Desplazados en Sinaloa

Nuevos desplazados del triángulo dorado/La Silla Rota
En San Ignacio, Sinaloa, la población de las comunidades de la sierra vive bajo el miedo de quienes quieren obligarlos a sembrar amapola y marihuana.
Redacción | Especiales LSR | 2015-03-05 00:00:00
ELOTA.- “Ya no tenemos nada que nos una con nuestro antiguo hogar, salvo algunos antepasados que ahí están sepultados”, suspira Gregorio Pereda Pérez, originario de la comunidad de Colonos, municipio de San Ignacio, un pueblo enclavado en la sierra cercano a Durango. Este hombre habla con la voz entrecortada, como si acabara de salir huyendo de la violencia. Pero no es así, él y su familia salieron de su pueblo cargando lo que pudieron en 2011, cuando un grupo armado llegó, saqueó su rancho y los extorsionó. “La vida de nuestros hijos nos dio valor  para buscar primero refugio en la cabecera municipal”, pero luego se establecieron en este municipio, en la comunidad pesquera Celestino Gazca.
La ilusión de volver algún día a San Ignacio está rota. “Ahí la vida de nosotros no vale nada”, dice.
San Ignacio es un municipio de la zona sur de Sinaloa en el que las comunidades colindantes con Durango que se encuentran en la sierra llevan padeciendo desde hace años el acoso de cárteles de la droga Gavilleros, los llama el gobierno del estado. La versión oficial es que son pequeñas bandas relacionadas a los cárteles los que infunden el temor en esa zona.

Lo cierto es que en los últimos tres años al menos 900 familias han dejado el lugar que los vio nacer y crecer en la sierra sinaloense. Sólo en febrero se registró el asesinato de seis personas.

El último hecho que estremeció San Ignacio fue el asesinato del síndico de la comunidad de San Juan, el pasado 17 de febrero, Arturo Pereda Zamora. A él simplemente hombres armados llegaron a su casa, lo sacaron a la fuerza sin ningún disparo y horas después el cuerpo del síndico apareció a espaldas de una escuela secundaria. Su cuerpo tenía tres disparos.

Tres años y medio antes el síndico que le precedió, Saúl Salcido Morales, también fue asesinado. Él fue igual sacado de su casa por hombres vestidos de negro, y su cuerpo hallado un día después a 190 kilómetros de ahí, en Navolato, con cinco impactos de bala y huellas de tortura.

¿Por qué esta violencia en la sierra de Sinaloa? Desde hace años, la sierra de San Ignacio, pero también de La Concordia, es disputada por la fertilidad de su tierra para la producción de amapola y marihuana. Grupos locales han controlado la siembra, y ahora, obligado a las familias a que produzcan.

Según la investigación de Arturo Lizárraga, “Narcotráfico, violencia, migración al extranjero: el caso del estado de Sinaloa, México”, desde hace décadas la población está acostumbrada a la siembra de enervantes.

 “En el municipio de San Ignacio, durante y después de la década de los cuarenta, por el narcocultivo hubo demanda de fuerza de trabajo. Por ejemplo, doña Paulina Sánchez, de la localidad de El Chaco, a unos cuantos kilómetros de la cabecera municipal, en esos años participó como trabajadora en un campo de amapola como rayadora de la planta: ‘con una navajita se raya el bulbo; al día siguiente o a los dos, se regresa para recoger la gomita. Se van haciendo bolitas y éstas se vacían a un molde de donde salen los panes. Todos mis hermanos y yo le entrábamos’. Y cuenta esto con la mayor naturalidad”.

 “Yo soy de los meros altos y nadie me lo quitará; si voy a Piaxtla de Abajo luego quiero regresar,si Dimas tiene su encanto, también La Hacienda y San Juan”, dice el corrido sobre el municipio, cuya cabecera tiene una iglesia principal colorida de colores mostaza y ladrillo y una plaza donde, de día, pareciera que no pasa nada.

Pero en la cabecera de ese municipio y otros como Elota decenas de personas siguen llegando aterradas por el miedo.

En octubre del año pasado se volvió a dar otro éxodo. Las familias llegan de las comunidades de Ajoya, Guillopa, la Ciénega, el Guayabo, el Espinal Rincón del Chilar y Vado Hondo. Ahí, dicen, el crimen quería forzarlos  trabajar para ellos.

Ahora municipios como Elota reciben a las familias. Aquí 23 de ellas sobreviven en viviendas rústicas totalmente improvisadas con madera y láminas. Familias que antes lo tenían todo: producción de alimentos para autoconsumo, ganado, un espacio propio.

Juan Ernesto Millán, secretario de Desarrollo Social en el estado, confirmó el éxodo y aseguró que el gobierno ayuda. “Fue necesario impulsar un programa de empleo temporal para los varones  y la implementación de otro para mitigar el impacto de verse desplazados”, dijo.

Pero la gente sigue sin poder regresar a la tierra donde tenían su vida y el estado reconoce que no tiene capacidad. Genaro García Castro, secretario de Seguridad Pública del estado reconoció no hay suficientes elementos estatales por lo que se necesita de la Marina y el Ejército.

Mientras, pobladores como Gregorio Pereda lamentan haberlo perdido todo y no tener garantías para volver a su hogar. “El rancho fue saqueado, los animales robados y la parcela destruida”.