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Monte Alejandro Rubido García, y Mariana Benítez Tiburcio,

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la Primera Comisión de la Permanente,
con el comisionado de Seguridad Nacional, Monte Alejandro Rubido García, y la
subprocuradora de la Procuraduría General de la República, Mariana Benítez Tiburcio,
para abordar el tema de seguridad nacional, realizada el martes 20 de enero de 2015
La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muy buenas tardes nuevamente a todas y a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión de trabajo de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del primer receso del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.
 Solicito a la Secretaría haga del conocimiento el resultado del registro de asistencia de ciudadanos legisladores y legisladoras a esta reunión de trabajo.
 El secretario diputado Fernando Rodríguez Doval: Muy buenas tardes. Por instrucciones de la presidencia se informa que hay un registro previo de 13 ciudadanos legisladores y por lo tanto hay quórum.
 La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz (17:02 horas): Se abre la reunión.
 La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Solicito a la Secretaría dar lectura al orden del día.
 El secretario diputado Fernando Rodríguez Doval: Por instrucciones de la diputada presidenta, doy lectura al orden del día.
 1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
 2. Declaración formal de la reunión por la presidenta de la comisión.
 3. Desarrollo de la sesión conforme al formato aprobado.
 4. Clausura.
 Cumplida su instrucción, diputada presidenta.
 La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias. Ya fue aprobado este formato y del conocimiento de los funcionarios hoy presentes el mismo, por lo tanto vamos a dar inicio.
 La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Están con nosotros el licenciado Monte Alejandro Rubido García, comisionado de Seguridad Nacional y la maestra Mariana Benítez Tiburcio, subprocuradora de la Procuraduría General de la República para abordar temas de seguridad nacional y procuración de justicia.
Las violaciones graves a los derechos humanos resultan cada vez más frecuentes en nuestro país. No paramos de asombrarnos desde la masacre de San Fernando, donde nos quedamos estupefactos al saber del homicidio de más de 170 migrantes que fueron encontrados en fosas clandestinas, pasando por la ejecución extrajudicial de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, estado de México, y la desaparición forzada de 43 estudiantes en el municipio de Iguala, Guerrero, en donde queda evidente la crisis de Estado en los tres niveles de gobierno.
Los asesinatos y desapariciones forzadas de periodistas y de defensores de derechos humanos, los feminicidios, el incremento en la frecuencia y saña con que actúa la delincuencia, son producto de al menos la connivencia de las autoridades municipales y estatales con el crimen organizado y la absurda ineficacia de las autoridades federales.
Los 22 mil desaparecidos, además de los 43 normalistas de Ayotzinapa, revela la incapacidad de las autoridades para crear un mecanismo de búsqueda efectivo y demuestra su miopía para ver la realidad, o lo que es peor aún, la corrupción que corroe a todos los ámbitos en materia de seguridad.
La lista de víctimas es larga en Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Puebla, Coahuila, por lo que cabe preguntar una y otra vez: ¿qué están haciendo para detener esta ola de violencia?
En el caso de la Procuraduría General de la República hemos sido testigos de su paulatino desmantelamiento que la ha convertido en el elefante blanco que no garantiza el derecho de acceso a la justicia y que por el contrario mantiene los índices de impunidad e ineficacia que dan por resultado una institución cara e ineficiente.
Esta institución ha perdido su representatividad social y ha abandonado su esencia; no es capaz de garantizar a la ciudadanía el derecho de acceso a la justicia imparcial, pronta y expedita como ha quedado plasmado en la falta de resultados en los lamentables acontecimientos de San Fernando Tlatlaya y Ayotzinapa.
También se ha negado a abrir una línea de investigación para determinar si el Ejército estuvo o no implicado en la desaparición de los 43 normalistas. Por qué negarse a hacerlo, a quién o a qué se protege o se perjudica. Mejor investigar y, si no hubo participación alguna, el Ejército queda libre de sospechas.
Damos un dato. Según la Auditoría Superior de la Federación, en 2007 el costo proporcional por averiguación previa despachada fue de 89 mil 100 pesos. Con la misma metodología del Órgano Superior de Fiscalización, en 2013 el costo proporcional por averiguación previa despachada correspondió al orden de 143 mil 593 pesos, cuando en México 80 por ciento de los hogares no supera los 10 mil pesos de ingreso total neto.
Resulta importante señalar que uno de los primeros compromisos de Enrique Peña Nieto fue la implementación de un programa que combatiera las causas sociales de la violencia y la delincuencia, del cual podemos decir que no contenía ninguna nueva acción, ningún nuevo programa, salvo la creación de la Gendarmería Nacional.
Esto nos indica que, más allá del discurso retórico del gobierno federal, los hechos indican que la estrategia se encuentra centrada únicamente en la limitación a través del uso de la fuerza, de la expansión del control territorial de la delincuencia organizada que constituye exactamente la misma estrategia implementada por el gobierno federal anterior y que nos ha conducido a la más grave de las crisis humanitarias que haya vivido nuestro país.
Debemos recordar que la Gendarmería Nacional, cuerpo estrella de este gobierno, en las promesas de compaña tendría más de 40 mil efectivos; hoy tiene únicamente cinco mil y resulta el cuerpo policiaco más caro para el erario, dado que cada elemento nos cuesta proporcionalmente tres veces más que un efectivo del Ejército Mexicano y dos veces más que cada marino de la Armada de México.
Esto nos lleva a la conclusión de que las acciones que ha emprendido el Ejecutivo federal, únicamente seguiremos caminando en la senda de la violencia. Es necesario señalar, sin cansarnos, que no hay un viraje sustancial en las políticas públicas aplicadas por la comisión a su cargo.
Las policías de los tres niveles de gobierno siguen estando infiltradas no han adquirido los índices de profesionalización requeridos y, en consecuencia, 70 por ciento de la población –según datos del Inegi– sigue considerando que la inseguridad es su principal problema.
La única respuesta la constituye el uso de las Fuerzas Armadas con todo lo que conlleva, violaciones graves a los derechos humanos e infiltración de la delincuencia organizada. El último baluarte de nuestra soberanía, el Ejército, ahora es objeto de acusaciones por el presunto asesinato de jóvenes y mujeres.
El gobierno federal no tiene una política eficaz para contener los avances de la violencia delictiva que evite la regeneración de los cuerpos delincuenciales y que impide a la infiltración de la criminalidad organizada en las instituciones del Estado.
El gobierno federal se encuentra adivinando respecto a las acciones a seguir; sin embargo, las y los mexicanos no pueden seguir viviendo así, exigimos resultados.
Las instancias a quienes ustedes hoy representan han sido, en conclusión, incapaces de implementar políticas públicas que contribuyan a fortalecer la gobernabilidad democrática y el derecho de acceso a la justicia, favoreciendo con ello la ejecución de acciones contrarias a los derechos humanos que colocan a todas y a todos los ciudadanos en una posición de vulnerabilidad frente a la autoridad, y esta situación debe cambiar.
Demandamos no abandonar ninguna línea de investigación, incluya a quien incluya, y se den respuestas a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué respuesta hay a la indicación del GPS del celular de un normalista que registró que el 26 de septiembre estaba en el 27 Batallón de Iguala?
2. Cuántos detenidos hay por el caso Ayotzinapa?
3. ¿Cuántos son policías y cuántos de la delincuencia organizada?
4. ¿Cuál es su estatus jurídico?
5. ¿Cuántas fosas clandestinas se han descubierto a partir del 26 de septiembre de 2014?
6. ¿Cuántos restos se han encontrado?
7. Quién encabeza la investigación de esos hechos y la identificación de cadáveres?
No agotar las líneas de investigación –sobre todo ahora que la Universidad de Austria hace conocimiento de que estos restos que analizan de ADN no son de los normalistas, por eso exigimos no cerrar ninguna línea de investigación– es a lo que llamamos y hoy tenemos aquí a los funcionarios para dar respuestas a las diferentes preguntas que hagan los grupos parlamentarios.
La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene el uso de la palabra, hasta por 20 minutos, el licenciado Monte Alejandro Rubido García, comisionado de Seguridad Nacional.
El comisionado Monte Alejandro Rubido García: Muchas gracias, señora presidenta. Diputada Aleida Alavez, presidenta de la Primera Comisión de la Permanente; señoras legisladoras y señores legisladores integrantes de la misma; buenas tardes a todos.
Agradezco sinceramente la invitación formulada por la Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión para participar en esta reunión de trabajo. Es un gusto encontrarme con ustedes, integrantes de la Primera Comisión, para abordar los temas de seguridad y hacerlo en compañía de la subprocuradora Mariana Benítez.
Como lo he señalado en diversas ocasiones en las cuales he sido convocado por el Poder Legislativo, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, ratifico una vez más mi convicción de que asistir ante las instancias del Congreso, más allá de ser un mecanismo de control parlamentario es una acción auténticamente democrática.
Señoras y señores legisladores, soy un convencido de que la seguridad pública debe asumirse como una política de Estado, y por lo tanto requiere del análisis, diseño e implementación de los tres Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno.
Es indispensable escuchar todas las ideas y todas las propuestas, ello en un marco de absoluta pluralidad que permitan abordar el fenómeno de la inseguridad desde una perspectiva transversal y multidisciplinaria, en la que converja no sólo la visión de los Poderes del Estado, sino también de los integrantes de la sociedad civil, ya que es precisamente hacia los ciudadanos  a quienes van encaminados los esfuerzos en la materia.
En aras de dirigirme a ustedes con la mayor claridad esta intervención se divide en dos grandes apartados. En el primero, compartiré con ustedes los principales indicadores de incidencia delictiva. Es decir, los datos duros que hay sobre el fenómeno.
En el segundo, presentaré algunas de las acciones que de manera coordinada con autoridades locales lleva a cabo el gabinete de seguridad del gobierno de la República para coadyuvar a mejorar las condiciones de seguridad en algunos territorios focalizados en entidades específicas.
Desde el inicio de la administración, el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, ha estado comprometido a disminuir el índice delincuencial para devolver la tranquilidad a la ciudadanía.
Así fue que el señor presidente estableció 10 estrategias de acción de política pública en materia de seguridad y procuración de justicia para enfrentar el fenómeno delictivo desde una óptica integral. La revisión del trabajo de cada uno de estos 10 componentes nos permite observar que la estrategia avanza con un rumbo definido y que los resultados comienzan a mostrarse.
Así les pido que me permitan presentar una serie de tres gráficas sobre la evolución que ha tenido el índice delictivo desde el inicio de la administración del presidente Peña Nieto, con la finalidad de que podamos tener una visión común de los avances alcanzados y de cómo se empieza a marcar tendencias favorables.
En esta primera lámina que tienen ante ustedes se aprecia cómo se movió el índice delincuencial de 2012 a 2013 y de este último año a 2014.
Como se puede observar, durante el primer año de la administración la incidencia de los delitos de alto impacto registró disminución, excepto en dos casos: secuestro y extorsión.
Así, en 2013 comparado con 2012 cayeron en un 16 por ciento los homicidios dolosos y bajó en 3 por ciento el robo. Sin embargo, se tuvo 20 por ciento más de secuestro y aumentaron 13 por ciento las extorsiones.
Con todo, los esfuerzos en materia de seguridad han permitido avanzar en estos resultados. Precisamente, hoy el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública actualiza las cifras de incidencia delictiva, por lo que contamos ya con la serie completa de datos del año 2014.
En ese sentido, en números redondos, al comparar el año de 2014 contra 2013 se obtiene que el homicidio doloso continúa su tendencia decreciente al registrar 15 por ciento menos casos y una baja de 11 por ciento en el delito de robo.
Además, de manera señalada, se logra revertir la inercia en el alza de secuestros, los que disminuyeron en un 18 por ciento, así como las extorsiones que se redujeron en 30 por ciento.
En la siguiente lámina nos muestra la variación en números absolutos, –reitero, números absolutos– de los homicidios, desde que en nuestro país se ha llevado una medición puntual de los mismos.
Aquí convergen tres vertientes de medición: la que realiza el Inegi desde 1990, y que se muestra en la línea azul. La que lleva a cabo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública desde 1997, y que aparece en la línea roja. Y finalmente, la que se estableció en el año de 2007 para evaluar aquellos homicidios vinculados a delincuencia organizada.
Entre los datos a destacar, como pueden apreciar, se encuentra que el número de homicidios dolosos registrados por el Secretariado Ejecutivo en el año de 2014 es inferior al que fue registrado en el año de 1997.
Por otra parte, con independencia de cada una de las cifras, toda vez que son mediciones diferenciadas, se percibe que la tendencia es similar en los tres ejercicios de medición.
La tercera y última gráfica nos muestra cómo ha evolucionado el homicidio en nuestro país, pero presentada en números relativos.
Como pueden apreciar, en las cifras de Inegi el número de homicidios por cada 100 mil habitantes es similar al que existía en 1992. Esto por el crecimiento poblacional que ha tenido nuestro país.
En las cifras del Secretariado Ejecutivo, el número de homicidios por cada 100 mil habitantes es inferior al que se dio en los años de 1994, 1995 y 1996.
Como les había señalado, el interés de mostrar estas cifras y estas gráficas son única y exclusivamente para que podamos analizar con mayor puntualidad y de manera conjunta los resultados alcanzados durante la presente administración.
En este marco de avances quiero destacar, que al inicio de este gobierno se estableció una lista de los 122 objetivos prioritarios para el gobierno de la República. Hasta la fecha 88 de ellos han sido neutralizados y una inmensa mayoría fueron detenidos gracias a labores de inteligencia y sin necesidad de efectuar un solo disparo. A guisa de ejemplo, el año pasado se lograron detenciones relevantes como la de Joaquín Guzmán Loera, Héctor Beltrán Leyva y Vicente Carrillo Fuentes, entre otras.
Respecto al segundo apartado, referente a acciones de coordinación, considero que no podemos soslayar que hay condiciones de seguridad diferenciadas de acuerdo a los contextos y coyunturas por las que atraviesan algunas entidades y en particular algunos municipios.
Como lo ha dicho el señor Presidente Peña Nieto –y cito textual–: Existen algunas condiciones inaceptables de debilidad institucional que no pueden ser ignoradas. Fin de la cita.
En este sentido el gabinete de Seguridad, bajo la coordinación del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, ha impulsado tareas de apoyo a algunas entidades mediante el involucramiento de instancias federales, siempre respondiendo a las peticiones formuladas por los propios estados.
Estas tareas conjuntas tienen como finalidad regresar la normalidad a la vida cotidiana en las zonas focalizadas donde las instituciones, sean locales o municipales, no han logrado superar los retos en materia de seguridad y en muchos casos se habían visto rebasadas por la delincuencia.
La acción conjunta del gobierno de la República con gobiernos locales ha permitido en diversos casos recuperar las condiciones de seguridad necesarias. Ejemplos particulares –lo digo solamente de manera enunciativa– son la zona metropolitana de Nuevo León, la región de La Laguna, Ciudad Juárez, Tijuana, la lucha contra el secuestro en Morelos, y actualmente se aprecian avances en entidades como Michoacán, Tamaulipas y estado de México.
De la misma manera, tenemos confianza de que el operativo implementado en las regiones norte y tierra caliente de Guerrero –que fue puesto en marcha el 4 de diciembre pasado–, presentará en el corto plazo resultados favorables.
Permítanme, señores legisladores, hacer una breve recapitulación sobre cada uno de estos operativos.  En Michoacán, en enero del año pasado se suscribió un acuerdo con el Ejecutivo local en el cual se establecen las bases para brindar apoyo en materia de seguridad pública.
Inicialmente fuerzas federales, encabezadas por la Policía Federal, asumieron el control de la seguridad pública en 27 municipios, en tanto que los policías municipales fueron enviados a la 6ª. Región Militar en Mazatlehuatl Tlaxcala, para un proceso de readiestramiento. Esta acción tuvo como fin detener la reorientación delincuencial que habían tenido grupos de narcotraficantes hacia otro tipo de delitos como el secuestro y la extorsión, así como a la explotación y comercialización ilegal de materiales.
Por otra parte, la presencia federal logró la neutralización de cuatro de los siete líderes de las organizaciones delincuenciales que operaban en la entidad y que habían sido denunciados por grupos civiles.
Por lo que corresponde al estado de Tamaulipas, desde el mes de mayo el gobierno de la República coordina una nueva estrategia de seguridad que tiene tres objetivos.
El primero, la desarticulación de las organizaciones delictivas que actúan en la entidad. Sobre este objetivo se puede señalar que se establecieron 14 blancos prioritarios, de los cuales han sido neutralizados nueve, lo que ha minado significativamente la capacidad de operación de estas bandas criminales.
El segundo de los objetivos, el sellamiento de las rutas de tráfico de mercancías ilícitas. Esta función es fundamental por las características particulares del estado, ya que cuenta con cinco aeropuertos internacionales, dos puertos y 15 cruces fronterizos formales.
El tercero de los objetivos, la recuperación de la efectividad gubernamental. En este aspecto se ha trabajado junto con el gobierno del estado en la evaluación, depuración y formación de nuevos cuerpos de seguridad y procuración de justicia.
Para los fines operativos se establecieron cuatro zonas regionales, dos de ellas encabezadas por la Secretaría de la Defensa y dos más por la Secretaría de Marina.
Por su parte la policía federal asumió las labores de policía ministerial. He de destacar que el procurador del estado ha anunciado que a mediados del presente año Tamaulipas contará con su nueva policía ministerial.
Respecto del estado de México, a finales del mes de marzo se instrumentó el operativo Seguridad Mexiquense en el cual la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal, trabajan de manera conjunta con el gobierno del estado para abatir la incidencia delictiva.
Es importante destacar que este operativo se orientó a los seis municipios con mayor índice delincuencial y al patrullaje de tramos carreteros en las vías que dan acceso a la entidad, así como en el Arco Norte, el Circuito Mexiquense y las carreteras que conducen a Valle de Bravo.
Debo destacar que en diciembre pasado al ponerse en marcha el operativo que abarca la región denominada tierra caliente, en éste se incluyeron ocho municipios del estado de México, a saber: Amatepec, Ixtapan de la Sal, Sultepec, Tejupilco, Tlatlaya, Tonatico, Zacualpan y Seapagón.
Finalmente por lo que refiere a Guerrero, a principios de la administración se reforzó la seguridad en Acapulco y en Chilpancingo con lo que se logró debilitar a las bandas delincuenciales que ahí operaban.
Ante los infaustos sucesos del 26 y 27 de septiembre del año pasado en Iguala, el 6 de octubre se asumió la seguridad pública en dicho municipio, así como en Cocula.
A partir del 19 de octubre, en coordinación con las instancias del gabinete de seguridad, se relevaron las policías municipales y se asumió el control de la seguridad pública en 12 municipios de la región de Guerrero.
Más adelante, el 4 de diciembre y atendiendo a la instrucción del señor presidente de la república, fuerzas federales asumieron las funciones de seguridad en ocho municipios más del estado de Guerrero, los ocho del estado de México ya antes referidos, dos de Michoacán, mientras que en cuatro municipios de Morelos se estableció un esquema de coordinación, ya que en este estado opera la figura de mando único.
Esta estrategia tiene como fin enfrentar a las organizaciones delictivas y neutralizar blancos estratégicos para minar la operatividad de los grupos delincuenciales y romper sus líneas de mando.
Adicionalmente, se está trabajando para reconstruir las capacidades de las instancias de seguridad local y eliminar cualquier red ilícita que pueda influir en la administración de los ayuntamientos.
En paralelo a estas acciones, la Policía Federal asumió la seguridad en el municipio de Acapulco, en coordinación con la policía estatal, toda vez que la corporación en este puerto se encuentra en paro desde el mes de abril pasado.
Los resultados de esta acción mostraron su eficacia durante el pasado período vacacional de fin de año, en el que Acapulco tuvo una ocupación hotelera superior al 98.6 por ciento, rebasando la asistencia turística de años recientes.
En otro orden de ideas quiero destacar que la policía federal también desarrolla importantes tareas de carácter social que contribuyen en los esquemas de seguridad pública. Al respecto hay dos casos que me resultan paradigmáticos. El primero es el apoyo brindado a Baja California Sur tras el paso del huracán Odile. Este apoyo se dio en dos vertientes, una encaminada a contribuir al mantenimiento del orden y la paz pública cuando no existían condiciones técnicas para ello por las afectaciones causadas por el meteoro.
La segunda fue el acompañamiento social que se brindó para evacuar a las personas afectadas, así como asistir con el reparto de agua y despensas a los damnificados en los municipios de Los Cabos y La Paz.
El segundo caso que quiero destacar es la tarea de búsqueda de los normalistas de Ayotzinapa, en coadyuvancia con la Procuraduría General de la República y con un marcado acento social como se ha realizado.
Hasta el momento se han efectuado 2 mil 720 patrullajes, y se han inspeccionado 456 puntos, estos derivados no sólo de las investigaciones ministeriales, sino también de las versiones o informaciones que han recibido los padres de familia con los cuales se ha mantenido una comunicación y coordinación constante.
Señoras y señores legisladores, ante los trágicos e inaceptables sucesos de Iguala que nos han agraviado y lastimado a todos los mexicanos, creo que es pertinente recuperar en esta sesión de trabajo las acciones realizadas por el gobierno de la República.
Inicialmente se efectuó la detención de los policías de Iguala y de Cocula que estuvieron involucrados en la agresión y secuestro de los jóvenes normalistas. También fue el gobierno de la República quien detuvo a los autores intelectuales de los sucesos y a los líderes de la banda delincuencial autodenominada “Guerreros Unidos”.
Asimismo se ha logrado la detención de aquellos que presuntamente recibieron de los policías municipales a los jóvenes normalistas. Todavía el jueves pasado fue detenido Felipe Rodríguez Salgado, a quien diversas declaraciones lo señalan como uno de los responsables directos de los hechos en Cocula.
Hasta el momento, el número de detenidos presuntamente involucrados en estos hechos es de 97 personas. Más allá de estas detenciones y de la acuciosa investigación ministerial son de destacar las 38 reuniones que diversos servidores públicos del gobierno de la República han tenido con los padres de familia, con estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, con sus asesores jurídicos y con diversas organizaciones defensoras de derechos humanos.
Reitero, el esfuerzo realizado durante las tareas de búsqueda en las cuales no ha quedado un solo señalamiento sin ser atendido, en la inmensa mayoría de los casos de manera conjunta con representantes de los padres de familia.
También, es de destacar que fue el gobierno de la República con el acompañamiento de forenses argentinos propuestos por los padres de familia de los estudiantes de Ayotzinapa quien trasladó a Innsbruck, Austria, los restos óseos encontrados en el río San Juan, para ser sometidos a las pruebas de ADN mitocondrial más avanzadas que existen en el planeta.
Señoras legisladoras y señores legisladores, refrendo mi firme convicción de que el tema de seguridad pública debe ser atendido bajo una óptima de Estado, y por ello ratifico mi disposición a que esta sesión de trabajo resulte útil en beneficio de nuestro país. Por su invitación y por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, licenciado Monte Alejandro Rubido.
La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene ahora la palabra la maestra Mariana Benítez Tiburcio, hasta por 20 minutos.
La subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio: Gracias. Muy buenas tardes a todos, señoras legisladoras y señores legisladores, señora presidenta de esta Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente, diputada Aleida Alavez.
Agradezco respetuosamente la invitación que nos han hecho, así como la oportunidad de venir a exponerles e informarles sobre las acciones que ha venido realizando la Procuraduría General de la República, así como los avances y resultados, lo cual tiene una gran relevancia para nuestro país.
