al tercero, y diría de la siguiente manera:
La Cámara de Diputados realizará las acciones necesarias para proveer de recursos a la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. El presupuesto aprobado deberá cubrir los capítulos de servicios personales, materiales y suministros, así como de servicios generales necesarios para cumplir con sus funciones, mismo que no podrá ser menor al 6 por ciento del total de los recursos asignados. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Santana. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos 10 Bis, 10 Ter, 10 Quáter, 13, 21 y tercero transitorio, en términos del dictamen.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal de los artículos reservados en términos del dictamen.
(Votación)
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya están oliendo, percibiendo el olor del boleto de avión.
Saludamos la presencia de alumnos del tercer semestre de la licenciatura en derecho del Centro Universitario Euroamericano, del municipio de Ecatepec, estado de México, invitados por el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido. Bienvenidas, bienvenidos, amigas ecatepenses.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto?
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sigue abierto, pero no por mucho tiempo. Parece que ya se estabilizó.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se han emitido 303 votos a favor y 102 votos en contra.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobados los artículos reservados, en términos del dictamen, por 303 votos, por lo tanto aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones le Código Penal Federal, en materia de combate a la corrupción.
En virtud de que ya se hizo de conjunto la fundamentación, junto con el dictamen que acabamos de votar, también de este, por parte del presidente de la Comisión de Justicia, pasamos directamente a la discusión en lo general.
Ya tenemos integrada una lista de compañeras y compañeros, diputados, diputadas, para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios. Tiene, por lo tanto, la palabra la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y diputados, apreciables medios de comunicación, señoras y señores que nos honran con su presencia.
Para el Grupo Parlamentario de Encuentro Social la corrupción en México ha desalentado la inversión, ha generado desconfianza y profundizado las condiciones de pobreza de millones de mexicanos.
Los actos de corrupción han lesionado a las instituciones democráticas y han puesto en duda la legitimidad de la clase política nacional. Los mexicanos estamos cansados de los escándalos de corrupción sin castigo, porque la impunidad lacera a nuestra sociedad.
Es por ello que para el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, nos congratulamos con el presente dictamen que habremos de apoyar, ya que refleja avances en la lucha contra los servidores públicos que denigran la investidura de su encargo y que traicionan a la ciudadanía.
En este sentido, con la presente reforma, además de considerar a los servidores públicos de la administración pública federal, senadores, diputados federales y locales, gobernadores y magistrados, también se sancionarán a aquellos que laboren en las empresas productivas del Estado; es decir, Pemex y CFE.
En este contexto, los servidores públicos que no cumplan y asuman sus responsabilidades; es decir, aquellos que se ostenten como servidores públicos, sin serlos, recibirán un mayor castigo.
Los servidores públicos que piden cuotas o mochadas a sus subalternos, o que se otorgan contratos de obra o de compras a personas inhabilitadas para ello, o que ilícitamente contraten deuda o que viole los derechos humanos, todos ellos serán sancionados.
Ahora, esos malos servidores públicos serán doblemente castigados, ya que serán destituidos o inhabilitados y se les vetará para que no participen hasta por 20 años en contratos de obras públicas, concesiones o compras gubernamentales. Y si fueran servidores públicos electos popularmente o nombrados por la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, se les sancionará con más fuerza.
Para Encuentro Social, que está en contra del fuero de los legisladores, vemos con particular agrado que se establezca y se castigue a los legisladores. En este sentido, se contempla sancionar a los legisladores que con ejercicio de sus funciones pida moche por la gestión de recursos públicos o que gestione obra o servicios a favor de determinadas físicas o morales, pero también aquellos llamados gestores que en nombre y en representación de ellos realicen las gestiones y se soliciten contratos.
Encuentro Social votará a favor del presente dictamen, que sin lugar a dudas se está avanzando contra este mal. Sin embargo, nosotros queremos ir más allá, en breve presentaremos una reforma integral al Título Décimo, del Código Penal Federal, denominado Delitos por hechos de corrupción, a modo de aumentar las penas, ya que queremos erradicar, de una vez por todas, la corrupción que tanto ha dañado a México. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada García.
Tiene ahora la palabra la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeros diputados, diputadas, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en esta legislatura del Congreso de la Unión, hace eco de los reclamos de la sociedad mexicana y como ella expresamos claramente: no seremos indulgentes ante cualquier acto de corrupción, particularmente de aquellos que provengan de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Es el mensaje que dejamos fuerte y claro con la aprobación de estas reformas por parte de mi grupo parlamentario.
Compañeras y compañeros, los juaristas suelen decir que una norma sin sanción es una norma imperfecta, pero sobre todo, inocua. Por ello, para que el Sistema Nacional Anticorrupción no adolezca de este tipo de ineficacias, celebramos la pertinencia de nuestra colegisladora de reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal Federal en esta materia, a efecto de robustecer con mayor fuerza y efectividad al conjunto de normas jurídicas que le dan sentido y forma a dicho sistema.
Las reformas planteadas al Código Penal Federal tienen como finalidad armonizar y lograr la funcionalidad de los diversos componentes del Sistema Nacional Anticorrupción, en concordancia con la reforma constitucional de mayo de 2015.
En este sentido la reforma incluye severas sanciones para los servidores públicos, entre otras, la destitución, la inhabilitación para desempeñar un cargo público, incluso para participar en los procesos de compras y prestaciones de servicio gubernamentales con un plazo de hasta 20 años.
Resalta el endurecimiento de las penas cuando los actos de corrupción sean cometidos por miembros de una corporación policiaca, aduanera o migratoria.
Subrayamos también que se incluyen precisas definiciones, tales como los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, la coalición de servidores públicos y el uso arbitrario de funciones y facultades que comprende a quien ilegalmente contrate deuda o realice colocaciones de fondos y valores con recursos públicos.
Ser prevén sanciones para el servidor público que tenga a su cargo fondos igualmente públicos y les dé una aplicación distinta a la que están destinados, y se precisa que existirá enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiera acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o procedencia de los bienes que estén a su nombre, o de aquellos que respecto de los cuales conduzca como dueño.
El asunto no es menor, sobre todo por lo desprestigiado que quedó este honorable órgano legislativo cuando en la pasada legislatura la sociedad mexicana se vio afectada por los llamados moches.
En este sentido las reformas al Código Penal incluyen el delito de cohecho, que da cuenta del hecho que el legislador federal en el ejercicio de sus funciones o atribuciones y en el marco del proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos gestione o solicite la asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo una comisión, dádiva o contraprestación, o el otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.
En suma, estas reformas pretenden lograr una ampliación del marco normativo, a fin de abatir efectivamente la impunidad en los casos de corrupción, focalizando la actuación de quienes son contrarios al servicio público.
El barómetro global de la corrupción 2015 de Transparencia Internacional revela que el 88 por ciento de los mexicanos cree que las actuaciones de los servidores públicos son corruptas o muy corruptas, además de que la mitad de la población del país considera que la corrupción ha aumentado mucho en los últimos dos años.
Se ha dicho de la corrupción que es la hermana de la impunidad, y para terminar con ambas es preciso establecer y mejorar las sanciones que contribuyan a disuadir a los servidores públicos de caer en estas conductas.
Reiteramos que para Nueva Alianza es primordial no tolerar en el servicio público la comisión de actos que deriven en hechos asociados a la corrupción. En este sentido acompañamos la aprobación de estas reformas al Código Penal Federal.
Las y los mexicanos han dicho: “Basta de impunidad”. Esta es la manera en que queremos decirle a la ciudadanía que estamos de su lado, que los legisladores de Nueva Alianza en el Congreso Federal los escuchamos, los representamos y como ellos estamos decididos a terminar con los moches, con los contubernios y con aquellos servidores públicos que no benefician a la sociedad y que no se apegan a la función que realizan. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ocampo.
Tiene ahora la palabra el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Presidente, con su permiso. Diputadas y diputados, esta es tal vez la última oportunidad que tenemos los mexicanos para dejar de ser el país corrupto que conoce el mundo.
En esta reforma y en esta minuta que vamos a votar se crean varias figuras delictivas. Por ejemplo, se puntualiza el concepto de corrupción de menores, se contemplan una serie de agravantes, dependiendo de quien comete los delitos; ya sea que se trate de un servidor público o de un particular.
También encontramos cambios que ayudan a una exacta aplicación de la ley cambiando el término “indebido” por “ilícito”. Se establece el delito de peculado para aquellos servidores públicos que utilicen recursos para promover su imagen.
