Palabras
del Presidente Enrique Peña Nieto,
durante la Promulgación de la Reforma Constitucional para Crear el Sistema
Nacional Anticorrupción
Palacio Nacional, a 27 de mayo de 2015
Muy
buenas tardes a todas y a todos ustedes.
Saludo
a los Presidentes de las Mesas Directivas del Senado de la República y de la
Cámara de Diputados.
Al
señor representante y Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Al
señor Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Al
señor Gobernador Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores.
A
los dirigentes de partidos políticos que hoy aquí nos acompañan.
A
las y los Presidentes de organismos autónomos del Estado mexicano.
A
las y los Legisladores Federales que están aquí presentes.
A
representantes de la sociedad civil.
A
dirigentes de organismos empresariales; de organizaciones de sociedad civil.
Al
Presidente e integrantes del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa de
nuestro país.
A
representantes de organismos de fiscalización de las distintas entidades
federativas.
Muy
distinguidos invitados.
Señores
representantes de los medios de comunicación:
Como
aquí se ha expresado, la corrupción es un mal que afecta la vida económica,
política y social de cualquier Nación.
Es
un flagelo, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, que limita el crecimiento
a las empresas, que socava la confianza en el servicio público y, sobre todo,
que impide al ciudadano ejercer plenamente sus derechos.
En
2014, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia
Internacional, México obtuvo una calificación de apenas 35, en una escala de 0
a 100. Prácticamente la misma que hace 20 años.
Con
ella, nuestro país se ubicó en el lugar 103 entre 175 naciones.
Esto
es inaceptable y es inaceptable que México tenga una evaluación tan baja. No sólo
por la posición en sí misma, sino por la insatisfacción y desconfianza en las
autoridades que ello refleja.
Por
eso, la lucha contra la corrupción debe ser un desafío que nos convoque y nos
comprometa a todos los mexicanos.
Para
superar un problema estructural, requerimos, igualmente, una solución
estructural. Necesitamos una respuesta institucional amplia y sistémica,
permanente y decisiva.
Justamente,
la Reforma Constitucional que este día, en un momento más habré de promulgar,
ofrece una respuesta de esta magnitud al crear el Sistema Nacional
Anticorrupción.
Esa
es la trascendencia de este encuentro aquí, en Palacio Nacional.
Con
ésta, la Reforma transformadora número 12, en ella se establecen las bases
constitucionales para que los servidores públicos y los particulares que
incurran en actos de corrupción, sean sancionados y obligados a resarcir el
daño patrimonial causado.
Éste
es un auténtico cambio de paradigma, para combatir con mayor eficacia el
cohecho, la extorsión o el tráfico de influencias, entre otros actos indebidos.
En
pocas palabras, es una reforma contra la impunidad.
Como
Presidente de la República, estoy firmemente comprometido con el combate
frontal a la corrupción y con el fortalecimiento de la legalidad, la
transparencia y la rendición de cuentas.
Con
esa misma convicción, el primer compromiso que firmé como candidato
presidencial y la primera propuesta legislativa que impulsé como Presidente
electo, estuvieron dirigidos, precisamente, en contra de la corrupción.
Las
propuestas que presenté al Congreso, con el apoyo de distintos grupos
parlamentarios, en noviembre del 2012, inició un intenso y enriquecedor debate
que culminó en la reforma constitucional que hoy estamos haciendo realidad.
Soy
el primero en reconocer que el resultado final es superior y más amplio que la
iniciativa original.
De
hecho, esta reforma implicó modificaciones a 14 artículos de nuestra
Constitución.
Lo
anterior, sin duda, fue posible gracias a los elementos contenidos en otras
iniciativas presentadas por legisladores de distintos partidos políticos.
Este
avance legislativo es una muestra de la nueva etapa que vive nuestra
democracia, basada en el diálogo y la corresponsabilidad, en el entendimiento y
los acuerdos.
Por
eso, reitero mi mayor reconocimiento a las y los Senadores, a las y los
Diputados Federales y locales, así como a los representantes de las principales
fuerzas políticas por su trabajo comprometido.
Pero,
sobre todo, también quiero destacar que esta reforma constitucional es fruto de
una inédita y constructiva participación de la sociedad civil organizada, de
académicos y de expertos en favor de la honestidad y la integridad en el
servicio público.
Por
su importancia para la vida de nuestra Nación, y para la vida cotidiana de los
mexicanos, quiero señalar algunos de los puntos más significativos de esta
reforma.
Primero.
Se establece y articula todo un Sistema Nacional Anticorrupción.
Se
trata de una moderna instancia de coordinación entre las autoridades locales y
Federales, con atribuciones amplias para prevenir, detectar y sancionar
irregularidades administrativas y delitos por actos de corrupción.
En
su conjunto, este sistema también cuenta con facultades de coordinación en
materia de fiscalización y control de recursos públicos, para garantizar que
estos se utilicen única y exclusivamente en los programas, obras y acciones
aprobados.
El
nuevo Sistema velará porque el desempeño de los servidores públicos se apegue a
los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
Cabe
destacar que el Sistema Nacional Anticorrupción tendrá un comité coordinador
integrado por la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, la Fiscalía para el Combate a la Corrupción y la Secretaría
de la Función Pública.
También
formarán parte de este comité: el Consejo de la Judicatura Federal, el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales y un representante del Comité de Participación Ciudadana del
propio Sistema Nacional Anticorrupción.
Este
comité será el encargado de coordinarse con los sistemas locales
anticorrupción, que habrán de crearse en las 32 entidades federativas.
Con
ello, haremos de la lucha contra la corrupción un gran esfuerzo nacional.
Segundo
punto. Se fortalecen y amplían las facultades de fiscalización de la Auditoría
Superior de la Federación.