A poco más de dos años de que asumió el cargo el procurador general de la República éste es un momento oportuno para presentar a esta soberanía las acciones desarrolladas y resultados obtenidos por el Ministerio Público de la Federación durante la presente administración.
Para empezar, resulta fundamental recordar que desde el primer día en que llegamos a la procuraduría nos abocamos a realizar un diagnóstico profundo y exhaustivo para conocer el estado en que se encontraba la institución y poder tener la posibilidad de diseñar un programa de trabajo para la procuración de la justicia federal.
El diagnóstico elaborado fue hecho del conocimiento del Congreso de la Unión y a partir de esta primera radiografía comenzamos a trazar una ruta que nos permitiera superar los retos a los que nos enfrentábamos. Todo ello fue concentrado en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, del cual en este momento entrego un ejemplar, entregaré un ejemplar a la presidenta de esta comisión.
A partir de este Programa Nacional definimos cuatro ejes esenciales que han dado marco a nuestra actuación en estos dos años.
El primer eje que contempla, el fortalecimiento de la confianza en las instituciones, se planteó a partir del análisis de diferentes estudios y datos que demostraban la existencia de una percepción desfavorable de la sociedad sobre las instituciones de seguridad y de procuración de justicia. En la PGR estamos convencidos de que la confianza ciudadana es un pilar fundamental, sin el cual resulta insostenible la actuación oportuna y eficaz de las autoridades.
El segundo eje trazado fue lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente, para alcanzarlo había que mejorar las capacidades y herramientas institucionales en el combate al fenómeno delictivo. La revisión realizada a los métodos y mecanismos utilizados para la investigación de los delitos nos llevó a dos conclusiones: primero, era impostergable generar una coordinación plena entre las áreas de análisis de información, servicios periciales e investigación.
Segundo. Resultaba indispensable fortalecer el uso de la inteligencia y la investigación científica para mejorar la calidad del trabajo ministerial.
El tercer eje consiste en lograr la implementación en tiempo y forma del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.  A menos de dos años de que venza el plazo constitucional para complementar la transición al nuevo sistema, se requería establecer un plan de implementación integral que contemplara todos los ejes a ser trabajados a fin de lograr una implementación eficaz y efectiva.
Finalmente, el cuarto eje hace eco de una demanda que por largo tiempo ha tenido la sociedad mexicana, misma que se concreta en la reducción de la impunidad. Ésta es una tarea que requiere de esfuerzos conjuntos y unívocos y pasa de manera fundamental por garantizar la consolidación de un cuerpo de servidores públicos comprometidos con su país y que entiendan la alta responsabilidad que tienen encomendada al ser parte de la institución que procura justicia a nivel federal.
El gobierno de la república, a través de la Procuraduría ha llevado a cabo acciones con el propósito firme de dar cumplimiento a este Programa Nacional de Procuración de Justicia. En efecto, las siguientes acciones que se relatan a continuación constituyen esfuerzos consistentes tendientes a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente; a recuperar en consecuencia la confianza ciudadana; a reducir la impunidad y a lograr la transición en tiempo hacia el nuevo Sistema de Justicia  Penal Acusatorio.
Una de las primeras acciones fue la creación de la Agencia de Investigación Criminal. La Agencia fue creada mediante acuerdo del procurador el 25 de septiembre de 2013, a la que le adscribieron a su estructura tres grandes unidades; la Policía Federal Ministerial; la Coordinación General de Servicios Periciales y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, conocido como Cenapi.
Desde entonces la Agencia de Investigación Criminal de la PGR ha venido trabajando en la consolidación y articulación de las tareas de generación de información e inteligencia; investigación y servicios forenses con una lógica distinta que permite estar a la altura de los desafíos que la tecnología, la ciencia y las comunicaciones imponen a las instituciones de procuración de justicia.
La operación de este nuevo órgano de inteligencia y de investigación ha empezado a generar resultados que se reflejan en una mejor integración de las investigaciones de los delitos apoyados en la ciencia y en métodos más modernos, para aumentar la eficiencia de la autoridad ministerial en la persecución de delitos, poniendo a la ciencia al servicio de la justicia.
Uno de los primeros trabajos llevados a cabo por la Agencia fue el rediseño de los procesos de análisis de información y generación de inteligencia, lo que ha permitido aumentar la efectividad en la atención del fenómeno delictivo, así como ampliar y diversificar la persecución de los delitos, principalmente de aquellos de alto impacto.
El aumento de la eficacia en el uso de la información y la inteligencia ha consolidado las investigaciones de carácter científico y ha permitido la desarticulación de importantes estructuras delictivas.
Como resultado de la colaboración de la Agencia de Investigación Criminal con las instancias de seguridad federal se han llevado a cabo una serie de acciones u operativos que han logrado la detención exitosa –como ya dijo mi compañero, el comisionado nacional de seguridad– detención exitosa de líderes de grupos de la delincuencia organizada relacionados con delitos contra la salud, falsificación o alteración de moneda, concesión o portación de arma de uso exclusivo del Ejército, operaciones con recursos de procedencia ilícita, robo de hidrocarburos y secuestro, primordialmente.
Asimismo ha venido trabajando planes estratégicos para conformar bases nacionales de información, entre las que destacan armas de fuego, base nacional genética, de análisis de voz, perfiles de drogas y monitoreo de cultivos ilícitos, un sistema de intercambio de información internacional, entre otros.
Otro aspecto que quisiera subrayar en cuanto al fortalecimiento de las capacidades institucionales es el proceso de modernización tecnológica que lleva a cabo la PGR. En efecto, se puso en operación el proyecto para la modernización y equipamiento del laboratorio central y laboratorios estatales.
Con esta acción se adquirió equipo automatizado con tecnología de punto para el laboratorio de genética y balística forense y se modernizaron los laboratorios de las especialidades del área central, fortaleciendo y actualizando el equipamiento con tecnología de vanguardia que asegure la calidad del trabajo y responda a las exigencias que en materia de prueba exige el nuevo sistema de justicia penal acusatorio.
Asimismo se llevó a cabo la distribución de 95 laboratorios móviles en las 32 entidades federativas para las especialidades de criminalística de campo, delitos ambientales, fosas clandestinas y laboratorios clandestinos. Estos laboratorios apoyan igualmente las tareas forenses de alguno de los estados de la República.
Desde el inicio de la presente administración se trabaja en el fortalecimiento de la colaboración con las instituciones de seguridad y procuración de justicia en México y del extranjero, así como con otras autoridades de los estados, del Distrito Federal y de los municipios. Para ello se estableció un sistema de coordinación y cooperación permanente del que forma parte la Procuraduría General de la República.
A través de este sistema se llevan a cabo reuniones mensuales del gabinete de seguridad, del gobierno de la República con los gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal.
En el ámbito interno, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia ha consolidado su carácter de mecanismo e instrumento por excelencia para articular esfuerzos, políticas y coordinar acciones para la efectiva investigación y persecución de los delitos en el país.
Como resultado de los diversos encuentros y reuniones sostenidas entre la Procuraduría General de la República y los procuradores y fiscales del país se lograron concretar esfuerzos muy importantes que permitirán eficientar la labor de las instituciones de procuración de justicia, lo que redundará en una mayor eficacia del combate e investigación de los delitos que más lastiman a la sociedad.
Entre los acuerdos que es importante subrayar menciono los siguientes. Se acordó crear en cada procuraduría o fiscalía unidades de análisis de información, lo que permitirá ampliar, facilitar y dinamizar el intercambio de información relevante entre dichas instituciones.
La integración de un Protocolo de Identificación Forense, en el que participan los servicios forenses de todo el país y la Procuraduría General de la República en apoyo de otras instituciones forenses y periciales.
Se lleva a cabo un diagnóstico nacional de los servicios médicos forenses y se trabaja en la creación de la Base Nacional de Información Genética, que dará sustento al Sistema Nacional de Información Genética, anunciado por el presidente de la república el 27 de noviembre de 2014.
Se adoptó, por parte de todas las procuradurías, el acuerdo de aplicar el Protocolo de Estambul en las investigaciones relativas a los delitos de tortura.
Se creó una Red de Fiscales para la búsqueda de personas.
Se adoptó un Plan Nacional de Capacitación que homologará la capacitación de todos los ministerios públicos, investigadores y peritos de todo el país.
Se elaboraron protocolos únicos de actuación, que el personal de las procuradurías aplicará para homologar las investigaciones por primera vez y en particular se trabaja en aquellas relativas a los casos de tortura, desaparición forzada y búsqueda de personas.
Se impulsó la creación de la base de datos Ante Mortem y Post Mortem, con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, a fin de que la PGR, así como las procuradurías y fiscalías la implementen a la brevedad.
En materia internacional, dentro de la Procuraduría General de la República se ha hecho un esfuerzo muy grande por articular una política internacional vinculada más a los intereses y prioridades que hoy tiene el Estado mexicano en materia de procuración de justicia y en particular la Procuraduría.
Ello se refleja en las nuevas sinergias construidas con autoridades de procuración de justicia de diversos países, entre los que destacan: Estados Unidos, Alemania, España, Guatemala, entre otros. Así como con los convenios e instrumentos internacionales suscritos durante la presente administración, que suman ya 15, con países como: Turquía, España, Sudáfrica, Perú, Portugal, Cuba, Chile y El Salvador.
Con la firma de esos instrumentos pretendemos generar mejores sinergias con otros países con quienes nos interesa tener una fluida y estrecha colaboración para mejor enfrentar los delitos, particularmente narcotráfico, ciberdelitos, delitos financieros, entre otros.
En lo relativo a la generación de mejores capacidades de nuestro personal, la PGR ha venido trabajando en las tareas de reclutamiento, selección, formación de cuadros, desarrollo de habilidades, capacitación del personal, así como en la difusión del nuevo sistema de justicia penal al interior de la institución.
Dentro de este nuevo sistema de profesionalización y desarrollo humano diseñado en esta administración, la PGR ha puesto especial énfasis en la reivindicación del aspecto humano y profesional de sus funcionarios, con el fin de crear una nueva vocación de servicio y fortalecer el servicio de pertinencia e identidad institucional.
En la PGR estamos decididos a captar el talento humano. Por ello diseñamos un nuevo modelo de reclutamiento focalizado, a fin de captar a los mejores perfiles egresados de las mejores universidades.
Se han graduado, hasta el momento, dos generaciones de investigadores, quienes se encuentran ya trabajando como investigadores de la Procuraduría General de la República.
Por otro lado, debe señalarse que como parte de la estrategia trazada por la Procuraduría General de la República, en el sentido de hacer de la capacitación y el desarrollo de conocimientos y habilidades una prioridad, se construyó en el estado de Querétaro, dentro de una extensión de tres hectáreas, el nuevo Instituto de Formación Profesional, que es un centro de profesionalización de vanguardia con equipamiento e instalaciones modernas que permite capacitar simultáneamente a cerca de mil 500 funcionarios.
Este instituto permitirá fortalecer la profesionalización de ministerios públicos, agentes, investigadores, peritos de la Procuraduría, así como contribuir en la formación de policías y fiscales de todo el país.
Solo por dar algunas cifras, se realizaron 527 actividades académicas de actualización, especialización, capacitación, formación y desarrollo humano en la que participaron 17 mil 774 servidores públicos.
La PGR, asimismo, está llevando a cabo una reorganización funcional y de diseño estructural en las delegaciones estatales, con el fin de mejorar las capacidades para la atención y persecución de los delitos federales en las entidades federativas.
Como punto nodal de la reorganización institucional iniciamos la ejecución de un modelo delegacional de transición, que es un esquema que permite crear las condiciones óptimas en los ámbitos de gestión de los procesos personal, equipamiento e infraestructura en cada una de las delegaciones estatales para implementar el nuevo modelo de sistema de justicia penal.
Este modelo empezó a operar en abril de 2014 en las delegaciones de Puebla y Durango a partir del 1 de julio del año pasado en Yucatán y Nayarit, y del 1 de octubre de 2014 en Querétaro y Zacatecas.
Durante 2015 y el primer semestre del 2016 se continuará gradualmente implementando este modelo hasta cubrir la totalidad de las delegaciones de la Procuraduría General de la República desplegadas en todo el país.
La operación del modelo delegacional de transición nos permitió establecer controles para mejorar la eficiencia en nuestro trabajo y prevenir la corrupción. Al mismo tiempo que nos ha permitido acumular experiencia para hacer más eficaz y eficiente el funcionamiento institucional, a partir de la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.
Por último, quisiera señalar que dentro de este modelo de reorganización se ha puesto un mayor énfasis en mejorar los espacios de atención al público en nuestras delegaciones.
Se ha creado un área denominada Unidad de Atención Temprana, la cual es la encargada de dar información y atención a todo ciudadano que solicite la actuación de la Procuraduría, a fin de brindarle un servicio oportuno y útil. Canalizar los casos susceptibles de ser resueltos a través de mecanismos alternativos de solución de controversias. Así como de agilizar la determinación de las averiguaciones previas iniciadas.
Acciones tan simples como ésta reflejan el interés de la institución de generar confianza y de hacer que la ciudadanía se vuelva a acercar a esta institución.
En materia de combate a la corrupción quisiera mencionar que dentro de la institución la Visitaduría General perfilada ahora como el área de asuntos internos de la institución, se ha duplicado en tamaño y en recursos y ha venido desarrollando una estrategia que pretende reducir la impunidad y combatir la corrupción a través:
1o. Del fortalecimiento de los mecanismos de evaluación técnico-jurídica, inspección, supervisión, fiscalización y control de la actuación de los Ministerios Públicos, policías y peritos.
2o. A través del fortalecimiento de mecanismos para la recepción, atención y seguimiento de la denuncia de los ciudadanos.
3o. A través del combate a la corrupción y transparencia de la actuación del personal sustantivo de la procuraduría ante la ciudadanía, a fin de garantizar la oportuna prevención y sanción de conductas irregulares del personal de la procuraduría.
Tan solo en estos dos años tenemos cerca de 360 servidores públicos de la PGR consignados penalmente, 149 procedimientos de remoción y practicadas cerca de 4 mil 200 evaluaciones técnico-jurídicas. Se libraron 202 órdenes de aprehensión en contra de 37 agentes del Ministerio Público, 86 agentes de la Policía Federal Ministerial, peritos, mandos medios o superiores, 47 servidores públicos con funciones administrativas, entre otros. Se emitieron 79 sentencias condenatorias en contra de 15 agentes del Ministerio Público, 23 agentes de la Policía Federal Ministerial, entre otros.
En lo que concierne a la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. A fin de cumplir con el mandato constitucional para concluir la transición al nuevo sistema, recordaremos que la fecha límite es el mes de junio de 2016.
En la Procuraduría General de la República hemos llevado a cabo acciones sistematizadas a través de un plan maestro de implementación que durante 2013 fue elaborado, el cual funge como eje rector para coordinar el conjunto de acciones necesarias para lograr una transición eficaz dentro de la Procuraduría General de la República.
Debemos señalar que finalmente en el mes de noviembre del año pasado, la implementación gradual del nuevo Sistema de Justicia Penal se hizo realidad al haber entrado en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales en dos entidades federativas, Durango y Puebla.
La implementación continuará en los estados de Zacatecas y Yucatán, en el mes de marzo del presente año y se trabaja con el Poder Judicial de la Federación y otras autoridades federales en la posible entrada en vigor en noviembre de 2015 a nivel federal en los estados de Baja California Sur, Oaxaca, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Nuevo León, Aguascalientes, Campeche, Hidalgo, Nayarit, Colima, Chiapas, Tlaxcala, Quintana Roo y Veracruz.
Como ya hemos referido, la capacitación y la generación de habilidades entre nuestro personal, principalmente entre nuestros Ministerios Públicos, investigadores y peritos es una prioridad. Por esa razón a partir de un Plan Nacional de Capacitación, diseñado por la procuraduría, hemos capacitado un total de 4 mil 495 servidores públicos de la institución y 847 personas de otras procuradurías y fiscalías.
En materia de derechos humanos, la actual administración de la Procuraduría ha centrado una parte importante de los esfuerzos institucionales en dar cumplimiento cabal a la reforma en materia de derechos humanos del 2011.
Con esta premisa se han desarrollado trabajos encaminados fundamentalmente en dar atención prioritaria a las víctimas de delitos. Con ello el Ministerio Público de la federación cumple con la obligación de ser un auténtico representante social.
En materia de búsqueda de personas no localizadas, el Estado mexicano trabaja en el diseño de un sistema nacional de búsqueda de personas que tenga carácter permanente y en la elaboración de un plan nacional de búsqueda, para lo cual se estableció un grupo de trabajo conformado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Secretaría de Gobernación, la PGR, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la actual Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Se impartieron 136 actividades de capacitación en materia de derechos humanos con la asistencia de siete mil 909 personas.
Por último, quisiera agregar que en materia de combate a la delincuencia organizada, desde el inicio de este gobierno definimos la estrategia puntual para desarticular a las organizaciones del crimen organizado que son las generadoras de la violencia en ciertas zonas del país.
Como la lo dijo mi compañero, el comisionado nacional, a través de un trabajo coordinado en el que se ha privilegiado el uso de la inteligencia, las instituciones del Estado mexicano han logrado neutralizar a 88 de los 122 objetivos relevantes definidos por el gobierno federal.
Asimismo, sebe destacarse que desde el inicio de la presente administración al 31 de diciembre de 2014, el Ministerio Público de la federación especializado en materia de delincuencia organizada, ha logrado que se dicte auto de formal prisión para tres mil 701 personas, así como la resolución de 396 sentencias condenatorias para 820 personas, principalmente por los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, portación, posesión y acopio de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, homicidio y privación ilegal de la libertad.
Además, con la plena colaboración de las áreas de inteligencia y, en seguimiento a los trabajos tendientes a debilitar las fuentes del financiamiento de las organizaciones criminales, solamente en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, durante 2013 y 2014 se ha logrado asegurar en total la cantidad de dos mil 465 millones de pesos y cerca de 33 millones de dólares americanos.
Estamos convencidos de que combatir eficazmente a las estructuras financieras de la delincuencia, permitirá debilitar y posteriormente desarticular sin provocar una espiral de violencia que afecte a los ciudadanos.
Ahora bien, por lo que respecta a las estrategias de operativos diseñados por el gobierno federal en los estados de México, Guerrero y Michoacán, en los que participa la Procuraduría General de la República se informa lo siguiente.
Ya lo dijo el comisionado Rubido, en el estado de Guerrero se puso en marcha la estrategia de Seguridad Guerrero y se interviene en los operativos Acapulco Seguro y Chilpancingo Seguro, mismos que iniciaron en enero y marzo de 2014. Asimismo, a partir del 3 de diciembre del mismo año empezó a ejecutarse el operativo especial de seguridad Tierra Caliente.
En cuanto a las acciones en materia de procuración de justicia, dentro del operativo de Tierra Caliente se ha logrado la detención de 129 probables responsables, se han iniciado 85 averiguaciones previas de las cuales se han consignado 26 indagatorias; se han obtenido 10 autos de formal prisión contra 20 personas y se han asegurado 339 armas, entre otros bienes.
Aquí vale la pena destacar la detención en mayo del 2014 de Leonor Nava Romero, quien era líder de la organización criminal de Los Rojos.
Asimismo se detuvo en marzo del 2014 a su hermana Carmen Nava Romero, quien fungía como operadora financiera de dicha banda criminal.
En el estado de Michoacán se participó hasta el 13 de enero del 2014 en el operativo Corredor Franco, y a partir del 14 de enero se inició la ejecución del operativo Nuevo Michoacán, mismo que contempló 27 municipios –ya lo dijo el comisionado Rubido–, el intercambio de información técnica y el reforzamiento con más efectivos de las instancias de seguridad federal.
En materia de procuración de justicia se han iniciado 3 mil 638 averiguaciones previas de las cuales se han consignado mil 515.
Hemos logrado la consignación de mil 787 personas y se han dictado mil 148 autos de formal prisión, obteniéndose hasta el momento 179 sentencias de las cuales 171 han sido condenatorias.
En el estado de México se participó desde el 24 de enero del 2013 hasta marzo del 2014 en la denominada operación Blindaje, y desde el 29 de marzo del 2014 se puso en marcha el operativo estratégico coordinado Seguridad Mexiquense.
En materia de procuración de justicia se iniciaron 337 averiguaciones previas obteniéndose 385 órdenes de aprensión y se han obtenido hasta el momento siete sentencias condenatorias.
Aquí cabe destacar la detención conjunta de José María Chávez Magaña alias El Pony, quien era uno de los líderes fundadores de La Familia Michoacana, a quien se le cumplimentó una orden de aprehensión obtenida por la Procuraduría General de la República por los delitos de delincuencia organizada y secuestro.
Otra detención destacada, derivada de un esfuerzo conjunto de las autoridades federales, es la de Juan León Jaimes, alias El Pavorreal, quien fuera líder de un grupo de secuestradores en Valle de México. Tan sólo en 2014 e detuvieron a 261 presuntos secuestradores y se desarticularon 92 bandas dedicadas al secuestro.
Para concluir quisiera refrendarles, señores legisladores, que en la Procuraduría General de la República se está trabajando día con día para recuperar la confianza en nuestra institución.
Se han encaminado todos los esfuerzos por generar mayores capacidades humanas, tecnológicas y científicas para lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente que permita disminuir la impunidad, que favorezca el cumplimiento de la ley –y más importante aún–, que le brinde justicia y repare el daño a las víctimas de los delitos.
Si bien se han hecho grandes esfuerzos, estamos conscientes de que faltan aún muchos retos por superar y problemas por resolver. Sin embargo tenemos claro que para transitar adecuadamente hacia un nuevo sistema de justicia penal y hacia una nueva fiscalía general tenemos que sentar bases sólidas para que eso ocurra adecuadamente, y estas bases se lograrán a partir de consolidar al Ministerio Público como auténtico representante de la sociedad y a partir de la construcción de capacidades humanas y técnicas que permitan desarrollar de manera eficaz nuestro trabajo para así poder recuperar la confianza y credibilidad en la institución del Ministerio Público.
El reto es muy grande y sin embargo puedo asegurarles que en estos dos años se han emprendido las acciones necesarias que permitirán, en el mediano y largo plazo, obtener resultados favorables para los fines antes mencionados. Muchas gracias y estoy a sus órdenes para las preguntas que consideren.
La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias a la maestra Mariana Benítez.
La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Vamos a dar paso al posicionamiento de los grupos parlamentarios. En primer lugar tiene la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil para hablar por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos. Por favor, diputada.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señora presidenta. Apatzingán, Iguala, San Fernando, Michoacán, Guerrero, el estado de México, los crímenes contra periodistas, los feminicidios, la desaparición forzada, la desaparición en general, las ejecuciones extrajudiciales y las autoridades vinculadas con el crimen organizado, sin importar color o partido político, un diagnóstico de seguridad pública dudoso y la negación a un grave problema de seguridad pública y como consecuencia de seguridad nacional son el rostro de la estrategia de seguridad de este gobierno.

