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A seis meses, acecha el carpetazo en el caso Narvarte/

Revista Proceso  # 2048, 30 de enero de 2016
A seis meses, acecha el carpetazo en el caso Narvarte/Sara Pantoja
La juez que investiga la matanza de la colonia Narvarte perpetrada el 31 de julio pasado –en la que fueron asesinados el fotorreportero de Proceso Rubén Espinosa y cuatro mujeres– ordenó cerrar la instrucción del caso. Pero los defensores de las víctimas explican que aún falta esclarecer el móvil de la ejecución, saber si el trabajo periodístico de Espinosa motivó el ataque, llamar a declarar a más personas, investigar los señalamientos de que hubo más perpetradores, indagar una serie de llamadas desde Chihuahua, profundizar en la identidad del propietario de la camioneta en que los asesinos llegaron al departamento, ampliar la mecánica de hechos, y aclarar la ruptura de la cadena de custodia, entre otros aspectos. Hay un carpetazo en puerta.

 A seis meses del asesinato de cinco personas en la colonia Narvarte de la Ciudad de México –incluidos un fotoperiodista de Proceso y una activista– la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sigue sin establecer el móvil del crimen, sin atender las peticiones de los abogados coadyuvantes y sin oír a los familiares de las víctimas.

Además está a un paso de dar carpetazo al expediente –que suma 15 tomos–, luego de que el viernes 29 la juez 25 en Materia Penal del Distrito Federal, Hermelinda Silva Meléndez, ordenara en tiempo récord cerrar la instrucción del caso, paso previo para dictar sentencia sólo a Daniel Pacheco Gutiérrez y José Abraham Tranquilino Torres, ya que César Omar Martínez Zendejas está amparado.

 Con ello, las promesas de Miguel Ángel Mancera de “llegar hasta las últimas consecuencias” y “no permitir que haya impunidad” quedan en el aire, según Patricia y Alma Espinosa Becerril, hermanas del fotorreportero Espinosa, quienes lo retan: “Si así como jefe de Gobierno que se había comprometido a resolver, no ha resuelto nada en este caso, no nos imaginamos cómo podría ser estando como presidente del país”.
 La orden de la juez se dio en medio de múltiples cuestionamientos sobre el trabajo de la investigación que la PGJDF ha hecho sobre el caso y que, según Leopoldo Maldonado, abogado de la organización internacional Artículo 19 y representante de la familia de Espinosa, “deja muy claro que no puede o no quiere llegar al fondo del asunto”.
 En entrevista con Proceso, resalta que esa situación “es muy preocupante porque viola el derecho a la verdad, el acceso a la justicia a las víctimas y el derecho a la verdad de la sociedad” asentados en la Ley General de Víctimas y la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal.
 El litigante enlista los pendientes que, según su análisis, seguirá teniendo la PGJDF aun cuando se dicte sentencia a los tres detenidos.
 El principal, dice, es que no ha esclarecido el móvil de la ejecución de la trabajadora doméstica Olivia Alejandra Negrete Avilés, la maquillista Yesenia Atziri Quiroz Alfaro, la modelo colombiana Mile Virginia Martín, la activista Nadia Dominique Vera Pérez y el fotoperiodista Rubén Manuel Espinosa Becerril, perpetrada el 31 de julio de 2015 en el departamento 401 del edificio marcado con el número 1909 de la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.
 “En seis meses hemos pasado del sexoservicio al tráfico de drogas, y la última versión –la del subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Edmundo Garrido– es que los detenidos tenían relación con Mile Virginia, como si eso fuera razón para matarla y a las otras cuatro personas”, opina.
 Otra deficiencia que percibe es que no se ha profundizado en la línea de investigación relacionada con el trabajo periodístico de Rubén ni el de activista de Nadia, quienes huyeron de Xalapa, Veracruz, en busca de refugio contra el hostigamiento y las amenazas del gobierno de Javier Duarte (PRI), según denunciaron ellos mismos en distintos medios de comunicación.
