Sobre la Comisión especial para investigar a Juan camilo Mouriño; en ambas cámaras.
La crónica en la columna Arsenal/Francisco Garfias (en Excelsior, 5/03/2008) es buena para entrar al tema:
“Huele a muerto…”
El perredista Carlos Navarrete subía a toda prisa las escaleras de la casona de Xicoténcatl. Iba al salón de sesiones a reunirse con senadores de su bancada, para ponerlos al tanto del planteamiento “profundo y enérgico” que los seis coordinadores parlamentarios del Frente Amplio Progresista en ambas cámaras habían acordado presentar, la víspera, en torno al caso Mouriño.
El misterio era total. El coordinador de los senadores del PRD había hablado previamente con los reporteros de la fuente en el patio de honor del recinto legislativo, pero sólo para pedirles paciencia y asumir el compromiso de no convertir el Senado en barandilla para golpear al adversario.
A la mitad de la escalera, el legislador se detuvo repentinamente ante la insistencia de este columnista. “Sólo te puedo adelantar que huele a muerto en Bucareli”, comentó el legislador, la voz grave, pero firme. El mensaje era claro. Veía al poderoso Juan Camilo Mouriño fuera de la Secretaría de Gobernación.
Navarrete nos explicó que presentaría las copias de dos millonarios contratos —de nueve que dice tener— “adjudicados directamente” a la empresa Ivancar, S. A., propiedad de la familia de Juan Camilo, cuando éste era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. El perredista adelantó también que solicitaría la creación de una comisión legislativa investigadora, una más, para hacerse cargo del caso.
Así lo hizo.
El perredista había ingresado al edificio del Senado en compañía de su homólogo Manlio Fabio Beltrones. El priista se excusó de inmediato con los reporteros. “Regreso después”, prometió. Pero nunca volvió. El tema era delicado. Para qué enredarse en el pleito entre adversarios políticos; que lo defienda su jefe. El asunto levantaba expectativas. El punto de acuerdo estaba en el orden del día, pero en forma ambigua. A diferencia de otros inscritos en la agenda, no especificaba el tema. Sólo decía que era “de urgente y obvia resolución” (para su discusión inmediata).
El contenido se hizo público cuando llegó el turno de Navarrete. Pero no hubo debate sobre el tema. Los panistas habían logrado convencer a los priistas de no discutir el asunto en tribuna. “Acordamos con el PRI no otorgarles la urgente y obvia resolución”, nos comentó el senador azul Rodolfo Dorador. Navarrete se allanó. Pidió que la solicitud de integrar la comisión fuese enviada a la Junta de Coordinación Política para procesar su integración, sus alcances y quien la presida. Sólo el PT intentó subir el escándalo a la tribuna. Lo batearon.
El perredista Carlos Navarrete subía a toda prisa las escaleras de la casona de Xicoténcatl. Iba al salón de sesiones a reunirse con senadores de su bancada, para ponerlos al tanto del planteamiento “profundo y enérgico” que los seis coordinadores parlamentarios del Frente Amplio Progresista en ambas cámaras habían acordado presentar, la víspera, en torno al caso Mouriño.
El misterio era total. El coordinador de los senadores del PRD había hablado previamente con los reporteros de la fuente en el patio de honor del recinto legislativo, pero sólo para pedirles paciencia y asumir el compromiso de no convertir el Senado en barandilla para golpear al adversario.
A la mitad de la escalera, el legislador se detuvo repentinamente ante la insistencia de este columnista. “Sólo te puedo adelantar que huele a muerto en Bucareli”, comentó el legislador, la voz grave, pero firme. El mensaje era claro. Veía al poderoso Juan Camilo Mouriño fuera de la Secretaría de Gobernación.
Navarrete nos explicó que presentaría las copias de dos millonarios contratos —de nueve que dice tener— “adjudicados directamente” a la empresa Ivancar, S. A., propiedad de la familia de Juan Camilo, cuando éste era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. El perredista adelantó también que solicitaría la creación de una comisión legislativa investigadora, una más, para hacerse cargo del caso.
Así lo hizo.
El perredista había ingresado al edificio del Senado en compañía de su homólogo Manlio Fabio Beltrones. El priista se excusó de inmediato con los reporteros. “Regreso después”, prometió. Pero nunca volvió. El tema era delicado. Para qué enredarse en el pleito entre adversarios políticos; que lo defienda su jefe. El asunto levantaba expectativas. El punto de acuerdo estaba en el orden del día, pero en forma ambigua. A diferencia de otros inscritos en la agenda, no especificaba el tema. Sólo decía que era “de urgente y obvia resolución” (para su discusión inmediata).
El contenido se hizo público cuando llegó el turno de Navarrete. Pero no hubo debate sobre el tema. Los panistas habían logrado convencer a los priistas de no discutir el asunto en tribuna. “Acordamos con el PRI no otorgarles la urgente y obvia resolución”, nos comentó el senador azul Rodolfo Dorador. Navarrete se allanó. Pidió que la solicitud de integrar la comisión fuese enviada a la Junta de Coordinación Política para procesar su integración, sus alcances y quien la presida. Sólo el PT intentó subir el escándalo a la tribuna. Lo batearon.
