Satélites, la tormenta que viene (I) /Jorge Álvarez Hoth, presidente del Grupo Alcance, Desarrollo y Negocios y especialista en medios y telecomunicaciones.
Publicado en Reforma, 04-Feb-2009 y 18 de febrero
A la luz de los últimos acontecimientos del sector de los medios y las telecomunicaciones, en donde la guerra entre los actores tanto del sector público como del privado se torna cada vez más dura, conviene recapacitar en los pendientes que se acumulan al paso del tiempo y que catarritos pueden convertirse en neumonías en este sector que debe ya mostrar en los hechos su naturaleza contracíclica en tiempos de recesión económica como los que vivimos.
A las diez acciones inmediatas que listamos en nuestra entrega del pasado 21 de enero se suman las acciones a ejecutar en el sector satelital, que desde su privatización en octubre de 1997 ha representado un reto para la política pública del gobierno en turno.
Entre el cambio en la Subsecretaría de Comunicaciones, por tercera vez en lo que va de esta Administración, y la confrontación por el mercado de actores económicos como Telmex y Televisa, corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al mando del Dr. Luis Téllez, marcar el rumbo y fungir como árbitro de la contienda, a la vez de promover las inversiones de capital, utilizando los elementos de mayor influencia a su alcance: el de la transparencia en la regulación y la certidumbre jurídica para todos los actores involucrados, incluido el villano para unos, favorito para otros: Telmex.
Sin menoscabo de la capacidad profesional que se le reconoce a la saliente Subsecretaria Purificación Carpinteyro, es un hecho que no contaba con la confianza del Secretario Téllez y, por ende, tampoco le representaba ser el apoyo dedicado, ni el experto en la materia que el titular de la dependencia necesita desesperadamente para poner la casa y el sector en orden.
Lo mejor que nos puede pasar es que el nombramiento de Gabriela Hernández como Subsecretaria se derive, como parece ser, de la voluntad del propio Téllez y no de recomendaciones externas, como sucedió con Del Villar -simplemente no capacitado para el puesto- y Purificación Carpinteyro -capacitada, pero no del equipo del Secretario.
Publicado en Reforma, 04-Feb-2009 y 18 de febrero
A la luz de los últimos acontecimientos del sector de los medios y las telecomunicaciones, en donde la guerra entre los actores tanto del sector público como del privado se torna cada vez más dura, conviene recapacitar en los pendientes que se acumulan al paso del tiempo y que catarritos pueden convertirse en neumonías en este sector que debe ya mostrar en los hechos su naturaleza contracíclica en tiempos de recesión económica como los que vivimos.
A las diez acciones inmediatas que listamos en nuestra entrega del pasado 21 de enero se suman las acciones a ejecutar en el sector satelital, que desde su privatización en octubre de 1997 ha representado un reto para la política pública del gobierno en turno.
Entre el cambio en la Subsecretaría de Comunicaciones, por tercera vez en lo que va de esta Administración, y la confrontación por el mercado de actores económicos como Telmex y Televisa, corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al mando del Dr. Luis Téllez, marcar el rumbo y fungir como árbitro de la contienda, a la vez de promover las inversiones de capital, utilizando los elementos de mayor influencia a su alcance: el de la transparencia en la regulación y la certidumbre jurídica para todos los actores involucrados, incluido el villano para unos, favorito para otros: Telmex.
Sin menoscabo de la capacidad profesional que se le reconoce a la saliente Subsecretaria Purificación Carpinteyro, es un hecho que no contaba con la confianza del Secretario Téllez y, por ende, tampoco le representaba ser el apoyo dedicado, ni el experto en la materia que el titular de la dependencia necesita desesperadamente para poner la casa y el sector en orden.
Lo mejor que nos puede pasar es que el nombramiento de Gabriela Hernández como Subsecretaria se derive, como parece ser, de la voluntad del propio Téllez y no de recomendaciones externas, como sucedió con Del Villar -simplemente no capacitado para el puesto- y Purificación Carpinteyro -capacitada, pero no del equipo del Secretario.
