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Mi amiga Miroslava/PATRICIA MAYORGA


Mi amiga Miroslava/PATRICIA MAYORGA
Revista Proceso # 2146, 30 de diciembre de 2017...
Patricia Mayorga, quien se ha desempeñado como corresponsal de Proceso en Chihuahua, compartió fuente e inquietudes profesionales con Miroslava Breach, ejecutada el 23 de marzo presuntamente por informar sobre los políticos locales ligados con el narcotráfico. En este testimonio, Mayorga relata cómo trabajaron las dos reporteras en uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo, ya dominado por los capos y en un ambiente político que se pudrió bajo el gobierno de César Duarte.

El día que me pidieron acudir a la Fiscalía Zona Centro a identificar la voz de dos audios en los que Miroslava Breach Velducea y yo, por separado, conversábamos con un hombre, imaginé que se trataba de unas llamadas que nos habían hecho desde el Partido Acción Nacional (PAN) para preguntarnos por las fuentes de un reportaje sobre precandidatos ligados al narcotráfico, pero al enterarme ahí mismo de que encontraron las grabaciones en la computadora de un presunto sicario, pareció que me habían quitado el suelo donde pisaba.
“En lo toral, es lo que señalan esos audios de esas llamadas extraídas de la laptop Sony Vaio que fue asegurada en el domicilio en las calles de Las Torres número 1914 de la colonia Villas del Rey”, informó el agente del Ministerio Público al juez en la audiencia del miércoles 27.
El ambiente en Chihuahua ya era difícil desde la transición en el gobierno estatal. Pasamos por un sexenio peligroso para el periodismo porque las autoridades negaron sistemáticamente las de­sapariciones y desplazamiento forzados, mientras la corrupción avanzaba hasta los niveles que ahora conocemos.

Llegó al gobierno el panista Javier Corral Jurado, quien se había enfrentado abierta y públicamente con el exgobernador priista César Duarte Jáquez y en la campaña posicionó el tema de los narcocandidatos. Como periodistas no sabíamos dónde estábamos parados, y menos después del homicidio de Miroslava Breach. El control de los medios se ejerció con Duarte a través de convenios de publicidad y Corral los retiró. No sabíamos qué “arma” de control tendrían los grupos delictivos y las autoridades que ya se iban.
Justamente los audios hacían referencia a uno de los precandidatos del PRI que fueron exhibidos como narcos y sustituidos por su partido cuando se hizo pública la situación.
Al siguiente día yo tenía que dejar el estado, por el riesgo que implicaba continuar ahí después del asesinato de mi amiga Miroslava. Si alguna duda quedaba para salir y dejar a mi casa, mi familia y amigos, se dispersó de inmediato. Me fui a la mañana siguiente.
En junio del año pasado, cuando me encontraba en la Sierra Tarahumara, recibí una llamada del portavoz del Comité Directivo Estatal del PAN, Alfredo Piñera. Puedo decirlo porque se ventilaron su identidad y las declaraciones en la audiencia de vinculación a proceso contra Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, presunto coautor intelectual y material del homicidio de Miroslava.
Piñera me preguntó en qué fecha habíamos publicado el reportaje mencionado y me explicó que “la raza” de la sierra necesitaban tener la certeza de que las autoridades municipales o quien en ese momento era el alcalde de Chínipas, Hugo Amed Shultz, no habían hablado: “Ellos lo que nada más necesitan es tener la certeza de que se sepa que no fueron ellos los que pasaron información a los reporteros”.
Le dije que yo había ido a unos lugares y Miroslava obviamente conocía Chínipas, pues reporteamos los municipios. Después de colgar, recibí la llamada de Miroslava. Estaba enojada con Piñera por atreverse a pedirnos el origen de la información, que no sólo incluía precandidatos de Chínipas sino de otros municipios, aunque nos aseguró que no intentaba que reveláramos las fuentes. Los panistas lograron deslindar al exalcalde de Chínipas y no supimos más por el momento.
Los reportajes publicados sobre ese tema, en marzo de 2016, provocaron una serie de amenazas únicamente desde Chínipas y fueron recibidas a través de Miroslava. Eran presiones para que abandonáramos el asunto del narcotráfico, que estaba provocando desplazamientos, desapariciones y un incremento significativo de violencia. Todo era negado por el gobierno de César Duarte Jáquez. Las amenazas eran sutiles, con mensajeros; tal vez por eso no las dimensionamos.