Se incluye una armonización con este nuevo concepto de las unidades de medida y actualización. Así como se crea un delito por lo que comúnmente conocemos como moches.
Sin embargo, compañeras y compañeros diputados, debo seguir insistiendo en que esta reforma tiene sus debilidades; porque vuelvo a señalar que la mayoría de los delitos de corrupción ya existían. Delitos como cohecho, concusión, abuso de autoridad, peculado estaban perfectamente plasmados en el Código Penal, tanto las conductas delictivas como las sanciones.
Pero volver a señalar que había una y existe una impunidad terrible. Porque no se ha sancionado a funcionarios públicos, ni los que roban poquito ni los que se han enriquecido de manera escandalosa, y la impunidad solamente se va a castigar si se combate con sanciones, si hay sanciones se podrá terminar con la impunidad. Si no hay sanciones la impunidad no solamente persistirá, seguirá creciendo.
Yo hoy me pregunto, ¿cuándo veremos en México como en otros países a un ex presidente preso por hechos o actos de corrupción? Por ejemplo, el caso de Perú, donde el presidente está siendo sujeto a una sanción penal por corrupción y otros delitos graves; o en Brasil, donde varios legisladores han sido procesados y sentenciados por hechos de corrupción, por eso no echemos las campanas al vuelo.
Esperemos que esta reforma abra la puerta para que se combata de frente a la corrupción. Es la gran oportunidad, pero también como lo hemos venido manifestando, queda mucho a deber esta reforma. Fíjense, no hay prisión preventiva para ningún funcionario, así desvíe el dinero que sea, porque ni en el Código Nacional de Procedimientos Penales se contempla la prisión preventiva oficiosa para alguno de los ilícitos que se van a aprobar, ni de los que ya existían respecto a delitos de hechos de corrupción.
Pero, por ejemplo, si un delincuente común roba un vehículo con un arma de fuego, que tal vez valga medio millón de pesos, ése sí tendrá prisión preventiva. Es algo desproporcionado. Por eso volvemos a insistir, esta reforma es una reforma light. Hoy el Ejecutivo federal, la Procuraduría General de la República, el próximo fiscal anticorrupción tiene la gran oportunidad de demostrarnos que sí hay voluntad de hacer justicia, ir tras los corruptos y no debemos esperar años sino meses, tal vez un año. Si no hay respuestas pronto, significa que esta reforma fue una simulación completa, que se creó un elefante blanco o que con mayor claridad significa que el PRI y sus aliados volvieron a darles la espalda a los ciudadanos, volvieron a legislar para protegerse y para proteger sus intereses.
Pero la historia no se equivoca, la historia es un juez severo, la historia pondrá en su lugar a todos, a quienes traicionaron la voluntad de los mexicanos con su voto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y también aquellos que no votaron, y a quienes vamos a seguir luchando para poner a los corruptos donde deben de estar. Tras las rejas. Que la historia nos juzgue a todos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sánchez. Tiene ahora la palabra el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra: Con su venia, diputado presidente. Diputadas, diputados, con todo respeto. Lo que ahora se discute como unas simples modificaciones al Código Penal Federal tiene especial significado para la sociedad mexicana, no porque pensemos que esta reforma va a resolver los problemas o que ahora sí vamos a llenar las cárceles con todos aquellos que se han dedicado a saquear el erario público, sino porque al fin estamos debatiendo lo que tanto se han esforzado en ocultar los que detentan el poder.
Estamos discutiendo nada menos que la relación entre política y delito. Política y delito, escucharon bien, porque delitos y no otra cosa son las conductas que establece el Código Penal, y por fin la clase política se ha decidido tipificar los hechos de corrupción como delitos.
No nos engañemos. No ocultemos de la opinión pública nacional o internacional que la corrupción es el principal problema del país y que representa hasta el 10 por ciento del producto interno bruto. No tratemos a los ciudadanos como menores de edad diciéndoles que estas conductas son simplemente faltas administrativas graves vinculadas con hechos de corrupción.
Este es un eufemismo para decir que se traicionó la confianza de los ciudadanos por parte de los servidores públicos, aquellos que facilitan estas conductas o de los particulares que participan de manera activa para recibir favores a costa del erario público sin prestar los servicios para los que fueron contratados. Por fin discutimos la cleptomanía de los funcionarios públicos y particulares adictos al robo de la cosa pública y al engaño.
Ya no podemos hablar de que en México hay una democracia. En México padecemos una caquistocracia. Es decir, el gobierno de los peores. Eso es el PRI, el PAN y el PRD y sus aliados del pacto.
En esta iniciativa versa el Código Penal, por eso es necesario abordar el problema de la impunidad. La impunidad se ha definido como la falta de sanción o castigo en contra de una persona que ha perpetuado un delito. Principalmente se origina por una crisis de institucionalidad en la cual se encuentran sumergidos los diferentes órganos que integran la administración de la justicia penal. Así que impunidad significa sencillamente, que los delitos cometidos no son sancionados por una u otra causa.
Ahora bien, cuando la impunidad es regla general en una sociedad, el sistema jurídico se vuelve ineficiente para el control de las conductas ilícitas, y por consecuencia se transforma en un desencadenante de la ilicitud.
El sistema penal mexicano adolece de una impunidad endémica. De acuerdo a estudios realizados por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, en el año 2010 se denunciaron ante el Ministerio Público sólo el 22 por ciento de los delitos, y de estos, sólo el 5 por ciento fue consignado ante la autoridad judicial. El estudio concluye que el nivel de impunidad abarca el 99.3 por ciento, lo que significa que de cada 100 delitos que se cometen, en menos de uno de sanciona al delincuente.
Según algunas estimaciones, la llamada cifra negra compuesta por los delitos efectivamente cometidos, que no llegan al conocimiento de la autoridad, alcanza el 75 por ciento del total de los delitos cometidos en México. En otras palabras, tres de cada cuatro delitos no se denuncian. Del 25 por ciento de los delitos que sí se denunciaron, solamente se concluye la investigación ministerial del 4.55 por ciento. Pero se pone a alguna persona a disposición de los jueces, solamente al 1.6 por ciento del total de los delitos cometidos. Es decir, de cada 100 delitos solamente 1.6 llega ante el conocimiento de un juez. Las condenas judiciales alcanzaron una cifra del 1.06 por ciento, lo que significa que la impunidad alcanza una cifra del 99 por ciento en nuestro país.
Transparencia Internacional publica anualmente el Índice de Percepción de la Corrupción, mismo que se obtiene de los análisis estadísticos de la percepción que en la sociedad existe en relación con la corrupción en cada país determinado.
Los datos nos enseñan que el sistema penal y administrativo en México es claramente ineficiente para combatir la corrupción, tanto por la impunidad genérica como por las causas específicas.
Más aún, parecieran ser fórmulas estructuralmente diseñadas para encubrir las responsabilidades penales y administrativas de los servidores públicos. Aún así existen quienes desde el poder mencionan que “la corrupción es parte de la cultura”. Esperemos que eso lo tomen en consideración ahora que van a discutir la Ley General de Cultura.
Los corruptos son delincuentes que no tienen necesidad de huir de nada; nadie les agarra el cuello. Están más allá de algún inexorable envilecimiento, aunque algún juez molesto los haga comparecer para una cierta denuncia. Es una incomodidad, pero finalmente no ocurre nada. Todos los días los noticiarios nos asombran con nuevos actos de corrupción, cuando no es un gobernador, es un diputado, y si no el regidor en turno, o los directores de cualquier nivel de gobierno.
Parece que cada vez más los funcionarios corruptos se las ingenian para servirse del erario público, inventan nuevas figuras jurídicas, nombres para los organismos, nuevos puestos como el de los consejeros independientes –estoy por concluir– de las empresas productivas del Estado que están sujetos a un régimen especial.
Con todas estas artimañas, con una enredadera legal es como los supuestos servidores públicos evaden la acción de la justicia. No podemos permitir que esta enredadera legal siga expandiéndose y menos en materia penal, donde la exactitud de los términos utilizados es garantía de seguridad jurídica al momento de aplicar la ley, sólo así podremos evitar la existencia de lagunas u oscuridad en la ley, que permita a los funcionarios quedar impunes.
Más allá de los comités de los órganos internos de control, de las sanciones administrativas, es ante la justicia en materia penal donde la corrupción obtiene su verdadero castigo.
