Recomendaciones de la CNDH

La CNDH emitió recientemente cuatro recomendaciones para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por abusos de personal militar, que incluyen la violación de mujeres y menores de edad, homicidio, y detenciones arbitrarias, tortura e incomunicación, ocurridos en Coahuila, Sinaloa y Michoacán.
Tres de las recomendaciones documentan violaciones a los derechos humanos de civiles por militares que participan en los operativos de combate al crimen organizado.
En la recomendación 37/2007, la CNDH concluyó que el 11 de junio de 2006, un grupo de militares adscritos al 14/o. Regimiento Motorizado de la Sedena, en Castaños, Coahuila, violó a 14 mujeres que trabajaban en los salones El Pérsico Dancing y Las Playas Cabaret.
La CNDH estableció que los militares ingresaron a la zona de tolerancia de Castaños en un vehículo oficial, con uniformes y armas oficiales, y lesionaron a seis policías preventivos, además de agredir a las mujeres. “De una de ellas abusaron de manera tumultuaria y a otra que estaba embarazada le provocaron un aborto”, precisa.
Destaca que aun cuando siete u ocho de los responsables están bajo proceso penal en un juzgado civil, tres más han sido reportados como prófugos, otros dos fueron dados de baja y recomienda a la Sedena coadyuvar para que sean puestos a disposición de las autoridades y se ordene la reparación del daño a las víctimas.
La recomendación 40/2007 se emitió por el asesinato de cinco integrantes de una familia, entre ellos tres niños, en un retén militar instalado en las cercanías de la comunidad La Joya de los Martínez, perteneciente al municipio de Sinaloa de Leyva.
La CNDH determinó que los soldados hicieron fuego contra una camioneta que circulaba por el camino, en la que viajaban ocho personas desarmadas, que “no opusieron resistencia alguna ni propinaron ningún tipo de ataque a los elementos militares”.
La recomendación señala que algunos de los militares intentaron desvirtuar los hechos y “colocaron sobre la camioneta al menos un costal de mariguana en descomposición”, y destaca que, posteriormente, siete de los 19 soldados detenidos por estos hechos dieron positivo a la prueba de consumo de mariguana.
En su resolución, el organismo reitera su postura de que el personal militar no debe cumplir funciones de seguridad pública, pues su falta de entrenamiento en esta área genera violaciones a los derechos humanos.
Sobre este mismo tema, la recomendación 39/2007 cuestiona la actuación de personal del Ejército durante un operativo en Apatzingán, Michoacán, en el que siete adultos civiles (entre ellos una mujer), y un menor, fueron retenidos por más de 15 horas en el cuartel militar de la 43 Zona Militar, luego de un enfrentamiento entre soldados y presuntos narcotraficantes.
La CNDH determinó que los detenidos fueron interrogados “bajo tratos crueles e inhumanos”, estuvieron incomunicados y no se proporcionó información de ellos.
El organismo destaca que otro grupo de militares, sin orden judicial, allanó domicilios de las colonias aledañas al lugar del enfrentamiento, causando daños materiales y sustrayendo objetos como teléfonos celulares, cámaras fotográficas, alhajas y dinero en efectivo, entre otros.
La CNDH acreditó una conducta similar de personal castrense en los municipios de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo, Michoacán; donde incursionaron los días 2, 3 y 4 de mayo pasados, tras la emboscada del 1 de mayo en Carácuaro, en la que murieron cinco soldados. Esta es la primera ocasión que la CNDH dirige, al mismo tiempo, cuatro recomendaciones a la Sedena.
Ejército y estado de derecho
Editorial de El Universal , 22/09/2007;
El Ejército mexicano ha hecho una sufrida y esforzada labor combatiendo a quienes trafican con estupefacientes —contabilizando incluso bajas humanas— y colaborando humanitariamente en la aplicación del plan DN-III, cuando la naturaleza nos ha golpeado. Sin embargo, tal camino parece no ser del todo terso. La CNDH le envió cuatro recomendaciones a la Sedena por abusos graves de sus integrantes, lo cual preocupa mucho y debe ser aclarado.
Aun cuando es una institución surgida del pueblo, abocada a defender soberanía y territorio, no podemos olvidar que está conformada de seres de carne y hueso, con defectos y virtudes, susceptibles de ser avasallados por la corrupción o las pasiones humanas.
Un amplio sector de analistas internacionales de la seguridad pública recomienda, por eso, que las instituciones militares se mantengan ajenas al combate directo del narcotráfico y éste quede en manos sólo de la policía. En México ya tuvimos el ominoso caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo, sentenciado por habérsele probado vínculos con delincuentes.
Ahora, la Comisión Nacional de Derechos Humanos acusa a militares de detenciones arbitrarias, violaciones sexuales, asesinatos, tortura e incomunicación, durante operativos en Coahuila, Michoacán y Sinaloa. La Sedena ha prometido analizar los casos.
Las conclusiones deberán ser científicas y profesionales, no parciales ni encubridoras, porque las acusaciones son graves y ponen en entredicho a toda una institución que no merece manchar su prestigio por malos elementos.
No podemos reeditar negros pasajes de la historia, como los vividos durante la llamada “guerra sucia” en los 70, cuando la búsqueda de guerrilleros en las sierras de Guerrero y Oaxaca fueron pretexto para sonadas matanzas y abusos documentados. No debemos repetir tal error, aun cuando la lucha contra el narcotráfico y ahora contra los que ponen explosivos en instalaciones estratégicas del país exijan que la tropa multiplique su presencia por todo el territorio nacional. No se puede hacer cumplir la ley, violándola, o ejerciendo facultades extralegales, propias de regímenes de excepción.
El estado de derecho es suficiente para normar la conducta del Ejército, porque de ahí emanan las herramientas para la procuración e impartición de justicia. Ni más, ni menos.
Acaso atina José Luis Soberanes, presidente de la CNDH, cuando opina que sería irresponsable sacar en este momento a las Fuerzas Armadas de la lucha contra el crimen organizado por el vacío de autoridad que podría generarse con esto. Sin embargo, sugiere un retiro gradual de la milicia, posibilidad que debe ser sopesada, al tiempo que se fortalezcan los cuerpos de seguridad que los relevarían.
A nadie gusta tener al Ejército en las calles, por aquello de que no se sabe cuándo se les podrá regresar a los cuarteles, pero siendo el nuestro uno leal a las instituciones y a la sociedad, como lo ha demostrado fehacientemente a lo largo de la historia, habrá de actuar en consecuencia y poner freno a cualquier exceso que sus integrantes pudieran haber cometido, por el bien del estado de derecho y de la propia institución militar.