Un ataque armado con armas de alto poder contra la camioneta de la nieta del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha dejado a un escolta gravemente herido. Aunque el gobernador insiste en que fue un simple intento de robo, este suceso no es un hecho aislado, sino una evidencia más de que la violencia en el estado está lejos de ser una simple "crisis de percepción".
Carlos Pozo mas conocido como Lord Molécula, afirmó recientemente en que la violencia es una invención de los medios "conservadores", la realidad contradice esa propaganda. La versión de un "robo de vehículo" levanta serias dudas:
¿Quién intentaría asaltar un vehículo con agentes armados a bordo, en pleno tráfico?
¿Un ladrón intentaría llevarse una camioneta baleada e inservible?
¿Es una coincidencia que esto ocurra el mismo día que el gabinete de seguridad nacional, con Omar García Harfuch a la cabeza, visita Culiacán para presumir de resultados?
El discurso oficial de que la violencia disminuye choca de frente con la cruda realidad de balaceras y cancelaciones de eventos como el Grito de Independencia. La "crisis de percepción" es una peligrosa estrategia para negar un problema que afecta a todos los sinaloenses, sin importar su estatus.
Celebro que la nieta del gobernador esté ilesa, pero la verdadera tragedia es que este tipo de eventos tenga que suceder para que el poder y sus aliados mediáticos dejen de manipular la narrativa de la violencia y comiencen a enfrentar la realidad.
Reforma le dio la primera plana…
¿Y que dijo Claudia Sheiunbaum?…
Dijo que el ataque parece ser que fue un robo de vehículo pero que se están haciendo todas las investigaciones.
Aunque el robo es la hipótesis más fuerte, la presidenta aclaró que no se descarta ninguna otra posibilidad, y la Fiscalía continuará con las investigaciones para determinar los hechos exactos.
Sheinbaum, en su declaración, se basó en la información preliminar del Gabinete de Seguridad, que señaló el robo de vehículo como la principal línea de investigación. Sin embargo, ella misma fue cautelosa al decir que "no se descarta ninguna otra posibilidad", lo que deja abierta la puerta a que las indagatorias de la Fiscalía profundicen en otros posibles móviles.
La Fiscalía ha sido reprobada...
Es comprensible que se piense en un "mensaje directo" dada la posición del gobernador. Los ataques contra familiares de figuras políticas a veces se interpretan de esa manera. El desafío para las autoridades será proporcionar evidencia contundente que respalde la conclusión final de la investigación y disipe cualquier duda sobre un posible móvil político o de intimidación.
-El móvil sería el robo de la camioneta, porque hay especulación en torno a que a pesar de estar custodiada por elementos, por escoltas, los ladrones..., se le cuestionó ..
"Sí, iba manejando un escolta y había otra persona en el vehículo, y hubo agresión contra estas personas, y hasta ahora, hasta ahora, lo que se mencionó en el Gabinete, es que parece ser robo de la camioneta", respondió.
"De todas maneras no se descarta ninguna hipótesis, porque así debe ser, y la Fiscalía tiene que hacer las investigaciones con el apoyo del Gabinete de Seguridad".
Mmm. Ojala sea el robo..
Las columnas políticas hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025
Columna Estrictamente Personal de Raymunod Riva Palacio: "El huachicol a las puertas de Palenque"
El Financiero, septiembre 24, 2025
La investigación federal sobre el huachicol fiscal, derivado del aseguramiento de un buque tanque en Altamira que introdujo de contrabando diésel documentado como aceite para no pagar impuestos, sigue arrojando presuntos responsables del delito, pero con un giro inesperado: la vinculación de alrededor de 20 funcionarios y exfuncionarios de alto nivel cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, con las estructuras en la Armada y en Aduanas que participaron en los actos de corrupción y daños a la nación.
Las investigaciones, que aún no han sido judicializadas, han logrado establecer que hasta el momento hay 53 marinos, varios de ellos del alto mando y algunos de ellos que se mantienen en activo, presuntamente involucrados en la red del huachicol fiscal, por el cual dos sobrinos políticos del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda, están sometidos a proceso, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, que está preso, y el contralmirante Fernando Farías Laguna, que se encuentra prófugo.
De acuerdo con la información que ha trascendido, unos 45 marinos de diferentes rangos serán separados de sus cargos o les girarán órdenes de aprehensión.
La presidenta Claudia Sheinbaum, que autorizó la operación para desmantelar la red de corrupción en Altamira en marzo, está viendo cómo el gabinete de seguridad ha ido avanzando en las investigaciones, verificando la información de inteligencia que han ido recabando, principalmente, la Secretaría de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia, con insumos que les han proporcionado las agencias de inteligencia de Estados Unidos.
Aunque la orden de acabar con la red de huachicol fiscal fue de Sheinbaum, se ha revelado que las presiones de diplomáticos de la administración Trump acotaron sus márgenes de maniobra, que impidieron que se toparan los crímenes cometidos en los sobrinos políticos del almirante Ojeda, que era una estrategia para evitar la contaminación en la Secretaría de Marina y, eventualmente, a la presidencia de López Obrador.
El primer mensaje específico de Washington se lo dieron a la presidenta un mes antes, aproximadamente, de la visita a México del secretario de Estado, Marco Rubio, cuando le dijeron que la Casa Blanca esperaba que cualquier acuerdo político que hubiera tenido con López Obrador no significara un velo de impunidad para militantes de Morena. A lo largo de semanas, el interés principal se ha centrado en el senador Adán Augusto López, que ante la inacción de abrirle una carpeta de investigación en México e iniciarle un proceso para determinar su nivel de responsabilidad, provocó uno de los momentos más ríspidos en la reunión con Rubio, al considerar los estadounidenses que estaban buscando protegerlo.
Sheinbaum lo ha defendido en declaraciones, pero no ha sido lo mismo en privado, donde ha tenido encuentros ásperos con él, al tiempo de no haber frenado las investigaciones federales. Resultado de ellas, el caso del huachicol fiscal tomó un nuevo giro en las últimas semanas, de acuerdo con la información a la que se tuvo acceso, al encontrarse que alrededor de 20 personas que fueron colaboradores cercanos a López Obrador se encuentran vinculados a la red criminal de huachicol fiscal.
