Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez
Publicado en Excélsior, 23 de febrtero de 2009;
Crisis y narcotráfico: la tentación del dinero
El más reciente escándalo por un fraude financiero internacional es el de Allen Stanford. Se estima, aunque no existe una cifra final, que el mismo alcanza, por lo menos, los ocho mil millones de dólares. Está lejos de los 50 mil millones que desaparecieron con el caso Madoff, pero vuelve a poner de manifiesto cómo los paraísos off shore se convierten no sólo en una trampa para los ahorradores, sino también en un instrumento imprescindible para el crimen organizado en sus mecanismos de lavado de dinero.
En las empresas de Stanford estaban operando instrumentos que ofrecían una tasa de interés en dólares superior a 12% cuando esos mismos instrumentos no rendían más de 2% en Estados Unidos. Trabajaban con paraísos fiscales y con fondos que no han quedado claro de dónde provenían. Uno de sus orígenes, según información proveniente de EU, podría ser nada menos que el cártel del Golfo. La investigación, que lleva ya varios meses, se habría derivado del hallazgo en una avioneta de documentos financieros de esa organización criminal, depositados en las sucursales estadunidenses de Stanford. Divulgada la información por la cadena ABC, las autoridades financieras de la Unión Americana se limitaron a decir que no podían “ni confirmar ni negar” los hechos.
No es descabellado que Stanford, o muchas otras instituciones financieras mundiales, sobre todo cuando están montando un mecanismo piramidal que se sostiene sobre cimientos demasiado endebles que en algún momento se debe derrumbar si no es alimentado incesantemente por nuevos recursos, cuando éstos comienzan a escasear, comiencen a buscarlos de dónde sea.
Lo cierto es que el narcotráfico genera enormes cantidades de dinero. No sólo en México, sino también y sobre todo en Estados Unidos. Como ya lo hemos comentado, en una entrevista con el ahora muy citado Barry McCaffrey al final del gobierno de Clinton, el entonces zar antidrogas de Estados Unidos me decía que su estimación sobre las utilidades del narcotráfico, en esos años, sólo como producto del comercio de cocaína en su país, era de unos 60 mil millones de dólares y, según él, 90 centavos de cada dólar se quedan en su país. La cifra más conservadora entonces, para México, era de unos seis mil millones de dólares. En realidad, nadie sabe con exactitud de cuánto estamos hablando: organismos de las Naciones Unidas elevan las cifras globales hasta los 300 mil millones de dólares y tales cantidades, necesariamente, deben pasar por el sistema financiero internacional y comenzar a lavarse por algunos de sus puntos menos regulados, para poder legitimarse.
El hecho es que, ante la crisis financiera, uno de los temores generalizados es que parte de ese dinero comience, o haya comenzado desde tiempo atrás, a ser aceptado, no sólo por los eslabones más débiles o menos regulados del sector, sino también por todos aquellos más sólidos pero que también se encuentran en problemas, incluidos numerosos países. Si Stanford tenía que mantener una operación que ofrecía rendimientos de 500% superior a los del mercado financiero y los del bancario “normal”, de alguna parte tenía que recibir recursos. Y el dinero del narcotráfico resulta un mecanismo insuperable de financiamiento ilegal para instituciones y países. En el pasado cercano, Colombia tenía en su banco central algo que llamaban la ventanilla siniestra, mediante la cual se aceptaba el ingreso de dólares como un mecanismo para evitar que se escaparan del país. Algo similar ha hecho Argentina que, con el argumento de una amnistía fiscal para todos los que sacaron sus recursos de ahí en el pasado, ha aceptado el regreso de esos capitales, sin pedir explicación. No son mucho más estrictos, sino todo lo contrario, países como Venezuela, Bolivia o Ecuador. Ya no hablemos de los caribeños, incluido, a través de otros mecanismos, Cuba. En Afganistán, los talibán, y también los aliados de Estados Unidos, se financian con el opio. En Colombia, en los 80, Pablo Escobar prometía, si lo dejaban en paz, pagar la deuda externa de su nación. Dicen que algo similar propuso Rafael Caro Quintero en México.
El tema no es nuevo, pero en la actual coyuntura se trata del verdadero peligro, en este ámbito, que está generando la crisis. El problema, gravísimo, al que nos estamos enfrentando, consiste en que se requiere romper las redes de aprovisionamiento de dinero del narcotráfico, que sigue funcionando en términos globales (y tiene un sustento cada vez mayor en las redes internas de venta de drogas que financian la operación cotidiana de muchas organizaciones), así como de armas, que está estrechamente vinculada a la disponibilidad de recursos. Puede haber, sin embargo, una buena: muchos grupos tal vez estén viviendo problemas económicos, como resultado de los combates que se dan entre y contra la delincuencia, aunque también porque muchos de los fondos donde estaban depositados sus recursos se han debilitado y desaparecido.
Una provocación descarrilada
La ofensiva que ha llevado a cabo un grupo ligado políticamente con la corriente de Alejandro Encinas para apoderarse del Instituto de Acceso a la Información Pública del DF ha comenzado a resultar contraproducente para sus impulsores. Recursos no explicados, documentación adulterada, campañas de desprestigio sin fundamento, títulos académicos inexistentes, recuerdos de viejos y no tan viejos pecados y, ahora, la exhibición de que se está utilizando el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, como respaldo para todo ello, desde su página de internet hasta para el financiamiento de personal allegado han surgido como respuesta a ese intento. Es una vergüenza: quizás, como una suerte de confesión involuntaria, el órgano de prensa de este grupo se llama Transparencia y Corrupción.
