A las 0:30 horas del sábado 1 de marzo de 2008, ocho aviones –cinco Supertucano, y tres A37- y cuatro helicópteros Blackhawk con tropa de élite y por lo menos 44 militares colombianos penetraron en territorio ecuatoriano justamente en las coordenadas N 00º23'10.66'', W076º20'59.88'' para realizar un operativo –denominado Fénix- en contra de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
¡Fue el golpe más severo dado al grupo rebelde hasta entonces! No sólo porque en la acción murieron 26 personas, entre ellas Luis Edgar Decia Silva, -el denominado comandante Raúl Reyes y uno de los siete miembros del Secretariado de las FARC, sino porque en el campamento fueron decomisadas tres computadoras y dos discos duros. Ahí encontraron información sensible; una de ellos llevó a la cárcel al Sr. Vïktor Vassilyevich Bout, el denominado "mercader de la muerte", el tráficante número uno de armas en el mundo. Su detención la hizo la policía tailanesa en Bangkok, a petición de la DEA.
El operativo fue, nos dijeron, “quirúrgico” y no les importó penetrar territorio ecuatoriano. Los rebeldes fueron abatidos a tan sólo 1,800 metros de la frontera con Ecuador.
La acción se dio -dijo entonces el gobierno colombiano-, gracias a una operación de inteligencia que contó con la participación de la Policía, el Ejército y de la Fuerza Aérea colombiana; y se habría concretado gracias a la intercepción de una comunicación telefónica, al parecer un teléfono satelital del jefe guerrillero, en las últimas horas y que permitió su localización exacta.
Varios comentamos entonces, que era evidente que aquel operativo Colombia usó tecnología norteamericana del Comando Sur; y es que los Supertucano traían bombas GBU 12 Paveway II de 500 libras, guiadas por láser, GPS o tecnología intersensorial. Los cráteres de 2.40 metros de diámetro por 1.80 metros de profundidad lo demostraron contundentemente.
El botín fueron, a saber: tres computadores portátiles, tres unidades de memoria USB y dos discos externos. Información clave de las FARC.
Y casi seis años después y gracias a The Washington Post sabemos que aquel operativo no fue operación de inteligencia colombiana como lo dijo una y otra vez el Presidente Álvaro Uribe Vélez, sino que fue dirigido desde Washington DC y formó parte de un programa secreto, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
El Post cita el caso ocurrido aquella madrugada del 1 de marzo de 2008 en el que la Fuerza Aérea colombiana, con la ayuda de EU, lanzó bombas inteligentes a través de la frontera con Ecuador para matar al dirigente de las FARC, Raúl Reyes, entonces “número dos” de la guerrilla. El rotativo asegura que este programa secreto en Colombia es una de las mayores acciones de la inteligencia encubierta desarrollados por Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Y todavía más la CIA, según el Post, no es la única agencia estadounidense involucrada en el plan. También se encuentra la temible Agencia Nacional de Seguridad (NSA por sus siglas en inglés), envuelta este año en un enorme escándalo.
¡Fue el golpe más severo dado al grupo rebelde hasta entonces! No sólo porque en la acción murieron 26 personas, entre ellas Luis Edgar Decia Silva, -el denominado comandante Raúl Reyes y uno de los siete miembros del Secretariado de las FARC, sino porque en el campamento fueron decomisadas tres computadoras y dos discos duros. Ahí encontraron información sensible; una de ellos llevó a la cárcel al Sr. Vïktor Vassilyevich Bout, el denominado "mercader de la muerte", el tráficante número uno de armas en el mundo. Su detención la hizo la policía tailanesa en Bangkok, a petición de la DEA.
El operativo fue, nos dijeron, “quirúrgico” y no les importó penetrar territorio ecuatoriano. Los rebeldes fueron abatidos a tan sólo 1,800 metros de la frontera con Ecuador.
La acción se dio -dijo entonces el gobierno colombiano-, gracias a una operación de inteligencia que contó con la participación de la Policía, el Ejército y de la Fuerza Aérea colombiana; y se habría concretado gracias a la intercepción de una comunicación telefónica, al parecer un teléfono satelital del jefe guerrillero, en las últimas horas y que permitió su localización exacta.
Varios comentamos entonces, que era evidente que aquel operativo Colombia usó tecnología norteamericana del Comando Sur; y es que los Supertucano traían bombas GBU 12 Paveway II de 500 libras, guiadas por láser, GPS o tecnología intersensorial. Los cráteres de 2.40 metros de diámetro por 1.80 metros de profundidad lo demostraron contundentemente.
El botín fueron, a saber: tres computadores portátiles, tres unidades de memoria USB y dos discos externos. Información clave de las FARC.