Aun cuando Miroslava no presentó denuncia formal, mencionó las amenazas en diferentes espacios. Uno de éstos fue una reunión del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas efectuada en la ciudad de Chihuahua. Ahí nosotras dos comentamos dichos mensajes y la situación quedó apenas consignada en un documento.
Miroslava tenía la esperanza de que, con el cambio de gobierno, se pudiera hacer algo contra los delincuentes de la sierra y a favor de las víctimas, que llevan años resistiendo en medio de la crueldad y la violencia.
En una audiencia pública del gobierno estatal, luego de una rueda de prensa del fiscal general César Augusto Peniche Espejel, nos acercamos a él con otros temas de la Sierra Tarahumara. Cuestionamos por qué varios capos, reconocidos en diferentes municipios y a quienes conocen todos los pobladores, no son detenidos a pesar de que algunos están en la lista de los más buscados de la PGR.
Entre ellos figuran el grupo delictivo de Chínipas y Mario Eleno Corral Félix, El Cepillo, quien lideraba la mafia que controla parte del municipio de Guadalupe y Calvo y que fue asesinado semanas después del homicidio de Miroslava.
El Cepillo incluso puso a disposición de todo el pueblo de la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo y de El Vergel, municipio de Balleza, una red de WiFi abierta. Peniche Espejel nos explicó que cuando recibieron la administración no había ninguna carpeta de investigación sobre esos casos.
Precandidatos del narco
En marzo del año pasado, en los reportajes de La Jornada y Proceso sobre la infiltración de grupos del narcotráfico en la selección de aspirantes priistas a las presidencias municipales en los comicios del 6 de junio, se dieron a conocer varios nombres, pero dos causaron la sustitución de las planillas: Chínipas y Bachíniva.
Por la alcaldía de Chínipas los priistas postularon a Juan Salazar Ochoa, sobrino de Adán Salazar Zamorano, Don Adán, y Crispín Salazar, presunto líder del grupo de Los Salazares en Chínipas y parte de Sonora.
Salazar Ochoa es hijo de Joel Salazar Zamorano, hermano de Adán y de Crispín. También es primo de Alfredo Salazar Ramírez, El Indio, quien hasta ese momento estaba detenido en el penal del Altiplano, en el Estado de México.
Por Bachíniva contendería Silvia Mariscal Estrada, suegra de Carlos Arturo Quintana, El 80, líder del Cártel de Juárez en parte de la región noroeste de la entidad.
Días después de la publicación de los reportajes, Juan Salazar y Silvia Mariscal fueron sustituidos por otros candidatos del PRI, que ganaron las elecciones.
Antes del cambio de candidatos, el expresidente estatal del PRI Guillermo Dowell Delgado quiso justificarse. Dijo que ellos designaron a candidatos que son aceptados y cercanos a sus comunidades, además de que actuaron de buena fe:
“Se hizo un trabajo de revisión de los perfiles, de revisión en la propia comunidad, de su familia. Estamos en el proceso. En la mayor parte de esos municipios se creó un sistema del partido que estuvo recibiendo las propuestas.”
Silvia Mariscal fue secretaria del ayuntamiento de la administración que en ese momento regía Bachíniva. Una vez traté de contactar al PAN estatal para indagar esa situación, justo en el acto donde Javier Corral recibiría su constancia como candidato en el Instituto Estatal Electoral (IEE). De nuevo el vocero del PAN me reprochó por qué manejábamos esos asuntos, ya que eran muy riesgosos e incluso podríamos poner en peligro a los dirigentes de su partido. Evidentemente estaban preocupados.
Ese día, 22 de marzo de 2016, Corral opinó:
“Nosotros nos hemos deslindado totalmente de ese ayuntamiento (de Bachíniva) porque se relevó en términos reales desde hace tiempo, dejó de tener una soberanía propia y se puso en manos de El 80; por eso desde el principio el PAN no se reconoció en ese gobierno (…) El problema que hay en Chihuahua es mayúsculo porque se actúa con total impunidad, porque la gente sabe que están en la indefensión, porque sabe que la policía del estado y la fiscalía protegen a esos capos en lugar de perseguirlos”.