(En tanto) Germán Martínez, jefe nacional del PAN, habló del tema en rueda de prensa. Está de acuerdo en la creación de la comisión investigadora, a condición de que haya correspondencia cuando su partido la solicite para investigar a funcionarios de otros gobiernos, declaró en rueda de prensa.....,
ESto fue lo que pasó ayer en El Senado: (versión estenográfica)
EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN:
Tiene ahora la palabra el senador Carlos Navarrete Ruiz, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo con objeto de que el Senado de la República solicite a las autoridades de la industria paraestatal y a las dependencias competentes, realicen un efectivo análisis sobre la situación actual de Petróleos Mexicanos.
- EL C. SENADOR CARLOS NAVARRETE RUIZ: Ciudadanas senadoras; ciudadanos senadores de la República:
La historia de nuestro país tiene páginas brillantes de hombres y mujeres que desde el Siglo XIX, con su actuación y su trabajo construyeron honrosas páginas de la construcción de nuestra patria.
Pero tiene también una historia oscura de hombres que desde el poder han confundido su función y han creído que llegar a un cargo público, es la autorización expresa para enriquecerse ellos y a veces generaciones completas después de ellos que han desprestigiado a la función pública y han desprestigiado también, han contribuido a desprestigiar a los políticos en funciones de gobierno.
La historia de funcionarios públicos que se sienten con la autoridad y con la facultad para ocupar un escritorio como servidores públicos y, al mismo tiempo, ocupar un asiento en los consejos de administración de empresas privadas, es larga y conocida de muchas generaciones.
En los años 40’s, con el alemanismo, en otros sexenios más con destacados funcionarios de primer nivel, se hicieron famosos los negocios privados al amparo de los cargos públicos.
Es conocido de muchas generaciones de mexicanos cómo se acuño en el pasado incluso una frase que definía con claridad la ética de quienes combinaban sin ningún pudor y sin ningún recato los cargos públicos con los negocios privados.
Un representante muy claro de este tipo de comportamiento, llegó a acuñar una frase cínica incluso. Un político pobre dijo: “Es un pobre político”. Y con ellos se justificaban negocios, empresas, inversiones, contratos que desde un lado del escritorio se participaba para conseguirlos e incluso hasta se firmaban a nombre del gobierno; y, por otro lado, el mismo personaje recibía esos contratos y esos negocios como parte de una empresa privada.
Es más, se ha llegado en ciertos momentos de la vida política del país a tratar de explicar como algo aplaudible, como algo que da prestigio decir: “Yo no vivo de mi cargo en el gobierno”. “Yo no vivo del salario, como burócrata”. “Yo no soy alguien que depende de la quincena o del mes”. “Yo soy empresario”. “Yo tengo mis empresas”. “Yo soy un inversionista”. “Yo invierto”. “Yo creo empleos”. “Yo tengo garantizada la estabilidad de mi familia y la de mis próximas generaciones, porque soy un hombre exitoso”. “La política es algo complementario”. “Es un Hobby”. “Me permito entregar una parte de mi vida al sector público, donde tan mal se paga y tan mal se trata a los funcionarios públicos, porque yo no soy un burócrata. Yo soy un empresario”.
Y se pretende colocar el tema como un tema de prestigio social, como si eso fuese algo digno para enorgullecerse.
A muchos políticos, y ahí no tiene que ver el color ni las siglas, sino las convicciones personales, se les ha olvidado con frecuencia que hay un deber ético, que hay un deber moral, y hay una obligación legal de quienes ocupamos cargos legislativos o en el Ejecutivo o en el Poder Judicial.
Ser servidor público es una vocación, es una convicción, es un ejercicio profesional, es un orgullo servir a la administración viviendo en la honrosa medianía que señalaba el Presidente Juárez para quienes estamos orgullosamente sirviendo al país y viviendo de lo que cada quincena o cada mes la ley señala como retribución.
Hubo un hombre, al margen de siglas y partidos también, que ocupó muchos cargos. Fue Secretario de Gobernación, fue Secretario de Educación, fue Director de Petróleos Mexicanos y ocupó cargos importantes en el gobierno. Un ideólogo de liberalismo, por cierto, del siglo XX, que siendo Director de Petróleos Mexicanos y habiendo bloqueado a la posibilidad de los contratos de riesgo en PEMEX, en un discurso de los muchos que pronunció, conceptuoso y profundo, lanzó una frase que hoy en el 2008 es necesario volver a subrayar.
Ese hombre dijo: “Nadie debe olvidar en el sector público que los hombres que están en ese sector, no pueden hacer negocios privados. Los únicos negocios que deben atender los hombres públicos, son los negocios públicos que su encomienda les da”.
Ese hombre era Don Jesús Reyes Heroles. Y lo decía como una alerta para esa tendencia de confundir la función pública con los negocios privados. Esta confusión que se da sexenio tras sexenio, independientemente de las siglas.