Y casi seis años después y gracias a The Washington Post sabemos que aquel operativo no fue operación de inteligencia colombiana como lo dijo una y otra vez el Presidente Álvaro Uribe Vélez, sino que fue dirigido desde Washington DC y formó parte de un programa secreto, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Así lo suponíamos entonces; y lo comentamos en varios espacios impresos y electrónicos
La reportera Dana Priest en en la edición del domingo 22 de diciembre de 2013 del Post detalla que el plan contra las FARC tenía muchos años de operar; que fue autorizado en el año 2000 por el entonces presidente George W. Bush y hasta donde sabemos, sigue vigente con el presidente Barack Obama. El programa consistía –o consiste- en “un seguimiento en tiempo real” de los dirigentes rebeldes y “a partir del año 2006 se convirtió en una herramienta particularmente eficaz para matarlos”.El Post cita el caso ocurrido aquella madrugada del 1 de marzo de 2008 en el que la Fuerza Aérea colombiana, con la ayuda de EU, lanzó bombas inteligentes a través de la frontera con Ecuador para matar al dirigente de las FARC, Raúl Reyes, entonces “número dos” de la guerrilla. El rotativo asegura que este programa secreto en Colombia es una de las mayores acciones de la inteligencia encubierta desarrollados por Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Y todavía más la CIA, según el Post, no es la única agencia estadounidense involucrada en el plan. También se encuentra la temible Agencia Nacional de Seguridad (NSA por sus siglas en inglés), envuelta este año en un enorme escándalo.
Publicado en http://laotraopinion.com.mx/tmp/notas/la-operacion-en-contra-de-las-farc-fue-de-la-cia-/972
Una línea del tiempo tomado de mi texto Lucía Morett Alvarez / Fred Alvarez, publicado en Código Topo, de agosto de 2009.
La línea del tiempo…
Una línea del tiempo tomado de mi texto Lucía Morett Alvarez / Fred Alvarez, publicado en Código Topo, de agosto de 2009.
La línea del tiempo…
Y
que quien juzgue.
1.-
La madrugada del 1 de marzo de 2008 ocurrió una incursión militar colombiana
contra un campamento de la guerrilla de las FARC.
2.-5
de marzo de 2008. La diplomacia se impone en la OEA, sin embargo, en el acuerdo
no se fija una condena sobre el suceso que ha desatado la tensión entre
Colombia y Ecuador. EL CONSEJO
PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA) RESUELVE:
“Reafirmar el principio de que el territorio
de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de
otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente,
cualquiera fuera el motivo, aún de manera temporal.“
3.-
El 5 de marzo de 2008: La UNAM emite el boletín 142 sobre los hechos ocurridos:
Con
relación a los acontecimientos en territorio ecuatoriano frontera con Colombia,
la UNAM informa:
i).-
Su preocupación por la salud y la integridad de Lucía Andrea Morett Álvarez,
estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, quien concluyó
satisfactoriamente su licenciatura en el semestre 2005-2, y que aún tiene
pendiente su titulación;
ii)
- Su consternación frente a la posibilidad de que algún otro miembro de la
comunidad haya resultado afectado fatalmente en los sucesos del pasado 1º de
marzo;
iii).-
Que una de sus grandes fortalezas radica en la pluralidad y en la concurrencia
de todas las posiciones políticas e ideológicas que se manifiestan en el
ejercicio legítimo de la libertad de pensamiento y expresión, con el único
límite que impone el respeto a los derechos de los demás;
iv).-
Que la violencia, en ninguna de sus manifestaciones, es ni será la fórmula para
resolver diferencias;
v).-
Su rechazo al uso de estereotipos que deforman la imagen de los universitarios
y de nuestra institución. Estos señalamientos no son nuevos. Preocupa que, una
vez más, se intente como hace más de cuatro años, involucrar a esta casa de
estudios con grupos ajenos al quehacer universitario;
vi).-
Que ha realizado gestiones ante las autoridades gubernamentales
correspondientes para que se garantice cabalmente el respeto a los derechos de
la estudiante y su salud; y
vii).-
Que permanece atenta a estos hechos y que, en todo momento, hará lo que esté a
su alcance para desarrollar acciones a favor de los miembros de su comunidad.
4.-
Viernes 7 de marzo de 2008.-Una nota del periódico El Nuevo Herald, mencionando
fuentes del gobierno mexicano, informa
del fallecimiento de los estudiantes mexicanos y de la situación de Lucía
Morett.
Ese día, el Presidente Calderón
pidió en la XX Cumbre del Grupo de Río, terminar con los adjetivos y las
descalificaciones y exigió información relacionada con los presuntos
guerrilleros muertos. Calderón dijo:
“Este grave incidente, donde por cierto ha
quedado herida una persona de nacionalidad mexicana (Lucía Morett) y
probablemente ha perdido la vida otra u otras más, lo cual, por su puesto
deploramos y exigimos la investigación correspondiente en términos de los
órganos judiciales, no sólo de los hechos, sino también de las razones por las
cuales se da la presencia misma de nacionales mexicanos en un campamento que se
ha dicho aquí, es irregular, armado, etcétera y que por supuesto también ese
hecho lo deploramos”.