El acompañamiento
Durante el sexenio pasado, el problema de la violencia en la Sierra Tarahumara era casi tabú. A partir de 2014, cuando se incrementó el desplazamiento forzado, cubrí informativamente el asunto en varios municipios, incluido Chínipas.
Hacer periodismo en ese tiempo y cubrir derechos humanos era trabajar casi en solitario. El gremio vivió una de sus peores épocas, con reporteros silenciados en sus propios medios, que poco a poco los fueron censurando por los convenios de publicidad.
Algunos medios dieron cobertura a víctimas en algunos lugares, como en Juárez, pero no dimensionaron el nivel de corrupción que imperaba en el gobierno, que saqueó el estado.
Miroslava Breach meditó acerca de esa situación y se acercó a mí para analizarla. Hablamos de la Sierra Tarahumara y lo que encontrábamos cada vez que íbamos a reportear. Ella conocía sobre todo la zona de Chínipas y los municipios aledaños, en tanto que yo viajé principalmente a Urique, Uruachi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guachochi y Bocoyna.
Ella era originaria de Chínipas y le preocupaba ese municipio. Conocía a cada víctima obligada a huir, que desaparecía o que era asesinada. Desde entonces compartimos información para acompañarnos y hacer un poco más de fuerza, conseguir más impacto en nuestras denuncias periodísticas.
Nuestros reportajes sobre precandidatos ligados al narcotráfico se publicaron el 4 de marzo. La Jornada tituló el suyo “Impone el crimen organizado candidatos a ediles en Chihuahua”, y este semanario anunció: “En el proceso electoral de Chihuahua, el narco infiltra al PRI”.
Tanto Miroslava como yo buscábamos información sobre candidatas en la sierra, porque la ley obligaba a los partidos a postular obligatoriamente al 50% de mujeres. Ella se encontró algunos candidatos cuestionables y yo otros. Me tocó reportear municipios de la Tarahumara y del noroeste, por el proceso electoral y otros temas. Al regresar, nos reunimos para compartir los resultados de nuestra investigación. Cada quien publicó su texto en su medio.
El único municipio del que llegaron amenazas fue Chínipas. La primera fue inmediata, a través de mensajeros de allá. Supe por lo menos de otra en agosto de 2016, cuando Miroslava habló de eso con el entonces gobernador electo Javier Corral, como ella me comentó. La última ocasión que conversamos al respecto fue en febrero pasado. Las amenazas continuaban. Ese día desayunamos juntas. Teníamos otro tema en puerta y compartimos datos sobre jefes de policías municipales relacionados con el narcotráfico. Ella publicó primero su reportaje en La Jornada: “Infiltra el narco gobiernos municipales en Chihuahua”.
Después del asesinato de Miroslava, Proceso publicó el resultado de mi trabajo de una semana antes en seis municipios que estrenaban mando único de la policía estatal: “La Tarahumara, campo de batalla” y “Policías con historial de infiltración” (Proceso 2108).
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La trama en el asesinato de Miroslava
En el Chihuahua de la última década fue consolidándose un sistema de poder criminal en el que políticos y empresarios tejieron alianzas con narcos regionales. Además de terror, lo que ello ha generado es riqueza personal y corrupción rampante. La ola de homicidios de los meses recientes y la cacería desatada en contra del exgobernador César Duarte y su círculo rojo nacen de esa simbiosis. En este contexto se da muerte a la corresponsal de La Jornaday Norte de Ciudad Juárez, quien narró hasta el último día la suerte de su estado.
Por: Olga Alicia Aragón
Newsweek., 31 Mar 2017
DESDE EL MUNICIPIO de Guadalupe y Calvo viajaron a la ciudad de Chihuahua cuatro priistas que tenían un asunto urgente que informar. Se trataba de algo grave, dijeron, y por lo tanto querían mantener su identidad a salvo. Buscaban, sin embargo, que la historia que traían consigo fuera publicada por algún diario local.
“Podemos asegurarle a usted que en este mes y en este año preciso —anótelo así— es cuando nace en Chihuahua la narcopolítica”, comentó uno de los priistas con voz apagada, casi en murmullo, temeroso de ser escuchado por los comensales de mesas vecinas donde tomábamos café.