 “Lo único que hizo la PGJDF al interrogar (el 11 de agosto de 2015) al gobernador Duarte, al secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, y a la presidenta y la entonces secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (Benita González y Namiko Matzumuto, respectivamente) fue un golpe mediático que no tenía como intención profundizar en todos los elementos y circunstancias particulares que pudieran evidenciar este hostigamiento y persecución y generar una conexión con el asesinato de Nadia, Rubén y de las otras tres mujeres”, explica.
 Durante la indagatoria sólo han declarado tres periodistas de aquella ciudad, que trabajan en ABC Noticias, el colectivo Voz Alterna y Proceso. La coadyuvancia ha ofrecido más testimonios de reporteros y activistas que conocían a las víctimas, pero la procuraduría no ha aceptado sus ­declaraciones.
 “No tendrían por qué negarse, es una hipótesis razonable que si cualquier persona asesinada tenía previas amenazas y hostigamiento se investigue de dónde provienen eso amagos y si tienen algo que ver con el asesinato. Cualquier investigación tendría que agotar esta parte”, considera el especialista en defensa a la libertad de expresión y agresiones a periodistas.
 Más fallas
 Un tercer elemento en el que la PGJDF no ha profundizado es la presunta participación de una o más personas como autores materiales e intelectuales del crimen. Y es que entre los peritajes se halló –en un objeto punzocortante y la cuerda con la que fueron asfixiadas dos de las víctimas– ADN masculino que no es de Rubén ni de ninguno de los tres detenidos.
 De hecho, Esbeidy –la inquilina sobreviviente del departamento– declaró ante el Ministerio Público (MP) que la noche del 31 de julio llegó al departamento y descubrió el crimen. Aseveró: “Salí del departamento. Éste quedó bien cerrado, pero alcancé a escuchar el sonido de una puerta adentro, lo que me asustó más, pensando que alguien se podía encontrar adentro” (Proceso 2024). Cuando la joven regresó acompañada de policías, la puerta del inmueble estaba abierta.
Esa evidencia habla de, al menos, un cuarto sujeto involucrado, pese a que el procurador Ríos ha insistido en que los tres detenidos fueron los únicos asesinos.
Sobre ese aspecto hay más. En la sábana de llamadas del teléfono celular de Torres Tranquilino –expolicía que estuvo preso por tortura– existen llamadas de entrada y de salida antes, durante y después del crimen, y entre ellas destacan unas hechas desde Chihuahua. Sin embargo, la autoridad no las ha investigado.
“Cuando pedimos explicación a los más altos funcionarios de la procuraduría, nos dijeron que pudieron ser números equivocados o llamadas de bancos. Y con esa justificación se negaron a profundizar el hecho”, rememora Maldonado.
En esa reunión estuvieron presentes el jefe de la Policía de Investigación, Raúl Peralta, el fiscal de Homicidios, Marco Reyes, y el subprocurador Edmundo Garrido.
No es todo. En una de las ampliaciones de su declaración, Torres Tranquilino aseguró que al menos dos personas más les ayudaron a perpetrar el crimen, pero la procuraduría tampoco ha seguido esa pista. También declaró que Mile Virginia estaba involucrada en el tráfico de drogas y que acudía frecuentemente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esa declaración convino a la hipótesis que para entonces ya manejaba la procuraduría, a propósito de que el crimen fue por un ajuste de cuentas del narcotráfico.
No obstante, según lo expuesto en el expediente, la terminal aérea “envió información de que no tiene registros documentales ni videográficos de que Mile estuviera de manera recurrente acudiendo al aeropuerto”.
De manera paralela, en el expediente también existe información de que la factura y la tarjeta de circulación de la camioneta Suburban en la que los presuntos responsables se trasladaron de Coyoacán a la colonia Narvarte para cometer el crimen y que supuestamente era propiedad de Daniel Pacheco, están a nombre de otra persona, a quien tampoco se ha investigado.