Empero, Ecuador ya sabía de los mexicanos muertos debido
a se había iniciado una indagación previa em contra de las tres sobrevivientes
heridas de esquirlas quienes fueron llevadas al Hospital Militar de Quito para
que recibirán atención médica.
5.-
Viernes 14 de Marzo de 2008: Parte del comunicado de la Cancillería mexicana #
059, a saber:
“La
Secretaría de Relaciones Exteriores ha mantenido un estrecho contacto con las
autoridades del Ecuador y de Colombia, y ha prestado todo el apoyo consular a
Lucía Morett y a los familiares de los connacionales involucrados. La
Cancillería continuará ofreciendo el apoyo pertinente y facilitará, de ser el
caso, la repatriación de los cuerpos de los nacionales que hubieren perecido.
“Es
preocupación del gobierno federal que ciudadanos mexicanos estén relacionados
con una organización como las FARC, conocida por su ilegalidad y naturaleza
violenta; por ser autora de múltiples secuestros, actos de sabotaje,
extorsiones y actividades de narcotráfico. Al respecto, cabe recordar que tanto
la Organización de Estados Americanos (OEA), con el consenso de todos sus
miembros, como el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), han condenado en varias ocasiones actos cometidos por las FARC y
los han calificado como acciones terroristas.
“Para
precisar tanto lo ocurrido el 1 de marzo como el tipo de vínculos entre los
mexicanos y las FARC, el Gobierno mexicano le ha solicitado al Gobierno de
Colombia que proporcione a nuestro país cualquier información derivada de las
investigaciones que en relación con estos hechos se llevan a cabo. Además,
mantiene contacto con las autoridades del Gobierno del Ecuador, a quienes ha
solicitado que se lleven a cabo las investigaciones del caso para esclarecer
detalladamente los hechos y determinar la situación jurídica de los nacionales
involucrados.
Por
su parte, el Gobierno de Colombia ha solicitado a México, con base en los
instrumentos bilaterales y multilaterales pertinentes, que se investiguen los
presuntos vínculos de nacionales mexicanos que se encontraban en el campamento
de las FARC.
“Por otro lado, la Procuraduría General de la República inició el
pasado 4 de marzo averiguación previa en relación con estos hechos, con base en
el artículo 4 del Código Penal Federal relativo a delitos cometidos por o en
contra de ciudadanos mexicanos en el extranjero, así como por delincuencia
organizada, y determinará en su oportunidad y en su caso si hay hechos
constitutivos de delito.”
6.-
20 de marzo de 2008.- Los familiares de los mexicanos fallecidos denunciaron en
conferencia de prensa, luego de llegar a la ciudad de México con las cenizas de
los jóvenes, que el gobierno de México no había querido tener ningún compromiso
de apoyo hacia ellos. En el encuentro con los medios estuvieron presentes la
madre de Verónica Velásquez, Ana María Ramírez, los padres de Juan González del
Castillo, Rita y Alvaro, así como el padre de Fernando Franco, Marcelo Franco.
Confiaron en que el gobierno del Presidente Calderón se pronuncie de manera
oficial condenando el asesinato de los jóvenes.
7.-
21 de marzo de 2008:- Una semana después, el
gobierno mexicano emitió a través de la Secretaría de Relaciones
Exteriores el comunicado 064: Recuento de las acciones del Gobierno de México y
de su posición sobre los hechos ocurridos el primero de marzo de 2008:
“(…) desde que se obtuvo información de que
una ciudadana mexicana había resultado herida en el ataque, la Embajada de
México en Ecuador realizó múltiples gestiones para asegurar que la C. Lucía
Andrea Morett tuviera en todo momento la atención médica requerida, al igual
que el apoyo para que estableciera contacto con sus familiares. La primera
llamada telefónica de la connacional a su familia fue realizada desde un
teléfono celular de la propia Embajada.
En
México, la Cancillería estableció también contacto de inmediato con sus padres
para proporcionarles la información con la que se contaba sobre el estado de su
hija, buscando facilitar su traslado al Ecuador, así como los contactos
correspondientes que solicitaron con las autoridades ecuatorianas. Esta labor
eficaz fue reconocida por los padres de la connacional herida en varias
entrevistas difundidas en esas fechas por los medios de comunicación.
Al
mismo tiempo y ante la gravedad del incidente, el Gobierno de México solicitó
tanto al Gobierno de Ecuador como al de Colombia que se realizaran las
investigaciones del caso para contar con todos los elementos de información
sobre estos acontecimientos y sobre la situación de nuestra connacional.
Posteriormente
al conocerse que otros cuatro mexicanos habrían estado en el lugar de los
hechos y pudieran haber fallecido, el Gobierno de México reiteró la solicitud
de información puntual sobre la presencia de ciudadanos mexicanos en el
campamento de las FARC.