¿Por qué lo digo?
Porque está en la opinión pública un tema grave, de trascendencia para el estado mexicano que las cámaras del Congreso de la Unión no pueden ignorar, ni pueden ver como una anécdota política para la disputa del momento.
Una empresa privada denominada “Transportista Transportes Especializados y IVANCAR, S.A., de C.V.”, Sociedad Anónima de Capital Variable.
Un consejo de administración. Unos accionistas. Un apoderado de la empresa, que decidió hacer lo que una empresa de ese tipo hace: Negocios con Petróleos Mexicanos. Firmas de contratos y convenios de prestación de servicios de transporte terrestre, de productos derivados del petróleo.
¿Con quién hace los negocios? Con Petróleos Mexicanos, con PEMEX-Refinación, cuyo representante era el ingeniero Jesús Villarreal Gallegos, en su carácter de Gerente de Transporte Terrestre.
Y, por la otra, esa empresa transportista, Transportes Especializados y IVANCAR, Sociedad Anónima de Capital Variable, y representada por el señor Juan Camilo Mouriño Terrazo, en su carácter de apoderado legal.
Contrato Convenio de Prestación de Servicios muy normal. PEMEX tiene muchos prestadores de servicios.
Aquí hay senadores que han pasado por esa empresa y saben los cientos o no sé si miles de prestadores de servicios que día a día, mes a mes y año con año, establecen convenios y contratos por cantidades enormes de miles de millones de dólares dentro y fuera del país. Nada anormal, nada fuera de lo común. ¿Cuál es el problema? Que bajo declaración de decir verdad el representante apoderado de la empresa Ivancar afirmó, y hay testimonio público y por escrito de tal cosa, que la celebración de este convenio de prestación de servicios no violaba la ley correspondiente, y que por lo tanto no se encontraba en el supuesto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público cuando firmó los convenios.
¿Qué dice el aludido artículo 50 de esta ley? Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta ley con las personas siguientes: numeral dos: las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de que dichas personas formen parte sin autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública, pero hay un hecho, el apoderado que firmó estos documentos en las fechas correspondientes, en dos contratos que tengo en mi poder, como parte de una lista de nueve contratos, en total, ocupaba en el año 2002 el cargo de diputado federal y Presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
Meses después, separado del cargo, por decisión propia, ocupaba el cargo de asesor del Secretario de Energía; y meses después el cargo de subsecretario de Energía del Gobierno Federal.
Por cierto, los convenios de prestación de servicios fueron firmados, y autorizados por asignación directa. La ley lo contempla, ¿en qué casos? En los casos en los que existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes debidamente justificados bajo la responsabilidad de la dependencia correspondiente.
Me pregunto públicamente: ¿Qué peligro había para que se provocaran pérdidas o costos adicionales importantes debidamente justificados, en la asignación directa de estos convenios de prestación de servicio, consecutivos y anuales? Va a ser importante lo que explique Petróleos Mexicanos sobre este tema.
Termino, no se trata de desatar vendetas políticas, no se trata de iniciar escándalos públicos, y hay muchos en el ambiente político mexicano. No se trata sino de esclarecer qué pasó de 2002 al 2007 en Petróleos Mexicanos con esta empresa, con estos convenios, con estas asignaciones y con este procedimiento, porque quien se encuentra en el caso que estoy narrando aquí, quien se encuentra mencionado en los documentos, con su firma autógrafa es hoy el Secretario de Gobernación, y el segundo hombre en la jerarquía del Ejecutivo Federal, y por esas razones no puede quedarse ni en anécdota ni tampoco en una denuncia sin elementos o en un escándalo político para el lucimiento de algún legislador, no, tiene que haber una profunda investigación de las instancias correspondientes y las Cámaras del Congreso de la Unión están obligadas a tomar cartas en el asunto.
Afortunadamente la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos nos dan plenas facultades.
El artículo 93 de la Constitución establece lo siguiente: Las cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación mayoritaria, los resultados de las investigaciones serán del conocimiento del Ejecutivo Federal.
El artículo 41 de la Ley Orgánica del Congreso establece: Las comisiones de investigación se constituyen con carácter transitorio para el ejercicio de la facultad a que se refiere el párrafo tercero del artículo 93 Constitucional. Tenemos materia para integrar comisiones de investigación.
Las bancadas del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Convergencia y del Partido del Trabajo, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores hemos acordado formalizar la propuesta de la integración de comisiones de investigación que en 20 minutos más será del conocimiento del pleno de la Cámara de Diputados con más de 125 firmas de diputados federales, en cumplimiento del requisito legal, y se procederá a determinar quien la preside y quienes la integran.
Informo a ustedes, compañeras y compañeros senadores que los senadores y senadoras de las bancadas del PRD, del PT y de Convergencia hemos decidido presentar la solicitud formal para la integración de una comisión investigadora del Senado de la República, sobre el tema que he expuesto aquí.
