Denuncia en la CPI: /El recurso legal fracasará, Juan Velázquez.
Moisés Castillo entrevista a Juan Velásquez
Siempre, 3 de diciembre de 2011
Dicen que en el arte dramático la sobreactuación es tan nefasta como en la gestión política. Y el gobierno de Felipe Calderón no cuenta con buenos actores que hagan creer una mentira como la verdad. Tiene como consejera a la histeria. La sobreactuación encubrió la carencia de información precisa y soltó un desplegado visceral contra las imputaciones que un grupo 23 mil personas presentó ante la Corte Penal Internacional (la Corte Penal) por crímenes de lesa humanidad.
El gobierno de Calderón calificó de “improcedentes” e “infundadas” las acusaciones.
“Constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan —dijo— no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales”.
El comportamiento irracional de la Presidencia de la República obligó a que la vocera, Alejandra Sota, precisara la postura oficial unas cuantas horas después de sacar un comunicado. Aclaró que el gobierno federal no demandará a nadie y que en todo caso serían los funcionaros señalados quienes podrían hacerlo.
“Debe quedar muy claro —dijo— [que] el gobierno federal no procederá en contra de personas que critican las políticas públicas y las decisiones del Ejecutivo federal, pero sí tiene el derecho de defenderse en todas las instancias, tanto nacionales como internacionales, de las acciones, precisamente que haya emprendido el gobierno federal, insisto, para defender a los ciudadanos de los criminales”.
Los hechos
El pasado 25 de noviembre, el jurista mexicano Netzaí Sandoval entregó al fiscal de la Corte Penal, Luis Moreno Ocampo, un expediente en el que acusa los crímenes de guerra y lesa humanidad, cometidos durante el último sexenio, con la intención de que abra una línea de investigación contra el presidente Felipe Calderón, varios integrantes de su gabinete y el Chapo Guzmán.
“No queremos que se pronuncie —dijo el abogado— sobre la política de Calderón, sino que juzgue la responsabilidad de mando, tal y como lo hizo el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, con el ex presidente serbio Slobodan Milosevic, quien fue juzgado, no por matar él mismo a una persona, sino por no prevenir y castigar la conducta de sus fuerzas de seguridad”.
Calderón reaccionó con la tozudez que lo ha distinguido. Ante la crítica se muestra intolerante y aferrado a una estrategia antinarco que lleva 50 mil muertos, 10 mil desaparecidos y 230 mil desplazados. Asimismo, Human Rights Watch ha criticado severamente la estrategia del gobierno federal y la conducta de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el crimen organizado. La violencia en el país nadie la para: hace dos semanas presuntamente los Zetas tiraron 26 cuerpos sin vida en uno de los lugares más emblemáticos de Guadalajara; recientemente asesinaron al activista Nepomuceno Moreno, quien participó en los diálogos por la paz en el Castillo de Chapultepec, donde denunció la detención ilegal y desaparición forzada que sufrió su hijo Jorge Mario.
Si la demanda penal es procedente o no, los miles de ciudadanos que firmaron un documento enviado a La Haya tienen el derecho de acudir a cualquier instancia legal nacional o internacional para que se atiendan sus demandas. El presidente Calderón se enojó y le echó leña al fuego. ¿A quién beneficia tanta histeria?
Para el abogado penalista Juan Velásquez, los mexicanos nunca verán al presidente Calderón en el banquillo de los acusados. Velásquez, quien defendió a Luis Echeverría por los casos de la matanza de Tlatelolco en 1968 y el llamado Halconazo en 1971, pronosticó que el recurso interpuesto en la Corte Penal Internacional contra el panista fracasará.
“No, jamás por crímenes de guerra… El genocidio —dijo— es el exterminio de un grupo nacional. Por ejemplo, exterminar a una etnia en particular. ¿El cártel de Sinaloa es un grupo nacional? ¿Es un grupo específico, con una lengua propia, usos y costumbres y religión? ¿Es un grupo nacional o es una banda criminal? Por su puesto que el Estado debe imponer su autoridad contra los narcos para preservar el orden y el bien común”.
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