En
las difíciles circunstancias por las que están atravesando todos los familiares
de los connacionales que lamentablemente fallecieron (Juan González del
Castillo, Soren Ulises Avilés Angeles, Fernando Franco Delgado y Verónica
Natalia Velásquez Ramírez), éstos han recibido apoyo tanto de la Cancillería en
México como de la Embajada de México en Ecuador para su traslado, su estancia y
gestiones con las autoridades ecuatorianas, particularmente las relativas a la
identificación de los connacionales. También han recibido ayuda de diversas maneras
para la repatriación de los restos de sus seres queridos.
De
esta manera, el Gobierno de México ha cumplido plenamente con su
responsabilidad de proporcionar la asistencia Consular a los familiares de los
mexicanos involucrados, y a la ciudadana Lucía Andrea Morett.
8.-
El 24 de marzo, José Antonio Ortega,
presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal
en México, y después el 7 de abril de 2008 por parte de Guillermo Velasco
Arzac, se presentaron, por separado, denuncias (PGR/SIEDO/UEITA/028/2008) por
la presunta participación de ciudadanos mexicanos en las FARC (un año después,
el 18 de marzo de 2009, acudieron nuevamente a la PGR a presentar la segunda
ampliación de la denuncia; la primera se añadió al expediente el 13 de mayo de
2008).
9.-
26 de marzo de 2008. Muere aparentemente de un infarto Manuel Marulanda, alias
Tirofijo, líder fundador de las FARC; la
información fue dada a conocer semanas después.
Reparación
del daño:
10.-
26 de marzo de 2008.- Posicionamieno del Congreso. En la Cámara de Diputados, a
propuesta de la diputada Maricela Contreras Julián (PRD), se pidió un minuto de
silencio por la muerte de los cuatro connacionales; en tanto en el Senado de la
Republica se aprobó el siguiente Punto de Acuerdo:
Primero.-
El Senado de la República lamenta el fallecimiento de jóvenes mexicanos en el
campamento de las FARC, en Ecuador;
Segundo.-
El Senado exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de solicitar
formalmente al gobierno colombiano, en su caso, promover la reparación del daño
con la firme convicción de que no volverá a ocurrir un evento similar,
procurando resolver esta situación de injusticia condenando enérgicamente el
ataque militar a civiles desarmados;
Tercero.-
El Senado, emite un enérgico repudio a la violación de los derechos humanos,
por parte de las FARC, específicamente en cuanto a las personas que permanecen
privadas de su libertad, expresando su solidaridad con todas ellas, y haciendo
un llamado para que sea liberada la señora Ingrid Betancourt Pulecio, en virtud
de su delicado estado de salud —y agregaríamos nosotros— y de todos los que
están secuestrados, privados injustamente de su libertad.
11.-
26 de marzo de 2008.- En atención a la petición del Senado y a la presión de
los familiares y la opinión pública, el gobierno del Presidente Calderón
solicitó formalmente al gobierno colombiano promover la reparación del daño por
el deceso de cuatro connacionales. La respuesta fue inmediata. El canciller
colombiano, Fernando Araujo, aseguró que el gobierno está dispuesto a reconocer
el pago de los daños causados pero sólo en caso de que haya sentencia judicial
o "proceso de conciliación administrativa".
La reclamación fue
presentada al embajador de Colombia en México, Luis Camilo Osorio, a las diez
de la noche del miércoles 26 de marzo, el mismo día en que el Senado solicitaba
el exhorto.
12.-
26 de marzo de 2008: Parte de comunicado No. 071, 26/marzo/2008, de la
Cancillería mexicana, que dice:
“Funcionarios
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezados por el
Subsecretario para América Latina y el Caribe, Gerónimo Gutiérrez Fernández, se
reunieron hoy en la sede de la Cancillería con familiares de los cuatro
ciudadanos mexicanos que perdieron la vida, así como con los de la nacional
mexicana herida el pasado 1 de marzo en territorio de Ecuador. Uno de los
objetivos principales del encuentro fue manifestar condolencias del gobierno
federal con motivo del sensible deceso de los familiares respectivos, y hacer
de su conocimiento que, como arte de las gestiones que ha venido realizando
desde el momento que tuvo conocimiento de estos lamentables acontecimientos, el
Gobierno de México ha solicitado al gobierno colombiano el otorgamiento de una
compensación en favor de la nacional mexicana que resultó herida y de las
familias de los cuatro mexicanos que perdieron la vida. …”
13.-
Viernes 28 de marzo de 2008. La mañana de ese viernes, el canciller Fernando
Araújo declaró que su Gobierno podía indemnizar a las familias de los mexicanos
que murieron en el campamento. Dijo textual: “La Cancillería de México sabe que
nosotros estamos dispuestos a reconocer el pago de indemnización cuando haya
una decisión judicial, o se llegue a una conciliación administrativa.”
Horas
más tarde, el mismo presidente Álvaro Uribe los desmintió. En tono enérgico
dijo que no había razón para que el país debiera pagar indemnizaciones por
"acciones legítimas" de sus autoridades contra grupos terroristas. La
advertencia apareció en un escueto
comunicado oficial divulgado luego de las declaraciones de su canciller.