En la enumeración de los pendientes de la indagatoria, Leopoldo Maldonado comenta que la PGJDF no ha establecido lo que ocurrió dentro del departamento aquella tarde. Expresa que la mecánica de hechos “es muy escueta, no establece con claridad la secuencia de lo que pasó”.
Por ello, la coadyuvancia pidió una ampliación de la mecánica de lesiones y una reconstrucción de lo acaecido. La respuesta de la PGJDF fue que estas acciones se realizarían sólo si los implicados declaraban lo que pasó adentro. “Eso es inaceptable, es imposible que una autoridad de investigación diga que no pueden esclarecer los hechos con base en un estudio científico y los indicios encontrados, y lo condicionen a lo que declaren los detenidos”, revira el especialista.
La petición de los letrados se basa en la supuesta ruptura de la cadena de custodia del departamento por parte de personal de la procuraduría. Y es que, según el expediente, la noche del 31 de julio los investigadores hallaron los cuerpos y los levantaron, pero no fue sino hasta dos días después, el 2 de agosto, cuando peritos hallaron evidencias como una memoria USB, teléfonos celulares, computadoras y droga. “Eso habla de una indebida preservación de la escena del crimen o de que se introdujeron elementos para desviar el curso de las investigaciones”, acusa.
Por ello, el 9 de septiembre de 2015, los abogados coadyuvantes de Rubén, Nadia y Mile presentaron dos amparos –el 400/2015 y el 376/2015– para que la PGJDF profundizara en alrededor de 50 pruebas y diligencias. No obstante, les negaron ese derecho con el argumento de que “el monopolio de la investigación lo lleva el MP”.
El abogado de Artículo 19 destaca que el interés público del caso radica en que la matanza ha sido un “parteaguas” en la Ciudad de México “porque dejó de ser un refugio, un santuario para activistas y periodistas desplazados”.
Detenidos se retractan
Y la investigación está aún más enredada: El pasado 14 de diciembre –un día antes de que el personal de los juzgados saliera de vacaciones–, Daniel Pacheco y Abraham Torres se retractaron de sus primeras declaraciones, en las que aceptaron haber estado en el departamento el día y la hora en que se cometió el crimen.
El abogado relata que ambos detenidos alegaron que esas aseveraciones fueron hechas bajo tortura, aunque en el caso de Pacheco la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) determinó el pasado 2 de septiembre que no fue torturado, aunque sí recibió tratos crueles.
El supuesto pulidor de automóviles negó haber estado en el lugar; dijo que estaba trabajando. Agregó que los policías que lo detuvieron en su casa –el 4 de agosto– eran seis, pero no fueron los mismos que lo presentaron ante el MP. Además dos testigos –su pareja entre ellos— aseguraron que la detención fue con lujo de violencia y amenazas, y que así fue obligado a imputar a Torres Tranquilino y a Martínez Zendejas.
El expolicía también alegó amenazas y coacción, aunque él no tenía golpes al momento de su presentación. En tanto, César Omar y su abogado particular se han mantenido en el dicho de que él no estuvo en el lugar ni participó en el crimen.
Maldonado pide tomar “con reservas” esta retractación, ya que “abona a la incertidumbre y la falta de responsabilidad en la investigación”. Adelanta que debido a las inconsistencias, la decisión de la juez “estaría sesgada”. No obstante, mencionó que aún les quedarían varios recursos legales para mantener abierto el caso; incluso, no descartó llevarlo a instancias internacionales defensoras de derechos humanos que han mostrado interés.
El pasado 9 de noviembre, a 100 días del multihomicidio, familiares de las víctimas, periodistas y defensores internacionales de derechos humanos presentaron la Plataforma de Acompañamiento al caso Narvarte –del que Proceso forma parte–, con el propósito de orientar la investigación y exigir al gobierno capitalino resultados con “transparencia, claridad y certeza histórica y jurídica”.
No obstante, a casi tres meses, la administración de Mancera no ha mostrado disposición que ayude al esclarecimiento de los hechos.