Algunos de los nombres son ampliamente conocidos, como el del senador López Hernández y el del exadministrador de Aduanas y hoy secretario de Gobierno en el Estado de México, Horacio Duarte, pero otros nunca habían sido incorporados en ninguna investigación previa, como el de Octavio Romero Oropeza, uno de los ideólogos de López Obrador en sus primeros años en la política en Tabasco, a quien nombró director de Pemex e impuso como director del Infonavit en el gobierno de Sheinbaum.
Las investigaciones incluyen al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que en el sexenio de López Obrador, como secretario de Relaciones Exteriores, compró las pipas para abastecer combustible cuando en las primeras cuatro semanas de ese gobierno, el expresidente y Romero Oropeza provocaron desabasto de combustible. Junto con él figura, también por primera vez en una investigación de este calado, la actual titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, que en la administración anterior inició como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, por donde pasó el análisis sobre las pipas y las asignaciones presupuestales extraordinarias para adquirirlas.
La información que ha trascendido no detalla las razones por las cuales están incorporados en el tema del huachicol fiscal, en donde aparecen, también de manera sorprendente, familiares de la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Tampoco se revelaron los nombres de los familiares, pero aparece un exfuncionario muy cercano a ella, Ricardo Peralta, que cuando una investigación sobre corrupción en Aduanas que realizó la Marina fue el preámbulo de su cese como administrador general, lo rescató como subsecretario. Peralta ha sido vinculado por las autoridades estadounidenses a una red de huachicol en Tamaulipas creada por el empresario Sergio Carmona, que aunque tiene vasos comunicantes con la del sur del país, es distinta a la red de los marinos.
La investigación sobre el huachicol fiscal se sigue profundizando, y la presidenta no la ha frenado. Constantemente tiene reuniones de actualización con los secretarios de la Marina, Raymundo Pedro Morales, y de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, sobre los cuales está descansando la parte previa a la judicialización, donde el caso lo lleva Alfredo Higuera, fiscal especializado en materia de Delincuencia Organizada.
Hasta ahora, el senador López Hernández es el político de Morena de mayor jerarquía señalado en las investigaciones, cuya presunta relación con el huachicol fiscal de los marinos se conecta con las imputaciones que existen en la Secretaría de la Defensa por su supuesto involucramiento en otras actividades criminales, que incluyen negocios ilícitos con combustible robado en Chiapas y Tabasco, que operaba su exsecretario de Seguridad en el estado, Hernán Bermúdez Requena, actualmente preso en El Altiplano y bajo proceso por delincuencia organizada.
El huachicol, en sus modalidades fiscal y de robo de combustible, es un negocio ilegal que detonó durante el gobierno de López Obrador y se extendió más allá de su sexenio. Los sobrinos políticos del almirante Ojeda no son la cabeza de la hidra sino la puerta a la estructura de poder del obradorismo que está siendo exhibida y expuesta, pese al interés político del régimen para lograr que la bala hacia donde se dirige, nunca llegue.
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Carta desde Washington
En defensa de la libertad de expresión y la sátira política/Arturo Sarukhan
El Finaicanciero
septiembre 24, 2025 | 4:19 hrs
Se está arraigando una tendencia peligrosa en la vida política estadounidense, una que amenaza no solo al periodismo y a la sátira política, sino también a las premisas fundamentales de una sociedad libre y abierta. Con una precisión perturbadora, Donald Trump está utilizando el concepto mismo de censura como arma para silenciar a sus críticos, y el deleznable y cobarde asesinato del activista de derecha Charlie Kirk solo ha inyectado una dosis de esteroides a esos esfuerzos -ahora preñados de oportunismo político- para acallar a voces críticas, opositoras y disidentes. Estamos presenciando cómo cobra forma un talante sigiloso de intimidación, esgrimida de manera facciosa por el titular de Ejecutivo, alcahueteando las instituciones del Estado.
Hasta que se dio el anuncio de la televisora ABC hace una semana suspendiendo el programa nocturno de comedia y sátira política de Jimmy Kimmel a raíz de sus comentarios sobre el asesinato de Kirk (este lunes, después de una andanada de críticas y cuestionamientos, Disney, dueña de la televisora, asentó que aquello solo era temporal y que regresaría al aire), era posible, si uno medio se hacía de la vista gorda, fingir que no se instrumenta desde el poder una perniciosa represión a la libertad de expresión. Ya de por sí la cancelación en julio del programa de otro comediante satírico, Stephen Colbert, atribuida a cuestiones financieras por la cadena CBS, no había dejado lugar a duda que las críticas mordaces de Colbert al presidente eran la verdadera razón. Pero el episodio con Kimmel tras una amenaza explícita de Brendan Carr, designado por Trump como cabeza de la Comisión Federal de Comunicaciones, en el sentido de revocar la licencia a ABC, ha volado la libertad de expresión en mil pedazos. Colbert, junto con Jon Stewart y David Letterman, advirtieron que el país se está deslizando hacia una autocracia.
La contradicción en el corazón de la narrativa de Trump dizque a favor de la libertad de expresión es sorprendente y alarmante. A pocos días de asumir de nuevo el cargo, el presidente firmó una Orden Ejecutiva titulada “Restaurando la libertad de expresión y poniendo fin a la censura federal”, posicionándose como supuesto defensor de esos derechos consagrados en la Primera Enmienda constitucional. Sin embargo, bajo esa retórica se esconde un patrón preocupante de acciones que silencian eficazmente voces disidentes y privan de financiación a instituciones culturales vitales que durante mucho tiempo han sido pilares de la vida intelectual y artística estadounidense. Porque la Administración Trump no solo ha presionado a televisoras para que atemperen su cobertura política y noticiosa; lo ha hecho con el Smithsonian para que modifique sus exhibiciones, asumiendo el control del Centro Kennedy para las Artes Escénicas y eliminando la financiación a la radiodifusora y televisión públicas, NPR y PBS, acusándolas de sesgo progresista. Y más recientemente, el presidente demandó al Wall Street Journal y luego al New York Times la semana pasada por criticar su gestión, y quiere usar la justicia como herramienta de venganza. Así se lo ha exigido explícita y públicamente a su Procuradora General esta semana. Es la cultura de la cancelación ahora esgrimida desde la derecha y, más preocupantemente, desde el poder.