A Gabriela Hernández, quien antes de esta Administración despachaba en asuntos diferentes a los de telecomunicaciones y medios, le viene una tarea compleja en la que ser institucional y disciplinada no le será suficiente y deberá ganarse rápidamente el respeto de todos los actores del sector privado mostrando profundo conocimiento técnico y habilidad política, si es que desea cubrir las necesidades que la realidad imponen hoy al Secretario Téllez. La Subsecretaría que hoy le encargan es inexorablemente cambiante, pasando de lo técnico a lo político conforme avanza cada Administración.
En este contexto, el sector satelital, del que no se ha hablado desde hace dos años -cuando en los anteriores seis estuvo en el centro del debate público- representa uno de los retos más importantes para la Subsecretaria entrante, quien deberá estudiar el tema a fondo, en tanto que al Secretario no le es extraño por actividades previas desempeñadas. Al sector satelital simplemente le urge la intervención del Gobierno para proseguir con los muchos pasos dados en la Administración del Presidente Vicente Fox.
En el año 2001, México contaba con un monopolio de facto en la provisión de servicios fijos por satélite en manos de la privatizada Satélites Mexicanos, S.A. de C.V. (Satmex), que además opera la banda L, propiedad del organismo descentralizado del Gobierno federal Telecomm, por la que se transmiten las comunicaciones de instituciones vinculadas a la Seguridad Nacional, como son la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación (Segob) a través del Cisen.
En ese año (2001) se concretó la apertura del sector satelital a otros proveedores, cumpliendo el acuerdo de reciprocidad satelital firmado con los Estados Unidos de América (EU), por virtud del cual Satmex recibía el 60 por ciento de sus ingresos del tráfico proveniente de ese país desde 1997 y que implicaba la apertura a los proveedores de servicios satelitales de EU a partir de 1999, situación rezagada en 2001.
De esa apertura existen hoy en el País 10 operadores de servicios fijos por satélite en competencia con Satmex y se eliminó el riesgo de sufrir un rescate de Satmex, de haberse mantenido su situación como proveedor único del servicio y de su inevitable cita con la reestructura financiera en virtud de la Ley de Concursos Mercantiles administrada por el hoy tan recurrido Instituto Federal de Concursos Mercantiles (Ifecom).
En esa Administración se operó y concretó la muy necesitada reestructura de Satmex que contaba con una deuda superior a los 800 millones de dólares y que se derivó de una privatización con poca inversión de capital en la empresa, adjudicada en la época del Presidente Ernesto Zedillo al grupo Autrey y Loral de los EU.
Una vez concretada la restructura de la empresa, brillantemente dirigida por su conciliador Tomás Heather, quedan pasos por cumplir para garantizar la continuidad de los servicios de Satmex y de la banda L en la que se comunican las instituciones de seguridad nacional. Estos pasos no han sido dados en los dos años transcurridos y no parece que se estén considerando en un entorno inestable, no obstante se hable de reemplazos de satélites para la continuidad de Satmex y posibles lanzamientos de otros propiedad del Gobierno para las comunicaciones estratégicas, ya que al final no se concretan.
En la próxima entrega de esta columna, , explicaremos los pasos que urge dar para evitar que lo avanzado en los seis años de la pasada Administración sea desperdiciado y con ellos garantizar la continuidad de los servicios públicos de telecomunicaciones de Satmex -que explota tres concesiones federales- y la de la banda L que hoy pende de un hilo llamado Solidaridad II que se encuentra en órbita inclinada y cuya vida útil terminó.
En otros asuntos:
Para Purificación Carpinteyro, a quien conozco y respeto, una simple frase "lo que no te mata, te fortalece".