El más reciente escándalo por un fraude financiero internacional es el de Allen Stanford. Se estima, aunque no existe una cifra final, que el mismo alcanza, por lo menos, los ocho mil millones de dólares. Está lejos de los 50 mil millones que desaparecieron con el caso Madoff, pero vuelve a poner de manifiesto cómo los paraísos off shore se convierten no sólo en una trampa para los ahorradores, sino también en un instrumento imprescindible para el crimen organizado en sus mecanismos de lavado de dinero.
En las empresas de Stanford estaban operando instrumentos que ofrecían una tasa de interés en dólares superior a 12% cuando esos mismos instrumentos no rendían más de 2% en Estados Unidos. Trabajaban con paraísos fiscales y con fondos que no han quedado claro de dónde provenían. Uno de sus orígenes, según información proveniente de EU, podría ser nada menos que el cártel del Golfo. La investigación, que lleva ya varios meses, se habría derivado del hallazgo en una avioneta de documentos financieros de esa organización criminal, depositados en las sucursales estadunidenses de Stanford. Divulgada la información por la cadena ABC, las autoridades financieras de la Unión Americana se limitaron a decir que no podían “ni confirmar ni negar” los hechos.
No es descabellado que Stanford, o muchas otras instituciones financieras mundiales, sobre todo cuando están montando un mecanismo piramidal que se sostiene sobre cimientos demasiado endebles que en algún momento se debe derrumbar si no es alimentado incesantemente por nuevos recursos, cuando éstos comienzan a escasear, comiencen a buscarlos de dónde sea.
Lo cierto es que el narcotráfico genera enormes cantidades de dinero. No sólo en México, sino también y sobre todo en Estados Unidos. Como ya lo hemos comentado, en una entrevista con el ahora muy citado Barry McCaffrey al final del gobierno de Clinton, el entonces zar antidrogas de Estados Unidos me decía que su estimación sobre las utilidades del narcotráfico, en esos años, sólo como producto del comercio de cocaína en su país, era de unos 60 mil millones de dólares y, según él, 90 centavos de cada dólar se quedan en su país. La cifra más conservadora entonces, para México, era de unos seis mil millones de dólares. En realidad, nadie sabe con exactitud de cuánto estamos hablando: organismos de las Naciones Unidas elevan las cifras globales hasta los 300 mil millones de dólares y tales cantidades, necesariamente, deben pasar por el sistema financiero internacional y comenzar a lavarse por algunos de sus puntos menos regulados, para poder legitimarse.
El hecho es que, ante la crisis financiera, uno de los temores generalizados es que parte de ese dinero comience, o haya comenzado desde tiempo atrás, a ser aceptado, no sólo por los eslabones más débiles o menos regulados del sector, sino también por todos aquellos más sólidos pero que también se encuentran en problemas, incluidos numerosos países. Si Stanford tenía que mantener una operación que ofrecía rendimientos de 500% superior a los del mercado financiero y los del bancario “normal”, de alguna parte tenía que recibir recursos. Y el dinero del narcotráfico resulta un mecanismo insuperable de financiamiento ilegal para instituciones y países. En el pasado cercano, Colombia tenía en su banco central algo que llamaban la ventanilla siniestra, mediante la cual se aceptaba el ingreso de dólares como un mecanismo para evitar que se escaparan del país. Algo similar ha hecho Argentina que, con el argumento de una amnistía fiscal para todos los que sacaron sus recursos de ahí en el pasado, ha aceptado el regreso de esos capitales, sin pedir explicación. No son mucho más estrictos, sino todo lo contrario, países como Venezuela, Bolivia o Ecuador. Ya no hablemos de los caribeños, incluido, a través de otros mecanismos, Cuba. En Afganistán, los talibán, y también los aliados de Estados Unidos, se financian con el opio. En Colombia, en los 80, Pablo Escobar prometía, si lo dejaban en paz, pagar la deuda externa de su nación. Dicen que algo similar propuso Rafael Caro Quintero en México.
El tema no es nuevo, pero en la actual coyuntura se trata del verdadero peligro, en este ámbito, que está generando la crisis. El problema, gravísimo, al que nos estamos enfrentando, consiste en que se requiere romper las redes de aprovisionamiento de dinero del narcotráfico, que sigue funcionando en términos globales (y tiene un sustento cada vez mayor en las redes internas de venta de drogas que financian la operación cotidiana de muchas organizaciones), así como de armas, que está estrechamente vinculada a la disponibilidad de recursos. Puede haber, sin embargo, una buena: muchos grupos tal vez estén viviendo problemas económicos, como resultado de los combates que se dan entre y contra la delincuencia, aunque también porque muchos de los fondos donde estaban depositados sus recursos se han debilitado y desaparecido.
Una provocación descarrilada
La ofensiva que ha llevado a cabo un grupo ligado políticamente con la corriente de Alejandro Encinas para apoderarse del Instituto de Acceso a la Información Pública del DF ha comenzado a resultar contraproducente para sus impulsores. Recursos no explicados, documentación adulterada, campañas de desprestigio sin fundamento, títulos académicos inexistentes, recuerdos de viejos y no tan viejos pecados y, ahora, la exhibición de que se está utilizando el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, como respaldo para todo ello, desde su página de internet hasta para el financiamiento de personal allegado han surgido como respuesta a ese intento. Es una vergüenza: quizás, como una suerte de confesión involuntaria, el órgano de prensa de este grupo se llama Transparencia y Corrupción.
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