Todo esto (que de paso hace eco de lo vivido en México los últimos seis años y pico), ahora turbocargado con el episodio Kimmel, a quien Trump detesta, sin duda pone de relieve lo que es una de las más importantes facetas del sistema internacional del siglo 21: el pulso entre sociedades abiertas y cerradas. Pero también apunta a un tema que va más allá de la tolerancia y pluralidad prevalecientes en una sociedad. Porque la sátira política -y la manera en la cual políticos y poder responden a ella- es, al final del día, una muestra esencial de madurez de una nación y de la salud y solidez de sus estructuras y prácticas democráticas.
Desde Aristófanes, pasando por Jonathan Swift, Honoré Daumier, George Orwell y Jorge Ibargüengoitia hasta Charlie Hebdo o ahora Kimmel, Stewart, Colbert y John Oliver en EE.UU, la sátira política ha existido en toda sociedad organizada y activa como una manera de interactuar con su sistema de gobierno. Se nutre de un silogismo bastante sencillo: a) los políticos que actúan mal o cometen errores serán objeto de escarnio; b) a los políticos no les gusta que se mofen de ellos; c) el escarnio hará que los políticos procuren comportarse mejor. De entre todos los países, es particularmente en Gran Bretaña y Estados Unidos donde hay una rica y larga tradición de sátira política, una que me tocó vivir y atestiguar de primera mano, como niño viviendo en Gales, y luego como diplomático mexicano en EE.UU. La revista Punch, grupos como Monty Python y programas como Yes Minister o el guiñol de Spitting Image han jugado un papel seminal en abonar una cultura de mofa del poder y de los políticos británicos. En EE.UU, revistas como The Onion o programas como Saturday Night Live han dado pie a South Park, The Colbert Report o The Daily Show, fusionando el comentario noticioso y la posición editorial con la comedia.
Esta rica tradición de sátira política en el mundo anglosajón ha obligado, desde hace muchas décadas, a los políticos estadounidenses a aprender a reírse unos de otros y de sí mismos, a la vista de todos y de manera constante. Tres de los eventos más relevantes del calendario político anual en Washington, las cenas del Alfalfa Club y Gridiron Club y la de corresponsales ante la Casa Blanca, tienen como elemento común y central que el presidente sea siempre no sólo un blanco de los chistes, sino que esté presente y recurra al humor auto irónico o lo esgrima ante otras figuras de la vida pública del país, abonando de manera esencial al discurso político y al sistema liberal de rendición de cuentas y de pesos y contrapesos. Es, aún con los muchos retos que hoy enfrenta la democracia estadounidense y la salud menguada de su andamiaje político y partidista, un baremo fundamental de civismo, tolerancia y pluralidad. No es sorprendente por ende que Trump, como presidente, jamás haya asistido a estos eventos.
Que saludable sería que otras naciones, incluyendo México, aprendiesen de esta práctica que desprotocoliza al poder público y lo obliga a confrontar, de manera regular, voluntaria y natural, la comedia y la sátira como un expresión democrática y un ejercicio de rendición de cuentas. Sólo hay que recordar que un líder o gobierno -o incluso una sociedad- que no tolera la sátira y el humor y que no sabe reírse de sí mismo, tiende a recurrir al autoritarismo. Y lo que hace que la campaña de censura de Trump sea singularmente insidiosa es la manera en la cual éste la presenta y justifica como antídoto contra la censura misma. Sus esfuerzos para litigar contra medios, las amenazas de revocar licencias y la retórica escalofriante dirigida a reporteros, comediantes y opositores con nombre y apellido se presentan no como censura y acoso, sino como defensa del “pueblo” contra las “instituciones elitistas” (¿les suena?). En esta narrativa retorcida hoy en EE.UU, el escrutinio se ha converido en coacción y la libertad de expresión en persecución.
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El fantasma de Sergio Carmona/Salvador García Soto
El Universal, | 24/09/2025 |;
En medio de lo que ya es considerada la mayor conspiración político-criminal para saquear al erario federal con casi 600 mil millones de pesos por las importaciones clandestinas de huachicol fiscal desde Estados Unidos en el pasado sexenio, el fantasma del empresario que manejó originalmente este esquema de evasión de impuestos desde las aduanas de Reynosa y Matamoros resurge de ultratumba para recordar que su asesinato, en una barbería de San Pedro Garza García, el 22 de noviembre de 2021, sigue impune y nunca se investigó a fondo quién ordenó su ejecución realizada por tiradores profesionales que lo mataron mientras le cortaban el pelo, en un crimen del que no quedó ningún registro en video ni ningún testigo, a pesar de que ocurrió en el municipio más videovigilado de México.
Y es que Carmona y su casi perfecta ejecución, que no dejó rastro alguno ni se esforzaron mucho por investigar en la Fiscalía de Nuevo León, recuerda más a una operación de Estado que a un crimen del narcotráfico, no sólo por la forma en que se deshicieron del empresario que había financiado las campañas de Morena en al menos cinco estados de la República y que operaba con la total protección e impunidad que le brindaban desde el gobierno federal, que le había “concesionado” desde el arranque del sexenio del presidente López Obrador, la aduana de Reynosa para que fuera operada por él y por su hermano Julio Carmona Angulo, cuando el director de Aduanas Nacionales era Ricardo Peralta.