Era 2004 e iniciaba el proceso interno para postular candidatos a presidentes municipales y diputados. José Reyes Baeza sería el candidato a gobernador, por unanimidad, sin conflictos internos en el partido. Y sería bajo su sexenio que la entidad se convertiría en escenario de la más cruenta batalla “entre narcos” que haya registrado el mundo reciente.
El interlocutor era un exalcalde de Guadalupe y Calvo, el municipio situado en el Triángulo Dorado de la droga, el territorio que comparte Chihuahua con Durango y Sinaloa. La alerta era porque les habían impuesto, por vez primera, a un criminal como candidato. Lo que ocurría allí era una réplica de lo que sucedía en otros municipios de la Sierra Tarahumara, y el apoyo, tanto político como financiero, señalaron, provenía de un mismo individuo: el entonces líder estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), César Horacio Jáquez Duarte.
El candidato impuesto, Jesús Velázquez Rodríguez, terminó como alcalde en 2004. Tres años después sería diputado local por el distrito XXI. En tal condición, Velázquez adquirió notoriedad al formar parte del elenco de una película protagonizada por Erick del Castillo y Rafael Goyri: Plomo en la sierra, en la que encarnó a un narcotraficante llamado Chuy Castillo.
“No crea usted que es un asunto menor que se quedará en unos cuantos municipios perdidos en la sierra. Se está construyendo toda una estructura para sacar adelante la candidatura de Duarte, primero para diputado local, luego para diputado federal y allá arriba, con el apoyo de gente como Emilio Gamboa Patrón y otros gallones muy pesados del grupo Atlacomulco, van a fortalecer a Duarte para hacerlo candidato a gobernador”, confió el priista.
Todo indica que los cuatro priistas acertaron en todo. Fue lo que algunos periodistas documentaron desde entonces, la fusión de la política y el narco. Las estructuras que ahora controlan buena parte de esos municipios, como pudo documentarlo también la periodista Miroslava Breach Velducea, hasta el día previo a su asesinato.
MORIR A MANSALVA
Miroslava Breach Velducea fue asesinada por su trabajo de investigación periodística que le permitió documentar el enriquecimiento ilícito del ex gobernador César Duarte y dejar al descubierto algunas redes criminales de narcotraficantes y políticos, tanto del Partido Revolucionario Institucional como de Acción Nacional, que controlan estructuras de gobierno y grandes zonas del estado.
La corresponsal de La Jornaday colaboradora de Norte,de Juárez, escribió en sus reportajes, crónicas y columnas sobre la extrema violencia con que las mafias criminales han sometido durante años a la población, especialmente en la sierra Tarahumara, para apoderarse de territorios codiciados en Chihuahua no solo para el cultivo y trasiego de drogas, sino para impulsar megaproyectos empresariales en tierras que entrañan valiosos recursos hídricos, forestales, minerales e hidrocarburos.
El asesinato de Miroslava impactó a los chihuahuenses y causó hondo impactó en el país y fuera de él. Su muerte, sin embargo, debe pesar también sobre un gobierno que, de acuerdo con testimonios de allegados a la periodista, hizo muy poco para protegerla a pesar de haber sido enterado reiteradamente de las amenazas que sufría.
Miroslava Breach, quien nació en el pueblo serrano de Chínipas hace 54 años y ejerció durante más de dos décadas el periodismo en Chihuahua, fue acribillada a mansalva el jueves 23 de marzo, a las 7:06 de la mañana, cuando salía en su camioneta para llevar al menor de sus hijos a la escuela.
Un hombre solitario disparó ocho balazos calibre .38 directos a la cabeza. No falló ni un tiro. Fue un mensaje enviado a sangre y fuego, reforzado con otro escrito en una cartulina que el asesino llevaba enrollada bajo el brazo izquierdo para dejarla junto al cuerpo sin vida de la periodista. Distintas versiones, aunque parecidas, han trascendido sobre este mensaje. Una de ellas describe una fotografía de la cartulina tomada por un agente ministerial en el que se lee este mensaje:
“Esto te pasó por lenguona, por estar cerca del gobernador. Ahora sigues tú, Javier. Firma: El 80”.
Casi a las 15:00 horas, ocho horas después del crimen, el gobernador Javier Corral, acompañado del fiscal general César Augusto Peniche Espejel, dio una conferencia de prensa.