14.-
El 30 de Marzo de 2008. Empero, un
comunicado (078) de la cancillería mexicana insistía en la reparación del daño.
Como fue informado oportunamente, el Gobierno de México hubo solicitado al de
Colombia el otorgamiento de una compensación a favor de Lucía Andrea Morett
Álvarez y de los deudos como una forma de reparar el daño.
15.-
8 de abril de 2008.- A decir del Fiscal ecuatoriano Washington Pesántez, Morett
pidió acogerse al programa de protección de víctimas. En declaraciones a la
radio local precisó que “ella había pedido ingresar al programa de protección a
víctimas y testigos que tiene la Fiscalía General del Estado, pidiendo que las
personas encargadas hicieran el estudio técnico correspondiente y le dieran al
fiscal un informe para que, de ameritar, ingrese al programa de testigos
protegidos. Precisó que la mexicana no tiene cargo alguno por parte de la
Fiscalía y que no tenía orden de detención, de manera que ella tranquilamente
podía salir del país. Punto.
16.-
El 15 de abril de 2008: Se reunieron los presidentes de México, Felipe Calderón
Hinojosa, y su homólogo de Colombia, Álvaro Uribe Vélez en Cancún, Quintana
Roo, en el marco del III Foro para América Latina y el Caribe del Foro
Económico Mundial. Ese día la
presidencia de México emitió el siguiente comunicado CGCS-077:
“Ambos Mandatarios conversaron sobre los hechos
ocurridos el pasado 1 de marzo en territorio ecuatoriano, así como sobre la
situación que prevalece entre los gobiernos de Colombia y Ecuador. El
Presidente Calderón señaló que este conflicto ha resultado particularmente
difícil para México, toda vez que en los hechos del 1 de marzo fallecieron
cuatro mexicanos y una más resultó herida.
Señaló
que, más allá de las circunstancias personales de los nacionales mexicanos
involucrados, les amparan derechos conforme al marco legal mexicano e
internacional que deben ser respetados. En este sentido, reiteró la
determinación de su Gobierno de respaldar, en lo conducente, a los familiares
de las víctimas en sus exigencias de justicia, para lo cual resulta
indispensable el pleno y oportuno esclarecimiento de las circunstancias en que
murieron y fueron heridos los nacionales mexicanos.
17.-
El 16 de abril de 2008. Un día después del encuentro de calderón y de Uribe
Vélez, Lucía Morett abandonó Ecuador a abordo un vuelo comercial de la compañía
COPA con destino a Managua. Morett pidió -y le fue concedido- asilo político
al gobierno de Nicaragua. Así también lo
solicitaron las colombianas Martha Pérez Gutiérrez y Doris Torres. Las tres
abandonaron Ecuador a pesar de estar á abierta una indagación en su contra.
18.-
16 de abri de 2008 .Las reacciones no se hicieron esperar. El Presidente Álvaro
Uribe subió de tono en sus declaraciones y en una de ellas hecha hacia los
medios en Cancún, afirmó categóricamente que los cuatro estudiantes mexicanos
muertos en el ataque a un campamento de las FARC en Ecuador eran cómplices de
las FARC y, por tanto, se les debía considerar delincuentes. En entrevista con Primero Noticias de la
cadena Televisa, Uribe dijo que Lucía Morett debía ser juzgada para que se
aclare lo que hacía en el campamento de las FARC. Subrayó que ninguno de ellos
-los mexicanos- estaba en el lugar por acciones humanitarias.
Esas
declaraciones del Presidente Uribe generaron
una enérgica reacción por parte del rector de la UNAM, José Narro
Robles, el cual calificó de "imprudentes e irresponsables, sin fundamento,
llenas de rencor y superficiales" las declaraciones del presidente
colombiano. La UNAM emitió incluso un Boletín, UNAM-DGCS-244 (18:45 horas)
donde subrayó: “La Universidad Nacional Autónoma de México rechaza las
afirmaciones superficiales del mandatario, que atentan contra la dignidad de
los mexicanos, lastiman a la Universidad Nacional y a la sociedad en su
conjunto, y lamenta la torpeza en la actuación del Ejecutivo colombiano.”
19.-
15 de mayo de 2008:- Tal y como estaba previsto, Ronald Kenneth Noble,
-Secretario General de Interpol- entregó ese día al gobierno colombiano el
dictamen técnico "de informática forense" del equipo computacional
que encontraron tropas colombianas en un campamento de las FARC en territorio
ecuatoriano en los ataques del pasado 1 de marzo. Los datos encontrados
comprometían a los Gobiernos de Venezuela y Ecuador por su apoyo a la guerrilla
de las FARC, según correos electrónicos hallados en esos archivos.
