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La protección, para quien pueda pagarla/

La protección, para quien pueda pagarla/
Rodrigo Vera
Revista Proceso # 1878, 28 de octubre de 2012
Los casi seis años de guerra de Felipe Calderón han traído un crecimiento explosivo de las empresas privadas encargadas de ofrecer seguridad a quien pueda pagarla. Si bien más de 800 están debidamente registradas, miles más operan casi en la clandestinidad y, según cálculos de la confederación del ramo, agrupan a más de un millón de guardias y escoltas. Pero existe un gran problema: la mayor parte de esos elementos ha sido expulsada de corporaciones policiacas o militares.

Los altos índices de inseguridad que causó la guerra contra el narcotráfico desatada por Felipe Calderón detonaron el crecimiento de las empresas de seguridad privada en más de 100% durante el sexenio. Actualmente están registradas 830, más del doble de las 375 que había en 2006.
Sin embargo muchísimas otras empresas de seguridad operan en la informalidad y sin control gubernamental. Se calcula que hay alrededor de 10 mil, muchas de las cuales están infiltradas por el crimen organizado o trabajan con policías y militares que fueron desechados de sus corporaciones.
Esas empresas han logrado aglutinar a un “ejército” de 1 millón 250 mil guardias y escoltas, número que supera en 25% al millón de efectivos de todas las fuerzas de seguridad del Estado mexicano.
Proporciona estas cifras Arnulfo Garibo Ramírez, presidente de la Confederación Nacional de Empresarios de Seguridad Privada y Similares de los Servicios del Ramo (Conesprysir), quien recalca:
“Los guardias y escoltas que brindan seguridad privada ya superaron en número a todas las fuerzas de seguridad con que cuenta el Estado, sean del Ejército, la Marina o policías de todos los niveles, ya sean federales, estatales o municipales… ¡a todos!”
–¿A qué se debe este fenómeno?
–A que la actual guerra contra el narcotráfico provocó un aumento en los índices de inseguridad. De manera que para protegerse de posibles secuestros, extorsiones y atracos, prácticas muy comunes del crimen organizado, la gente acude cada vez más a las empresas de seguridad privada porque sabe que el Estado ya no la puede defender.
“Todo esto ha ocasionado que se privatice aceleradamente el área de la seguridad. Le doy un dato que resulta muy ilustrativo: en 2006 había 375 empresas de seguridad privada formalmente registradas; actualmente ya hay más de 800, sin contar las miles que operan en la clandestinidad. Se calcula que en total hay alrededor de 10 mil empresas del ramo.”
–¿Cuánto dinero se mueve en el mercado de la seguridad privada?
–Unos 9 mil millones de dólares anuales, que representan 2% del Producto Interno Bruto. Es un mercado nuevo que genera muchísimas fuentes de empleo, ya que al mercado de la seguridad privada no sólo pertenece el sector de guardias y escoltas, sino también el de alarmas, monitoreo, blindaje automotriz, circuitos cerrados de televisión o venta de artículos como cascos y toletes.
El mercado de la seguridad mueve casi tanto dinero como el que manejan en México las organizaciones criminales, que blanquean anualmente alrededor de 10 mil millones de dólares, según informó José Antonio Meade, secretario de Hacienda, al firmarse el martes 16 la Ley Contra el Lavado de Dinero.
–¿Hay regiones del país donde tiene más auge la seguridad privada? –se le pregunta a Garibo Ramírez.
–Sí. En el norte es donde más se contratan nuestros servicios. Me refiero concretamente a Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas. En esa región los cárteles de la droga han ampliado su campo de acción y allí radican muchos empresarios que están protegiéndose de los secuestros y las extorsiones. Antes en el sur no era muy importante la seguridad, pero de tres años para acá ya la están tomando más en serio.
–¿Hay áreas específicas que demandan mayor protección?
–En últimas fechas donde más está creciendo el rubro de la seguridad es en fraccionamientos y condominios, porque ahí están demandando más y más guardias de seguridad y sistemas de vigilancia. La gente está tomando conciencia de que la seguridad privada no es un gasto, sino una inversión porque con ella protegen su patrimonio. También ha comprendido que la seguridad es sinónimo de tranquilidad, ¡no hay más!
Además de la creciente demanda de guardias de seguridad –cuya labor es la “vigilancia intramuros”–, Garibo señala que sigue incrementándose la demanda de escoltas, conocidos como “guaruras”, y que por lo general protegen en sus traslados a quien solicita sus servicios.
