Comparecencias de Magistrados aspirantes al cargo de Ministro

Los magistrados Pablo Vicente Monroy Gómez, Alberto Gelacio Pérez Dayán y Andrea Zambrana Castañeda, propuestos para sustituir al ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comparecieron este lunes 29 de octubre ante senadores de la Comisión de Justicia, que preside el Senador Roberto Gil Zuarth (PAN).
Esta terna –la primera en comparecer-, es para relevar al ministro don Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

Las comparecencias se están haciendo de manera pública y se transmite por el canal de Congreso.

1.       En su exposición inicial, el magistrado Monroy Gómez se dijo listo para desempeñarse como ministro de la SCJN y de ser electo una de las “convicciones” que normarían su actuación sería el papel que desempeña el Poder Judicial dentro del Estado de derecho.

Percibo a la Corte -subrayó-, como un árbitro sujeto a reglas y límites, sin invadir esferas de competencia, que dirime conflictos derivados del creciente pluralismo político y social en los distintos órdenes de gobiernos y que su finalidad es contribuir  la gobernabilidad democrática.

Fue cuestionado por los senadores Omar Fayad Meneses (PRI); Raúl Gracia Guzmán (PAN) Manuel Camacho Solís (PRD); Ninfa Salinas Sada (PVEM) y David Monreal Ávila, del PT; así como por Javier Lozano (PAN), externo a la comisión de justicia.

Los legisladores preguntaron al magistrado si se pueden fincar responsabilidades por la violación sistemática de derechos humanos en la llamada “guerra contra las drogas”, cuáles son los retos para garantizar la independencia del Poder Judicial, la extinción de dominio y la creación de un tribunal constitucional.  De igual manera, fue interrogado -como el juez que sentenció hace 20 años a Joaquín “El Chapo” Guzmán- si procedería con la misma “firmeza” si éste fuera de nuevo juzgado en el futuro.

Javier Lozano Alarcón le preguntó sus opiniones sobre si deben desaparecer las JCA; la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LFC); la relación con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), y el tema de interconexión de redes críticas como comunicaciones, en materia de transportes, o energética.

En sus respuestas, el juzgador explicó que en el caso de las violaciones a derechos humanos en el combate al narcotráfico se tendría que precisar la competencia de la Suprema Corte, pues como arbitro está sujeta a reglas y limites, por lo que no puede extraer de normas jurídicas, “juicios de orden político o social”. Consideró que la SCJN no debe llevar su papel de arbitro “al extremo o al activismo judicial”, además de que no es momento de crear un tribunal constitucional.

Por otro lado, dejó en claro que volvería proceder de la misma manera en contra de “El Chapo” Guzmán, ya que un juez está obligado a ser congruente y consistente en la aplicación de la ley a pesar de las “consecuencias que esto traiga”.

En cuanto a las preguntas del Senador Lozano, Monroy Gómez afirmó que el tripartismo, que forman las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en donde están representados los trabajadores, las empresas y la autoridad laboral deben desaparecer definitivamente. “El tripartismo en la actualidad como un resabio que fue muy útil en su momento, no olvidemos que las Juntas nacieron en Yucatán con Salvador Alvarado y obedecían a términos muy prácticos, tenían como objetivo crear tribunales de conciencia, integrados de manera tripartita para resolver conflictos de la relación de trabajo”, dijo.

Las JCA ya no funcionan, se podría hacer una encuesta y diagnóstico a niveles federal y local donde los representantes de los trabajadores y patrones ya no concurren, ya no se discute el asunto y hay una situación delicada, en México se están perdiendo oportunidades de inversión por esta razón.

Sobre el tema de la extinción de Luz y Fuerza del Centro y el SME, el magistrado no quiso pronunciarse e incluso dijo que se tomara su situación como evasión del tema, ya que para hablar específicamente de ese caso habría que tener mucho cuidado al analizarlo. En este tema, comentó, “tendría que cuidar mucho la parte de los derechos legítimos de los trabajadores, la constitucionalidad de sus derechos laborales, con la decisión que se tomó de cerrar esa paraestatal”.

Respecto a las interconexiones, opinó que es un tema que se rige por el principio de especialización, y que han surgido muchos órganos públicos autónomos, por lo que consideró que representa otro de los límites para la SCJN

2.       En tanto, el Magistrado Alberto Pérez Dayán resaltó que los integrantes de la SCJN deben ser conocedores del marco jurídico y de la justicia, conscientes siempre de la pluralidad política, con visión de progreso, que les lleve a entender la evolución democrática de la sociedad y su participación activa. Además, agregó, tienen que entender siempre los derechos de las minorías y de sus necesidades diferentes, profundamente respetuosos de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, pero primordialmente honestos y valientes.

Miguel Romo Medina y Ricardo Barroso Agramont, del PRI; Carlos Mendoza Davis, del PAN, y Dolores Padierna Luna, del PRD, lo cuestionaron sobre la resolución de la SCJN respecto al fuero militar y el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Del mismo modo, solicitaron su opinión sobre la despenalización del aborto, la adopción de parejas del mismo sexo y los alcances de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país.