Y valoro la decisión de la bancada del Partido Revolucionario Institucional que ha decidido respaldar esta decisión, y por lo tanto conformar por la decisión de más de 64 diputados esta Comisión de Investigación, esta Comisión Especial de senadores, perdón, 64 senadores, para integrar esta Comisión de Investigación.
Y solicito a la presidencia turne el tema a la Junta de Coordinación Política para procesar su integración, sus alcances y quien la preside.
Y segundo elemento que quiero informar. El tema es tan delicado y de tal trascendencia, y de tal gravedad que me parece que hay que hacer uso de las instancias que el Congreso tiene, por ello, dado que la Comisión de Auditoría Superior de la Cámara de Diputados no puede ser por sí misma auditorías pero sí está facultada para ello la Auditoría Superior de la Federación misma, adelanto para cuando estén integradas las comisiones respectivas, que formalizaremos la propuesta de la inmediata elaboración de una auditoría sobre el tema correspondiente que determine convenios, contratos, montos, adjudicaciones, empresas y responsables en Petróleos Mexicanos de este tema.
Esta Comisión Bicameral puede trabajar en los próximos días de inmediato. Esta Comisión Bicameral puede trabajar con senadores y diputados.
Tiene ahora la palabra el senador Carlos Navarrete Ruiz, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo con objeto de que el Senado de la República solicite a las autoridades de la industria paraestatal y a las dependencias competentes, realicen un efectivo análisis sobre la situación actual de Petróleos Mexicanos.
- EL C. SENADOR CARLOS NAVARRETE RUIZ: Ciudadanas senadoras; ciudadanos senadores de la República:
La historia de nuestro país tiene páginas brillantes de hombres y mujeres que desde el Siglo XIX, con su actuación y su trabajo construyeron honrosas páginas de la construcción de nuestra patria.
Pero tiene también una historia oscura de hombres que desde el poder han confundido su función y han creído que llegar a un cargo público, es la autorización expresa para enriquecerse ellos y a veces generaciones completas después de ellos que han desprestigiado a la función pública y han desprestigiado también, han contribuido a desprestigiar a los políticos en funciones de gobierno.
La historia de funcionarios públicos que se sienten con la autoridad y con la facultad para ocupar un escritorio como servidores públicos y, al mismo tiempo, ocupar un asiento en los consejos de administración de empresas privadas, es larga y conocida de muchas generaciones.
En los años 40’s, con el alemanismo, en otros sexenios más con destacados funcionarios de primer nivel, se hicieron famosos los negocios privados al amparo de los cargos públicos.
Es conocido de muchas generaciones de mexicanos cómo se acuño en el pasado incluso una frase que definía con claridad la ética de quienes combinaban sin ningún pudor y sin ningún recato los cargos públicos con los negocios privados.
Un representante muy claro de este tipo de comportamiento, llegó a acuñar una frase cínica incluso. Un político pobre dijo: “Es un pobre político”. Y con ellos se justificaban negocios, empresas, inversiones, contratos que desde un lado del escritorio se participaba para conseguirlos e incluso hasta se firmaban a nombre del gobierno; y, por otro lado, el mismo personaje recibía esos contratos y esos negocios como parte de una empresa privada.
Es más, se ha llegado en ciertos momentos de la vida política del país a tratar de explicar como algo aplaudible, como algo que da prestigio decir: “Yo no vivo de mi cargo en el gobierno”. “Yo no vivo del salario, como burócrata”. “Yo no soy alguien que depende de la quincena o del mes”. “Yo soy empresario”. “Yo tengo mis empresas”. “Yo soy un inversionista”. “Yo invierto”. “Yo creo empleos”. “Yo tengo garantizada la estabilidad de mi familia y la de mis próximas generaciones, porque soy un hombre exitoso”. “La política es algo complementario”. “Es un Hobby”. “Me permito entregar una parte de mi vida al sector público, donde tan mal se paga y tan mal se trata a los funcionarios públicos, porque yo no soy un burócrata. Yo soy un empresario”.
Y se pretende colocar el tema como un tema de prestigio social, como si eso fuese algo digno para enorgullecerse.
A muchos políticos, y ahí no tiene que ver el color ni las siglas, sino las convicciones personales, se les ha olvidado con frecuencia que hay un deber ético, que hay un deber moral, y hay una obligación legal de quienes ocupamos cargos legislativos o en el Ejecutivo o en el Poder Judicial.
Ser servidor público es una vocación, es una convicción, es un ejercicio profesional, es un orgullo servir a la administración viviendo en la honrosa medianía que señalaba el Presidente Juárez para quienes estamos orgullosamente sirviendo al país y viviendo de lo que cada quincena o cada mes la ley señala como retribución.
Hubo un hombre, al margen de siglas y partidos también, que ocupó muchos cargos. Fue Secretario de Gobernación, fue Secretario de Educación, fue Director de Petróleos Mexicanos y ocupó cargos importantes en el gobierno. Un ideólogo de liberalismo, por cierto, del siglo XX, que siendo Director de Petróleos Mexicanos y habiendo bloqueado a la posibilidad de los contratos de riesgo en PEMEX, en un discurso de los muchos que pronunció, conceptuoso y profundo, lanzó una frase que hoy en el 2008 es necesario volver a subrayar.