***
En este contexto, el sector satelital, del que no se ha hablado desde hace dos años -cuando en los anteriores seis estuvo en el centro del debate público- representa uno de los retos más importantes para la Subsecretaria entrante, quien deberá estudiar el tema a fondo, en tanto que al Secretario no le es extraño por actividades previas desempeñadas. Al sector satelital simplemente le urge la intervención del Gobierno para proseguir con los muchos pasos dados en la Administración del Presidente Vicente Fox.
En el año 2001, México contaba con un monopolio de facto en la provisión de servicios fijos por satélite en manos de la privatizada Satélites Mexicanos, S.A. de C.V. (Satmex), que además opera la banda L, propiedad del organismo descentralizado del Gobierno federal Telecomm, por la que se transmiten las comunicaciones de instituciones vinculadas a la Seguridad Nacional, como son la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación (Segob) a través del Cisen.
En ese año (2001) se concretó la apertura del sector satelital a otros proveedores, cumpliendo el acuerdo de reciprocidad satelital firmado con los Estados Unidos de América (EU), por virtud del cual Satmex recibía el 60 por ciento de sus ingresos del tráfico proveniente de ese país desde 1997 y que implicaba la apertura a los proveedores de servicios satelitales de EU a partir de 1999, situación rezagada en 2001.
De esa apertura existen hoy en el País 10 operadores de servicios fijos por satélite en competencia con Satmex y se eliminó el riesgo de sufrir un rescate de Satmex, de haberse mantenido su situación como proveedor único del servicio y de su inevitable cita con la reestructura financiera en virtud de la Ley de Concursos Mercantiles administrada por el hoy tan recurrido Instituto Federal de Concursos Mercantiles (Ifecom).
En esa Administración se operó y concretó la muy necesitada reestructura de Satmex que contaba con una deuda superior a los 800 millones de dólares y que se derivó de una privatización con poca inversión de capital en la empresa, adjudicada en la época del Presidente Ernesto Zedillo al grupo Autrey y Loral de los EU.
Una vez concretada la restructura de la empresa, brillantemente dirigida por su conciliador Tomás Heather, quedan pasos por cumplir para garantizar la continuidad de los servicios de Satmex y de la banda L en la que se comunican las instituciones de seguridad nacional. Estos pasos no han sido dados en los dos años transcurridos y no parece que se estén considerando en un entorno inestable, no obstante se hable de reemplazos de satélites para la continuidad de Satmex y posibles lanzamientos de otros propiedad del Gobierno para las comunicaciones estratégicas, ya que al final no se concretan.
En la próxima entrega de esta columna, , explicaremos los pasos que urge dar para evitar que lo avanzado en los seis años de la pasada Administración sea desperdiciado y con ellos garantizar la continuidad de los servicios públicos de telecomunicaciones de Satmex -que explota tres concesiones federales- y la de la banda L que hoy pende de un hilo llamado Solidaridad II que se encuentra en órbita inclinada y cuya vida útil terminó.
En otros asuntos:
Para Purificación Carpinteyro, a quien conozco y respeto, una simple frase "lo que no te mata, te fortalece".
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Satélites, la tormenta que viene (2) /
18-Feb-2009,
A la luz de la serie de acontecimientos sorpresivos que semana tras semana se develan, como serie de suspenso de las mejores telenovelas, en el sector de los medios y las telecomunicaciones, reitero que se hace necesario centrar al actuar público en los resultados y no en los dichos.
El sector satelital es toral en las telecomunicaciones del País, y como se mencionó en la primera parte de esta serie de columnas, lleva dos años fuera del reflector de la política pública del Gobierno. Resulta indispensable recapacitar en los pendientes que se acumulan al paso del tiempo y que de catarritos pueden convertirse en neumonías en un sector que debe mostrar en los hechos su naturaleza contracíclica en tiempos de recesión económica como los que vivimos.