Cuando Proceso solicitó un encuentro con el procurador Rodolfo Ríos para tener su versión sobre la indagatoria, el área de Comunicación Social “recordó” que el funcionario “no puede hablar de ese tema” debido a un amparo. Se refirió a la medida de protección que interpuso la familia de Espinosa para detener la avalancha de filtraciones del expediente con datos personales o sensibles que causaban revictimización.
Directo, Maldonado acusa que Ríos Garza “ha utilizado este amparo de manera tramposa y sesgada para evitar brindar información pública, incluso a otras autoridades judiciales”.
El costo político
Con todos estos antecedentes en el caso, Patricia y Alma Espinosa Becerril reclaman a Mancera el incumplimiento de su promesa de agotar todas las líneas de ­investigación.
“También el procurador en las reuniones que teníamos nos decía que iba a esclarecer esto, pero después de ciertas reuniones nos dejaron sin saber nada”, dice Alma. “Al principio parecía que la procuraduría nos estaba apoyando, íbamos a las reuniones, nos explicaban, pero eso no nos llevó a nada y todavía no hay una respuesta. La última reunión con las autoridades fue hace como tres o cuatro meses y luego ya no hubo comunicación”.
Indignada, enfatiza: “No estamos casadas con la idea de que el multihomicidio tiene que ver con Veracruz o la labor periodística de Rubén o el activismo de Nadia, pero no queda claro”.
Y se dirige directamente a Mancera: “Que primero resuelva lo que tiene como jefe de Gobierno porque para ser presidente tendría que convencer a la gente y ganarse ese puesto. ¿Qué presidente nos espera?”.
Las hermanas del fotoperiodista asesinado demandan al gobierno capitalino “que no le apueste al olvido, que nos dé la cara y nos dé respuestas. Exigimos la justicia para Rubén, pero también para las otras personas que estaban ahí, para los cinco”.
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Revista Proceso  # 2048, 30 de enero de 2016
Humillante trato a las víctimas/SARA PANTOJA
La llave que cuelga de una cadena oxidada abre la cerradura y deja salir el hedor a orines mezclado con humedad. El ropero tiene una sola puerta, los muebles son viejos y están llenos de polvo, las paredes están descarapeladas y la cama presume sábanas rotas y con manchas de sangre y semen.
Ésta es una de las habitaciones del hotel Cozumel, donde la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) aloja a víctimas del delito y a sus familiares como parte del apoyo que, por ley y dentro de su protocolo de atención, está obligada a brindarles mientras se desarrolla el proceso legal correspondiente.
Ubicado a tres cuadras de la procuraduría capitalina –en Doctor Barragán 79 esquina con Doctor Navarro–, es un establecimiento donde lo mismo llegan parejas por un par de horas de pasión y turistas con bajo presupuesto, que víctimas de trata y agresión sexual, o parientes de quienes fueron brutalmente asesinados.
A uno de esos cuartos fue enviada a principios de agosto de 2015 Mirtha Pérez, madre de Nadia Vera, una de las cinco víctimas del multihomicidio de la colonia Narvarte. De aproximadamente 60 años, la mujer viajó desde Comitán, Chiapas, a la Ciudad de México para reconocer el cuerpo torturado de su hija. La Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGJDF le dio alojamiento en ese lugar mientras se desarrollaban las primeras diligencias.
Acompañada de Amalia Cruz, abogada de la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), llegó incrédula a la recepción del lugar. Con temor, ambas subieron a la habitación asignada y en el camino hallaron a una joven ebria que salía con un hombre de otro cuarto. Cuando entraron al suyo, Mirtha exclamó: “¡Aquí nos van a matar a nosotros también!”. Salieron de inmediato.
El pasado 9 de noviembre, en la presentación de la Plataforma de Seguimiento del Caso Narvarte, la mujer recordó el momento:
“(La PGJDF) aloja a los familiares de las víctimas en el hotel Cozumel de la colonia Doctores, en un ambiente de pánico e inseguridad a propósito para amedrentarlos y hacer que cejen en su empeño de exigir el derecho a una investigación.”