A pesar de todos estos señalamientos, en el Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor, pues algo es mejor que nada. Y en verdad les digo diputadas, diputados, quien esté libre de culpa, que apruebe la primera reserva. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Hernández. Tiene ahora la palabra la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
La diputada Sofía González Torres: Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, las reformas al Código Penal Federal que hoy se están considerando, responden a una de las demandas ciudadanas de mayor alcance en los últimos años, perseguir y castigar a los servidores públicos que defrauden la confianza depositada en ellos, y se involucren en actos de corrupción.
Dichos actos no deben sancionarse únicamente por la vía administrativa. Es necesario que aquellas conductas indebidas que lesionan a la sociedad, su credibilidad en las instituciones y al patrimonio del país, tengan consecuencias penales.
El dictamen presentado por la Comisión de Justicia atiende a dicha demanda. Además cuenta con los siguientes aciertos:
Fortalece el Código Penal Federal con un catálogo ampliado de delitos, de esta manera lo convierte en uno de los instrumentos más útiles para la ejecución del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Establece prisión preventiva para los servidores públicos que sean investigados, prevé la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados por las conductas indebidas de los servidores públicos en apego a los objetos del nuevo sistema de justicia penal, prevé la destitución e inhabilitación para ocupar cargos o comisiones públicas para aquellos funcionarios que cometan actos de corrupción.
Endurece las penas cuando los servidores públicos involucrados en actos de corrupción pertenezcan a alguna corporación policiaca, aduanera, migratoria o cualquier institución en la que la sociedad requiere confiar plenamente.
Prevé sanciones acorde al nivel jerárquico y el grado de responsabilidad de los cargos públicos. Al respecto, los jueces deberán incrementar hasta en un tercio las penas a los servidores públicos que delincan y hayan sido electos de forma popular, o ratificados en su nombramiento por alguna de las Cámaras del Congreso.
Impone sanciones para los legisladores que gestionen recursos o dádivas de manera indebida. De esta manera contribuye a que el proceso de aprobación anual del Presupuesto de Egresos sea siempre de objetivo e imparcial.
Está claro que el Sistema Nacional Anticorrupción requiere de estos cambios legales para poder operar de forma eficaz. La corrupción es capaz de desviar los fondos destinados al desarrollo de una nación, disminuye la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios adecuados, alimenta la desigualdad, alimenta la injusticia y desalienta la inversión. Llegó el momento de dar al país legislación que ayude a eliminar este mal que aqueja a la sociedad.
Por lo anterior, a nombre de los legisladores integrantes del Partido Verde, expreso que nuestro voto será a favor del presente dictamen. Los invito a validad este esfuerzo encabezado por la Comisión de Justicia, que formará parte de una de nuestras mejores cartas de presentación, de las cartas de presentación de la LXIII Legislatura, el Sistema Nacional Anticorrupción. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada González. –Ya no se quede coqueteando por ahí en el camino.
Tiene ahora la palabra el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Waldo Fernández González: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el día de hoy se someten a nuestra consideración diversos dictámenes que conforman el paquete anticorrupción. En este momento haré mención en particular a las reformas al Código Penal Federal.
La corrupción en nuestro país ha sido un cáncer difícil de combatir, sin embargo con estas reformas que estamos por aprobar se está creando el orden jurídico que siente las bases firmes y sólidas que necesitamos para hacer frente a este delito, que es cometido en todos los órdenes de gobierno.
Los delitos que engloba la corrupción son una afrenta sin parangón al Estado, a la democracia, al bienestar social y sin lugar a dudas a las finanzas públicas. En el año 2014, Transparencia Internacional dio a conocer los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2014, integrado por 175 países. Nuestra nación se ubicó en la posición 103, junto con Nigeria, Bolivia y Moldavia.
No escapa a los ojos de todos que al interior del país los ciudadanos tienen una percepción de que los servidores públicos son corruptos. Menos escapa a los ojos de otras naciones esta cruenta realidad.
En una primera instancia, para evitar interpretaciones se hace la especificación, ya entrando a la materia de las modificaciones del Código, en lo que se habla de corrupción, pues únicamente se eludía al término corrupción involucrándose incluso el tema de corrupción a menores, por lo que resultó importante dividir esta afirmación y ubicar que son dos delitos diferentes.
En el firme combate a la corrupción que se propone se contempla una serie de agravantes, distinguiendo cuando los delitos son cometidos por particulares o por servidores públicos. En el delito de ejercicio indebido de servicio público se propone cambiar su denominación por el de ejercicio ilícito del servicio público, en virtud de que resulta más preciso y favorece la exacta aplicación de la ley, evitando interpretaciones confusas al tipo penal.
Esta reforma también prevé la actualización en la forma de calcular las multas para establecer que será por medio de la Unidad de Medida y Actualización, UMA. En este sentido se homologa el criterio de la cuantía, que van desde las 30 hasta las mil 100.
Un tema que es de indiscutible trascendencia es el referido conocido a los moches de los legisladores. En esta tesitura, se propone en el dictamen que se discute y vota el día de hoy que los legisladores federales que en el ejercicio de sus funciones y en el contexto de la aprobación del Presupuesto de Egresos gestione o solicite la asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo para sí o para un tercero una comisión, dádiva, contraprestación, ya sea en dinero o en especie distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo, así como el otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas, ya sean estas físicas o morales.
Con el objeto de prever otras posibilidades de que se perpetre este ilícito también se adiciona que se aplicarán estas medidas a cualquier persona que gestione en nombre o representación del legislador federal, recursos y otorgamientos de contratos a los que me acabo de referir.
Los tipos penales que se están modificando con este proyecto de decreto son, entre otros, el ejercicio ilícito del servicio público, el abuso de autoridad, la coalición de servidores públicos, la concusión, intimidación, tráfico de influencias, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.
Compañeras y compañeros legisladores, contar con tipos penales bien definidos en la ley sustantiva permitirá que estas reformas al Código Penal Federal sirvan como un eslabón en la cadena del sistema nacional anticorrupción, que permita establecer claramente los delitos que son perpetrados por servidores públicos y contengan sanciones que inhiban la comisión de estos ilícitos, que laceran a toda la sociedad mexicana.
La ciudadanía demanda contar con servidores públicos probos y si estos no lo son, entonces merecen ser sancionados conforme a las normas penales que el día de hoy vamos a aprobar.
Es por ello, compañeros diputados, que el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Fernández. Tiene ahora la palabra la diputada María García Pérez, del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada María García Pérez: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores diputados, la corrupción y la impunidad se han convertido en una amenaza real para millones de mexicanos que ven afectados su nivel actual de vida y su futuro, debido a la creciente vorágine que se ha venido desarrollando en nuestro país y que el pueblo la ha cobrado ya en las urnas en el pasado proceso electoral.
No nos equivoquemos, esto es un México que ya está harto y cansado de tanta corrupción y de tanto saqueo descarado por parte de algunos gobernantes y servidores públicos. La sociedad ya no es tolerante con este tipo de situaciones que se han dado desde hace mucho tiempo. Hemos recibido en esta honorable Cámara de Diputados, la propuesta para actualizar diversos tipos penales en materia de anticorrupción, bajo la premisa de que se está renovando el catálogo de conductas sancionadas, desde el punto de vista administrativo y de que las tipologías penales de corrupción se han sofisticado.
Dicho de otra manera, se han detectado nuevas e ingeniosas formas de hacer trampa y de violar precisamente la ley al servicio público, situación que ha puesto a México entre las naciones más corruptas del mundo.
Es por ello, que el paso que hoy estamos dando es muy importante para tratar de corregir esta deleznable práctica. Los ajustes realizados al Código Penal Federal inciden en nuevas formas de afectar los bienes tutelados por corrupción, como el denominado cobro de moches, que todos conocemos.
Y también la incorporación de nuevas entidades protegidas, como las empresas productivas del Estado, nuevas conductas a ser perseguidas por el derecho penal, tanto por servidores públicos como particulares que incurran en este tipo de actos. Y como dice el viejo refrán “tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata”.
Se precisan los elementos normativos necesarios para dotar de eficacia a las normas sustantivas. Se actualiza el régimen sancionatorio con el esclarecimiento de los márgenes, de acuerdo a la gravedad de las conductas desplegadas y el daño generado.