México enfrenta retos muy serios en el tema de seguridad, particularmente en lo que tiene que ver con la seguridad pública que pareciera es la parte más débil de la seguridad nacional en lo que se relaciona con el crimen organizado.

El gobierno federal, al igual que lo hizo el gobierno de Felipe Calderón, quiso enfrentar este problema sin estrategia y sin una adecuada y firme táctica que estuviera basada en instituciones limpias y que no estuvieran corrompidas.

La diferencia aparentemente es que Calderón inició esta guerra para poder acabar con la duda que existía sobre su gobierno; sin embargo, Peña ni siquiera ha aceptado el gran problema de seguridad que hoy se presenta.

La violencia y la inseguridad, contrario a lo que se nos presentaba en esta pantalla, pareciera que han aumentado. 33 mil 040 homicidios registrados, según el secretariado ejecutivo, de enero a noviembre del 2014, 60 por ciento, como ustedes mismos lo han aceptado, ocurrieron en 10 entidades: el estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, Chihuahua, Chiapas, Sinaloa y Guanajuato.

Fuentes periodísticas inclusive, indican que las ejecuciones extrajudiciales o inclusive las que tienen que ver con el crimen organizado ascienden a 83 mil en el sexenio de Felipe Calderón, uno de los más nefastos para este país, pero solamente en 23 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto se llevan ya 41 mil 15 homicidios sumados a ejecuciones.

El tema de la desaparición forzada, una de las heridas abiertas de este país que tiene como ejemplo claro la desaparición en Iguala de los estudiantes de los Ayotzinapa, nos ha dejado en evidencia primero, que no hay una tipificación adecuada del delito y, segundo, que hay 5 mil 98 casos más denunciados de desaparición forzada; es decir, donde de una u otra manera han participado elementos del Estado, y es importante destacar que sobre este tema no existe si quiera una investigación abierta o una condena ejecutada.

El total declarado por la Procuraduría, el total acumulado de las personas desaparecidas o no ubicadas como ustedes lo quieran llamar, asciende ya a 23 mil personas. Ayotzinapa, como ya lo dije, el ejemplo más claro de este tema, nos ha dejado en evidencia no solamente la participación de una policía municipal, porque pareciera que en el diagnóstico equivocado también tratamos de repartir culpas.

Hay indicios de que hay participación de la policía estatal, al menos así lo han dicho parte de los afectados de esta desaparición. Hay también una no acción del Ejército y una no acción de la policía estatal.

Adicional a esto tenemos una investigación difusa basada en las confesiones y una ineficacia y una insensibilidad en esta investigación que ha movilizado ya al país completo.

El caso de la tortura y su ejemplo claro que tenemos en Tlatlaya, donde tres mujeres fueron detenidas luego del operativo del pasado 30 de junio, y elementos de la Procuraduría General de Justicia del estado de México golpearon y amenazaron para que éstas accedieran a declarar lo que se les indicaba, sin hablar de la adecuación que hubo de la escena del crimen para que pareciera un enfrentamiento y no una ejecución extrajudicial.

Ahora, alrededor de 20 servidores públicos de la Procuraduría del estado de México están en investigación. El gobierno entonces pierde el control de la situación, el crimen organizado se apodera del Estado a través de la corrupción y la percepción de ciudadanía en el tema de seguridad es cada vez más grave aunque el virrey Castillo diga que eso no es importante, 67.9 por ciento de la población mayores de 18 años consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

En los próximos 12 meses la situación de la delincuencia en su ciudad, han considerado que sería igual o es peor. La ciudadanía está entonces tomando la opción de defenderse a sí misma.

Se ha demostrado no solamente una falta de responsabilidad y de aceptación, de un problema de seguridad, sino una falta a veces de investigación y también de honestidad en las investigaciones por parte –y no estoy hablando solamente de la Procuraduría General de la República, sino también de las procuradurías de los estados.

Vivimos, señoras y señores, el fortalecimiento de los grupos armados y desgraciadamente la incapacidad gubernamental para enfrentarlos, que quienes ahora ocupan el gobierno tanto le cuestionaron a Felipe Calderón.

Aceptar el problema y no evadir con gráficas y números sería lo que nosotros esperaríamos en esta comparecencia, justificar la creación de la autonomía de una fiscalía –y con esto concluyo, señora presidenta– y sobre todo darle la sensación a los ciudadanos de que se tiene idea de lo que se está haciendo, pero sobre todo de que se tiene un plan, es lo que nosotros esperamos de las instituciones encargadas de la seguridad pública y nacional en este país. Muchas gracias.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Estamos en la fijación de posturas de los grupos parlamentarios. Tiene ahora la palabra el diputado David Pérez Tejada Padilla, por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos, por favor.

El diputado David Pérez Tejada Padilla: Con su venia, diputada presidenta. Estimados legisladores integrantes de la Primera Comisión. Bienvenidos, señor comisionado nacional de Seguridad, señora subprocuradora, a esta reunión de trabajo.

Durante mucho tiempo hemos escuchado abordar el tema de la seguridad pública como si éste fuera un problema, lo cual es un craso error metodológico con impactos mediáticos.

La seguridad en las calles, así como la prevención, persecución e investigación de los delitos en es una función pública, ello implica que quien la prestará de acuerdo al artículo 21 constitucional será siempre el Estado, las entidades federativas, los municipios y el Distrito Federal, velando en todo instante por el orden público y el interés social.