Ese hombre dijo: “Nadie debe olvidar en el sector público que los hombres que están en ese sector, no pueden hacer negocios privados. Los únicos negocios que deben atender los hombres públicos, son los negocios públicos que su encomienda les da”.
Ese hombre era Don Jesús Reyes Heroles. Y lo decía como una alerta para esa tendencia de confundir la función pública con los negocios privados. Esta confusión que se da sexenio tras sexenio, independientemente de las siglas.
¿Por qué lo digo?
Porque está en la opinión pública un tema grave, de trascendencia para el estado mexicano que las cámaras del Congreso de la Unión no pueden ignorar, ni pueden ver como una anécdota política para la disputa del momento.
Una empresa privada denominada “Transportista Transportes Especializados y IVANCAR, S.A., de C.V.”, Sociedad Anónima de Capital Variable.
Un consejo de administración. Unos accionistas. Un apoderado de la empresa, que decidió hacer lo que una empresa de ese tipo hace: Negocios con Petróleos Mexicanos. Firmas de contratos y convenios de prestación de servicios de transporte terrestre, de productos derivados del petróleo.
¿Con quién hace los negocios? Con Petróleos Mexicanos, con PEMEX-Refinación, cuyo representante era el ingeniero Jesús Villarreal Gallegos, en su carácter de Gerente de Transporte Terrestre.
Y, por la otra, esa empresa transportista, Transportes Especializados y IVANCAR, Sociedad Anónima de Capital Variable, y representada por el señor Juan Camilo Mouriño Terrazo, en su carácter de apoderado legal.
Contrato Convenio de Prestación de Servicios muy normal. PEMEX tiene muchos prestadores de servicios.
Aquí hay senadores que han pasado por esa empresa y saben los cientos o no sé si miles de prestadores de servicios que día a día, mes a mes y año con año, establecen convenios y contratos por cantidades enormes de miles de millones de dólares dentro y fuera del país. Nada anormal, nada fuera de lo común. ¿Cuál es el problema? Que bajo declaración de decir verdad el representante apoderado de la empresa Ivancar afirmó, y hay testimonio público y por escrito de tal cosa, que la celebración de este convenio de prestación de servicios no violaba la ley correspondiente, y que por lo tanto no se encontraba en el supuesto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público cuando firmó los convenios.
¿Qué dice el aludido artículo 50 de esta ley? Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta ley con las personas siguientes: numeral dos: las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de que dichas personas formen parte sin autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública, pero hay un hecho, el apoderado que firmó estos documentos en las fechas correspondientes, en dos contratos que tengo en mi poder, como parte de una lista de nueve contratos, en total, ocupaba en el año 2002 el cargo de diputado federal y Presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
Meses después, separado del cargo, por decisión propia, ocupaba el cargo de asesor del Secretario de Energía; y meses después el cargo de subsecretario de Energía del Gobierno Federal.
Por cierto, los convenios de prestación de servicios fueron firmados, y autorizados por asignación directa. La ley lo contempla, ¿en qué casos? En los casos en los que existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes debidamente justificados bajo la responsabilidad de la dependencia correspondiente.
Me pregunto públicamente: ¿Qué peligro había para que se provocaran pérdidas o costos adicionales importantes debidamente justificados, en la asignación directa de estos convenios de prestación de servicio, consecutivos y anuales? Va a ser importante lo que explique Petróleos Mexicanos sobre este tema.
Termino, no se trata de desatar vendetas políticas, no se trata de iniciar escándalos públicos, y hay muchos en el ambiente político mexicano. No se trata sino de esclarecer qué pasó de 2002 al 2007 en Petróleos Mexicanos con esta empresa, con estos convenios, con estas asignaciones y con este procedimiento, porque quien se encuentra en el caso que estoy narrando aquí, quien se encuentra mencionado en los documentos, con su firma autógrafa es hoy el Secretario de Gobernación, y el segundo hombre en la jerarquía del Ejecutivo Federal, y por esas razones no puede quedarse ni en anécdota ni tampoco en una denuncia sin elementos o en un escándalo político para el lucimiento de algún legislador, no, tiene que haber una profunda investigación de las instancias correspondientes y las Cámaras del Congreso de la Unión están obligadas a tomar cartas en el asunto.
Afortunadamente la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos nos dan plenas facultades.
El artículo 93 de la Constitución establece lo siguiente: Las cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación mayoritaria, los resultados de las investigaciones serán del conocimiento del Ejecutivo Federal.
El artículo 41 de la Ley Orgánica del Congreso establece: Las comisiones de investigación se constituyen con carácter transitorio para el ejercicio de la facultad a que se refiere el párrafo tercero del artículo 93 Constitucional. Tenemos materia para integrar comisiones de investigación.
