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Justicia penal, hoy

Estancan 19 estados a la reforma penal
Aseguran expertos que Setec, el órgano de implementación, es muy débil
¿Reportaje? de Antonio Baranda
Publicada en Reforma, 1 junio 2010.- Diecinueve estados mantienen estancada la implementación de la reforma constitucional penal aprobada en junio de 2008.
Las causas son la falta de acuerdos y de voluntad política, la carencia de recursos económicos y los tiempos electorales.
Así lo revela un diagnóstico de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), órgano administrativo desconcentrado de Gobernación, el cual detectó un grado de avance "poco significativo" o "no sistemático" en las 19 entidades:
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, el Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.
En contraste, Chihuahua, el Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca y Zacatecas registran un avance "alto"; es decir que la entrada en vigor del sistema acusatorio, que se basa en la oralidad y solución alternativa de conflictos, se dio antes de la reforma del 18 de junio de 2008.
Carlos Mendoza, secretario técnico del grupo ciudadano evaluador del Acuerdo Nacional por la Seguridad, y Ana Laura Magaloni, especialista del CIDE, coincidieron en que el principal factor del estancamiento es la falta de liderazgo de la Setec.
Magaloni indicó que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia penal (Setec), encabezada por Felipe Borrego, nunca trazó una ruta crítica basada en la experiencia.
"Este órgano es muy débil. No nos tenemos que alarmar porque haya 19 estados que no han empezado a implementar la reforma, lo que nos debe alarmar es que cada uno esté empezando a su aire, es decir, sin que haya un proceso colectivo de aprendizaje.
"Lo más deseable es que se hubiera impulsado un plan de implementación integral donde se empezara con algunas entidades, poner a prueba esa reforma, afianzarla, y con ese aprendizaje ir a otros estados", comentó.
La especialista en sistemas judiciales recordó que una de las experiencias más exitosas en esta materia se registró en Chile, donde primero se instauró la reforma en las regiones "menos conflictivas", y cinco años después concluyó en Santiago, la capital.
Advirtió que si continúa la falta de liderazgo de la Setec y los procesos de implementación se siguen haciendo por separado, en un futuro será necesaria una segunda reforma que homologue los procedimientos de aplicación y actuación.
"Si cada uno experimenta por su cuenta no vamos a aprender de los errores, no vamos a ir domesticando la reforma que es muy complicada; esta reforma ya tiene grandes atorones en el proceso de implementación.
"No basta con que estén discutiendo los códigos, eso es solamente un 10 por ciento de la reforma. El resto es cómo cambias las conductas de los actores y eso requiere de políticas de reingeniería, de gestión, de capacitación, que no están siendo uniformes en el País", dijo.
Elías Huerta Psihas, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, expuso que la Setec va caminando "lenta y sin eficacia", por lo que sus trabajos deben ser rediseñados.
De lo contrario, dijo, sus resultados estarán supeditados a los tiempos políticos o electorales y no a la planificación.
"En el último foro sobre la reforma penal hubo seis gobernadores que criticaron los trabajos de esta comisión; hablaron de que mientras estemos en tiempos electorales esto parece que no camina, lo cual me parece lamentable", añadió. (es falsa la declaración de del Dr. Huerta).
Carlos Mendoza, secretario técnico del grupo ciudadano evaluador del Acuerdo Nacional por la Seguridad, mencionó que la Setec no está cumpliendo con la encomienda de encabezar la articulación --en los estados-- del andamiaje jurídico, programático y operacional de la reforma.
Explicó que este órgano de la Secretaría de Gobernación por lo menos debería facilitar a las entidades los modelos "tipo" de reglamentaciones secundarias, programas de estudio y códigos de procedimientos penales.
"Tiene que acercarse a los estados, no viceversa, tiene que haber un esfuerzo, este liderazgo moral se tiene que ir revalidando permanentemente al acercarse a las entidades y que puedan éstas sentir el apoyo de una instancia de orden nacional.
"Las entidades que no han implementado la reforma están con el tiempo muy corto, porque les quedan seis años como tiempo límite, pero este tipo de reformas requieren de más tiempo para madurarse", añadió.
Defiende Secretaría resultados
La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) trabaja con "rumbo claro", indica un informe que este órgano de la Secretaría de Gobernación entregó a la Cámara de Diputados a finales de enero.
"Cuenta ya con una estructura administrativa, funciones bien determinadas, recursos humanos calificados, un rumbo claro contenido en su programa de trabajo, una agenda de vinculación con autoridades y una agenda de trabajo con el Consejo de Coordinación", señala.
Según documentos de la Setec, los avances recientes más significativos son la aprobación de la estrategia de implementación a nivel nacional; la validación del programa de capacitación y difusión; y la publicación de los lineamientos para el otorgamiento de subsidios federales.
También está la redacción del "Modelo de Simulación" para las entidades federativas; la elaboración del programa de infraestructura y equipamiento del nuevo sistema; la creación de un portal web; y la redacción de las "Bases para Información Estadística".
El programa de trabajo de la Setec consta de nueve ejes rectores: estudios y proyectos normativos; planeación y prospectiva; capacitación de los operadores; vinculación y cooperación; reorganización institucional; infraestructura y equipamiento; difusión nacional; evaluación y seguimiento; y finanzas y administración de recursos.
Apenas el 27 de abril, Felipe Borrego, titular de la Setec, expuso ante legisladores que su objetivo es que el próximo año todas las entidades de la República tengan "totalmente trabajada" la implementación de la reforma.
Desde que un estado comienza a instaurar el nuevo sistema hasta que se dirime el primer caso con las características de uno acusatorio, dijo, pasa alrededor de año y medio, por lo que al término de ocho años que se fijó para terminar de implementar la reforma es "razonable".
"(Así) se tiene el colchón de algún tropiezo, que es natural que se pueda tener. Esta modificación constitucional es inédita, es la primera vez en esta generación que rompemos un sistema y damos paso a uno totalmente diferente.
"Eso nos hace dar pasos que deben ser muy concretos, no deben ser en falso y sobre todo muy responsables", expuso ese día ante integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

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