Adicionalmente a lo anterior, se aprovecha la reforma para actualizar las sanciones económicas que se encontraban tasadas en salarios mínimos, para estipularse en unidad de medida y actualización.
Por lo anterior, consideramos que la minuta es consecuente con las necesidades del país en la actualización del orden penal, no sin subrayar que lo ideal es que ese tipo de legislación sea la última razón de la autoridad, como debe de ser el derecho penal.
Compañeras y compañeros, en Acción Nacional nos negamos rotundamente a darle a la corrupción cabida dentro del contexto cultural, y no es un asunto cultural, es simplemente una cuestión de educación.
Porque la corrupción no es asimilada por todos ni siquiera por la mayoría de los ciudadanos, somos más quienes aspiramos a una sociedad en donde no haya privilegios, a una sociedad en donde los problemas no se resuelvan en la obscuridad y mediante un soborno. Somos más quienes aspiramos a que el servicio público sea para todos bajo las mismas condiciones. A que los ciudadanos vean a la política como una actividad limpia y como un acto útil. Que la vean como una actividad en la que cabemos todos, y que todos tenemos algo qué aportar.
Con este proyecto, impulsado y acompañado por el Partido Acción Nacional, el día de hoy mandamos un mensaje muy claro a la sociedad. No hay justificación que valga la pena para ningún acto de corrupción.
No dejamos de advertir, igualmente, que la premura de este periodo de sesiones nos obliga a transigir con el contenido íntegro de la minuta, aunque ésta debe de ser perfectible.
Anunciamos en consecuencia, que estaremos muy vigilantes del cumplimiento de la nueva normatividad y estaremos listos para seguir discutiendo su contenido, abriendo los cauces de diálogo que sean necesarios.
Bajo estas consideraciones, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor el contenido de esta minuta. Por lo anteriormente expuesto les agradezco su atención y les digo por último, que estemos muy atentos para el presupuesto que viene, que vamos a discutir en el siguiente periodo, donde debemos de invertirle más a la educación, porque la corrupción viene desde la educación que damos desde la familia, desde nuestras escuelas y que debemos de formar ciudadanos de bien para evitar lo que hoy estamos viviendo y lo que le duele a la sociedad y a los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada García. Tiene ahora la palabra la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del PRI. Y con esta intervención también concluye el plazo para recibir las reservas en lo particular para este dictamen.
La diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la minuta que hoy se pone a consideración es un pilar fundamental para el combate a la corrupción, a través del cual se generan sanciones efectivas para aquellos que abandonen el buen ejercicio en las funciones públicas.
Esta reforma contiene propuestas responsables y progresistas, logrando una legislación integral que se adecúa a las nuevas necesidades del sistema nacional anticorrupción.
En las propuestas se amplía el catálogo de delitos, teniendo mayores posibilidades de sancionar la mala práctica en el servicio público.
La ciudadanía ha exigido que los corruptos sean castigados, y sean castigados de manera contundente por traicionar la confianza de la sociedad. A través de esta reforma se busca armonizar el alcance de los tipos penales con los fines de la reforma constitucional en materia de combate de la corrupción, y así cumplir con los compromisos internacionales que México tiene y con la propia sociedad mexicana.
Debemos recordar que en algún momento la sociedad ha cuestionado el tema de lo que se ha llamado coloquialmente los moches. En ese sentido la propuesta incluye sanciones para que aquel legislador federal que obtenga o exija una contraprestación a cambio de la gestión de recursos sea castigado. Pero también todos aquellos servidores públicos que en el uso del encargo manejen todo aquello que tenga que ver con presupuestos.
Por ello, sin prejuzgar sobre la verdad o no de estos acontecimientos y estos actos, el día de hoy estamos legislando para establecer tipos penales que sean precisos, que alejan de toda duda o sospecha sobre el actuar de los legisladores y en general de cualquier servidor público.
Con la introducción de estos tipos penales la fiscalía tendrá las herramientas necesarias para sancionar a quienes optan por tener un beneficio indebido, cuando por su encargo administran recursos públicos. De esta forma daremos certeza a la ciudadanía para conocer de mejor forma el actuar de sus gobernantes y poder concretar las medidas necesarias para una efectiva rendición de cuentas.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor de la minuta que nos ocupa, por considerar que en las modificaciones y adiciones que se proponen al Código Penal Federal se abona en el combate y, sobre todo, como sociedad estamos decididos a soltar este lastre que retrasa el desarrollo de México. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Félix.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Concluida la parte correspondiente al posicionamiento de los grupos parlamentarios, pasamos a la fase propiamente de la discusión. Tiene la palabra el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en contra.
El diputado Jorge Álvarez Maynez: Con su permiso, presidente. Vengo a dos cosas: a hacer un posicionamiento respecto a esta reforma y a ponerla en contexto. Nuestro compañero Macedonio Tamez, que muchos de ustedes conocen, es un brillante parlamentario, escribió un libro que se llama Política y Corrupción, que está prácticamente disponible en todas las librerías, donde describe lo que algunos teóricos han denominado como Populismo penal.
Pensar que el problema de la seguridad, de la impunidad, de la falta de justicia se hace con demostraciones efectistas se resuelve con creaciones de tipos penales o con aumento de penas. Si los secuestradores están en las calles, incrementar de 50 a 60 años la pena, no combate la impunidad. Si los legisladores piden moche a cambio de asignar presupuesto, modificar el cohecho que ya estaba, el peculado que ya estaba, no va a hacer que paguen, los tipos penales no combaten la impunidad.
Los nuevos tipos penales que se están creando, no impiden o no se impedía antes que .los legisladores fueran a parar a la cárcel, lo que hacían ya era un delito, ya era cohecho, ya era peculado y ya debía de ser sancionado. Si no están en la cárcel los legisladores que pidieron moche a cambio de asignar recursos, es por un sistema de impunidad.
Por eso nosotros tenemos que señalar que este populismo penal que ha invadido a esta Cámara de Diputados tiene que acabar. Somos un Poder Legislativo que es omiso frente a cien mil mexicanos que hoy están en prisión sin una sentencia, saturando las cárceles.
Dice México Evalúa que hay hasta un 300 por ciento de saturación en el sistema penitenciario mexicano y ahí tenemos a cien mil personas que no les hemos dicho si son inocentes o si son culpables, pero que por lo pronto están pagando una pena. La impunidad se da a tal grado que sería prácticamente una burla.
El posicionamiento que queremos hacer tiene que ver con el estado de Nuevo León, es para no creerse. Movimiento Ciudadano desde esta tribuna respalda al diputado local Samuel García, que ha señalado la corrupción de Rodrigo Medina y de Natividad González Paras y que hoy el PRI quiere llevarlo a juicio político, dándole trámite urgente a una demanda en su contra. Cuando no hay corruptos en la cárcel, cuando se retrasan las cuentas públicas en Nuevo León, cuando se alimenta la impunidad, ahora resulta que quien señala, quien denuncia y quien da una batalla con valentía es señalado por el PRI.
Movimiento Ciudadano respalda a nivel nacional, las acciones y el combate a la corrupción del diputado Samuel García. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Álvarez. Tiene ahora la palabra el diputado Roberto Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, en pro.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Con su venia, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeros diputados y diputados. Tengan muy buen día todos ustedes.
El dictamen que hoy se pone a consideración a esta soberanía en el marco de la discusión del sistema nacional anticorrupción, propone modificaciones al Código Penal Federal, primero, con la finalidad de retomar o, bien, adicionar los tipos penales de ejercicio ilícito del servicio público tales como abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, la concusión, la intimidación, el cohecho, entre otros delitos que se les atribuye a los servidores públicos.
Esto es delitos relacionados con la corrupción, cuyos efectos perniciosos afectan día a día la gestión del Estado. ¿Podríamos decir que hay Estado en este país cuando nuestras autoridades son las principales que violan la Constitución?
La corrupción es un obstáculo para el desarrollo económico y social. La corrupción es la responsable de la destrucción de la confianza de las instituciones públicas con el pueblo. La corrupción es la responsable del incremento en la pobreza, de que la brecha de la desigualdad social sea cada día mayor y que se empleen recursos públicos a medida de comprar votos. Es la responsable de la afectación del sistema democrático; entiéndase muy bien, los fraudes electorales de 2006, de 2012 y del año 88.
En nuestro país se han presentado casos verdaderamente escandalosos que involucran a servidores públicos de alto nivel. Por decir uno de ellos las casas blancas. También a particulares, casos que han quedado en la total impunidad sin dejar de mencionar los altos costos que generan estas prácticas.