En este orden de ideas aquello que causa un caos, inestabilidad o temor social no es la seguridad pública, sino la inseguridad, es decir, las anomalías que derivan de una errática actividad gubernamental de protección a la persona, la cual es –de acuerdo a la ciencia política y al derecho– la primera obligación del Estado como institución.

En este sentido nuestra labor como órgano de contrapeso con la función ejecutiva es reflexionar desde el punto de vista de las inquietudes sociales para obtener resultados benéficos. En la actualidad no es un secreto la alta incidencia delictiva, la cual permea las instituciones, todo esto produce impunidad, una lamentable calificación de la ciudadanía, los servidores del Ministerio Público, un bajo índice de denuncias por parte de las víctimas, la llamada cifra negra, consistente en delitos que de plano no se inicia investigación formal y una alta población en los reclusorios, con costos importantes al erario.

Todo lo descrito no puede combatirse solamente con gasto público direccionado a conseguir la anhelada seguridad, sino con un término propio de la administración; la eficacia.

Los mexicanos y mexicanas están hartos de los políticos, odian en la actualidad los informes o los discursos retóricos, por el contrario, el ciudadano en términos generales está ansiosos de soluciones efectivas que demuestren un auténtico cambio. En este caso es mucho más conveniente comentar los resultados exitosos y potenciar los métodos utilizados para mejorar el actual estado de cosas, proveer soluciones y no seguir lanzando palabras al viento.

Necesitamos actuar con determinación y tratar el tema con agudeza y las estadísticas que reflejan el problema, aunque tristes, debemos manifestarlas. En este caso apreciamos, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública en 2014, hecha por el INEGI, resultados sobre hechos delictuosos del fuero común registrados en las agencias del Ministerio Público durante 2013.

Al respecto, apreciamos que el robo es el delito con mayor incidencia, con un total de 605 mil casos, más 81 mil 895 robos con o sin violencia que fueron cometidos contra negocios, transportistas, instituciones bancarias, camiones de carga y autobuses. Por su parte, los delitos sexuales sin tomar en cuenta la violación, equivalen a 19 mil 903 casos. La violación por sí misma asciende a 13 mil 504. Por su parte, el secuestro fue igual a mil 698 casos.

Como apreciamos, los datos son crudos, reflejan una alta incidencia delictiva haciendo ver que todavía se está lejos del deseado estado de derecho que tanto esperamos. A esto se suman percepciones derivadas de acontecimientos atroces, como los casos de Ayotzinapa o Tlatlaya.

No obstante todo lo descrito, también hemos sido testigos de una presión importante por parte de la sociedad, quienes han denunciado los delitos en plazas públicas con indignación. Consecuentemente a esto, las autoridades encargadas de asegurar la función pública están más que nunca muy al pendiente de estos delicados temas, y en términos generales de todo aquello que provoca inseguridad.

Así, hemos visto un actuar constante del procurador general de la República en las investigaciones, dando la cara, encabezando pesquisas en pos de una mejor seguridad que aquí ya fue dado a conocer por ustedes muy puntualmente, señor comisionado y señora subprocuradora.

En este orden de ideas, creemos que todos los integrantes del Poder Legislativo debemos de coordinarnos con el Ejecutivo con miras a abatir todo aquello que nos produce un resquemor por falta de seguridad. Por esta razón no es ético dedicarnos solamente a denunciar lo que está mal hecho, sin proponer ideas o participar para mejorar la realidad, como tampoco es adecuado los mismos términos quedarnos en la trinchera de los insensibles, quienes se distinguen por su tibieza.

Recordemos que todos tenemos una franja de responsabilidad, la cual se acentúa de muy importante cuando llegamos como fuerza política a convertirnos en función ejecutiva. Aquella responsabilidad la vive hoy el PRI a nivel federal; el PRD, en el ya referido municipio de Iguala o en la gubernatura de Guerrero, e incluso la vivió el PAN durante la llamada y lamentable guerra contra el narco.

Ya para concluir, diputada presidenta, en este tenor de ideas queremos participar activamente en la solución, no ser parte del problema.

Por esto, los legisladores de los grupos parlamentarios del Partido Verde en esta Comisión Permanente actuaremos con las autoridades ejecutivas encargadas de garantizar la seguridad pública, pero también seguiremos detalladamente su proceder, les exigiremos cuentas a la luz pública cada que así se amerite, proveeremos las leyes que sean necesarias para abatir la inseguridad y apoyaremos con todos los medios posibles, ya que la seguridad es un valor superior, el cual debe ser gozado por todos los seres humanos en este suelo nacional. Es cuanto, diputada presidenta, muchas gracias por su atención.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Ahora tiene el uso de la palabra para hablar por el Grupo Parlamentario del PRD el diputado Roberto López Rosado, hasta por cinco minutos.

El diputado Roberto López Rosado: Gracias, presidenta. Licenciado Alejandro Rubido García, comisionado de Seguridad Nacional; maestra Mariana Benítez Tiburcio, subprocuradora jurídica y de asuntos internacionales de la PGR, saludamos su presencia en esta reunión de trabajo y esperamos sinceramente se sirva para intercambiar puntos de vista y combinar seguramente aspectos de la visión que se tiene para darle a nuestro país la seguridad y la justicia que requiere.

Esto efectivamente, como aquí se ha dicho, no sólo depende de mencionar las cifras y los datos importantes seguramente, pero que no pueden concluir con una estrategia que requiere nuestro país. Nuestro país requiere una estrategia integral para poder realmente en la vía de los hechos atender este tema que al Estado mexicano sin duda preocupa, pero que más preocupa a mexicanos y mexicanas que vivimos en el territorio y que nosotros, los legisladores, que tenemos el contacto directo escuchamos el sentir directo, palpamos la vivencia que se siente en territorio.

En tal virtud, la voz de los diversos sectores de nuestro país, lastimados por la extorsión, por el secuestro, por el crimen de la delincuencia organizada, quiere efectividad. Las cifras no son suficientes, porque no se siente que avance el dar seguridad al país y aplicar la justicia, por el contrario. Sienten que la inseguridad y la violencia en nuestro país crecen.

Para eso, creemos que ahí es donde había que escuchar estas voces de empresarios, de comerciantes, de productores del campo y trabajadores en general, que son víctimas permanentes y que piden a gritos puedan tener la tranquilidad necesaria para trabajar y seguir contribuyendo al progreso y el desarrollo económico social de nuestro país.

En qué consiste, para quienes pensamos desde la izquierda, quienes pensamos en la construcción de una estrategia de Estado que sirva a la gente. Bueno, primero, revisar las grandes causas que han derivado en este problema, sobre todo, que convulsiona al país, y para eso se necesita revisar estas causas.

Enfrentar, efectivamente, con una política sistemática, como aquí se está planteando, indudablemente, que tiene que ver desde la prevención, el combate mismo de los delitos, y aquí es donde nosotros creemos que esa primera parte de la revisión de las causas y enfrentar las causas por el Estado mexicano no se ha atendido.

¿De qué estoy hablando? Si hay un déficit muy grande en el desempleo, que impacta directamente en la vida, hay un crecimiento porcentual de la extrema pobreza de mexicanos y mexicanas y obviamente son presa fácil del crimen organizado, que paga más, que da más, que propone más recursos económicos para mucha gente, que ante la necesidad imperiosa de subsistir caen en las redes de éstas bandas criminales.

Se tiene que sentir en los hogares mexicanos el peso de esta estrategia general que incluye esta parte social, porque cómo explicarnos la forma en que irrumpe la violencia en Guerrero, en Michoacán, indistintamente de que efectivamente se tiene que revisar la actuación de los órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal ahí, que bueno, irrumpió de manera muy grotesca, de manera muy horrenda el problema en Iguala. Y bueno, entonces los mexicanos se preguntan, ¿no había inteligencia ahí? ¿No había una coordinación elemental, mínima de las fuerzas de seguridad municipal, estatal y federal? ¿O existe omisión, complicidad? ¿De qué tamaño es la responsabilidad de todos esos órdenes de gobierno?

Y algo que también es muy elemental para el país y para todos. No se puede politizar el combate a la delincuencia, la aplicación de la justicia, porque esto, digo, no tiene colores. Lo mismo lo podemos encontrar en cualquier partido, en cualquier sector de la sociedad y por tanto, la política tiene que ser muy clara, del combate a la delincuencia.

Y por último, sí es cierto que para la aplicación de una estrategia general es condición necesaria el respeto total, absoluto a los derechos humanos, el fortalecimiento del federalismo es materia de una discusión porque hay toda la intención de centralizar toda la vida púbica de todas las instituciones del Estado mexicano y creo que sí había que revisar porque ahí hay una visión que no compartimos desde la izquierda en este país. Es cuanto, presidente.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias. Solo recordarles que el tiempo para las intervenciones son cinco minutos, por lo que pido se sujeten a este tiempo.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra ahora la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, para hablar por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchísimas gracias, presidenta. Agradezco, agradecemos la presencia a la subprocuradora, la maestra Mariana Benitez Tiburcio. Y por supuesto, del comisionado nacional de Seguridad, el licenciado Monte Alejandro Rubido. Bienvenidos a esta Comisión.

Ayotzinapa, Guerrero. Tlatlaya, estado de México, Apatzingán, Michoacán, son lugares que han sufrido el fuerte embate del crimen organizado y desafortunadamente hoy sus habitantes se encuentran sumidos en la desesperación y el miedo. No se vive en paz y exigen medidas efectivas en materia de protección.

En días recientes y con motivo de la reunión del gabinete de seguridad pública, encabezado por el secretario de Gobernación, el licenciado Osorio Chong, comentó que los indicadores delictivos registraron una tendencia a la baja en el 2014 respecto a 2013.

De igual manera, el presidente de la República hace unos días, en Ciudad Juárez Chihuahua afirmó que todas las mediciones indican una tendencia a la baja en la comisión de delitos, homicidios y secuestros en el país.

Estas declaraciones reflejan el distanciamiento entre lo que percibe el gobierno federal y lo que están padeciendo, lo que estamos padeciendo millones de mexicanos.

La seguridad en México está en una de sus peores crisis, lo que se traduce en un impacto negativo sobre la imagen de nuestro país ante la comunidad internacional.

Como nunca antes hemos sido testigos de manifestaciones en diferentes ciudades del mundo y ya pasamos y nos olvidamos del the mexican moment, cuándo fueron aprobadas todas las reformas para este momento de inseguridad tan desbordado que se siente a lo largo y ancho del país.

En algunas entidades federativas el incremento en la tasa de incidencia delictiva ha sido dramático. Como muestra, el estado de México en el que los delitos en términos relativos aumentaron un 63.88 por ciento pasando de 56 mil 752 a 93 mil 3 delitos.

Los delitos graves como el secuestro también crecieron notablemente, la cifra negra de la misma manera ha ido a la alza. Hoy nueve de cada 10 delitos no se denuncian ante las autoridades producto de la profunda desconfianza en las instituciones de procuración de justicia. El 73.3 por ciento de los habitantes considera que su entidad es insegura y el 77.1 por ciento se percibe así mismo como posible víctima de al menos un delito.

Instancias internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico refuerzan esta visión, ubican a México en el último lugar de sus miembros en materia de seguridad, a partir de criterios como el índice de homicidios. Incluso el Papa Francisco denunció la dramática situación y realidad por la que atraviesa nuestro país. El gobierno norteamericano ha recomendado también a sus ciudadanos no acudir a diversos estados de la República.

Comisionado Rubido García, los legisladores del PAN vemos en usted a alguien con capacidad y experiencia en el tema de la seguridad pública y seguridad nacional, por lo que no queremos que se preste a la simulación y a la negación de la realidad. En el PAN jamás le apostaremos al fracaso del gobierno federal y al fracaso de su estrategia en materia de seguridad pública, incluso aprobamos las reformas necesarias para que ustedes puedan hacer su trabajo.

En el PAN también reprobamos tajantemente la manera de proceder del gobierno federal, creando figuras por encima de la Constitución, como ocurrió en Michoacán con el comisionado Castillo.

Estamos con el presidente para superar esta crisis, pero no lo secundaremos al pedirnos que demos carpetazo o superemos lo acontecido en Iguala, Guerrero, con los 43 estudiantes. Exigimos una estrategia integral y definida para erradicar la violencia que aqueja a gran parte de los estados y municipios de nuestro país.

En Acción Nacional exigimos que no haya más violaciones a los derechos humanos y que se detenga el uso desmedido de la fuerza por parte de las corporaciones policiacas que deberían resguardar el orden en el país.

La política de seguridad del gobierno federal desafortunadamente ha fracasado. Este gobierno pensó que volteando para otro lado o escondiendo la cabeza como avestruz, el problema de la seguridad se iba a solucionar. Hoy vemos que no es así y exigimos desde el Senado y desde la Cámara de Diputados una estrategia integral en materia de seguridad que al día de hoy no hemos visto con claridad. Es cuanto y muchas gracias.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, senadora.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Por último tiene la palabra para fijar postura por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el senador Miguel Ángel Chico Herrera. Por favor, senador, hasta por cinco minutos.

El senador Miguel Ángel Chico Herrera: Muchas gracias, diputada presidenta. Quiero agradecer a nombre de los legisladores del PRI la presencia y disposición del comisionado Monte Alejandro Rubido y de la subprocuradora Mariana Benítez, quienes hoy nos acompañan para analizar e intercambiar opiniones con el Poder Legislativo respecto a la situación que guarda la seguridad de nuestro país. Sean muy bienvenidos.

También el Grupo Parlamentario del PRI reconoce al gobierno de la República el gran esfuerzo que se ha hecho en materia de seguridad.

Quienes nos encontramos en este salón sabemos que la seguridad como tarea fundamental del Estado democrático y federal compete a los tres órdenes de gobierno, por ello resulta oportuno tener en el contexto de esta reunión que la prevención de los delitos, así como la investigación y la persecución para hacer efectiva la justicia demanda el compromiso y la corresponsabilidad de las distintas autoridades, tal como lo mandata nuestra Carta Magna.

Como se ha dicho en diversas ocasiones, no se trata de diferenciar competencias sino de insistir en la trascendencia del trabajo en equipo para alcanzar mejores resultados en favor de la ciudadanía. Nos pronunciamos en contra de politizar la seguridad.

México enfrenta un episodio de su historia donde la violencia en sus diversas expresiones se ha convertido en un gran desafío importante en materia de seguridad. Pretenden omitirlo sería incongruente por parte de quienes buscamos transformar a esta gran República. Sociedad y gobierno tenemos mucho por hacer para alcanzar niveles de seguridad que permitan un entorno óptimo para el desarrollo de las actividades económicas, ésas que nos propulsen a un mayor crecimiento y podamos así aminorar con éxito la grave brecha de desigualdad que persiste en toda la región de América Latina.

Por lo que corresponde al Poder Legislativo, hemos impulsado y aprobado leyes que permitan general dentro del marco del irrestricto respeto a los derechos humanos el ejercicio de las tareas de los cuerpos de seguridad.

Ahí están las nuevas facultades del Congreso para legislar sobre los delitos de secuestro y trata de personas, mecanismos alternativos de solución de controversias, así como para que las autoridades federales puedan conocer de los delitos del fuero común cuando éstos tengan conectividad con delitos federales o contra periodistas, entre otros tan importantes como el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.

Sin embargo combatir el fenómeno de la violencia requiere persistencia, unión de fuerzas, compartir información y particularmente tener una meta común: lograr un México en paz y con orden.

Vamos en la ruta correcta, los datos así lo revelan. Por el contrario quienes abanderan la justicia mediante el ejercicio de la violencia, no solamente son víctimas de un ideario reaccionario que no propone, sino destruye.

Además lacera una y otra vez al régimen de instituciones que legítimamente como sociedad nos hemos dado y que ciertamente reconocemos es perfectible.

El derecho como actividad y la justicia como ideal, tienen un punto de encuentro: proteger y resguardar la seguridad de los individuos y de su patrimonio.

Cuando en una gráfica se alejan ambos factores, algo estamos haciendo mal. En el PRI estamos convencidos de que la seguridad mediante el uso legítimo de la fuerza enmarcada en la ley, es la acción de gobierno primaria para devolver a los mexicanos un territorio donde se puedan llevar a cabo las actividades cotidianas con tranquilidad.

Advertimos que como en todo régimen plural hay voces que critican las tareas de las autoridades encargadas de la administración y procuración de justicia; pero también observamos que en el discurso no son congruentes con sus acciones.

Por ello el grupo parlamentario del PRI, los priistas celebramos que en la casa de la representación del pueblo se intercambien ideas y opiniones con honestidad, libertad y respeto para sumar y aportar ideas que nos permitan salir avante como nación a propósito de la seguridad.

Nos congratulamos de contar con instituciones fuertes como la Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría General de la República, porque son instrumentos fundamentales para preservar las libertades, el orden social y la paz, aún en escenarios donde resulta evidente la manifestación de intereses ajenos a la república, que pretender alcanzar fines contrarios a los valores de la democracia.

Dicho lo anterior, no omito agradecer al señor comisionado y a la señora subprocuradora su presencia en este recinto parlamentario.

En el PRI reconocemos su apertura para tratar los temas derivados de sus funciones, que en mucho fortalecen las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Muchas gracias.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, senador.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: A continuación daremos parte a la primera ronda de preguntas de los diferentes grupos parlamentarios. Cada legislador tendrá derecho a tres minutos para la pregunta, el funcionario o funcionaria tres minutos para la respuesta, y una réplica, si es que así lo desea el legislador o legisladora que haga la pregunta.