Las bancadas del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Convergencia y del Partido del Trabajo, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores hemos acordado formalizar la propuesta de la integración de comisiones de investigación que en 20 minutos más será del conocimiento del pleno de la Cámara de Diputados con más de 125 firmas de diputados federales, en cumplimiento del requisito legal, y se procederá a determinar quien la preside y quienes la integran.
Informo a ustedes, compañeras y compañeros senadores que los senadores y senadoras de las bancadas del PRD, del PT y de Convergencia hemos decidido presentar la solicitud formal para la integración de una comisión investigadora del Senado de la República, sobre el tema que he expuesto aquí.
Y valoro la decisión de la bancada del Partido Revolucionario Institucional que ha decidido respaldar esta decisión, y por lo tanto conformar por la decisión de más de 64 diputados esta Comisión de Investigación, esta Comisión Especial de senadores, perdón, 64 senadores, para integrar esta Comisión de Investigación.
Y solicito a la presidencia turne el tema a la Junta de Coordinación Política para procesar su integración, sus alcances y quien la preside.
Y segundo elemento que quiero informar. El tema es tan delicado y de tal trascendencia, y de tal gravedad que me parece que hay que hacer uso de las instancias que el Congreso tiene, por ello, dado que la Comisión de Auditoría Superior de la Cámara de Diputados no puede ser por sí misma auditorías pero sí está facultada para ello la Auditoría Superior de la Federación misma, adelanto para cuando estén integradas las comisiones respectivas, que formalizaremos la propuesta de la inmediata elaboración de una auditoría sobre el tema correspondiente que determine convenios, contratos, montos, adjudicaciones, empresas y responsables en Petróleos Mexicanos de este tema.
Esta Comisión Bicameral puede trabajar en los próximos días de inmediato. Esta Comisión Bicameral puede trabajar con senadores y diputados.
Y la Auditoría Superior de la Federación puede, con sus instrumentos legales, materiales y profesionales, proceder a realizar de inmediato la auditoría que comento.
Adelanto, que los dos convenios de prestación de servicios, los haremos entrega de inmediato a la Auditoría Superior de la Federación.
Y los datos con que contamos también, como la primera aportación documental de otra complementaria que deberá allegarse la propia Auditoría Superior de la Federación.
Hay materia, hay documentos, hay firmas, hay montos, hay adjudicaciones, hay una grave confusión entre la función pública y los negocios privados.
Y por lo tanto, con responsabilidad, sin escándalos, mediáticos solamente, sin vendettas, esclarézcase esto que estamos denunciando.
Supongo que a quien ocupa la Secretaría de Gobernación le debiera interesar aclarar las cosas.
No lo queremos hacer en una oficina de la PGR; no lo queremos hacer en una conferencia de prensa; no lo queremos hacer, ni siquiera en una Comisión Ordinaria del Senado, sino en estas comisiones de investigación, con la participación de las Cámaras, del Congreso de la Unión.
Y termino diciendo lo siguiente: Nuestro cuerpo de asesores se ha abocado al tema. Sabemos lo que tenemos en las manos, hay elementos para que actuemos.
Y por el bien del país, y por el bien de las facultades de las Cámaras del Congreso; y por el bien de la sana separación de la función pública; y por el bien del sector privado; y por el bien de PEMEX, esclarezcamos qué ha ocurrido. Y sin adelantar conclusiones, esperemos el resultado de esa auditoría.
Solicito, entonces, señor Presidente, que el tema sea turnado a la Junta de Coordinación Política para sus efectos correspondientes.
Muchas gracias. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Así se hará, senador Navarrete.
Se turna la propuesta a la Junta de Coordinación Política, para sus efectos.
-EL C. SENADOR ALEJANDRO GONZALEZ YAÑEZ -del PT-, (Desde su escaño): Señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Dígame, señor senador González Yáñez.
-EL C. SENADOR ALEJANDRO GONZALEZ YAÑEZ (Desde su escaño): Solicitándole el uso de la voz.
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: No está a discusión el tema, senador. Me da mucha pena, pero el asunto ya fue turnado a la Junta de Coordinación Política, porque así fue solicitado por el promovente.
Yo entiendo que es, pues, también un derecho del promovente el no poner a discusión un tema antes de su resolución final. Entonces, no podría darle, en este momento, el uso de la palabra sobre ese tema. Me da mucha pena.
-EL C. SENADOR ALEJANDRO GONZALEZ YAÑEZ (Desde su escaño): Está usted fundamentado en lo legal, Presidente, lo acepto. La solicitud es en términos de cortesía parlamentaria.
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Yo podría otorgarle, en términos de cortesía parlamentaria, pero me parece que sentaríamos un precedente que no conviene a las buenas prácticas que hemos tratado de hacer aquí, o llevar a cabo aquí en los términos de lo que establecen nuestras normas.
Yo creo que el tema no fue puesto a discusión por el promovente, y yo no puedo abrirlo a discusión por mi cuenta. Le agradecería su comprensión, senador.