Las cifras del costo económico que tiene la corrupción en México varían de acuerdo con diversos estudios, pero en todos ellos las pérdidas para el país significan cifras multimillonarias.
El brazo financiero del Banco Mundial, la corporación financiera internacional, estimaron que esta práctica podría equivaler al nueve por ciento del producto interno bruto. Sin embargo, por su parte el Instituto Mexicano para la Competitividad, que es el Imco, registra que podría haber entre el dos y el 10 por ciento. Sin embargo aun existen funcionarios de alto nivel que dicen que no hay dinero en el país. Sí lo hay, pero en sus bolsillos.
Las modificaciones al Código Penal Federal que discutimos son el último eslabón de las reformas que hemos estado discutiendo a lo largo de esta semana. Primero discutimos el desafuero de una diputada, acusada de la comisión de delitos, y podría estar perfecto, y qué bien, pero ¿cuándo habrá desafuero para Peña Nieto, para Calderón, para Javier Duarte, para Moreira, para Salinas de Gortari? ¿Cuándo? ¿Cuándo habrá la congruencia? Para todos los corruptos, para quien sea. Aquí no avalamos corrupción, compañeros.
Después las reformas a la Ley Federal de Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Ejecución Penal, y la Ley General de Justicia para Adolescentes. Casi termino, compañeros; si pudieron aguantar ayer nueve horas, un minuto más no les pasa nada.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Trate de concluir, diputado.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Ayer la General de Fiscalización, a la Ley del Sistema Nacional anticorrupción, y el día de hoy, que es una Ley Orgánica de la Procuración (sic) General de la República, que deja sin autonomía a la Fiscalía Anticorrupción. Y por último, en estos momentos, al Código Penal Federal.
Así enumerado tendríamos que esta fue la semana del combate a la corrupción; pareciera que el mensaje expresado en las urnas respecto al hartazgo en contra de los gobernantes corruptos, tuvo efectos inmediatos; pero desgraciadamente esto no es así. Vivimos en el país del nunca jamás; estamos en Peñalandia, en un mundo fantástico donde todo es maravilloso.
Se nos ha presentado una reforma sin dientes, achicada, con instituciones subordinadas, y ahora que se establecen las conductas criminales donde no puede haber ambigüedad, también se busca la manera de que sólo sean cambios cosméticos y no de fondo.
El Código Penal define delitos en otras conductas, y por delito, compañeros, debemos de entender, toda aquella conducta sancionada por las leyes penales.
Aquí no debe haber ambigüedades, pero al igual que en los otros ordenamientos, aquí aprobados, presentes, tenía fallas, todas derivadas de esta mala práctica de legislar todo al vapor, y de la prisa que ustedes tienen también, algunos de ustedes.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Concluya, diputado.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Concluyo, señor diputado. Esta reforma al Código Penal establece conductas pero no señala cuándo podrán ser perseguidas, deja dentro del mismo capítulo delitos de lesa humanidad; no contempla una homologación de las multas de días de salario que se aplicarán con las unidades de cuenta, hoy vigentes; ni siquiera está correcta la denominación de la Ciudad de México, y no señala con precisión a los miembros del Poder Judicial Federal como sujetos de responsabilidad penal. A pesar de todos estos señalamientos, en el Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor, porque estamos convencidos, sí, estamos convencidos, y gracias por el aplauso, se los agradezco, que un verdadero sistema anticorrupción debe prever con exactitud los delitos...
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Concluya, diputado, por favor.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: ...y sanciones en que incurran los infractores, de lo contrario, simplemente será más de lo mismo. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Tiene ahora la palabra el diputado Cándido Ochoa Rojas, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, en pro.
El diputado Cándido Ochoa Rojas: Con el permiso de los presentes. Para el Partido Verde, es importante que en concordancia con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, el Estado mexicano emprenda un combate frontal contra la corrupción, pues los actos relacionados con la misma, tienen consecuencias altamente negativas en todos los aspectos de la vida cotidiana de los mexicanos.
Los actos de corrupción en los que incurren los servidores públicos, incluidos los designados por el voto popular, provocan indignación en la sociedad, pues resulta inaceptable que una actividad del Estado encaminada a satisfacer el bienestar colectivo, sea realizada por personas incapaces en entender que los intereses particulares no pueden estar nunca por encima del interés general.
Por ende, consideramos imprescindible aprobar la presente minuta enviada por el Senado de la República para ser congruente con la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, el título décimo del Código Penal Federal, el que fue modificado para denominarse como delitos de hechos de corrupción en vez de los denominados como alude actualmente, de delitos cometidos por servidores públicos.
Lo anterior, obedece a la circunstancia de que en el artículo 109 de nuestra Constitución se hace mención expresa a que tales hechos pueden ser cometidos tanto por servidores públicos como por particulares, situación que además hizo necesario incluir en el catálogo de delitos diversas configuraciones previniendo que el sujeto activo del tipo pudiera ser un particular.
Las reformas propuestas al Código Penal Federal pretenden lograr la funcionalidad de los diversos componentes del sistema anticorrupción, cuyas sanciones en materia de tráfico de influencias, señalan a los diversos públicos que gestionan recursos cuando tengan dádivas o contraprestación alguna por el otorgamiento de obras públicas.
También se destaca un mejor y más adecuado procesamiento de la información, la que dará como resultado indicadores confiables que serán la base para que dicho sistema emita recomendaciones, cuya implementación será necesaria para lograr el constante perfeccionamiento de las acciones, procesos, instituciones y normas jurídicas que, como los tipos previstos en el Código Penal Federal, tienen por finalidad el combate a la corrupción, así como lograr que el servicio público se realice conforme a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
Por los motivos aquí expuestos el Partido Verde ratifica su compromiso de impulsar leyes y prácticas públicas, que permitan recuperar la confianza en el ejercicio del poder. Para las diputadas y los diputados de mi grupo parlamentario es muy importante que aprobemos el presente dictamen con la finalidad de que los hechos relacionados con la corrupción puedan ser sancionados adecuadamente. Por su atención, muchas gracias. Y es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ochoa. Agotada la lista de oradores consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido en lo general.
Esta Presidencia informa que de acuerdo con nuestro Reglamento de la Cámara de Diputados ya se han hecho varias reservas de artículos en lo particular, de los cuales le pido a la Secretaría que dé cuenta de ellos a la asamblea.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Los artículos 149 Bis-1, adición; 149 Bis-2, adición; 149 Bis-3, adición; 149 Bis-4, adición; 212, 217, 217 Bis, 214, 215, 218, 222, 219, 223 y el primero transitorio.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general, y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: ¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto?
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Son en total 20 reservas realizadas por 10 oradores que participarán en el uso de la palabra, para que tengan ustedes en cuenta. Algunos diputado hicieron hasta siete reservas, pero las desahogarán en una sola participación. Parece que ya no se mueve el tablero ni se ven movimientos intempestivos de alguien que quiera llegar safe a su curul para votar. Ya, ya diputada.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 388 votos en pro, 0 en contra.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 388 votos, unanimidad de la asamblea.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Entramos directamente a la discusión de los artículos reservados. Tiene la palabra el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos 149 Bis 1, 149 Bis 2, 149 Bis 3, 149 Bis 4, 212, 217, 217 Bis.
El diputado Juan Romero Tenorio: Con la venia de la presidencia, y solicitando se inserte en el Diario de Debates, para que quede constancia del producto de las prisas legislativas.
De nueva cuenta, subrayar que la Cámara de Diputados, como colegisladora, no puede ser una ventanilla de trámite. Creo que hay un poco de dignidad y sentido común en todos los legisladores, que se obvia por las prisas para no modificar las minutas que remite la Cámara de Senadores.
La primera reserva refiere a los artículos 149 Bis, que se adicionan, esto con el objetivo de colocar en el capítulo correspondiente el delito de desaparición forzada. El delito de desaparición forzada no es un delito de corrupción, es un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, por la falta de atención en cómo se integran las reformas se le coloca como un delito de corrupción, cuando es un delito de lesa humanidad. Y la propuesta es que se reoriente su ubicación, para colocarla en el capítulo correspondiente.