Entre 2018 y hasta su muerte en 2021, Sergio Carmona pasó de ser un empresario y contratista menor del gobierno de Tamaulipas, en el sexenio del panista Francisco García Cabeza de Vaca, a convertirse en el creador de un emporio huachicolero que le generaba ingresos millonarios, lo que le valió el mote del “Rey del Huachicol”, algo que logró por su habilidad para el negocio ilegal, pero también por la protección que le otorgaban desde las áreas de inteligencia militar del gobierno lopezobradorista, a donde él siempre decía que se “reportaba” con “el de las botas” en referencia a un general retirado del Ejército al que ubicaba como su “jefe” y quien controlaba el negocio huachicolero desde el gobierno federal.
Mientras apoyó a Morena con generosas sumas de dinero, lo mismo para financiar campañas de alcaldes y diputados tamaulipecos, como para impulsar a cinco candidatos a gobernadores en las elecciones de 2021, Carmona fue un empresario útil para el sistema, que ayudó a consolidar el crecimiento del partido oficial en los estados. Su relación cercana con el hoy alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González, quien en aquellos años era presidente de la Comisión de Presupuesto de San Lázaro, lo llevó a tener una relación cercana con la dirigencia nacional morenista que encabezaba Mario Delgado, quien llegó a utilizar sus camionetas y hasta sus aviones para sus giras por Tamaulipas, algo que también les daba a varios alcaldes de ese estado.
Pero cuando el perfil de los hermanos Carmona Angulo, especialmente de Sergio se volvió muy mediático y su nombre comenzó a aparecer en reportajes y columnas periodísticas, su figura y su actividad huachicolera se volvieron demasiado visibles y sus conexiones políticas con Morena comenzaron a llamar la atención no sólo de la prensa mexicana sino también del gobierno de Estados Unidos que abrió un expediente en el ICE para investigar la actividad criminal del empresario tamaulipeco y sus vínculos financieros con el partido gobernante en México.
Carmona pasó entonces de ser un “generoso financiero” a convertirse en un “personaje de alto riesgo” para Morena y para el gobierno lopezobradorista. Unas semanas antes de que fuera ejecutado en Nuevo León, el empresario huachicolero le había revelado a personas cercanas de su equipo que se había reunido con capos de algunos cárteles de la droga, a saber con los de Sinaloa y los del Golfo, y que buscaba insistentemente reunirse con la gente de Nemesio Oseguera “El Mencho”, porque, según les dijo a sus amigos, “les estoy proponiendo un acuerdo de paz” que le había pedido negociar su jefe “el de las botas”.
Hay incluso una versión que surge también de su círculo más cercano, que afirma que antes de morir, Sergio Carmona ya había sido contactado por agentes del gobierno de los Estados Unidos que le habían informado de la investigación abierta en su contra y le habían ofrecido hacer un acuerdo de colaboración para que diera información sobre sus actividades criminales, sus millonarias ganancias y los presuntos financiamientos a campañas oficiales en México. El contacto se había producido ya en San Pedro Garza a donde él se había ido a vivir y donde, unos días después, la tarde de aquel 22 de noviembre, lo sorprendieron las balas de dos tiradores que le dispararon en la cabeza y el cuello, mientras él estaba relajando en la silla de la peluquería.
Con todo y las casi 3 mil cámaras de videovigilancia que tiene el municipio de San Pedro Garza, monitoreando sus principales calles y avenidas, no se conoció nunca un video o un seguimiento en el sistema de vigilancia del área Metropolitana de Monterrey donde existen en total casi 12 mil cámaras, contando las de San Pedro. No hubo testigos más allá de quienes presenciaron el brutal asesinato en la barbería.
Lo que siguió después de su asesinato fue una investigación casi sigilosa y totalmente hermética de las autoridades de la Fiscalía de Nuevo León que, en medio de presiones y reclamos por la falta de información, nunca arribaron a alguna conclusión sobre los asesinos materiales e intelectuales y archivaron el caso sin darle mayor importancia. Se sabe, por ejemplo, que un periodista de un medio de Monterrey, que había seguido de cerca la investigación y estaba revelando información, fue reconvenido por su editor que le pidió que ya no siguiera el tema “porque tenemos instrucciones de no publicar más de ese caso”.
A Carmona claramente lo eliminaron para silenciarlo, porque se había vuelto un peligro para quienes lo protegían políticamente, pero también para arrebatarle el millonario negocio que había construido con la importación ilegal de combustibles a través de las estratégicas aduanas tamaulipecas. El portal Código Magenta, que dirige el periodista Ramón Alberto Garza, publicó un reportaje en el que sostenía que, tras el asesinato de Sergio Carmona, quién heredó el negocio huachicolero en Reynosa fue Angel Arnoldo Ramírez Salinas, empresario tamaulipeco con nacionalidad mexicana y estadounidense, quien mantuvo las conexiones de la Aduana de Reynosa y las ligas políticas de Carmona.
Ramírez Salinas tenía como registro de su domicilio la calle 9 No. 590 B, que era la misma dirección con la que Sergio Carmona y su esposa Perla McDonald dieron de alta en el año 2011 a su empresa Grupo Industrial Permart, S.A. de C.V., lo que confirmaba que él había continuado al frente de los negocios del empresario asesinado. Pero Angel Arnoldo también tuvo un final trágico: el pasado 26 de abril el vehículo en el que viajaba en la carretera de Guadalajara a Colima se desbarrancó provocando la muerte del empresario y su acompañante. En Colima, según información que manejaban en el gobierno federal, vivió Julio Carmona Angulo, quien se mudó a ese estado tras la muerte de su hermano, antes de convertirse en testigo colaborador del gobierno de Estados Unidos.
Justo en las fechas en que murió Angel Arnoldo, el FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos había emitido un informe detallado en el que documentaba cómo operaba el negocio del “huachicol fiscal” a través de las importaciones ilegales de petróleo crudo que era llevado a Texas para su refinación y que después regresaba a México convertido en gasolinas que eran introducidas por las Aduanas mexicanas como “aceites” u otras sustancias, todo en coordinación y complicidad entre las autoridades aduanales y los cárteles de la droga mexicanos.
