Lenguas Viperinas/LSR
LA PROCURADORA FEDERAL Arely Gómez viaja hoy a Washington en un momento delicado para la institución. Nos aseguran que la visita a la capital norteamericana, donde se reunirá con su homóloga, Loretta Lynch, está programada desde hace semanas, pero será muy difícil que en sus charlas no surjan temas como el drama de Aytozinapa tras el réves sufrido por la PGR ante el grupo de expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que tiene también su sede en aquella ciudad y cuyo secretario ejecutivo es el mexicano Emilio Álvarez Icaza.
EN LA PGR por cierto, hay claro desagrado ante el dictamen que presentó el citado grupo de trabajo de la CIDH. Simplemente aseguran que el presunto peritaje se derivó de una visita de media hora que uno de los participantes en este grupo hizo en la zona del basurero de Cocula, lo que contrasta con los ¡120! peritajes que integró la Procuraduría en el expediente. Quizá sea posible cuestionar técnicamente el reporte de denominado GIEI, pero será complicado lidiar con el aspecto político. Ya se ve venir que el tema será un desafío inmediato para los nuevos actores en la escena diplomática mexicana, la canciller Claudia Ruiz Massieu, y el embajador Miguel Basáñez.
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FRENTES POLÍTICOS/Excelsior
I.La razón. Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal, aseguró que los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en Cocula. “Lo tenemos tan sustentado; los peritajes realizados por los expertos de la PGR, que obran en los expedientes, son contundentes y no dejan lugar a dudas de que en el basurero de Cocula fueron quemadas un gran número de personas la noche del 26 de septiembre”, aseguró. Hay 487 informes periciales, 386 declaraciones, cerca de 120 detenidos, 95 teléfonos móviles investigados y 14 registros, así como restos óseos que fueron recuperados de bolsas encontradas en el río. “Vamos a hacer la revisión del informe, y estamos abiertos para debatir”, explicó Zerón de Lucio.
II.Crear confusión. Carlos Martín Beristain, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, presentó las características e inconsistencias del caso Iguala. “No tenemos conclusiones, pero sí evidencia y, por lo tanto, es necesario replantear la investigación”, dicen los expertos. Le apuestan a que la incineración de los estudiantes es una hipótesis imposible. Sólo enturbian el caso en el momento menos oportuno. Se trata de un informe incompleto, tramposo y engañoso en el que no hay conclusiones sino suposiciones. Una pena que su trabajo deje más dudas que certezas. Que no los incineraron y se basan en la opinión de un solo experto. Está claro. No conocen la capacidad sanguinaria del narco en México.
III.Pendientes. Está más que documentado que el caso Iguala tiene muchas paternidades, y todas están en el Guerrero que gobernó Ángel Aguirre, en el Iguala que manejó a su antojo el exedil José Luis Abarca y en la participación de criminales como Guerreros Unidos y Los Rojos, que hicieron de este territorio una guarida de criminales. El presidente Enrique Peña Nieto manifestó ayer su disposición para reunirse con los padres de los normalistas. Más de lo que le corresponde. ¿En serio en su equipo quieren que el mandatario sea insultado y hasta responsabilizado, otra vez, del asesinato y desaparición de los normalistas, como lo han hecho hasta ahora los asesores y padres de los alumnos de la normal?
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Alhajero/ Martha Anaya
24 Horas..
El autobús desaparecido
A primera vista –y ante lo terrible que fue la “verdad histórica” que presentó Jesús Murillo Karam sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos–, la desaparición expresa de un quinto autobús del expediente de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre Ayotzinapa podría parecer menor.
De hecho, algunos así lo consideraron, si bien varios periodistas apuntaron la posibilidad de que aquel autobús pudiera haber transportado droga.
Pero de ahí no pasó. No se le hizo mayor caso al borrón que la PGR hizo de ese quinto autobús –un Estrella Roja 3278– que aparecía en la primera investigación que realizó la Procuraduría guerrerense.
Es hasta ahora, luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) –nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– subrayó tal ausencia, que lo acontecido con ese quinto autobús tomó otra dimensión.
Más, luego de evidenciar declaraciones contradictorias del chofer y totalmente opuestas a las de los estudiantes (los videos de la Central Camionera de Iguala demuestran que el chofer mintió), y de que alguien –cuando se hizo el peritaje– quiso hacer pasar otro autobús Estrella Roja Ecotur por el que en verdad fue tomado por los estudiantes la noche del 26 de septiembre.