En sus respuestas, Pérez Dayán dijo que la decisión de la SCJN de declarar inconstitucional el artículo 57 del Código de Justicia Militar “abona a la seguridad jurídica, a la defensa de la víctimas y al conocimiento del juicio”.  Sobre el caso del SME expresó que el recurso que se promovió y que debe resolver la Corte “tendrá que honrar los principios de la carrera judicial: objetividad, exhaustividad y la imparcialidad para alcanzar el grado de justicia que todos merecemos”.

De la despenalización del aborto, manifestó que “si esto es hoy necesario tratemos de que sea el último reducto al que tenga que llegar alguien que se vea en una circunstancia de esta naturaleza”. Seguramente, enfatizó, la propia sociedad construirá medios que permitan “no sólo pensar en esa alternativa sino cualquier otra que favorezca la vida”.

Agregó que la legislación también permite la adopción de parejas del mismo sexo y si es “debidamente vigilada y controlada creo que alcanzará sus fines”, pero “también entendamos que fortalecer la familia nos llevará finalmente a tener y crecer mejor a los hijos”.

De las sentencias de la CIDH que obligan al Estado a reabrir los casos en los que se ha incurrido en violaciones a los derechos humanos, aseguró que si se ha convenido, a través de un tratado, una obligación, es necesario honrarla y “cumplir la letra de su palabra”.

Destacó que la resolución del máximo tribunal sobre el fuero militar en el caso Radilla fue de carácter histórico y reconoció que eso da identidad a los militares. “Esta resolución de la Suprema Corte se ubica en aquellas que son de carácter histórico y hoy nos define precisamente, en tanto nosotros como país lo reconocimos al adherirnos a una convención como ella.

Éste, añadió, debe ser total y absolutamente restrictivo, única y exclusivamente para el tema de la milicia, pero siempre reconociendo que los militares deben tener ese fuero en tanto éste es el que les da identidad”.

Pérez Dayan explicó que eligió este tema para presentarlo como parte de los asuntos resueltos, porque precisamente éste viene inmerso en la condena de la Corte Interamericana respecto a México en el caso Radilla.

De acuerdo al fallo de la Corte Interamericana, se reconoce el fuero militar y se pide “que sea restrictivo, y es precisamente la tendencia de la SCJN, de ahí la declaratoria de inconstitucionalidad del Artículo 57 del Código de Justicia Militar”, refirió.

Respecto al sistema de justicia penal, aseveró que los juicios orales se convierten en este sistema adversarial que crea nuevos paradigmas. “La SCJN debe estar muy pendiente de la reedición de los principios que rigieron el enjuiciamiento penal escrito para adaptarlos, transformarlo a nuestra nueva realidad de enjuiciamiento y que éstos no terminen por ser valladares hacia los objetivos que persigue un enjuiciamiento oral”, añadió.

También refirió que el arraigo y los testigos protegidos no deben verse como un fin sino como un medio y bien empleados deben tratar el resultado pretendido, destacó.

3.       En su turno, Andrea Zambrana Castañeda subrayó que uno de los principales objetivos del Poder Judicial, en esta “época de incertidumbre y seguridad”, es recuperar la confianza de los ciudadanos en sus jueces para que se sientan protegidos y escuchados. Asimismo, afirmó que cuenta con todos los elementos y herramientas técnico-jurídicas para ser parte de la SCJN, lo que le permitiría “contribuir a la concepción del sistema de justicia que todos queremos para este país”.

Fue cuestionada por los legisladores Fayad Meneses (PRI); Gracia Guzmán (PAN); Manuel Camacho Solís (PRD), y Monreal Ávila, del PT, sobre temas relacionados con la impunidad, autonomía al Ministerio Público, derechos humanos, la figura del arraigo, testigos protegidos, aborto y el uso del polígrafo en el control de confianza.  

Al respeto, Zambrana Castañeda se pronunció por una reforma penal que dé independencia al Ministerio Público, ya que esa medida garantizaría una mayor profesionalización de sus elementos, evitaría la impunidad y coadyuvaría a mejorar los controles de confianza: la labor del juez debe ser transparente, subrayó.

En cuanto a la figura del arraigo, dijo que se tiene que realizar un debate para saber si debe “permanecer o acotarse” porque hay tratados internacionales que lo consideran violatorio de derechos humanos, mientras que el sistema de testigos protegidos tendrá que ser valorado por el MP, pues “tiene ventajas y desventajas”. Mencionó que ésta debe ser revisada, ya que algunos organismos internacionales aseguran que es anticonstitucional.

Sobre el tema del aborto, se inclinó por cuidar tanto el derecho a la vida como las garantías de las mujeres, porque son dos bienes tutelados en la Constitución.

Con relación a la reforma penal también se deberá avanzar e impulsar todo el papel que juega el Poder Judicial.

Con la comparecencia de la magistrada Zambrana Castañeda concluyó la presentación de la primera terna de dos que propuso el Ejecutivo federal para sustituir en la SCJN al ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.