El
informe de 41 páginas fue recibido por los directores de la Policía Nacional de
Colombia, el General Óscar Naranjo, y del Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS, estatal), María del Pilar Hurtado. Asistieron como testigos el
canciller colombiano, Fernando Araújo, y el fiscal general, Mario Iguarán.
Datos
duros:
Fueron
realizados sobre ocho piezas, a saber: Tres computadores portátiles, tres
unidades de memoria USB y dos discos externos.
En
la evaluación participaron 64 funcionarios de Interpol, provenientes de 15
países, que invirtieron 5 mil horas de trabajo desde el 4 de marzo pasado.
Dos
expertos en informática forense fueron quienes tuvieron acceso a los
computadores en Colombia, ninguno de ellos hablaba español, procedían de
Australia y Singapur.
Después
del 1 de marzo se registraron unos 48,000 accesos a los documentos contenidos
en los discos duros.
Había
en el equipo 37,872 documentos de texto, 452 hojas de cálculo, 210,888
imágenes, 10,537 archivos multimedia, que pesaban 610 gigabytes de información;
7,989 direcciones de correo electrónico y 22,481 páginas de internet.
Agregó
Noble que a una persona le tomaría 1,000 años, leyendo 100 páginas por día,
conocer el contenido de las 39,5 millones de páginas de archivos en formato
Word.
Se
hallaron 983 archivos encriptados.
Las
reacciones por las computadoras fueron varias y contundentes sobretodo entre
Colomba y Ecuador.
20.-
22 de septiembre de 2008.- En una reunión de Trabajo de las Comisiones Unidas
de Seguridad Pública, Justicia, Defensa Nacional, y de Marina del Senado de la
República, para el Análisis del II Informe de Gobierno en materia de “Seguridad
Pública”, el Senador Ricardo Monreal
(PRD, y después PT), solicitó al Procurador Medina Mora informase el estado que
guarda el caso de Lucía Andrea Moret.
La
respuesta del Procurador fue en el sentido de que en México hay dos
averiguaciones previas, “una abierta de oficio” en los términos del artículo 4º
de nuestra legislación penal, que se refiere a delitos cometidos por o contra
mexicanos en el extranjero.” Dijo que hasta ese momento, Moret “no tiene carácter de indiciada en esa
averiguación previa; se han prácticamente desahogado todas las asistencias
jurídicas, quedan algunas pendientes todavía con Colombia, 2, y con Ecuador, 1,
si yo no mal recuerdo…”, dijo entonces Medina Mora.
22.-
3 de diciembre de 2008.- Luego de permanecer alrededor de ocho meses en
Nicaragua, Lucía Morett llegaba a México
arropada por legisladores del PRD y el PT y de organizaciones sociales. Comentó
a los medios en la sala del aeropuerto internacional que tenía absoluto derecho
de permanecer en el País: "Gracias por traerme de regreso a esta que es mi
patria y en la cual tengo absoluto derecho de permanecer, de conservar mi vida
y mi libertad, no tengo nada en mi contra, ninguna orden de aprehensión, tengo
los mismos derechos que tiene cualquier ciudadano mexicano y es por eso que
estoy ejerciendo mi total derecho a permanecer en mi patria y a no seguir en un
exilio injusto al que me han obligado gente con ánimos de revictimizar a las
que ya fuimos víctimas", sostuvo.
23.-
El 10 de diciembre de 2008, el Juzgado Tercero de lo Penal de la Provincia de
Sucumbíos, Ecuador, dictó un acto de llamamiento a juicio en contra de Lucía
Morett, Doris Bohórquez y Martha Pérez.
24.-
6 de enero de 2009. El fiscal general ecuatoriano, Washington Pesántez,
solicitó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de su país que iniciase el
trámite para lograr la extradición de Morett, llamada a juicio por atentar
contra la seguridad del Estado.
25.-
28 de enero de 2009.- La comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
aprobó el siguiente punto de Acuerdo:
Primero.
(…) que el titular de la Procuraduría General de la República informe a esta
soberanía sobre el estado procesal que guarda la averiguación previa iniciada
en contra de la ciudadana Lucía Andrea Morett Álvarez, PGR/SIEDO/UITA/028/2008.
Segundo.
(…) que la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores informe a esta
soberanía si existe algún procedimiento de extradición del gobierno de Ecuador
en contra de la ciudadana Lucía Andrea Morett Álvarez.
Tercero.
(…) que la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores remita a esta
soberanía la información que disponga de los mexicanos Verónica Natalia Vázquez
Ramírez, Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado y Soren UIises
Avilés Ángeles mencionados en los sucesos de la República de Ecuador en marzo
de 2008 y, en su caso, las gestiones que haya realizado esa secretaría sobre el
particular.
26.-
El martes 10 de marzo de 2009. La Cámara de Diputados recibe respuesta
institucional a parte del Punto de Acuerdo. Mediante un oficio de la directora
general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
fechado el 25 de febrero del 2009, se informa sobre el proceso la extradición
de Lucía Morett:
1.
