El multilateralismo fracasó antes de la intervención de Trump en Venezuela/

El multilateralismo fracasó antes de la intervención de Trump en Venezuela/ Christopher Sabatini es el primer investigador para America Latina en Chatham House in Londres y el editor del libro Reclaiming Human Rights in a Changing World Order publicado por Brookings Institution y Chatham House in 2022).

 El Mundo, domingo, 11/Ene/2026 

Los europeos han sido relativamente moderados en sus críticas a la intervención militar de «entrar y salir» del presidente estadounidense Donald Trump del 3 de enero en Venezuela. Pero los gobiernos de izquierda de América Latina, incluidos Brasil, Colombia y México, han sido más activos en su denuncia de la operación.

Sí, la misión de bombardeo de Estados Unidos y la extracción del ex presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores constituyen una violación impactante de la Carta de las Naciones Unidas, y sí, establecen un precedente peligroso para el futuro del orden global.

Pero muchos de los gobiernos a los que escuchamos defender las normas internacionales han sido indirectamente cómplices de los acontecimientos del 3 de enero de 2026, especialmente los de los países vecinos de Venezuela que hoy se quejan con más fuerza. No esperen que ninguno de ellos lo admita.

Que Estados Unidos se sienta desligado del derecho internacional y de las normas sobre intervención política y militar no sorprende a nadie. ¿Pero lo suficientemente desligado como para, como ocurrió en la madrugada del 3 de enero, enviar 150 aviones estadounidenses a lanzar –sin previo aviso– bombas y misiles sobre Venezuela y enviar fuerzas especiales de EEUU para capturar al presidente y a la primera dama de ese país?

En realidad, Trump había estado anunciando sus planes durante meses, comenzando con la acumulación naval estadounidense frente a la costa venezolana en agosto de 2025 y escalando de manera constante –en medios materiales y en retórica– durante los cinco meses siguientes hasta el 3 de enero. Aun así, ninguno de los países respetuosos del derecho internacional levantó un dedo públicamente para mediar o intentar evitar lo que todos sabían que venía.

Todo comenzó el día después de las elecciones robadas del 28 de julio de 2024 cuando, según datos recopilados por la oposición democrática y grupos de la sociedad civil verificados por observadores internacionales creíbles, el candidato presidencial opositor Edmundo González ganó cerca del 70% de los votos frente al 30% de Maduro. A pesar de la contundente victoria de la oposición, el Gobierno de Maduro afirmó haber ganado, aunque no logró presentar ninguna prueba. Representantes de países vecinos se encontraban en Venezuela en ese momento, incluido el asesor de política exterior del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, Celso Amorim, así como embajadores acreditados de todo el hemisferio occidental. Todos fueron testigos de lo ocurrido.

Los gobiernos europeos denunciaron el robo de la voluntad popular de los venezolanos, pero muchos gobiernos latinoamericanos permanecieron en gran medida en silencio en público, incluidos el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el presidente de Brasil, Lula; y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Se trata de gobiernos cuyos miembros han sufrido regímenes autocráticos y que en el pasado se han beneficiado del Estado de derecho internacional y del apoyo a la autodeterminación de los pueblos (expresada en el artículo 1.2 de la Carta de la ONU) y a la promoción de los derechos humanos (expresada en el artículo 1.3 de la Carta de la ONU y luego desarrollada con el tiempo a través de diversos protocolos y organismos de la ONU).

El regreso del presidente Lula al poder político en 2023 fue facilitado por la advertencia de la comunidad internacional a su predecesor, Jair Bolsonaro, de que no intentara robar unas elecciones. Para el momento de las elecciones venezolanas de 2024, el poder judicial brasileño estaba investigando a Bolsonaro por socavar la integridad de las elecciones de su país y por instigar una insurrección tras perderlas.

En julio de 2024, después de emitir algunos comunicados de tono suave y proponer una nueva ronda de elecciones –una idea que brevemente unió al Gobierno de Maduro y a la oposición cuando ambos la rechazaron–, todos se retiraron de Venezuela. Cuando sus sugerencias no prosperaron, decidieron no involucrarse más y simplemente patearon el tema de la democracia venezolana hacia delante, facilitando inadvertidamente, mediante su inacción, la intervención estadounidense.

Al hacerlo, los gobiernos del hemisferio occidental se negaron a defender el otro pilar del orden global internacional: la autodeterminación y la promoción de los derechos humanos.

En los seis meses previos al bombardeo estadounidense y a la extracción de Maduro y Flores, no había duda alguna sobre la intención de la retórica estadounidense. Para noviembre, el presidente Trump ya decía públicamente a Maduro: «Puedes salvarte a ti mismo y a los más cercanos, pero debes abandonar el país ahora». Respaldado por más de una docena de activos navales estadounidenses y 15.000 efectivos militares esperando en el mar Caribe, estaba claro que, a menos que Maduro se fuera por voluntad propia, Trump actuaría.

Mientras tanto, los esfuerzos serios de mediación internacional brillaron por su ausencia. Es cierto que el presidente Lula y otros expresaron su preocupación por la presencia militar estadounidense frente a la costa de Sudamérica e incluso hicieron una oferta efímera para ayudar a mediar. Pero, tras haberse alejado en 2024 de las demandas de libertad y cambio expresadas por más del 70% de los votantes venezolanos, el Gobierno de Lula carecía de credibilidad para servir como mediador honesto o confiable por sí solo. Las negociaciones requieren principios y compromisos con los derechos humanos internacionales, y el Gobierno de Lula los abandonó públicamente el 29 de julio de 2024.