Destacó a los medios dos aspectos medulares: que la única línea de investigación será el trabajo periodístico de Miroslava Breach y que todo el proceso de la investigación será transparente, por lo que instruyó a la fiscalía para integrar una comisión interinstitucional que incluya la participación de periodistas.
Tanto autoridades como periodistas parecen no tener duda de que a Miroslava Breach la mataron por su trabajo periodístico. El gobernador reiteró que las investigaciones efectuadas hasta el 30 de marzo, cuando se cumplió la primera semana del asesinato, apuntaban al crimen organizado, “a la narcopolítica”, precisó Corral.
AMENAZAS IGNORADAS
Miroslava Breach fue amenazada de muerte desde el 23 de septiembre de 2015, cuando escribió para La Jornada su primer reportaje sobre el desplazamiento de cientos de familias (“Huyen del narco 300 familias en Chihuahua”) obligadas por comandos armados. En la investigación se narra que hubo asesinatos, secuestros e hirieron a niños para obligar a la gente a entregar sus ranchos, sus casas y todos sus bienes en comunidades como Las Chinacas del municipio de Chínipas, a unos 600 kilómetros de la capital del estado. El grupo criminal de Los Salazares,encabezado entonces por Crispín Salazar López, fue mencionado por primera vez por la periodista.
“No teníamos información de amenazas [contra ella]. Yo tenía una comunicación directa con Miroslava y no me lo expresó”, dijo el gobernador Javier Corral en el conferencia de prensa el pasado 23 de marzo. Y comentó que la única vez en que Miroslava (a quien llamó su amiga y con quien dijo tener comunicación diaria y una relación casi de familia) solo le había dicho una vez, hace casi dos años (cuando Corral aún era senador), que había sido amenazada mediante una llamada telefónica.
Lo dicho por el gobernador durante esa primera conferencia en la que abordó el homicidio, contrasta con la de colegas y familiares cercanos de Breach. Ellos afirman que al menos en tres ocasiones (marzo de 2016, y agosto y octubre de ese mismo año, cuando ya era gobernador electo) Corral fue notificado a detalle de las amenazas en contra no solo de Miroslava, sino de otra periodista en el estado.
Es la misma versión de uno de los testigos protegidos del caso, que consta tanto en el expediente de la Fiscalía de Chihuahua como en el de la Procuraduría General de la República, que refirió la última de las amenazas que recibió Breach.
De esta última llamada ya no quiso informar al gobernador. Porque, según dijo Miroslava a su interlocutor, no tenía caso hacerlo si nada hacía para protegerla a ella y a otros compañeros en peligro, sabiendo todo lo que ya le había informado.
De acuerdo con el testimonio al que tuvo acceso Newsweek en Español, la conversación entre el testigo protegido y la periodista habría tenido lugar a principios de enero.
—Estos cabrones siguen chingando. Me volvieron a amenazar-, le dijo Miroslava.
—¿Son los mismos? ¿Ya se lo informaste al gobernador?
—Sí, son los mismos cabrones, los que me mandan mensajes de parte de Los Salazares. Y no pienso decirle ya nada a Corral. Se supone que él ya sabe, ya debe saberlo. Ya se lo he dicho.
—Pero una cosa es “deber” y otra “saber”. Tienes que decirle.
—No, que se vaya a la chingada. Si no tiene capacidad para analizar la situación, si en la Fiscalía no tienen la inteligencia para ver lo que está sucediendo. Si (Corral) no puede ver que se le vendría un desmadre tremendo si le matan a un periodista, que se chingue…
—Pero eres tú quien está en peligro…
—No solo yo. Somos al menos tres. Y si él (Corral) no tiene la inteligencia para actuar aunque sea para evitar las broncas en que se metería su gobierno si le matan a un periodista, que se chingue…
“Fueron palabras al calor de la impotencia, del coraje, del sentimiento de indefensión que tenía Miros”, dice el testigo protegido sobre el diálogo que sostuvo con la periodista y que consta en actas ministeriales.
Newsweek en Español buscó insistentemente al gobernador Javier Corral, pero, hasta el cierre de esta edición, no respondió.