Como fue hecho público por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores el 6
de enero, mediante el comunicado de prensa 003, hasta el momento no se ha
recibido solicitud de extradición internacional en contra de Lucía Morett
Álvarez por parte del gobierno de la República del Ecuador.
2.
No obstante y ante las declaraciones del fiscal general ecuatoriano, Washington
Pesántez, respecto a que su país ha iniciado los trámites para solicitar la
extradición de la ciudadana mexicana Lucía Morett, la cancillería instruyó a su
Embajada en Ecuador para que entrara en contacto con las autoridades
competentes, a fin de contar con mayor información sobre el caso.
3.
Como resultado de dichas consultas, nuestro embajador fue informado de que la
Corte Nacional del Ecuador es la única instancia competente para conocer y
decidir respecto a las solicitudes de extradición. Sobre el particular, también
ha sido informado de que el 5 de febrero ingresó a la Corte Nacional la
solicitud del juez de Sucumbíos para la extradición de Lucía Morett.
Jurídicamente, a partir de dicho momento la corte recibe los elementos para
sustanciar la solicitud y, en caso de considerarla procedente, darle trámite.
4.
Es importante destacar que en todas las solicitudes de extradición
internacional que son formuladas a nuestro país, invariablemente y sin
distinción alguna, el gobierno de México siempre ha actuado con apego al marco
jurídico nacional e internacional, con pleno respeto a los derechos humanos y a
las garantías individuales consagradas en nuestra carta magna, cumpliendo con
las formalidades esenciales del procedimiento que se encuentra establecido en
la Ley de Extradición Internacional, fundando y motivando sus actos en
cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y de los tratados internacionales de los que México es parte, por lo
que el caso de Lucía Andrea Morett Álvarez, no sería la excepción.
5.
Por otro lado, la información sobre las acciones llevadas acabo por la
Secretaría de Relaciones Exteriores respecto al caso de los mexicanos
fallecidos en Ecuador y de Lucía Morett, así como del apoyo brindado a esta
última y a los familiares de todos los involucrados, se ha hecho pública
oportunamente a través de 16 comunicados cuyo acceso es libre y permanente a
través de la página de internet de la cancillería, en el apartado de
comunicación social.
6.
Cabe señalar que el gobierno de México ha actuado de manera responsable y
consistente en relación con este lamentable caso. Desde el primer momento en
que se tuvo conocimiento del hecho, el gobierno de México deploró los
acontecimientos y condenó la intervención militar de Colombia en territorio ecuatoriano.
Asimismo, expresó que la gravedad de los mismos exigía una investigación
puntual sobre la pérdida de la vida de los ciudadanos mexicanos, y procedió a
solicitar por vía diplomática toda la información que pudiera surgir de las
investigaciones iniciadas por las autoridades tanto ecuatorianas como
colombianas, mismas que no han concluido.
7.
El gobierno de México tiene un inequívoco compromiso con el respeto a la vida
humana, los derechos humanos y la dignidad de las personas. Asimismo, es parte
fundamental de nuestra política exterior la protección de los derechos de
nuestros connacionales en el exterior y la defensa del derecho internacional.
Precisamente en observancia de las responsabilidades de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, tanto a los familiares de los jóvenes fallecidos como a
Lucía Morett y sus padres, se les brindó todo el apoyos consular, a efecto de
sufragar gastos para trasladarse a Ecuador, gastos médicos, apoyar con los
trámites para la identificación de restos y la repatriación de los mismos,
entre otros.”
27.-
El martes 14 de abril de 2009. El pleno de la Cámara de Diputados dio entrada a
un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a
punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente relativo a la situación
jurídica de Lucía Morett Álvarez. Se
trata de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/028/08. La información la
proporciona mediante el oficio SJAI/297/09, Juan Miguel Alcántara Soria,
subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General
de la República. Está fechado el 19 de marzo de 2009 y dirigido Subsecretario
de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación. Este dice:
28.-
El 4 de mayo de 2009 el presidente de la Corte Nacional de Ecuador, José
Vicente Troya, envió el pedido de extradición a la Cancillería ecuatoriana.
29.-
3 de julio de 2009. Interpol emitió una
orden de captura "circular roja", a pedido de Colombia, después de
que un juzgado penal de Bogotá presentara cargos contra Lucía Morett Alvarez
por “concierto para delinquir con fines
terroristas”, “financiación del terrorismo” y “administración de recursos
relacionados con actividades subversivas”. Dicha orden de captura de inmediato
fue liberada a sus 186 países integrantes, y es con fines de extradición
30.-
5 de julio de 2009 El porcentaje de
votos obtenidos por el PT no alcanzaron para que Morett tuviera un escaño en el
Congreso federal y con ello tuviera inmunidad diplomática tanto por las
investigaciones en Ecuador y en México, sino para la orden de captura
solicitada por Colombia.
31.-
El 8 de julio de 2009- La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó
a Guillermo Velasco de la asociación civil mexicana “Mejor Sociedad Mejor
Gobierno”, que hasta ese momento no había recibido el pedido de extradición de
la implicada.