Vamos a empezar con el diputado David Pérez Tejada Padilla, por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos.

El diputado David Pérez Tejada Padilla: En un contexto de crisis que pone en riesgo la tranquilidad de la población como el que actualmente enfrentamos en México, la labor de las fuerzas de seguridad del Estado de por sí difícil se complica aún más pues se deben hacer grandes esfuerzos para encontrar el punto de equilibrio entre garantizar el respeto de los derechos y libertades ciudadanas, por un lado y, por el otro, hacer prevalecer el orden y la paz sociales.

El ejercicio de funciones especiales por parte de las fuerzas de seguridad como la utilización de medios violentos de coerción implica un compromiso especial con los derechos humanos, ya que practicados de una forma abusiva puede dar lugar a violaciones de los derechos fundamentales de las personas.

Bajo esta lógica, quisiéramos que expusiera –y esto va dirigido al comisionado nacional de seguridad– qué mecanismos se están implementando para la protección de los derechos humanos de la población en el ejercicio de las funciones propias de la seguridad pública en nuestro país. Es cuanto.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Por favor, licenciado Monte Alejandro.

El comisionado Monte Alejandro Rubido García: Gracias por su pregunta, diputado Pérez Tejada. Quiero destacar que la instrucción que tenemos del presidente de la república es que cualquier acción de seguridad pública tiene que hacerse con un pleno apego, con un respeto irrestricto a los derechos humanos.

Así hemos trabajado en lo que corresponde a la Comisión Nacional de Seguridad, particularmente en la vertiente de la actuación de Policía Federal.

En ese sentido, déjeme señalarle que de diciembre de 2012, es decir, cuando inicia la administración, hasta el día de hoy se han realizado 18 mil 396 actos de capacitación a servidores públicos de los tres órdenes de gobierno; en particular han sido 13 mil 204 policías federales, cuatro mil 601 policías estatales y municipales invitados por Policía Federal y 591 custodios de prevención y readaptación social, los que han estado inmersos en estos cursos de capacitación de respeto a derechos humanos.

Estos cursos no los realizamos nosotros directamente, sino que contamos con la participación de instituciones académicas y de instituciones internacionales; particularmente destacaría al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Al respecto quisiera destacar que el número de quejas que se han presentado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el número de recomendaciones que nos han sido emitidas han venido en descenso, y por otra parte, señor diputado Pérez Tejada, ratificar en este foro que todas y cada una de las recomendaciones que han sido emitidas, las hemos acatado a cabalidad, están unas ya cumplidas y otras en proceso de cumplimiento.

De la misma manera, cualquier medida que nos haya sido solicitada por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la hemos atendido de manera puntual. Es decir –y con esto cierro– no podemos nosotros como Comisión Nacional de Seguridad o como Policía Federal, aspirar a tener un acompañamiento social sólido en las tareas de seguridad pública si nuestra actuación no es con un absoluto apego a los derechos humanos, por eso hemos actuado en esta manera. Gracias por la pregunta.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Va hacer uso de su réplica, diputado?

El diputado David Pérez Tejada Padilla: No, muchas gracias.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Bien.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Le damos ahora entonces la palabra a la diputada Roxana Luna Porquillo, para realizar la primera pregunta por el PRD.

La diputada Roxana Luna Porquillo: Buenas tardes. Bienvenido licenciado Rubido, comisionado y a la maestra Mariana, sean bienvenidos.

Es importante que nos aclaren primero si es que han existido operativos, evaluación de los operativos que implica en este caso la participación de las fuerzas federales, ¿cuáles han sido los resultados de estas evaluaciones, si es que existen? y si no se han practicado, que nos expliquen la razón.

En relación a sus resultados ¿se ha propuesto algún redireccionamiento en cuanto a las acciones? ¿Cómo son diseñados estos operativos y cuáles son las acciones complementarias que llevan a cabo para compensar la presencia armada federal respecto de la protección de los derechos humanos en las entidades que ustedes ocupan? Esto va para el licenciado Rubido.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Por favor, licenciado.

El comisionado Monte Alejandro Rubido García: Gracias diputada Luna por la pregunta. Desde luego cada una de las acciones que lleva a cabo la policía federal responde a una estrategia previamente diseñada. Hay una orden de operación la cual seguimos al pie de la letra y la cual, una vez desarrollado el evento, nos permite hacer una evaluación sobre los resultados del mismo.

Cuando encontramos de que puede haber alguna situación que sea no apegada a nuestro procedimiento, a nuestro procedimiento llamémosle sistemático de operación, hacemos los ajustes pertinentes.

Y si llegáramos a encontrar que hubo alguna desviación por parte de algún elemento en el momento de la operación, se aplican los mecanismos internos de sanción para evitar que esto nos pueda suceder.

No es algo sencillo porque generalmente son operativos que se realizan de manera conjunta, pero hay casos –casos recientes– donde no se actuó ciñéndonos a los protocolos, así lo hemos aceptado públicamente y así se ha sancionado a aquellos servidores públicos que no acataron las instrucciones que tenían. Muchas gracias.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Hará uso de su réplica?

La diputada Roxana Luna Porquillo: Sí, claro. Bueno, da la impresión de que este gobierno ha redireccionado para querer justificar el abatir la delincuencia mediante la extinción de las guardias comunitarias o autodefensas, pero son muy compasivos con el narcotráfico y en concreto con La Tuta.

La pregunta sería: ¿Cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo entre las autoridades responsables para llevar controles que impiden la infiltración de la delincuencia organizada en organizaciones de defensa comunitaria?

¿Cuáles son los controles y evaluaciones de los integrantes de estas autodefensas que deben seguir para poder brindar sus servicios armados?

A partir de los enfrentamientos entre guardias comunitarias, específicamente en La Ruana y Apatzingán, cuáles son las medidas que ha tomado la comisión para evitar este tipo de acciones y además para que pueda quedar claro cuáles son las acciones o el posicionamiento como usted, comisionado, y las autoridades en la entidad.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Sólo que fue réplica.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Entonces, si me permiten tengo que dar la palabra a la senadora Pilar Ortega Martínez para que haga la primera pregunta del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Por favor, senadora.

La senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, presidenta. Comisionado licenciado Monte Alejandro Rubido García, señora subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio, bienvenidos a esta reunión de trabajo.

Hemos escuchado con atención sus intervenciones iniciales en esta reunión de trabajo y después de escucharlos cualquiera diría que estamos hablando de otro país o que en el nuestro se respira tranquilidad y seguridad. La realidad, sin embargo, que viven millones de mexicanos en este país desmiente estas afirmaciones. Esta realidad ignora las cifras optimistas y la larga lista de acciones, actividades que hoy nos han venido a dar cuenta.

Lo cierto es que México hoy está señalado en la comunidad internacional como un país en donde se violan de manera sistemática los derechos humanos. La realidad, señoras legisladoras y señores legisladores, comisionado, señora subprocuradora, es la que nos tiene el día de hoy aquí en esta reunión.

Y luego de escucharlos es difícil pensar en que la estrategia emprendida por el gobierno federal pueda tener un rumbo cierto si no comenzamos por reconocer los errores cometidos hasta la fecha.

Hay que reconocer que la estrategia emprendida, si es que hubo alguna, no ha funcionado y mis preguntas serían encaminadas justamente a este tema; la estrategia en distintos aspectos.

La primera pregunta tiene que ver con la forma en que las organizaciones criminales han permeado las estructuras institucionales de seguridad y justicia. ¿Cómo, ante embate del crimen organizado y esta penetración, se ha generado alguna estrategia al interior de la propia Comisión o de la Procuraduría? ¿Cómo erradicar estas acciones del crimen organizado que llegan a los Ministerios Públicos, a los agentes ministeriales, a la Policía Federal y por supuesto a las policías locales y municipales?

¿Cómo se ha enfrentado esta situación, cómo enfrentar esta corrupción en estas instituciones?

La segunda pregunta para la subprocuradora Benítez es la siguiente. A escasos 18 meses de que venza el plazo para la implementación del Sistema de Justicia Penal, ¿por qué sólo se ha presentado al Congreso las solicitudes de inicio en el ámbito federal de cuatro entidades? ¿Qué pasa con la planeación y gradualidad de las 28 restantes?

Otra pregunta para ambos es, ¿por qué no han funcionado los mecanismos institucionales de detección temprana de posibles delitos, a efecto de evitar casos tan complejos y difíciles como los sucedidos en Guerrero y Michoacán?, delitos que no nacieron de la noche a la mañana, sino que requirieron actos previos. ¿Por qué estos mecanismos institucionales no han funcionado? Por sus respuestas, muchas gracias.

El comisionado Monte Alejandro Rubido García: Muchísimas gracias, saludo con afecto a la senadora Ortega.

En relación a las acciones que hemos llevado a cabo en la Policía Federal para atender cualquier caso de desviación de conducta de servidores públicos, déjenme dar alguna numeralia que creo que puede resultar ejemplificativa.

En el año de 14, 2014, se realizaron 838 inspecciones, las cuales derivaron en mil 8 medidas disciplinarias. De éstas, 172 concluyeron en denuncia ante el Ministerio Público. Aparte, tuvimos con operativos internos la detención de 81 elementos detenidos en flagrancia.

Por otra parte, no sólo se trata de ver la parte punitiva. En la parte de formación, durante 2014 hubo capacitación para 30 mil 237 elementos de la Policía Federal en la modalidad presencial y poco más de siete mil 400 en la modalidad de capacitación a distancia.

También se sigue evaluando el desempeño y se siguen aplicando los exámenes de control de confianza, que como lo hemos señalado en diversas ocasiones podrá no constituir una panacea, pero sin duda es el instrumento más sólido con el que se cuenta por parte del Estado, por parte de las corporaciones de seguridad y de procuración de justicia, para tener la certeza de cómo se comporta cada uno de sus elementos.

Respecto a las cifras que mostrábamos, senadora, creo que nos falta mucho para que estemos satisfechos con los resultados que se alcanzan, pero creo que no podemos bajo ninguna circunstancia dejar de reconocer que las tendencias son favorables.

Las cifras de las que hablamos del secretariado ejecutivo son las cifras que provee cada una de las 32 entidades federativas. El Centro Nacional de Información solamente las procesa. Y aparte, por eso intencionalmente trajimos aquí las cifras que nos marca Inegi, para que se vea la similitud, el espejeo que existe y cómo las tendencias nos van marcando.

Ahora bien –y con esto aprovecho los 10 segundos que me quedan– si hablamos de homicidio intencional en América Latina, México está registrando cifras muy inferiores a la de países hermanos que nos son afines. Por ejemplo, en el año 2013 en México se hablaba de 15.5 por cada 100 mil, mientras que Brasil registra 25, Colombia 30 y ya no digamos Honduras, que registra hasta 90.

Son cifras, insisto, no para echar campanas al vuelo, pero sí para reconocer los esfuerzos y los logros alcanzados. Gracias por su pregunta, senadora.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Adelante, maestra, por favor.

La subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio: Gracias. Agradezco, diputada, su pregunta.

La senadora María del Pilar Ortega Martínez: Senadora.

La subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio: Perdón, senadora. Agradezco su pregunta.

En cuando a la primera pregunta en relación con cuáles son las acciones que ha venido llevando a cabo la Procuraduría General de la República para prevenir y erradicar corrupción de los agentes de investigación, ministerios públicos y demás personal sustantivo.

Primero que nada le quiero decir, lo que expresé y expuse es de la Procuraduría, que existe, son acciones que verdaderamente se están llevando a cabo. Coincido con Alejandro, no estamos echando campanas al vuelo, inclusive cerré diciendo: hay muchos retos y muchos problemas, un rezago importante, graves problemas sistémicos en todas las instituciones de procuración de justicia, no se diga en la PGR. Sin embargo, estamos tratando de generar bases sólidas para construir sobre eso, para edificar sobre eso lo que pueda ser la futura Fiscalía General de la República.

En cuanto a las acciones, lo mencioné de alguna forma en mi intervención. He dicho que la Visitaduría General es el órgano competente que ha duplicado, por cierto, en su tamaño y en recursos para prevenir y sancionar conductas de los propios servidores públicos de la institución que cometan ilícitos o conductas irregulares.

En ese sentido, no me parece poco, en realidad, que en un periodo de dos años se hayan obtenido, por ejemplo, 79 sentencias condenatorias en contra de servidores públicos solamente de la institución. O que se hayan librado 202 órdenes de aprehensión en contra de ministerios públicos, agentes de investigación, peritos, mandos medios o superiores, servidores públicos con funciones administrativas, policías municipales y otros particulares.

Me parece que es una prioridad para nosotros el sancionar, pero también el generarle capacidades a nuestro personal. Por eso no nada más sancionamos, también estamos desarrollando, más bien, se ha desarrollado un sistema nuevo de desarrollo humano y profesional de los integrantes de la Procuraduría, y en ese sentido se les ha generado no sólo esquemas de capacitación y profesionalización, sino se han creado los incentivos correctos para que este tipo de personal vea, dentro de la institución, que existe una carrera profesional que desempeñar.

Rápidamente, en cuanto a la implementación del nuevo sistema acusatorio. Quiero decirle que no es una decisión unilateral de la Procuraduría General de la República de cuanto entra en vigor o no a nivel federal el Código. Es una decisión conjunta con el Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, y otras instituciones federales, pero principalmente con el Poder Judicial.

Pero como dije en mi exposición, tenemos planeado que además de los estados de Zacatecas y Yucatán en los que vamos a entrar en vigor en este marzo de 2015, 15 estados más puedan incorporarse en este año en cuanto a la aplicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.

Hay un grupo federal trabajando constantemente, dedicado nada más a trabajar todas las aristas y los ejes que tienen que ver con la implementación a nivel federal y ha dado muy buenos resultados.

Desde el punto de vista normativo, se han trabajado en un sinnúmero de proyectos legislativos para armonizar las leyes federales con el Código Nacional. Se han generado esquemas únicos de capacitación. Se han trabajado en la emisión de protocolos únicos de actuación para todas las procuradurías y fiscalías. Se han generado esquemas de capacitación conjunto el Poder Judicial, con fiscales, en fin. Se ha venido trabajando sistemáticamente en esta implementación a nivel federal. Gracias.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, maestra.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Senadora, va a hacer uso de su réplica? Por tres minutos, por favor.

La senadora María del Pilar Ortega Martínez: Sí. Gracias, presidenta. Solamente para señalar que en el Grupo Parlamentario del PAN nunca seremos un obstáculo, a fin de que se generen las mejores estrategias que regresen la tranquilidad a todas las mexicanas y mexicanos.

Estaremos siempre, como ya lo dijo mi compañera senadora, muy pendiente, muy atentos como órgano de control y contrapeso de las acciones que se emprendan. Queremos soluciones y hechos que logren que los mexicanos recuperen la confianza en las instituciones pero, sobre todo, que los mexicanos y mexicanas vivan en un país sin violencia y pierdan el miedo que hasta la fecha sigue subsistiendo en gran parte del territorio nacional. Gracias, es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, senadora.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene ahora el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez la palabra para formular la pregunta por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes, colegas legisladores. Señora subprocuradora de la República. Señor comisionado nacional de Seguridad. Reiterarles, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI la bienvenida a esta reunión de trabajo.

Hacer una reflexión general que nos permita reconocer las presentaciones que ambos funcionarios federales han hecho, pero sobre todo, los datos y el contenido de dichas presentaciones. Porque amén de posiciones políticas, la realidad es que todos quienes estamos en esta mesa reconocemos la dificultad que vive nuestro país en términos de seguridad, y no tenemos por qué dejar de señalar que ese momento de dificultad, las acciones de gobierno, de los órdenes de gobierno y de la sociedad en general han reflejado avances y entonces esto hay que reconocerlo indudablemente.

Hecho lo anterior, quisiera hacer un cuestionamiento concreto. En los últimos años, en ejercicio y nombre del derecho de manifestación consagrado en nuestra Carta Magna, se han realizado diferentes y recurrentes acciones de protesta en muchas partes del país.

Las más extremas de éstas, debatidas en la opinión pública desde la perspectiva justa de su ejercicio por sobre otros o del mismo tamaño de otros derechos fundamentales, también consagrados en nuestra Carta Magna y justo por eso de la misma jerarquía normativa.

Una de estas formas ha sido la toma de casetas en carreteras federales con la finalidad de presionar al Estado en la atención de peticiones, y también en algunos casos, de recaudar fondos que permitan solventar su lucha.

La Autopista del Sol ha sido una de las más afectadas por esta situación, tras bloqueos y la presencia de manifestantes, poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios, así como generando daños y perjuicios económicos a terceros.

Otras de las vías que se han tenido afectadas son las de Oaxaca, las de Michoacán, que sufren de constantes bloqueos y movilizaciones. Asimismo, el Distrito Federal y el estado de México son otras entidades con mayores afectaciones.

La cuestión concreta, señores servidores públicos federales es, ¿cuál es la postura del gobierno federal frente a estas circunstancias y cuáles las acciones emprendidas o a emprender en este contexto para garantizar los derechos constitucionales de todos los ciudadanos mexicanos? Por su respuesta, muchísimas gracias.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Adelante, licenciado Monte Alejandro, por favor.

El comisionado Monte Alejandro Rubido García: Gracias, presidenta. Gracias también, señor diputado Ricardo Fidel Pacheco, por la pregunta.