Los pasos que urge dar para continuar lo avanzado hasta 2006 y con ello garantizar la continuidad de los servicios públicos de telecomunicaciones vía satélite en el País se detallan a continuación:
1.- Dado que el Gobierno federal ostenta el 20 por ciento de las acciones económicas de Satmex (principal operador de servicios fijos por satélite -SFS- del País) y también con el 55 por ciento del voto de la empresa, representado a través de consejeros de reconocido prestigio y autonomía de criterio, es conveniente convocar a los demás accionistas de la empresa a que expliquen ante la autoridad concedente (SCT) de las tres licencias de operación en las posiciones orbitales 113º W, 114.9º W y 116.8º W, qué acciones se tomarán para garantizar la capitalización de la empresa para el lanzamiento del satélite Satmex 7 en los próximos cuatro años (un satélite tarda 2 años en concebirse y 2 años en lanzarse, y el Satmex 5 termina su vida en el 2014).
Hay que considerar que la viabilidad de la empresa depende de la existencia de este satélite de reemplazo, con miras a seguir operando y servir la deuda reestructurada que asciende a 402 millones de dólares al 2 de febrero de 2009.
La deuda de Satmex, que en su momento ascendió a más de 850 millones de dólares, fue reestructurada a través de la Ley de Concursos Mercantiles, administrada por el Ifecom a cargo del licenciado Luis Manuel Mellán, entre 2005 y 2006, previa autorización de la Comisión Intersecretarial de Desincorporación (CID) del Gobierno federal, con lo que se le permitió seguir operando y con ello preservar un activo relevante de nuestra industria satelital.
Derivado de la reestructura se reconformó el capital de la empresa para quedar con 20 por ciento de las acciones con valor económico en manos del Gobierno federal, 78 por ciento en manos de los acreedores que capitalizaron pasivos y 2 por ciento en manos de los accionistas fundadores de la empresa Loral y Autrey.
Ahora procede encarar la necesidad de capitalizar a la empresa e invertir en un nuevo Satélite Satmex 7 que reemplace al Solidaridad II que se encuentra en las últimas horas de vida en órbita inclinada (para ahorrar combustible) con vistas a que deje de transmitir en septiembre de este año. La banda "L" en el Solidaridad II opera servicios móviles para las instituciones de seguridad nacional como son la Sedena, la Semar, Segob y la PGR.
La capitalización de Satmex puede ser resuelta por dos vías: el aumento de capital por parte de los accionistas por alrededor de los 300 millones de dólares o, en su caso, la puesta en venta de la empresa a capital interesado, para lo cual el Gobierno federal deberá considerar acordar en el seno de la CID una reducción del piso mínimo de venta que hoy se encuentra en los 500 millones de dólares, dado que hay grupos interesados en la empresa.
El sector satelital está globalizado en el mundo y hoy operan dos operadores globales y varios regionales, lo lógico es que Satmex se integre a alguno de los conglomerados globales para garantizar su competitividad internacional (recordemos que más del 60 por ciento de sus ingresos proviene del mercado de los Estados Unidos), respetando la rectoría por parte de nacionales en sus servicios en México.
No hacerlo así pone en riesgo la continuidad de la empresa, así como la de los servicios de impacto social que corren sobre las bandas de frecuencias C y Ku operadas por Satmex a través de la reserva del Estado en los satélites Satmex 5 y 6.
2.- Resolver qué acciones se tomarán para garantizar la continuidad de los servicios estratégicos de seguridad nacional que corren en la banda "L" propiedad del organismo descentralizado del Gobierno federal Telecomunicaciones de México (Telecomm) y que hoy se encuentra operado por Satmex en el satélite Solidaridad II que concluye su vida alargada en órbita inclinada en septiembre de 2009, o sea ¡ya!