¿Por qué tomarse tantas molestias con ese autobús? ¿Por qué borrarlo de la investigación? ¿Por qué mintió el chofer sobre lo que sucedió realmente con ese autobús? Y luego, ¿por qué los de Estrella Roja quisieron engañar a los peritos presentándoles otro autobús en lugar del verdadero?
La “desaparición” de ese autobús Estrella Roja, valga anotarlo, tuvo serias consecuencias para la investigación (de la PGR), ya que no se indagó la posible presencia de Policía Federal en la escena del crimen del “Palacio de Justicia”, ni se realizaron las pesquisas necesarias para el esclarecimiento de los hechos, como el levantamiento de la escena del crimen en la colonia 24 de Febrero
En fin, la pregunta se reitera: ¿Por qué se omitió, se escondió, se desapareció ese autobús?
Los expertos del GIEI apuntaron una hipótesis: La posibilidad de que el Estrella Roja estuviese cargado con droga o dinero y ello hubiera detonado la agresión a los estudiantes.
La hipótesis parte de información que obtuvieron de la DEA a partir de una causa abierta en Atlanta sobre el uso de autobuses para movilizar droga: “Según las informaciones recogidas, Iguala es un lugar de tráfico de heroína muy importante y, según la información pública, una parte de ese tráfico se haría mediante el uso de algunos autobuses que esconden dicha droga de forma camuflada”.
Hasta ahí el informe de los expertos independientes.
Ahora avancemos un paso más allá y preguntémonos: ¿Hacia dónde nos lleva la mención de autobuses Estrella Roja?
DECISIONES POLÍTICAS.- El coordinador de los perredistas en el Senado, Miguel Barbosa, abre más aún el abanico en torno a la investigación de la PGR sobre lo acontecido la noche del 26 de septiembre en Iguala.
Asegura que “desde el inicio (de la investigación) hubo una decisión política para que la PGR eliminara evidencias que vincularan a servidores públicos del gobierno del estado de Guerrero y del gobierno federal con la desaparición de los estudiantes”.
También, alega, “hubo una decisión política para hacer a un lado las evidencias que vincularan al Ejército mexicano en estos acontecimientos y para crear una verdad formal que llevara a los familiares de las víctimas a aceptar el horroroso destino de que hubieran sido calcinados sus hijos”.
Francisco Martínez Neri, coordinador de la bancada perredista en la Cámara de Diputados, no se quedó atrás: Adelantó que presentará demanda de juicio político contra el ex procurador Murillo Karam.
Y para rematar, según informó el coordinador de los priistas en San Lázaro, César Camacho, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó la creación de una Comisión Especial para darle seguimiento al informe del Grupo de Expertos Independientes sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
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Los tres errores de Murillo/Francisco Garfias
Excelsior
Los tres errores de Murillo
Confieso el desconcierto que me produjo la “convicción” del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, en el sentido de que los 43 de Ayotzinapa no fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, como establece la versión oficial.
Ahora tengo más dudas que certidumbre de lo que realmente ocurrió la noche del 26 de septiembre en Iguala. Vuelve a plantearse la pregunta fundamental en este doloroso rompecabezas: si realmente no fueron incinerados ¿dónde están?
La ausencia de respuesta, a casi un año de ocurridos los hechos, deja espacio a toda clase de especulaciones sobre el paradero de los chavos. Al cabo que ni nos gusta. Hay quien sostiene que los tiene encerrados el Ejército, por allí leí que los tiraron al mar, y así…
De lo único que sí estoy cierto es que el informe asesta un nuevo revés a la ya de por sí escasa credibilidad de los ciudadanos en el gobierno federal.
Es políticamente correcto estar de acuerdo con el informe del GIEI. El gobierno federal se allanó a este documento, por el que ya depositó un millón de dólares. No quiso pelearse. Ordenó un nuevo peritaje. El mismísimo presidente Peña dio indicaciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores para ampliar el mandato del GIEI.
Eso equivale a la descalificación de la “verdad histórica” que en su momento, dio a conocer el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam. Ya los padres de los desaparecidos hablan de “mentira histórica”.