A Brasil le gusta presentar su marca global como la de un líder diplomático emergente que ofrece alternativas pacíficas a la política de poder del pasado. Sin embargo, en su propio vecindario, el Gobierno de Lula no logró comprender la importancia de la diplomacia preventiva ni aprovechar su prestigioso cuerpo diplomático para evitar la intervención estadounidense.

En gran parte de su política exterior global, el Gobierno de Lula y sus diplomáticos han trabajado a través de alianzas del Sur Global y organizaciones multilaterales para frenar y corregir la intervención estadounidense y la falta de respeto por las normas internacionales. No obstante, al no actuar antes de los acontecimientos del 3 de enero, Brasil ha logrado exactamente lo contrario: un protectorado proclamado por la Casa Blanca en su frontera. Aun así, al escuchar la indignación gubernamental en Brasil y Colombia, uno podría pensar que ellos también fueron víctimas, carentes de toda capacidad de agencia para resolver problemas locales bajo el derecho internacional y el respeto a la soberanía popular y los derechos humanos.

Esta postura marca un cambio interesante respecto de hace algunas décadas, cuando una ola de gobiernos de izquierda dio lugar a una serie de instituciones regionales supuestamente multilaterales, entre ellas la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR, hoy extinta) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Estas organizaciones se inspiraron en ideales de solidaridad y unidad, mediante los cuales se promoverían los intereses latinoamericanos y se atenuaría la hegemonía estadounidense en la región.

Sin embargo, por diseño, nunca estuvieron realmente equipadas para hacerlo. UNASUR y CELAC podían emitir comentarios sobre derechos humanos y autodeterminación, pero el propósito principal de ambas –a diferencia de las Naciones Unidas– era defender la solidaridad regional y la soberanía nacional.

Para ellas, los derechos de los ciudadanos a determinar sus gobiernos nunca fueron centrales –y aún no lo son–. De hecho, la CELAC afirma el derecho de los Estados a determinar su propia forma de gobierno, una violación fundamental del derecho a la soberanía popular. En su corta historia, el esfuerzo cínico de UNASUR por crear una unidad de observación electoral que pudiera competir con –y desafiar– a las de la ONU y la Organización de los Estados Americanos estableció un protocolo de «acompañamiento electoral» en el que enviaban «observadores» para acompañar a las comisiones electorales locales. En una de las pocas elecciones que «acompañaron», el equipo de UNASUR dijo poco que fuera crítico sobre la elección de Maduro en 2013 y luego se retiró rápidamente, aparentemente olvidando lo que había «observado», a pesar de pruebas creíbles de coerción a votantes y violaciones previas a la elección.

Este ha sido el patrón durante más de una década. Al menos en la región, en lugar de actuar para resolver pacíficamente lo que todos admitirían que son irritantes regionales y amenazas a la seguridad, los países suelen aferrarse a la solidaridad regional, evitando cuidadosamente la defensa no partidista de los derechos electorales y, a menudo, de los derechos humanos entre sus vecinos.

Los organismos globales creados para defender y, en algunos casos, procesar abusos de derechos humanos y crímenes contra la humanidad no han tenido un desempeño mucho mejor. En noviembre de 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, abrió una investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad del Gobierno venezolano por la represión de la oposición pacífica. Cuatro años después, esa investigación sigue abierta sin sentencia alguna, un retraso llamativo en comparación con otros casos.

Y el Consejo de Seguridad de la ONU, a pesar de un informe de un Panel de Asesores de la ONU que criticó la elección presidencial de 2024, no ha actuado. La única excepción reciente fue cuando convocó una sesión en enero de 2026 para condenar la acción estadounidense. Antes de eso, la última vez que el Consejo de Seguridad votó sobre asuntos de derechos humanos y gobernanza en Venezuela fue en febrero de 2019, cuando rechazó dos resoluciones contrapuestas sobre si reconocer al gobierno de Maduro o al líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como gobierno democrático en la sombra.

Pero hubo un tiempo en que la región se alzó y ofreció soluciones a conflictos locales y violaciones de derechos humanos alentadas por la política estadounidense. Fue en la década de 1980 en Centroamérica, durante la política anticomunista de la Guerra Fría del entonces presidente Ronald Reagan. En ese caso, con la ayuda del colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, el presidente costarricense Óscar Arias trabajó con la coalición regional de gobiernos de Contadora –en un giro históricamente irónico, formada originalmente por un ex presidente de la entonces democrática Venezuela–. El resultado del liderazgo regional y del coraje para buscar un camino intermedio fue una serie de acuerdos entre gobiernos e insurgencias de inspiración comunista que condujeron a una nueva era de elecciones, desmovilización y paz –aunque imperfecta– en El Salvador, Guatemala, Honduras y, finalmente, Nicaragua.

La región necesita eso ahora. ¿Habrían funcionado un mensaje más firme y un esfuerzo diplomático más decidido por parte de Brasil y otros en 2024, tras las elecciones, o en la segunda mitad de 2025 durante la acumulación previa a la operación de «entrar y salir»? No lo sabemos. Pero, como mínimo, habrían señalado que aún existe un compromiso con las normas internacionales y con el orden global que estas reflejan –de manera imperfecta– frente a sus amenazas… antes y no después de los hechos.

Ese desafío se ha vuelto ahora aún más urgente. Para Trump, las misiones de bombardeo y la extracción de Maduro y Flores fueron un éxito en términos de telerrealidad trumpiana, lo que significa que es muy probable que la Casa Blanca se sienta envalentonada para adoptar medidas similares en un futuro cercano.