Para este objetivo existen tres salidas a considerar para tomar decisiones en el futuro inmediato: primero, rentar capacidad en satélites existentes de MSV y/o Inmarsat (únicos operadores de banda "L" en el mundo con cobertura en México) utilizando el plan de contingencia y continuidad de la banda "L" acordado con la Sedena y Semar en 2006; segundo, determinar cuál es la ruta de acción a seguir sobre la posibilidad de que exista un satélite propiedad del Gobierno federal para lo cual deberá ser concebido, construido y puesto en órbita durante los próximos 2 a 3 años; y tercero, considerar la posibilidad de una especie de PPS satelital (al estilo de las obras de infraestructura carretera) donde se le concesione a un privado vía licitación pública la concepción, puesta en órbita y operación del satélite de banda "L", a cambio de un pago periódico (anual, semestral, bimestral, etc.) por la vida del satélite, que se estima en 15 años, aproximadamente.
Estas decisiones urgen sean tomadas ya en vista a mantener la continuidad de servicios estratégicos de seguridad nacional.
3.- En materia de cobertura social, el Estado cuenta con la reserva del Estado en los satélites Satmex 5 y 6 y en el posible Satmex 7, que es utilizada para servicios diversos de interés nacional como son la educación, la conectividad a través de las redes e-México, la telefonía rural, etc. Es necesario decidir una política pública de la evolución de la utilización de dicha capacidad satelital y resolver qué sigue en materia de programas de conectividad como e-México, que tienen dos años sin que se suceda avance o decisión relevante alguna.
En otros asuntos: para Luis Téllez, quien, repito, ha operado sin apoyo, "el sector requiere concertación y no confrontación".
Jorge Álvarez Hoth es presidente del Grupo Alcance, Desarrollo y Negocios y especialista en medios y telecomunicaciones.
18-Feb-2009,
A la luz de la serie de acontecimientos sorpresivos que semana tras semana se develan, como serie de suspenso de las mejores telenovelas, en el sector de los medios y las telecomunicaciones, reitero que se hace necesario centrar al actuar público en los resultados y no en los dichos.
El sector satelital es toral en las telecomunicaciones del País, y como se mencionó en la primera parte de esta serie de columnas, lleva dos años fuera del reflector de la política pública del Gobierno. Resulta indispensable recapacitar en los pendientes que se acumulan al paso del tiempo y que de catarritos pueden convertirse en neumonías en un sector que debe mostrar en los hechos su naturaleza contracíclica en tiempos de recesión económica como los que vivimos.
Los pasos que urge dar para continuar lo avanzado hasta 2006 y con ello garantizar la continuidad de los servicios públicos de telecomunicaciones vía satélite en el País se detallan a continuación:
1.- Dado que el Gobierno federal ostenta el 20 por ciento de las acciones económicas de Satmex (principal operador de servicios fijos por satélite -SFS- del País) y también con el 55 por ciento del voto de la empresa, representado a través de consejeros de reconocido prestigio y autonomía de criterio, es conveniente convocar a los demás accionistas de la empresa a que expliquen ante la autoridad concedente (SCT) de las tres licencias de operación en las posiciones orbitales 113º W, 114.9º W y 116.8º W, qué acciones se tomarán para garantizar la capitalización de la empresa para el lanzamiento del satélite Satmex 7 en los próximos cuatro años (un satélite tarda 2 años en concebirse y 2 años en lanzarse, y el Satmex 5 termina su vida en el 2014).
Hay que considerar que la viabilidad de la empresa depende de la existencia de este satélite de reemplazo, con miras a seguir operando y servir la deuda reestructurada que asciende a 402 millones de dólares al 2 de febrero de 2009.
La deuda de Satmex, que en su momento ascendió a más de 850 millones de dólares, fue reestructurada a través de la Ley de Concursos Mercantiles, administrada por el Ifecom a cargo del licenciado Luis Manuel Mellán, entre 2005 y 2006, previa autorización de la Comisión Intersecretarial de Desincorporación (CID) del Gobierno federal, con lo que se le permitió seguir operando y con ello preservar un activo relevante de nuestra industria satelital.