Murillo es centro de ataques en las redes sociales. El exgobernador de Hidalgo es un político serio. Se dedicó en cuerpo y alma al caso Iguala. Casi no dormía, perdió no sé cuántos kilos. Los que saben –y estuvieron– dicen, sin embargo, que el hidalguense cometió tres errores graves: el famoso “ya me cansé”; hablar de “verdad histórica” y entregar la investigación a Tomás Zerón, quien por cierto ya salió a defender la versión oficial.
“No hay que olvidar que Murillo salió a declarar bajo tremendas presiones”, destaca; por separado, al subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa, le parece “injusto” que se sacrifique al exprocurador.
En Bucareli sabían de antemano cómo venía el informe. Hubo muchas reuniones previas con el grupo de expertos. No obstante que contrariaba la versión oficial no hubo intentos de parar las conclusiones o de meter censura. El gobierno dio todas las facilidades para que investigaran. Los cinco expertos lo reconocen.
Le preguntamos a Campa sobre el famoso quinto autobús. Ése de la línea Estrella Roja, en el que podría haber ido droga destinada a EU. La tesis del enfrentamiento entre bandas de narcos rivales. Guerreros Unidos contra los Rojos.
El funcionario nos dijo que el espinoso tema está en el expediente oficial. De ahí lo sacaron los expertos. “Si se mantuvo en reserva, fue para evitar la criminalización de las víctimas”, destaca.
Sobre los señalamientos de que tanto la Policía Federal como el Ejército sabían de la magnitud de los ataques contra los chavos y nada hicieron por defenderlos, el subsecretario de Derechos Humanos nos dijo que la toma de autobuses, aunque ilegal, es común en la zona.
“Hay tolerancia frente a esta práctica”, puntualiza.
Una y otra vez insistió en que con la información que las fuerzas federales tenían esa noche hacía imposible intervenir. “No ocurrió en un camino federal. No tenían competencia. No parecía haber elementos para hacerlo”, asevera.
El revés del informe de la CIDH: especialistas nacionales consultados por este reportero dicen que no todo el informe del grupo de expertos destaca por su seriedad. “No fueron del todo cuidadosos en la afirmación de que no fueron incinerados”, aseveran.
Nos aseguran que el famoso José Torero, experto peruano, estuvo sólo un día en el basurero de Cocula. Fue de pisa y corre. Eso le bastó para manifestar su convicción de que no los hicieron cenizas, como señala el informe oficial.
El calificado experto –trae credenciales de las Torres Gemelas– no revisó escenarios ni se tomó el tiempo suficiente para ir más allá de la “convicción” de que no era viable incinerarlos.
Le bastó un día para concluir que una pira de 43 personas en ese escondido basurero requiere 30 mil kilos de madera, 13 toneladas de neumáticos, 60 horas de combustión (la versión oficial habla de 15 a 20 horas), siete metros de llamas y 300 de columnas de humo.
Imposible que nos se viera en el pueblo, aseveran los especialistas.
“El informe del GIEI señala que hubo omisiones en la investigación. Porque no menciona que ni los padres de familia ni los más de 100 sobrevivientes tardaron ocho meses en declarar, porque se rehusaban a hacerlo”.
Sólo ocho normalistas declararon en octubre de 2014, cuando la PGR atrajo el caso.
Dato adicional: la misma fuente asegura que integrantes de las ONG que coadyuvaron en la investigación oficial, admitieron, en corto, que habían reconocido a cinco normalistas desaparecidos, a partir de los videos que contienen las espeluznantes declaraciones de los detenidos por el caso. Pero en público lo negaron.
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Iguala: los “expertos” especulan/Jorge Fernández Menéndez
Excelsior
Iguala: los “expertos” especulan
El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estuvieron investigando el caso Iguala han llegado a una serie de conclusiones que lo único que demuestran es que su indagatoria no pasa más allá de lo que ha dicho cualquier investigación periodística y es igual de poco concluyente.