Comenta: “Puedes hablar a una empresa de seguridad privada y decir:‘Necesito dos escoltas para que resguarden a mi esposa que llega de Estados Unidos al aeropuerto de la Ciudad de México. Quiero que solamente la acompañen a la casa’, y hasta ahí puedes contratar el servicio.
“Pero hay gente que de plano ya requiere de un servicio permanente, esto ocurre generalmente con empresarios que son muy vulnerables al secuestro. Incluso es muy común que ellos también contraten escoltas para cada uno de los miembros de su familia.”
–¿Cuántos integrantes debe tener una escolta de este tipo?
–Se requieren ocho elementos divididos en dos turnos. Cuatro elementos trabajan las 24 horas del día, para luego ser relevados al día siguiente por los otros cuatro elementos, y así se van turnando. Es la protección ideal. Esos cuatro escoltas son el comandante primero, el comandante segundo, el chofer y el integrante.
“Si la familia del cliente tiene cinco miembros y cada uno necesita su propia escolta, pues entonces esa familia requerirá en total de una guardia de 40 escoltas. Hay empresas de seguridad privada que tienen capacidad para proveer todo ese personal.”
–Pero debe ser carísimo. ¿Cuál es el salario de un escolta?
–Un escolta profesional gana entre 40 y 45 mil pesos mensuales. Sí es un gasto muy oneroso. Pero hay familias pudientes que lo están pagando porque no les queda de otra, dado el clima de inseguridad. Y aparte contratan el servicio de GPS, para que a sus vehículos los monitoreen permanentemente. El servicio debe ser integral para que sea eficiente.
“Igual pasa con los altos funcionarios públicos. Ellos también tienen sus escoltas de ocho miembros, aunque el salario de éstos ya corre a cuenta del erario. Sólo la Procuraduría General de la República gasta mensualmente 814 mil dólares en escoltas para 37 de sus funcionarios. Yo hice cálculos y concluí que a cada escolta le paga alrededor de 43 mil pesos al mes. De manera que son muy similares los salarios que se pagan tanto en el gobierno como en la iniciativa privada.”
Mal armados
Delgado y de porte militar, Garibo ha trabajado toda su vida en el ramo de la seguridad. Fue integrante del Estado Mayor Presidencial 13 años (1977-1989) y le correspondió cuidar la seguridad de los presidentes José López Portillo y Miguel de la Madrid. Después fue escolta de la familia de Carlos Salinas de Gortari.
En la Universidad Iberoamericana cursó una especialización en seguridad nacional y en la UNAM, otra en control social y seguridad pública. Ha sido asesor para impulsar leyes en esa materia. Después se incorporó a la seguridad privada hasta llegar a presidir la Conesprysir, creada en 2006 y que actualmente aglutina a 150 empresas del ramo.
Aclara: “Al Estado le corresponde hacerse cargo de la seguridad pública, según el artículo 21 constitucional. Pero cuando un particular pide seguridad exclusiva para él, debe ya intervenir la iniciativa privada.
“Pese a la creciente necesidad de seguridad privada el gobierno sigue pidiéndole muchos requisitos a nuestras empresas, que deben tener un permiso federal y además uno en cada estado donde operan, que además debe renovarse. Aparte está la doble tributación que debemos pagar… En fin, tenemos muchas trabas burocráticas.”
–¿Las empresas privadas pueden utilizar el mismo armamento que usa el Estado para brindar seguridad?
–No. En ese aspecto también estamos en desventaja. Por ejemplo, al guardia privado intramuros, cuya labor es controlar accesos, la legislación sólo le permite llevar armamento no letal: tolete, fornitura y gas pimienta. Un escolta sólo puede portar pistolas .380, .22 o .38 especial, y hasta ahí llegó.
Santiago Aguilera Gómez, tesorero de la Conesprysir y quien acompaña a Garibo en la entrevista, abunda: “El crimen organizado usa armamento cada vez más letal, lo cual nos obliga a contrarrestarlo con armas adecuadas para no dejar indefensos a nuestros protegidos. De ahí que algunos empresarios, clientes nuestros, le han solicitado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que les permita protegerse con armamento más potente y sofisticado. Para ellos y nosotros es cuestión de vida o muerte”.
–¿Son peticiones formales ante la Sedena que deben hacer ellos mismos?
–Sí, son peticiones de autorización para que los protejamos con mejor armamento. Ellos deben hacer una exposición de motivos, que es analizada por la Secretaría de Seguridad Pública federal y después por la Sedena. Tiene que pasar por las dos instancias. Y si éstas dan su aprobación, entonces nuestros escoltas ya podrán portar fusiles AR-15 u otro tipo de armamento más potente.