Con
el fin de investigar y sancionar con más eficacia los actos irregulares, esta
autoridad podrá realizar auditorías en tiempo real; es decir, aún cuando el
ejercicio fiscal esté en curso y no sólo eso, además podrá efectuar revisiones
a periodos fiscales anteriores.
También,
por primera vez, tendrá atribuciones para vigilar el destino final de las
participaciones federales que reciben estados y municipios, así como los
recursos federales que se entregan a fideicomisos públicos y privados.
Igualmente
podrá supervisar en qué se gasta la deuda pública que contratan los gobiernos
locales, cuando ésta sea garantizada por la Federación.
De
este modo, la Auditoría Superior de la Federación se consolida como el máximo
órgano de fiscalización al tener la capacidad de auditar la totalidad del gasto
público federal y las participaciones federales que van a las entidades
federativas y a los municipios.
Además
de otorgarle nuevas facultades a esta Auditoría, la reforma eleva a rango
constitucional su mandato para promover responsabilidades ante las autoridades
competentes, a efecto de que sean sancionados, tanto servidores públicos, como
particulares.
Tercero.
Se crea un innovador y moderno esquema de justicia administrativa.
Como
parte de este proceso, surge un nuevo Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, con atribuciones para imponer sanciones a los servidores
públicos y a los particulares que cometan faltas administrativas graves.
Este
órgano jurisdiccional contará con plena autonomía para asegurar la certeza
jurídica y para que prevalezca el interés general de los mexicanos, por encima
de presiones, influencias o consideraciones de cualquier otro tipo.
Y
algo muy importante: se amplía a nivel constitucional de tres a siete años la
prescripción de faltas administrativas graves, dotando a la justicia de un
alcance transexenal.
Cuarto
punto. Se fortalece la corresponsabilidad entre los Poderes Públicos para
combatir la corrupción.
A
partir de esta reforma, el Senado de la República ratificará el nombramiento
del Titular de la Secretaría de la Función Pública.
Por
su parte, los responsables del control interno de los organismos autónomos
deberán ser designados por la Cámara de Diputados, garantizando que cuenten con
la imparcialidad necesaria para cumplir sus funciones.
Y
quinto punto. Se establece una hoja de ruta para la legislación secundaria del
nuevo marco constitucional.
La
reforma faculta al Congreso de la Unión para expedir, en un plazo máximo de un
año, la ley general que establezca las bases de coordinación del nuevo Sistema
Nacional Anticorrupción.
También
faculta a los Diputados Federales y Senadores para definir las competencias de
cada autoridad en el combate a la corrupción, así como las responsabilidades
administrativas de los servidores públicos de todos los órdenes de Gobierno.
En
síntesis.
La
Reforma Constitucional, que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, es un paso
histórico en favor de una nueva cultura de la legalidad.
Señoras
y señores:
Hace
apenas unas décadas, gran parte de la sociedad mexicana dudaba que en nuestro
país pudieran celebrarse auténticas elecciones libres y democráticas, en las
que se respetara la voluntad ciudadana.
En
aquel entonces, se veía muy remota la posibilidad de que México pudiera contar
con instituciones electorales autónomas, que aseguraran la certeza, legalidad,
independencia e imparcialidad de los comicios.
En
ese tiempo, incluso algunos llegaban a pensar o hacían impensable una
alternancia en la Presidencia de la República.
Sin
embargo, gracias a una sociedad más participativa, gracias a las instituciones
que entre todos hemos construido, y gracias a una creciente cultura
democrática, hoy nuestra Nación ha demostrado que esas creencias del pasado
eran falsas.
En
el México de la actualidad, hay elecciones libres, tenemos instituciones
electorales fuertes e independientes; y la alternancia, en todos los órdenes de
Gobierno ya es parte de nuestra normalidad democrática.
Esta
experiencia de cambio institucional, de cambio de mentalidad, pero sobre todo,
de cambio cultural, nos demuestra que sí es posible evolucionar, que sí es
posible transformar a nuestro país cuando hay voluntad política y un esfuerzo
ciudadano que se da de manera sostenida.
La
misma incredulidad que en su momento generó la transición democrática, es la
que hoy existe en torno a nuestra capacidad como Nación de combatir la
corrupción.
Pero
estoy seguro de que así como los mexicanos hemos logrado consolidar nuestra
democracia, así también habremos de vencer este desafío.
Al
igual que hace décadas, la exigencia de la sociedad llevó a cambiar las
instituciones políticas.
Hoy
la exigencia ciudadana también está transformando las instituciones en favor de
la transparencia y la honestidad.
Hoy,
México tiene en las reformas constitucionales en materia de Transparencia y de
Combate a la Corrupción, dos pilares para lograr una gestión pública basada en
la integridad y en la rendición de cuentas.
Con
estas reformas que se han logrado alcanzar en materia de Transparencia y en
este Sistema Nacional Anticorrupción, se logran dos importantes objetivos:
Por
un lado, obligar a todos los poderes y órdenes del Estado mexicano a hacer más
transparente su diario actuar y, por otro lado, se crean mecanismos que
establecen un mayor control sobre el ejercicio del gasto público.
Eso
es lo que hoy estamos logrando a través de estas dos importantes reformas, que
estoy seguro, habrán de calar, como deseamos calen en el ánimo y en el ambiente
de nuestra sociedad, para ir generando una nueva cultura en favor de la
transparencia, de la honestidad y de la legalidad.
Aún
es mucho lo que nos falta por construir, pero si mantenemos el impulso
transformador y la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanos, México
logrará superar y vencer este gran flagelo de nuestro tiempo, que es la
corrupción.
Tengamos
confianza en nosotros mismos; tengamos confianza en nuestro gran país y en su
capacidad de ser mejor cada día.
Muchas
gracias.
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