Según la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el DF y el reglamento de la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en materia de Trata de Personas en el DF, el Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas del Delito Violento (Adevi) de la procuraduría capitalina debe ofrecer hospedaje y transporte al lugar de origen a las víctimas directas o indirectas ofendidas, o testigos de feminicidio, como fue el caso de Nadia y las otras tres mujeres asesinadas en la Narvarte.
El tipo de ayuda lo decide el Consejo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito, presidido por el titular de la PGJDF –en este caso, Rodolfo Ríos– e integrado por los titulares de la Comisión de Derechos Humanos local, las secretarías de Seguridad Pública y Salud y la Subprocuraduría de Atención a la Víctimas del Delito. Su propósito es “fortalecer y promover” las acciones a favor de los ofendidos.
Sin embargo, obtener el apoyo implica un proceso tardado y burocrático que comienza con hallar las oficinas, pues el domicilio impreso en folletos y en la página en internet del Adevi es erróneo: dice Mérida 255, colonia Roma Sur, pero el edificio está en el número 225.
Enseguida, la víctima o sus parientes son interrogados en el área de Trabajo Social, donde les hacen un estudio socioeconómico y el caso se envía al consejo para su análisis. No obstante, según Amalia Cruz, la PGJDF decide directamente a quién dar el beneficio, “sobre todo cuando se trata de asuntos mediáticos” como el caso Narvarte.
Seguridad ante presupuesto
La esquina donde está el hotel Cozumel tiene poca iluminación, mientras que tráileres y microbuses estacionados entorpecen el paso de los peatones. No se observa ninguna cámara de videovigilancia del sistema C-4 que grabe lo que sucede alrededor del lugar, aun cuando ahí se hospedan personas en riesgo.
El estacionamiento funciona las 24 horas, pero no hay nadie que anote las placas de los autos que entran o salen. La “caseta de vigilancia” está cerrada y dentro sólo hay muebles viejos y basura. Una manta aclara que su funcionamiento no es responsabilidad del hotel. “Asegúrese de cerrar bien su vehículo”, dice.
A la entrada no hay policías y el rondín de las patrullas es una incógnita. La recepción tiene al menos dos cámaras, pero su operación queda en duda. Para alquilar un cuarto, el encargado no pide nombres ni identificaciones. Al hotel Cozumel entra y sale cualquier persona.
Los precios de las habitaciones van de 200 a 290 pesos, según el tamaño y número de camas. La de jacuzzi cuesta 430 pesos y la “suite Sr.”, 500 pesos y es “para cuatro personas”, según indica el tablero que, con faltas de ortografía, da la “bienvenida” a los huéspedes.
De acuerdo con la Ley de Atención a Víctimas y el artículo 41 del Código Penal del DF, existe el Fondo para la Protección y Asistencia a las Víctimas del Delito (Favid) que recibe recursos económicos para la atención de las víctimas de delitos de alto impacto.
Sin embargo, en los últimos cinco años dicho fondo redujo su presupuesto 86% y disminuyó el número de casos atendidos. Un estudio de la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas del ITAM, liderado por su coordinador, Héctor Pérez Rivera, asegura –con base en información obtenida vía el sistema de transparencia– que en 2010 dicho fondo tuvo 6 millones 485 mil pesos, con los que apoyó a 201 personas. Miguel Ángel Mancera era el procurador capitalino.
Para 2011, el recurso bajó a menos de la mitad, con 2 millones 620 mil pesos (con los que ayudó sólo a 75 personas). En 2012 sumó 4 millones 585 mil pesos para 148 beneficiados. En 2013, ya con Mancera como jefe de Gobierno, y Rodolfo Ríos –su otrora exsecretario particular– como procurador, el fondo volvió a la austeridad con 2 millones 965 mil pesos y sólo apoyó a 54 víctimas, entre ellas, los familiares del caso Heaven. Para 2014 el presupuesto del Favid cayó a su nivel más bajo, con sólo 913 mil pesos, que apenas alcanzaron para apoyar a 22 víctimas o sus familiares.