-EL C. SENADOR RICARDO MONREAL AVILA (Desde su escaño): ¿Me permite, señor Presidente?
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Senador Monreal, dígame.
-EL C. SENADOR RICARDO MONREAL AVILA (Desde su escaño): Sería conveniente que, usted ha sido siempre un Presidente tolerante, lo hemos afirmado siempre. En todo caso, usted está sujeto a la decisión de la mayoría de la Asamblea. Le solicito de manera formal, solicite si se le concede el uso de la palabra al senador solicitante, en este tema, que para es muy importante.
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Sigo pensando que el tema no ha sido abierto a discusión, senador Monreal. Yo creo que, lo hemos hecho en otras veces. Todos tenemos la posibilidad de inscribir un asunto, y yo creo que la inscripción también nos da derechos, y me parece que este es el caso de quienes promueven un tema como éste.
Yo creo que cualquiera de los 128 senadores pudimos también haberlo inscrito con una propuesta parecida o distinta a la que ha hecho el senador Navarrete.
A mí me parece que el precedente, no sería bueno, que el tema ya fue turnado, como fue pedido en su momento por quien lo presentó. Y yo creo que lo correcto es que podamos seguir con el desahogo del Orden del Día. Yo agradecería la comprensión de todos los presentes. Muchas gracias.
Adelanto, que los dos convenios de prestación de servicios, los haremos entrega de inmediato a la Auditoría Superior de la Federación.
Y los datos con que contamos también, como la primera aportación documental de otra complementaria que deberá allegarse la propia Auditoría Superior de la Federación.
Hay materia, hay documentos, hay firmas, hay montos, hay adjudicaciones, hay una grave confusión entre la función pública y los negocios privados.
Y por lo tanto, con responsabilidad, sin escándalos, mediáticos solamente, sin vendettas, esclarézcase esto que estamos denunciando.
Supongo que a quien ocupa la Secretaría de Gobernación le debiera interesar aclarar las cosas.
No lo queremos hacer en una oficina de la PGR; no lo queremos hacer en una conferencia de prensa; no lo queremos hacer, ni siquiera en una Comisión Ordinaria del Senado, sino en estas comisiones de investigación, con la participación de las Cámaras, del Congreso de la Unión.
Y termino diciendo lo siguiente: Nuestro cuerpo de asesores se ha abocado al tema. Sabemos lo que tenemos en las manos, hay elementos para que actuemos.
Y por el bien del país, y por el bien de las facultades de las Cámaras del Congreso; y por el bien de la sana separación de la función pública; y por el bien del sector privado; y por el bien de PEMEX, esclarezcamos qué ha ocurrido. Y sin adelantar conclusiones, esperemos el resultado de esa auditoría.
Solicito, entonces, señor Presidente, que el tema sea turnado a la Junta de Coordinación Política para sus efectos correspondientes.
Muchas gracias. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Así se hará, senador Navarrete.
Se turna la propuesta a la Junta de Coordinación Política, para sus efectos.
-EL C. SENADOR ALEJANDRO GONZALEZ YAÑEZ -del PT-, (Desde su escaño): Señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Dígame, señor senador González Yáñez.
-EL C. SENADOR ALEJANDRO GONZALEZ YAÑEZ (Desde su escaño): Solicitándole el uso de la voz.
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: No está a discusión el tema, senador. Me da mucha pena, pero el asunto ya fue turnado a la Junta de Coordinación Política, porque así fue solicitado por el promovente.
Yo entiendo que es, pues, también un derecho del promovente el no poner a discusión un tema antes de su resolución final. Entonces, no podría darle, en este momento, el uso de la palabra sobre ese tema. Me da mucha pena.
-EL C. SENADOR ALEJANDRO GONZALEZ YAÑEZ (Desde su escaño): Está usted fundamentado en lo legal, Presidente, lo acepto. La solicitud es en términos de cortesía parlamentaria.
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Yo podría otorgarle, en términos de cortesía parlamentaria, pero me parece que sentaríamos un precedente que no conviene a las buenas prácticas que hemos tratado de hacer aquí, o llevar a cabo aquí en los términos de lo que establecen nuestras normas.
Yo creo que el tema no fue puesto a discusión por el promovente, y yo no puedo abrirlo a discusión por mi cuenta. Le agradecería su comprensión, senador.
-EL C. SENADOR RICARDO MONREAL AVILA (Desde su escaño): ¿Me permite, señor Presidente?
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Senador Monreal, dígame.
-EL C. SENADOR RICARDO MONREAL AVILA (Desde su escaño): Sería conveniente que, usted ha sido siempre un Presidente tolerante, lo hemos afirmado siempre. En todo caso, usted está sujeto a la decisión de la mayoría de la Asamblea. Le solicito de manera formal, solicite si se le concede el uso de la palabra al senador solicitante, en este tema, que para es muy importante.
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Sigo pensando que el tema no ha sido abierto a discusión, senador Monreal. Yo creo que, lo hemos hecho en otras veces. Todos tenemos la posibilidad de inscribir un asunto, y yo creo que la inscripción también nos da derechos, y me parece que este es el caso de quienes promueven un tema como éste.