El punto más destacado es que, según José Torero, un experto peruano que trabaja en una universidad de Australia, los cuerpos no pudieron ser incinerados en el basurero de Cocula porque se necesitaría mucho más material y más horas para poder hacerlo. Los de la CIDH hacen suyo el peritaje de Torero, pero al hacerlo desechan los realizados por la PGR y los de expertos mundiales reconocidos como John De Haan, Elayne Juniper Pope o Guillermo Rein, que han declarado que la incineración de los cuerpos sí era posible en ese lugar y en esas condiciones. Pero además, desconocen de un plumazo una parte clave de la investigación: las declaraciones ministeriales de los detenidos que reconocieron que ellos mataron a los jóvenes, incineraron los cuerpos y luego arrojaron los restos al río en bolsas negras de basura. Es una investigación en la que se cuentan 487 informes periciales, 386 declaraciones, hay cerca de 120 detenidos, 95 teléfonos móviles investigados y 14 registros, así como restos óseos que fueron recuperados en una bolsa en el río Cocula y que fueron enviados al laboratorio austriaco de Innsbruck donde, por lo menos, un fragmento se identificó, a través de pruebas genéticas, como correspondiente a uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Desechar todo eso a partir de un peritaje de alguien que no ha estado siquiera en el lugar de los hechos es una irresponsabilidad. No se cuestiona el grupo de expertos el porqué los jóvenes fueron a Iguala esa noche. En realidad habían sido convocados para ir a Chilpancingo, ya en el camino uno de los líderes del grupo les informó que siempre no, que iban a Iguala a reventar, les dijo y según testimonios de los sobrevivientes, un acto político. Ya en Iguala roban autobuses y según el grupo de expertos podrían haber robado, por confusión, un autobús que contenía droga y eso es lo que provocó una reacción tan violenta de policías ligados al cártel de Guerreros Unidos, ligados a su vez al presidente municipal José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda.
Para los expertos todo es por simple confusión, pero se está obviando que entre esos estudiantes había, también según testimonio de los asesinos confesos, integrantes de Los Rojos, el cártel rival de Guerreros Unidos. Según los detenidos, los jóvenes fueron llevados a Iguala como una medida de distracción para asesinar a los jefes de plaza de ese grupo en la ciudad. Nadie lo ha desmentido.
También, hace agua el informe cuando dice que ni el Ejército ni la Policía Federal intervinieron para evitar los hechos. En la zona la responsabilidad de la seguridad no era de la Policía Federal, sino de la policía local. Respecto al Ejército, el propio general Salvador Cienfuegos nos decía, cuando lo entrevistamos el 8 de julio pasado que, no era su responsabilidad salir de los cuarteles, como no habían salido en más de 100 movilizaciones que habían hecho esos jóvenes en Tixtla, en Chilpancingo, en Iguala. Además, “cuando estos hechos se dan, decía el secretario de la Defensa, en el cuartel no había gente; la destinada a atender cualquier emergencia había salido desde la mañana de ese día a atender un accidente de una pipa que traía un líquido muy tóxico y hasta en la noche se solucionó ese problema.
“Cuando regresan, ya habían sucedido esos hechos y salen cuando se sabe que hay personas, que dicen armadas, en una clínica. Ellos acuden y encuentran ahí alrededor de 25 jóvenes que se identifican como estudiantes, que no estaban armados, uno de ellos tenía una herida en el labio superior, sangraba, se les ofreció una ambulancia o algún servicio y no lo quisieron. Aun así, el oficial, pidió la ambulancia, están todos los reportes, llegan dos ambulancias, no una, para atenderlos, pero cuando llegan las ambulancias ellos ya se habían ido”.
Incluso, me decía el general Cienfuegos que “si ya vamos a lo que pudo haber pasado de haber tenido gente y haber salido a contener este problema, se tiene que apoyar a la autoridad y la autoridad es la Policía, que hoy sabemos que estaba penetrada. Pero cuando se están enfrentando a los jóvenes, están en una actitud de policías, ¿a quién atendemos? ¿A la policía o a los jóvenes que estaban enfrentando a la policía? Entonces, yo diría que en ese momento qué bueno que no había con qué haber salido, porque de haber salido hubiéramos creado un problema mayor”. Hace bien el gobierno federal en ordenar un nuevo peritaje en Cocula y en incorporar las conclusiones del grupo de expertos de la CIDH a los expedientes del caso. Pero debería quedar muy en claro que ese grupo no ha aportado nada nuevo ni definitivo a la investigación. Simplemente ha especulado sobre lo sucedido.
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EL ASALTO A LA RAZÓN/Carlos Marín
Milenio
Peritos de verdad y peritos “patito”
Entre los especialistas entrevistados (hace ya meses) por Esteban Illades y Juan Pablo Becerra-Acosta y el que les merece respeto pericial a los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (MILENIO de ayer) debiera realizarse un debate, propone el lector Felipe Pacheco Guerrero.