De igual forma, las prisas, el artículo 212, se habla de la responsabilidad de los servidores públicos del Distrito Federal, ahora es Ciudad de México, estas prisas nos llevan con esas erratas, y se limita la responsabilidad a servidores públicos de las entidades. Aquí habría que agregar, que todo servidor público de las entidades que haga uso o disponga de recursos públicos federales, para atacar de fondo la corrupción.
Y esta falta de congruencia nos acredita que el famoso sistema anticorrupción no modifica a fondo los procedimientos para determinar responsabilidades.
La reforma presenta adecuación a diversos tipos penales para integrar un triángulo donde esté quien deba juzgar y determinar la responsabilidad, quien deba investigar y quien deba denunciar. Requerimos exhortar a toda la ciudadanía que haga uso de estos instrumentos legales, que haga uso de los tipos penales para denunciar la corrupción, corrupción que tendrá que atacarse en los tres niveles de gobierno y en las distintas esferas de la administración pública.
Estos tipos penales ya permiten sancionar la corrupción en donde estén implicados empresarios que sean parte de las concesiones, contratos, licitaciones públicas, nos permite actuar más.
¿Quién debe actuar? El ciudadano. Debemos exigir al fiscal anticorrupción su actuación objetiva ante hechos que denigran el servicio público y que generan una mala calidad de los servidores públicos en la atención con dignidad a todos los ciudadanos.
Sería una invitación, digo, más que a los diputados, a los ciudadanos, a que revisen estos tipos penales. Hay algunos que ayudan mucho, por ejemplo, el 215, abuso de autoridad, que se cambió el capitulado como ejercicio ilícito del servicio público. Se sanciona con prisión al que obtenga, exija o solicite sin derecho alguno o causa legítima para sí o para cualquier otra persona parte del sueldo o remuneración de uno o más de sus subalternos, dádivas u otros bienes o servicios. Práctica común en el servicio público, tienes el contrato, tienes la plaza laboral si das dádivas, si entregas parte de tu sueldo o haces otros favores a los superiores.
Debemos acabar con la corrupción. Les repito, hay nuevos tipos penales o se adecúan los anteriores y esto da un instrumento para que la sociedad exija, que la sociedad, que los hombres y mujeres sean sujetos activos en este nuevo sistema de justicia oral.
Existen las condiciones para tener medidas cautelares para establecer medidas de protección a quien denuncie. Debemos fomentarlo, debemos impulsarlo, debemos empujar a la cultura de la legalidad. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Romero. Y en atención a su petición se solicita a la Secretaría sea integrado en el Diario de los Debates.
Tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos, el diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar su modificación al artículo 212 del Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción.
Ah, sí, perdón. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Se desecha. Se reserva su votación nominal en conjunto y en términos del dictamen.
Ahora sí tiene la palabra el diputado Rogerio Castro Vázquez. Adelante, diputado.
El diputado Rogerio Castro Vázquez: La siguiente reserva al artículo 212, que se encuentra dentro del dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal Federal pretende implementar dentro del sistema nacional anticorrupción todos aquellos que estén, ahora sí que en esta ley.
Estas reformas en su conjunto establecen y amplían diferentes delitos de hechos de corrupción en los servidores públicos. En estas reservas se proponen dos modificaciones: una, que tiene que ver con un tema que todos ya conocemos, es la reforma política de la Ciudad de México para cambiar donde dice Distrito Federal a Ciudad de México. Y la otra modificación es para que se amplíe el marco de aplicación de los delitos de hechos de corrupción.
En este caso ya se incluyen las empresas productivas, pero lamentablemente se deja fuera a las empresas subsidiarias. Nada más para que tengan una idea de cuáles son estas empresas subsidiarias, están: Pemex Exploración y Producción, Pemex Perforación y Servicios, Pemex Transformación Industrial, Pemex Cogeneración y Servicios, Pemex Logística, Pemex Fertilizantes, entre otras. Todas estas subsidiarias fueron creadas a partir de la privatización de nuestros recursos energéticos.
Y fíjense, a todas esas empresas subsidiarias quien puso a sus principales directores fue el anterior director de Pemex, Emilio Lozoya, quien algunos no quieren recordar, pero estuvo involucrado en temas de corrupción y precisamente fue el motivo por el cual ya no se encuentra como director.
Pero también es muy importante incluir las empresas subsidiarias porque a la luz pública han salido precisamente de esas empresas dos casos de corrupción muy emblemáticos, precisamente con personajes que impuso el exdirector de Pemex.
En este caso los hermanos Gabriel y Carlos del Ángel López, quienes se vivieron millonarios de la noche a la mañana a través de sus empresas Visa en contratos con subsidios de Pemex y recibieron 188 millones de pesos. Y a través también de la empresa All Mart ganaron 123 millones.
Estos casos se encuentran en investigación actualmente, por eso es importante en el tema de la corrupción ir al fondo. Aquí, sobre todo en Pemex es la principal corrupción, los principales negocios del actual régimen.
Necesitamos que en esta ley se incluyan también las subsidiarias. Seguimos pensando que el verdadero fin de la privatización del petróleo fue precisamente dejar estos negocios para unos cuantos y para que se sigan enriqueciendo, por eso la importancia de incluir dentro de este dictamen a las empresas subsidiarias del Estado. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Castro. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: En votación económica, se pregunta a la asamblea, si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto y en términos del dictamen.
Tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos, la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar su reserva al artículo 212 del Código Federal en Materia de Combate a la Corrupción.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Gracias, presidente. Compañeras, compañeros, diputados. El día de ayer aprobamos el sistema anticorrupción y el día de hoy estamos haciendo la vinculación para definir los artículos que queremos que se modifiquen del Código Penal Federal.
Si de veras queremos no hacer gatopardismo y hacer como que pasa y no pasa nada, les propongo que hagamos una modificación al artículo 212, en el párrafo segundo y en la fracción II, en donde se plantea que como un delito penal quien incurra en un acto de corrupción sea inhabilitado hasta por 20 años.
Si queremos ser serios, lo que queremos y les venimos a proponer es que un acto de corrupción comprobado como un delito se sancione con inhabilitación permanente y así no fingimos que estamos haciendo que hacemos y no hacemos, pero además sentamos un precedente, la persona que sea sancionada por un delito de corrupción y que sea comprobado, que sea inhabilitado de por vida.
Pero además necesitamos, junto con eso, no hacer una buena ley solamente, sino que los otros dos Poderes se comprometan verdaderamente a no contratar funcionarios corruptos y procesarlos el Poder Judicial. Solo así podremos combatir la corrupción de manera seria y responsable. Para eso necesitamos mandar una señal que sancione a los corruptos. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Ochoa. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos el diputado Ángel II Alanís Pedraza, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar su propuesta de modificación al artículo 212 del Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción.
El diputado Ángel II Alanís Pedraza: Con su venia, señor presidente. Amigos y amigas legisladoras y legisladores. Con fundamento en lo establecido por el artículo 72, numerales A y B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde esta tribuna solicito al presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, que dentro de los 30 días siguientes a su recepción, devuelva a la Cámara de origen con observaciones la Ley General de Responsabilidades Administrativas cuyo proyecto fue aprobado el día de ayer por esta Cámara.
Por otra parte propongo que el artículo 212 sea modificado porque indebidamente se refiere aun al Distrito Federal, cuando legal y constitucionalmente el Distrito Federal ya no existe, y por eso la propuesta es que en sustitución de la expresión idiomática Distrito Federal se emplee la de la Ciudad de México.
Es cuanto, señor presidente, no sin antes pedirle que se asiente en el Diario de los Debates íntegramente mi intervención. Gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Alanís. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y las diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar modificación al artículo 214 del Código Federal Penal en Materia de Combate a la Corrupción.
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, diputado presidente; compañeras y compañeros legisladores, se advierten graves contradicciones con relación a los objetivos buscados con las reformas en materia de castigo a la corrupción de los servidores públicos. Basta citar el contenido de la propuesta de modificación del artículo 214 del Código Penal, mismo que de manera inexplicable disminuye las penas y sanciones atribuibles a los servidores públicos que cometen ilícitos en el ejercicio de sus atribuciones.
El Código Penal Federal vigente establece sanciones que conllevan la privación de la libertad, la imposición de multas de carácter pecuniario, así como la inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo cual no puede considerarse como un pena inusitada, toda vez que la acción u omisión delictiva va en detrimento del erario y de las instituciones del Estado.