Lo que pasó a partir de 2021, tras la muerte de Carmona, fue un cambio importante en el negocio millonario del huachicol fiscal, que empezó a ser manejado desde el propio gobierno federal que lo amplió ya no sólo a las aduanas terrestres de Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua, sino a las marítimas y ahí la operación se le encargó a la Secretaría de Marina, que creó toda una red de contrabando de combustibles a través de los puertos de Guaymas, Sonora; Dos Bocas, Tabasco; Manzanillo, Colima, donde también los marinos controlaban todo tipo de contrabando, y en los puertos de Tampico y Altamira, por donde entraron hasta 14 buques tanques en los últimos meses, aunque se presume que fueron muchos más en el sexenio pasado.
Hoy, lo que ven con asombro los mexicanos, es apenas la punta del “iceberg” de lo que ocurrió con el negocio multimillonario del huachicol fiscal administrado y operado desde el gobierno, con la participación directa de la Marina, que tenía como operadores visibles a los hermanos Farías Laguna, sobrinos del almirante secretario Rafael Ojeda, pero que tenía también la protección desde las más altas esferas militares, navales y políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y ante todo eso es inevitable revivir al fantasma de Sergio Carmona y preguntar, a casi cuatros años de su ejecución no investigada ni aclarada: ¿quién ordenó su muerte, quién la ejecutó y quienes fueron los herederos finales del millonario negocio del contrabando de combustibles en México que nos ha dejado el desfalco más grande en la historia con más de medio billón de pesos? Y en la respuesta a esa pregunta, todos los caminos llevan hacia el Palacio Nacional.
NOTAS INDISCRETAS… Días violentos los que se viven en México. A la desaparición y asesinato de dos colombianos que aparecieron desmembrados, se sumó el mismo día el homicidio de un estudiante de 16 años en el CCH Sur a manos de otro estudiante que lo atacó con una guadaña. Y como la violencia no distingue orígenes, niveles sociales o privilegios políticos, ayer se informó del robo de una camioneta, a punta de pistola en Culiacán, a una sobrina del gobernador Rubén Rocha Moya. Y curiosamente mientras la violencia sacude todos los días al país, ayer en la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, poco se habló de esta grave problemática. La funcionaria encargada de la gobernabilidad del país fue a presentar un panorama idílico sobre la seguridad y los logros del gabinete de seguridad de la doctora Sheinbaum. Si bien la seguridad ya no es responsabilidad de su dependencia, a la titular de Segob se le fue su discurso en elogiar los programas sociales, el crecimiento demográfico de México y “la transformación que avanza”, según dijo ella. Mientras los diputados de oposición le pusieron enfrente un enorme cartelón que le recordaba que en México hay “110 mil desaparecidos”, la mayoría de ellos, el 42% jóvenes de entre 14 y 29 años de edad. Y cuando la violencia desaparece y asesina precisamente a los jóvenes mexicanos —a los que por cierto el gobierno no los busca con la rapidez y eficacia con la que encontró a los dos colombianos asesinados— la secretaria Rosa Icela sólo dijo que “jóvenes que antes no tenían opciones para acceder a becas, hoy acceden a los apoyos de los programas del bienestar”. Y luego se puso a repetir las cifras de decomisos de armas y de otros datos que se dan en las mañaneras, para al final rematar con una frase que dibuja de cuerpo entero el achicamiento de la que antes fuera la poderosa Segob, hoy convertida en un apéndice del aparato político del gobierno que se dedica a apagar fuegos: “La Secretaría de Gobernación hace su tarea como puente de diálogo entre las instituciones del Estado, el Poder Legislativo y la ciudadanía. Atendemos conflictos de una gran diversidad de temas como disputas comunitarias, controversias agrarias, bloqueos en vías de comunicación, tensiones por proyectos de infraestructura, solicitudes de servicios básicos, garantizando que las demandas sociales tengan una resolución”, dijo la secretaria que dijo haber atendido en este primer año de gobierno mas de 2,900 controversias y movilizaciones sociales. Curiosamente los bloqueos de carreteras, de calles y avenidas en la Ciudad de México y de conflictos de todo tipo no han cedido y también, más que extrañamente, la secretaria se le olvidó mencionar que ella también es responsable del diálogo con la oposición política, a la que ni siquiera mencionó y mucho menos escucha. En fin que con ese desempeño tan pobre, que ella misma describe más bien como gestora de conflictos más que de gobernanza, no se ve nada fácil que a la señora Rosa Icela le alcance para mucho en sus aspiraciones para ser gobernadora de San Luis Potosí… Ricardo Salinas Pliego ya pagó los impuestos que debía, pero no en México sino en Estados Unidos, donde ayer el empresario mexicano hizo un pago de 25 millones de dólares, por concepto de fianza, para evitar ser detenido en el vecino país, luego de que fuera declarado en desacato por no atender la denuncia de la empresa de telefonía AT&T que le compró Iusacell en 2014 y que lo denunció por no haberle pagado impuestos que adeudaba al momento de esa venta. En fin, que mientras Salinas Pliego el lunes escribió en las páginas de EL UNIVERSAL que él no se niega a pagar los impuestos que debe en México, pero que sólo pagará lo justo y lo que debe, que dice que son 10 mil millones de pesos, tal y como acordó con el expresidente López Obrador, en la Suprema Corte de Justicia, nos dicen, ya se empezó a mover su amparo que podría ser discutido antes de que finalice el año y el en que ya no habría los impedimentos por los conflictos de interés que argumentó el empresario en contra de algunos de los anteriores ministros, aunque aún está el caso de Lenia Batres, que había sido solicitada como “impedida” para participar en esa discusión por los abogados del empresario. Veremos qué avanza más rápido, si el análisis y discusión del amparo de Ricardo Salinas en la nueva Corte o la creación de su movimiento político que ya anunció y al que empieza a darle forma con miras al 2030… Se detienen los dados. Serpiente Doble.