–¿Pueden comprar las armas en cualquier parte?
–¡No! ¡De ninguna manera! Las armas deben comprarse solamente en la Unidad Comercializadora de Armamento y Municiones de la Sedena. Ahí las venden y las registran para que todo sea legal. Imagínese si empezamos a comprar armas de contrabando, nos meteríamos en un problemón.
“Asesinos con licencia”
En el sexto informe de gobierno de Calderón se especifica que hay 830 empresas legales de seguridad privada las que en la actual administración han registrado 30 mil 574 armas (15 mil 816 cortas y 14 mil 758 largas). Ese es el número de la escalada armamentista en el sector privado, que no toma en cuenta al mayoritario mercado negro.
Jorge Manrique, rector del Colegio Jurista, con sede en Cuernavaca, ha alertado sobre el peligro de que se les permita a esas empresas el manejo de potentes armas de fuego, ya que –aseguró en un boletín de prensa titulado Asesinos con licencia– “97% de su personal proviene de policías dados de baja en sus corporaciones por malas prácticas, pero también de elementos del Ejército desechados e incluso delincuentes comunes”.
Garibo señala que no es tanto el porcentaje de malos elementos en las compañías privadas, aunque reconoce que algunas ya se han visto infiltradas por el narcotráfico. Y refiere un caso:
“Guardias de la empresa Eulen, contratados para vigilar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, han estado implicados en el traslado de cocaína a España; 111 guardias de esa compañía fueron despedidos del aeropuerto por malas prácticas.”
En efecto, desde 2010 se descubrió que guardias de Eulen Seguridad Privada –que trabajan en la revisión de equipaje– han estado involucrados en traslados de cientos de kilos de cocaína del aeropuerto capitalino al de Barajas, en Madrid. Algunos guardias fueron arrestados. Todavía este mes la PGR acaba de abrirle una nueva investigación a Eulen.
Comenta Garibo: “No puede negarse que las empresas de seguridad privada se han visto infiltradas, sobre todo las que están asociadas al Conesprysir. Pero aun así hay mucha mayor infiltración del narcotráfico en los cuerpos policiacos del Estado”.
Uno de los grandes retos que tiene la Conesprysir –añade– es precisamente profesionalizar a los guardias y escoltas de sus empresas afiliadas, ya que muchos siguen siendo improvisados y pueden ser cooptados fácilmente por el crimen organizado.
Aguilera Gómez lo secunda: “Es común que de pronto le digan a una persona: ‘Vente a trabajar como escolta porque eres buen peleador callejero allá en tu barrio; necesitamos gente bravucona’. No debe ser así. Esas prácticas han hecho que la sociedad tenga una mala imagen de los escoltas. Por eso les llama ‘gorilas’ o ‘guarros’. Y además la función de un escolta debe ser sobre todo preventiva”.
Añade que un escolta profesional debe tener estudios de preparatoria y aprobar después un examen psicométrico; no tener antecedentes penales; adiestrarse en tiro, defensa personal y primeros auxilios; saber utilizar el automóvil como arma defensiva y estar en buena condición física además de no tener tatuajes, entre otros requisitos.
Pero apunta que “por desgracia” en México todavía “estamos en pañales”respecto a otros países, en cuyas universidades ya hay estudios sobre seguridad privada a las que asisten los escoltas.
Adelanta: “Para profesionalizar a nuestro personal ya empezamos a organizar cursos. En los próximos días realizaremos uno sobre protección a funcionarios públicos en áreas riesgosas, que impartirán capacitadores de Francia y España. Después organizaremos posgrados en seguridad privada en las universidades españolas de Cádiz y Gran Canaria”.
La seguridad privada –comentan entusiastas los dos entrevistados– está ganando cada vez mayor terreno a escala mundial. Es un buen campo de inversión. Y dan algunas cifras comparativas en países latinoamericanos: En Guatemala ya hay 120 mil guardias privados y sólo 19 mil 500 policías; Honduras cuenta con 60 mil guardias y 12 mil 300 policías.
A escala internacional –dicen– el récord lo tiene la India con 7 millones de guardias de seguridad privada y 1 millón 406 mil policías. Le sigue China, con 5 millones de guardias y 2 millones 690 mil policías. En tercer lugar queda Estados Unidos, con 2 millones de guardias y 883 mil policías.
“Y en México, gracias al actual combate contra el narco, los guardias privados también ya superaron en número a las fuerzas del Estado… la privatización de la seguridad es la nueva tendencia en el país”, recalcan.

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