32.-
8 de junio de 2009:- El juez primero de lo penal de Sucumbíos pide prisión para
Manuel Santos, ex ministro de Defensa de Colombia y antiguo hombre fuerte del
presidente, Álvaro Uribe, acusándolos de
coordinar y ordenar el ataque del 1 de marzo de 2008 a la base de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio de Ecuador.
33.-
El 3 de julio de 2008. El gobierno
ecuatoriano solicita a Interpol emita una notificación “azul” (léase medida de
ubicación en contra de Manuel Santos. Curiosamente el mismo día que se emite la
circular roja en contra de Morett por Colombia)
34.-
10 de julio de 2009. Una semana después, Interpol deniega la solicitud presentada por Ecuador
para la publicación de una notificación azul a Manuel Santos. Un comunicado de
Interpol señala que “La Oficina de
Asuntos Jurídicos de INTERPOL estudió con detenimiento la solicitud remitida el
3 de julio de 2009 por Ecuador para la publicación de una notificación azul con
miras a localizar al ex Ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos
Calderón.” Interpol subraya que en ningún momento Ecuador ha pedido la
publicación de una notificación roja. Dice el comunicado –que generó por
supuesto reacciones del gobierno de Ecuador- que la Oficina de Asuntos
Jurídicos concluyó que se trata de un asunto de carácter predominantemente
militar y político. Concretamente, la solicitud se refiere a actos
presuntamente cometidos por el Sr. Santos Calderón en su calidad de Ministro de
Defensa de Colombia. La Oficina de Asuntos Jurídicos determinó que “él dio las
presuntas órdenes a un grupo militar que realizaba una operación del Ejército
en el territorio de otro país, lo cual pone de relieve el carácter tanto
político como militar del caso”.
“Al
denegar la solicitud presentada por Ecuador para la publicación de una
notificación azul, INTERPOL ha respetado su propia normativa. De conformidad
con esa misma normativa, Ecuador puede recurrir esa decisión ante el Comité
Ejecutivo de INTERPOL y, en última instancia, ante la Asamblea General, en la
que están representados los 187 países miembros de la Organización.”
Ese
mismo día desde Quito, la Fiscalía de Ecuador insistió a Interpol que la
institución difunda una orden "azul" contra Juan Manuel Santos. En un
comunicado, la Fiscalía señaló que aunque el bombardeo "fue perpetrado por
un grupo presuntamente militar y obedeció a una orden política, emanada del
Gobierno colombiano, causó 26 víctimas, alguna de ellas, según informes de
autopsia, muerta a culatazos después de que sobreviviera al ataque". El
asunto podría llevarse ante la Asamblea General.
35.-
Lunes 13 de julio de 2009.- El Gobierno del Ecuador presentó la solicitud
formal de extradición en contra Lucía Morett
con fundamento en el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos
Mexicanos y la República del Ecuador del 24 de abril de 2006, para ser
procesada por su presunta participación en la comisión del delito de atentado
contra la seguridad interna del Estado. La reclamación va acompañada de 5,208
hojas todas ellas copias certificadas y apostilladas tal y como lo exige la
legislación internacional”. Según la normativa, México debía designar a un
delegado para que se encargue de revisar las 18 carpetas del proceso.
El
artículo 147 del Código Penal de ese país sanciona con reclusión de cuatro a
ocho años al que “promoviere, dirigiere o participare en organizaciones de
guerrillas, grupos de combate o grupos o células terroristas (...)”. La pena
será de 12 años si éstas actividades se ejecutan con armas u obedeciendo
instrucciones foráneas.
36.-
14 de julio de 2009.- México recibió la solicitud formal de Ecuador para
extraditar a Lucía Morett Alvarez. La Secretaría de Relaciones Exteriores de
México informó en un comunicado que "las autoridades competentes se
encuentran revisando la documentación enviada por las autoridades ecuatorianas
para su eventual trámite".
37.-
Viernes 17 de julio. Un vídeo difundido por la agencia AP donde aparece Jorge
Briceño, conocido como “El Mono Jojoy”, asegura que las FARC contribuyeron a la
financiación de la campaña presidencial del mandatario ecuatoriano, Rafael
Correa, en 2006. El gobierno ecuatoriano negó de inmediato las acusaciones y
declaró que su país "no tiene ninguna relación" con dicha
organización.
En
la filmación se ve a Briceño, uno de los siete miembros del secretariado de las
FARC, quien menciona que --entre otras informaciones de la guerrilla que han
quedado al descubierto por los operativos de las autoridades-- están los
aportes que los insurgentes hicieron a la campaña de Correa en el 2006. "Los secretos de las FARC se han perdido
totalmente'', aseguró Jojoy, haciendo referencia a la información contenida en
las computadoras. La información es muy dura.
Seguramente
seguiremos con nuevas noticias sobre el caso.
Al
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