Una de las colegas de la periodista Miroslava Breach recuerda que ambas lloraron al recordar las amenazas:
“Miroslava me dijo, con una mueca como de sonrisa, pero con lágrimas en sus ojos: mejor vamos a retirarnos del periodismo. Vámonos a vender tacos”. Pero Miroslava no podía dejar de escribir. “Tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo lo mejor que podamos, cuidarnos a nosotras mismas. Con qué cara vamos a ver a nuestros hijos si no hacemos lo que está en nuestras manos para denunciar tanta marranada”, decía la periodista.
Las semanas previas a esa última amenaza de que se tiene conocimiento, Miroslava Breach estuvo escribiendo constante y sistemáticamente sobre una red que opera en Chihuahua bajo tácticas de crimen organizado.
NARCOPOLÍTICOS AZULES Y TRICOLORES
Javier Corral ha sostenido desde que iniciaron las investigaciones que el asesinato de Miroslava Breach es obra de la narcopolítica.
“Yo creo que a simple vista hay una planeación muy bien hecha de este asesinato, por lo que yo no creo que se trate de un asesino solitario. Hay una planeación. Es evidente que ha participado un ejecutor profesional”, dijo horas después del atentado.
Corral Jurado se ha referido sobre todo al reportaje que Breach publicó en La Jornada el viernes 4 de marzo de 2016 (“Impone el crimen organizado candidatos a ediles en Chihuahua”). Pero la periodista no solo documentó los vínculos del PRI con el narcotráfico, sino que amplió su investigación a la estructura política del Partido Acción Nacional.
“Grupos del crimen organizado lograron infiltrar las listas de candidatos a alcaldes, principalmente en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque también las del Partido Acción Nacional (PAN), para las elecciones del 5 de junio en municipios serranos y en corredores de trasiego de droga”, escribió Bearch aportando nombres de candidatos y de municipios, entre ellos Namiquipa, Bachíniva, Urique, Uruachi, Guazaparez, Guachochi, Batopilas y Buenaventura.
Señaló concretamente al narcotraficante Arturo Quintana, el 80, quien, asegura en el reportaje citado, pretendió imponer a su suegra, Silvia Mariscal Estrada, como candidata del PRI en Bachiniva, junto con otros candidatos señalados de narcos en los municipios del noroeste del estado, incluido Namiquipa con la candidatura de Ramón Alonso Enríquez Mendoza.
En Chínipas, municipio de la baja Tarahumara que estaba gobernado por un panista “también vinculado al grupo criminal que domina la región”, el PRI registró a Juan Miguel Salazar Ochoa, sobrino del capo Crispín Salazar Zamorano.
Este reportaje obligó a los partidos a hacer cambios de candidatos a última hora ante el Instituto Estatal Electoral.
Luego de estas investigaciones volvieron las amenazas contra la periodista, quien reportó la situación a su periódico La Jornaday al entonces candidato a gobernador Javier Corral. Con los datos investigados por Breach y el reporte de las amenazas de que era objeto, el entonces candidato del PAN se comprometió con ella a “poner orden” con la gente de su partido, recuerdan colegas que dieron seguimiento al reportaje de Miroslava.
Las amenazas, lejos de cesar, arreciaron. Algunas venían bien identificadas, de un panista que actuaba como “mensajero” del capo Crispín Salazar.
De ello dejó constancia Breach Velducea en su columna escrita en Norte,con el seudónimo de Don Mirone,el viernes 25 de noviembre de 2016, fecha cercana a la última amenaza de que ahora tiene conocimiento oficialmente la Fiscalía del Estado.
En la columna de Don Mirone, escribió:
“El jueves (24 de noviembre), mientras Corral estaba ocupado en el evento con Imco, anduvo tocando puertas en su despacho y en otras oficinas de Palacio el impresentable exalcalde panista de Chínipas Hugo Amed Schultz Alcaraz, quien quiere colocarse en una posición de buen nivel en la Secretaría de Educación y Deporte, para hacerla compatible con su plaza de profe y no perder tiempo de jubilación.
“El exalcalde de Chínipas es el mismo que vio, calló y negoció con el narco del pueblo, la designación de su sobrino Juan Ochoa Salazar como candidato del PRI a la presidencia municipal. Solo cuando los medios de comunicación nacionales hicieron público tal despropósito la dirigencia estatal priista sustituyó esa candidatura junto con la de Namiquipa. Esa información fue uno de los temas de campaña electoral de Corral, pero los datos nunca le llegaron de su supuesto correligionario de partido”.
