Las
lealtades en el Ejército y la emboscada en Sinaloa
POR
JORGE CARRASCO ARAIZAGA ,
APRO…, 6
OCTUBRE, 2016 ANÁLISIS
CIUDAD
DE MÉXICO (apro).- Las imágenes son las de una derrota dolorosa para cualquier
milicia en el mundo: efectivos del Ejército mexicano asesinados y dos camiones
militares calcinados en una emboscada, en las afueras de Culiacán, Sinaloa.
Como en Siria, en Iraq o Afganistán. Sólo que esta no es guerra ideológica,
sino una guerra económica por el control del narcotráfico en México.
Es
una guerra en la que se disputan rutas, mercados y la hegemonía de las
preciadas mercancías que han dejado ganancias para muchos; incluida en la
economía formal y para quienes son parte de los poderes formales del país.
Tienen
razón los familiares de los cinco militares asesinados y la decena de heridos
en demandar apoyo de la ciudadanía. Lo mismo, las organizaciones y activistas
que a raíz del ataque se pronunciaron en contra de que los delincuentes
impongan su ley y el miedo a la sociedad.
Pero
de eso a las amenazas del secretario de la Defensa Nacional, el general
Salvador Cienfuegos Zepeda, de responder que el Ejército “va con todo” para
responder a la emboscada de “las bestias criminales” hay una gran distancia, la
misma que separa a un Estado criminal de aquellos donde hay transparencia y
rendición de cuentas de los actos de sus autoridades; las de los militares
incluidas.
La
pregunta es si el jefe del general, que es el comandante en jefe de las Fuerzas
Armadas, o sea el presidente Enrique Peña Nieto, está de acuerdo con esta
respuesta o si los mandos militares están mandándose solos, por encima del
poder civil.
Cuando
Felipe Calderón abrazó la causa de la guerra al narcotráfico, la primera
respuesta de la delincuencia fue en su propia tierra: una emboscada a una
patrulla del 12º Batallón de Infantería en Carácuaro, Michoacán, el 1 de mayo
de 2005. Entre las tres víctimas mortales reportadas por el Ejército estaba un
jefe militar, el coronel Antioco Hernández Morales, anticipando el escalamiento
del conflicto interno en México.
La
respuesta del Ejército fue en los mismos términos que ahora advirtió el general
secretario: persecución y terror entre los pobladores de Carácuaro y
Nocupétaro, de acuerdo con los testimonios recogidos por la revista Proceso.
Fuera de los testimonios periodísticos, nada se supo de lo que pasó en ese
territorio controlado entonces por la Familia Michoacana.
Justo
10 años después, el 1 de mayo de 2015, un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea
Mexicana, del Ejército mexicano, fue derribado en Jalisco en un ataque
atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Otra derrota para el
Ejército, ya bajo el actual general secretario.
Pero
ante ese fracaso, la respuesta del general Cienfuegos no fue como la de ahora.
¿Por qué? No fue porque hayan dejado de responder violentamente. Tal vez porque
el fallido operativo para detener al líder de ese grupo,
Nemesio Oseguera, lo
coordinó el Ejército. O tal vez porque hay una recomposición en la hegemonía
del narcotráfico en México, en un posible escenario de ascenso del CJNG y
disminución del Cártel de Sinaloa.
A
las pocas horas del ataque al convoy de militares el viernes pasado, que de
acuerdo con el Ejército traía herido a Julio Óscar Ortiz Vega, El Kevin, luego
de un enfrentamiento con los propios militares en la sierra de Badiraguato, los
jefes militares locales señalaron a los hijos de El Chapo Guzmán.
El
comandante de la Tercera Región Militar, el general Alfonso Duarte Múgica, y el
coordinador de Seguridad Pública del Estado, el general Moisés Melo García,
quien fue jefe militar en Sinaloa y Durango –es decir, conocedor del Triángulo
Dorado de las drogas–, apuntaron como probables responsables a los hijos de
Joaquín Guzmán Loera. Sorprendió la prisa del señalamiento, aunque los acusados
negaron pronto cualquier responsabilidad.
Durante
los dos sexenios panistas, el Ejército no pudo detener a El Chapo, a pesar de
que Sinaloa es uno de los terrenos que mejor conocen los militares desde los
años 70, cuando encabezaron la Operación Cóndor. Ésta, por cierto, terminó por
favorecer a Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del Cártel de
Guadalajara.
En
los años de la esplendorosa fuga de El Chapo, el Cártel de Sinaloa se consolidó
como una empresa multinacional del narcotráfico. Apenas hacía un año que Guzmán
Loera se había fugado del penal de Puente Grande, Jalisco, cuando en el verano
de 2002 fue desmantelado el 65 Batallón de Infantería del Ejército, al
descubrirse que sus elementos cuidaban la producción de mariguana en
Badiraguato y Mocorito, en la sierra de Sinaloa.
Una
respuesta violenta, en la lógica irracional de la venganza por parte del
Estado, además de infligir más dolor al país, sólo serviría para seguir el
juego de buenos y malos en esta prolongada guerra.
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