Cuando se han dado cualquier tipo de manifestación, el gobierno de la República ha actuado con la finalidad de salvaguardar el derecho de cada uno de los manifestantes y actuar –insisto– como lo mencioné en la anterior intervención, con pleno apego a los derechos humanos.

Señalaba usted el bloqueo de carreteras, particularmente Autopista del Sol. Cuando en los meses de octubre, noviembre, empezamos a tener este tipo de manifestaciones, creo que queda registrado que Policía Federal ha llegado hasta el punto donde se efectúa el bloqueo para iniciar procesos de negociación con los manifestantes y con base en esas negociaciones las cuales se complementan con negociación que se lleva a cabo en otras instancias es que se ha logrado que finalmente se retiren dichos bloqueos.

Como ha quedado mostrado, las fuerzas federales han estado atentas en el lugar para intervenir si fuera necesario. Afortunadamente con base en la negociación, reitero, no ha habido necesidad de que los grupos antimotines efectúen el despliegue de desbloqueo.

En relación al tema de las casetas. Sabemos que es algo que agravia a algunos ciudadanos, pero también sabemos que es en la coyuntura un fenómeno que tenemos que procesar con madurez y con tranquilidad. Déjenme poner un ejemplo: decía yo en mi intervención que el puerto de Acapulco tuvo una ocupación del 98.6 en habitaciones de hotel. Para nadie es un secreto que el estado de Guerrero tiene su principal fuente de ingresos en las tareas turísticas que se llevan a cabo en Acapulco.

¿Qué fue lo que se logró a través de la negociación del diálogo en estos casos? Que no se afectara el tránsito vehicular sobre la carretera. Si la carretera se hubiese bloqueado, seguramente la asistencia de turistas hubiese sido baja.

Tengo un dato referencial que creo que es importante, en el puente de 20 de noviembre, la ocupación que hubo en Acapulco fue de aproximadamente 51 o 52 por ciento, mientras que el año anterior había sido superior al 70 por ciento. Es decir, aquí se tiene que tomar la decisión de cómo actuar para privilegiar lo que más convenga al interés, en este caso, de la entidad guerrerense.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Hará uso de su réplica, diputado?

El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Sólo para agradecer la respuesta, presidenta. Muy amable.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Con esto concluimos la primera ronda de preguntas.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Daremos inicio a la segunda. Para la misma se ha inscrito por el Partido del Trabajo la diputada Lilia Aguilar Gil, que tiene la palabra hasta por tres minutos.

La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señora presidenta. Antes de iniciar sobre mis preguntas, primero diría que definitivamente yo no justifico la violencia de ninguna manera. Me parece que no es la forma de llegar a ningún lado.

Sin embargo, me parece que la gran preocupación que debería de tener el Estado mexicano es sobre resolver no solamente de la desaparición de los 43, en lugar de distraer el tema sobre los bloqueos o las manifestaciones, porque éstas son el resultado de la indignación y la impotencia que tiene la ciudadanía ante el no resultado definitivamente de la justicia en el tema de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa.

Iniciaré mi intervención haciendo referencia a mi amiga, la subprocuradora Mariana Benítez. Mariana ha dicho que en esta administración se ha enfocado a desterrar la compra de testigos y la invención de imputaciones, a no negociar la ley y que se ponga a disposición de los jueces a los presuntos responsables.

No se inventarán testimonios o se fabricarán testigos, sin embargo la percepción es distinta. Por ejemplo, un juez federal de Michoacán dejó en libertad a 43 de las 44 personas detenidas el pasado 6 de enero luego de un enfrentamiento en Apatzingán y dictó auto de libertad a 38 de los acusados al estimar que la PGR no ofreció ningún elemento que ameritara sujetarlos a juicio por el delito.

Los 11 detenidos por los disturbios del 20 de noviembre, los cuales han indignado a la nación en el Zócalo capitalino, salieron en libertad luego de que se determinó que eran insuficientes e insostenibles las pruebas aportadas por la PGR y, de forma inusual, la PGR presenta una apelación sin expresar agravios.

Yo le preguntaría si usted considera que el aparato entonces de procuración de justicia es ineficiente para poder llevar a cabo las investigaciones, o es que la estrategia de la PGR es la represión autoritaria.

Yo viví los hechos del 20 de noviembre y me pareció que más que controlar las manifestaciones que había en un grupo muy, muy cerrado de manifestantes que evidentemente estaban tratando de llamar la atención de las fuerzas públicas, me pareció que el ejercicio de la represión fue excesivo aunque en éste participaron otros elementos de seguridad que no necesariamente dependían de la PGR.

Y yo preguntaría también específicamente a cualquiera de los dos, cuál es la diferencia real que existe entre la estrategia de Calderón y la estrategia de Peña, además de la falta de diagnóstico.

Como parte de las 10 acciones para mejorar la seguridad y la justicia, Enrique Peña Nieto envió al Senado de la República una iniciativa para reformar siete artículos de la Constitución donde centralmente culpa a los municipios de todos los problemas de seguridad de este país.

Yo preguntaría: ¿no se considera que esto vulnera la soberanía de los municipios y que es dar atrás a la capacidad democrática regional que hay en este país? No es una salida fácil decir que son los municipios y solamente los municipios los que tienen vínculos con el crimen organizado; la Procuraduría –y lo sabemos–, tiene estudios de vínculos de gobernadores e inclusive puede haber vínculos de funcionarios federales con el crimen organizado y yo le pregunto si los hay y por qué no han actuado en consecuencia.

Terminaría preguntándole por qué la PGR tardó dos años para tener una cifra oficial de personas no localizadas y cuántas averiguaciones previas se han iniciado por la desaparición forzada y si ustedes consideran que el delito de desaparición forzada está adecuadamente tipificada en nuestro país. Agradezco sus respuestas.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra la maestra Mariana Benítez, para dar respuesta, hasta por tres minutos.

La subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio: Agradezco muchísimo las preguntas que me hace la diputada Lilia Aguilar. Trataré de ser muy eficiente en mis dos minutos 55 segundos, para contestar varios aspectos que se tocaron.

Primero, usted comentó que por qué razón se había dictado auto de libertad en contra de los detenidos en Michoacán. Bueno, yo con toda sinceridad le tengo que decir, a nosotros se nos puso a disposición a estas personas y nosotros tenemos que poner inmediatamente, consignar, en este caso fue un delito en flagrancia el delito de portación de armas y teníamos que consignar inmediatamente como lo mandata la Constitución.

Comprenderá que nosotros no tuvimos un tiempo muy prolongado para poder armas una investigación, saber, conocer, tener mayores elementos.

En consecuencia se consignó con los elementos que se tenían en ese momento y bueno, el juez fue quien determinó que eran insuficientes para determinar la probable responsabilidad de estas personas.

Sin embargo no obstante se detectó que hubo irregularidades en la actuación del Ministerio Público y quiero decirle que precisamente el día de hoy el procurador general ha destituido del cargo al delegado de la PGR en el estado de Michoacán, precisamente por una conducta irregular en el caso de Apatzingán.

Por otro lado quisiera decir, bueno, en cuanto a las cifras de las personas no localizadas, no es que nos hayamos tardado dos años. La procuraduría inició en 2011 la labor de integrar y depurar en una sola base de datos cifras de las personas que se tenían como no localizadas de todo el país. No son cifras que nada más tenga la procuraduría, sino que nos dimos la labor de coordinar los esfuerzos con las procuradurías estatales a fin de obtener información actualizada de cuántas denuncias tenían cada una de estas procuradurías y fiscalías sobre reportes de personas no localizadas.

Después de varios meses de trabajar conjuntamente con todas las procuradurías y fiscalías dimos con la cifra que efectivamente en el mes de agosto se dio a conocer.

Por último quisiera decir que en cuanto a las investigaciones en materia de desaparición forzada, en total tenemos 293 averiguaciones previas abiertas, iniciadas en esta materia y a pregunta expresa de si consideramos que es insuficiente el marco legal, desde luego, y precisamente por ello el presidente de la república ha mandado una iniciativa de reforma primero para homologar el tipo penal y después, la más reciente, en el mes de diciembre, a fin de expedir una ley general que permita homologar no sólo el tipo penal de desaparición forzada, sino otros delitos que merecen tener una homologación a nivel nacional como es, por ejemplo, el caso de la tortura.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, maestra.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Para hacer uso de su réplica, diputada.

La diputada Lilia Aguilar Gil: Aunque me quedaron dos preguntas sin responder. Esperaba que el señor Monte Rubido lo hiciera.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Por favor, licenciado Monte Alejandro.

El comisionado Monte Alejandro Rubido García: Gracias, señora presidenta. Gracias también, diputada Aguilar por la pregunta. Comento y lo hago de manera categórica que no se pretende, bajo ninguna circunstancia, culpar a los municipios ni culpar a nadie.

En la administración del presidente Peña estamos convencidos de que las tareas de seguridad pública no sólo no son politizables, sino que no son partidizables. Tenemos que verlo con esa gran integridad.

Por qué la propuesta de reforma al 21 y al 115 constitucional. Porque sentimos que hoy en día las corporaciones de seguridad municipal no están preparadas para combatir a la delincuencia. Y déjenme brevemente decir por qué. Las policías municipales, cuando fueron concebidas, era para hacer valer los actos y los bandos de buen gobierno, no para combatir a la delincuencia. En la medida en que el crimen organizado ha hecho presencia en nuestro país, para la realización de sus actividades termina implantándose en el hampa común y a esa hampa común es a la que tienen que combatir todas las instancias de seguridad.

En la medida en que contemos con corporaciones mejor preparadas, mejor tecnificadas, mejor armadas, mejor pagadas, sin lugar a dudas el Estado mexicano en su conjunto, contará con las condiciones favorables para combatir en cualquier orden a la delincuencia.

Se puede decir algunas voces, en ese sentido se manifiestan que esto podría violentar la autonomía del municipio, pero recordemos que por ejemplo hay zonas donde tareas tan cotidianas como la recolección de basura se hace de manera conjunta y en ningún momento ello afecta la autonomía municipal. Por el contrario, lo que busca la iniciativa del presidente Peña es tener 32 policías sólidas, 32 policías capacitadas para combatir a la delincuencia en beneficio de la ciudadanía, y la iniciativa que se manda hace énfasis en que las erogaciones que se tengan que efectuar para nivelar salarios, para capacitar, para equipar a esas corporaciones, provendrán los recursos del gobierno de la República. Esa es la intención de la iniciativa que presentó el señor presidente Peña Nieto.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, licenciado.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Diputada Lilia Aguilar, tres minutos para su réplica, por favor.

La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señora presidenta. En Chihuahua, la ciudad de donde yo soy, la gente se pregunta en las calles por qué demonios el crimen sí es organizado y el gobierno no. Creo que eso más o menos nos da idea de cuál es el sentimiento de la gente frente a lo que pareciera que nos está ganando los espacios no solamente públicos, sino también ahora los espacios de gobierno.

Yo he dicho que este es un problema sistémico, lo sostengo, y que tiene que tener una solución sistémica, pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer el problema, aunque el señor Monte Alejandro Rubido dice que no se están echando culpas a los municipios, eso pareciera al menos en los discursos del Ejecutivo.

Yo entiendo que el mando único pareciera ahora la solución, sin embargo a mí me quedan dos dudas, la primera es: por qué cuando en 2010 Calderón presentó la iniciativa para el mando único, el PRI, incluido el señor procurador, dijeron que esto era una trampa para poder empoderar a la Secretaría de Seguridad Pública y que vulneraría la soberanía de los municipios en materia de seguridad.

Sin embargo, yo tengo que ser honesta. Creo, igual que usted, que el haber armado a las policías municipales fue un gran error, porque los pusimos vulnerables frente al crimen organizado, sobre todo en las comunidades más pequeñas donde el crimen no solamente manda y dicta, sino también aterroriza.

Pero preocupa y preocupa mucho que estos mandos únicos vayan a centralizar el tema de la seguridad pública y como consecuencia vayan a incrementar la corrupción, porque yo le recordaría, porque sé que ustedes lo saben, que cuando se iniciaron las actividades contra el crimen organizado muchas veces la policía federal y el Ejército actúan sin avisar a las policías estatales por los niveles de corrupción que han en las mismas, quiere decir que ahora vamos a tener a lo mejor sí 32 policías unificadas o 32 policías donde prive la corrupción, porque no tenemos tampoco seguridad de que no haya vínculos con el crimen organizado de estas policías estatales.

Simplemente les diría que no estoy mucho menos afirmando que éste sea un tema –y como lo dice bien el señor Monte Alejandro Rubido, no es ni politizable ni partidisable, estoy de acuerdo con usted, porque en el momento en que perdamos la lucha contra el crimen organizado perdemos el país, pero la preocupación está ahí y me parece que la crítica debe ser tomada como una crítica constructiva primero, insisto, para reconocer que tenemos un problema, porque pareciera que después de Calderón, cuando entra el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la seguridad no era un problema hasta que nos estalló en la cara. Muchas gracias.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene ahora la palabra el diputado David Pérez Tejada para hacer la pregunta del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Hasta por tres minutos, diputado, por favor.

El diputado David Pérez Tejada Padilla: Sí. Muchas gracias, diputada presidenta. Al señor comisionado nacional de Seguridad, se ha venido ya comentando aquí, tanto por la diputada Lilia Aguilar y usted lo hizo durante su presentación en un inicio, que es un tema que creo a muchos nos preocupa y nos ocupa, acerca de cómo fortalecer las capacidades de las policías locales, ahorita lo abordó brevemente.

A mí me gustaría que abundara un poco en el tema, porque a partir de ello se va a empezar a recobrar la confianza de la ciudadanía. Y esto requiere una actuación decidida, coordinada y eficaz. Usted ya comentaba hace un momento acerca de que se quiere mejorar los salarios de los cuerpos policiacos, este tema va a implicar incrementos presupuestales considerables también en materia de seguridad por parte tal vez de las siguientes Legislaturas.

De aquí a que se implementen todos los cambios que se han planteado –como lo comentaba la subprocuradora como usted– a lo mejor van a tardar meses en que veamos resultados, entonces sería bueno que nos comentaran cuáles son  las acciones que están llevando ustedes a cabo desde que inició esta administración y ahorita, cuando se ha agudizado los temas en Guerrero y en Michoacán, acerca del apoyo que están ustedes brindando –ya lo decía usted en un principio y comentó algunas cifras de intervención de la federación en los ayuntamientos.

Comentó, por ejemplo, que en Morelos ha habido intervención en cuatro municipios, en los cuales ha sido de manera coordinada porque comentó que hay un mando único, comentó que ya se tomó las riendas en dos ayuntamientos de Michoacán, ocho en Guerrero, etcétera. Entonces qué acciones son las que se están tomando a cabo en gobiernos locales para apoyarlos, y en el desarrollo capacidades se les permita cumplir con su obligación de garantizar la seguridad en los ciudadanos en esos territorios, en esas demarcaciones. Por su respuestas, muchas gracias señor comisionado.

El comisionado Monte Alejandro Rubido García: Gracias, señor diputado. Tenemos que ser muy objetivos con las condiciones que tiene cada una de las corporaciones de seguridad del país, y depende de coyunturas y de circunstancias muy puntuales.

En el país hay, incluyendo las 16 delegaciones del Distrito Federal, 2 mil 246 ayuntamientos, lo cual representa que tenemos capacidades total y absolutamente diferenciadas en cada uno de ellos. Yo creo que nos sorprenderíamos, o no nos sorprenderíamos porque estoy cierto que lo conocemos, que hay policías municipales que perciben sueldos de 4 mil pesos mensuales. Ello, ¿qué propicia?, que sean ciudadanos que entran a trabajar a las corporaciones de seguridad por la necesidad de tener un empleo y no por una vocación de servicio que se requiere, y más en tareas de seguridad pública.

En la medida en que nosotros podamos avanzar con esta iniciativa de reforma que caerá en menos de ustedes en funciones de Constituyente Permanente, vamos a poder dar saltos cualitativos en la materia.

Qué vamos a tener. Primero. Hoy en día ya estamos trabajando con un programa de profesionalización, pero ese programa de profesionalización es parte fundamental, pero no total, de lo que tenemos que hacer para adecuar a las policías a las condiciones reales que está viviendo el país.

Usted decía, y lo dice con justa razón, es algo que va a llevar muchos meses. De hecho la propuesta está programada para que la totalidad de las 31, porque el Distrito Federal ya existe, de las 31 entidades federativas tengan esta figura de policía única, nos lleve ocho años.

En la iniciativa presentada se propuso que se iniciaran los trabajos con cuatro entidades federativas. Ustedes como parte del Constituyente Permanente en su momento definirán qué tenemos que hacer en la materia.

Ahora bien. Hablaba usted de los municipios donde hemos asumido tareas de seguridad pública a petición de los gobiernos estatales. Aquí tengo algunos datos que son importantes.

En Michoacán, lo decía yo en mi presentación, desde enero del año pasado asumimos en 26 municipios, prácticamente de la región de Tierra Caliente hasta la costa. Hoy estamos en Acapulco. También en la Tierra Caliente, integrada por Morelos, México, Michoacán y Guerrero, tenemos 22 municipios de Guerrero, ocho del estado de México y dos más de Michoacán.