Sobresale un dato sobre el exalcalde panista en el siguiente párrafo escrito por Breach:
“Las andanzas del exalcalde serrano que ahora quiere convertirse en funcionario estatal son más graves. Tuvo como director de la Policía municipal todo su trienio a Martín Ramírez, también sobrino del capo de la región Crispín Salazar Zamorano. El excomandante de Policía aparentemente estuvo involucrado en múltiples asesinatos y desaparición de personas, mientras el presidente municipal dejaba hacer y dejaba pasar los crímenes”.
Y concluye con dos líneas que adquieren mayor relevancia a partir de su asesinato:
“Schultz también jugó de mensajero de Salazar, para intentar amedrentar a periodistas que han documentado lo que sucede en esa región”.
A pesar de la intervención directa de la periodista ante el jefe del ejecutivo estatal para que se negara a Schultz el alto cargo que solicitaba, se le otorgó un puesto dentro del gobierno del estado: coordinador de Educación de la Región Serrana en la Dirección de Educación Básica de la Secretaría de Educación y Deporte.
CAPOS DE ALTOS VUELOS
Además de los reportajes y columnas de Miroslava Breach Velducea escritos en los dos últimos años, que arrojan luz sobre los vínculos estrechos de políticos con grupos de narcotraficantes y las secuelas de sufrimiento que esta relación criminal implica para miles de hogares enlutados por asesinatos, violaciones sexuales, desapariciones de personas, secuestros, masacres y desplazamientos de cientos de familias enteras, la periodista escribió en los tres meses previos a su asesinato un amplio reportaje y una serie de columnas sobre la infiltración del narcotráfico en las secretarías de seguridad pública de los municipios
Al comentar la decisión del gobierno de Corral de establecer un mando único de la Policía Estatal en seis municipios del estado —Madera, Temósachic, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes—, como medida urgente para recuperar el control de las policías municipales, Breach informó que en la sierra hay amenazas de paros de los polimunicipales.
Y faltan, advirtió, las reacciones de los grupos criminales. “No se van a quedar cruzados de brazos ante el intento de acotar su control sobre territorios en vastas zonas del estado. Ya se reportaron desplazamientos de hombres armados y encapuchados en algunos de los municipios intervenidos”.
Se trata de estructuras criminales que controlan desde territorios de siembra de amapola en la sierra Tarahumara y sus rutas de narcotráfico hacia la frontera con Estados Unidos, así como estructuras de gobierno que incluyen desde presidencias municipales y cuerpos policiacos hasta altos mandos.
LA PROFUNDA CORRUPCIÓN
El asesinato de Miroslava Breach se comete en medio de una atmósfera envenenada por las confrontaciones políticas entre el exmandatario priista César Duarte y el gobernador Javier Corral, quien hizo en campaña una promesa que contribuyó a su triunfo en las urnas: “encarcelar al exgobernador corrupto junto con sus exfuncionarios cómplices y recuperar para el estado el dinero y los bienes que le fueron saqueados”.
En los meses de noviembre y diciembre de 2016 y enero de 2017, Miroslava Breach escribió, de manera sistemática, sobre las investigaciones realizadas por la Fiscalía por peculado, enriquecimiento ilícito y otros presuntos delitos que pesan contra Duarte y sus principales colaboradores.
“Las medidas de protección legal que está tomando el exgobernador César Duarte para protegerse de acciones penales en su contra, hablan de que está sintiendo la lumbre en los aparejos. El amparo 15/2017 promovido por su abogado, Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, en contra de la decisión del Juez de Control, Eduardo Alexis Ornelas, que ordenó reabrir la investigación en su contra por el caso de Unión Progreso, apunta a un mar de fondo en el tema”, escribió Breach.
Y destacó un negro currículum del abogado contratado por Duarte “en casos de corrupción profunda”.
Recordó que fue abogado del subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, procesado por vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva, y defendió además a Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio.
“Por si faltara algo —agregó Breach—, estuvo también relacionado con la defensa de la empresa Industria 3, S. A. de C. V., aquella supuesta productora de espectáculos a la que el Gobierno del veracruzano Javier Duarte le envió un maletín con 25 millones de pesos en efectivo, dizque para pagar los preparativos logísticos para la fiesta de La Candelaria, la Cumbre de Tajín y el Carnaval del Puerto, en enero de 2012, justo cuando empezaba la campaña de Enrique Peña Nieto. ¿Será coincidencia que aparezca ahora defendiendo al Duarte de Chihuahua?”