Amable, supone con razón que al autor de estas líneas le convencen las informaciones que sustentan que el basurero de Cocula fue donde sus homicidas cremaron a muchos o a todos los normalistas desaparecidos.
El tema permite recordar que el sacerdote Alejandro Solalinde, quien hizo público antes que nadie que los jóvenes habían sido asesinados y sus restos incinerados, quizá también sepa el sitio en que el crimen horrendo se cometió y, en cristiano, piadoso y justo abono a la procuración de justicia, debería declararlo ante el Ministerio Público.
Hay quienes, lectores también, proponen que las eminencias consultadas por Illades y Becerra-Acosta deben formar parte del nuevo peritaje que se hará en ese muladar…
cmarin@milenio.comMilenio
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Informe “engañabobos” de “expertos” en mentir/ Ricardo Alemán
El Universal
Un gobierno democrático que se respete habría expulsado del país a los dizque expertos que inventan el hilo negro...
Resulta difícil creer que Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la CIDH, pudiera avalar el informe del “grupo de expertos” que durante seis meses y luego de un millón de dólares, presentaron sobre la desaparición de los 43 normalistas.
Claro, a menos que Álvarez Icaza pretenda cobrar facturas porque en México le cerraron el paso a la presidencia de la CNDH.
En todo caso –y más allá de la evidente parcialidad legal, política y científica de los dizque “expertos”–, llama la atención la candidez y la poca capacidad de respuesta del gobierno federal, que dejó que el juicio mediático y el circo en redes sociales aplastaran la verdad legal del crimen contra los 43 y que, por ejemplo, sustenta el proceso penal que se sigue contra más de cien presuntos responsables que están en prisión.
Es decir, que si la autoridad mexicana hace caso al “chabacano” informe de “expertos” de la CIDH –que “piensa” que los normalistas no fueron incinerados–, entonces deberá dejar en libertad a todos los detenidos –muchos confesos de haber quemado a los estudiantes en el basurero de Cocula–; entonces los Abarca serían hermanas de la caridad y entonces el “horrible crimen de Estado” ameritaría la renuncia de Enrique Peña Nieto.
Y claro –en esa lógica–, las bandas criminales que ordenaron matar a los normalistas merecerían un homenaje nacional y el perdón público, porque se les habría involucrado, sin pruebas, en un crimen que no cometieron. De ese tamaño es el montaje y engaño de los dizque expertos de la CIDH.
Pero el escándalo es mayor cuando el “informe de los expertos” está plagado de perlas que muestran a los dizque expertos como engañabobos. ¿Lo dudan?
Una parte dice: “ese hecho nos llevó a pensar que al autobús tiene algo que ver en los ataques hacia los estudiantes”. ¡Una mera ocurrencia!
Otro dice “El grupo (GIEI) piensa que hay que analizar si ésta es una hipótesis fiable”. ¡Milagro, un colegiado que piensa idéntico!
Otra perla: “Iguala es un lugar de tráfico de heroína muy importante y según la información pública”. ¿Cuál información pública? ¿De quien? ¿Cuándo?
Más: “El negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la razón extremadamente violenta”. ¡Mas supuestos que soportan el informe científico!
Otra. “En el (GIEI) se ha generado la convicción de que los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula”. ¡Informe científico basado en actos de fe!
Y una perla: “Dada la evidencia, en ese momento la Policía Municipal de Iguala no tenía elementos para suponer que perseguía a Los Rojos”. ¡De risa loca! A partir de una evidencia concluyen que –a su vez–, un tercero no podía suponer!
Y de las decenas de ocurrencias, mentiras, creencias, supuestos, y presunciones que plagan al “informe científico”, la joya de la corona.
“No decimos que no se haya podido dar (la incineración de los normalistas en el basurero de Cocula), pero sí decimos que ese evento así tal y como ha sido descrito no pasó y toda evidencia recolectada por la PGR y el equipo argentino muestran que se han dado fuegos de pequeñas dimensiones y temporalidad indefinida”. ¡El informe chimoltrufia!
Y si no los incineraron, ¿de donde salió un hueso calcinado de Alexander Mora Venancio, identificado por científicos de Austria?
Un gobierno democrático que se respete habría expulsado del país a los dizque expertos que inventan el hilo negro, desprestigian instituciones y ofenden la inteligencia de los mexicanos. Claro, de los mexicanos que piensan. Al tiempo.
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