Derivado de la reestructura se reconformó el capital de la empresa para quedar con 20 por ciento de las acciones con valor económico en manos del Gobierno federal, 78 por ciento en manos de los acreedores que capitalizaron pasivos y 2 por ciento en manos de los accionistas fundadores de la empresa Loral y Autrey.
Ahora procede encarar la necesidad de capitalizar a la empresa e invertir en un nuevo Satélite Satmex 7 que reemplace al Solidaridad II que se encuentra en las últimas horas de vida en órbita inclinada (para ahorrar combustible) con vistas a que deje de transmitir en septiembre de este año. La banda "L" en el Solidaridad II opera servicios móviles para las instituciones de seguridad nacional como son la Sedena, la Semar, Segob y la PGR.
La capitalización de Satmex puede ser resuelta por dos vías: el aumento de capital por parte de los accionistas por alrededor de los 300 millones de dólares o, en su caso, la puesta en venta de la empresa a capital interesado, para lo cual el Gobierno federal deberá considerar acordar en el seno de la CID una reducción del piso mínimo de venta que hoy se encuentra en los 500 millones de dólares, dado que hay grupos interesados en la empresa.
El sector satelital está globalizado en el mundo y hoy operan dos operadores globales y varios regionales, lo lógico es que Satmex se integre a alguno de los conglomerados globales para garantizar su competitividad internacional (recordemos que más del 60 por ciento de sus ingresos proviene del mercado de los Estados Unidos), respetando la rectoría por parte de nacionales en sus servicios en México.
No hacerlo así pone en riesgo la continuidad de la empresa, así como la de los servicios de impacto social que corren sobre las bandas de frecuencias C y Ku operadas por Satmex a través de la reserva del Estado en los satélites Satmex 5 y 6.
2.- Resolver qué acciones se tomarán para garantizar la continuidad de los servicios estratégicos de seguridad nacional que corren en la banda "L" propiedad del organismo descentralizado del Gobierno federal Telecomunicaciones de México (Telecomm) y que hoy se encuentra operado por Satmex en el satélite Solidaridad II que concluye su vida alargada en órbita inclinada en septiembre de 2009, o sea ¡ya!
Para este objetivo existen tres salidas a considerar para tomar decisiones en el futuro inmediato: primero, rentar capacidad en satélites existentes de MSV y/o Inmarsat (únicos operadores de banda "L" en el mundo con cobertura en México) utilizando el plan de contingencia y continuidad de la banda "L" acordado con la Sedena y Semar en 2006; segundo, determinar cuál es la ruta de acción a seguir sobre la posibilidad de que exista un satélite propiedad del Gobierno federal para lo cual deberá ser concebido, construido y puesto en órbita durante los próximos 2 a 3 años; y tercero, considerar la posibilidad de una especie de PPS satelital (al estilo de las obras de infraestructura carretera) donde se le concesione a un privado vía licitación pública la concepción, puesta en órbita y operación del satélite de banda "L", a cambio de un pago periódico (anual, semestral, bimestral, etc.) por la vida del satélite, que se estima en 15 años, aproximadamente.
Estas decisiones urgen sean tomadas ya en vista a mantener la continuidad de servicios estratégicos de seguridad nacional.
3.- En materia de cobertura social, el Estado cuenta con la reserva del Estado en los satélites Satmex 5 y 6 y en el posible Satmex 7, que es utilizada para servicios diversos de interés nacional como son la educación, la conectividad a través de las redes e-México, la telefonía rural, etc. Es necesario decidir una política pública de la evolución de la utilización de dicha capacidad satelital y resolver qué sigue en materia de programas de conectividad como e-México, que tienen dos años sin que se suceda avance o decisión relevante alguna.
En otros asuntos: para Luis Téllez, quien, repito, ha operado sin apoyo, "el sector requiere concertación y no confrontación".
Jorge Álvarez Hoth es presidente del Grupo Alcance, Desarrollo y Negocios y especialista en medios y telecomunicaciones.
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