Concluyó que no le ha faltado razón al presidente de Unión Ciudadana, Jaime García Chávez, cuando asegura que existe un manto protector que pende sobre César Duarte desde la Presidencia de la República, mismo que tiene paralizado el expediente de su acusación en la PGR desde hace dos años y cinco meses.
Miroslava, en mensaje dirigido al gobernador Corral a través de la columna de El Norte,le recuerda que “el escepticismo ya está asentando sus reales en la ciudadanía, que optó por el cambio el pasado 5 de junio”. Y le advierte: “solo un temprano golpe de timón reavivaría la esperanza…”
EL GOLPE DE TIMÓN
Después de meses el gobierno estatal respondió con una orden de aprehensión contra el exgobernador César Duarte, de quien dice Corral “huyó a El Paso”, Texas, y anuncia que pedirá a Estados Unidos su extradición.
Previamente, la Fiscalía detuvo a tres exfuncionarios de la anterior administración: Javier Garfio, exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas y exalcalde de Chihuahua; Gerardo Villegas, exdirector de la Administración de la Secretaría de Hacienda estatal, además de Ricardo Yáñez, quien fue director de Coesvi y director de Vialidad.
También se tiene en la mira al diputado federal suplente Antonio Enrique Tarín García, quien el pasado miércoles intentó tomar protesta como legislador tras la muerte del diputado titular Carlos Hermosillo, quien falleció en un extraño accidente automovilístico en el kilómetro 80 de la carretera Parral-Chihuahua, tres días antes del asesinato de Miroslava Breach.
“Estamos apenas en el inicio de un proceso y de una estrategia jurídica en la que vamos por toda la red de corrupción política que se tejió en la pasada administración, exfuncionarios y particulares que fueron parte de un diseño de delincuencia organizada para el enriquecimiento personal, por supuesto encabezados por el exgobernador”, anunció el gobernador Javier Corral tras las detenciones de los exfuncionarios de Duarte.
Respecto a la investigación del asesinato de Miroslava Breach, la Fiscalía informó escuetamente que “se tienen identificados” a dos hombres que participaron en el crimen: al chofer que trasladó al asesino y a quien escribió el mensaje en la cartulina.
Javier Corral fijó una postura: no se dará más información a los medios sobre este caso para no entorpecer las investigaciones.
En un hecho que enturbió aún más el enrarecido ambiente político en Chihuahua, y a unas horas de haber anunciado la cacería en contra de César Duarte luego de que se giró la orden de aprehensión en su contra, apareció un mensaje en una manta en una de las vías más transitadas de la ciudad de Chihuahua, el Periférico de la Juventud:
“Esto es para que estés enterado Corral, si me sigues mandando a tus achichincles los voy a matar a todos. Querías guerra ya la tienes. Estoy agarrado a alguien más poderoso”. En la línea final advierte a periodistas “hocicones” que no se metan o también morirán, y firma el 80, el presunto narco amigo de César Duarte a quien Javier Corral prometió expulsar 72 horas después de asumir como gobernador.



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El capo que se robó a una reina/Juan Velediaz

El capo que se robó a una reina/Juan Velediaz Publicado en La Silla Rota, 23 de octubre de 2013 Rocío del Carmen Lizárraga tenía 17 años en febrero de 1990, cuando fue coronada Reina del Carnaval de Mazatlán. Aquella había sido una competición muy cerrada, la noche de la votación se impuso por un margen estrecho a Libia Zulema Farriols, una chica que se ganó a la audiencia con su sonrisa y porte, lo que se tradujo en ser coronada como reina de los Juegos Florales, una distinción que se le da por lo regular a la mujer que queda en segundo lugar.
 El reinado del carnaval de Mazatlán es cosa seria. Durante un año, la soberana tiene varias actividades y obligaciones que el protocolo impone, una vez transcurrido este lapso, se le sigue guardando veneración y respeto como monarca que fue. Quizá por eso en aquellos días la sociedad sinaloense no se explicaba cómo pudo ocurrir algo que resultó inusitado en la historia del certamen. Pasadas las primeras semanas del festejo, Rocío del Carmen cumpl…