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Guerra de odio
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
REFORMA, 24 septiembre 2025
"La oscuridad no puede expulsar
la oscuridad; solo la luz puede hacerlo.
El odio no puede expulsar el odio;
solo el amor puede hacerlo". Martin Luther King, Jr.,
"Loving Your Enemies"
CHIHUAHUA.- El ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023 fue un acto terrorista sin provocación o justificación. No iba dirigido a objetivos militares, sino a comunidades pacíficas, familias indefensas y un festival de música. Los terroristas mataron a 1,195 personas, incluyendo 815 civiles y 36 menores. Violaron a mujeres y secuestraron a 251 hombres y mujeres, de los cuales 48 permanecen aún en cautiverio. No tenían el propósito de tomar algún territorio; su incursión solo buscaba provocar dolor y terror. Si acaso, el propósito era provocar una reacción violenta del gobierno de Israel. Lo lograron.
El gobierno de Benjamín Netanyahu fue tomado por sorpresa en un momento en que enfrentaba manifestaciones por una cuestionada reforma judicial (autoritaria, como la nuestra). Las fuerzas de seguridad de Israel tardaron en reaccionar, pese a su reconocida capacidad y al riesgo siempre latente de agresiones desde la franja de Gaza, controlada por Hamás. Israel trató en un principio de hacer una distinción entre Hamás y Gaza o Palestina. "Nuestra guerra es contra Hamás, no contra el pueblo de Gaza", sostuvo el ejército israelí, pero la distinción se olvidó pronto.
La guerra de represalia no se ha concentrado nada más en objetivos militares; ha destruido viviendas y construcciones civiles de todo tipo, incluyendo hospitales. Una parte podría justificarse por la táctica de los militantes de Hamás de esconderse entre la población civil, pero no toda. Unos 60 mil gazatíes han muerto en las acciones israelíes, entre ellos civiles, ancianos, mujeres y niños. Israel ha bloqueado los accesos a Gaza e impedido el ingreso de alimentos y medicinas, provocando un desastre humanitario.
Israel ha perdido mucha de la buena voluntad que tenía en el mundo. La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados de las Naciones Unidas publicó el 16 de septiembre un informe que señala que el país ha cometido un genocidio en Gaza. Navi Pillay, la jurista sudafricana que fue alta comisionada de las Naciones Unidas para derechos humanos de 2008 a 2014, encabezó la investigación y declaró: "Es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio".
Varios países que en el pasado apoyaron a Israel han reconocido al Estado Palestino, entre ellos Francia, España, Canadá, el Reino Unido, Australia, Portugal. No son fascistas ni autoritarios, sino democracias responsables. El papa León XIV, tampoco un radical, expresó este 21 de septiembre su solidaridad con el pueblo de Gaza. Netanyahu acusó a los dirigentes de estas naciones de estar "entregando una enorme recompensa al terrorismo" y afirmó: "No habrá un Estado palestino al oeste del Jordán". No hay, sin embargo, una solución posible a la guerra intermitente que persiste desde 1948 sin dos Estados, uno israelí y el otro palestino. Sus pueblos no pueden ser exterminados.
Hamás es una organización yihadista: no busca la paz, sino la guerra santa. El ataque del 7 de octubre quería provocar una reacción violenta. Las organizaciones terroristas siembran el odio porque prosperan en el odio. Netanyahu ha sido cómplice al lanzar una guerra de destrucción que no ha hecho más que sembrar odio. Desconoce las palabras de Martin Luther King: "El odio no puede expulsar el odio".
· 23 DE SEPTIEMBRE
Anteayer el Diario Oficial publicó un acuerdo que declara "sitio de memoria" la tumba de quienes fallecieron en el ataque al cuartel de Madera, Chihuahua, de 1965. ¿Qué pensarán los familiares de los soldados asesinados? ¿Y las víctimas de la Liga Comunista 23 de Septiembre, que se inspiró en ellos, como Eugenio Garza Sada y Fernando Aranguren?
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Youtuberos/Sergio Aguayo
REFORMA, 24 septiembre 2025
A los pocos días de iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, comenzaron las mañaneras y con ellas, llegaron los youtuberos. El 19 de septiembre la Presidenta llegó a 240 mañaneras dejándonos una conclusión inequívoca: a ellos se les concede más veces el uso de la palabra que a los reporteros profesionales.
A las mañaneras asisten habitualmente 60 periodistas; y la mitad de ellos son youtuberos. Para esta columna seleccioné a cuatro habituales y a los reporteros de La Jornada, El Universal, Reforma y Proceso para establecer cuál de los dos sectores pudo preguntar más. Los cuatro youtuberos pudieron hacerlo en 70 ocasiones y los periodistas en 61. La distancia se hace mayor con el tema del huachicol fiscal; los primeros preguntaron cinco veces, los periodistas dos.
Vicente Serrano es un youtubero influyente. Sus dos canales de televisión rebasan, juntos, los tres millones de suscriptores. El 17 de septiembre preguntó su opinión a la Presidenta sobre el "discurso poderosísimo" del secretario de Marina después del tradicional desfile del 16. La Presidenta le respondió que no había leído el discurso del almirante porque a "nadie se pide previamente su escrito para ver qué va a decir". Luego precisó que en el caso de la Marina las "detenciones vienen de una investigación que inicia en marzo de este año" y cerró con una exaltada defensa del expresidente López Obrador, un "hombre íntegro, y eso lo sabe el pueblo de México".
El 10 de septiembre la Presidenta dio la palabra a Salvador Corona, periodista de El Universal, un diario capitalino con 6.3 millones de suscriptores en YouTube. Este le preguntó: ¿No le parece, Presidenta, una casualidad que el día de ayer [falleciera] un marino presuntamente ligado con el huachicol, en una prueba de tiro?". La interpelada reaccionó con molestia: "La manera en que lo preguntas no me parece correcta, ni para la víctima ni por lo que ocurrió". El periodista se mantuvo firme en el tema hasta que la Presidenta dio por concluido el asunto con un "ya no te voy a contestar".