Con la reforma propuesta las sanciones para el delito mencionado quedan sólo en la imposición de multas económicas menores a las que actualmente se imponen. ¿Cuál es el fundamento lógico y jurídico para ello? Por un lado se crea una nueva fiscalía especializada en materia de corrupción, y por el otro, se disminuyen las penas para la comisión delictiva.
Esto no es menor cosa, no existe proporcionalidad entre la comisión delictiva y la sanción por parte del Estado. Con esto, lejos de inhibir la corrupción, se fomenta abiertamente, y siempre resultará redituable pagar una pequeña multa en comparación al dinero obtenido de manera ilícita por el incorrecto ejercicio de las atribuciones públicas.
Lo que promovemos, establece:
1. A más años de prisión y 300 días de unidades de medida y actualización y, por supuesto la inhabilitación.
Es importante recordar que la naturaleza del derecho penal es punitiva, su función primordial es castigar, de ahí el nombre que recibe, y esto implica que al acreditarse la comisión de las acciones u omisiones descritas como delito, el Estado tiene la obligación de sancionar de manera ejemplar, más si se trata de acciones u omisiones que vayan en detrimento del erario y las instituciones públicas como son los delitos cometidos por los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.
Sin lugar a dudas, es necesario fortalecer las instituciones en materia de combate a la corrupción. Es importante actualizar los tipos penales en la materia. Sin embargo, se considera un grave error la disminución de las penas atribuibles a los actos ilícitos cometidos al amparo de un encargo público simple y llanamente no tiene sentido ni relación con las reformas que se han aprobado en este período ordinario de sesiones. Es cuanto.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Hernández. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Tiene el uso de la voz el diputado Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena, quien presenta reservas y modificación al artículo 214 y 215 del Código Federal en materia de combate a la corrupción; es por tres minutos, le pedimos tanto a las asamblea como al diputado, seamos tolerantes con el tiempo.
El diputado Alfredo Basurto Román: Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. La justicia es el pan del pueblo, siempre está hambriento de ella.
Antes de entrar a las reservas que hoy presento a este pleno, me gustaría hacer algunas reflexiones considerando a las mismas. Creo que con este dictamen se cierra un episodio más en la vida política jurídica de México, donde vemos que las mismas –con varia deficiencias de forma y de fondo que traen los diversos dictámenes, sin embargo con la aplanadora que siempre se ve– se están aprobando.
Sin embargo, escuchando con atención intervenciones de varios ponentes creo que con el simple hecho de imponer más sanciones más severas, más altas, esto no quiere decir que disminuye la comisión del delito, por el contrario, creo que es como un reto y es una reacción a los sujetos activos del tipo penal.
Lo vemos incluso con las penas que legislaturas anteriores pusieron al secuestro, 60 años y algunos hasta pena perpetua, y vemos que el delito en vez de disminuir va en incremento.
Dicho lo anterior presento mi primera reserva al artículo 214 del Código Penal Federal, referente a la fracción III en su último párrafo. El dictamen que se nos presenta hoy me resulta ambiguo y obscuro, en virtud de que habla de un Poder Judicial, sin embargo no precisa de qué nivel, si es del ámbito local o federal.
Mucho se habla de transparencia, anticorrupción. Me pregunto: ¿Acaso el Poder Judicial Federal está siendo revisado en sus actos y resoluciones que emite? Si vemos que incluso gozan de una autonomía presupuestaria, no hay quien los fiscalice internamente ni al exterior, cuando es una facultad constitucional de este órgano legislativo llevarlo a cabo y está acotado.
En ese sentido, tal reserva manifiesto que debe agregarse y precisarse que va implícito también el Poder Judicial Federal, para que no quede tan ambiguo y que establezca nada más Poder Judicial.
La segunda reserva se refiere al artículo 215, donde establece en su fracción IX, y únicamente nada más de forma, aquí sugiero que se elimine cuando dice: o casusa legítima, que se quite y que quede el enunciado tal y como viene transcrito en el artículo.
Por último, compañeros, manifiesto que en este mismo artículo, en su última parte, en su fracción XVI hace referencia al tipo penal de abuso de autoridad. Eso implica que quedaría fuera el tipo penal de tortura, cuando vemos que el delito de tortura es un delito de la humanidad, es un delito grave y se quiere eliminar para que aparezca nada más como si fuera un delito de autoridad. Por lo tanto nosotros proponemos que se agregue un párrafo para que se mencione de la siguiente manera: Sin menoscabo de lo anterior, al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por la fracción XIII, también será juzgado por el delito de tortura.
Es decir que se dé la competencia de delitos y que en ese sentido el sujeto activo sea procesado por ambos delitos, y que no quede exento del delito de tortura. Concluyo, compañeros. Donde hay poca justicia es un peligro tener la razón. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Basurto. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas. Secretaria, que no la distraigan de su responsabilidad ante la asamblea.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo 217, al 217 Bis, 218 y 222. Adelante. Va a ser muy ejecutivo, dice.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, lo que hemos estado viendo en este sistema nacional anticorrupción es una serie de acciones y de actos de los grupos parlamentarios.
Lo más importante es que ha quedado claro quiénes realmente están buscando que este país cambie, que este país sea mejor, que realmente se pueda combatir la corrupción, y quiénes están jugando a la simulación, porque además lo han hecho todo el tiempo, sobre todo en el tema 3 de 3, esta declaración que sea pública, tanto la declaración patrimonial, la declaración fiscal y la declaración de intereses, el hecho de que se haya enterrado la posibilidad de que realmente fuera pública y obligatoria implica saber que efectivamente quedó de manifiesto que hay quienes no quieren que se dé cuenta quiénes se han enriquecido de manera ilícita.
Lo digo, porque estos recovecos de la reforma constitucional son muy claros y muy precisos para entender que esta reforma pueda o no llegar a buen puerto.
Esta es una primera debilidad que se le ha planteado a la reforma constitucional, pero además, como ya lo señalábamos en el tema del fiscal anticorrupción, también nos queda claro que las limitaciones a la autonomía van a limitar mucho su trabajo y por eso no nos extrañemos que muy pronto no tengamos ningún resultado.
Por otra parte, el hecho de que no se plantee la prisión preventiva oficiosa es parte de esos ejes de flexibilizar y de imposibilitar, combatir de manera frontal a la corrupción. Por eso tampoco nos parece extraño que las sanciones, lejos de agravarse para los corruptos, se hayan flexibilizado; es decir, incluso disminuido.
Porque no es posible que un delincuente común, que comete un delito que no sea tan grave, pueda incluso ir a prisión, como lo señalábamos en la otra intervención y que en este país, aun cuando tuvimos la oportunidad en esta reforma de dejar las leyes con toda la claridad para que no hubiera estos recovecos, una persona pueda desviar miles de millones de pesos, un funcionario corrupto y ese no pueda ir a prisión preventiva oficiosa. Eso creo que no es coincidencia, creo que esas tres, cuatro cosas importantísimas en esta reforma constitucional se dejaron de lado, no por simple coincidencia, es una planeación muy perversa de los grupos de siempre y de los partidos políticos de siempre, que quieren seguir protegiendo sus intereses y los grupos de interés a los que representan, no a los ciudadanos.
Por eso en este planteamiento que hacemos es un poco enderezar la mal llamada reforma anticorrupción y establecer que haya sanciones con una mayor gravedad. Estamos planteando que haya prisión hasta por 15 años y hasta por 16 años, que es una forma para buscar que se castigue con más severidad a aquellos políticos corruptos que han saqueado al país.
Compañeras y compañeros diputados, es hoy un día histórico para la nación. Esperemos que esta reforma realmente venga a combatir la corrupción, todos tenemos esperanza, que así sea.
Nosotros, en lo personal, por eso no votamos en contra, por eso votamos a favor en lo general, porque no podemos ni siquiera de manera mínima poner un freno, porque confiamos en que esta reforma realmente cambie las cosas.
Que vaya contra todos, así sean legisladores los corruptos, así sean gobernadores o hasta el mismo presidente de la república. Los ciudadanos hoy están cansados de que la corrupción tenga harta a toda la sociedad y que la clase política sea cínica.
Hoy, es la esperanza para que este país sea otro y esperemos que este Sistema Nacional Anticorrupción construya una nueva democracia y otro país.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sánchez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra el diputado Roberto Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo 219.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados, procuraré ser breve. La querella es la vía jurídica mediante la cual un particular agraviado ejerce con ella la acción penal para iniciar un proceso penal en el cual formará parte.