Sí fui enfático en señalar que en el caso de los cuatro municipios de Morelos es una tarea de coordinación, ¿por qué? Porque sin lugar a dudas Morelos, al haber implementado la figura de mando único le ha dado una solidez a su corporación policial y con ello permite que con una tarea de coordinación, no de sustitución provisional de la función de seguridad pública vayamos avanzando. Muchas gracias por la pregunta, diputado.

El secretario diputado Fernando Rodríguez Doval: Gracias, señor comisionado.

El secretario diputado Fernando Rodríguez Doval: Diputado Pérez Tejada, ¿quiere hacer uso de su réplica?

El diputado David Pérez Tejada Padilla: Únicamente felicitarlo por la claridad de su exposición. Como usted bien lo comentó, ahora sí que el balón está del lado de nuestra cancha y debemos de asumir nuestro papel como legisladores de sacar lo antes posible estas iniciativas que presentó el presidente Enrique Peña Nieto, para que puedan ustedes llevar a cabo sus estrategias y planes de acción para combatir la inseguridad que está prevaleciendo en varios estados de la República. Muchas gracias y felicidades a los dos por sus intervenciones muy puntuales.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Roxana Luna Porquillo, para formular la pregunta por el Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Roxana Luna Porquillo: Es para que los dos pudieran participar en estas preguntas. De acuerdo a la información de los padres de los 42 estudiantes desaparecidos, que se presume que estuvieron en algún momento en las instalaciones del Cuartel número 27 del Batallón de Infantería, la pregunta es, ¿cuáles han sido los avances que se han tenido? ¿Existe alguna línea de investigación que pudiera involucrar a algunos o a varios elementos militares en estos hechos? ¿Cuáles son las líneas de investigación que aún se encuentran en proceso? ¿Por qué se ha mostrado cerrazón para abrir una línea de investigación sobre el grado de participación del Ejército en estos terribles hechos de barbarie? ¿Se tendrá que esperar acaso la investigación de la Corte Interamericana para que se finquen responsabilidades?

La PGR informó en días pasados que recibió un informe de resultados de los estudios científicos aplicados a los 16 restos hallados en el basurero de Cocula, Guerrero, por parte del Instituto de Medicina Forense de la Unidad de Innsbruck, en la que se concluye que no se encontró la cantidad útil de ADN que permitiera obtener el perfil genético y la Procuraduría solicitó que se hicieran nuevos análisis que van a tardar otros tres meses aproximadamente.

Al respecto la pregunta es, ¿cuáles han sido las acciones emprendidas para la búsqueda de los estudiantes, más allá de lo que pareciera la estrategia que se centra en buscar el ADN en los restos encontrados?

En el último mes se han dado a conocer informaciones que señalan que los policías municipales pudieron haber participado en la masacre de San Fernando, ¿cuántas personas han sido detenidas? ¿Estas personas forman o formaron parte de alguna instancia municipal, estatal o federal? ¿Cuáles son, en términos generales, las líneas de investigación que aún están abiertas? Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Va a empezar la maestra Mariana Benítez y posteriormente el licenciado Monte Alejandro.

La subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio: Empezaré con las preguntas que se nos hacen sobre la consignación del caso Ayotzinapa.

Primero que nada sí quisiera ser sumamente contundente en lo siguiente. El procurador ya ha señalado que de la propia investigación, que ha sido una investigación inédita en cuanto al despliegue de esfuerzos, recursos para dar con el paradero de los estudiantes y para fincar las responsabilidades a quienes presumimos cometieron los delitos, no tenemos ningún elemento que nos permita orientarnos hacia qué elementos de las Fuerzas Armadas participaron.

No es hablar de cerrazón, simplemente que de todas las indagatorias que, por cierto, son muy grandes, son muy extensas, no hemos obtenido que ningún elemento que nos indique ese vínculo.

Simplemente quisiera referir que se han recabado un total de 385 declaraciones ministeriales, 444 dictámenes periciales, y de extracción de información de 93 equipos de comunicación, lo que ha permitido la integración de 85 tomos y 3 anexos al expediente.

Se ha cumplimentado 163 órdenes de aprehensión, 31 órdenes de aprehensión pendientes por cumplimentar, 16 órdenes de cateo ejecutadas, en fin. Es un despliegue importante y se han realizado las acciones que ustedes han sido informados oportunamente. O sea, ustedes, la opinión pública, sobre los avances de esta investigación.

Por otro lado, dejaré la parte de las acciones de búsqueda como tal, que mi compañero comisionado la refiera.

En cuanto a San Fernando. Sí, efectivamente, se consignaron en su momento 16 policías a quienes se les dictó auto de formal prisión y, bueno, la investigación, en el caso de San Fernando sigue en instrucción y se continúa. La investigación no está cerrada, se continúa recabando los indicios que permitan dar con todos los responsables.

Monte Alejandro, no sé si quieras abordar sobre el tema de la búsqueda.

El comisionado Monte Alejandro Rubido García: Con su permiso, señora presidenta.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Adelante.

El comisionado Monte Alejandro Rubido García: Nuestra tarea de búsqueda de los muchachos normalistas de Ayotzinapa, se hizo con apego a un plan que se adecuó a cabalidad a lo que recomienda el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Y lo hemos hecho, señora diputada, en una gran vinculación con el grupo de padres de familia, con el grupo de alumnos, con los asesores jurídicos del grupo y con las organizaciones defensoras de derechos humanos que están participando en la búsqueda.

En un determinado momento llegamos a tener a mil cien elementos de la Gendarmería haciendo tareas de búsqueda, partiendo del centro de Iguala a todos los municipios de la periferia. Es decir, con círculos concéntricos ir avanzando en la búsqueda.

Destaco, y lo hago de manera enfática, que en la inmensa mayoría de las ocasiones estuvimos acompañados por una comisión de los padres de familia. Y en estas búsquedas se hicieron 456, se han realizado 456 inspecciones. Y hemos entrado a minas. Hemos recorrido brechas, hemos recorrido cerros. Uno de ellos fue un despliegue que obligó a que moviésemos, porque fe de pernocta de tres días, que moviésemos a un contingente de aproximadamente 2 mil elementos de fuerzas federales para ir recorriendo todo el cerro, donde algunos de los padres de familia tendrían versiones de que podrían estar los muchachos.

Nosotros, y así fue la instrucción que nos dio el presidente Peña y el secretario Osorio, no hemos escatimado absolutamente ningún esfuerzo en la búsqueda de los normalistas de Ayotzinapa.

En alguna ocasión, de las distintas reuniones que hemos tenido con ellos, el secretario de Gobernación me instruyó presentarles a los padres de familia y sus grupos de asesores el equipamiento que estaba poniendo Policía Federal a disposición de ellos para la búsqueda.

Les llevamos los helicópteros, les llevamos los aviones no tripulados. Les llevamos el equipo de detección térmica.

Sin lugar a duda, también estuvieron el grupo de bomberos, los binomios caninos, los binomios equinos.

Todo eso, les enseñamos a los padres de familia cómo estaba funcionando para que tuvieran la certeza, insisto, de que no estamos escatimando ningún esfuerzo por atenderlos.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Hará uso de su réplica?

La diputada Roxana Luna Porquillo: Sí. Desafortunadamente el formato no nos permite seguir argumentando un poco más. Sin embargo, la falta de transparencia e información ha generado que siga un movimiento pidiendo justicia y que la autoridad no haya dado respuesta de manera inmediata.

Creo que queda en la mesa, y yo espero que ambos me pudieran contestar en el momento que vayan a fijar su posición, en la última parte, respecto a los hechos lamentables en Tlatlaya. Es la misma historia respecto al papel que ha jugado la Procuraduría en esta investigación, en los hechos del 23 de septiembre del 2014. Cuando desde el primer momento existía la posibilidad de violaciones a los derechos humanos por parte de militares. No hay una información concreta.

Cuál ha sido la interacción de las instancias a su cargo por parte de ustedes que haya generado las condiciones para dar certeza de la participación nuevamente del ejército. Yo lo dejo como preguntas abiertas y que pudieran contestarlo, puesto que si la sociedad y los mexicanos no denunciaran este tipo de atrocidades y barbaries, esto sería parte de las omisiones de la historia de los funcionarios que hoy tienen la responsabilidad de impartición de justicia en este país. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene ahora el uso de la palabra, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, para hacer la segunda pregunta del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchísimas gracias, presidenta. Comisionado, como responsable directo del Sistema Penitenciario Federal y atento al mandamiento constitucional sobre el cual descansa el Sistema Penitenciario Nacional, en su artículo 18 señala lo siguiente: Que se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.

Es evidentemente desgraciadamente que el Sistema Penitenciario Federal no está alcanzando los objetivos planteados por el constituyente y lo vemos porque hemos estado escuchando a lo largo de estos meses, sucesos de violencia que azotan al país y con esto pensamos y hacia allá van mis preguntas y preocupaciones por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

Primero, ¿qué acciones se han llevado a cabo de manera coordinada con autoridades locales y federales, a efecto de poder cumplir el mandato constitucional sobre la readaptación social de sentenciados?

Quisiera que nos compartiera si existe algún mecanismo de seguimiento posterior de las personas que compurgaron su sentencia, a efecto de conocer si realmente se reinsertaron en la sociedad, si cuentan hoy con un empleo, si estudian, en general, si se tiene un modo honesto de vivir.

Por otra parte también, si nos pudiera informar, dado el hacinamiento en que se encuentran los centros penitenciarios del país, si existe por parte del gobierno federal la posibilidad de construcción de un nuevo centro penitenciario, que dé alivio a la saturación y que cuente también con las más altas medidas de seguridad, dados los estándares internacionales.

Por supuesto nos gustaría ver a menos jóvenes, que están en algunos de estos centros penitenciarios por haber robado, por ejemplo, para comer o por haber robado también un autoparte de algún automóvil, nos gustaría que esto no ocurriera, desafortunadamente sí sigue ocurriendo. Y además, desde la Comisión de los Derechos Humanos del Senado de la República hemos realizado diversas giras a diferentes cárceles.

La segunda pregunta tiene que ver con una preocupación de mi partido y es el tema electoral. Este año se llevará a cabo un proceso electoral fuerte, intenso. En nueve estados de la República tendremos cambio de gobernador, se renueva en su totalidad la Cámara de Diputados, así como también 993 alcaldías en 16 estados y en el caso de la Ciudad de México, 16 jefaturas delegacionales.

Sabemos que en todo proceso electoral siempre hay incidencias, en algunas ocasiones hay incluso irregularidades. Nos preocupa el rol que vaya a jugar el crimen organizado y los grupos organizados de la sociedad civil.

Ya han manifestado –por ejemplo– en el caso Guerrero que no permitirán que se lleve a cabo el proceso electoral. Yo sí quisiera externarle nuestra preocupación y la de la sociedad también para hacer valer el derecho al voto.

Esperemos que la institución que usted dignamente preside, pueda de alguna manera enfocar sus energías en la protección del derecho al coto de millones de mexicanos y de mexicanas. Es cuanto, muchas gracias por sus respuestas.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Por favor, licenciado Monte Alejandro.

El comisionado Monte Alejandro Rubido García: De nuevo gracias, senadora. En relación al tema del sistema penitenciario, permítame compartirle algunas cifras. En el sistema penitenciario federal administramos actualmente 22 centros de internamiento. En éstos 22 centros de internamiento tenemos una capacidad instalada de 31 mil 170 espacios y hasta el último corte que tenía, el número de internos es de 24 mil 776. Es decir, estamos al 79 por ciento de nuestra capacidad instalada.

Aquí yo quiero destacar que hay dos mil 45 internos del fuero común que están en instalaciones federales ante la petición de los ejecutivos estatales por la complejidad que representaba este tipo de internos.

Nos pregunta usted que si estamos pensando en incrementar, en ampliar nuestra capacidad. Sí, en las próximas semanas –yo creo que no nos llevará más allá de un mes, mes y medio– estaremos en condiciones de que inicie operaciones un centro de internamiento en Chiapas con capacidad para dos mil 520 internos.

Tenemos cuatro centros en construcción. Uno en Michoacán, que me reporta un 75 por ciento de avance. Otro en Coahuila, concretamente en Ramos Arizpe, con un 70 por ciento de avance. También en Morelos con un 72 por ciento de avance y el complejo penitenciario de Papantla, que tiene un 82 por ciento de avance global.

Creo que entre 2015 y 2016, habremos fortalecido de manera significativa la capacidad instalada en los centros penitenciarios.

Quiero destacar también que el orden prevalece dentro de los centros. En lo que va de la administración no hemos tenido problemas mayores. Lo más significativo fue en un penal de mediana seguridad donde se fugaron cinco internos, los cuales han sido ya reaprehendidos. Esa es la situación que hay en cuanto al sistema penitenciario.

Y respecto del proceso electoral, creo que a todos como mexicanos nos interesa ser muy cuidadosos, ser muy prístinos en nuestro comportamiento para que la delincuencia organizada no vaya a participar en este proceso.

Nos corresponde principalmente a los partidos políticos, ser muy puntuales en la selección de sus candidatos y eventualmente a las instancias gubernamentales –federal o estatal– alertar a los propios partidos cuando tengamos algún indicio de que existen irregularidades en el comportamiento de los mismos.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Hará uso de su réplica?

La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Sí.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Adelante, hasta por tres minutos, por favor.

La senadora mariana Gómez del Campo Gurza: Muchísimas gracias, presidenta, muchísimas gracias, comisionado por sus respuestas. Agradezco siempre su disposición para el diálogo y además también su eficiencia cuando se le, bueno, por mi parte le he solicitado apoyo para los ciudadanos, para diversas gestiones y eso se agradece porque no todos los servidores públicos dan respuesta inmediato, al contrario, incluso hay algunos que ni siquiera contestan el teléfono o incluso no le dan seguimiento a las mismas.

Me parece interesante lo que expresa aquí de los centros de internamiento; me encantaría poder acudir a algunos de ellos, conocer un poco más a fondo cómo funcionan, si usted me lo permite, que pudiéramos hacer un recorrido a algunos de ellos y poder también ayudar de manera más intensa desde el Senado de la República.

Por otro lado decirle, me parece crucial también el que como parte de los objetivos que usted tiene, y también lo dijo, lo expresó la subprocuradora, la parte de recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Creo que esa es tarea de todos, y parte de las instituciones que más están golpeadas son las instituciones que tienen que ver con procuración de justicia y seguridad pública.

Hace un momento, y no quiero dejar de mencionar el tema de los salarios para los policías, que ya lo mencionaba hace unos instantes el diputado. Me parece crucial. Desde que estuve en la Asamblea Legislativa insistimos en que los policías debían tener salarios dignos, lo que va de la mano con capacitación y muchas otras cosas para que puedan tener un trabajo digno y puedan ser respetados.

Es triste ver que el policía raso pueda ganar seis mil pesos y que en el gobierno federal puedan ganar mucho más. Yo quisiera que hubiese una estrategia no nada más para que puedan ganar mejor los policías a nivel federal, sino también que se hiciera lo necesario para que a nivel local se dé un esquema que venga desde la federación para que podamos tener policías con salarios dignos y no policías que solamente están viendo de qué manera pueden hacerse de un poquito más de dinero, por los malos sueldos. Obviamente esto no es justificable, pero es una realidad por la que atravesamos.

En cuanto al proceso electoral, me parece crucial que no nada más se les alerte a los presidentes de los partidos políticos, sino también a la sociedad en general. Y si algún partido político se pasa de listo y a pesar de esa alerta pone como candidato a algún personaje vinculado con el crimen organizado, que también se le haga saber a la población en general. Me parece un tema que va a ser bien importante en este 2015, que no puede quitar el dedo del renglón el gobierno federal.

Si esto se hubiera hecho desde hace un tiempo, no estaríamos atravesando por casos como el que hoy tristemente ensucia nuestra imagen a nivel internacional y por supuesto a nivel nacional, como es el caso Ayotzinapa, los 43 desaparecidos. Muchísimas gracias, comisionado, muchísimas gracias, subprocuradora.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Diva Gastélum para hacer la pregunta por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos.

La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, presidenta. Quisiera empezar por felicitarlos porque desde el inicio de su intervención hablaron de venir preparados. Pero no reflejan estar preparados, reflejan estar adentro del problema intentando resolverlo, lo que es muy distinto.

Me parece un despropósito el querer borrar esta construcción en positivo que se está haciendo para transformar el país y para poder ir eliminando el problema de la inseguridad, tan serio en México. Es muy fácil decirlo, pero una descomposición de un Estado no se da de la noche a la mañana; no bastan dos años, ni tres, ni cuatro.

Quiero decir tres cosas muy puntuales. Primero, es una mentira decir que Enrique Peña Nieto está buscando repartir culpas. A la vista de todos está quiénes son los culpables de Iguala y no usó ese medio el presidente de la república. Dos. Es una mentira decir que no tiene estrategia, cuando la estrategia más clara aquí está puesta en la mesa. Cada estado, cada municipio, cada ciudad, cada capital que lo ha requerido tiene una estrategia puntual no general.

3. Yo sí me felicito como grupo parlamentario del PRI, de una cosa muy importante: Enrique Peña Nieto y su equipo tienen rectoría de las cosas, y la rectoría de Estado es más importante que cualquier cosa, es responsabilizarse de lo más interesante que es la seguridad de este país.

Los felicito y me felicito de estar en la fila de ustedes formados, no enfrente tirando y apostándole a que esto no transite. En el PRI no le apostamos a que no transite, junto con ustedes como grupo parlamentario, como un Poder Legislativo que tenemos una responsabilidad, queremos caminar junto con ustedes.