Conversé con Dalila Escobar, la representante habitual de Proceso en las mañaneras de Palacio, quien me resumió el estilo de los dos gremios: "Los youtuberos -me dijo sin dudar- no cuestionan a la Presidenta, solo le preguntan su opinión sobre tal o cual tema. Los periodistas críticos son más inquisitivos".
Unos y otros ejercen de manera legítima su libertad de expresión. Los periodistas reciben instrucciones de sus directores basados en las líneas editoriales de los medios que pagan sus salarios. Desconocemos casi todo sobre los youtuberos. Por ejemplo, sus fuentes de ingreso son particularmente opacas.
Ejemplifico la opacidad con Sandy Aguilera, "La Wera de la Mañanera". Tiene 80.1 mil suscriptores en YouTube y se presenta en Instagram como "vínculo entre los ciudadanos y los servidores públicos". Hace semanas presentó el caso de una joven muerta en una operación de cirugía plástica. Preservó su nombre, pero sí denunció con nombre y apellido al médico que la intervino. La Presidenta atendió el asunto y le dijo que "mañana [vendrán] de la Secretaría de Salud para que [contesten] con mayor detalle la consulta que haces". La actividad es loable, pero ¿la presentación de casos que ha hecho es gratuita o recibe una compensación por sus madrugones?
Es inevitable hacerse la misma pregunta cuando se documentan las críticas feroces e implacables que lanzan algunos youtuberos de Palacio contra quienes tienen puntos de vista diferentes a los de la 4T. ¿Militancia gratuita o empleo remunerado?
Aunque las relaciones entre prensa y gobernantes siempre serán complejas, hay patrones bastante claros. La prensa está dividida entre aquellos que deciden aliarse con quienes gobiernan y quienes los vigilan y cuestionan. Los gobernantes siempre han buscado aliados en el gremio, lo cual es totalmente natural, pero estas alianzas deberían regirse por la transparencia. Sería un paso saludable y lógico dada la evolución positiva de las mañaneras: de la confrontación en el sexenio pasado, a la civilidad en el actual.
Dado el acceso que tienen los youtuberos a la Presidenta, que algunos de sus canales reciben publicidad oficial y que operan sin transparencia ni reglas claras, es legítimo preguntarse si en algún pasillo de Palacio se manipula lo que sucede durante las ya famosas mañaneras.
Colaboró Elena Simón Hernández.
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Adán sigue retando/Héctor De Mauleón
El Universal, | 24/09/2025 |
El líder del PRI, Alejandro Moreno, informó ayer que, luego de que fuera denunciado en México sin consecuencia alguna, su partido formalizó ante el FBI, la DEA y los departamentos de Justicia y del Tesoro una nueva denuncia en contra del senador morenista Adán Augusto López Hernández como presunto integrante de una organización delictiva que cometió delitos transfronterizos.
Moreno señaló además a López Hernández, exgobernador de Tabasco y ex secretario de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador, como parte de la estructura de gobierno que propuso al Senado los ascensos del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, señalados como operadores del mayor escándalo de corrupción que ha estallado en tiempos de la 4T, y que figuran, hasta el momento, como las dos cabezas más visibles de la red que traficó desde las aduanas marítimas millones de litros de combustible introducido al país de manera ilegal.
En conferencia de prensa, Moreno presentó la estructura de lo que él llamó “El Cártel de Macuspana”, en el que incluyó a tres “narcogobernadores”, Américo Villarreal, Alfonso Durazo y Rubén Rocha Moya; al exjefe de la oficina presidencial, Alfonso Romo, como presunto lavador de dinero; al exsecretario Rafael Ojeda y sus dos sobrinos como operadores de la mencionada red de huachicol fiscal, y al propio Adán Augusto López, así como a su exsecretario de seguridad, Hernán Bermúdez Requena, como integrantes del grupo criminal La Barredora.
Señaló también al exlíder de Morena y hoy secretario de Educación, Mario Delgado, involucrado en el financiamiento a Morena por parte del llamado Rey del Huachicol, Sergio Carmona; a Ignacio Ovalle, el exdirector de Segalmex vinculado a otro escándalo mayor de corrupción, así como a los hijos de AMLO, Andrés Manuel, José Ramón y Gonzalo López Beltrán.
Fueron el presidente López Obrador y su secretario de Gobernación Adán Augusto López quienes pusieron en posiciones clave a narcopolíticos que organizaron, financiaron y encubrieron actividades criminales”, declaró Moreno.
Acorralado por los señalamientos que rodean y llevaron a su captura a su exsecretario de seguridad, Hernán Bermúdez Requena -al que se acusa de encabezar desde el gobierno de Tabasco las actividades criminales La Barredora-, Adán Augusto López se burló de la denuncia de Moreno, y siguió retando: “No hago caso a mafufadas”, dijo ante los cuestionamientos de un reportero.
El vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier, salió en su defensa: “El coordinador se llama Adán Augusto López Hernández y fue electo por unanimidad por seis años y así debe ser”, dijo.
El asunto es que el coordinador de los senadores de Morena se ha convertido, más que en un estorbo para el gobierno de Claudia Sheinbaum, en la piedra de toque que puede hundir de manera irreversible, si no es que ya lo ha hecho, la narrativa sobre la que se construyó la llamada 4T.
El nombre de López Hernández fue entregado a la presidenta Claudia Sheinbaum por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, durante su reciente visita a Palacio Nacional, al lado del de 20 personajes cercanos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que el gobierno de Donald Trump ha vinculado con grupos y actividades criminales.
Al frente de esa lista estaba el exsecretario de Gobernación, de acuerdo con fuentes que estuvieron presentes en el encuentro.
En la misma reunión se mencionó también al extitular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Horacio Duarte, y al exadministrador general de Aduanas, Ricardo Peralta.
La reunión con Rubio demostró que el interés de Estados Unidos se ha extendido del fentanilo al huachicol: el secretario traía no solo los nombres de los marinos involucrados en el escándalo del tráfico de combustible, sino también los de otros que se harán públicos en las próximas semanas. Un enlace del FBI se coordina con el secretario de seguridad Omar García Harfuch para llevar adelante esta investigación.