Yo creo que cualquiera de los 128 senadores pudimos también haberlo inscrito con una propuesta parecida o distinta a la que ha hecho el senador Navarrete.
A mí me parece que el precedente, no sería bueno, que el tema ya fue turnado, como fue pedido en su momento por quien lo presentó. Y yo creo que lo correcto es que podamos seguir con el desahogo del Orden del Día. Yo agradecería la comprensión de todos los presentes. Muchas gracias.
Y en La Cámaraa De Diputados, lo mismo:
La Junta de Coordinación Política, pidio consultar al pleno la modificación al orden del día para la incorporación y trámite correspondiente en el primer turno posible del siguiente asunto. Firman los coordinadores de todos los grupos parlamentarios; la petición es del PRD, del Grupo Parlamentario de Convergencia y del Grupo Parlamentario del PT notifican la solicitud de constitución de una comisión de investigación.(fue aporbada en votación económica)
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Tiene la palabra el diputado Javier González Garza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar la proposición.
El diputado Javier González Garza: Muchísimas gracias, compañero Presidente. Habíamos escrito un punto de acuerdo para que se votase. Sin embargo, quiero informar a ustedes que tenemos el número de firmas necesarias para la integración de una comisión de investigación.
Lo que quiero decir en primer lugar es que en días pasados, medios masivos de comunicación: la televisión, la revista Contralínea, El Universal, varios periódicos nacionales han expuesto al juicio de la opinión pública documentos e información que hacen dudar de la legalidad del otorgamiento de contratos de Petróleos Mexicanos, a distintos proveedores, en específico el caso de la empresa "Transportes Especializados Iván Car, SA de CV".
Que los abajo firmantes, diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios contamos con la información documental que hace presumir la existencia de hechos que constituyen el posible delito de tráfico de influencias por parte de servidores públicos.
Que en un Estado democrático, la actuación de los funcionarios públicos debe estar sujeta al escrutinio de la ciudadanía a través de la transparencia y la rendición de cuentas.
Que ante la evidencia pública de presuntos actos de uso indebido de la función pública por parte de actuales servidores, esta LX Legislatura tiene la responsabilidad ética de dar alguna explicación al pueblo que representa.
Que, en atención al interés de los grupos parlamentarios por esclarecer las acusaciones en contra de servidores públicos y en un esfuerzo por transparentar la gestión pública, es conveniente que se realicen las acciones necesarias para coadyuvar con la búsqueda de la verdad y lo que hacemos es la creación de una comisión investigadora. Lo que pido a la mesa.
Le voy a entregar el acuerdo completo con las firmas necesarias. La comisión es una que investigue la legalidad de los contratos otorgados a terceros por Pemex y sus subsidiarias: la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Esto obliga a la creación de la comisión y lo que pido es que sea turnada inmediatamente a la Junta de Coordinación Política, que sesiona el día de mañana, para poder integrar la comisión mixta.
Por su atención, muchísimas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
El diputado Javier González Garza: Muchísimas gracias, compañero Presidente. Habíamos escrito un punto de acuerdo para que se votase. Sin embargo, quiero informar a ustedes que tenemos el número de firmas necesarias para la integración de una comisión de investigación.
Lo que quiero decir en primer lugar es que en días pasados, medios masivos de comunicación: la televisión, la revista Contralínea, El Universal, varios periódicos nacionales han expuesto al juicio de la opinión pública documentos e información que hacen dudar de la legalidad del otorgamiento de contratos de Petróleos Mexicanos, a distintos proveedores, en específico el caso de la empresa "Transportes Especializados Iván Car, SA de CV".
Que los abajo firmantes, diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios contamos con la información documental que hace presumir la existencia de hechos que constituyen el posible delito de tráfico de influencias por parte de servidores públicos.
Que en un Estado democrático, la actuación de los funcionarios públicos debe estar sujeta al escrutinio de la ciudadanía a través de la transparencia y la rendición de cuentas.
Que ante la evidencia pública de presuntos actos de uso indebido de la función pública por parte de actuales servidores, esta LX Legislatura tiene la responsabilidad ética de dar alguna explicación al pueblo que representa.
Que, en atención al interés de los grupos parlamentarios por esclarecer las acusaciones en contra de servidores públicos y en un esfuerzo por transparentar la gestión pública, es conveniente que se realicen las acciones necesarias para coadyuvar con la búsqueda de la verdad y lo que hacemos es la creación de una comisión investigadora. Lo que pido a la mesa.
Le voy a entregar el acuerdo completo con las firmas necesarias. La comisión es una que investigue la legalidad de los contratos otorgados a terceros por Pemex y sus subsidiarias: la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Esto obliga a la creación de la comisión y lo que pido es que sea turnada inmediatamente a la Junta de Coordinación Política, que sesiona el día de mañana, para poder integrar la comisión mixta.
Por su atención, muchísimas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
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