La sociedad, el gobierno, Medellín es un ejemplo, cómo Colombia cambió porque la sociedad no solamente juzgó al gobernante, sino que se puso en la fila correcta.

Yo solamente una pregunta, la alerta de género es un éxito ya. Era una mentira ante la alerta de género, hoy es una realidad, cuatro estados tienen la alerta de género. Hoy el tema del feminicidio está ahí, latente y se está juzgando por un delito que nos ofende mucho más porque el número lo dejaron sin explicación.

Le quiero preguntar a los dos servidores públicos, ¿qué se está haciendo no solamente para aplicar la ley, sino para la otra etapa que la sensibilización de los que procuran, imparten justicia en este país, que llevan a cabo las investigaciones correspondientes? Por sus comentarios, muchas gracias.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Maestra Mariana Benítez, por favor.

La subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio: Gracias. Senadora, si me permite, quisiera tomar parte de mi tiempo también para dar respuesta a una pregunta que quedó, y posteriormente le voy a contestar.

Primeramente quiero, a fin de que no quede incompleta mi respuesta en cuanto al tema de Ayotzinapa, ya se han detenido 98 personas, en total hasta el momento son 132 el número de personas consignadas, y tenemos ya 49 autos de formal prisión en este caso.

Preguntaba la presidenta de la comisión al principio ¿qué había pasado con la información en relación con el dato de un GPS de un normalista que lo ubicaba en donde está el 27 Batallón?

Quiero decir que en la averiguación previa que tenemos, en la que obran datos de telefonía, obran datos de las redes técnicas y de cruces telefónicos que traían algunos normalistas, en ningún caso, en ningún caso se ubica a persona alguna en las coordenadas de la ubicación de este 27 Batallón.

En el caso de Tlatlaya quiero decirle, diputada, que las respuestas, digamos no hay como en este caso en el que se actuó de manera responsable. Y en el caso, por lo que hace a la Procuraduría General de la República, la investigación se consignó para dar el resultado de siete elementos consignados.

Recordemos que estos siete elementos son elementos del Ejército, se responsabilizaron por la comisión de los delitos de abuso de autoridad, en algunos casos de homicidio, ejercicio indebido del servicio público, alteración ilícita del lugar y encubrimiento en la hipótesis de procurar impedir la consumación del delito. Se cumplimentó la orden de aprehensión y se evitó, respecto a los siete militares, auto de formal prisión.

Finalmente, señora senadora, quiero decirle lo que nosotros hemos estado haciendo, usted fue testigo, en noviembre del año pasado publicamos el protocolo de investigación, es un protocolo que aplicarán Ministerios Públicos, investigadores y peritos para las investigaciones en los caso de feminicidio y violencia contra las mujeres.

No sólo eso, en nuestra institución, en la procuraduría, se han capacitado un número importante de servidores públicos que trabajan día con día en las investigaciones en esta materia. Y nosotros estamos totalmente convencidos de que es muy importante un programa de sensibilización, lo hemos venido haciendo, lo hemos venido desplegando en la institución.

Se han certificado, por ejemplo, 13 áreas de la Procuraduría General de la República en temas que tienen que ver con la prevención de la violencia contra las mujeres, les decía, el protocolo que se aprobó para regir las investigaciones en esta materia. Muchas gracias.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Senadora, ¿va a hacer uso de su réplica?

La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Así es. Quiero terminar diciéndole que, contrario a lo que muchos buscan, el desprestigio del país, al PRI le importa mucho lo que es México. Le importa mucho que México fuera de sus fronteras se conozca como un país de grandes oportunidades, un país que está intentando por todos los medios mover, transformar, hacer las cosas correctamente.

Nosotros lo comprendemos muy bien, hay fuerzas que les importa mucho el caos. En el pasado reciente a sangre revuelta –no río revuelto, a sangre revuelta– ganancia del crimen organizado. Nosotros no. No se tuvo ni una lista confiable de desaparecidos, nunca.

Hoy hay un intento de poner orden. Es lógico, es igual que en tu casa, cuando tú intentas poner orden en una casa desordenada el primero que grita es el que pone el desorden. Nosotros le apostamos a que Enrique Peña Nieto va a poner orden a este país. Y los felicito porque la tarea que tienen es muy, muy difícil.

El callarse la boca y no decir quiénes son los responsables, al contrario, en positivo trabajar cuesta. Nosotros los vamos a acompañar, porque le apostamos a que México es más que hablar mal los mexicanos del propio país.

Nosotros le apostamos que las cosas van a cambiar, y van a cambiar exactamente como lo están haciendo, con estrategia, decididos a que paguen los responsables, no filtrando ni ofreciendo pruebas ficticias. Muy por el contrario, haciendo justicia como se debe de hacer. Pero más aún, las reformas que hoy tenemos no solamente en materia penal, sino toda esta reforma que se hizo en el país va a rendir sus frutos.

Yo soy muy optimista y le creo no solamente a Enrique Peña Nieto, creo porque soy una mexicana convencida que México ha pasado por los peores momentos. La postrevolución más o menos quedó igualito que dejaron el sexenio pasado y México supo salir adelante. Vamos a salir adelante. Ustedes no le aflojen, nosotros estamos formados en la fila del prestigio de este país.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Con esto hemos concluido la segunda ronda de participación de los grupos parlamentarios y vamos a dar cabida a los comentarios finales.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene para esto la palabra el comisionado de Seguridad Nacional, licenciado Monte Alejandro Rubido, para conclusiones finales hasta por cinco minutos. Por favor.

El comisionado Monte Alejandro Rubido García: Gracias, presidenta. Señoras y señores legisladores, refrendo que para mí ha sido un privilegio participar en esta sesión de trabajo. Déjenme concluir en estos cinco minutos con los que cuento, para enfatizar sobre la estrategia del presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad pública.

Creo que vale la pena recordar que en su momento el señor presidente presentó 10 acciones de política pública de seguridad y procuración de justicia al inicio de su mandato. Haciendo un ejercicio de memoria, ¿cuáles fueron esos 10 componentes que anunció el señor presidente?

El primero fue prevención del delito y reconstrucción del tejido social. Hoy en día se ha trabajado a través de una Comisión Intersecretarial en la que participan nueve dependencias, y se han canalizado 248 mil millones de pesos a los polígonos que representan mayor incidencia delincuencial.

El punto número dos. La acción número dos de la política pública de seguridad y procuración de justicia es justicia penal eficaz. Como ya lo señaló la subprocuradora Benítez, en 25 entidades federativas ya hay una operación parcial del nuevo sistema de justicia penal; en cuatro la operación es plena; en 19 entidades se está operando con el Código Nacional de Procedimientos Penales en el ámbito local, y en dos entidades con el Código Nacional de Procedimientos Penales en el ámbito federal.

La tercera de las acciones, profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos policiales. Aquí destaco, en lo que va de la administración se creó la Comisión Especial de Desarrollo Policial en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es el órgano rector en la materia; se actualizó el programa rector de profesionalización; se creó y se puso a funcionar la división de Gendarmería en la Policía Federal, y se ha capacitado a 840 mandos en el Centro Nacional de Formación de Mandos, que se encuentra en Amozoc, Puebla.

El punto número cuatro, transformación del sistema penitenciario. No me repito con lo que le señalé a la senadora Mariana Gómez del Campo, sobre las capacidades instaladas y lo que vamos a crecer.

Quinto, promoción y articulación de la participación ciudadana. Se aprobó en la primera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública al inicio de la administración la participación de cinco representantes ciudadanos en el mismo. También cuando se constituye la Consejo Nacional Antisecuestro en enero del año pasado se da representatividad social.

Sexta acción, cooperación internacional. Se han intensificado, sin lugar a dudas, las estrategias de intercambio de información, principalmente de inteligencia y con los países de la región.

Si la delincuencia actúa de manera organizada, los países que sufrimos el flagelo, sean países de producción, de tránsito o de consumo, también tenemos que actuar de manera coordinada.

Séptimo, información que sirva al ciudadano. Recuerdo lo que señalaba con las cifras durante mi presentación, la publicación mensual de los índices delincuenciales por parte del Consejo Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo.

Pueden estar ciertos que México es uno de los países, si no es que el más medido en el mundo en cuanto a la situación de variación del índice delincuencial. Y hay que destacar que desde enero del año pasado no sólo hablamos del número de averiguaciones previas que se registran, sino del número de víctimas que va aparejado a cada una de esas averiguaciones previas.

Octavo, una coordinación entre autoridades. Aquí se han establecido reuniones de trabajo permanentes para que los operativos conjuntos que anunciamos estén funcionando y se hace no con el ánimo de exhibir a ninguna entidad, sino de contribuir y coadyuvar a reestablecer las condiciones de seguridad en las mismas.

Noveno, regionalización. Es un componente que está estrechamente vinculado al anterior y recordemos que al inicio de la administración del presidente Peña, el país se divide en materia operativa en cinco grandes regiones y el gabinete de seguridad asiste regularmente a esas regiones para charlar con los señores gobernadores, revisar en dónde estamos teniendo avances, en dónde no los estamos teniendo, para poder intercambiar experiencias que resulten exitosas.

Y finalmente, el décimo componente de esta estrategia, de esta política pública de seguridad y procuración de justicia, fue el fortalecimiento de la inteligencia. Los resultados que se han tenido cuando hemos insistido que se logran detenciones sin efectuar un solo disparo, nos ratifican que la inteligencia es una tarea fundamental en la lucha contra la inseguridad.

El presidente Peña anunció que contaremos con cinco centros de fusión de inteligencia, los primeros tres de ellos se pondrán en funcionamiento en los próximos días. Por su atención, señoras y señores senadores y diputados, muchísimas gracias.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, licenciado Monte Alejandro Rubido.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Para sus conclusiones tiene también el uso de la palabra la maestra Mariana Benítez, hasta por cinco minutos.

La subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio: Muchas gracias. Seré breve, porque el comisionado ha sintetizado muy bien cuál es la gran estrategia en materia de seguridad de procuración de justicia que ha definido el gobierno de la república.

Simplemente quisiera yo refrendar cuál es el proyecto de la Procuraduría General de la República para los siguientes años, enmarcado, como ya he dicho, en un Programa Nacional de Procuración de Justicia.

Un programa que fue diseñado con mucha precisión a partir de un diagnóstico. Aquí refería algún legislador que se tiene que contar con diagnóstico. Esos diagnósticos se hicieron, en esos diagnósticos nos apoyaron instituciones académicas, como el CIDE para adentrarse en la institución y poder tomar decisiones correctas y establecer las medidas acertadas para poder fortalecer a la institución.

Reitero, nosotros estamos abocados no solamente a resolver las investigaciones de casos tan relevantes, como el caso de Ayotzinapa, el caso de Tlatlaya y los demás que se han presentado, en donde, de verdad, hemos actuado con toda responsabilidad, poniendo todos los elementos, todos los recursos, todo el personal más capacitado que tenemos a nuestro alcance, sino que además pretendemos también, como ya he dicho, trabajar para el largo plazo, no trabajar para el inmediato, sino construir las bases de lo que les puede permitir a la futura Fiscalía General ser una fiscalía autónoma plenamente, en donde ejerza plenamente el papel de representante de la sociedad antes que nada. En donde ejerza con eficacia su función, que es la de ejercer la acción penal en nombre de la sociedad.

Yo creo que se están construyendo esas bases, se está construyendo primero que nada capacidad en nuestro personal. No es fácil. Créanme que no es fácil, primero, identificar a los talentos, convencerlos de venir a trabajar con nosotros en temas tan delicados. No es fácil generar las capacidades y mantener una actualización constante en nuestro personal. Pero se está haciendo. Se está haciendo.

Alguien por aquí, la senadora Mariana del Campo, comentaba que, bueno, es muy importante también generar estos incentivos, aumentos salariales y prestaciones a los servidores públicos que trabajan en estas materias, quiero decirles que el procurador general de la República, desde hace más de un año aumentó en un porcentaje muy importante, en un 73 por ciento el salario de los agentes investigadores. Lo cual habla de la importancia que le damos no solo a generar capacidades sino también a generar los incentivos buenos, positivos para que esta gente que trabaja en la procuración de justicia esté comprometida con los temas.

Insisto, estamos también enfocados en fortalecer las capacidades tecnológicas y científicas de la procuraduría. Casos como los que hemos visto nos han exigido, nos han demandado poner al servicio de estas investigaciones la ciencia, los recursos más avanzados, los recursos tecnológicos más avanzados. En eso también estamos abocados.

Estamos también desarrollando un sistema de reorganización de procesos dentro de la Procuraduría. Es necesario. Desde luego, hay muchos retos, son muchos los rezagos que tenemos todavía, pero estoy convencida que estamos trabajando en el camino correcto, en el camino del fortalecimiento institucional, en el camino de la generación de capacidades.

Y quisiera esto ligarlo también con lo que ha venido haciendo el presidente de la República a través de las iniciativas que ha presentado. El presidente de la República presentó y promovió la reforma constitucional para expedir una legislación única en materia procedimental penal, lo cual tuvo como resultado que tengamos un Código Nacional de Procedimientos Penales, que se ha convertido en el principal detonador de la transición efectiva del sistema de justicia penal acusatorio.

¿Por qué? Porque a partir de este código se han generado esquemas homologados de capacitación. Se han generado protocolos de actuación únicos para toda la República, que van a aplicar investigadores, ministerios públicos peritos.

Porque a partir de ahí también, y de la iniciativa que presentó para expedir una legislación única en mecanismos alternativos, también ya es una realidad en muchos estados de la República.

Esta justicia que nos ayudará a despresurizar en un gran porcentaje la justicia penal. En consecuencia, reitero lo dicho también por el comisionado, se está trabajando una estrategia, hay una estrategia y hay una decisión clara de sentar las bases para construir mejores instituciones de seguridad y de procuración de justicia.

Muchas gracias por la oportunidad de venir aquí a explicar lo que se está haciendo. A dar respuesta a cuestionamientos razonables que ustedes tienen. Y bueno, estoy a sus órdenes siempre. Gracias.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchísimas gracias, maestra Mariana Benítez, por sus respuestas.

La presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Hemos conocido cifras en esta reunión de trabajo tanto del comisionado nacional de Seguridad como de la PGR, de la subprocuradora, que en otros momentos podrían ser alentadoras, pero la violencia e inseguridad que privan en todo el territorio nacional nos vuelven más escépticos de lo que hace esta materia.

No apostamos al fracaso de los encargados de combatir el crimen organizado, al contrario, buscamos alternativas para abatirlo, sin embargo la sociedad mexicana sigue siendo el tema de mayor preocupación, incluso por encima del empleo.

La realidad nos rebasa a todos, que quede claro que la justicia es una asignatura pendiente en este gobierno. Digo esto porque saber de la detención de algunos narcotraficantes, de todos los números que aquí se nos documentan, pero que el narcotráfico y la delincuencia sigan creciendo y que no haya control, eso también es una realidad.

No se ha podido aclarar el caso de los 43 normalistas, las agresiones a periodistas y activistas sociales, los feminicidios, las desapariciones forzadas, y bueno un largo etcétera que evidencia una crisis de la violación grave a los derechos humanos.

El objetivo de estas reuniones es hacer patente la preocupación de la población que día a día es víctima de la inseguridad. Nuestro deber es conocer qué se está haciendo, cómo y con quién, conocer a detalle y con toda transparencia la información que en cada una de las instituciones se esté trabajando.

A los mexicanos nos urge recobrar la confianza en las autoridades de seguridad y procuración de justicia, pero lamentablemente en los acontecimientos que nos han estremecido como nación, hemos visto que estamos muy por debajo de las expectativas de los mexicanos.

Tener toda esta información ayudará a valorar no solamente las iniciativas que hemos recibido del Ejecutivo federal que aquí se han comentado sobre la policía única, sino también sobre el qué está pasando con el tránsito al sistema acusatorio. ¿Será que hay mucha atención y mucha habilitación para poner en marcha este sistema que nos está volviendo, no tan eficaces en la parte de la atención puntual a los delitos que se van cometiendo en cada uno de los rincones de este país? Y por qué no, si sabemos que ya desplegaron toda una serie de elementos en diferentes puntos del estado de Guerrero para la búsqueda de los normalistas. ¿Por qué entonces no agotar todas las vías de investigación? Eso es algo que yo dejo en la mesa porque es una demanda latente entre quienes hacen también investigación periodística y van documentando de algunas versiones que tendríamos también que poner en la mesa para seguir aclarando y manifestando el cómo estamos haciendo el trabajo ante la población.

Muchas gracias ambos funcionarios por haber acudido, les rogaría si alguna pregunta del algún grupo parlamentario quedó sin respuesta, la podamos hacer llegar por escrito y seguir en comunicación sobre todo para lo que implica estas reformas que tenemos en ciernes en el Congreso sobre la policía única, el mando único y que ése es un análisis que tenemos que hacer a la brevedad. Muchas gracias a todos.

Se levanta la sesión (20:13 horas), agradecemos su asistencia. Siendo las veinte horas con trece minutos del día 20 de enero de 2015 declaramos formalmente cerrada esta reunión de trabajo y citamos a la Primera Comisión para su sesión ordinaria el próximo martes a las 12 del día. Muy buenas noches a todos.



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