Mafufada o no, tanto la denuncia como la red presentada por el priista Alejandro Moreno está en sintonía con las investigaciones que lleva el gobierno de Estados Unidos. Adán Augusto López sabe que el gobierno de Sheinbaum hará lo posible por protegerlo, porque él es el eslabón que conduce la cadena criminal hasta Palenque, pero sabe también que ese escudo de protección, según corran los vientos, tiene marcada una fecha de caducidad. Mientras, seguirá retando.
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La presidenta logró lo que nadie había logrado/Carlos Loret de Mola
El Universal, | 24/09/2025 |
Nadie había logrado documentar con tanta contundencia los vínculos del gobierno de López Obrador con el crimen organizado como lo ha hecho la administración de la presidenta Sheinbaum.
Se había logrado acreditar la corrupción en el sexenio de AMLO: Segalmex, sus hermanos Pío y Martín grabados recibiendo dinero en sobres amarillos, la riqueza inexplicable de sus tres hijos (La Casa Gris de su hijo José Ramón, los negocios de los amigos de Andy y Bobby), el carrusel en video de depósitos de cash en sucursales bancarias de su secretario particular Alejandro Esquer, entre muchos otros integrantes de su círculo íntimo.
ñalamiento de narco-presidente AMLO había estado fundamentado en dichos de narcotraficantes que aseguraban haber financiado sus actividades políticas: un par de testigos protegidos citados de reportajes de Tim Golden en ProPublica, un capo que declaró en el juicio de García Luna en Nueva York y la entrevista a un líder criminal estatal. Eso, más algunas figuras morenistas que se quedaron sin visa americana, el saludo a la mamá del Chapo, la liberación de Ovidio, los triunfos de Morena en el corredor del narco en 2021 y el “abrazos no balazos” como slogan del pacto.
Pero nada como lo que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha logrado acreditar y ha revelado en el último mes. Su Fiscalía General de la República elaboró dos expedientes que muestran cómo dos integrantes del gabinete de Seguridad de López Obrador facilitaron la operación del crimen organizado: Adán Augusto López en Tabasco con La Barredora y Rafael Ojeda en la Marina con la red de huachicol de sus sobrinos. El nivel de detalle de los seguimientos y los testimonios resultan devastadores.
Que la presidenta esté en una campaña de saliva para devaluar la investigación de la FGR no le quita un gramo de peso a lo que se lee en los expedientes. La presidenta puede hacer el esfuerzo que quiera para exonerar a Adán Augusto y a Ojeda, con tal de que el agua no llegue a su mentor López Obrador, pero si uno revisa el expediente, no hay modo que La Barredora hubiera podido operar a sus anchas tantos años en Tabasco —al grado de tener a su líder de secretario de Seguridad— sin el aval de quien era el gobernador: Adán Augusto López. Y no hay modo de que los sobrinos del almirante Rafael Ojeda hubieran podido comandar desde las aduanas una red de tráfico de huachicol y drogas (sí, el expediente habla también de drogas) sin el visto bueno de su tío, el secretario de Marina.
historiasreportero@gmail.com
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El embustero y cursi Gustavo Petro
El asalto a la razón/Carlos Marín
Milenio,
El presidente Gustavo Petro volvió a calumniar a Claudia Sheinbaum con la patraña de que fueron camaradas en la guerrilla del M-19 en el primero de sus estultos mensajes acerca de los dos artistas colombianos que fueron asesinados por La familia michoacana.
Lo que se sabía de ambos fue que el 16 de septiembre estaban en Polanco y se dirigían a un gimnasio, pero al día siguiente los cuerpos de B-King y Regio Clown aparecieron desmembrados en la carretera federal México-Cuautla con el mensaje: ‘vendedores y chapulines’; los gobiernos capitalino y del Edomex los identificaron cuatro días después de su desaparición.
Del chateo dado a conocer se infiere que ambos cayeron en una trampa de la banda criminal:
Novia. Por cualquier cosa
Regio Clown. Con Mariano/ y el comandante/Le dicen comandante
Novia. Ok
Clown. Sergio lo conoce
Novia. Mándame la ubi y aquí estoy pendiente de ti
Clown. Si/Desde hoy/ me cuidaré mucho
Novia. Sí
Clown. No confío en nadie
Novia. Así debe ser/ Nunca
Clown. Pero hay que hacer negocios
Novia. Va amor
Mariano escolta. Es el trabajador de Comandante amigo de Sergio
Clown. Voy a una comida en un restaurante
Novia. Perfecto sí/ nunca vayas/ a casas mejor/lugares públicos
Clown. Solo/ Lugares públicos/ amor/ Obvio…
Mientras la madeja se desenredaba, el mandatario colombiano envió al vecindario cibernético:
Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum,mi amiga y compañera de lucha desde el M-19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayon Sánchez y su equipero Jorge Herrera.
Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EU que crecen también por falta de amor en su suciedad decadente.
Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón.
México todo, a encontrar con vida a los jóvenes hermosos de Colombia para unir en la juventud y en las canciones a toda la América Latina, vanguardia de la humanidad, de la belleza y de los cambios.
Vaya choro
Y enterado del desenlace fatal, escribió:
Asesinaron nuestra juventud (sic) en los Estados Unidos Mexicanos.
Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista llamada ‘guerra contra las drogas’, a la que obligan a la humanidad y a América Latina.
Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante.
¿Qué habrá querido decir?
Al menos no repitió lo que, por cierto, afirmó desde el 1 de octubre del año pasado, cuando con otros machuchones “de izquierda” vino a la toma de protesta a la Presidenta:
“Mañana se reemplaza el gobierno por la gobernante que quiso el pueblo. Claudia es, fue, miembro del M-19. Para quienes no quieren dos tazas, ahora el M-19 ha dado dos presidentes en América Latina”.
Lo rollero y cursi pasa, lo embustero no…
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