Se diferencia esencialmente de la denuncia debido a que ésta sólo pone en conocimiento de las autoridades la comisión de un delito, pero no hace al denunciante como parte del proceso de investigación.
La denuncia es un deber, mientras que la querella es un derecho que sólo corresponde a la víctima de ciertos delitos, donde se pueda otorgar el perdón hacia el acusado.
La querella es esencia un mecanismo de legalidad para llevar a cabo la reparación del daño sufrido por la víctima, por parte del sujeto activo. Es un derecho inalienable, es decir, que sólo pertenece al querellante y por ende, el órgano jurisdiccional competente de la recepción de denuncias y querellas es el Ministerio Público, cuya labor principal es realizar la averiguación previa para poder integrar, en su caso, la presunta responsabilidad y el cuerpo del delito.
La función del Ministerio Público, como órgano de buena fe, es dar, en primera, trámite a un derecho de petición y procuración de justicia consagrada en las garantías individuales de nuestra Constitución. No es su función el juzgar.
Sin embargo, existen situaciones donde ciertos funcionarios públicos empleando el abuso de poder vulneran el derecho de las víctimas de algún delito mediante la intimidación, ejerciendo la violencia física o moral, y la amenaza a presentar alguna denuncia o alguna querella.
En algunos casos, el personal del Ministerio Público hostiga a la víctima a desistirse de su presentación, ello con el objeto de proteger algún interés mezquino e ilegal, alejándose de su función como funcionario público, la cual es coadyuvar para llegar a la verdad jurídica y a la justicia.
Por lo anteriormente expuesto acudo a esta soberanía para solicitar que se adicione el artículo 219 del Código Penal Federal respecto al tipo penal de intimidación, el supuesto de que un servidor público solicite, mediante la intimidación, que la víctima se desista de su querella para quedar como sigue:
Comete el delito de intimidación, según el artículo 19, el servidor público que por sí o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral inhiba o intimide a cualquier personal para evitar que ésta o un tercero denuncie, formule querella o una vez presentada se desista de ella, o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la legislación penal o por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es cuanto, muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Y por último, tiene la palabra el diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena para presentar propuesta de modificación al primero transitorio.
El diputado Renato Josafat Molina Arias: La reserva que ahora se presenta tiene que ver con la aplicación de la ley. Parece increíble que aprobemos cambios en el Código Penal en las definiciones sobre los delitos y los sujetos a quienes se considera responsables, pero dejemos sin definir a la fecha para su entrada en vigor.
El presente decreto señala en su artículo 1o. que entrará en vigor a partir del nombramiento que el Senado de la República realice del titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. Esto en el ámbito jurídico se llama vacatio legis, es decir, se crea vacío legal temporal, lo que da lugar a la interpretación de la ley, porque tendremos que coexisten dos leyes: la antigua y la nueva, creando con ello inseguridad jurídica y problemas a procesos que se inicien o ya estén siendo sustanciados con la antigua ley y que tendrán que sentenciarse con la nueva ley procesal.
¿Qué tipo penal vamos a aplicarle a un sujeto que cometa un delito el día de mañana? La antigua norma. Y cuando se apruebe el podrá ampararse y decirnos que la nueva tipificación ya no le aplica y, por tanto, podrá salir libre.
Esto no parece ser un simple error, más bien da la impresión de que este transitorio fue cuidadosamente pensado para proteger a quienes han cometido delitos y a quienes los siguen cometiendo.
A lo largo de la semana el Grupo Parlamentario de Morena ha señalado que las reformas aprobadas a la Ley General de Fiscalización, a la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción son reformas sin dientes, que se queda corta, que traiciona el espíritu constitucional que les dieron origen.
Que se retrasó su discusión para construir un sistema que simule que combate a la corrupción, pero con las lagunas suficientes para que los grandes capos sigan sin ser realmente molestados.
Sucedió lo mismo con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la que deja sin autonomía la Fiscalía Anticorrupción. Y por último, ahora cuando definimos las conductas delictivas se deja una puerta abierta para que los delincuentes se escapen de la justicia, porque no se establece la temporalidad para que entre en vigor.
Por ello, les pido que no simulemos, les pido que acepten esta propuesta. El Senado no ha funcionado y tiene secuestrada la Constitución porque no cumple con el mandato establecido en el artículo décimo octavo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.
El pleno de la Cámara de Senadores emitió las convocatorias de procedimiento para seleccionar y nombrar al fiscal anticorrupción desde noviembre de 2014. Hasta cuándo vamos a padecer los ciudadanos la corrupción, cuando son los partidos mayoritarios los que han incumplido con su obligación constitucional para nombrar el fiscal anticorrupción.
Desde aquí podemos mandar la señal que la Cámara de Diputados cumple con su mandato constitucional, de ser la Cámara revisora, una auténtica colegisladora y no una mera oficialía de partes de lo que envía el Senado de la República. La Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que la coparticipación dolosa se actualiza cuando existe la participación consciente y ejecutada en forma voluntaria o cuando existe un acuerdo entre los delincuentes que puede ser previo a la comisión del delito o concomitante al hecho y de la naturaleza tácita entre los coparticipantes, aun cuando la aportación de un sujeto al hecho delictivo no pueda formalmente considerada como una parte de la acción.
Diputadas y diputados, no se conviertan en coparticipes. No todo el tiempo, recuerden, no todo el tiempo van a tener fuero. Acuérdense de lo que votaron el lunes, sean sensibles y no permitan que la impunidad sea norma. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Molina.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos 212, 214, 215, 217, 217 Bis, 218, 219, 222, 223 y primero transitorio, en términos del dictamen.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación nominal de los artículos antes mencionados en términos del dictamen.
(Votación)
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: ¿Hace falta algún diputado o alguna diputada de emitir su voto? El tablero continúa abierto. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto?
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Espero que los que se estén tomando la foto ya hayan votado. A ver, un último llamado.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: ¿Algún diputado o alguna diputada que haga falta de emitir su voto? Estamos a punto de cerrar el tablero.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No se ve a nadie. Allá viene una diputada remisa. Afortunadamente tenía cerca su curul. Parece que ya.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 252 votos...
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, nada más allá la diputada Fernández, si no la ubico mal. Ya de viva voz, diputada.
La diputada Julieta Fernández Márquez (desde la curul): A favor.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada Montserrat Arcos.
La diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez (desde la curul): A favor.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A favor. Fueron dos votos más además de los del tablero, diputada secretaria.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Señor Presidente, se emitieron 254 votos a favor, 0 en abstención, 98 votos en contra, de un total de 352 diputados presentes.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen, por 254 votos, por lo tanto aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de combate a la corrupción. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Honorable asamblea, esta Presidencia informa que el día de hoy, viernes 17 de junio de 2016, está Cámara de Diputados ha resuelto en su totalidad los temas para los que fue convocada mediante decreto de la Comisión Permanente.
Como ustedes saben, el Senado aún se encuentra en proceso de resolver los temas que le competen, por lo que de conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Presidencia estará pendiente del proceso legislativo de los asuntos que resuelva.
En el caso de aquellos temas que sean remitidos por la colegisladora, la Mesa Directiva instruirá de inmediato los turnos correspondientes, conforme al acuerdo que ya hemos tomado el día de antier, para que continúen su proceso legislativo. Llegado el momento, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, que está integrada por la Junta de Coordinación Política, y un servidor como Presidente de la Mesa Directiva, tomará las decisiones que considere pertinentes.
Y toda vez que hemos desahogado la agenda que se nos encomendó en el decreto por el que la Comisión Permanente convoca a las Cámaras del Honorable Congreso de la Unión a celebrar sesiones extraordinarias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 3 de junio, procederemos a declarar la clausura de las sesiones extraordinarias.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se pide a los presentes ponerse de pie.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Hoy diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al período de sesiones extraordinarias del segundo receso del primer año de ejercicio al que fue convocada.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Procederemos a entonar el Himno Nacional Mexicano
(Himno Nacional)
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Pueden tomar asiento.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La Presidencia de la Mesa Directiva participará por escrito al Ejecutivo federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Cámara de Senadores y a la Comisión Permanente, que ha declarado formalmente terminados sus trabajos correspondientes.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que el acta de esta sesión se dé por leída y copia de la misma se distribuya a los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea si autoriza que el acta de esta sesión se dé por leída y copia de la misma se distribuya a los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se autoriza.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (16:36 horas): Y se levanta la sesión. Buena tarde.
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