“Por los suelos”
Según una placa montada en la pared de la recepción, el hotel Cozumel está afiliado a la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. En una simple búsqueda de referencias vía internet, está catalogado como de “dos estrellas” y los comentarios de los huéspedes son, en su mayoría, quejas. Destacan el ruido del bar que hay abajo, con música toda la noche, y el de las parejas que acuden para tener relaciones sexuales.
En una reunión entre autoridades de la PGDJF con los representantes y familiares de las víctimas del caso Narvarte, Amalia Cruz reclamó a la subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito, María de los Ángeles López Peña, que enviaran a Mirtha Pérez a ese hotel, pese al estado emocional en el que estaba tras reconocer el cadáver de su hija.
“La respuesta de la subprocuradora fue: ‘Pero ahí se quedó la familia de Yesenia (otra de las víctimas) y no dijo nada’”, relata Cruz a Proceso.
El maltrato no paró ahí: “Cuando fuimos a identificar a Nadia, su mamá pidió verla. En el Forense, el personal iba a mover el cuerpo y se les cayó enfrente de ella. Lo pusieron en el suelo de un estacionamiento y le dijeron que sólo podía estar cinco minutos. Mirtha dijo: ‘Yo ya no quería tocarla de sentir que, aún sin vida, la seguían golpeando’”.
Al día siguiente, la madre fue sometida a un interrogatorio de tres horas en el área de Trabajo Social del Adevi. “Le preguntaron: ‘¿Cuántos hijos tiene?’. ‘Tantos’. ‘¿Del mismo padre?’. ‘No’. ‘¿Y por qué se divorció del otro?, ¿y por qué no se casó?’. Fue un martirio”. El colmo fue que llevó ropa blanca para que vistieran a su hija en el servicio funerario, pero cuando el cuerpo llegó a Comitán, donde Nadia nació, iba desnudo.
De inicio, la reacción de la subprocuradora López Peña ante los reclamos sorprendió a los abogados, pero cuando vieron su perfil profesional entendieron la razón: no tiene experiencia en el trato de víctimas.
Según un comunicado de la PGJDF del 20 de marzo de 2015 –cuando fue nombrada por Ríos Garza–, la funcionaria es licenciada en derecho por la UNAM, con maestría en juicios orales por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal.
Para Héctor Alberto Pérez Rivera, coordinador de la Clínica contra la Trata de Personas y el Centro de Acceso a la Justicia del ITAM, la atención de la PGJDF hacia las víctimas “está en la calle, por los suelos”.
En entrevista, asevera que para la procuraduría “la víctima en el proceso no es una persona. Las pruebas que le hacen no sirven para acreditar la violación a un derecho, sino para acreditar la culpabilidad de un sujeto. Ése es el patrón: mientras les sirve, a la víctima la tratan como una prueba, por eso no le dan un lugar digno, por eso no acceden a la reparación del daño, por eso no acceden a la verdad, por eso las pruebas psicológicas no están orientadas a atender su dolor, sino a probar el delito”.
El 14 de enero de 2014, durante la instalación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, acto encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, Mancera aseguró:
“El derecho a la justicia se traduce en la posibilidad de contar con recursos judiciales adecuados, efectivos, con autoridades imparciales y, por supuesto, con una tarea de gobierno con visión de derechos humanos. Estaremos sumando esfuerzos con la federación y con las víctimas del delito, a quienes nosotros debemos todo nuestro respeto y todo nuestro compromiso de trabajo.”
Desde mediados de diciembre de 2015, la reportera solicitó a la PGJDF una entrevista con la subprocuradora María de los Ángeles López Peña para tener su versión de los hechos y una explicación sobre la atención a las víctimas. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no había respuesta. l

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