14 ago 2008

La SCJN, las culpas y el crimen

La Corte, las culpas y el crimen/Humberto Musacchio
Publicado en Excelsior (www.exonline.com.mx), 14-Ago-2008;
¿Por qué las investigaciones no se realizan o cuáles son las razones para proceder con tanta falta de profesionalismo o desgano en las averiguaciones?, algo que explicaría la pésima integración de los expedientes.
Para hacer frente a la incontenible ola de criminalidad, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, señaló como necesario que el Congreso apruebe “leyes que resulten adecuadas, completas, sensibles, responsables y útiles”, especialmente las normas sobre delitos y sus castigos que “deben ser claras, contundentes y precisas”.
Esa precisión que demanda don Guillermo implica determinar “procedimientos ineludibles para que los jueces puedan imponer legítimamente castigos y sanciones”, pues los señores jueces tienen “la tarea de sentenciar todos los casos que se someten a su potestad, sujetando su autoridad al procedimiento que señalan las leyes”.
De lo dicho por el citado personaje se sigue que los mexicanos no contamos con una adecuada normatividad jurídica, aunque si algo sobra en México son leyes. Las que tenemos son incompletas, pese a que se enciman y contraponen por decenas y centenares y, para colmo, no resultan útiles, pues las actuales sirven para que escandalosamente la Corte exonere, a la vista de todos los mexicanos, a próceres como el góber precioso o para que se haga de la vista gorda ante el súbito enriquecimiento de los hermanitos Bribiesca Sahagún o le pase de noche el cochinero electoral de 2006, el mismo que hoy tiene a los mexicanos sumidos en el encono y la crispación.
Dejemos de lado aquello de que necesitamos leyes “sensibles”, pues hasta ahora no se sabe que las disposiciones jurídicas posean sentimientos. Por otra parte, hemos de entender que el adjetivo “responsables” se refiere a que las normas respondan a las necesidades de una aceptable convivencia social, que la garanticen. Y cabe aclarar que si bien existen disposiciones legales que se elaboran y aprueban de manera ociosa e irresponsable —la llamada ley de fumadores es un elocuente ejemplo—, por principio debemos suponer que la mayoría de las leyes se discuten y votan pensando en su utilidad.
Pero en las palabras del licenciado Ortiz Mayagoitia hay un afán de minimizar la responsabilidad del Poder Judicial, pues lo dicho implica que tenemos leyes malas e insuficientes, lo que explicaría los desatinos y hasta la proverbial corrupción de jueces, magistrados y… No es un detalle menor que el presidente de la Corte lo sea también del Consejo de la Judicatura, órgano que tiene entre sus funciones el nombramiento de jueces y magistrados y la vigilancia de los togados, pésimamente ejercida si atendemos al patrimonio que detentan muchos de ellos o sus parientes y colaboradores cercanos.
“Mucho contribuirá al sistema de justicia —agregó el ministro— el que las investigaciones, las averiguaciones previas y los expedientes ministeriales y judiciales estén cada vez mejor integrados”. En efecto, pero más bien cabría preguntarse por qué las investigaciones no se realizan o cuáles son las razones para proceder con tanta falta de profesionalismo o desgano en las averiguaciones, lo que explicaría la pésima integración de los expedientes.
El ministro Ortiz Mayagoitia le hubiera prestado un buen servicio a la sociedad si hubiera hecho referencia a problemas de ese talante, que van más allá de la mera capacitación y pasan por la corrupción y la irresponsabilidad impunes de nuestros policías y que tienen que ver con la ausencia de una visión política y social sobre todo en lo que concierne al funcionamiento de los policías preventivos y de los investigadores.
En otra parte de su discurso, el más alto funcionario judicial señaló que “la prevención no basta” y que, por lo tanto, “es preciso adoptar acciones inmediatas para perseguir y castigar a quienes delinquen”. Sí, pero cabría precisar que estamos en la actual situación porque poco o nada se hace para adelantarse a la actividad criminal. Se opta por una actuación reactiva y se ha abandonado toda pretensión de contar con una política preventiva.
La explicación al actual estado de cosas habría que buscarla en las realidades que están a ras de pavimento. México es un país donde rigen salarios miserables y se han ido desmontando las instituciones de seguridad social; su economía, desde 1982, crece en promedio menos que la población y en ella más de la mitad de la fuerza de trabajo ocupada se halla en la informalidad, sin seguro social ni Infonavit ni prestación alguna mientras que en el otro extremo se concentra la riqueza hasta grados insultantes.
Desde luego, la sociedad no puede esperar a que se resuelvan los problemas económicos para empezar el ataque frontal contra la delincuencia. Hay que hacerlo ahora y hacerlo bien, pero con una visión estratégica que propicie la adopción de medidas de largo plazo y vaya consolidando avances mientras se combate en las calles a los criminales.
Cambiarle nombre a las corporaciones, sustituir a unos jefes por otros y medidas igualmente superficiales sólo presagian nuevos fracasos. La guerra, cabe recordarlo, es la continuación de la política, y sin estrategia política, no hay guerra que pueda ganarse.
hum_mus@hotmail.com

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